“Querían desestabilizar al Gobierno”, denunció el presidente en una cadena nacional. La oposición tenía los votos suficientes para destituirlo en un juicio político en su contra.

Guillermo Lasso anunció hoy por la mañana que firmó el decreto para firmar la llamada “muerte cruzada”, una medida con la que disuelve a la Asamblea Nacional y llamará a elecciones para completar el período presidencial que resta hasta el final de su mandato.

El presidente tomó esta medida un día después de que se iniciara la última instancia del juicio político en su contra. Se lo acusa de malversación de fondos en perjuicio del Estado y la oposición tendría los votos para destituirlo.

En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”, por lo que decidió tomar esta medida constitucional.

El Parlamento de Ecuador aprobó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días.

Quienes resulten electos en esos comicios tendrán que completar el tiempo restante de mandato hasta mayo de 2025. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.

La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaban adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.

¿Qué es la “muerte cruzada”?

La decisión se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había advertido que si el presidente decidía aplicar esta herramienta, marcharían hasta lograr que Lasso revierta su decisión, algo que difícilmente suceda.

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¿Cuál es la situación social y económica en Ecuador?

En los últimos años, el contexto socioeconómico de Ecuador ha empeorado, lo que se refleja en los altos índices de inseguridad, pero, sobre todas las cosas, en la caída de ciertos estándares sociales como el acceso a la salud, vivienda o educación.

En ese sentido, el analista jurídico y político Roberto Calderón detalló para este artículo que “Lasso quiso robustecer la reserva económica en el exterior para garantizar el pago de deuda externa pero esas metas de estabilidad financiera para el Estado fueron perjudiciales para la sociedad”.

Esta situación generó que el correísmo vuelva a fortalecerse en las últimas elecciones y ganar lugar en la Asamblea Nacional.

El Parlamento de Ecuador aprobó hoy con 88 votos avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos y ahora el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar la destitución.

La solicitud es la de “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado”, señaló el texto, votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional (AN) presentes en la sesión.

La votación se inició pasadas las 14.44 (16.44 de Argentina) y luego de que 20 asambleístas de diferentes bancadas intervinieran y presentaran sus respectivos análisis a favor y en contra de proseguir con la moción, presentada por la mañana por la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes), una de los interpelantes para la causa, informó el diario El Comercio.

En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, sufragaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.

“Un Presidente caído es un Presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará”, dijo Veloz en su cuenta de Twitter donde compartió un fragmento de su exposición en el hemiciclo.

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Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, silbidos y gritos de “fuera Lasso” en el pleno del Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.

La solicitud de juicio político se basa en una acusación por el delito de peculado que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.

Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo.

La defensa del presidente alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.

El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de 70 votos, tal como se obtuvo en el día de hoy, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no de la censura y destitución del presidente.

El jefe de Estado podrá ser sancionado de reunirse un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento (unicameral) y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.

Según el asambleísta Fernando Cedeño (Unes), la convocatoria debería ser para este lunes, es decir, un día después de la renovación de las autoridades de la Asamblea prevista para este domingo 14 de mayo. Y el juicio debería llevarse adelante aun si el presidente Lasso no asiste a la sesión del Pleno.

El bloque oficialista acusó durante la sesión a los partidarios del expresidente Rafael Correa de promover un “golpe de Estado parlamentario” contra el Gobierno de Lasso.

El coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, aseguró que la intención de la resolución era “hacer una medición” de las fuerzas de la oposición para la posible destitución de Lasso.

Según Flores, las negociaciones del juicio político se mezclaron con las de la renovación de las autoridades de la Asamblea informó el portal de noticias ecuatoriano Primicias.

Más temprano, el Ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez.

“No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado”, pues la comisión parlamentaria de Fiscalización y Control Político -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, aseguró la cartera en su cuenta de Twitter junto a un video con palabras similares del ministro Henry Cucalón.

La comisión de Fiscalización había recibido un informe confeccionado por otra comisión compuesta por asesores de los legisladores y que concluyó que el mandatario no cometió ningún delito.

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“No se ha establecido una mínima verosimilitud de los hechos objeto de la acusación admitida a trámite por la Corte Constitucional, ni una relación de causalidad entre los hechos y el funcionario acusado”, señala el borrador del texto, que será discutido mañana por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), según revelaron medios locales.

Así, el sábado la comisión de Fiscalización no alcanzó los 5 votos necesarios, de 9 posibles, para aprobar el informe de su presidente, Fernando Villavicencio, el cual desestimaba el enjuiciamiento.

Al concluir la votación, Veloz apuntó en Twitter contra el presidente de la comisión: “Las falacias y mañoserías de Villavicencio sucumbieron ante la fuerza del Derecho”.

A las afueras del Palacio Legislativo, la Policía reforzó hoy el dispositivo de seguridad, debido a que el correísmo había convocado a manifestaciones y un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021.

Sin embargo, no se produjeron desmanes.

Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular gobernante.

En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.

El mandatario indicó que convocó a los gobernadores a sumarse a la iniciativa y remarcó que también pedirá que se investigue a los demás jueces del máximo tribunal.

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, así como también reclamará que se investigue al resto de los magistrados del máximo tribunal.

A través de un mensaje en el que realizó un balance de 2022 y planteó lo que queda pendiente para su último año de gestión, el mandatario dio a conocer la medida que llevará adelante en las próximas semanas.

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“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, indicó el jefe de Estado.

Y agregó: “También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

En esa línea, Alberto Fernández advirtió sobre el “avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina”.

“Diversas publicaciones, jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, lanzó.

Asimismo, afirmó que debe “impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.

“Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”, manifestó, en referencia a la decisión de la Corte Suprema que favoreció al Gobierno porteño en su reclamo por fondos de coparticipación.

El Presiente también dio a conocer que instruirá al ministro de Justicia, Martín Soria, para que “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo”.

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Como cierre de su mensaje, el mandatario pidió que “la Justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad”. “Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la Justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado”, remarcó.

Y concluyó: “Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución”.

El legislador de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac Pinasco presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para manifestar el repudio de las declaraciones del Presidente de la Nación. Considera que el mensaje fue “intimidatorio y cuasimafioso”

Este jueves, diputados de Juntos por el Cambio Santa Fe manifestaron mediante un proyecto de declaración un enérgico repudio a las expresiones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, relacionando la muerte del Fiscal Federal Especial Alberto Nisman con el Fiscal Federal Diego Luciani.

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Mientras el presidente Alberto Fernández intentaba defender a la Vicepresidente de la Nación de la acusación por corrupción que pesa judicialmente sobre ella, en el programa “A dos voces” expresó: “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani”.

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“Imprudentemente, la cabeza del Poder Ejecutivo de la Nación, sugirió públicamente que el Fiscal Luciani podía terminar “suicidado”. Estas expresiones son inadmisibles para un Jefe de Estado. Un velado mensaje intimidatorio, cuasimafioso, a un Fiscal Federal no puede permitirse en un Estado de Derecho”, expresó el diputado de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac Pinasco.

“La independencia judicial y la prudencia que debe primar frente a investigaciones de casos que tienen enorme relevancia institucional es incompatible con declaraciones imprudentes, tendenciosas o maliciosas como las que el Presidente de la Nación realizó”, agregó Julierac Pinasco.

“Tamañas afirmaciones degradan enormemente la figura presidencial, dañan la confianza en las instituciones y afectan terriblemente la paz social. Es por ello que resulta imprescindible que órganos democráticos como esta Cámara se expresen enérgicamente en rechazo de estas manifestaciones y en defensa de la democracia toda”, concluyó.

El proyecto fue presentado por el diputado de Elisa “Lilita” Carrió y recibió el acompañamiento de sus pares, Ximena Sola, Walter Ghione, Betina Florito, Maximiliano Pullaro, Julian Galdeano, Fabian Bastia, Marcelo Gonzalez, Sergio Basile, Juan Cruz Candido, Jimena Senn, Silvana Distefano, Marlen Espindola y Georgina Orciani.

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, presentará un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández por “mal desempeño en los deberes de funcionario público”. “Alberto Fernández no debería ser ya presidente”, aseguró.

“Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios, empresas, mientras el Presidente no sólo hacia fiestitas en Olivos, sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima de la (vacuna) Pfizer, norteamericana, para vacunar a la gente. Acá ha muerto gente por culpa de la negligencia y el mal desempeño de funcionario público”, sostuvo el legislador, en diálogo con TN. El economista también agregó a su acusación las recientes declaraciones del mandatario contra los agroexportadores, a quienes acusó de retener 20.000 millones de dólares, a la espera de una devaluación: “También es un mal desempeño de los deberes de funcionario público”.

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Espert criticó a los legisladores de Juntos por el Cambio, quienes, salvo un pequeño grupo, no acompañará pedidos de juicio político. “Cobardes”, arremetió.

“¿Le tienen miedo a Cristina (Kirchner)? Ya le tuvieron miedo, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri, para agrandar la grieta, cuando todo el mundo sabe que es chorra y que va con la pistola en la mano contra la Justicia. ¿Cómo no le vamos a iniciar juicio político a Cristina Kirchner antes y a Alberto Fernández ahora? Si es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina?”, apuntó.

Y continuó: “¿Por sólo especulación política no vamos contra Alberto, por temor a Cristina? Y si llega a gobernar cristina, ¿cuál es el problema? Si después de todo, la que lo eligió es ella. Que se haga cargo de Alberto inútil Cristina gobernando”.

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“Acá ha muerto gente por culpa de Alberto Fernández. Ha sido un criminal, porque ha preferido la relación geopolítica con Rusia y China a tirarse de cabeza sobre la Pfizer, que nos la regalaban, para vacunar argentinos. Sólo por eso, Alberto Fernández no podría ser ya presidente”, cerró.

“Una brutal corrida cambiaria que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional. Pedido de juicio político a nuestro Presidente de la Nación. Amenazas hacia nuestra Vicepresidenta. Acciones violentas contra el Instituto Patria. Ex militares convocando a las Fuerzas Armadas. Dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de elecciones”, enumeraron. Y afirmaron: “Los hechos son muy claros. Hay una acción sistemática de desestabilización política y económica”.

En el mismo documento, llamaron a la “responsabilidad institucional” a la oposición e instaron al Poder Judicial a asumir “una postura proactiva en defensa de la democracia y las instituciones” y a investigar las denuncias realizadas por el Poder Ejecutivo.

“Defendamos nuestra democracia, que tantas vidas y esfuerzo costó recuperar”, cerraron.

La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde que asumió hace 8 meses. Se necesitan 87 de los 130 votos para que se logre la solicitada.

A ocho meses de haber asumido, Pedro Castillo afronta un segundo juicio político en Perú para tratar su destitución. La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde su llegada a la presidencia y, para que se logre la solicitada, se necesitan 87 de los 130 votos del congreso.

En el juicio, Castillo estará presente junto a su abogado en la etapa inicial para defenderse de los cargos a los que se lo acusa. Primero, el Presidente comenzará con un discurso y tendrá una hora para responder las acusaciones en su contra. En la etapa siguiente, solo estará su abogado para defenderlo de los pormenores que surjan en el debate.

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Pese a que en el último tiempo muchos de los congresistas se manifestaron a favor de la destitución, los votos no alcanzarían, ya que hasta el momento habría 76 diputados que darían su apoyo, pero no todos dieron una respuesta firme de cual es el destino que elegirán.

Pedro Castillo llegó al poder hace 8 meses, luego de haberle ganado la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori. Si el juicio alcanza los votos necesarios, el presidente será destituido y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

Si Boluarte renuncia, el cargo lo ocuparía el segundo vicepresidente, Maricarmen Alva, quién deberá solicitar de manera inmediata nuevas elecciones. “Si Pedro Castillo cae, caemos todos”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

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Hace una semana, Castillo sostuvo en relación a su disputa que está desde que asumió y fue acusado de fraude: “Estoy seguro de que el Congreso no va a caer”.

El causal sería la “incapacidad moral”, pero el constitucionalista Omar Cairo indicó que los fundamentos son insostenibles, ya que no apuntan a un problema mental del mandatario, que es lo que determina la incapacidad al cual es apuntado.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, lo que abrió un juicio político, que deberá definir el Senado.

La acusación aprobada por Diputados se basa en la investigación periodística de los Pandora Papers, que reveló un conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de la familia de Piñera.

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Ahora existe expectativa con el trámite en el Senado, donde se necesitan dos tercios para destituir al jefe de Estado. Parece improbable que la oposición logre ese número. Otra duda es si se tratará el caso en el Senado antes de las elecciones generales del domingo 21 de noviembre, algo que también aparece como improbable.

La iniciativa se había ingresado a la Cámara de Diputados en octubre pasado, cuando se formó una comisión revisora. Ahora, los 78 votos necesarios para que el trámite fuese aprobado y pase al Senado se lograron en Diputados tras 22 horas de una sesión que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, una maniobra dilatoria para asegurar el voto de un legislador ausente, por cumplir una cuarentena por coronavirus que expiraba a medianoche.

La acusación de Diputados es suficiente para prohibirle a Piñera la salida del país, aunque lógicamente seguirá ejerciendo sus funciones.

El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa con una exposición de cinco horas ante el plenario. Rogó a los diputados “rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional. Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes Gobiernos”, advirtió el abogado del mandatario.

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La acusación constitucional fue presentada la primera semana de octubre por la oposición socialista y de izquierda radical, en el marco de la  investigación Pandora Papers, que reveló que los hijos del mandatario vendieron un proyecto minero en 2010 al empresario Carlos Alberto  Delano, íntimo amigo de Piñera, por 152 millones de dólares.

La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014) y contenía una cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera.

Esa decisión dependía del gobierno de Piñera. “El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso  de venta (de la mina), operación que se produjo en 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, declaró la Presidencia.

Piñera creó un “fondo ciego” o “blind trust” cuando ganó las elecciones en noviembre de 2009.

La cláusula que condicionaba el último pago de la venta, de unos US$10 millones, a que no se realizaran modificaciones medioambientales, también fue cuestionada por la defensa.

“Nos estamos refiriendo una cláusula cuya vigencia terminó en 2011, se quiere juntar un período al cual se le atribuye el conflicto de interés, y se quiere traer a tiempo presente, con la base de confundir”, señaló el abogado defensor Jorge Gálvez.

Minutos después de la votación, el diputado Naranjo dijo que se trató de “un momento histórico que sólo fue posible gracias a la unidad de la oposición”.

Desde el oficialismo, en cambio, el ministro del Trabajo Patricio Melero lamentó el resultado y subrayó que “la validez de los argumentos de los acusadores no encontraron asidero ni en la comisión ni en autoridades fiscalizadoras”.

La acusación solo busca generar un daño “no sólo al presidente, sino también a la institucionalidad democrática. Estamos a meses de entregar el mando. Es es un episodio lamentable”, advirtió.

El diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, por su parte, dijo que Piñera “está moralmente inhabilitado para liderar el país”. Claramente, este es el objetivo político de la oposición, más allá del resultado de la acusación en el Congreso.

Además de la acusación constitucional, el Ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por “posibles delitos tributarios y de cohecho”.

La oposición consiguió los 78 votos necesarios. La medida pasará al Senado, donde no tendría suficientes votos.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó esta madrugada realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero.

Tras una jornada maratónica de 24 horas los diputados resolvieron por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los Papeles de Pandora.

La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente. Sin embargo,la oposición necesitaría el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan

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Un discurso de 15 horas para conseguir un voto crucial en el juicio político

La sesión quedó marcada por la insólita proeza del diputado socialista Jaaime Naranjo: habló durante 15 horas para darle tiempo de llegar a la votación al diputado Giorgio Jackson, cuya cuarentena por haber sido contacto estrecho de covid-19 concluía a medianoche.

Tengo un discurso de 1.300 hojas. Hablaré todo el tiempo que sea necesario”, advirtió Naranjo, de 70 años, antes de comenzar. Precisó asimismo que iba a leer “el texto completo de la acusación constitucional” que presentaron el 13 de octubre todas las bancadas de oposición para destituir al mandatario conservador a cuatro meses de concluir su segundo periodo (2018-2022).

“Nunca en la historia de este país un presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y haber comprometido el honor de la nación, por eso yo espero que esta sala apruebe la acusación”, dijo finalmente Naranjo.

Apenas sonaron las 12, Jackson salió en su auto y recorrió los 120 kilómetros que separan Santiago de Valparaíso, donde se encuentra el Congreso. Al ingresar al hemiciclo de la Cámara Baja, Jackson se fundió en un abrazo con Naranjo.

La llegada de Jackson era crucial porque si bien la izquierda tiene la mayoría de representantes en la Cámara Baja (83 diputados), sin él solo tenían 77 votos asegurados, uno menos de los necesarios para aprobar el proceso contra Piñera.

Jackson y otro parlamentario habían quedado fuera de esta sesión debido a que tuvieron contacto estrecho con el también diputado izquierdista y candidato a la presidencia Gabriel Boric, que dio positivo en covid-19 la semana pasada y tampoco pudo acudir a esta votación.

De qué se lo acusa a Piñera

Sebastián Piñera es acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, y por haber comprometido el honor de la nación. Fue por su vinculación en la polémica venta del proyecto minero Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora.

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Según la investigación de los medios chilenos CIPER y LaBot, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo del presidente- por 152 millones de dólares durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).

El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.

Una vez que Piñera asumió el poder, esa área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección como había recomendado su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).

Los ambientalistas afirman que el proyecto minero a cielo abierto amenaza una colonia de pingüinos de Humboldt, así como otras especies marinas como ballenas jorobadas y lobos marinos y fauna silvestre como guanacos y zorros patagónicos.

Al destacar que en el caso de Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como Presidente se benefició (a él) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, sostuvo.

Según información de una cadena de televisión estadounidense, los senadores Lindsey Graham, Ted Cruz y Mike Lee se reunieron con los abogados de Trump en medio de los preparativos de la defensa.

“Creo que esta es la práctica en el ‘impeachment’”, afirmó, tras ser preguntado sobre si le parecía apropiado reunirse con senadores durante el proceso. “No hay nada en esto que tenga parecido alguno con el debido proceso”, indicó.

De acuerdo a CNN, se espera que los abogados David Schoen, Bruce Castor, Michael van der Veen y William Brennan hablen en el Senado este viernes y, con videos de legisladores demócratas, planeen argumentar que estos celebraron la violencia al recrear la insurrección del 6 de enero.

Presentaran ante el Senado la acusación del juicio político a Trump

Los letrados también defenderán al expresidente argumentando que el juicio es inconstitucional y harán hincapié en los derechos de Trump bajo la Primera Enmienda.

El equipo legal es centro de las críticas de Trump y sus aliados debido a que sostienen que la defensa se está llevando a cabo de manera desorganizada. CNN informó el pasado martes que el expresidente se enojó con Castor, quien presentó un argumento de apertura disperso, en el cual elogió a los fiscales.

Pese a que en un momento se mencionó la posibilidad de que Castor fuera apartado del caso, el abogado finalmente permanecerá en el equipo y se cree que intervendrá este viernes en el Senado.

Se cree que Schoen será quien lidere la defensa, aunque no participará en los procedimientos durante el Shabat (ritual de descanso en el judaísmo que comienza en el atardecer del viernes). Sin embargo, el equipo de Trump espera terminar de exponer sus argumentos antes de que comience el mismo.

Donald Trump, ¿a juicio político?

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton aseguró que si el Senado absuelve a Trump del cargo de incitar a la insurrección no será porque sea inocente, sino “porque el jurado incluye a sus cómplices”.

Salvo una sorpresa mayúscula, Trump será absuelto, dado que los demócratas no se acercan siquiera a la mayoría de dos tercios que necesitan para hacer valer su acusación.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos acusará este lunes formalmente al ex presidente Donald Trump de incitar a la insurrección en un discurso enardecido a sus seguidores antes de un mortal ataque contra el Capitolio, en el inicio de su segundo juicio político.

Nueve demócratas de la Cámara de Representantes que servirán como fiscales pasarán por el edificio donde cientos de partidarios de Trump se enfrentaron con la policía, dejando cinco muertos, alrededor de las 19 del lunes (0 GMT del martes), llevando el artículo de acusación al Senado donde Trump enfrentará un juicio.

Una ceremonia similar se llevó a cabo para el primer juicio político de Trump en enero pasado, cuando el secretario de la Cámara y el sargento de armas encabezaron una pequeña procesión de legisladores a través de un Capitolio silencioso.

El hito marcará dos primicias históricas: Trump es el único presidente de Estados Unidos que ha sido acusado por la Cámara dos veces y será el primero en enfrentar un juicio después de dejar el cargo. La condena en el Senado podría resultar en una votación para prohibirle ocupar un cargo futuro.

Los líderes del Senado, que está dividido 50-50 con una mayoría para los demócratas gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, acordaron no comenzar el juicio hasta el 9 de febrero.

Eso le da a Trump más tiempo para preparar una defensa, y permite que la Cámara se concentre en las primeras prioridades del presidente Joe Biden, incluidos los nombramientos del gabinete.

Después de una campaña de dos meses para tratar de desacreditar su derrota electoral, Trump instó el 6 de enero a sus seguidores a “luchar” para revertir el resultado. Más tarde, una turba descendió sobre el Capitolio, enviando a los legisladores a refugios y demorando varias horas la certificación formal del Congreso de la victoria de Biden.

Diez republicanos de la Cámara se unieron a los demócratas en la votación para acusar a Trump. Los demócratas del Senado necesitarán el apoyo de 17 republicanos para condenarlo, una valla improbable dada la continua popularidad de Trump entre los votantes republicanos. No obstante, algunos sectores de la agrupación ven una oportunidad para limitar al trumpismo de cara a las siguientes elecciones.

Una encuesta encontró que el 51% de los estadounidenses pensaba que el Senado debería condenar a Trump. Entre las filas del partido, la situación era distinta con menos de dos de cada 10 republicanos de acuerdo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos realizará este miércoles una votación sin precedentes para abrir un segundo juicio político a Donald Trump, una semana después de que cientos de sus partidarios atacaran el edificio del Congreso luego de que el mandatario saliente los instara a “luchar” contra los resultados de las últimas elecciones.

Mientras que el inicio del juicio político del año pasado no contó con el apoyo de ningún republicano, un pequeño pero significativo número de congresistas tienen previsto romper con el partido y sumarse a los demócratas, con los que coinciden en que Trump es un peligro para la democracia, incluso en su última semana en el cargo.

El pasmoso colapso de la Presidencia de Trump se suma a la advertencia de las autoridades de que sus seguidores podrían incurrir en nuevos actos de violencia y deja a la nación en una coyuntura inédita de tensión y temor a días de la asunción del presidente electo, el demócrata Joe Biden, el 20 de enero.

Trump, quien se encamina a convertirse en el único presidente de Estados Unidos sometido a dos juicios políticos, enfrenta un solo cargo de “incitación a la insurrección”.

El texto de cuatro páginas con la acusación de juicio político se centra en las denuncias sin fundamento de Trump de fraude en las elecciones del 3 de noviembre y su discurso del 6 de enero alentando a sus partidarios a marchar al Congreso, horas antes de que estos irrumpieran en el Capitolio, se enfrentaran con la policía y sembraran el caos.

El ataque ocurrió mientras los legisladores certificaban la victoria electoral de Biden.

Trump advirtió a los legisladores que no den este paso, insinuando que la intención de destituirlo, y no sus acciones y dichos, es lo que profundiza las divisiones que arrastra el país.

“Continuar por este camino, creo que está causando un enorme peligro para nuestro país, y está causando una enorme ira”, dijo ayer el presidente republicano, en sus primeras declaraciones desde el asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos.

El mandatario afirmó que no hizo nada malo y no envió ninguna condolencia a los familiares de los muertos o a los heridos, y solo dijo no querer más violencia.

Al menos cinco congresistas republicanos, entre ellos la tercera de mayor rango, Liz Cheney, anunciaron que votarán a favor de la apertura del juicio político, dividiendo al partido y a su liderazgo, informó CNN.

A diferencia de hace un año, Trump llega debilitado a este eventual impeachment, tras haber perdido las elecciones de noviembre pasado y también la mayoría republicana en el Senado, que es la cámara que lleva adelante el juicio político.

El líder de los republicanos en el Senado, MItch McConnell, está enfrentado ahora con Trump tras haberle sido leal durante casi todo su mandato, y no está claro qué podría pasar en el juicio político.

De todos modos, se presenta como bastante improbable que los demócratas reúnan las dos terceras partes de las bancas, los votos necesarios para destituir al mandatario en el Senado.

La Cámara de Representantes intentó primero hacer que Trump fuera destituido por su propio Gobierno, al aprobar anoche una resolución que llamaba al vicepresidente Mike Pnece y al gabinete a invocar la 25 enmienda de la Constitución, que les confiere autoridad para destituir al presidente en algunos casos.

Sin embargo, horas antes de que se aprobara la resolución, Pence dijo que no lo haría.

“Es tiempo de unir al país mientras nos preparamos para la asunción del presidente electo Joe Biden”, dijo Pence en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que “hay gente que empieza la campaña y no se le ocurre otra cosa más que agredir”, al referirse al pedido de juicio político que realizaron en su contra diputados de la Unión Cívica Radical, que lo acusan de “mal desempeño”.

“Hay gente que empieza la campaña y no se le ocurre otra cosa más que agredir. Es una persona que yo no la entiendo porque quiere que a la Argentina le vaya mal”, resaltó González García en declaraciones televisivas.

En ese marco, el funcionario nacional preció: “Es fácil decir como dijo el presidente del radicalismo (Alfredo Cornejo) que hay sospecha de corrupción, por eso no hay vacuna de Pfizer. Y después de eso decir rápidamente yo no le hago caso a esas cosas “. Días atrás, el diputado nacional de la UCR Alfredo Cornejo presentó un pedido de informes en la Cámara baja para solicitar al ministro de Salud que detalle “en forma completa, circunstanciada y actualizada sobre la real situación en nuestro país acerca de las vacunas contra el coronavirus” luego de las trabas anunciadas en la negociación con el laboratorio Pfizer.

“En los muchos años que tengo de funcionario, nunca tuve un ataque tan brutal como el que he tenido en los últimos dos o tres días. Me han acusado hasta de corrupción, jamás me pasó eso”, manifestó González García.

En esa línea, el ministro de Salud destacó que lleva “muchos años como funcionario público y jamás” tuvo “ningún problema”, y amplió: “No me voy a poner a hacerle caso, sino me tengo que pelear y la verdad es como rebajarte entrar en eso de la discusión política”.

“Es una persona que quiere que a la Argentina le vaya mal. Estuvo en contra de la cuarentena, fue anti acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), propició la devaluación”, agregó.

González García, advirtió hoy que los argentinos “podemos complicar el verano” si no continúan los “cuidados necesarios” ante la pandemia del coronavirus.

“Rusia tiene una trayectoria científica muy importante”, resaltó González García en declaraciones televisivas, y dijo estar “preocupado” por la cantidad de casos de coronavirus

Ginés aseguró esta tarde que “no quisiera ir a nuevas restricciones”, pero advirtió “hay que cumplir las normas” ante la pandemia del coronavirus porque se trata de una situación “difícil y larga”.

“No quisiera ir a nuevas restricciones. Los test sirven pero en un conjunto de medidas que son: el aislamiento, contacto cercano, que se cumplan las cosas. Acá no hay libreto, esto es un virus nuevo”, subrayó el ministro de Salud.

“No estamos pensando en pedir un juicio político contra los ministro de la Corte Suprema”, aclaró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de la carta difundida por la vicepresidenta Cristina Kirchner donde criticó duramente a los miembros del Máximo Tribunal.

Y agregó: “No estamos pensando en ese tipo de cuestiones. No tenemos ningún pedido presentado tampoco, ningún requerimiento de esas características”.

Este miércoles, Cristina Kirchner hizo un balance del primer año de gobierno y repasó las principales medidas que se tomaron en el marco de la pandemia de coronavirus. Pero también le dedicó varios párrafos a la actuación del Poder Judicial que, a su entender, no tuvo un buen desempeño durante 2020 ni durante la presidencia macristo: “Su actuación no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.

En esa línea, sostuvo que “a nadie debería extrañarle que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”.

Frente a estas acusaciones, Cafiero admitió que se enteró de la carta de Cristina cuando la vio publicada en sus redes sociales y trató de bajarle el tono a sus fuertes declaraciones acusatorias. “La carta hay que ponerla en contexto, no hay que analizar fragmentos. La carta busca promover el debate público y lo logró. Lo que no hay que hacer es recortar frases sin ver todo el contexto. El debate es cómo hacer para que la justicia sea más independiente y no persiga los vaivenes de los humores políticos y empresario”, sostuvo al ser entrevistado por Luis Novaresio en radio La Red.

Para Cafiero “eso hace que la justicia pierda prestigio y se va desdibujada”. El Jefe de Gabinete recordó que la justicia es la única de los tres poderes del Estado que no se elige por el voto popular y que lo que le da legitimidad es su prestigio. “Cuando se ven acciones que van en contra de ese prestigio porque los jueces buscan intencionalidades políticas o de humores sociales, claramente lo que sucede es que pierde ese prestigio”, enfatizó siguiendo la misma línea de pensamiento de la Vicepresidenta.

Dijo que el Frente de Todos puso en tela de juicio el sistema judicial desde el primer día que asumió y marcó su posición al respecto: “La Corte pierde prestigio porque no es claro cuando tiene que actuar y cuando no. A veces es muy arbitrario eso y repercute en su prestigio. Al haberse tomado todo ese tiempo para expedirse sobre el traslado de tres jueces y sobre otro temas que ni siquiera tienen tratamiento, deja en evidencia alguna actitud corporativa que va en contra del prestigio de la Corte”.

En la carta, Cristina Kirchner dice que “la Corte cometió delitos”. Y consultado al respecto, Cafiero aclaró que “la carta es una denuncia de tono político y no jurídico, donde se habla de la calidad de la república y analiza cuál fue el compromiso del Poder Ejecutivo en este primer año de gobierno y cuáles fueron las actitudes o acciones del Poder Judicial”.

Cafiero sostuvo que Cristina hizo “una descripción con un tono de discusión política y no de denuncia judicial” e indicó que “si la justicia funcionara adecuadamente nosotros no tendríamos que haber presentado la reforma judicial”, haciendo alusión “al uso indebido de los servicios de inteligencia por parte del poder judicial durante al macrismo a la hora de promover causas judiciales”.

Por último, dijo que “el Ejecutivo tiene la opinión de que la justicia no funciona adecuadamente y que se necesitan generar mecanismos para que sea independiente”. Sin embargo, descartó que el gobierno proponga que los jueces sean elegidos por el voto popular.

“El Ejecutivo propuso que haya más transparencia en la elección de ternas del Consejo de la Magistratura. Que el puntaje mayor no sea el de la entrevista, como hizo el macrismo, sino el de la prueba. Muchos llegan mejor puntuados y después se toma una elección distinta”, se quejó el funcionario.

Al ser consultado sobre la relación entre Cristina y Alberto, Cafiero minimizó los análisis polñiticos realizados por los medios. “Se alarman de más los editorialistas cuando dicen que Cristina y Alberto no se hablan. Utilizan la distancia social para decir que se juntaron pero que están distanciandos. Es una relación política e institucional. Lo que nos tiene que interesar es que es sólida desde los objetivos políticos, a pesar que hay momentos en que piensan distinto”, concluyó.

La iniciativa fue impulsada por Joice Hasselmann, titular de bloque del PSL, el que fuera el partido de Bolsonaro. Líderes de otros partidos se manifestaron en la misma línea.

La ex líder del Gobierno en el Congreso, la congresista Joice Hasselmann (PSL-SP), anunció el viernes que presentó una denuncia por juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro ante la Cámara de Diputados.

Más temprano, el viernes, los partidos Rede y PSB también se manifestaron en la misma línea.

De acuerdo con el diario O Globo, la solicitud hecha por Hasselmann alega un posible delito de responsabilidad, previsto en la ley de juicio político, así como otros delitos comunes. Llega horas después de que el ahora ex ministro de Justicia Sergio Moro, presentara su renuncia y citara como motivo principal una alegación respecto de que Bolsonaro intentó interferir en la elección de la dirección de la Policía Federal para obtener informes de inteligencia de la corporación.

“Al solicitar acceso a información confidencial a la que desde su posición no tendría acceso, Jair Bolsonaro violó el artículo 5 del mencionado artículo 7 de la Ley de Delitos de Responsabilidad, ya que está ‘utilizando a las autoridades bajo su subordinación inmediata a practicar abuso de poder’”, escribió Joice en la denuncia.

Además, la parlamentaria acusó a Bolsonaro de “falsedad ideológica” por incluir la firma falsificada de Sergio Moro en el decreto del Boletín Oficial en el que despidió al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo. Moro aclaró que no era responsable del despido.

En el mismo sentido, el PSB también decidió presentar una denuncia por delito de responsabilidad.

“Es absolutamente lamentable que, en medio de una crisis de salud tan grave en Brasil, que ha dejado más de 3.000 brasileños muertos, haya que iniciar un proceso de juicio político contra el Presidente de la República. Desafortunadamente, considerando los crímenes cometidos por el presidente, y considerando que nuestra omisión podría hacer que los efectos de la crisis sean aún más graves, no hay otra salida”, dijo el líder del partido, Alessandro Molon.

El líder de la Rede en el Senado, Randolfe Rodrigues también se hizo eco del pedido.

“¡Solicitud de juicio presentado! Bolsonaro no está por encima de la ley y tiene que responder por los crímenes de los que se le acusa. No esperaremos sus respuestas ante un director de la Policía Federal que ‘interactúa’ con él”, escribió el senador en las redes sociales.

La renuncia del ex juez Sergio Moro a su cargo como ministro de Justicia en Brasil desató este viernes una oleada de críticas contra el Gobierno de Bolsonaro, a quien llegaron a acusar de dar un “golpe a la democracia” del país.

Uno de los discursos más discursos más duros fue el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria (PSDB), quien tachó de “un golpe a la justicia, a la libertad y a la democracia de Brasil” la salida del ministro, conocido por conducir el caso de Lava Jato y llevar a la cárcel al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lamento mucho que nuestro país tenga que luchar contra dos virus, el coronavirus y el que está en el Palacio de Planalto en Brasilia”, añadió el gobernante de la región más poblada e industrial de Brasil, en una referencia directa al presidente Bolsonaro.

También desde su partido, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pidió este viernes la renuncia del mandatario para “ahorrar” un “largo proceso de impeachment” en Brasil.

“El presidente está cavando su tumba. Que renuncie antes de ser renunciado. Que nos ahorre de, además del coronavirus, tener un largo proceso de impeachment”, señaló en redes sociales el ex jefe de Estado y uno de los líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Brasil vivió hace apenas cuatro años un proceso de juicio político contra la entonces presidente del PT, Dilma Rousseff. El proceso de destitución se inició con la aceptación, el 2 de diciembre de 2015, por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, de la denuncia por crimen de responsabilidad. El resultado final fue de 357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones en la Cámara y de 55 votos a favor y 22 en contra en el Senado.

El Senado será el encargado de absolver o destituir al presidente de EEUU. Donald Trump será el tercer presidente de los Estados Unidos en someterse a este proceso, tras Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.

Este martes 21 de enero el Senado de Estados Unidos (EE.UU.) dará inicio al juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump.

Se tiene previsto que el juicio arranque a partir de las 13H00 (hora local) el cual será presidido por el presidente de la Suprema Corte Justicia John Roberts.

Luego de culminada la investigación contra Trump impulsada por la democrata Nancy Pelosi, la Cámara de Representantes determinó acusar al mandatario de dos cargos: Abuso de poder al solicitar la ayuda de Ucrania para investigar a su rival político, Joe Biden, y por obstrucción del Congreso.

El primero se refiere a supuestas conversaciones en las que Trump y otros cargos cercanos habrían presionado a las autoridades ucranianas (incluyendo al propio presidente, Volodymyr Zelensky, para investigar a un rival político, el exvicepresidente Joe Biden, y a su hijo, Hunter.

En cuanto al segundo, hace referencia a la supuesta obstrucción de la investigación que el presidente habría cometido, entre otras cosas, al dar a todo el personal de la Casa Blanca órdenes de no colaborar con el proceso

Pelosi anunció el miércoles pasado los cargos para la destitución de Trump e incluyen al Representante de la Cámara de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff de California, como el gerente principal (fiscal acusador).

Durante la primera jornada del proceso de impeachment, se establecerán las siguientes reglas: cuánto tiempo escucharán los argumentos de los fiscales de la Cámara de Representantes, cuánto tiempo escucharán a la defensa; el tiempo destinado a las preguntas, a cargo de los senadores.

Las preguntas de los legisladores serán leídas por Roberts, además determinarán si llamarán a testigos o buscarán otra evidencia.

En este sentido, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, propuso el lunes entre otras cosas que cada lado tenga un total de 24 horas para establecer sus argumentos en dos días.

Para lograr la destitución de Donald Trump, se requiere los votos de al menos dos tercios del Senado, sin embargo el apoyo de la la mayoría de los republicanos a Trump prácticamente asegura que será absuelto.