Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia, se conocerán hoy en el Tribunal de Campana.

El miércoles comenzó el debate oral donde el acusado y la conductora testificaron frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, mientras que este jueves continuaron las declaraciones de testigos, peritos y psicólogos, quienes confirmaron el calvario que sufrió Prandi.

En el tercer día de juicio se espera la instancia final, ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Está la duda de si este viernes o la próxima semana se conocerá el veredicto por parte del Tribunal. 

Marcelo "Teto" Medina irá a juicio oral por abuso sexual agravado y amenazas coactivas a su expareja, Mónica Fernández, y podría recibir 20 años de prisión.

La información fue dada por el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), donde contó que el fiscal Marcelo Roma, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 3, solicitó que la causa pase a juicio oral.

Allí, Teto Medina enfrentará las terribles denuncias de su expareja, Mónica Fernández, quien declaró haber sido abusada en tres ocasiones.

¿De qué lo acusan a Teto Medina?

Marcelo "Teto" Medina fue procesado por abuso sexual y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. La resolución indica que también le impusieron una restricción de acercamiento a la victima.

El lunes 20 de noviembre de 2023, el periodista especialista en temas judiciales y policiales German Pampa Mónaco escribió en su cuenta de la red social X (ex Twitter): “Procesaron a Teto Medina por abuso sexual con acceso carnal y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. Además le impusieron restricción de acercamiento a la victima”, detalló el periodista de C5N, Radio del Plata y Radio 10 junto a la resolución judicial.

Resolucion procesamiento Teto Medina por abuso sexual

El fallo judicial dice que Teto Medina es procesado por considerarlo en principio “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 2 y 4) y amenazas coactivas con la utilización de arma”, y establece que se embarguen los bienes y dinero del conductor hasta “cubrir la suma de $20.258.430 pesos”.

Además, establecen "una perimetral no menor a un radio de 500 metros de su expareja, siendo prohibida la comunicación con ella también a través de cualquier tipo de aplicación, red social o servicio de mensajería".

En 2019, Mónica Fernández, la ex pareja de Marcelo “Teto” Medina que lo denunció por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego, brindó detalles estremecedores de la fuerte experiencia que vivió con el ex Videomatch.

“Yo pensé que iba a salir y que iba a decir que estuvo mal, que iba a pedir perdón por esos últimos seis meses en los que me hizo pasarla mal”, indicó angustiada la mujer en Tarde pero temprano (Net TV), en noviembre 2022, tras conocer que Medina ya no estaba internado en la clínica psiquiátrica a la que había ingresado a fines de junio. de ese año.

La ex del panelista, que ya había dicho que él la obligaba a consumir cocaína y la orinaba durante la noche, agregó: “Él me llamó ciento noventa y tres veces seguidas para masturbarse”, reveló. “Había abusos con otras cosas, con otros aparatos. Yo conté lo de la cocaína en la vagina, me ponía cocaína y me quemaba, así que tenía que irme a lavar al baño y le decía que no lo haga. También me ponía debajo de la lengua y se iba, cuando yo no me podía mover”, confesó entre lágrimas la invitada al programa conducido por Diego Ramos.

El juicio de Daniel  Sancho se celebra  en el tribunal de la isla de Samui, en el juicio más mediático que se recuerda en el sur de Tailandia. El acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia lo que originó que de inmediato el asesinato de Arrieta, del que el español confesó ser autor y acaecido el pasado 2 de agosto, se convirtiera en un tema nacional, tanto en España como en Tailandia. En el juicio se analiza si el autor confeso de los hechos actuó de forma premeditada o fue en legítima defensa tras un intento de abuso sexual por parte de Arrieta, con el que Sancho tenia relación sentimental. El cuerpo del colombiano fue descuartizado.

El juicio oral comenzaba con una gran expectación en la calle, con decenas de cámaras y periodistas asediando a los familiares del acusado, así como la expectación sobre la presencia de familiares y defensa de la víctima.

En esta primera sesión, todas las partes han hecho un alegato inicial y han declarado cuatro testigos de la Fiscalía que coincidieron con Sancho en la isla de Phangan, escenario del brutal crimen. En concreto ha declarado la mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero, la que alquiló una moto al chef y los encargados de los dos hoteles en los que se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el supuesto asesinato.

Daniel, tal y como ha informado Juan Gonzalo Ospina, ha podido hacer varias preguntas a los testigos. "Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante al verle encadenado de pies y manos, pero en relación a las garantías procesales que está teniendo yo creo que son bastante amplias. El tribunal le está permitiendo realizar preguntas a los testigos", ha explicado a la prensa que cubre el caso.

¿Cuándo declarará Daniel Sancho?

El próximo 25 de abril comparecerán Daniel Sancho y su padre, el actor Rodolfo Sancho. Los padres de Edwin Arrieta finalmente no declararán en el juicio al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia.

El chef se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a Efe cuando fue detenido. Daniel podría enfrentarse a la pena capital por este crimen. 

Suspensión de forma temporal 

La primera sesión del juicio en Tailandia sobre el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta del que está acusado el español Daniel Sancho se ha suspendido nada más comenzar la vista. El juez de la causa ha ordenado suspender el proceso al comprobar que uno de los asistentes habría intentado tomar un vídeo en el interior de la reducida sala donde se van a desarrollar los interrogatorios.

Tras parar el juicio el letrado ha exigido a los presentes que no deben informar de nada de lo que acontezca en la sesiones. La policía comprobó si otros asistentes tenían la intención de sacar documentos gráficos. La vista ha proseguido al cabo de unos minutos.

Un hombre de 42 años comienza este martes a ser juzgado por haber intentado matar a otra persona con un arma de fuego en Frontera (departamento Castellanos). Será en el marco de un juicio oral y público que, según lo programado, se realizará en la ciudad de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representará al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. En tal sentido, adelantó que solicitará ocho años de prisión para el acusado, cuyas iniciales son CDR.

Por su parte, el juez que estará a cargo de la conducción del juicio oral es Gustavo Bumaguín.

Castellano indicó que "pasadas las 22:00 el viernes 22 de julio de 2022, el acusado agredió desde un automóvil a un hombre que conducía una motocicleta por la calle 7, entre 52 y 54 de Frontera", y remarcó que "le disparó con un arma de fuego calibre 38".

El fiscal puntualizó que "el disparo fue realizado a una distancia de entre uno y dos metros y estuvo dirigido a una zona vital del cuerpo de la víctima, por lo que el investigado tenía pleno conocimiento del riesgo que implicaba su conducta". En cuanto a la persona atacada, precisó que "logró sobrevivir por razones ajenas a la voluntad del acusado".

Por otro lado, el representante del MPA señaló que "el hombre de 42 años no tenía autorización legal para portar el arma de fuego que utilizó en contra de la víctima".

Al acusado se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio agravado (por el empleo de arma de fuego) y la portación ilegítima de un arma de fuego de uso civil.

De acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela, las declaraciones testimoniales comenzarán este martes y seguirán hasta el jueves.

Por su parte, los alegatos de clausura están programados para el miércoles de la próxima semana. Finalmente, el viernes 16 está previsto que se realice la audiencia en la que el tribunal dará a conocer la sentencia.

El futuro judicial de Felipe Petinatto comienza a llenarse de nubes negras. En las últimas horas, el juez Osvaldo Rappa decidió procesarlo, sin prisión preventiva, por el delito de incendio seguido de muerte en la causa donde se investiga el fallecimiento de su neurólogo, Melchor Rodrigo. De esta manera, el hijo de Roberto Petinatto quedó a un paso del juicio oral.

El hecho que se investiga sucedió el 16 de mayo del 2022. Aquella noche, el prestigioso neurólogo llegó al piso 22 del edificio ubicado en la calle Aguilar al 2300. Allí vivía su paciente. La relación entre ambos había comenzado algunos años antes y siempre se enmarcó en los límites profesionales. Felipe y Melchor cenaron juntos, hasta que algo sucedió: en poco tiempo, un incendio destruyó el lugar por completo.

Las consecuencias del incendio para médico y paciente fueron llamativamente dispares. El cuerpo de Melchor fue encontrado en el lugar por los bomberos totalmente calcinado. Las llamas lo alcanzaron y lo consumieron. Sin embargo, Felipe Pettinato salió de la escena sin un rasguño.

A principios de octubre de este año, 17 meses después del hecho, el fiscal Martin Mainardi decidió imputar a Petinatto por el delito de incendio seguido de muerte.

¿Cuál es la hipótesis fiscal que ahora fue confirmada en el procesamiento?. Para los investigadores, Felipe tuvo la intención de prender fuego el departamento.

Para ello, habría utilizado un encendedor y un aerosol, como liquido acelerador. La consecuencia de ese acto, fue la muerte de Melchor Rodrigo que murió sentado en un sillón, sin moverse. Se cree que no tuvo reacción alguna por medicamentos que habría ingerido con anterioridad y que, mezclados con el humo, le habría provocado una depresión en el sistema nervioso. Ese sería el motivo por el cual, literalmente, lo consumieron las llamas.

Mainardi, fue particularmente duro contra Pettinato en relación al inicio del fuego: “Lo que desencadenó el incendio que se cobró la vida de una persona no se trató de un accidente fortuito, ni de un acto imprudente, sino del actuar de Felipe Pettinato que inició un fuego peligroso dentro de su departamento, sabiendo -o debiendo saber- el peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, y para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de su amigo, Melchor Rodrigo, quien estaba ahí dormido e imposibilitado de reaccionar si el fuego se descontrolaba como efectivamente ocurrió”.

A principios de noviembre, Petinatto tuvo la posibilidad de defenderse. Fue el 4 de noviembre cuando, mediante zoom, tuvo su audiencia de indagatoria. Prefirió el silencio.

Fue procesado, además, por el delito de falsificación de instrumento público. Es que, después del incendió, se encontraron en su casa recetas truchas. “Habría utilizado recetarios de una clínica y el sello de un ex médico suyo, y luego habría completado la prescripción con su firma. También podría haber usado el sello de Rodrigo y sus recetarios, los cuales completaba y falsificaba su firma”, asegura el texto.

La hipótesis surge del hallazgo dentro de la casa de recetas en blanco y sellos en la habitación y por la información que surgió del peritaje efectuado por los especialistas de la Procuración sobre una computadora encontrada en el dormitorio de Felipe.

Con este procesamiento, dictado por el juez Rappa como subrogante del juzgado N°47, Flipe Pettinato quedó a un paso del juicio oral.

Este sábado se cumplen tres años de la muerte de Diego Armando Maradona, mientras se encontraba en una casa de Tigre acondicionada para la recuperación de su operación de hematoma subdural al que había sido sometido semanas antes, y más allá de que las "luces de este hecho" parecen irse con la tristeza de todo un pueblo, resta saber qué pasará con la causa que se lleva adelante.

La última novedad data de principios de noviembre, cuando fue sorteado dónde se llevará a cabo el juicio oral, finalizada la etapa de instrucción y recolección de pruebas.

Así, se estableció que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro juzgará al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la doctora Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, profesionales de la salud imputados por "homicidio simple con dolo eventual".

Este tribunal salió sorteado para intervenir luego de que el mes pasado los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren le pidieran al juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Efraín Martínez, que acelerara este trámite. El tribunal será integrado por la jueza Verónica Di Tomasso y el magistrado Maximiliano Savarino, mientras que el tercer integrante será sorteado.

En tanto, el 18 de abril pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó que los ocho imputados vayan a juicio oral con una acusación más grave que "culposa", que da por sentado equívocamente en que no se producirá un mal resultado por su mal accionar: el dolo eventual presume que, por el contrario, el imputado aprobó el riesgo al que se exponía.

¿Qué dicen los camaristas?

Los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón había resaltado en su fallo de hace seis meses: "La acusación pública efectuó una completa descripción del Hecho 1 (el homicidio con dolo eventual de Maradona), enumerando las acciones u omisiones que consideraron reprochables a cada uno de los imputados y que, a su entender, habrían incidido en el fatal desenlace endilgado".

"La fiscalía inicia su imputación indicando quienes se encontraban a cargo de la atención del paciente, ubicando en tiempo y lugar la situación apuntada, para luego referirse específicamente a cómo fue el desempeño de cada uno de ellos, según los roles asumidos, estableciendo de qué modo sus inconductas determinaron la muerte de Maradona", dijo en su voto el juez Herbel.

Los jueces de la Cámara también avalaron la Junta Médica clave que complicó a los ocho responsables de la salud imputados y rechazó los sobreseimientos y el cambio de calificación que habían propuesto varias de las defensas, entre ellas las de Luque y Cosachov, por la figura del "homicidio culposo" (con una pena menor de uno a cinco años de cárcel). El equipo de fiscales, así, los acusó a los ocho como coautores de un "homicidio simple con dolo eventual", con pena de entre ocho y 25 años de prisión.

El 22 de junio del año pasado, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, quien luego se excusó y en la causa pasó a intervenir su colega Martínez, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces estuvo bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que en marzo hizo una serie de audiencias orales con las defensas y en abril emitió su resolución.

 Cuando elevó la causa a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho imputados no cumplieron "con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas", y que, como "garantes" de la condición del exfutbolista, tuvieron la posibilidad de "revertir" su cuadro cardíaco y no lo hicieron.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", sabía que el Diez podía morir en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

La autopsia y los estudios posteriores establecieron que el astro de 60 años falleció de "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol tras haber sido sometido a una neurocirugía.

Además, los peritos descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada" que, de ser atendida correctamente, podría haber disminuido el riesgo de deceso.

Muerte de Diego Maradona: ¿cuándo y dónde será el juicio?

En cuanto a la fecha, todavía no fue fijada pero todo hace indicar que se desarrollará durante la segunda mitad del 2024. Estimaciones de personas que conocen al detalle la causa, hablan de, por lo menos, 4 meses de debate oral.

¿Dónde se realizará el juicio? Este es, quizás, el punto más controversial, por la cantidad de gente que se acercará a la zona y el inmenso número de periodistas que buscará acreditarse.

En estas semanas se analizarán distintas opciones, pero, por el momento, la que crece con más fuerza es que se haga en los mismos tribunales de San Isidro, donde se utlizarían, por lo menos, dos salas: una en la que se desarrolle el juicio y otra en la que puedan estar periodistas acreditados y público.

 Otra posibilidad es que el debate oral se traslade fuera de tribunales, a un lugar más grande y confortable. Aunque esto supondría un traslado extra del expediente físico (si, las causas todavía se trasladan en papel) y para algunos eso es un problema.

“Entre acusados, abogados, fiscales, jueces y secretarios tenemos, por lo menos, 40 personas. Eso sin contar público, familiares ni periodistas. Va a ser imposible encontrar un lugar adecuado para tanta gente pero se está tratando de encontrar la opción que sea más cómoda para todos”, explicó una fuente judicial de los tribunales sanisidrenses.

Los ocho acusados, de la mano de sus letrados defensores, plantearon múltiples recursos que dilataron la elevación a juicio. Eso explica porque el juicio se va a realizar recien cuando se cumpla el cuarto aniversario de la muerte de Diego Maradona.

Estefi Berardi, en Pocos Correctos (El Trece, lunes a viernes a las 17), contó detalles de la audiencia que mantuvo con Yanina Latorre, a quien demandó por la difusión de supuestos chats privados que ella mantuvo con Federico Bal cuando, a principios de año, se destapó el escándalo de las infidelidades del mediático.

“Se supo que hubo una audiencia hoy, lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral”, contó la panelista en el ciclo conducido por El Pollo Álvarez y El Chino Leunis.

"Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal”, sumó, nombrando a su representante legal.

"El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada”, explicó.

Estefi recordó cuando Yanina, en la época en que ambas eran compañeras en LAM, en la época que explotó el escándalo de las infidelidades de Bal a su entonces novia, Sofía Aldrey, dio a conocer supuestos íntimos chats que Estefi mantuvo con el hijo de Carmen Barbieri.

"Si bien los chats se mostraron en Intrusos, Estefi le inició acciones legales a Yanina porque "ella aseguró que los tenía y hay que ver cómo llegaron" a Intrusos.

"Yo no supongo nada, pero por eso hay una investigación", expresó Estefi, quien recientemente confirmó su relación con Ignacio Nacho Vivas, vicepresidente de Planeamiento Estratégico del Grupo Indalo..os únicos (chats) que publicaron fueron los míos. Los supuestamente míos", aseguró Estefi.

"A partir de eso yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí, sobre una supuesta situación que ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de que querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta, en el año 2023. Eso es como guau, un montón, por eso voy contra quienes voy″, sentenció la panelista, dispuesta a continuar su batalla legal con su ex compañera.

Fabián Gianola deberá enfrentar un juicio oral por el delito de abuso sexual en la causa que le inició la locutora y productora Viviana Aguirre por un hecho ocurrido en 2019

Es por la causa que le inició la locutora y productora Viviana Aguirre por un hecho ocurrido en 2019 cuando trabajaban juntos.

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Este jueves la periodista Cecilia Martí precisó: “Va a ser el primer actor en enfrentar un juicio oral por abuso simple en la Argentina. La Justicia lo fijó para el 8 de febrero de 2024 y es en la causa que presentó la productora y locutora Viviana Aguirre por un hecho sucedido en 2019 cuando ellos trabajaban juntos en radio”.

Además, señaló que si llegara a aplicarse una pena no será tan grande porque es un delito que requiere entre uno y cuatro años de prisión, pero que marcará precedente porque será el primer actor en ser juzgado en el país.

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“El paso es muy importante y eso es lo que destaca Viviana. Para algunos que sea juzgado puede ser un hecho menor, pero para ella no lo es. Que esto llegue a un juicio oral es un paso gigante en este tipo de casos porque muchas veces quedan en denuncias mediáticas o que no avanzan en la Justicia y que esta sí haya avanzado es más que importante”, señaló.

“Es un psicópata”: Viviana Aguirre opinó sobre el procesamiento de Fabián Gianola

A mediados de marzo,  Viviana Aguirre manifestó estar conforme con el procesamiento de Fabián Gianola. “Era lo que veníamos esperando”, expresó y reconoció que en el momento en que se dictó la falta de mérito se le desmoronó todo, pero que ahora con esta nueva resolución está más tranquila.

Tras destacar que ella siempre estuvo a disposición de la Justicia, celebró la resolución: “Por suerte esta vez dio a favor nuestro y no hablo solamente de mí, sino de otras víctimas”.

En esta línea, destacó que está en contacto con muchas de las víctimas y remarcó que el actor viene abusando desde 1993, que tiene más de 20 denuncias mediáticas y seis penales. “Hay muchas más que no puedo dar nombres, que se han comunicado conmigo, hasta incluso en el 2020 y yo hice la denuncia en el 2019″, sentenció. “Si me preguntás cómo lo veo a Gianola, lo veo como un violador”, concluyó.

Tras relatar que su abuso ocurrió en el trascurso de un mes, señaló que después de hacer la denuncia penal él la contactó para arreglarlo: “Para mí es un psicópata, es un tipo que sabe bien lo que hace, es consciente”.

El youtuber había sido denunciado en octubre de 2020 por el manager de medios Jorge Zonzini. Además dos exempleados presentaron pruebas irrefutables sobre los sistemas de multiestafas.

Yao Cabrera irá a juicio oral y público por trata de personas y reducción a la servidumbre. El youtuber había sido denunciado en octubre de 2020 por el manager de medios Jorge Zonzini y por dos exempleados, Giovanna De Mitole y Mariano Fernández.

La Sala II, Secretaría Penal IV de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y embargo millonario del youtuber uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, popularmente conocido como Yao Cabrera, por “Trata de Personas con fines de Explotacion Sexual y Laboral y Reducción a la Servidumbre”.

Yao Cabrera vs Chino Maidana: la pelea del año

La decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay tiene origen en la denuncia del manager de medios Jorge Zonzini, quien lo acusó de una “multiplicidad de delitos sexuales contra niños y adolescentes”.

Yao Cabrera irá a juicio oral por trata de personas y reducción a la servidumbre Además, sus exempleados Giovanna De Mitole y Mariano Fernández “presentaron pruebas irrefutables sobre los sistemas de multiestafas a niños vulnerables, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad”.

Yao Cabrera fue procesado por reducción a la servidumbre: lo embargaron por $3 millones

El 11 de febrero Cabrera fue procesado por reducción a la servidumbre y la Justicia le impuso un embargo de todos sus bienes por 3 millones de pesos hasta que logre pagar esa suma a sus denunciantes.

De Mitole, la chica que lo denunció, afirmó que Cabrera la “redujo a la servidumbre” bajo las condiciones de “darle un lugar donde vivir y comer, valiéndose del estado de vulnerabilidad de la joven”, entre diciembre de 2019 y enero del 2020. Además, según denunciaron, la “sometía a su poder y voluntades precarias”.

Yao Cabrera vs Chino Maidana: la pelea del año

El pasado 8 de febrero, cuando lo citaron a indagatoria, el youtuber se negó a declarar y solo escuchó las acusaciones. Su abogado, Alejandro Cipolla, había denunciado entonces que se trataba de “un show mediático”.

Sin embargo, Cabrera tiene prohibida la salida del país, solicitada por el Fiscal Sebastian Bringas. Por este motivo en marzo no pudo presentarse a pelear en Dubai contra Chino Maidana.

Un fiscal pidió enviar a juicio oral a siete policías y tres civiles por el crimen del comerciante Diego Rodas, quien en septiembre de 2016 fue asesinado a balazos cuando iba bordo de su auto junto a su esposa y su bebé de 12 días por el partido bonaerense de Ituzaingó y le dispararon unos efectivos que perseguían a delincuentes que huían en un vehículo robado.

Dos de los policías están detenidos y afrontan cargos por el asesinato de Rodas y la tentativa de homicidio de su esposa, quien resultó herida; mientras que los restantes cinco efectivos y los tres civiles -todos en libertad- están acusados de desplegar diversas maniobras para encubrir el hecho.

El requerimiento fue realizado por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 1 descentralizada de Ituzaingó, Marcelo Tavolaro, ante el Juzgado de Garantías 4 de Morón, subrogado por Alejandro Lago.

Al formular las acusaciones, Tavolaro consideró a los policías de la seccional de Villa Ariza, Ituzaingó, Fernando Grané y Gerardo San Miguel como autores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido por personal de la fuerza de seguridad abusando de su función reiterado -en dos hechos-, uno en grado de tentativa, y falsedad ideológica de documento público”.

En tanto, acusó al entonces comisario de Villa Ariza, Daniel Pérez, y a los efectivos Sergio Barrientos, Diego Carreira, Camila Pazos y Maximiliano Ramos de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio”.

En la misma causa están procesados y camino a juicio los civiles Alejandro Salomón, Johana Vukman y Maximiliano Duarte, también por “encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado reiterado -dos hechos-“.

De acuerdo a la pesquisa llevada a cabo por Tavolaro, el 12 de septiembre de 2016, pasadas las 21, una patrulla policial perseguía a unos sospechosos que iban a bordo de una Peugeot Patagónica que había sido robada en Caseros, partido de Tres de Febrero.

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Al llegar a Ituzaingó, la Peugeot chocó y detuvo la marcha en la calle Aguaribay, entre Saldán y El Delta, momento en que los acusados que iban a bordo escaparon a pie. Pasados al menos 50 segundos, describió el fiscal, llegaron los policías que participaban de la persecución -Grane, San Miguel, Pazos y Ramos-, quienes inspeccionaron el vehículo y sus alrededores.

Al notar que no había ocupantes, los policías comenzaron a rastrillar la zona y fueron advertidos de que los sospechosos habían huido por calle El Delta, por lo que Pazos y Ramos quedaron al resguardo de la camioneta, mientras que Grane y San Miguel salieron en la búsqueda.

Según la acusación fiscal, ambos policías advirtieron a pocos metros la presencia de un Volkswagen Vento estacionado frente al domicilio de El Delta 2360 y “sin mediar ningún tipo de palabra u orden, y sin repeler agresión alguna, efectuaron a muy corta distancia del vehículo al menos cinco disparos”.

De acuerdo a los peritajes incorporados a la causa, dos de los disparos fueron realizados con la pistola Bersa Thunder de Grane y tres con un arma igual que portaba San Miguel “con el claro fin de darle muerte al conductor del rodado”.

Los proyectiles “ingresaron al habitáculo del automóvil y terminaron impactando en su conductor, Diego Hernán Rodas, uno en región lateral del hemitórax derecho, otro en región escapular izquierda y dos en la región deltoidea izquierda”, por lo que el comerciante murió en el Instituto Médico Central de Ituzaingó, describió Tavolaro.

En el mismo hecho resultó herida la pareja de Rodas, María Virginia Tueso, quien también se hallaba a bordo del rodado y recibió un impacto en el antebrazo derecho, mientras que el bebé de sólo 12 días de las víctimas resultó ileso.

El fiscal dio por probado que ese mismo día, tras atacar a los inocentes, Grane y San Miguel “falsearon el contenido del acta del procedimiento” y “prestaron una falsa declaración, con la que lograron desviar” la investigación.

El representante del Ministerio Público detalló al llamar a los acusados a indagatoria que, luego de los disparos, “un grupo de personas, la mayoría funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin haberse acreditado promesa anterior, se determinaron a encubrir el hecho cometido por Grane y San Miguel -del cual habían tomado debido conocimiento en razón de sus funciones- con el objeto de que estos puedan sustraerse a la acción de la justicia”.

Para ello, “diversos funcionarios públicos -superiores y pares- y algunos civiles al documentar el hecho perpetrado y las circunstancias que lo rodearon, callaron, falsearon, mintieron y/o omitieron la verdad de los hechos, buscando endilgar la muerte de Diego Hernán Roda a uno o varios ‘chivos expiatorios’ en favor de los mencionados acusados”.

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Por esas maniobras, Tavolaro acusa y pide llevar a juicio al comisario Pérez, jefe de la seccional de Villa Ariza, quien “se puso de acuerdo con quienes entonces ostentaban el carácter de Jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local de Ituzaingó, Torres, y segundo jefe Peralta, para ocultar a la justicia la verdad de los hechos”.

De acuerdo a la instrucción, “Pérez hizo confeccionar el acta de procedimiento”, en la que hizo “omitir” que al menos dos de los policías habían causado la muerte de Roda.

“Además, en su carácter de jefe de la dependencia, se encargó de coordinar con todo el personal de la dependencia bajo su mando -con el consentimiento de estos- el modo en que se iban a labrar las actuaciones, relatos a plasmarse en las mismas, con un único fin, ocultar la verdad a la justicia”, añadió respecto de ese comisario, a quien además le imputa haber prestado una “declaración falsa” en el sumario.

Por dar fe del acta falsa, en tanto, Tavolaro acusó al oficial de servicio Barrientos, mientras que al entonces jefe del Grupo Técnico Operativo de la comisaría, Carreiras, le atribuyó maniobras tendientes a beneficiar a los policías que dispararon y señalaron por el hecho a tres personas ajenas, para lo cual instigó a los civiles a dar un falso testimonio para que los involucrara.

Por su parte, la madre de Rodas, María del Carmen Peche, dijo a Télam que continuará pidiendo justicia.

“Mi sueño es que Grané y San miguel sean condenados y no salgan más de la cárcel. Mi hijo no va a volver del cielo, en cambio ellos algún día van a salir de estar presos. Pido justicia, justicia y justicia por Diego. No se por qué Dios me lo sacó tan pronto, no se por qué te sacan a la gente buena”, expresó.

La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de esa ciudad santafesina. Son acusados de comercializar marihuana y cocaína en Firmat, Melincué, Rufino, Coronda y en territorio venadense. Un agente de la policía federal está en el banquillo de los acusados.

En la tarde de este martes el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se presentó en el Juzgado Federal local para declarar en carácter de denunciante y testigo en el juicio contra un grupo de vendedores de drogas de la ciudad. El inicio de la causa se produjo en 2018 cuando el entonces concejal denunció con nombre y apellido a personas que, supuestamente, se dedicaban a la venta de estupefacientes.

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“Este martes me presenté a declarar como denunciante en el marco del juicio oral que se está llevando adelante en Venado Tuerto en contra de diferentes bandas que operaban en distintos barrios con venta de estupefacientes”, señaló Chiarella luego de su exposición ante la justicia.

El mandatario recordó que esta declaración reafirma la presentación que realizó en 2018 ante el Juzgado Federal venadense, con información sobre 10 lugares de venta de droga en la ciudad, denuncia en la que adjuntó fotos y nombres de personas dedicadas a la venta de droga.

“Esta es nuestra manera de enfrentar al narcotráfico y avanzar contra estas bandas que generan tanto perjuicio a la sociedad, y ahora esperamos que este juicio oral y la justicia dicten penas duras y ejemplares contra estos delincuentes”, remarcó Chiarella.

La causa

Las actuaciones iniciadas a partir de las denuncias del intendente Chiarella comenzaron el 7 de octubre de 2018, a raíz de un llamado anónimo efectuado a la Central de Emergencias 911 de la Policía provincial, mediante el cual una persona puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes, de Venado Tuerto, se estarían llevando a cabo conductas relacionadas con el comercio de estupefaciente.

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En razón de los distintos seguimientos efectuados y de las intervenciones telefónicas, se determinó que las personas investigadas se dedicaban al comercio de material estupefaciente, llevando a cabo las maniobras en las localidades de Venado Tuerto, Rufino, Firmat y Melincué, operando algunos desde la cárcel de Coronda.

Asimismo, se determinó que en algunas de las maniobras estaría implicado un integrante de la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

En este marco, el 27 de febrero de 2019 se efectuaron 20 allanamientos, donde se procedió al secuestro de distintas cantidades de material estupefaciente, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos, y se procedió a la detención de varias de las personas investigadas.

En la denuncia presentada en 2018 cuando Leonel Chaiarella aún era concejal, figuran distintos domicilios, entre los que sobresalen uno de calle Correa Llovet esquina Antártida Argentina, otro de Roca al 1100, República de Irlanda al 1600 y Miguel Tonelli al 1300.

Dalma y Gianinna Maradona pidieron que la causa por la muerte de Diego vaya a juicio oral y público a poco de cumplirse un año de investigación que hasta el momento tiene siete imputados, todos ellos personal sanitario.

Lo pidieron al juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz y luego de varios planteos hechos por otras de las querellas ante los fiscales de San Isidro quienes tienen delegada la causa.

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Es que tanto la querella de Mario Baudry que representa a Dieguito Fernando como la otra que lleva adelante Diego Junior Maradona vienen reclamando investigar los intereses económicos detrás de la muerte del astro y apuntan contra el abogado Matías Morla y su entorno.

“A pesar de lo manifestado en el párrafo precedente, es harto evidente que no escapa al criterio de nuestra parte, que en torno a Maradona existieron la comisión de delitos de índole económicos, vinculados al lavado de activos, tráfico de divisas, circunvención de incapacidades y otros, los cuales están siendo investigados en otra Jurisdicción”, dijo el abogado Federico Guntin quien además recalcó que “ninguno de esos delitos se habrían cometido entre el 11 y 25 de noviembre de 2020” que es el tiempo que Maradona estuvo en internación domiciliaria en Tigre.

Para la querella de Dalma y Gianinna hay “veladas intenciones de dilatar” el pase a juicio. Los fiscales tenían la intención de mandar la causa a un tribunal oral pero en los últimos días se sucedieron una secuencia de planteos hecho por otros querellantes.

Los principales imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Además hay otros cinco acusados de homicidio simple por dolo eventual el cual prevé una pena de 25 años de prisión.

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“Manifestamos una absoluta concordancia con el Ministerio Púbico en el sentido que nos encontraríamos próximos a la clausura de la instrucción y su elevación a debate Oral y Público, considerando que dicha dilación favorece, solamente, a quienes deberían ser juzgados por un Tribunal Oral que a la fecha permanecen en libertad esperando tan solo el transcurso del tiempo dónde, y como se puede advertir, ante cada presentación, más se aleja la verdad objetiva”, sostuvieron en el planteo.

Diego Velasco sostuvo que hay prueba pendiente y que todo se debe analizar en un juicio para el que pidió que se fije la fecha de inicio. Ahora debe resolver el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py

El fiscal federal Diego Velasco pidió hoy que se rechace el planteo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, de sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y de otros acusados en las causas Los Sauces y Hotesur y que se haga el juicio oral. El fiscal planteó que toda la prueba se debe analizar en el proceso oral para el que pidió que se fije su fecha de inicio para juzgar una presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Velasco presentó esta mañana su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que ahora debe resolver si sobresee a Cristina Kirchner y al resto de los acusados o si rechaza los planteos y confirma la realización del juicio oral.

A fines de octubre la defensa de la vicepresidenta y de sus hijos, a cargo del abogado Alberto Beraldi, pidió la desvinculación del caso. Luego se sumaron otros imputados, empresarios y el contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos.

La DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces – de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios acusados. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La defensa de los Kirchner planteó varios argumentos para pedir el sobreseimiento. Sostuvo que no hubo lavado de dinero porque el dinero para pagar los alquileres estaba bancarizado y que se puede seguir su trazabilidad. También que si no hubo lavado tampoco existió la asociación ilícita. “La ausencia de afectación del bien jurídico tutelado en la norma que prohíbe la conducta de lavado de activos fulmina cualquier posibilidad de progreso a la imputación que en esta dirección se efectúa respecto a nuestros defendidos, por su atipicidad, lo cual entendemos evidente y no precisa de la realización de un debate oral para su comprobación”, analizó la defensa para pedir el sobreseimiento.

Con la opinión de las defensas luego fue el turno de los acusadores. La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante en la causa, no dijo si se debe aceptar o rechazar el sobreseimiento. Los abogados de la UIF sostuvieron el lunes que el Tribunal Oral debe resolver el planteo y que se debe tener en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

Esta mañana dictaminó la Fiscalía en un escrito de 72 páginas al que accedió Infobae. Velasco sostuvo que los pedidos de sobreseimiento se deben rechazar. Explicó que todavía hay prueba pendiente que se está realizando -dos peritajes que están en el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un pedido de informes a la municipalidad de Río Gallegos que hace dos años no contesta- y que todo eso se debe analizar en un juicio oral. Agregó que los planteos de sobreseimiento violan el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a analizar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción.

También señaló que un planteo similar ya fue resuelto por el TOF 5 y que actualmente se encuentra apelado en la Corte Suprema. La Fiscalía citó en sus argumentos el fallo “Blaquier” del máximo tribunal en el que sostuvo que la Cámara Federal de Casación no puede analizar prueba si el juicio no se realizó. Velasco agregó que si Casación no puede hacerlo, tampoco un Tribunal Oral que es una instancia inferior.

“Existe un peligro de resolver cuestiones inherentes a otros procesos en trámite que provocarían un conflicto jurisdiccional sin precedentes”, señaló Velasco. La referencia es porque las defensas sostienen que si el delito precedente del lavado son las obras públicas que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Lázaro Báez, uno de los acusados del caso, esa situación ya fue desestimada por la justicia de Santa Cruz. Pero el fiscal señaló que otro tribunal oral está haciendo el juicio por las obras públicas.

Así, el fiscal planteó que los pedidos de sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los acusados se deben rechazar y avanzar al juicio oral. Sobre eso, Velasco le solicitó al TOF 5 que le ponga un plazo a los peritos de la Corte Suprema para finalizar los peritajes y que cuando estén terminados fije fecha para iniciar el juicio oral.

Con todos los planteos ahora deben resolver los jueces del TOF 5, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Esa integración tiene un límite. A fin de mes Grünberg deja el tribunal porque se le termina su subrogancia, por lo que la expectativa está puesta en si los magistrados tratarán los pedidos antes de que termine noviembre o si la resolución llegará a partir de diciembre con el nuevo juez que se integre a Palliotti y Obligado.

Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa dólar futuro

La decisión que tome el tribunal puede ser apelada a la Cámara Federal de Casación Penal y luego a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el caso llegue a Casación intervendrá la Sala I. Es la misma que en abril pasado sobreseyó a Cristina Kichner en la causa de dólar futuro.

Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral en cinco causas después que dejó en 2015 la Presidencia de la Nación. En dólar futuro y en la firma del memorándum de entendimiento con Irán fue sobreseída. En el expediente por las presuntas irregularidades en las obras públicas que Báez recibió para la provincia de Santa Cruz está siendo juzgada desde mayo de 2019. En Los Sauces-Hotesur busca ahora su sobreseimiento. Y el quinto expediente, el llamado de “los cuadernos de la corrupción”, está a la espera de a definición de qué prueba se analizará que se fije de la fecha de inicio del juicio.

Esta es la segunda vez que el fiscal Velasco dictamina sobre un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner. Lo había hecho en la causa de dólar futuro en la que también pidió que el pedido sea rechazado. Y los jueces Grünberg y Obligado también resolvieron causas de la vicepresidenta. Grünberg votó por el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro -sus dos colegas del TOF 1 opinaron en contrario y el sobreseimiento en ese expediente lo dictó Casación- y Obligado hizo lo propio en la firma del memorándum con Irán.

Vicky Xipolitakis atraviesa un momento complicado en lo que respecta al ámbito personal.

Hace algunas semanas, se conoció que debía abandonar la casa en la que vive con su hijo Salvador a raíz de las complicaciones legales con Javier Naselli, su ex pareja y padre del niño en cuestión.

El duro descargo de Vicky Xipolitakis contra la justicia

Lejos de acercarse una solución, la panelista de “Cortá por Lozano” debe abandonar dicho domicilio en el lapso de dos semanas. A pesar de que recibió algunos ofrecimientos para trasladarse, no coincide con su búsqueda para mudarse a uno de los barrios que pretende. Esto generó algunas dudas ya que la Justicia no le deja demasiadas opciones.

“Soy una víctima más de la Justicia pero confío que no todos los jueces son iguales”, explicó en un reportaje con Intrusos. Mientras el padre de su único hijo está en problemas legales, la ex participante de “MasterChef Celebrity” comentó: “Me encantaría irme, me siento presa en esta casa, quedamos tirados”.

El ex de Vicky Xipolitakis tiene trastorno límite de personalidad

Una vez que terminó la relación entre ellos, Vicky demandó a Naselli por violencia de género y la causa sigue su curso. Durante las últimas horas, hubo novedades importantes que ponen en peligro al empresario. Según lo informado por Paulo Kablan en “Flor de Equipo”, hubo fallo de la Cámara de Apelación de la Ciudad de Buenos Aires que deja al borde de juicio oral al padre de Salvador.

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Como si fuera poco, esto podría incluir su detención a raíz de los maltratos ejercidos sobre la modelo. “Fueron golpes, agresiones e insultos en presencia de testigos. Después él cambia la llave y la deja afuera a ella con la criatura. Ese delito tiene una pena de hasta cinco años de prisión“, explicó el periodista en la pantalla de Telefe.

Kablan se mostró incrédulo del fallo que se publicó en las últimas horas, aunque esto parece beneficiar a la panelista. “Tiene que ir a juicio oral y público. Estos delitos tienen hasta cinco años de prisión y podría ir preso. La verdad que es un fallo sorpresivo”, explicó con sinceridad. Por último, agregó: “Pueden volver a apelar pero ya es muy difícil. Va a ir a juicio, lo van a sentar y le puede salir caro”.

La justicia envió a juicio oral y público a Carlos Savanz, el cartonero que mantuvo secuestrada a la pequeña de siete años conocida como M quien vivía en la calle junto a su madre en la Villa Cildañez.

Savanz está detenido en la cárcel de Ezeiza y va a juicio por los delitos de sustracción de menores y abuso sexual. La causa quedó ahora en manos del Tribunal Oral Criminal 1 que ahora deberá fijar fecha para el comienzo del debate oral y público.

Caso M: la mamá rompió el silencio y habló sobre su adicción a la droga

“Ninguna duda se consolida respecto a que Savanz se retiró con la niña pese a que defensa sugiere que su progenitora –tomando como fundamento la adicción a las drogas que padecería- pudo olvidar que, en realidad, lo autorizó que fuesen juntos hasta el zoológico en Luján, localidad donde finalmente fueron encontrados días después, pero esa hipótesis es, francamente, pueril”, sostuvo la Justicia respecto al argumento el acusado.

Caso Maia: un audio podría ser clave en la búsqueda de la menor

Al momento de ser hallada la pequeña M, ésta le hizo saber al cartonero Savanz que quería volver con su madre que había emprendido una búsqueda de tres días.

Savanz fue encontrado en la Ciudad de Luján junto a la nena por un vecino, que llamo al 911 y permitió que se lo detenga.

La elevación fue firmada en las primeras horas de hoy por la fiscal penal y contravencional Celsa Ramírez, a cargo de una fiscalía dedicada a investigar eventos deportidos.

Los Riquelme se encuentran imputados por el artículo 205 del Código Penal, que sanciona al que viola las medidas tomadas para controlar una epidemia con una pena que va de los seis meses a dos años. También por el 202, que castiga a aquel que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

La elevación, según fuentes del caso, no precisa de la firma de un juez. El procedimiento se completa con el llamado del magistrado a las partes para que planteen nulidades. Si no hay pedidos por resolver, se da inicio al proceso. Se especula, también, con que los Riquelme a través de su defensa podrían intentar un pedido de una probation, con sanciones menores. Ambos acusados se negaron a declarar a mediados del mes pasado en sus indagatorias y aseguraron que presentarían escritos.Riquelme hijo en el viaje a Cancún.

Según la investigación de la fiscal Ramírez, Agustín Riquelme formó parte del grupo de jóvenes que viajaron a Cancún con motivo de su viaje de egresados y que al regresar a Argentina detectaron que 44 de ellos estaban contagiados de COVID-19.

A pesar de que, tal como lo estipula la norma vigente, todo aquel que llega del exterior debe hacer una cuarentena de al menos 10 días, el joven fue captado por las cámaras de televisión al día siguiente de su arribo al país en uno de los palcos de la Bombonera junto a su padre,en el partido que el Xeneize empató con River 1 a 1.

En cambio, desde el entorno del ex futbolista aseguraron que el joven no estaba obligado a aislarse y remarcaron que ya había tenido COVID-19 antes del vuelo a México.Padre e hijo podrían intentar una probation, según fuentes judiciales.

En las imágenes televisivas que fueron analizadas por la fiscalía no sólo se ve a Agustín Riquelme con su padre y otros ex jugadores boquenses como Antonio Barijho y Jorge Bermúdez en el palco sino que, además, ninguno de ellos llevaba puesto el barbijo.

Aquel día, Boca había notificado que a la Bombonera iban a ir 120 personas por el local y 75 por el visitante. Con nombre y DNI. Y el nombre de Agustín no estaba, revelaron a Infobae fuentes con acceso al caso.

Los nombres son los que corresponden a personal de los clubes, jugadores, invitados específicos por el encuentro, autoridades y funcionarios. “No se puede invitar a un amigo a ver el partido, ni al hijo, ni a otra persona que no tenga una función concreta para el partido” , explicaron conocedores de la reglamentación vigente.

“No sabés cuánto me atacaban en las redes. Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando…, fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo”, contó la cantante y ejemplificó: “Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés (por La pollera amarilla)’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’…”, dijo, sin reparar en que a la persona que estaba hiriendo era la hija del conductor del ciclo.

La novedad de la causa es que la Fiscalía N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en discriminación y a cargo de Mariela Paola de Minicis, la elevó a juicio oral y público contra Gladys Nelly Del Carmen Jimenez -nombre real de La Bomba Tucumana, “por presunta infracción al Artículo 70 -discriminar- del Código Contravencional”.

En el escrito, se expresa que More Rial “afirmó sentirse agraviada a raíz de los dichos” de Gladys, al decir que “ser la mamá de Morena Rial” era parte de las barbaridades que la gente que decía, “considerando entonces que había sido discriminada en razón de su peso corporal”.

Luego de las calificaciones legales, el requerimiento del juicio cierra con el pedido de pena por parte de la fiscalía: una pena principal de “cinco días de trabajo de utilidad pública”, más la sanción accesoria de “instrucciones especiales, consistentes en asistir a un Taller del ‘Encuentro Restaurativo para la Composición del Conflicto’, perteneciente al Centro de Mediación del Poder Judicial de la CABA”. Además, Gladys deberá hacerse cargo de las costas que correspondientes al proceso judicial.

Al enterarse de que Morena la había denunciado, Gladys aclaró que sus dichos habían sido “descontextualizados” y que su objetivo era empatizar con la hija del periodista, que también había sufrido bullying. “¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas. Fue en ese contexto”, destacó en una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas y sostuvo que Rial nunca le había dicho nada porque “entendió lo estaba diciendo”.

Además, le ofreció perdón públicamente a Morena en el programa que se emite por La Once Diez: “Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela, porque sé que ella sufrió muchísimo bullying, como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría? Es de locos pensar que la discriminé”.

Gladys se puso a llorar al relatar que iba a tener que ir presa porque no podía solventar una demanda económica. Estas declaraciones no tranquilizaron a Morena, sino todo lo contrario, la molestaron todavía más porque durante la charla en el ciclo radial de Moskita Muerta sintió que la cantante había cometió otro acto de discriminación al referirse a este tema. “¿Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla? Yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, había dicho La Bomba.

“El arco moral de la historia es largo, pero se inclina hacia la justicia”. La cita atribuida a Martin Luther King, tantas veces utilizada por Barack Obama y tantas veces reducida a una floritura retórica vacía, se ha reafirmado este martes.

El jurado popular encargado de dictar sentencia en el juicio contra el policía blanco que mató al afroamericano George Floyd en Mineápolis hace casi un año ha hablado. Derek Chauvin es culpable de los tres cargos a los que se enfrentaba: asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio imprudente. La decisión se ha adoptado con la unanimidad de los 12 miembros del jurado, como era preceptivo, y llega durante la segunda jornada de deliberaciones. Un desenlace celebrado a lo largo y ancho del país que servirá para evitar el nuevo estallido social que muchos anticipaban.

En Harlem resonaron las campanas, en Mineápolis volaron los abrazos y en Washington hablaron los petardos. “Parece un nuevo día, como si este país reconociera finalmente la humanidad de los negros”, decía un hombre afroamericano ante las cámaras. Este veredicto era la válvula de escape que esperaba buena parte del país, incluido el presidente Joe Biden, en un caso que ha mantenido en vilo a los estadounidenses por las explosivas ramificaciones que acarreaba.

Estados Unidos tiene grabada en la retina la escalofriante brutalidad que Chauvin desplegó para acabar con la vida de Floyd. Un hombre corpulento, pero desarmado, que fue detenido por pagar un paquete de cigarrillos con un billete presuntamente falsificado de 20 dólares. Lo pagó con su vida, asfixiado durante nueve minutos y 29 segundos bajo la rodilla del agente, que ni siquiera se dignó a sacar la mano del bolsillo mientras Floyd agonizaba, invocaba a su madre como un niño grande y repetía “no puedo respirar” mientras se apagaba su conciencia.

La macabra frialdad exhibida por Chauvin, su despiadada indiferencia hacia la vida de aquel hombre negro, hizo revivir a millones de estadounidenses los viejos traumas del pasado, tan vigentes en la vida cotidiana de los afroamericanos, desde los linchamientos de Emmet Till y Rodney King a los vestigios de aquel sistema de apartheid –llamado aquí segregación– que todavía impera en la vivienda, el acceso al crédito, la educación o la justicia. El asesinato de Floyd puso en marcha las mayores protestas raciales desde la época de los derechos civiles, con réplicas en varias capitales mundiales, un capítulo que temporalmente se cierra hoy.

El veredicto ha llegado tras tres semanas de juicio, en que la acusación presentó a decenas de testigos, desde médicos forenses a expertos en el uso de la fuerza y hasta la jerarquía de la policía de Mineápolis, que condenó con dureza las acciones de su subordinado. Desde entonces, el miedo en el país era notable ante la posibilidad de que volvieran a encenderse las calles con un veredicto que estuviese por debajo de las expectativas de justicia que tantos demandaban.

Falta conocerse la condena“Rezo para que el veredicto sea el adecuado. En mi opinión, las pruebas son abrumadoras. Y no diría esto si el jurado no estuviese recluido en estos momentos”, dijo Biden horas antes del desenlace. La sentencia para Chauvin tendrá que esperar unos días, aunque solo el cargo de asesinato en segundo grado comporta una pena de hasta 40 años de cárcel.

Chauvin asistió a su cita con la historia vestido con traje de chaqueta, gesto altivo y la mirada desafiante. No gesticuló ni mostró la mínima señal de contrición, pero a medida que caían los “culpable” en cada uno de los cargos, sus ojos empezaron a bailar hacia los lados, como si la confusión y los años de vida emparedada empezaran a tomar forma en su cerebro.

Los líderes negros, que han participado en las vigilias y manifestaciones de las últimas semanas en Minneapolis, habían advertido que la frustración latente en las calles estaba llamada a desbordarse si el veredicto no cumplía con las expectativas. “No podemos condonar a esta América inhumana, no podemos condonar la maldad que presenciamos en el vídeo del arresto”, dijo el domingo Benjamin Crump, el abogado de los derechos civiles que representa a las familias de Floyd y Daunte Wright, el veinteañero negro y desarmado abatido la semana pasada durante un control policial en un suburbio de Minneapolis.

Crump dejó claro que las protestas continuarían si no se hacía justicia, una idea en la que redundó la diputada demócrata Maxine Waters al pedir a la ciudadanía que adopte una postura “más beligerante” y “activa” si el veredicto no está a la altura de las circunstancias.

Despliegue militar en MinneapolisCon la navaja en el cuello del país, ninguna ciudad caminaba de forma tan acentuada sobre el alambre como Minneapolis, blindada con alambradas y muros de hormigón, y tomada por vehículos acorazados y miles de militares armados y con fatigas de camuflaje. El gobernador Minnesota ha querido evitar que se repita el pandemonio que desencadenó la muerte de Floyd en mayo, una explosión de saqueos y destrucción que dejó una factura de 350 millones de dólares.

Pero muchos ciudadanos han comparado el despliegue con una ocupación militar en toda regla, que no ha hecho más que exacerbar la tensión y el miedo. Una percepción acentuada por los centenares de arrestos acometidos durante las protestas por la muerte Wright, dispersadas sin contemplaciones con munición antidisturbios.

El país respira ahora aliviado. La justicia tantas veces negada a las víctimas de los abusos policiales, se ha materializado. Un punto y aparte con final feliz en la complicada historia racial de EEUU.

El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, elevó hoy a juicio oral la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en esa ciudad balnearia, y dispuso que sean sometidos a proceso los ochos rugbiers que siguen detenidos y un noveno que había sido beneficiado con la falta de méritos por la fiscal de la causa.

Fuentes judiciales informaron que la medida del magistrado recayó sobre los imputados Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19), Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva, y Alejo Milanesi (19), quien se encuentra en libertad.

La resolución del juez va en línea con el pedido de la fiscal Verónica Zamboni respecto de los ocho detenidos en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

La madre de Fernando Báez Sosa pidió “una condena ejemplar”

En cambio, Mancinelli rechazó el pedido de Zamboni para que sea sobreseído Milanesi, imputado como “partícipe necesario”, e hizo lugar al planteo de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que su eventual responsabilidad penal se defina en un debate oral.

Fuentes de la investigación indicaron a Télam que el magistrado consideró que en el caso de este noveno imputado, el caudal probatorio es menor que para los otros ocho, pero no es suficiente para llegar a una certeza negativa en cuanto a que él no participó del hecho.

De esta manera coincidió así con el planteo de los abogados de la querella, que al presentarse como acusadores particulares en este caso puntual, consideraron que “si bien no hay videos que muestren” a este joven “pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte”.

Rechazaron el juicio por jurados los rugbiers imputados por el crimen de Fernando

Los abogados habían rechazado así el planteo de la fiscalía, que en su requerimiento de elevación a juicio presentado el 17 de noviembre último había apuntado exclusivamente a los ocho detenidos como quienes “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza” y “se dieron a la fuga del lugar, pretendiendo lograr su impunidad”.

“Estamos muy conformes, y vemos una justicia objetiva”, aseguró a Télam Burlando, tras conocerse la resolución del magistrado, y subrayó la decisión del magistrado de rechazar el sobreseimiento de Milanesi, que había sido respaldado además por el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.

“Nosotros entendíamos que nos teníamos que poner en el rol de acusadores particulares e intentar resolver la situación de Milanesi en un juicio”, señaló.

En cuanto a la situación puntual de este imputado, el único que no está detenido y el único acusado de ser partícipe necesario y no coautor, indicó que la elevación a juicio “no habla de una condena, ni de la culpabilidad”, sino “solamente de que se va a resolver la situación de esta persona, que para nosotros merecía definirse en debate en esa instancia, nada más”.

Por otra parte, en su resolución el juez hizo lugar al sobreseimiento definitivo de Juan Pedro Guarino (19), quien también estaba imputado como “partícipe necesario” del homicidio, en línea con la solicitud realizada en ese sentido por Zamboni, con la que coincidió la querella.

Además, Mancinelli rechazó los planteos de la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, para que se dictara la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal.

El letrado había planteado el lunes último que la acusación presentaba una “imprecisa e insuficiente descripción de los hechos” y era “francamente deficiente para describir las conductas delictivas que pretende imputar”.

Mientras que el juez rechazó también el pedido del abogado para que cesara la prisión preventiva de los jóvenes que siguen detenidos.

De este modo, los nueves rugbiers que siguen imputados deberán enfrentar un juicio oral con un tribunal colegiado en el Departamento Judicial de Dolores, luego de que los propios acusados rechazaron la posibilidad de que el proceso se realice con la modalidad de un jurado popular.

Los acusados renunciaron a ser juzgados por un tribunal ciudadano porque consideraron que no era posible conformar un jurado que no estuviera condicionado, debido a “la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios, que “dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio”.

En el juicio oral se debatirán además las responsabilidades penales de los nueve rugbiers por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él la madrugada del ataque frente al boliche “Le Brique”, en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de Gesell.

Tras la elevación a juicio, la defensa de los rugbiers tendrá un plazo de cinco días para apelar la medida ante la Cámara de Dolores.

El juez Nicolás Falkenberg admitió la acusación de fiscalía y querella y ordenó la apertura de la causa a juicio contra el ex presidente de Colón, Germán Lerche, tres miembros de su comisión directiva y el síndico.

Más de cien testigos fueron aceptados por la Justicia para ser citados a declarar en lo que será el juicio oral y público contra el ex presidente del Club Colón, Germán Lerche, tres miembros de su comisión directiva y el síndico, quienes están acusados por la administración fraudulenta de la entidad deportiva del barrio Centenario durante el período 2006 a 2013.

El juez Nicolás Falkenberg admitió parcialmente este lunes 27 de julio la acusación presentada en octubre del año pasado por la fiscal Mariela Jiménez, mediante la cual se solicita penas de 6 años de prisión para Germán Eduardo Lerche por el delito de “administración fraudulenta” en carácter de coautor; 4 años para tres miembros de su comisión directiva: Marcelo Eduardo Maglianesi (secretario general), Carlos Alberto Marín (tesorero) y Rubén Osvaldo Moncagata (vice presidente); y 5 años de prisión como coautor de la administración fraudulenta y autor por el delito de estafa para el síndico Osvaldo Pradolini.

La resolución notificada a las partes esta semana, fue el producto de dos jornadas de audiencia preliminar los días 21 y 22 de julio, en la que la Justicia puso punto final a la etapa intermedia del proceso penal iniciado a fines de 2013 cuando se radicó la primera denuncia en sede fiscal. Entre los puntos salientes del nuevo decisorio, el juez admitió el grueso de la prueba ofrecida por la fiscal Jiménez y la querella, a cargo del abogado Ricardo Calvo Arrazola. No obstante, Falkenberg rechazó la acusación en cuanto a la utilización de los servicios de secretaria personal y privada contratada por el club. Y sobreseyó a los cinco por el uso de teléfonos celulares que pagaba el club; y por haber librado cheques sin fondos. En especial, en el caso de Moncagata, se lo sobreseyó además por el alquiler de un departamento de calle Suipacha al 2900.

Por lo demás, el juez consideró admitida “la totalidad de la prueba ofrecida por las partes” a excepción de los puntos antes mencionados. También rechazó la solicitud de suspensión de juicio a prueba intentada por los abogados Néstor Oroño (por Marín) y Matías Spadaro -del Servicio Publico- (por Moncagata). Éste último había propuesto un resarcimiento en concepto de daños de $ 80.000, pagaderos en cuatro cuotas de $ 20.000. Además, el juez definió que el juicio deberá estar a cargo de un tribunal pluripersonal, es decir de tres jueces.

La maniobra

En su requisitoria de acusación, la fiscalía le atribuyó a Lerche y sus dirigentes haber “perjudicado” los interés del club Colón, así como su “administración y cuidado de bienes”. Se sospecha que habrían actuado con ánimo de lucro personal o para terceros, haciendo un “uso abusivo de poderes en sus cargos” durante el período comprendido entre 2006 a 2013.

En cuanto al ex síndico Pradolini, se lo responsabiliza por haber incumplido “deliberadamente con la fiscalización, control y verificación contable, patrimonial y financiera, que se le confiara”, desde diciembre de 2010 hasta el 2013 inclusive. La pieza judicial narra el rol que desempeñó Pradolini como tesorero del Comité Organizador -sede Santa Fe- de la Copa América 2011, en cuanto a los gastos operativos de organización sin justificación. También por haber violado sus funciones de control cuando se pagó con plata del club “gastos personales de traslado y hospedaje a Curitiva, Brasil, el 26 de enero de 2013”; así como vuelos en avión del plantel donde subían dirigentes y familiares.

Si bien existe un detalle minucioso por cada maniobra ilegal atribuida, la investigación apunta al uso de teléfonos celulares y tarjetas de crédito pagados por el club -más de medio millón de pesos-; la falta de rendiciones de cuenta de gastos por viajes de directivos y representantes de jugadores; el pago del alquiler de un departamento en Puerto Madero -alquilado por 1.300 dólares mensuales-; los alojamientos de directivos, representantes y otras personas en el Hotel de Campo Colón; el descuento de cheques a tasas mayores a las de mercado por montos que perjudicaron considerablemente a la institución; y la emisión de 496 cheques a sabiendas de que no existían fondos, entre otros.

Como dato destacado, sale a la luz el caso de la compra de un microscopio, en julio de 2012 por el que se pagaron $ 87.000 que salieron de las arcas del club, cuando en realidad debía hacerlo Lerche, junto con Ariel Garcé, Maglianessi y Muga, en el marco de una probation por la causa judicial por “por robo y daño agravado” por la rotura y desaparición de la Virgen del estadio Brigadier López.

Muchos testigos

El caso surgió el 18 de noviembre de 2013, a raíz de la denuncia radicada por quien entonces era síndico del club ante la Fiscalía N° 3 del Poder Judicial. El 25 de marzo de 2014 se formuló “requerimiento positivo de instrucción” a los fines de investigar la posible comisión de delitos por parte del presidente Lerche, solicitando a su vez una serie de medidas probatorias, las cuales fueron proveídas por el juez de Instrucción Darío Sánchez. Una de las más importantes fue la presentación de resultados de la pericial contable, el 22 de septiembre de 2016, a cargo del perito contador Germán Pérez, de la Corte Suprema.

Para lo que será el juicio oral, fiscalía y querella ofrecieron 77 testigos, más la testimonial del perito contable, entre los que cuentan ex empleados del club, representantes de diversas entidades bancarias, miembros de la comisión investigadora conformada con posterioridad a la salida de Lerche y funcionarios de distintos estamentos del Estado que beneficiaron o trabajaron con la institución de barrio Centenario. Por su parte, la defensa de Lerche ofreció 22 testigos, la mayoría de ellos de concepto, entre los que destaca Nery Pumpido, Cherquis Bialo y el ex presidente de la Liga Santafesina, Carlos Lanzaro. Moncagata por su parte pidió que citen a 9 testigos; y Maglianesi y Pradolini otros tres, varios de los cuales se repiten.

Desmanejo

“Es claro que si no rindieron cuenta el dinero es apropiado para sí” sostuvo la acusación que responsabiliza a los directivos por la quiebra a la que llevaron la institución. Para el juez Falkenberg, “la no rendición de cuentas sistemática al recibir sumas de dineros, evidencia un desmanejo económico, que mal puede ser llamado una ‘desprolijidad’”.