Cristian Ernesto Jesús Mathern, de 60 años, de profesión abogado, oriundo de Paraná, reconoció en un juicio abreviado que se realizó este miércoles 15 de noviembre, que le solicitó el pago de 150.000 pesos a un empleado de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para desviar –en su carácter de jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DPV– hacia otras personas, las posibles responsabilidades que pudieran surgir del sumario que se sustanciaba en contra del empleado.

En la audiencia que se realizó ante la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, el fiscal, Gonzalo Badano, y el defensor, Miguel Ángel Cullen, que fue subrogado por su colega, Daniel Rosatelli, presentaron el acuerdo al que arribaron con el consentimiento del imputado, consistente en el cumplimiento de la pena de dos años de prisión condicional, inhabilitación especial por dos años, multa de 300.000 pesos, y solicitaron que lo homologue.

Mathern fue procesado por el delito de Concusión en calidad de autor, calificación y rol para los que prestó consentimiento, al mismo tiempo que lo hizo para con el monto de la pena; y aceptó cumplir normas de conductas por el plazo de la condena. Según “palabras textuales del denunciante”, el letrado le ofreció el trato para “cerrar el expediente y no molestarlo por otros procesos que puedan llegar a existir”.

El abogado reconoció que “el 24 de noviembre y 6 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, en la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, ubicada en avenida Ramírez y Vicente López y Planes de Paraná, el jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, doctor Cristian Mathern, se reunió con GDP, quien prestaba funciones de coordinador general en la Dirección de Obras por Administración de la DPV, y le solicitó la suma de 150.000 pesos a fin de cerrar el sumario en su contra y desviar la investigación, que tramita en el expediente…”.

La imputación sostiene que “posteriormente, el 12 de diciembre de 2022, en horario de la mañana, Mathern y Pereyra se reunieron en la estación de servicio YPF de calle Carbó y Alsina de la ciudad de Paraná, y luego se trasladaron ambos en el automóvil de Pereyra, Ford K, oportunidad en la que Mathern le solicitó la entrega de la suma de 100.000 pesos con la misma finalidad”. También se acusó que “el 16 de diciembre de 2022, luego de reiterados llamados por parte de Mathern, se reunieron nuevamente en la vereda de la DPV, momento en que Mathern insistió en relación al pago para cerrar el sumario, como también le solicitó a Pereyra que borre los mensajes que le había enviado en relación al asunto”.

En la Investigación Penal Preparatoria (IPP), se expuso “un pronunciado desequilibrio de los elementos positivos por sobre los negativos, dando por satisfechas, con el grado de certeza que requiere toda resolución condenatoria, tanto la materialidad o existencia del injusto como la intervención de Mathern en calidad de autor”.

Así, se sostuvo que “la materialidad ilícita como así también la participación del imputado en el hecho, se encuentran debidamente acreditadas a partir de la evidencia recabada en la investigación”. Entre la evidencia se consideró la denuncia que realizó GDP en la Unidad de Atención Primaria de Paraná, donde ratificó la denuncia y se descargó evidencia digital que resguardaba en su teléfono personal, donde tenía una filmación del encuentro con Mathern en la estación de servicios. Asimismo, se agregó la filmación que, desde otra perspectiva, realizó el hermano del denunciante, que estaba al tanto de la situación que atravesaba su hermano.

También fue determinante la pericia que se le realizó a los celulares de ambos. En este sentido, se mencionó las que permitieron reconstruir, a través del GPS, el recorrido que realizó el denunciante los días 6, 12 y 16 de diciembre de 2022, en que mantuvo el contacto con el acusado. También exhibió que el 16 de diciembre de 2022, entre las 9.50 y las 14.17, Mathern llamó al denunciante “un total de nueve veces”, lo que es “coincidente con lo relatado en la denuncia”.

El cantante de trap Kaleb Di Masi aceptó esta tarde ser condenado a tres años de prisión en suspenso por haber chocado el lunes pasado con una motocicleta, darse a la fuga y, a los pocos metros, impactar nuevamente con un automóvil en el que viajaba un hombre con su familia, en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron fuentes judiciales.

A partir de este acuerdo de avenimiento -que funciona como un juicio abreviado pero en una instancia previa del proceso-, Caleb Nahuel Di Masi, nombre original del joven de 23 años, recuperó la libertad, aunque deberá cumplir con una serie de reglas de conductas.Según las fuentes, la condena se acordó en una audiencia del propio imputado ante el fiscal José Guerrero, en la sede de la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia, ubicada en la avenida Cabildo 3067 del barrio de Núñez.

El músico, defendido por el abogado particular Roberto Castillo, aceptó recibir una pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación para conducir cualquier vehículo automotor por cuatro años y el decomiso de su Audi TT.

A su vez, se le impusieron reglas de conducta que implican la realización de trabajos comunitarios, cursos de responsabilidad vial y de uso indebido de estupefacientes.Las fuentes señalaron que la querella que representa a la familia que viajaba en el Toyota Etios colisionado por el trapero no pusieron reparos en el acuerdo, que ahora deberá ser homologado por un juez.

La condena es por las lesiones culposas ocasionadas por conducción imprudente de un vehículo automotor, de carácter grave y leve en perjuicio del padre e hijo que iban en el Etios, y las lesiones culposas de carácter leve respecto del conductor de la moto, encontrándose, además, bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

A su vez, estos hechos concurren de manera real con el delito de abandono de persona en perjuicio del motociclista.

El episodio

Todo ocurrió el lunes pasado por la noche, cuando Di Masi viajaba junto a dos amigos de 18 y 19 años y al llegar al cruce de Núñez y Ceretti, el Audi TT que manejaba embistió una moto, cuyo conductor quedó herido, tras lo cual el músico aceleró y escapó a alta velocidad.Pero a 200 metros, en la esquina de Núñez y Altolaguirre, Di Masi volvió a protagonizar otro choque, esta vez contra un Toyota Etios en el que iban hombre con su esposa y dos chicos, detallaron los informantes.

Rápidamente se hicieron presentes médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad, ya que el conductor del Toyota había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras el impacto.

Finalmente, el hombre de 43 años y uno de sus hijos, de 10 años, fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta y Pirovano, respectivamente, con politraumatismos, pero sin riesgo de vida, añadieron las fuentes. 

En tanto, el conductor de la motocicleta también fue asistido por una ambulancia, pero no registró heridas de consideración, indicaron las fuentes.

En el interior del vehículo que conducía el cantante Kaleb Di Masi, tal como se presenta en sus redes sociales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad hallaron dos cigarrillos de una sustancia que es presumiblemente marihuana, dos pastillas y un envoltorio que contendría clorohidrato de cocaína.

Mientras que al trapero se le realizó el narcotest, que le dio positivo en consumo de marihuana y negativo en alcohol, añadieron los voceros.

Los pesquisas indicaron que el Audi TT está registrado a nombre de otra persona y que el cantante no tenía registro de conducir ni la documentación del vehículo.

En ese sentido, las fuentes precisaron que el músico tenía el registro de conducir vencido desde 2021.

La decisión de la Agencia de Seguridad Vial

Por su parte, la ANSV dispuso la inhabilitación para conducir a Di Masi, al considerar que las acciones que realizó fueron un "combo de violencia al volante".

El 10 de abril de este año, el músico protagonizó otro accidente de tránsito, en ese caso en la Autopista del Oeste, donde chocó a un patrullero cuando conducía su vehículo, un Chevrolet Camaro color negro.

El Audi TT en el que se movilizaba el trapero esta vez registra 10 infracciones por exceso de velocidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por un total de 177.537 pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires el vehículo posee una multa de 43.515 pesos, también por alta velocidad.

Kaleb Di Masi es un cantante de trap que posee más de 870 mil seguidores en la red social Instagram, donde en una publicación de hace 81 semanas posteó una foto con el Audi TT involucrado en el hecho con la leyenda: "Les presento a mi nuevo bebé".

Por Juliano Salierno

“Ante los ojos de Dios soy inocente. Quiero salir a trabajar y estar con mi familia”. Palabras más, palabras menos, fue el mensaje que Franco Maximiliano Rojas llevó a tribunales de Santa Fe esta semana, para reclamar por su libertad y que completó con la frase “Que Dios los bendiga”, esperando un guiño de la Justicia de los hombres.

Desafortunadamente para él, sus plegarias fueron desoídas por la jueza en lo penal, Susana Luna, que tras escuchar a su defensa y a la fiscalía, concluyó que el pedido no resulta oportuno ni viable en esta instancia del proceso.

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Sucede que Rojas se encuentra privado de la libertad desde mediados de agosto de 2022, cuando le atribuyeron el robo a una vivienda de la ciudad de Santo Tomé, en coautoría con un joven de 18 años que dos meses atrás aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado.

No obstante, el reo insistió en su inocencia argumentando que se lo vinculó con el hecho por “problemas con mi cuñado y mi hermano”, pero no supo qué decir cuando la fiscal Rosana Peresín le enrostró que fue señalado por su nombre por la víctima y un testigo del robo, que lo vieron saltando el tapial de la casa e internarse con su cómplice en el barrio Las Vegas. “Tiene una cruz tatuada en la cara”, señaló sin vueltas el testigo.

La misma cruz que este martes sobresalía de entre una colección de tatuajes que Rojas lleva grabados en distintas partes del cuerpo y que se pudieron apreciar durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva.

La primera en introducir el caso fue la abogada Betina Dongo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), quien explicó a la jueza que “es un pedido expreso de Rojas que considera que es su derecho pedir la libertad transcurridos los 90 días de ordenada la preventiva”.

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Recordó que la medida cautelar de encierro fue dispuesta por un juez de primera instancia el 21 de agosto de este año, en función de un robo ocurrido dos semanas antes en Santo Tomé. Además, propuso se imponga la libertad bajo alternativas y ofreció algunas medidas para cautelar el proceso, como la fijación de domicilio, la designación de una guardadora y una prohibición de contacto con la víctima y de acercamiento al lugar del hecho.

Como respuesta, la fiscal Peresín recordó que “tiene antecedentes condenatorios y está acusado por robo, calificado por escalamiento y efracción” en una causa por la cual su cómplice ya fue condenado en un juicio abreviado. Además, indicó que “se está preparando la acusación” para llevarlo a juicio lo antes posible, por lo que la instigación no tuvo tiempos muertos desde su inicio.

“El mero transcurso del tiempo no es un elemento que opere automáticamente” para conceder la libertad, dijo la jueza Luna, antes de rechazar el pedido de cese de la prisión de Rojas.

El robo por el cual se lo acusa ocurrió la tarde del 6 de agosto de 2022. Junto con Eduardo Edgar Duarte (18), ingresaron a la vivienda de calle Balcarce al 3600 de Santo Tomé, saltando un tapial del fondo y violentando dos pasadores de hierro de una puerta trasera.

Del inmueble se llevaron dos bolsas llenas de efectos personales de las víctimas, entre los que se detallaron tres pares de zapatillas, un par de borcegos, equipos deportivos, una plancha para el pelo, un colchón inflable, una garrafa de 10 kilos, una billetera de mujer, dos cargadores de celulares y $ 20.000.

Fue el dueño de casa quien advirtió la presencia de Rojas saltando el tapial junto a otro sujeto que también identificaba y brindó los datos a la policía. Al momento de explicar por qué los conocía, el damnificado dijo que los dos solían pasar a pedir en la panadería en la que trabaja y que ambos viven en el barrio Las Vegas.

El menor de los acusados, Eduardo Edgard Duarte, fue condenado a tres años de prisión en suspenso el 1° de septiembre pasado. La sentencia fue dispuesta por el juez Luis Octavio Silva, en base a un acuerdo de juicio abreviado suscripto entre la fiscal Rosana Peresín y la defensa del Dr. Agustín Tallarico, que solicitó la libertad para su pupilo.

Duarte fue declarado coautor del delito de robo calificado por escalamiento y efracción y para otorgarle la libertad se le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir mientras dure la condena. Someterse al cuidado de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Penitenciaria, una prohibición de acercamiento de 500 metros con el lugar del hecho y prohibición de todo tipo de contacto y por cualquier medio con la víctima y con su grupo familiar, entre otras.

Por Juliano Salierno

La familia Caraballo se hizo conocida en Santa Fe y todo el país, a mediados de 2020, cuando una patrulla de Gendarmería Nacional quiso llevarse al carpincho “Pancho”, la mascota de la casa que llevaba 5 años paseándose por el barrio San Martín, como si fuese un perro. Pancho fue una de las noticias virales de ese año y su historia recaló en los principales medios del país. Su muerte, presuntamente envenenado hacia fines del mismo 2020, no tuvo la misma trascendencia y menos aún lo ocurrido un año después, cuando en diciembre de 2021 el dueño de casa y varias veces entrevistado por el animalito, quedó detenido como integrante de un clan barrial dedicado a la venta de drogas.

La ANMAT prohibió una “miel con carpincho” considerada ilegal

Este lunes, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Juan Eduardo Caraballo (46) a la pena de 1 años de prisión y multa de $ 2.000 por el delito de “tenencia simple de estupefacientes”. La misma pena recibió su hermana Noelia Gisel Caraballo (36), en un juicio abreviado alcanzado entre los imputados, sus abogados defensores -Agustín Tomás Márquez, Carlos Telleldín y Claudio Torres del Sel- y la fiscal auxiliar Jimena Caula.

La sentencia ordenada por el juez Luciano Lauría, tiene como principal responsable a Francisco Fabián Caraballo (45), a quien se le impuso la pena más alta -4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas, equivalente a unos $ 600.000-, como autor del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Además de los tres hermanos Caraballo, merecieron condenas la esposa y uno de los hijos de Francisco Fabián Caraballo. Se trata de Rosalía de los Ángeles Amaro (41) y Mauro Francisco Caraballo (22). Madre e hijo fueron condenados a 2 años de prisión como partícipes secundarios de la tenencia de estupefacientes para la venta.

La investigación por tráfico de estupefacientes comenzó el 6 de agosto de 2021 a partir de las tareas de inteligencia desplegadas por la Agencia de Investigación Criminal de la policía provincial y fue luego delegada al fiscal Federal Nº 1, Gustavo Onel. Si bien en un principio se mencionaba un domicilio de la calle Aguado al 9800, la labor se ramificó hacia casi una decena de viviendas que fueron allanadas el 14 de diciembre de 2021.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron 414 gramos de marihuana y 188,70 gramos de cocaína, la mayor parte fraccionado para la venta al menudeo. También se incautaron máquinas para contar billetes, dinero en moneda nacional y extranjera y teléfonos celulares, computadoras y dispositivos DVR. Y se produjeron las detenciones de la mayoría de los sindicados.

El clan familiar fue procesado, con confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la causa fue elevada a juicio el 7 de junio pasado. Actualmente existe un sólo prófugo en dicho expediente, por lo cual el fiscal Onel pidió que se inicien actuaciones por separado hasta dar con la captura de Mariano Bruno A.

Mar del Plata: detuvieron a un joven de 22 años por robar un carpincho

Este 17 de noviembre estaba prevista la realización de un juicio oral, pero tanto imputados, defensas y fiscalía acordar terminar el conflicto por la vía del abreviado, cuya sentencia se conoció este lunes 28 e noviembre, a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

En los considerandos del fallo surge que uno de los allanamientos donde se halló parte de la droga era la casa de calle Hermanos Madeo al 7300, donde fue detenido Juan Caraballo, otrora entrevistado y protector del extinto carpincho “Pancho”.

Tras días de escándalo y tensión en Colón por la detención de dos dirigentes y nueve barrabravas a los que aquéllos habrían beneficiado de diversas formas, ambas autoridades de la institución rojinegra lograron acordar con Fiscalía la realización de  juicios abreviados, que tuvieron lugar esta tarde. Horacio Darrás fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional y por cinco años no podrá ni ser dirigente ni asistir a espectáculos deportivos. El resto de las penas en la nota.

En esta instancia judicial se definió para Horacio Darrás vicepresidente tercero una condena de dos años y seis meses de prisión condicional, con inhabilitación por el termino de cinco años para asistir a espectáculos deportivos y ser dirigente. La calificación legal es por facilitamiento a la creación de grupos que cometían delitos en el marco de espectáculos deportivos y encubrimiento.

Imputaron a dirigentes y barras de Colón por amenazas a jugadores

También se contempló que deberá pagar una multa de 700.000 pesos.

Barrabravas de Colón interrumpieron el entrenamiento e increparon a los jugadores

En tanto para Lucas Paniagua se dictó una pena de un año y medio de cumplimiento condicional y se lo inhabilitó a formar parte de cualquier dirigencia futbolística y concurrir a espectáculos deportivos por tres años. Además deberá pagar una multa por 100.000 pesos.

Los delitos atribuidos a los dos dirigentes fueron cometidos de forma continua desde, al menos, octubre del año pasado y hasta el lunes de esta semana. Facilitaron a Los de Siempre y la oficial La Negrada. dando recursos de dinero, indumentaria y carnet de socios.

A Nano Leiva se le pagaba 150 mil pesos. Con Banfield ingresaron las personas cercanas a Leiva dónde se produjeron enfrentamientos con personal policial

“En función de sus cargos, los dos dirigentes facilitaron la formación y mantenimiento de grupos destinados a cometer delitos, lo cual está penado por la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184”, planteó el MPA. “Quien tiene el cargo de vocal mantuvo comunicación y trato directo permanente con los líderes de Los de Siempre y de La Negrada, relación que era conocida y aprobada por quien es Vicepresidente Tercero del club”, se agregó en la audiencia.

La Fiscalía sostuvo que “los dos dirigentes imputados proveyeron de indumentaria deportiva oficial del club para su reventa; carnet de socios y entradas para los miembros de las facciones y entradas para la reventa previa a los partidos”. En tal sentido, se indicó que “de esta manera, las autoridades de la institución investigadas pusieron a disposición medios económicos que permitieron la formación, mantenimiento y financiamiento de actividades delictivas”.

En la audiencia también se indicó que “al líder de Los de Siempre se le pagaban periódicamente 150 mil pesos en concepto de ‘sueldo’ sin que hubiere contraprestación alguna”.

Los dos dirigentes del club imputados también son investigados por el delito de encubrimiento. En los dos casos fue por su accionar a raíz de las citaciones a declarar que hizo la Fiscalía a víctimas y testigos de las amenazas sufridas por el plantel profesional de fútbol de Colón el martes de la semana pasada en el predio “4 de Junio”.

“El vicepresidente tercero le indicó al manager del fútbol profesional de la institución que debía concurrir a declarar, pero que de ninguna manera podía identificar a las personas que habían estado presentes y que tampoco podía dar cuenta de haber escuchado amenazas”, sostuvo la Fiscalía. “Además, el dirigente hizo hincapié en que, puntualmente, no se mencione al líder de Los de Siempre”, se agregó.

Por su parte, el vocal de la comisión directiva que fue imputado “se comunicó telefónicamente con el otro líder de Los de Siempre, quien está detenido en el establecimiento penitenciario de Coronda”.

Según expuso la Fiscalía, “en ese contacto, el detenido le dijo al dirigente que hable con los jugadores y personas citadas a declarar y les manifieste que si no identificaban a los presentes en el ‘apriete’ a los jugadores, Los de Siempre los dejarían tranquilos. También se le planteó que si los citados a declarar sí identificaba a los autores de las amenazas, Los de Siempre se encargarían de tirar bombas en cada uno de los partidos para que Colón no juegue más de local. Asimismo, le dijo que sabían donde viven las familias de los jugadores y a qué escuelas van sus hijos”.

Finalmente, según relató la Fiscalía en la audiencia, “se contactó con el capitán del plantel profesional de fútbol con el objetivo de ayudar a los autores de las amenazas coactivas”.

Cabe destacar que las audiencias de medidas cautelares contra los nueve barrabravas

Un jefe policial que participó en la pesquisa por el crimen de María Marta García Belsunce en el country Carmel de Pilar en octubre del 2002 aseguró este martes que, de acuerdo a los elementos recolectados en la investigación del caso, el vecino Nicolás Pachelo “fue el autor del homicidio” de la socióloga, y dijo que si bien la primera hipótesis apuntaba “al entorno familiar”, con la incorporación de pruebas, “eso se fue descartando porque aparece en escena” el ahora imputado.

Se trata del comisario mayor, actualmente retirado, Alejandro Elorz, quien aseguró que participó en las primeras diligencias que se realizaron en la casa de la víctima, y dijo que “según los elementos recolectados y todo lo ocurrido con posterioridad de este evento, todo hace presumir que el señor Pachelo fue el autor del homicidio”.

Elorz, quien trabajaba bajo las órdenes del comisario general retirado Ángel Reinado Beserra que declaró ayer, fue el primer testigo de la nueva jornada del tercer juicio por el crimen de María Marta y su testimonio apuntó de manera directa contra Pachelo, el vecino del Carmel que está siendo juzgado junto a los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45).

Declaran los testigos en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce

“La primera hipótesis que se dio era la del entorno familiar, lo cual a poco de transitar se fue descartando porque aparece en escena el señor Pachelo”

El comisario mayor retirado realizó un pormenorizado relato de las primeras diligencias realizadas en la casa de María Marta, en el levantamiento de muestras hemáticas y en la recolección del famoso “pituto” (que fue la sexta bala que la familia arrojó por el inodoro), y cuestionó al entonces fiscal del caso, Diego Molina Pico, al asegurar que “la policía fue solapadamente corrida”.

“Teníamos elementos para ahondar en la investigación sobre Pachelo. Había hablado con Molina Pico, pero fue una investigación unidireccionada. Nosotros no participamos de la investigación, fue de la Procuración”, explicó.

Para el jefe policial, la familia de la víctima “no tenía nada que ocultar” y por eso decidió no cremar el cadáver, a pesar de que en los primeros días, cuando aún se creía que María Marta había muerto en un accidente doméstico, pudo haberlo hecho.

“La primera hipótesis que se dio era la del entorno familiar, lo cual a poco de transitar se fue descartando porque aparece en escena el señor Pachelo”, dijo Elorz, quien agregó que “hubo más de un elemento que lo vinculaba” con el crimen.

“Del relevamiento surge el nombre de Nicolás Pachelo. Empieza a surgir puntualmente que a Pachelo se lo sindicaba como autor del robo de una mascota de García Belsunce, que después de esa sustracción (la víctima) comenzó a recibir una serie de llamados en los que le pedían una suma de dinero para recuperar a su mascota. De hecho, María Marta había mencionado que la voz era similar a la de Pachelo”, dijo.

El testigo, además, mencionó como evidencia contra el imputado “los robos de unos palos de golf en una casa vecina”, otros asaltos en “el Torturas Country Club donde había habitado anteriormente Pachelo”, el robo “de una moto” cuando el imputado “era adolescente” y “un incidente donde prende fuego a un hermano”.

Confirman el juicio contra Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce

“Aprovechando el estado de indefensión del primer disparo, la ejecuta de otros cinco balazos. Luego mete la mitad de cuerpo en la bañera para simular un accidente. En mi opinión, el desenlace del homicidio se produce en el baño”

Finalmente, respecto a los últimos minutos de vida de la víctima, Eloz resaltó ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 que, a su criterio, el homicida encuentra a María Marta “en el baño y le dispara”.

“Aprovechando el estado de indefensión del primer disparo, la ejecuta de otros cinco balazos. Luego mete la mitad de cuerpo en la bañera para simular un accidente. En mi opinión, el desenlace del homicidio se produce en el baño”, dijo.

María Marta fue ejecutada a balazos en su casa del country Carmel, de Pilar el 27 de octubre del 2002, y para los fiscales el robo fue el móvil del crimen.

Por primera vez en la historia de la causa, en este juicio Carrascosa (77) actúa como particular damnificado tras casi 20 años en los que fue imputado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio, estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad y ser absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema en 2020.

Son momentos decisivos para Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, que fue brutalmente agredido por dos personas a la salida de un boliche, en Rosario. Tras dos operaciones, por fractura de mandíbula y una fisura en la boca, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmarán un juicio abreviado. El mismo tendrá lugar en una audiencia este miércoles a las 15 horas.

Luego de que los jóvenes, de 26 y 27 años, reconocieran su culpabilidad, se llegó a un entendimiento que concluirá con una pena de tres años de prisión condicional. Es decir, que ambos atacantes quedarán en libertad bajo reglas de conducta.

Los agresores, que actualmente se encuentran cumpliendo prisión preventiva por el plazo de 90 días bajo los cargos de ‘lesiones dolosas graves’, no podrán ir a boliches, ni consumir alcohol, ni cometer delitos y tampoco tendrán permiso de acercarse a Tiziano Gravier por los próximos cuatro años.

En caso contrario de que no respetaran los detalles de este acuerdo, firmado en el juicio abreviado, el mismo ya no tendrá validez y deberán cumplir prisión efectiva.

“Nos pareció muy lógico llegar a un acuerdo con el juicio abreviado donde reconocieron el delito y aceptaron la pena máxima para ese delito. De esa manera, la justicia cierra el caso y ojalá pudieran actuar en todos los casos como han hecho en este”, aseguró Alejandro Gravier, el padre del joven, a Infobae. “Hay que insistir para tener seguridad para todos”, agregó.

De esta manera, a un mes del brutal ataque, Tiziano Gravier podrá cerrar uno de los momentos más dramáticos de su vida. El joven de 20 años habló con este medio y relató cómo fue el duro momento: “Nunca había estado en una pelea, y mucho menos en una situación como esta”.

El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier busca dar vuelta la página y empezar a recuperar su vida. Volvió a la facultad, donde cursa la carrera de Negocios Digitales, asistió con su familia a la gala de una conocida revista y ya proyecta su regreso a la actividad deportiva.

Tiziano Gravier habló tras la agresión que sufrió en Rosario

“Al principio tenía la boca cerrada con gomas y entonces prácticamente no podía ni hablar y comía todo líquido, con un sorbete. Hace un par de días me sacaron las gomas, por eso ahora estoy hablando mejor. Todavía no puedo masticar ni comer nada sólido, entonces estoy comiendo toda comida blanda y comida triturada. Pero ya me estoy sintiendo bastante mejor, sigo con un poco de malestar, pero por lo menos no tengo tanto dolor en la boca”, afirma el joven.

Sabe que lo más importante es no hacer ninguna actividad que tenga impacto, ya que tiene tres placas de titanio que se acoplan a lo que es el hueso, y están sanando las fracturas y la fisura.

Pero más allá del dolor y la angustiante situación, Tiziano Gravier piensa en lo que viene, la pretemporada de esquí alpino que tendrá lugar en el sur de Argentina. “Mi objetivo es participar del Mundial en el invierno europeo y seguir subiendo en el ranking”, asegura el joven que representa al país en la selección nacional de dicho deporte.

Deberá pagar una multa y no podrá acercarse a la víctima por el plazo de dos años. Se resolvió en un juicio abreviado.

Un hombre de la localidad de Catriel fue condenado pagar $2.500 y a no acercarse durante dos años a una mujer de su familia por haberle enviado al teléfono celular sin consentimiento la imagen de su pene, informó hoy la justicia de Río Negro.

Según la acusación, “el hombre le envió por la aplicación Messenger una foto de su pene mientras estaba recostado en la cama”.

La justicia detalló que la damnificada conocía al hombre por pertenecer al entorno familiar, recibió ese chat de forma sorpresiva y optó por hacer la denuncia en la Comisaría de la Familia de Catriel, en la que indicó que no consintió el envío de esa imagen. El Ministerio Público Fiscal promovió el proceso penal por el delito de exhibiciones obscenas.

“La prohibición de acercamiento también incluye cualquier tipo de contacto por redes sociales u otra plataforma”, se aclaró.

El artículo 129 del Código Penal establece que será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.

En ese contexto, la fiscalía ofreció la realización de un juicio abreviado, que la defensa pública aceptó, durante el cual el imputado admitió su responsabilidad en el hecho.

Desde la justicia se homologó el acuerdo y se dictó la sentencia “pagar una multa de 2.500 pesos con la imposición de pautas de conducta por el plazo de dos años”, como fijar domicilio y mantenerlo, no cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes, ni abusar de bebidas alcohólicas y presentarse en forma trimestral ante el Juzgado de Paz de Catriel para dar cuenta de su situación social y laboral.

La justicia rionegrina aclaró que “el imputado no contaba con antecedentes penales” e informó que el juicio abreviado “es una modalidad de juzgamiento que permite llegar a una condena mediante un acuerdo entre el acusado, la defensa, el fiscal y la víctima”.

Así lo dispuso el juez Gustavo Urdiales en el marco de un juicio abreviado que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial

Un hombre de 55 años tendrá que purgar una pena de 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hija en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispuso el juez Gustavo Urdiales, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

Oscar Horacio Zanabria fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el vínculo y por la convivencia) y de promoción a la corrupción de menores calificada (por la edad de la víctima, el vínculo y la convivencia).

La investigación fue llevada adelante por la fiscal Alejandra Del Río Ayala, quien remarcó que el abusador “se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de su hija, quien desde que era muy pequeña sufrió violencia sexual por parte de otro integrante de la familia”. Y en tal sentido, explicó que “Zanabria sabía que su cuñado, Alejandro Javier Vallejo, ya había abusado a la víctima y fue condenado por esos ilícitos”.

Asimismo, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación destacó que “los hechos que investigamos ocurrieron entre enero de 2015 y el mismo mes de 2020, con la excepción de un período en el que la hija del condenado estuvo institucionalizada”. Al respecto, mencionó que “la víctima tiene una discapacidad mental y cursó la escuela secundaria mientras su padre la agredía sexualmente”.

Del Río Ayala, puntualizó que “en reiteradas ocasiones (el condenado) llevó a cabo su accionar delictivo en dos viviendas en las que convivió con su grupo familiar”, para luego subrayar que “los ataques sucedieron en un contexto de total indefensión por parte de la adolescente, quien era sometida con golpes y maltratos diarios”.

Aseveró, además, que “dadas sus características, los abusos tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la víctima”, y aclaró que “el condenado reconoció haber perpetrado los ilícitos con conciencia de las consecuencias negativas que podía generar su conducta”.

Del Río Ayala, aclaró que “además de la pena a 11 años de prisión, el tribunal ordenó la realización de exámenes genéticos que permitirán la posterior inscripción del hombre de 55 años en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual”.

También señaló que “la defensa expresó estar de acuerdo con la calificación penal de los hechos ilícitos, la pena impuesta y el procedimiento abreviado escogido para el juicio”. Y en la misma línea indicó que “la víctima -quien ya es mayor de edad y no comparte apellido con su padre-, fue notificada y brindó su conformidad con lo resuelto”.

Una pareja fue condenada por la Justicia a seis meses de prisión en suspenso, luego de arrastrar a un perro con una cadena atada a su cuello desde una motocicleta en la que ellos se trasladaban.

Por el hecho ocurrido en Santiago del Estero, durante la medianoche del 11 de enero, los acusados Sergio Andrés Farías y Nancy Graciela Torres, admitieron su culpa y aceptaron un juicio abreviado en el que fueron sentenciados, sujeto a estrictas medidas de comportamiento, por los cargos de “Malos tratos y actos de crueldad animal”, según consignó “El Liberal”.

La grave situación de maltrato animal fue denunciada minutos después de que ocurrió, en la Seccional 8ª. La vecina denunciante señaló que circulaba por Av. Colón de sur a norte a bordo de un automóvil, y al llegar a calle Lavalle observaron que en sentido este a oeste una pareja (describió su vestimenta), en un motovehículo tipo 110 cc. de color negro con dominio colocado A122ZCC, llevaba arrastrando por el pavimento a un perro de color negro, atado en su cuello con una cadena.

La denunciante señaló que trataron de darles alcance, aunque inmediatamente vecinos de la zona los lograron interceptar, y tras forcejear con ellos, rescataron al animal. En tanto, los acusados se dieron a la fuga.

El perro fue llevado a una veterinaria, donde se descubrió que tenía una herida en el cuello de vieja data, pero aumentada por la cadena con la que fue arrastrado, también fiebre por esa infección, las patitas lastimadas y mucha hambre, ya que se devoró toda la comida, cuando le acercaron un recipiente con granitos.

El animal, al que no le pusieron nombre, se encuentra en recuperación actualmente en la casa de la proteccionista que lo rescató y pronto tendrá un nuevo hogar, porque ya fue dado en adopción a una familia, que lo bautizará.

Mientras la Policía y la Fiscalía hicieron las averiguaciones para identificar a los imputados, Farías se presentó en la Comisaría 8ª y quedó detenido, ya que pesaba sobre él una orden de detención. Mientras que Torres, gozó de prisión domiciliaria por tener a su cargo a menores de edad.

El viernes se concretó el juicio abreviado acordado entre la defensa de ambos y el fiscal Martín Silva, por el cargo de “Malos tratos y actos de crueldad animal”. Ambos admitieron su culpa y el juez de Control y Garantías resolvió homologar dicho acuerdo, condenando a ambos a 6 meses de prisión en suspenso y estrictas medidas de comportamiento.