El juez Maximiliano Savarino, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, declaró la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y manifestó que la jueza Julieta Makintach "género múltiples discusiones en los cuartos intermedios y con los testigos y abogados".

El juez Savarino afirmó que el juicio "no corresponde que se reanude" con la magistrada Verónica Di Tomasso y el titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

"Los suscriptos no podemos asumir nuevamente el debate porque escuchamos a 40 testigos y una imputada", señaló.

"La única responsable es la jueza apartada", dijo Savarino, a la vez que indicó: "Es una decisión ingrata".

Por su parte, la jueza Verónica Di Tomasso recurrió a una frase de Maradona para asegurar que el Poder Judicial no tiene la culpa de la nulidad: "La Justicia no se mancha".

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió apartar a la jueza Julieta Makintach del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. 

La decisión fue tomada luego de que saliera a la luz su presunta participación en un documental vinculado al proceso judicial, lo cual generó una fuerte controversia.

De acuerdo con información obtenida por Noticias Argentinas, la magistrada aceptó su apartamiento tras recibir el pedido formal de recusación por parte del tribunal. 

La solicitud se sustentó en la existencia de material audiovisual —como el tráiler y el guion del documental— que la muestran colaborando activamente en la producción, incluso dentro del edificio de los Tribunales de San Isidro y antes del inicio del juicio oral. 

Una publicación compartida de Noticias Argentinas (@naagenciaok)

Según los jueces, estas acciones comprometían la objetividad requerida para continuar en el caso.

La jueza Julieta Makintach ingresando a los Tribunales de San Isidro.Se reanudaron las audiencias por la muerte de Diago Maradona y la jueza Julieta Makintach aseguró: "Yo no me voy a apartar, no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece”.

Frente a los abogados, imputados y familiares de Maradona, Makintach sostuvo que la investigación "virulenta" sobre la producción "no encontró hechos" que la comprometan. Sostuvo que su intención es "acercar a la Justicia a la gente".

“Buenos días a todos. Solicité al presidente del tribunal la palabra porque les había anticipado al cierre de la jornada anterior que, ante la existencia de esta denuncia, yo iba a ver de qué se trataba y ver si había serias valederas y serias para que yo me apartara de este debate”, comenzó diciendo Makintach.

"No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevante, del cual yo pueda darle alguna explicación. No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, sostuvo este martes pasadas las 11.

“No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad esté en juego. Me es importante decir, no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar”, dijo.

Las declaraciones de la magistrada tienen lugar luego de la polémica por la difusión de videos que la tienen como protagonista de una supuesta producción documental, sin autorización de las partes.

“Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia. Ese material era crudo y era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto e ilícito?“, argumentó.

"Las imágenes del primer día eran transmitidas al mundo por YouTube", se defendió la magistrada. Apuntó contra la prensa al señalar que sufrió "un escarnio mediático" y dijo que padeció "acoso" en sus redes sociales. "No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, sostuvo.

Los juecesPor su parte el presidente del Tribunal Maximiliano Savarino tomó la palabra después del descargo de la jueza y afirmó: "No está en mis valores autorizar una cámara oculta”. “Yo no autoricé ninguna filmación, no sabía que había una grabación oculta”, agregó.

“Nosotros con la doctora Verónica Di Tommaso fuimos filmados por una cámara oculta el primer día ingresando al tribunal. Escuché falsedades de mí y de la doctora como que sabíamos del documental por una cámara oculta. La doctora Di Tommaso y yo, Maximiliano Savarino, no tenemos nada que ver con la filmación documental que circula en todos los medios de comunicación”, afirmó.

“No voy a permitir que nadie me denuncie falsamente. Al TOC Nº3 de San Isidro no entró nadie a filmar, no había nadie ahí. La doctora Makintach está en el tribunal Nº2, no nos cruzamos. Yo no conozco a la señora que se presenta como amiga íntima de Makintach. Yo comparto con ella en esta causa, pero no en el día a día. No sé qué tenía un hermano como ella no conoce a mis amigos de la infancia”, agregó.

A su turno la jueza Verónica Di Tommaso, titular del Tribunal Oral en la Criminal Nº3 de San Isidro, aseguró: “Yo no sabía que nos estaban filmando. Solo dos personas sabían: el que grababa y el que autorizaba. Y no fuimos ni Savarino ni yo”.

El fiscal“Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza”, dijo el fiscal Patricio Ferrari y agregó “volvió a mentirnos a todos en la cara”.

La Fiscalía mostró el nombre, el guion del documental que tenía como protagonista a la jueza,  ya tenía nombre, un guion y un trailler de un minuto. Se iba a llamar “Justicia Divina”. Según los documentos que presentó la fiscalía iba a contar con seis capítulos de media hora cada uno y iba a estar traducido en varios idiomas.

Ferrari mostró el material hallado durante los allanamientos realizados en el marco de la causa que investiga a Makintach. “El documental mientras reconstruye la muerte de Maradona y ciertos hitos de su vida, también contará episodios personales de la jueza”, sostuvo el fiscal.

"Cuando me preguntaron si estaba interesada en hacer un documental, me pareció raro, pero este juicio merecía que el poder judicial rindiera cuentas de su trabajo. Nosotros podemos darle las explicaciones de cómo la Justicia resuelve. Es un servicio público”, se la ve decir  la jueza en la grabación.

Gianinna Maradona se puso a llorar y dijo al verlo:  “Esto es muy fuerte”.

"Evidentemente esto no era solo una entrevista", ironizó el fiscal.

El abogado de Dalma y Gianinna, Fernando Burlando, pidió al presidente del Tribunal que decida sobre el futuro del juicio ."Hay que contemplar y decidir. Es un escándalo y no lo podemos permitir", resaltó.

La jueza Julieta Makintach, envuelta en el escándalo del supuesto documental basado en el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, publicó fotos íntimas en su cuenta de Instagram.

La integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, quien sufrió un duro revés tras ser suspendida por tiempo indeterminado en la Universidad Austral, posteó imágenes subidas de tono en sus redes sociales.

En las imágenes se observa a la magistrada en bikini disfrutando del verano en una playa de la Costa Atlántica y muy sonriente ante la lente de la cámara.

Casada y madre de dos hijos, Makintach podría ser recusada del debate oral o, en su defecto, presentar la renuncia tal como expuso la semana pasada: “Si es necesario, yo misma me aparto de este proceso”.

Este martes se realizará una nueva audiencia para tratar la posible suspensión del proceso penal que investiga la presunta responsabilidad del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Quién es Julieta Makintach, la jueza que puso en duda la continuidad del juicio de Maradona

En los videos mostrados en el programa se la ve a la magistrada presentándose ante cámara mientras se la ve mirando con cuidado su postura y expresión. La mujer es, según ella misma asegura, magíster en derecho penal, profesora en la Universidad Austral. Está casada y es madre de dos hijos, una de 14 y otro de 10.

Los periodistas del programa revelaron que el camarógrafo involucrado declaró que le pidieron filmar exclusivamente a la jueza. El testimonio de este técnico, de apellido Huarte, fue contundente: “El documental me dijeron que era sobre la jueza, no sobre el juicio. Por eso la fuimos a filmar a su despacho”, declaró. Y agregó que la propia jueza había asignado el lugar desde donde se lograría “el mejor tiro de cámara”.

“¿Cómo podés estar, si estás pendiente de esa camarita, si estás pensando en cómo te lookeás, cómo te ponés el pelo...?”, cuestionó con dureza Valeria Sampedro. La indignación crece también porque la magistrada no es una figura improvisada: es hija de un reconocido juez de San Isidro y posee una larga trayectoria judicial.

Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió suspender por una semana el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La resolución fue tomada a pedido del fiscal Patricio Ferrari, en el marco de una investigación que involucra a una de las magistradas, Julieta Makintach, acusada de haber autorizado a una productora audiovisual a grabar el juicio sin el consentimiento de las partes.

El expediente que originó esta decisión se tramita en la UFI N°1 de San Isidro y fue iniciado por una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, quienes representan a Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda. En ella, se solicita esclarecer si hubo negociaciones con productoras para registrar el debate judicial, algo que podría violar principios fundamentales del proceso penal.

Durante la audiencia en la que se trató el tema, el fiscal Ferrari habló de “gravedad institucional” y señaló que “lo sucedido en la última jornada compromete el prestigio del Poder Judicial”. El pedido de suspensión fue acompañado por casi todas las querellas y varios abogados defensores.

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando el abogado Julio Rivas, defensor de Leopoldo Luque, recusó a la jueza Makintach por considerar que su accionar comprometía la imparcialidad del tribunal. A su vez, la propia magistrada, visiblemente afectada, tomó la palabra y aseguró: “Estoy convencida de mi imparcialidad. Voy a dar las explicaciones del caso. Si hay algo que está en peligro, quizás sea yo la que me aparte”.

La medida implica la cancelación de una sola audiencia y no los diez días que originalmente había solicitado la fiscalía. El presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, instruyó a las partes a presentarse nuevamente el próximo martes 27 de mayo, con la obligación de que los siete acusados estén presentes.

En caso de que la recusación prospere y Makintach sea apartada, se abre la posibilidad de que el juicio deba reiniciarse desde cero con nuevos jueces, lo que dejaría sin efecto todas las actuaciones realizadas hasta el momento.

El pasado 3 de enero, una escena de violencia conmocionó un tribunal en Las Vegas cuando Deobra Redden, de 31 años, saltó sobre el banco de la jueza Mary Kay Holthus y la atacó físicamente. El incidente, que fue captado en video, mostró a Redden lanzándose sobre el escritorio, derribándola de su asiento contra una pared, mientras le agarraba el cabello y tiraba una bandera estadounidense en el proceso. A pesar de la brutalidad del ataque, Holthus, de 62 años, sufrió algunas lesiones y no requirió hospitalización, tal y como reportó The Associated Press (AP).

La historia del “delincuente volador” tuvo un desenlace el martes 10 de diciembre, cuando un tribunal le ordenó cumplir entre 26 y 65 años en una prisión de Nevada por este ataque, de acuerdo con información del medio local KLAS-TV.

La sentencia fue emitida en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, donde Holthus había testificado previamente, expresando que temió por su vida durante el incidente en el que Redden saltó sobre su banco de 1.2 metros de altura para aterrizar sobre ella.

En septiembre, Redden se declaró culpable de intento de asesinato y otros cargos relacionados con el ataque, pero también se dijo enfermo mental.

Según su abogado defensor, Carl Arnold, Redden no estaba tomando su medicación prescrita para tratar su esquizofrenia diagnosticada durante el momento del ataque.

El litigante enfatizó que las declaraciones de su cliente reflejaban “el equilibrio entre aceptar la responsabilidad por un incidente lamentable y reconocer el impacto de la enfermedad mental no tratada del Sr. Redden en ese momento”.

“No fue solo una represalia o un ataque al juez Holthus. También fue un ataque al poder judicial”, dijo la jueza del Tribunal de Distrito Susan Johnson.

Redden, por su parte, afirmó no ser “una mala persona” o un “tipo malvado” instantes antes de que fuera sentenciado.

“No estoy poniendo excusas por mis acciones, pero estoy diciendo que no soy una mala persona y sé que no tenía la intención de matar a Mary Kay Holthus, sé que me preocupaba su bienestar”, declaró el ahora condenado, según reportó la televisora local KLAS-TV.

El ataque ocurrió justo antes de que la jueza Holthus dictara sentencia contra Redden en un caso separado de agresión grave. La naturaleza inesperada y violenta del acto resalta la vulnerabilidad del personal judicial en situaciones de alto estrés dentro de los tribunales.

La sentencia impuesta asegura que Redden no será elegible para libertad condicional hasta después de 2050, según informes de KLAS-TV.

Holthus, si bien no habló durante la audiencia de sentencia, emitió una declaración que fue leída por los fiscales. En ella aseguró que el acusado “tomó la decisión consciente” de matarla e “hizo todo lo posible para lograrlo”.

“Si pudiera, se enfrentaría a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato”, concluyó Holthus.

¿Por qué fue condenado Deobra Redden?

En enero de este año, AP reportó que, tras el ataque, Redden fue encarcelado bajo una fianza de 54.000 dólares, al mismo tiempo, se le negó volver a la corte, reprogramando su próxima comparecencia para el 9 de enero.

Además de los 13 cargos, entre los que destacaban algunos por extorsión, y coerción con fuerza, se le sumaron otros siete en relación a agresión a una persona protegida, refiriéndose a la jueza y oficiales que acudieron en su ayuda.

Richard Scow, fiscal jefe del distrito del condado, quien en aquel entonces procesaba a Redden, declaró en entrevista para AP a principios de año que todo “sucedió tan rápido” que era “difícil saber qué hacer”.

Mientras que Steve Wolfson, fiscal de distrito del condado de Clark, aseguró a principios de año que el historial criminal de Redden estaba manchado por delitos violentos, por lo que debería permanecer sin derecho a fianza al considerarlo como “un peligro extremo para la comunidad y un riesgo de fuga”.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo llevó a cabo una audiencia el pasado 19 de julio de 2024, en la cual escuchó las declaraciones de Carlos Pérez, un exmarino, y su esposa, María Victoria Caillava, quien fue funcionaria municipal en 9 de Julio. Ambos están bajo acusación por el presunto delito de “sustracción y ocultamiento” del pequeño Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido desde el 13 de junio en Corrientes.

Durante la audiencia, que se realizó a través de una videollamada desde Salta, donde ambos se encuentran detenidos, Pérez afirmó que él y su esposa están siendo señalados injustamente debido a “una tremenda mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado” y defendió su inocencia en relación con el caso. Por su parte, Caillava sugirió que las acusaciones contra ellos podrían haber surgido por la intensa presión mediática que rodea el caso.

Pérez comentó: “En una ocasión subí a Joaquín, el hijo de Antonio Benítez, quien estuvo con Loan todo el día, a nuestra camioneta, y mi esposa también transportó a tres de los hermanos de Loan. Creo que esto pudo haber causado confusión sobre la presencia de Loan en el vehículo.” Luego, agregó: “Es muy poco probable que Loan haya estado en el auto. Les aseguro que Loan no estuvo ni en la camioneta ni en el automóvil. La camioneta podría haber estado contaminada por los hermanos que sí estaban allí.”

Pérez también explicó: “No sabíamos que había un niño desaparecido. Pensamos que la tía de Loan iba a ir a buscarlo, por lo que tomamos un camino rural. En ningún momento lavamos la camioneta.” Además, expresó sus dudas sobre Benítez: “Me sorprendió ver a Benítez regresar sin camiseta y corriendo sudado. Lo vi deambular sin interactuar con nadie. Me dio la impresión de que no estaba actuando de manera normal.”

En cuanto a María Victoria Caillava, ella afirmó: “Escuché que los medios comenzaron a involucrarnos en la situación y le expresé a mi esposo mi preocupación de que los vehículos estuvieran en el galpón abierto. Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero eso no es verdad. Mi esposo llamó al comisario para pedir seguridad porque yo estaba asustada.”

Caillava también reflexionó: “Cometí el error de sugerirle a mi esposo que dejáramos nuestros vehículos tal cual en la comisaría. Siento que los pusimos en una situación complicada.”

En su defensa, Caillava declaró: “Laudelina me hizo creer que Loan vendría, no que estaba perdido. De lo contrario, no habría ido a ver un partido. No atropellamos a nadie ni tuvimos a Loan en nuestra camioneta o auto. Creo que ella está cubriendo a su marido, que es el único con antecedentes, y no entiendo por qué me acusan a mí. Me sorprendió que buscaran fruta tan lejos cuando había una casa de la abuela cerca.”

Con sus declaraciones, ambos acusados intentaron desmentir cualquier implicación en una posible red de trata de personas y reafirmaron su inocencia frente a las acusaciones.

La jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, María Eugenia Capuchetti, ha decidido procesar hoy a Ginés González García, ex ministro de Salud durante la presidencia de Alberto Fernández, sin dictar prisión preventiva, en el marco del caso relacionado con el vacunatorio VIP establecido durante la pandemia de COVID-19.

En la resolución emitida en el día de hoy, la magistrada ha determinado que el ex funcionario es "coautor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y peculado". En consecuencia, Capuchetti ha impuesto un embargo sobre los bienes de González García por un monto de 130 millones de pesos.

Además de González García, la resolución también incluye el procesamiento de otros individuos involucrados en el escándalo. Los procesados son Alejandro Salvador Costa, Marcelo Ariel Guille, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo, y Graciela Beatriz Torales.

El origen de esta causa se remonta a 2021, cuando, en el contexto de la pandemia de COVID-19, surgió una controversia en torno a un vacunatorio paralelo que operaba en el Ministerio de Salud bajo la gestión de González García. La investigación se centró en el funcionamiento de esta estructura clandestina de vacunación.

El fallo de la jueza Capuchetti establece que González García está acusado de "haber de manera ilegítima ordenado, ejecutado o consentido una infracción a los deberes inherentes a su cargo" al trasladar, el 18 de febrero de 2021, un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas al Ministerio de Salud con diez dosis de la vacuna contra el COVID-19 destinadas a dicho hospital, para vacunar indebidamente a las siguientes personas: Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian, y Félix Eulogio Guille.

La jueza también argumentó que, en esa fecha, ninguno de los individuos que recibieron la vacuna cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, promulgada por González García el 30 de diciembre de 2020, que complementa la Ley 27.491 sobre "Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación". Según esta normativa, los vacunados no formaban parte de las categorías de "Personal de Salud" o "Personal Estratégico" que eran elegibles para recibir la vacuna en ese momento.

La jueza Norma Abate de Mazzucchelli presentó la renuncia en su cargo como presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de esa provincia y también fue suspendida como vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Por entonces magistrada, había denunciada por una comerciante en La Rioja de pedirle $8 millones para agilizar el expediente de una sucesión.

En un video, que fue emitido el miércoles por Canal 13, la jueza le preguntó directamente a la denunciante, Manuela Saavedra, "¿Cuánto creés que podés (pagar)?, ¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados". Tras ser abordada por una de las periodistas que hizo el informe, la magistrada negó todo. "Desconozco eso", se defendió.

"Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho", expresó Abate de Mazzucchelli a la denunciante tras anotar un número 8, como sugerencia para una hipotética suma de dinero en millones, según expresó Saavedra.

La jueza también es presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja. También es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Todo se originó a partir de una sucesión familiar sin testamento, que tiene como herederos a todos los sobrinos de Arias, entre los que se encuentra Saavedra y una hermana del hombre.

Saavedra es dueña de una librería en La Rioja, que heredó de su familia y ella es la administradora judicial de esa sucesión, en un proceso que lleva ya cuatro años y que su avance fue muy lento "por diversos motivos".

"Hace bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos porque los necesitaba para cumplir con los gastos de sucesión y siempre había un motivo por el cual no me entregaban esos fondos", explicó Saavedra a Canal 13.

Según dijo Saavedra, la jueza Abate de Mazucchelli le pidió explicaciones por la demora en un primer encuentro. "Me dijo que ella lo conocía a mi tío y que iba a hacer como una excepción o favor por conocerlo y que me iba a ayudar para sacarlo rápidamente", explicó.

En otra instancia del video de la cámara oculta, la magistrada se quejó por su salario. "A nosotros nos pagan un sueldo de mierda, no llegamos al millón de pesos. ¿Cómo creés que se puede vivir con eso?”, le dice a la denunciante, que reveló que cuando se retiraba de ese encuentro recibió un sugestivo "no te olvides de mí".

La denunciante también dijo que la jueza fue a visitarla posteriormente a su librería. "Me apartó y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema y podíamos empezar con los oficios, pero que eso tenía un costo, porque era mucho trabajo", detalló.

Al siguiente día, siempre según Saavedra, Abate de Mazucchelli le envió una mujer que dijo trabajar con ella y afirmó que estaban listos todos los escritos para ser retirados y hacer los oficios. Cuando la denunciante vuelve a visitar a la jueza, la presunta buena voluntad se transformó en un aparente interés económico.

"¿Ocho millones me va a cobrar usted? Yo no puedo pagar eso". Y tachó el 8 y escribió un 5. "¿Usted quiere 5 millones? Pero es un montón, doctora", explicó la denunciante en la nota.

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, pidió públicamente su separación del cargo e investigación del caso. Además, se espera que la Legislatura provincial se reúna para debatir su destitución. La jueza Mazzuccelli lleva más de 30 años dentro del sistema judicial y es considerada una figura clave en el ámbito del Poder Judicial.

Rosana Andrea Pérez intentó a través de un escrito falsificado, levantar la prohibición de ingresar al Penal de Chimbas para poder ver a su esposo, quien estaba preso por problemas de violencia doméstica. 

El documento, elaborado de manera burda, pretendía dar a entender que la jueza de familia Marisa Valdez levantaba la prohibición.

En el escrito, Pérez afirmaba haber firmado un formulario de negatividad de la medida de prohibición de acercamiento en el 4° Juzgado. Sin embargo, la falsificación resultó tan evidente que ni siquiera logró pasar el primer filtro de los funcionarios de la cárcel.

A pesar de que inicialmente quedó bajo sospecha por el uso de un documento falso, la torpeza en la elaboración del mismo finalmente jugó a su favor. 

El fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, consideró que la falsificación "carecía de aptitud para provocar un engaño en los funcionarios públicos". Por esta razón, solicitó al juez Matías Parrón que Pérez fuera desligada con un sobreseimiento, ya que su acción no constituyó un delito.

Este tipo de situaciones, según fuentes en Tribunales, se resuelven con sobreseimientos para evitar el desgaste de recursos materiales y humanos en casos que no provocan perjuicio, como en este caso contra la fe pública.

La jueza que fue atacada recibe el nombre de Mary Kay Holthus, y en el video se puede ver la forma en la que adelantaba la audiencia y el recinto permanecía en total silencio, cuando de un momento a otro un ruido alertó a la mujer.

Aquel ruido pertenecía a un hombre que se paró de su silla y corrió para saltar el escritorio y atacar a la jueza Mary Kay. El impulso que llevaba el hombre ocasionó que ambos cayeran al piso.

El forcejeo de la seguridad del lugar con el implicado se extendió por varios segundos, pero la ira del hombre era tanta que incluso fue difícil que tres hombres detuvieran su deseo de atacar a la jueza.

Como resultado del hecho se conoció que la jueza no recibió heridas de gravedad, pero uno de los alguaciles del recinto resultó herido por el actuar del agresor.

Ahora, en cuanto a las razones, se conoció que el agresor, que recibe el nombre de Deobra Redden, estaba pidiendo su libertad condicional tras haberse sometido a tratamiento de salud mental, pero la jueza negó la petición.

“Se lo agradezco, pero creo que es hora de que pruebe otra cosa porque solo no puedo con ese historial”, manifestó la mujer.

Producto de esto fue que el hombre enardecido decidió atacarla. Por el momento no se ha dado la decisión final del caso, pero es seguro que la sentencia del hombre empeorará por haber agredido a la jueza.

No obstante, el video ya es viral en redes sociales y recibe muchas críticas, teniendo en cuenta que la seguridad del lugar no actuó de manera correcta y que el implicado ni siquiera poseía esposas.

El Poder Judicial de La Pampa absolvió a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores, Elisa Catán, en relación al caso del asesinato del niño Lucio Dupuy. Ambas funcionarias fueron acusadas de "mal desempeño" por conceder la custodia a la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, ambas condenadas a prisión perpetua por el crimen del niño.

La sentencia fue dictada por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia, junto con las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio. Por unanimidad, concluyeron que las funcionarias no fueron responsables del posterior asesinato del menor y ordenaron su reincorporación inmediata a sus funciones.

El veredicto se anunció en la Legislatura de la provincia, con la presencia de Ballester y su abogado, mientras que Catán no asistió, alegando problemas familiares. Sus defensas estuvieron presentes en la audiencia.

El análisis sobre la actuación de Pérez Ballester y Catán se centró en dos expedientes: el de la tutela que otorgó la custodia a la madre y el del cuidado personal del niño.

La votación del Jury fue 4 a 1 a favor de la absolución, con la legisladora María Silvia Larreta votando en minoría por la destitución de ambas funcionarias.

Durante el juicio, el procurador subrogante, Guillermo Sancho, acusó a las funcionarias de no citar al padre y de no informar el acuerdo a la autoridad de aplicación administrativa ante la posible vulneración de los derechos del niño. También imputó a Catán por consentir el archivo del expediente de cuidado del pequeño.

Pérez Ballester entregó la tutela de Lucio a su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, en julio de 2019, después de un estudio socio-ambiental que demostró la idoneidad de la tía para cuidar al niño. La entrega se hizo de común acuerdo con la progenitora.

En el juicio, se argumentó que no se escuchó al niño Lucio sobre quedar bajo el cuidado de su madre. Respecto a la tramitación del cuidado personal, Pérez Ballester homologó un nuevo acuerdo entre Hidalgo y Espósito Valenti en noviembre de 2020 para dejar sin efecto la tutela, devolviendo la tenencia a la madre. Un año después, el niño fue asesinado, y Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua.

El procurador general subrogante de La Pampa pidió hoy que una jueza de Familia y una asesora que le otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, el niño asesinado en 2021 en La Pampa por su madre y la pareja de ésta, actualmente con prisión perpetua, sean condenadas por mal desempeño en sus funciones, en un alegato en el que destacó que el niño no fue escuchado y que presentaba indicadores de violencia y abuso sexual infantil.

El pedido fue formulado ante el jury por el fiscal general Guillermo Sancho para las dos acusadas, Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1; y Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2, ambos organismos de General Pico.

Las dos son juzgadas por su labor en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio, asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigail Páez.

Sancho acusó a las dos funcionarias por mal desempeño, según el artículo 22 de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y se remitió a los incisos 2) y 3) que se refieren al “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” y de “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

Sancho acusó a las dos funcionarias de no haber escuchado a Lucio cuando ya tenía 4 años cuando existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío y al respecto el fiscal dijo: “Fue una falta grave, más aún en el contexto en que se dio la homologación del acuerdo. En forma verbal, gestual o por dibujos el niño se pudo comunicar”, agregó.

Incluso remarcó que el artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación, referido al cuidado personal, indica que “se debe tener en cuenta la opinión del niño y el mantenimiento de su centro de vida. Y, en este caso, más allá de que no hubo controversia y se homologó de común acuerdo, se incumplió con ese artículo ya que debió escuchárselo porque se estaba cambiando su centro de vida”.

Incluso recordó que, posteriormente, a Lucio se le hizo una pericia, a través de una producción gráfica, cuya conclusión fue que “se registraron signos de indicadores de situaciones de violencia y abuso sexual infantil a través de figuras representativas del entorno familiar próximo”.

Sancho aclaró que esa pericia no se hizo en el momento en que actuaron las funcionarias, pero acotó: “Solo quiero marcar que el niño pudo expresarse a través de sus dibujos”.

La audiencia de hoy se inició, tal como estaba previsto, con un careo entre Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, y su abogada, Adriana Alizia Mascaró, en el que cada uno sostuvo su versión en torno al punto de discusión.

El abuelo de Lucio contrató en su momento a Mascaró para asesorar a la tía política del niño, Leticia Hidalgo, cuando firmó el acuerdo de cuidado personal en favor de Espósito Valenti.

Según declaró el abuelo, a Mascaró le mostraron "un montón de pruebas, fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian” (Dupuy, padre del nene) y que la abogada dijo que pese a todo eso la jueza había manifestado que el nene iba a estar mejor con la mamá.

En cambio, la abogada declaró que “jamás” le entregaron todo eso, que si hubiese sido así no hubiera firmado el acuerdo y solo recibió una foto donde la mamá le había hecho a Lucio “un corte de pelo raro” que no era para sospechar sobre una situación de riesgo.

En el momento más tenso del careo, que duró unos nueve minutos, el abuelo de Lucio exclamó: "Ah… ¿nosotros somos los asesinos de Lucio? ¡Ustedes tienen la culpa! Vos y ellas dos (señalando a la jueza Pérez Ballester y a la asesora Catán). Lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día".

Por las defensas intervienen el abogado particular Pablo Rodríguez Salto (por Pérez Ballester) y la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz (por Catán).

El tribunal de enjuiciamiento está conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del cuerpo y del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.

El jury comenzó el martes pasado y entre los primeros testigos declaró el padre de la víctima, quien aseguró que que a él "jamás" lo citaron en ninguno de los dos expedientes por el cuidado personal de su hijo y que "nunca" imaginó que el nene era maltratado porque, sino, "hubiera hecho algo" al respecto.

Tras los alegatos, el jury pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, que se dará a conocer el veredicto.ucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y Páez.

El niño fue visto vivo por última vez a las 17.32 y entre esa hora y las 19.40 fue golpeado brutalmente, por lo que a las 21.30 fue llevado primero a un centro asistencial del barrio y luego al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal de juicio al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, ambas participaron de la golpiza mortal al nene, quien recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez, el cual le provocó lesiones internas y un edema cerebral. 

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio y le agregó a la primera de ellas, el delito de abuso sexual.

Continuará mañana martes el jury de enjuiciamiento contra la jueza de familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán, por el presunto mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021.

Por el homicidio, fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Durante esta jornada, se realizará un careo entre Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio, y su abogada Adriana Mascaró. El punto es que Dupuy señaló en audiencia que entregó en su momento documentación, “un montón de pruebas, fotos donde ellas (la madre del niño y su pareja) hacían cosas delante de Lucio, plantas de marihuana en macetas, chats agresivos con Christian, todo eso no sirvió de nada” y que “esas pruebas Mascaró se las llevó a Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.

Lo curioso es que ello fue desmentido por la propia abogada. En el expediente, tampoco consta ese material. Ya la defensora de Catán, Carolina Díaz, había pedido que se le dé vista del testimonio del abuelo a la fiscalía de turno por considerar que pudo existir un falso testimonio.

Finalmente, se harán los alegatos de las partes, después de haberse agotado la ronda de más de 30 testigos que pasaron por el recinto de la Legislatura provincial.  

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut destituyó a la jueza en lo penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suarez, después de que fuera filmada besando a un peligroso delincuente, Cristian Bustos, a quien asesinó a su hijo de 9 meses y mató un policía que intentó capturarlo mientras estaba prófugo. La jueza lo juzgó por el último crimen.

La destitución se basó en mal desempeño, considerando que el acto comprometió la imparcialidad de la jueza y cuestionó su conducta ética. El beso ocurrió en la cárcel de Trelew y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La votación para la destitución fue llevada a cabo por el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez, la diputada provincial Claudia Williams y el abogado Miguel Ángel Barletta, quienes votaron a favor. En contra estuvieron la legisladora Selva Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora.

La jueza Suarez había juzgado a Bustos por el asesinato del policía Leandro Roberts en 2009, cuando intentaba arrestarlo por el crimen de su propio hijo.

El descargo de la jueza

En una entrevista televisisva, la jueza dio su versión sobre lo que pasó: “No he tenido relación sentimental ni relación con él. Mi vínculo nada más ha sido en el ámbito laboral”.

Luego comentó que está trabajando en un libro de investigación sobre el “hecho criminal y la vida que rodea a esta persona”.

Sobre el beso dijo: “Nosotros no teníamos la privacidad suficiente como para poder conversar sobre el libro y algunas circunstancias que me tenía que comentar con la autorización de su defensora. Fue esa la idea: que me empiece a contar cosas relacionadas con los hechos en los que se vio involucrado”.

Suarez siguió su relato: “Como pueden ver en las imágenes, yo tenía que estar si o si enchufada la computadora en el lugar, había una ventana, pasaba personal policial. No sabíamos si las cámaras grababan voz, teníamos que tener ese acercamiento para poder hablar”. Luego la periodista le preguntó si hubo beso y la mujer contestó: “No hay un beso de pareja, saludos con abrazos y besos, él me dio”.  

Un Jurado de Enjuiciamiento suspendió este martes por presunto "mal desempeño de sus funciones" a la jueza y a la asesora que intervinieron en el expediente sobre el cuidado del niño Lucio Dupuy, ya que avalaron darle la tenencia a su madre, quien, junto a su pareja, lo asesinó el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. 

La medida, a la que se arribó por unanimidad, recayó sobre la magistrada Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Alejandra Catán, quienes habían sido denunciadas ante el Jury por el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino.

Recordemos que Magdalena Esposito Valenti y su pareja, Abigail Paez,  fueron condenadas a prisión perpetua por el aberrante crimen de Lucio, que tenía cinco años.

Pérez Ballester, hoy de 40 años, tiene un historial más extenso como abogada particular que como funcionaria del Estado. Según los registros laborales que consultó este medio, entre 2005 y 2007, cuando sólo tenía 20 años, trabajó en el estudio jurídico Mazzinghi en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Luego se desempeñó en otro bufete, ubicado en el centro porteño desde 2012 a 2013. Llegó a La Pampa en 2017.

Su padre también es juez. Se llama Alejandro Pérez Ballester y se desempeña como camarista civil. Cuenta sobre sus espaldas con una amplia trayectoria judicial que se inició como secretario de un juzgado civil. Es, en definitiva, un reconocido hombre judicial de La Pampa que, cuando el nombre de su hija se volvió público, tomó un rol activo defendiéndola de las críticas que recibió en redes sociales por el tema de la tenencia de Lucio.

Por medio de una resolución que lleva la firma del fiscal general Juan Carlos Carola, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) recomendó a los ministerios de Educación y de Salud que se investiguen eventuales responsabilidades de once empleados públicos en torno al caso Lucio.

A su vez, la FIA dictó una serie de recomendaciones en diversos ámbitos de la administración provincial con el objeto de prevenir y erradicar el maltrato infantil en La Pampa. Las mismas están dirigidas a las autoridades para que tomen medidas especiales en la Policía provincial y en los ministerios anteriormente mencionados.

Estas sugerencias fueron elaboradas a partir de informes informes técnicos sobre el accionar de las áreas de educación y salud que intervinieron en el caso, los cuales fueron realizados por especialistas, como la licenciada en Ciencias de la Educación Liliana Maltz e integrantes de la Sociedad Argentina de Pediatría. 

El jury de enjuiciamiento de La Pampa inició el proceso para investigar por posible mal desempeño en su cargo a la jueza de familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la custodia del pequeño Lucio Dupuy a su mamá y la novia, quienes terminaron matándolo en 2021.

El crimen cometido el 26 de noviembre de 2021 por Valentina Espósito Valenti, la madre, y la pareja, Abigail Páez, fueron condenados a prisión perpetua por homicidio tristemente agravado, además de hechos de abuso sexual.

La confirmación de la condena se dio a conocer hace pocas horas por parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Ahora las sospechas están sobre la jueza de familia que había otorgado la guarda del niño a su mamá pese a las advertencias hechas por la familia del padre, quienes aseguraron que le bloqueaba el contacto a éste con el menor.

Esa decisión de la jueza fue en 2020 y el crimen cometido un año después. Si bien la familia paterna avaló esa resolución lo hizo porque la madre les hacía constantemente denuncias y conflictos por la pelea en la tenencia del niño de cinco años.

Pero el jury determinará si la jueza realizó alguna medida de prueba antes de tomar la decisión como ser el informe socio ambiental y si luego hubo un seguimiento de esa tenencia a la madre del menor, quien luego lo terminó matando.

Ahora ese cuerpo determinará si la jueza obró mal o no, y en caso de tomar la decisión más drástica podría comprender su destitución.

A Lucio, de cinco años, las dos mujeres lo mataron el 26 de noviembre de 2021, en la vivienda familiar que los tres compartían, al aplicarle una paliza.

Ante la Justicia, las acusadas justificaron que delincuentes ingresaron al domicilio a robar, pero gracias a los testimonios recogidos y al trabajo del perito forense Juan Carlos Toulouse, rápidamente se descubrió que los golpes venían de muchos días atrás.

La víctima sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte.

Además, y de acuerdo con la autopsia, presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo", entre ellas, "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo".

Durante el juicio que tuvo lugar en La Pampa quedó expuesto que Lucio venía sufriendo maltratos, no sólo por lo que dijeron maestras del jardín, quienes lo vieron lastimado; sino también personal de salud a raíz que fue llevado previo al día del crimen.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó abrir investigación en contra de los funcionarios y empleados que aparecen en el video del show erótico que protagonizó la jueza Vivian Polanía, el cual tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Cúcuta (Norte de Santander) y causó controversia en las redes sociales por su lo llamativo de su contenido.

A través de un comunicado emitido en las redes sociales, la comisión pidió el martes 19 de septiembre de 2023 que se indague si con la conducta de los que aparecen en este clip se infringió la normativa que rige a los miembros de la rama, y también si con ello se llevó a cabo una inadecuada utilización de las instalaciones del edificio en el que se administra justicia en la ciudad fronteriza.

“En el video, además de la Juez de Control de Garantías Vivian Polanía Franco, se observa a varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Cúcuta”, resaltó la CNDJ en su escueta comunicación, que se conoció en su cuenta de X (Twitter) y que causó tantos comentarios a favor como en contra, debido a las explícitas imágenes, en las que se ve a la togada participando de una rutina que causó revuelo.

Con este mensaje en su cuenta de X (Twitter), la Comisión de Disciplina Judicial se pronunció sobre el escándalo del show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta, en el que participó Vivian Polanía - crédito @CNDJ_Col/X

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), José Gamboa, aseguró que se han encargado de tomar la vocería frente a quienes estuvieron presentes en la celebración, pero no directamente involucrados en el show de stripper que ha desatado la polémica. 

"Los trabajadores tiene derecho a hacer jornadas de integración dentro de las instalaciones, pero diferente es que un empleado o un funcionario las use para  situaciones que podrían ser impropias", indicó.

Según Gamboa, muchos de los jueces y otros funcionarios no tenían conocimiento que en la celebración se realizaría un show de stripper y ahora, quienes organizaron el evento serán investigados.

"He conversado con jueces que estuvieron ahí y a ellos jamás les pasó por la cabeza una situación así. El hecho de que un trabajador cometa un error, a ese es el que deben disciplinar. En vez de responder mediáticamente el Consejo de Disciplina debe tomar otras acciones", sostuvo.

Acostumbrada a dar de qué hablar por sus publicaciones en las redes sociales, en las que hace gala de su faceta más sensual, y también por algunas conductas por las que ha sido suspendida de sus funciones como impartidora de justicia, Polanía otra vez está en el “ojo del huracán” por sus actuaciones. Algo que parece ser rutinario en el ejercicio profesional de la joven abogada.

Laura Verónica Buyatti se desempeñaba en el juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela. El año pasado, le mandó audios agresivos al obrero que le pidió que le pague $300.000 pesos por un trabajo que realizó.

“Te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”. Así amenazó por audios la jueza chaqueña Laura Verónica Buyatti (51) a un albañil que le reclamaba una deuda por los trabajos que le había hecho a su exmarido. El caso provocó un gran revuelo y la Fiscalía abrió una investigación por amenazas agravadas y abuso de poder, y es por este motivo que fue destituida de su cargo como jueza de Niñez, Adolescencia y Familia.

El escándalo se desató el 21 de diciembre de 2022, según detalla la sentencia del jurado. Ese día, Buyatti llamó a Marcelo Acosta. La ex jueza estaba enojada debido a que el trabajador había amenazado con encadenarse en su casa por una deuda de unos $300.000, que Buyatti negaba. Y el hombre grabó toda la comunicación telefónica.

Luego de una investigación, Daniel Zalazar, Iride Isabe Grillo, Gloria Zalazar, Ana Kassor, Jessica Ayala, Edgardo Reguera y Carim Peche decidieron que la jueza sea removida de su cargo.

“Te mando en cana toda la feria”, “te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”, fueron algunas de las frases que la jueza chaqueña le dijo al albañil.

La jueza Laura Verónica Buyatti fue destituida de su cargo.

En el audio se escuchó decir a la jueza haciendo uso de su poder: “Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mie***. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, comenzó la conversación.

“Usted me amenazó”, le contestó Acosta. “Son cinco negros de m... que arruinan el país”, le retrucó la Buyatti. “Yo quiero que su esposo me pague”, respondió el albañil.

En ese momento, Buyatti le volvió a decir que su trabajo ya está pago y le insistió que si la seguía molestando lo iba a meter preso: “Enseguida te va a caer la cana, papi. Vos me seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana”.

Marcelo Acosta es el albañil que fue amenazado por la jueza chaqueña. 

El hombre siguió insistiendo y le aseguró que se encadenaría en su casa hasta que le pagara. Tras calificar este acto como “violación de domicilio”, la magistrada lo amenazó directamente con matarlo: “Vos te venís a encadenar a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Total, yo lo conozco al sistema, papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder”.

A pesar de que Acosta le pidió “que no la amenazara”, la jueza volvió a la carga: “Yo soy una jueza, así que conmigo atenete. Vos me nombraste, conmigo atenete a las consecuencias. No me mandes más, porque yo te mando hasta después de Año Nuevo, no, hasta después de la feria, que yo quedo de feria... ¿me escuchaste?”.

El hecho, de suma gravedad institucional, ocurrió el martes pasado en un proceso de tutela de una niña de 8 años. El Colegio de Magistrados hizo público su repudio.

Un comunicado de prensa del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe (zona norte), puso la lupa en un hecho de violencia, ocurrido dentro del ámbito de los tribunales colegiados de Familia de la capital provincial, donde familiares de una niña cuya tutela se estaba dirimiendo intentaron retener a la menor, aplicando manotazos y empujones a la jueza que lleva la causa y a su secretaria.

El episodio violento se suscitó el martes 18 de abril, en el edificio céntrico de calle Tucumán 2846, donde funcionan el Tribunal Colegiado de Familia N° 2 (María Carolina Moya, Liliana Lourdes Michelassi y Rubén Ángel Cottet) y el Colegiado Nº 3 (Marisa Mónica Malvestiti, Fabio Della Siega y Fernando Gastiazoro).

Según la información emanada de la entidad que congrega a los jueces “los graves hechos de violencia” acontecieron “en el ámbito del Tribunal Colegiado de Familia Nº 2” (…) “luego de una audiencia celebrada en una causa judicial de Tutela”.

En ese contexto “presuntos familiares de una de las partes provocaron disturbios y hechos de extrema gravedad que incluyeron agresiones físicas de las que habrían resultado víctimas una niña, una jueza, y una secretaria de dicho tribunal”, señala el órgano institucional.

En las escaleras

En cuanto al suceso, El Litoral pudo conocer que las destinatarias del ataque fueron la jueza Liliana Michelassi y su secretaria, Dra. Adriana Braga, en tanto se reserva el nombre de la niña menor de edad.

“Empujaron a la secretaria y le pegaron a la jueza que intentó proteger a una nena de 8 años”, indicaron fuentes del caso. Fue en horas de la tarde, en el momento en que familiares de la rama paterna de la menor debían ceder la tutela en favor de una media hermana por parte de madre, que la esperaba puertas adentro del edificio público.

En ese contexto la jueza Michelassi bajó las escalinatas de acceso al edificio y cuando extendió sus brazos para acompañar a la niña, comenzó a recibir “manotazos” y “empujones” de varias personas que bloqueaban el ingreso.

Testigos oculares aseguran que en el forcejeo la jueza intentó proteger a la pequeña y que fue allí cuando casi rueda por las escalinatas, de no ser por la ayuda de su secretaria, la Dra. Braga, la cual también resultó agredida.

La custodia del edificio en ese momento estaba a cargo de un personal policial, por lo que se requirió la presencia del 911 que tras su llegada desactivó el conflicto.

Por unanimidad, destituyeron al juez Rodolfo Mingarini

Repudio y solidaridad

El hecho generó enorme preocupación en los jueces de Familia que allí se desempeñan y por ello el Colegio de Magistrados se expresó públicamente a través de su página oficial www.santafemagistrados.org.ar

“El Consejo Directivo expresa su solidaridad con las personas, magistradas y funcionarias que fueran agredidas, y solicita a la Corte Suprema de Justicia arbitre los medios conducentes para la adopción de las medidas de protección que sean necesarias”, principalmente “el refuerzo de las guardias policiales en los edificios del Poder Judicial”.

El comunicado, tendiente a “garantizar la seguridad de magistrados, funcionarios, agentes judiciales en general, profesionales del derecho, demás operadores judiciales, y justiciables”, también rechaza “toda situación de violencia, y recuerda que las partes y sus profesionales podrán cuestionar cualquier decisión judicial a través de los recursos procesales correspondientes”.