Los restos del ex juez uruguayo Luis Alberto Delfino aparecieron en un auto calcinado, cerca de Felipe Cardoso, la gran planta de residuos de Montevideo. Con esa macabra escena se encontraron los vecinos de Flor de Maroñas hace casi una semana. Los restos pertenecían a un abogado y magistrado, que se había desempeñado en la órbita penal y que había sido cesado de su cargo. Tenía 63 años.

Delfino no tenía antecedentes penales, según informó el diario local El País, y su muerte es una misterio: los investigadores exploran al menos dos hipótesis sobre cuál podría haber sido el motivo del asesinato. A la familia le llama la atención que estuviera vinculado a algo extraño: no sabían que tuviera algún tipo de conflicto.

El ex juez era hijo de un reconocido abogado y se recibió en 1991. Trabajó hasta 1993 en el estudio de su padre y luego ingresó en el Poder Judicial hasta que fue cesado. Desde entonces ejerció la abogacía independiente.

La Policía y la Fiscalía están tratando de esclarecer este asesinato. La teoría principal de los investigadores es que fue asesinado en otro barrio, a kilómetros de donde apareció, y que luego fue trasladado hasta esa zona.

La investigación por su homicidio comenzó el lunes 11, cuando una persona denunció haber encontrado los huesos en el baúl de un auto. Según su declaración, había comenzado a revisar el vehículo para ver si encontraba algún objeto de valor. Como se encontró con huesos humanos, dio cuenta a la Policía.

El caso fue catalogado como muerte dudosa desde un principio. Incluso, de acuerdo con El País, una de las hipótesis fue que se trataba de material de estudios de algún alumno de la Facultad de Medicina. Sin embargo, esto quedó descargado cuando se logró saber que esa persona había muerto por un crimen: tenía un disparo en la cabeza.

La Policía intentó dar con el dueño del auto Volkswagen Gol blanco en el que estaban los restos. Una matrícula que estaba cerca de ese lugar permitió dar con el nombre de Delfino.

Las autoridades se comunicaron con él, pero no hubo respuesta. Luego llamaron a sus familiares, que aseguraron que hacía un día no sabían nada de él. Delfino no estaba denunciado como desaparecido.

De acuerdo a la información que tiene la Policía, Delfino había hablado por última vez entre el sábado y el domingo previo a ser asesinado, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Ellos no pudieron explicar qué pudo haber pasado y fue en ese momento que señalaron que no tenían información de que tuviera un problema con alguien.

Otra de las hipótesis que manejaron los investigadores fue que Delfino haya sido asesinado para ser robado. Sin embargo, esta línea quedó prácticamente descartada: no tiene sentido que el auto haya aparecido calcinado.

El cese como juez

Delfino tuvo una corta carrera en el Poder Judicial. Ingresó en el organismo en marzo de 1993 como juez de paz de Canelones y ocho meses después fue trasladado a Pando. Luego, se fue a vivir a Cerro Largo, un departamento del noreste uruguayo. En 1998 regresó al departamento de Canelones, donde estuvo durante dos años hasta su destitución, según consignó La Diaria.

La Suprema Corte de Justicia lo destituyó por “múltiples irregularidades”, de acuerdo a la resolución consignada por el medio uruguayo. Había un “descrédito” hacia él y se comprobó que aplicó un “abuso de autoridad en ejercicio de funciones”. El máximo tribunal uruguayo consideró que Delfino no estaba apto para el cargo.

La liberación de dos estafadores brasileños, el otorgamiento de bienes confiscados a policías y el uso de pasajes de regalo fueron elementos que tomó en cuenta la Suprema Corte para cesarlo.

El reconocido muralista santafesino "Cobre" fue condenado a 7 años y medio de prisión, por haber violado a su expareja. La sentencia se dio a conocer este viernes, pasado el mediodía, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El juez Lisandro Aguirre halló culpable a Andrés Iglesias, alias "Cobre" o " Niño de Cobre", por el abuso sexual con acceso carnal ocurrido el 17 de diciembre de 2022 en su casa de Villa California, en San José del Rincón.

El condenado arribó a la sala 6 junto a su abogado, Ignacio Alfonso Garrone, y allí se reunió con el otro miembro de su defensa, Sebastián Oroño. Tras conocer la sentencia, se retiró del recinto sin realizar declaraciones.

Los fiscales Luciana Escobar Cello y Matías Broggi se mostraron conformes con el resultado del juicio, aunque esperarán a conocer los fundamentos detrás de la decisión del magistrado, ya que pretendían que la pena fuera de 10 años de prisión. Además, habían solicitado la prisión preventiva de Iglesias, lo que fue rechazado por Aguirre.

“Tenemos que ver, de las cosas que nosotros planeamos, cómo las vio el juez, qué es lo que entendió, y en función de eso vamos a evaluar si recurrimos” la sentencia, indicó Broggi.

Por el momento,y hasta tanto la condena adquiera firmeza, “Cobre” continuará en libertad bajo las mismas restricciones que le fueron impuestas al inicio del proceso judicial, a mediados de 2023. Entre estas, la prohibición de salir del país y de contactar a la víctima.

Consultado sobre las características del caso, el fiscal sostuvo que “no diría que es la palabra de la víctima contra la palabra del acusado, por distintas cuestiones. Por este juicio desfilaron un montón de testigos”, como “la psicóloga de la víctima, que le aplicó tests, además de amigas; y también estaban los chats intercambiados”.

Contaron con “mucha más información que solamente la palabra de la víctima”, explicó Broggi. En cuanto al vínculo entre el muralista y la víctima, la fiscalía indicó que se desarrolló en un contexto de “violencia de género, sobre todo violencia psicológica y simbólica”.

La víctima contó con la representación legal de las Dras. Jaquelina Bussi y Paula Condrac, del Estudio Lazos, que señalaron: “Nos vamos con un veredicto favorable, en cuanto a que logramos una condena. Desde la parte querellante estamos cuerpo a cuerpo con la víctima, la hemos acompañado en este proceso porque nuestro estudio jurídico es interdisciplinario”.

Tras el veredicto, sostuvieron que se reunirían con la mujer para evaluar los pasos a seguir en el proceso judicial, que si bien obtuvo una condena, aún no ha concluido.

Si bien desde la defensa no hubo manifestaciones, todo indica que apelarán el fallo del juez Aguirre en pos de lograr la absolución.

"Cobre" llegó a juicio acusado de haber sometido sexualmente a su expareja mientras aún mantenían un vínculo, el sábado 17 de diciembre de 2022. La relación, que duró nueve meses, fue catalogada por los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como "sumamente abusiva, desigual y violenta".

En el marco de la acusación, la fiscalía sostuvo que "él celaba y manipulaba a su pareja, le controlaba el uso del teléfono celular y la comunicación con las personas de su entorno, tanto sus amistades como su familia". También "controlaba el modo en que la víctima se vestía, sus publicaciones en las redes sociales y la forma en que se desenvolvía en reuniones sociales".

Para los acusadores, Iglesias "ejercía violencia física, psicológica y sexual sobre la mujer", y el punto cúlmine de esto fue la violación denunciada. La mujer denunció que la madrugada del 17 se despertó con él encima, y que a pesar de sus intentos por evitarlo, él la violó. En su declaración, el muralista dijo que eso "no pasó".

Iglesias sostuvo su inocencia desde el comienzo de la investigación, por lo que su defensa insistirán con la absolución.

En 2020 “Cobre” fue denunciado por otra mujer con quien también mantuvo una relación de pareja. Le imputaron el delito de "tentativa de extorsión" enmarcado en un contexto de violencia de género.

La denuncia en su contra fue radicada luego de que posteara en sus redes sociales una imagen de la mujer con mensajes agraviantes, y de que la amenazara con publicar sus fotos íntimas.

El proceso penal se cerró mediante la firma de una suspensión de juicio a prueba, medida conocida como "probation". La misma implicó que "Cobre" se retractara públicamente y pidiera perdón, el pago de una reparación económica y la realización de un curso sobre "violencias del patriarcado".

El pasado martes una pareja fue detenida en su casa ubicada en la zona de la Costanera de la ciudad de Santa Fe, durante un allanamiento realizado en el marco de una causa judicial por el robo de motocicletas. Los imputaron este viernes.

La noticia tuvo gran impacto, no sólo debido al delito y al lugar en donde se llevaron a cabo los procedimientos, sino también porque la mujer detenida es hija del destituido ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Roggiano.

El fiscal Ignacio Lascurain atribuyó a María Belén Roggiano y Enzo Francisco Costilla la coautoría de los delitos de "robo calificado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública" y "encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro, y por dedicarse con habitualidad a la comisión de estos hechos".

La audiencia estuvo a cargo del juez penal Leandro Lazzarini, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por la Dra. Gisela Alemandri, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

La fiscalía solicitó que se fije audiencia para discutir medidas cautelares, la cual será la semana próxima.

Las detenciones se efectuaron el martes 8 de julio en una vivienda del barrio 7 Jefes. Según la atribución delictiva, la pareja robó una moto el 15 de abril por la madrugada. El vehículo, una Guerrero Trip de color azul, estaba estacionado en la vía pública, y para sustraerlo le rompieron la linga de seguridad y el trabamanubrio.

Se la llevaron de las inmediaciones de Eva Perón y San Martín, y huyeron del lugar por Eva Perón hacia el este. Unos días más tarde, la noche del 23 de abril, un control policial los detuvo y comprobó que se conducían en una moto robada.

Durante la audiencia, se indicó que Roggiano llevaba consigo un elemento cortopunzante, tipo cuchillo con sierra, de unos 15 cm., y Costilla una pinza de corte tipo alicate "corta candado", de unos 30 cm. Los aprehendieron y trasladaron hasta una comisaría, donde fueron identificados y el vehículo fue secuestrado.

La Policía de Investigaciones, que trabajaba en pos de resolver el robo, se anotició del secuestro de la moto y la identificación de Roggiano y Costilla. Realizaron una serie de medidas que permitieron fortalecer las evidencias del vínculo entre la pareja y el hecho ilícito, y a raíz de esto el fiscal solicitó el allanamiento.

Durante el operativo hallaron diversas partes de motos: guardabarros trasero y delantero, una cacha lateral, una pechera, un asiento, un tablero, una cacha cubre pierna, un baúl negro, 5 manubrios, 3 caballetes central, 2 cristos, una horquilla trasera, 2 cigüeñales, un volante, coronas, pedalines de freno, 8 pedalines de goma y 10 manijas de agarre.

Ahora, resta aguardar a la audiencia de la próxima semana, en la que la fiscalía podría exponer nuevos detalles de la investigación.

El apellido Roggiano es conocido en Santa Fe, sobre todo en el ámbito judicial. Julio César Roggiano, padre de la mujer imputada, fue juez de Menores y en 2003 fue sorprendido "in fraganti" mientras recibía una coima de $3.000 en la esquina de Tucumán y Peatonal San Martín.

El dinero había sido marcado y entregado al magistrado por la madre de una adolescente de 17 años, que buscaba su liberación. El hecho marcó el fin de la carrera del juez, que fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y posteriormente destituido.

El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Tomás Orso, resolvió absolver a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2” al declarar prescripta la acción penal en su contra. La medida deja sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa respecto a la prescripción de los delitos.

La resolución fue adoptada tras un extenso trámite judicial que comenzó con la imputación de Di Benedetto por múltiples hechos de estafa y falsedad ideológica supuestamente cometidos entre 2015 y 2017. La acusación original se formalizó en 2021 y una reimputación se realizó en marzo de 2024, momento en el que la defensa presentó un recurso solicitando que se declare la prescripción de la acción penal.

La posición de la defensa

Durante la audiencia de apelación, el Dr. Lucio Rossini, abogado defensor del imputado, sostuvo que los hechos imputados ocurrieron como máximo hasta mediados de 2017, por lo que el plazo de prescripción —de seis años para los delitos atribuidos— vencía en julio de 2023. Rossini afirmó que los cargos formulados en 2024 se hicieron fuera de ese plazo, pues constituyen nuevas imputaciones que no interrumpen la prescripción de los delitos atribuidos.

La postura de la fiscalía

Por su parte, la fiscal Dra. Vuletic argumentó que los hechos fueron imputados por primera vez en 2021, y que la acusación presentada en 2024 no constituía una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos, por lo que correspondía considerar que la acción penal seguía vigente.

Fundamentos del fallo

En su fallo, el juez Orso precisó que las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 2015 y febrero de 2018, y que el requerimiento acusatorio —primer acto interruptivo de la prescripción— se presentó recién en mayo de 2024. Al haber transcurrido más de seis años desde los hechos, el magistrado consideró que el plazo de prescripción se encontraba agotado para cualquiera de los delitos imputados, conforme a los artículos 59.3 y 62.2 del Código Penal.

Por ello, dispuso declarar prescripta la acción penal y absolver a Di Benedetto en relación a los cargos atribuidos, dejando sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa.

Contexto de la causa

Di Benedetto había sido señalado como presunto autor de múltiples maniobras de estafa y falsificación de documentos en operaciones inmobiliarias, que habrían causado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades cercanas. La causa, conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, se inició con denuncias presentadas en 2016 y motivó años de investigación

Un preso amenazó y le fracturó un dedo a un juez en los Tribunales de Cipolletti y todo quedó registrado por las cámaras de la sala de audiencias.

En insólito caso ocurrió el domingo cuando se desarrolló una audiencia de imputación para formular los cargos contra el sujeto, quien había sido detenido el sábado al mediodía por generar disturbios en una parroquia.

Durante su arresto ya había provocado lesiones en los policías que acudieron hasta el lugar. Allí le propinó un golpe de puño a uno de los efectivos, mientras que el otro agente resultó con un esguince en uno de sus dedos pulgares.

[AHORA] En los Tribunales de Cipolletti, un preso le revoleó un vaso y un micrófono al juez durante una audiencia y le fracturó un dedo: además golpeó a dos policías y amenazó al fiscal y a su defensora. https://t.co/Ub69EajTQ9 pic.twitter.com/uFpnNLDRzG

Frente a este escenario, fue detenido por resistencia a la autoridad y lesiones, por lo que el domingo se formuló la audiencia de acusación. En medio de la lectura de cargos, el agresor le arrojó un vaso con agua al Juez, quien de manera inmediata ordenó su traslado.

Aun así, de acuerdo a la información aportada por el medio La Mañana de Cipolletti, la agresión no concluyó. Es que cuando el Juez se levantó y pidió la detención, el hombre le tiró un micrófono, que le provocó una fractura en uno de sus dedos.

Este lunes la Justicia dictaminó que se realice nuevamente la audiencia, pero el agresor decidió no participar. Pese a la negativa del acusado, la misma se desarrolló sin problemas y allí las partes expusieron.

El Juez dictaminó imponerle la prisión preventiva por un período de dos meses, debido a que existe posible riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa. También se ordenó la realización de estudios físicos y psíquicos.

Morena Rial concluyó su declaración ante la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez en el marco de su participación en el robo de una casa en Villa Adelina. La influencer llegó al mediodía acompañada por su abogado, Fernando Burlando. Tras finalizar su declaración, salió de la comisaría encapuchada, escoltada por dos policías que la asistieron para subir a la patrulla que la trasladó a la comisaría 7ª de San Isidro, donde sigue detenida.

En la misma jornada, Burlando permaneció en el recinto judicial, donde se esperaba una reunión con el juez del caso. En declaraciones, el periodista Ignacio González Prieto explicó que Morena había comparecido ante el juez Patricio Ferrari, el fiscal y su abogado, y aceptó su implicación en el delito, admitiendo: “Reconozco la responsabilidad. Yo solo manejé el auto”.

Además, trascendió que la influencer proporcionó valiosa información sobre los miembros de la banda, incluyendo aquellos que aún están prófugos de la justicia. Morena también reveló la clave de su teléfono celular y otros dispositivos incautados en la investigación.

Ante el juez, la acusada se mostró "arrepentida, avergonzada y muy angustiada", y, dirigiéndose al fiscal Ferrari, expresó su deseo de "volver a ver a su hijo de cuatro meses y amamantarlo", una manifestación de buena fe para colaborar con las autoridades. Mientras tanto, la parte acusatoria busca imputarla como coautora del delito, mientras que la defensa intenta que se le otorgue prisión domiciliaria.

Horas antes, Morena había llegado a la fiscalía encapuchada, con un buzo negro, esposada y con ojotas verde manzana, las mismas que llevaba al momento de su detención la semana pasada cerca del departamento en el que estaba alquilando en San Telmo. En la primera audiencia, la joven se había negado a declarar y había solicitado arresto domiciliario, además de una revisión médica por los dolores que le causaban las esposas.

Gershani Quesada relató que el día de la infracción había ido a un corralón a comprar varias cosas después de terminar su jornada de trabajo. “Mi hija más chica había venido de viaje a verme y tomé la decisión de subirla al vehículo y llevarla a mi casa, porque vivo cerca del puesto caminero de Las Rejas”, recordó.

“Rebatí el asiento (trasero) para que entren los materiales que se ven en la foto, y mi nena no podía ir sentada porque el asiento estaba rebatido, lo cual es una irresponsabilidad mía porque viajaba sin el cinturón. Y cometí un error”, agregó.

A su vez, el magistrado trató de justificar el accionar de los agentes del control: “Llegué al puesto caminero. El personal policial me identifica y advierte que mi hija venía sentada, no en el baúl propiamente dicho, porque en ese momento era una sola cosa ya que cuando se rebate el asiento queda como una caja, un baúl grande”, explicó.

“Estoy acá para pedir disculpas especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado por las redes sociales como si hubiesen hecho la vista gorda. Muchos de ellos son de la Escuela de Cadetes y estuvieron haciendo su trabajo. El error es todo mío y me hago cargo, porque como padres debemos cuidar por la seguridad de nuestros hijos. Afortunadamente no pasó nada, sino me lamentaría el resto de mi vida”, concluyó.

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, falleció esta mañana tras caer al vacío desde un edificio ubicado en el centro de la ciudad entrerriana. Según las primeras investigaciones, se habría tratado de un suicidio.

El hecho ocurrió en el edificio Antares, situado en las calles Galarza y Eva Perón, donde Seró había ido a visitar a su madre. Testigos señalaron que el magistrado, de 55 años, saltó sin la intervención de terceras personas y cayó sobre un automóvil estacionado frente al inmueble.

Personal médico acudió rápidamente al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento debido a los múltiples politraumatismos sufridos. En la escena trabajaron efectivos de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, con la intervención de la fiscal María Occhi, quien investiga lo ocurrido.

Una destacada carrera judicialPablo Seró nació el 23 de mayo de 1969 en Goya, Corrientes. Se graduó como abogado en 1994 en la Universidad Nacional del Nordeste y posteriormente realizó posgrados en Derecho Internacional y Derecho Privado Comparado.

En 2012 asumió como juez federal en Concepción del Uruguay, conocido como “La Histórica”. Durante su trayectoria, tuvo a su cargo causas de gran relevancia, como los “vuelos de la muerte” en el Delta entrerriano y casos de torturas y secuestros contra militantes del Partido Comunista en 1977, considerados delitos de Lesa Humanidad.

Su actuación también fue destacada en el conflicto de las pasteras en Gualeguaychú, donde en 2012 procesó a cuatro asambleístas que protestaban contra su instalación tras un accidente fatal ocurrido en 2009.

Impacto y repercusionesLa muerte de Pablo Seró genera un profundo impacto en la comunidad jurídica y en la sociedad entrerriana. Su compromiso con causas sensibles y su papel como juez federal marcaron una carrera de reconocida trayectoria.

Mientras avanzan las investigaciones, su fallecimiento deja un vacío en la Justicia federal y plantea interrogantes sobre los motivos que llevaron a esta trágica decisión.

El operativo lo hizo Gendarmería Nacional en el edificio de la Justicia federal de Oroño al 700, donde también se incautó el celular de uno de sus secretarios. 

El despacho del juez federal Marcelo Bailaque fue objeto de un procedimiento de Gendarmería Nacional en la mañana de este jueves en el edificio ubicado en bulevar Oroño al 700, donde se le secuestró su teléfono. Se trata del magistrado que había sido denunciado por haber tenido el mismo contador que llevaba los números a empresas relacionadas con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado.

Por los datos recolectados, los procedimientos fueron motivados por una causa federal por delitos tributarios, donde se detectaron presuntas irregularidades. De acuerdo a las primeras informaciones, el operativo había sido solicitado por la Procelac, la Procunar y la unidad fiscal del Ministerio Público Fiscal distrito Rosario.

En la requisa dentro del edificio de la Justicia federal también se le secuestró el celular a G. G., uno de los secretarios de Bailaque, y documentación.

También se hicieron inspecciones en oficinas de organismos nacionales de la ex Afip y Aduana, actualmente reconvertida bajo el nombre de Arca, donde también se incautaron teléfonos a personal de alta jerarquía, según adelantaron fuentes judiciales a Rosario3. Se allanó también un estudio jurídico que podría tener conexión con el legajo, aunque no sería el único.

El juez había sido noticia en agosto, después de que el diario La Nación publicara que había tenido de contador a Gabriel Mizzau, quien llevaba también los números a empresas relacionadas con Alvarado, sobre quien Bailaque tenía causas en su escritorio. A su vez, un hijo de Mizzau fue empleado del propio Bailaque desde 2017 hasta hace pocos meses, cuando pasó del Juzgado al Tribunal Oral Federal Nº 3.

El giro de guion en el caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez no se lo esperaba ni Netflix. Este jueves 24 de octubre, el fiscal general del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha anunciado que buscará una nueva sentencia acerca del caso. Los hermanos cumplen cadena perpetua desde hace 35 años en una cárcel de San Diego, al sur de California, en Estados Unidos, por el asesinato de sus padres en 1989. Será un juez quien tome la decisión final acerca de si el proceso se reabre y, obviamente, sobre su posible salida de prisión, que podría ser casi inmediata. Por el momento, hay una vista sobre el caso fijada para la última semana de noviembre.

“No tenemos un acuerdo universal; hay gente de la oficina que cree que los Menéndez han de pasar el resto de su vida en la cárcel, y otra que creen que deben ser liberados inmediatamente. Tras una cuidadosa revisión [...] creo que bajo la ley buscar una nueva sentencia es lo apropiado”, ha afirmado el juez. Como los hermanos tenían menos de 26 años cuando mataron a sus padres, tendrían la posibilidad de ser elegidos para salir en libertad condicional; si el juez acepta su recomendación de una nueva sentencia, podrían hacer uso de dicha libertad condicional de manera inmediata. En tanto, este viernes presentarán el caso de manera oficial ante los tribunales.

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Gascón no le ha quitado hierro al asunto, explicando que los hermanos tenían 18 y 21 años cuando cometieron “estos horribles actos” y que “no hay excusa para este asesinato, aunque sufrieran abusos, debían haber buscado ayuda o acudir a la policía”. “Pero creo que pasaron por un hogar disfuncional y por muchos abusos. Entraron en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional [...] Aun sabiendo que nunca serían libres, tomaron el camino de la redención y la rehabilitación”, ha asegurado. Para el fiscal, “han pagado su deuda con la sociedad”, por lo que, para él, deberían tener acceso a la libertad condicional, y afirma que se siente “muy seguro” de que, por ello, deben ser reintegrados en la sociedad.

Hace tres semanas que Gascón ya explicó que su oficina ya estaba reevaluando el caso tras encontrar nuevas pruebas y después de que los abogados pidieran revisarlo: “Tenemos la obligación ética y moral de revisar lo que se nos ha presentado y hacer una determinación desde ahí”, afirmó. A principios de esta, comentó que haría un anuncio relativo al caso. Desde entonces la expectación ha sido máxima. El caso es tremendamente mediático. Primero, porque la ciudad quedó conmocionada cuando ocurrió el crimen, en 1989, y los jóvenes descargaron sus escopetas sobre sus padres una noche de agosto mientras ellos veían la tele. Después, por sus juicios: el de 1993, el primero televisado de la historia de EE UU, en el que el jurado no logró un veredicto unánime; y el segundo, que tuvo lugar en 1996, ya sin cámaras y en el que fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pero ahora, el caso ha vuelto a estar en la cresta de la ola por la serie de Netflix sobre su historia, que lo ha puesto sobre la palestra con un enorme éxito global; de hecho, la plataforma también ha estrenado un documental sobre sus vidas. Incluso el fiscal ha reconocido que todo ese nuevo material audiovisual ha acelerado la toma de su decisión. El morbo es tal que ante las puertas de la antigua casa de los Menéndez, en la lujosa Beverly Hills, se acumulan cada día decenas de turistas que merodean, observan por la verja y hurgan en el buzón de metal negro, casi siempre abierto. Hasta Kim Kardashian ha tomado partido por los hermanos, asegurando que “no son monstruos” y que sufrieron una condena pública y mediática: “El caso se convirtió en entretenimiento para la nación”, ha dicho la estrella de la telerrealidad, que busca ser abogada y que les ha visitado en prisión y aboga por su liberación.

Lyle (de ahora 56 años) y Erik Menéndez (de 53) fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills, situada en el condado de Los Ángeles, California, en agosto de 1989. Ellos tenían 21 y 18 años; sus padres, 45 y 47. En el juicio, los hermanos aseguraron que habían sufrido abusos sexuales, pero también psicológicos, por parte de su padre desde que tenían alrededor de seis años, que su madre lo sabía y nunca lo frenó y que temían por sus vidas. Sin embargo, sus testimonios fueron acogidos en la corte con frialdad y no les sirvieron de atenuantes. Además, el hecho de que al morir sus padres fueran los herederos de 14 millones de dólares (más de 35 millones, ajustados a la inflación de 2024) y que tras el asesinato se gastaran miles y miles de dólares en relojes de lujo, coches de alta gama, estancias de hoteles y en montar un restaurante en Nueva Jersey, en la otra punta del país, pasó factura a su imagen pública.

Que los Menéndez mataron a sus padres es obvio, innegable y hasta ellos lo han reconocido. Cuestión distinta son los motivos, que si ahora se reevalúan, podrían cambiar su destino. Tras pasar casi 35 años en prisión, las penas podrían rebajarse si cambia la sentencia, especialmente con el atenuante de la edad. Hay dos vías por las que se podría abrir el juicio y, por ahora, la defensa ha pedido ambas ante el Tribunal Supremo del Condado de Los Ángeles. La primera sería el llamado habeas corpus, por el que la sentencia se revisa a la luz del hallazgo de nuevas pruebas. Y, efectivamente, en los últimos años se han conocido evidencias, como una carta escrita por uno de los hermanos a su primo, Andy Cano, publicada por el periodista Robert Rand, y datada de nueve meses antes de los asesinatos y en la que hablaba de aquellos abusos sexuales. Hay otra carta, de Lyle a Erik, de 1990, cuando ambos estaban ya en prisión a la espera de juicio, donde se habla de los abusos. Además, a mediados de 2023 Roy Roselló, uno de los cinco integrantes de la conocida banda juvenil puertorriqueña Menudo, que triunfó en todo el continente americano a mediados de los noventa, afirmó en una serie documental que había sido violado por José Menéndez cuando tenía apenas 14 años. La defensa ha pedido incorporar ese testimonio entre las nuevas pruebas.

En el primer caso, en 1994, sí se admitieron muchas de las pruebas de los abusos, aunque al final el jurado no llegó a ninguna conclusión. En el de 1996, en cambio, ese relato pasó casi desapercibido, porque se excluyeron muchos de esos testimonios. Ahora, Gascón —para quien el caso, con una gran exposición pública, ha supuesto un empujón en su carrera por la reelección como fiscal del distrito— cree que hay evidencias nuevas. “Es importante reconocer que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de abusos sexuales”, afirmó a principios de mes, cuando anunció la revisión. Los abogados de la defensa de los Menéndez también hablan de esas nuevas pruebas, que consideran suficientes para demostrar los abusos, y tratan de seguir el mismo camino que Gascón: “Si fueran las hermanas Menéndez, no estarían en prisión. Hemos evolucionado. Ya es hora”. En un programa de televisión hace una semana, Gascón fue un paso más allá, afirmando que “dadas todas las circunstancias”, él creía que “no merecen estar en prisión hasta que mueran”.

Por ahí iría la segunda vía, que es una especificación de las leyes de California por las que, si los presos tienen una conducta excelente y se han rehabilitado, la Justicia puede abrirse a considerar una nueva condena. De ahí que tanto la familia como los abogados quieran hacer ver el buen comportamiento de los hermanos poniendo en valor sus estudios en prisión y su buena conducta colaborando en Alcohólicos Anónimos o con enfermos. Incluso tratan de aportar cartas de personal de la cárcel en las que se les alaba por su evolución y comportamiento. Ambos hermanos están casados con mujeres a las que conocieron por carta. En 1999 Erik contrajo matrimonio con una mujer de nombre Tammi Saccoman, a la que sigue unido, aunque no tienen permitidas las visitas conyugales. Lyle se casó en 1996 con Anna Eriksson, de quien se divorció en 2001, y desde 2003 está con Rebecca Sneed, con quien llevaba una década escribiéndose.

En la cuestión familiar, los Menéndez no están demasiado unidos. Parte de la familia pide su liberación. El pasado 17 de octubre, familiares y amigos de los hermanos se reunieron en Los Ángeles y aseguraron que no son una amenaza para la sociedad y que deben ser liberados. “Si el caso fuera evaluado hoy, con el conocimiento que tenemos ahora sobre el abuso y el trastorno por estrés postraumático, no tengo dudas de que la sentencia hubiera sido diferente”, afirmó una sobrina de José Menéndez. “Estamos unidos aquí con la esperanza de que estos 34 años de pesadilla van a terminar y de que volveremos a reunirnos como familia”, aseguraba la portavoz. En cambio, Milton Andersen, de 90 años y hermano de Kitty, afirma que sus sobrinos deberían seguir en la cárcel. Incluso en la familia Menéndez todavía es, tres décadas después, complicado ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad y el futuro de los hermanos.

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para llevar adelante la investigación por supuesto encubrimiento contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, relacionada con la desaparición del niño Loan Peña. 

La denuncia había sido presentada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien acusó al gobernador de encubrimiento, abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa será remitida a la Justicia Federal de Goya, donde ya existe una denuncia similar y no se investigará en los tribunales de Comodoro Py. Según Casanello, la decisión se basa en una cuestión de jurisdicción: "Los motivos para declinar la competencia están fundamentados en que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien está a cargo de la investigación del caso Loan, ya maneja una denuncia similar a la presentada por el fiscal Marijuan".

Además de Valdés, Marijuan también denunció al exministro de Seguridad de Corrientes Buenaventura Duarte, al abogado José Fernández Codazzi y al senador nacional Diego Pellegrini. 

Para el fiscal, estos individuos "han logrado, a través de su accionar, incidir e influenciar en la investigación judicial que busca determinar el paradero y posible captación y ocultamiento, presuntamente con fines de trata, de Loan Danilo Peña".

El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, que informe sobre la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales que tiene almacenados y que proceda a su distribución inmediata. Esta medida responde a una solicitud presentada por el dirigente social Juan Grabois, respaldada por comedores sociales que denuncian la falta de suministro de alimentos.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue revelada por una investigación periodística del sitio web El Destape y fue recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia presentada por Grabois. 

El juez ha instruido al Ministerio de Capital Humano para que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos considerando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y que lo ejecute de manera inmediata; debiendo informar de manera precisa en un plazo de 72 horas".

Casanello también ha dispuesto "emitir una orden de presentación" para obtener voluntariamente documentación e información detallada sobre el stock actual de alimentos almacenados en los depósitos ubicados en Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán. Este informe debe incluir el tipo de alimento y las fechas de adquisición y vencimiento de la mercadería.

Además, el juez ha solicitado "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos relativos a la adquisición de los alimentos almacenados, junto con cualquier otra documentación relacionada".

La orden debe ser cumplida de inmediato: "será diligenciada por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del presente año a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad".

Casanello ha dispuesto que "una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado". Además, subrayó que "dado que la existencia de estos alimentos ha sido reconocida por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al mencionado Ministerio de Capital Humano que, dentro de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo relativo a 'la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, especialmente para personas con discapacidad, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores') elabore un plan de distribución de dichos alimentos".

El juez enfatizó que este plan deberá "considerar su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y prever su ejecución de modo inmediato". Finalmente, urgió al Ministerio de Capital Humano a informar de manera precisa al tribunal sobre la ejecución de este plan en un plazo de 72 horas.

Un juez de la Audiencia Nacional española dio tres horas a las operadoras de telecomunicaciones para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea Telegram, plazo que contaría desde la recepción de la comunicación judicial, según el auto del magistrado, conocido este sábado.

La orden del juez Santiago Pedraz deriva de una denuncia presentada por las empresas de comunicación y telecomunicación Mediaset, Antena 3 y Movistar, en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.

Pedraz considera esta medida "necesaria, idónea y proporcional" porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.

El juez recuerda que las autoridades de las Islas Vírgenes no colaboraron con la comisión rogatoria enviada para que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas que atentaron contra los derechos de propiedad intelectual de las empresas denunciantes y esa falta de colaboración provoca las medidas cautelares (el bloqueo de Telegram).

El magistrado añade que la medida acordada es idónea, porque su ejecución pondría fin al acceso a través de la red Telegram a los contenidos de los derechos de propiedad intelectual de los denunciantes, es necesaria y "proporcional" ante la gravedad de la conducta denunciada y tiene apoyo legal.

Telegram fue lanzada en 2013 por los hermanos rusos Nikolái y Pável Dúrov como una alternativa a la aplicación WhatsApp y la seguridad y la protección a la privacidad del usuario que ofrece pronto la hicieron muy popular, hasta el punto de alcanzar actualmente los 900 millones de usuarios en el mundo.

Con sede en Dubai y traducida a más de 20 idiomas, si algo caracteriza a Telegram es la sincronización a la nube de forma permanente, algo que WhatsApp no tiene, de manera que sus usuarios pueden acceder a los mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y ordenadores, y compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 GB cada uno.

La plataforma ofrece también la creación de bots (mensajes automáticos), la implementación de chats secretos que protegen la privacidad de los usuarios y la limitación de hasta 200.000 personas por grupo.

“El cartero trae una muy buena noticia”, esa fue la idea sobre la cual el Juzgado de Niñez de Huinca Renancó, en la provincia de Córdoba y a cargo del juez Claudio Mazuqui, decidió notificarle a una nena de 6 años que había salido la sentencia de su adopción. Y, para ello, el magistrado se disfrazó de cartero y se subió a una bicicleta llena de globos: llevaba una carta muy especial.

En el video que ilustra esta nota se ve el momento en que el juez vestido como cartero llega hacia donde está la niña, identificada como D., y su nueva familia para recibir la noticia.

En este caso, se enteraron por una carta del final del trámite tan esperado y el juez cartero, además, le llevó “la impresión de su nueva identidad, con su nombre y sus nuevos apellidos”, según pudo conocerse.

Para Mazuqui la metodología es clave: “Son actos necesarios para humanizar la justicia, empatizando, innovando y explorando nuevas formas de comunicación, como lo ha señalado oportunamente Leonardo Altamirano, doctor en Semiótica y Licenciado en Comunicación Social”.

Y agregó que “es necesario crear un entorno favorable para comunicar un hecho que resultará trascendental en la vida de D.”. Por eso, explicó el magistrado que, con esta acción, se “busca que el contenido de dicho acto formal se trasforme ‘en la muy buena noticia’”.

La metodología no es nueva para Mazuqui: el magistrado, que es hincha de River, en una oportunidad redecoró su despacho con los colores de Boca para comunicarle su adopción a un niño de 11 años.

En ese entonces, dijo: “Este juez entiende, como simpatizante del club atlético River Plate, que en la vida de una persona es muy importante lo que significa ser ‘hincha’ de un equipo de fútbol”. Para citar lo que le decía Guillermo Francella a Ricardo Darín en ‘El Secreto de sus ojos’, de Juan José Campanella: “‘¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión…’.

“Los sentimientos que broten del niño al hacerle conocer lo que este juez resolvió, y que de esa forma logre entender su alcance a través de una ‘muy buena noticia’, que él mismo esperaba con ansiedad, es decir, que sea ‘un momento mágico’”, describía por agosto de 2022 Mazuqui ante este medio.

Pero antes, el juez también le había confiado a Minnie Mouse la tarea de explicarle por medio de un cuento a una nena de 7 años la buena nueva de su adopción, y además utilizó un video de TikTok. Por eso, encargó la notificación de esta sentencia a la secretaría de Cultura de la Municipalidad, que elaboró el texto y procuró que sea transmitido a la niña por una docente caracterizada.

En diálogo con Infobae, el juez contó que se encontró con la nena de casualidad en una verdulería de Huinca Renancó. “Ella estaba con el barbijo, se lo bajó y me dijo: ‘Vos el juez que me dio una familia’. Yo le respondí: ‘Yo soy Claudio’. Y nos pusimos a charlar. Me contó que le habían festejado el cumpleaños y demás, estábamos en nuestro mundo. Cuando me di cuenta, todos los vecinos alrededor estaban llorando“.

Eso le valió a Mazuqui un premio en Tenerife, España, y 2 nominaciones internacionales.

Cuatro delincuentes se tirotearon con el custodio de un juez federal cuando intentaron robar una camioneta marca Audi que se encontraba estacionada en la puerta de la vivienda del funcionario judicial del barrio de Parque Leloir, ubicado en el partido bonaerense de Ituzaingó. Uno de los sospechosos fue detenido en un hospital de Moreno. Se investiga si el objetivo de la banda era ingresar al domicilio del magistrado.

El intento de robo y tiroteo ocurrió el último viernes por la noche, pero trascendió este domingo, según reportaron.

Cuatro delincuentes que se trasladaban en un auto de marca Peugeot intentaron robar una camioneta Audi que estaba estacionada en la puerta de la casa del juez federal. Según indicaron fuentes del caso, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que se encontraba en el lugar custodiando la vivienda del magistrado observó la secuencia, se identificó como oficial y fue entonces que comenzó un breve tiroteo con al menos dos de los ladrones.

El agente resultó ileso mientras que la banda huyó. Las fuentes consultadas indicaron que, al menos, uno de los asaltantes recibió un disparo. Justamente, uno de los sospechosos heridos luego fue detenido en un hospital de la localidad de Moreno al que fue atenderse.

En tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar al resto de la banda. En ese contexto, se realizaron diferentes allanamientos en distintos puntos de la zona Oeste del conurbano bonaerense.

Los investigadores intentan determinar si los delincuentes tenían como objetivo ingresar a la casaquinta del funcionario judicial, que fue identificado por portales La Ciudad Web y No Ficción Web como el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, quien se encontraba realizado una celebración con familia y amigos en ese momento.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó del departamento judicial de Morón, a cargo del fiscal Patricio Ventricelli.

Los vecinos de La Plata que filmaban la escena de violencia tras una discusión de tránsito desde las ventanas de sus departamentos no podían creer lo que sucedía. Más sorprendidos quedaron cuando se enteraron de que uno de los protagonistas era un ex juez penal de ese distrito: hubo piñas, patadas y un choque.

Según se pudo saber, ahora la causa está en la Justicia, que la investiga como lesiones y daño, ya que ambos se denunciaron. El caso recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción N°16 del departamento judicial de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Todo ocurrió este jueves por la mañana, en calle 57 y 16, en la capital bonaerense. Hasta allí fueron convocados los agentes de la Comisaría 5ª de La Plata, donde se entrevistaron con el ex juez penal Luis Nitti (55) luego de que protagonizara una discusión de tránsito con un jubilado de 68 años y su pareja, de 72.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, el ex juez iba a bordo de Ford Focus Gris mientras que la pareja conducía un Fiat Palio rojo. El incidente de tránsito culminó con una discusión y golpes de puño y patadas.

Fuentes del caso dijeron a este medio que el ex juez refirió a las autoridades que “mientras conducía, un vehículo de color rojo realizó una mala maniobra”. Así, contó que bajó el jubilado del coche y dijo que “el sujeto, con una cachiporra símil a la utilizada por la Policía”, le dio varios golpes, los cuales logro esquivar.

Pero no todos: denunció que recibió golpes en su brazo izquierdo y pierna derecha. También explicó que “se defendió mediante patadas”. De esta manera, según mencionó, se subió a su vehículo y, desconociendo que estaba en cambio, dio marchas atrás e impactó con el otro vehículo.

Por su parte, el hombre que viajaba junto con su pareja en el otro vehículo relató los hechos de una manera distinta. De acuerdo con su testimonio, él circulaba por el lugar con su esposa, cuando un conductor de un Ford Focus (Nitti) realizó una mala maniobra, frenando bruscamente.

Acto seguido, Nitti se habría bajado de su vehículo para agredirlo para luego regresar a su automóvil, dar marcha atrás y romper el paragolpe delantero de su Fiat Palio rojo. El choque le habría provocado a su mujer un corte en el labio. Dadas las diferencias en los relatos, el fiscal a cargo dispuso las actuaciones correspondientes.

Esta no es la primera polémica que protagoniza Nitti, puesto que en 2017, cuando se desempeñaba como magistrado de Ejecución Penal de Dolores, amenazó a agentes de tránsito que lo quisieron multar por cruzar un semáforo en rojo.

En esa oportunidad, ante el planteo de los oficiales, el antiguo juez reclamó: “Ahí se puso en verde, boludo”. Como si fuera poco, cuando solicitaron su documentación personal, respondió: “Vos no estás facultado para pedirme nada, no sabés quién soy, no sabés lo que soy capaz de hacer, vas a quedar preso”.

Los dos agentes notaron de inmediato que Nitti tenía un fuerte aliento a alcohol, por lo que recurrieron a la asistencia de colegas de tránsito para realizarle una prueba de alcoholemia. Asimismo, se corroboró que manejaba con un nivel de alcohol en sangre muy superior a lo permitido.}

En consecuencia, el ex juez comenzó a desquitar su ira contra los policias. “Negra cara quemada, boluda, vos no deberías estar acá (en la Policía), vos sos una mierda”, le dijo, según la denuncia presentada a la Justicia, a una de las sargento que lo detuvo y que posee secuelas en su rostro de un accidente con fuego sufrido en el pasado.

En el final del incidente, los policías le solicitaron a Nitti que pusiera las manos sobre el techo de su vehículo, a lo que el magistrado respondió: “Yo soy juez, ahora voy a golpearme en el móvil y todos ustedes van a quedar presos”.

En paralelo a la investigación judicial, se le inició un jury y fue suspendido mientras avanzaba el proceso en su contra. Sin embargo, presentó la renuncia y María Eugenia Vidal fue quien la aceptó en 2018.

Se conoció que L-Gante irá a juicio oral en la causa que lo vincula con la privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos, por la cual estuvo detenido casi 100 días en la DDI de Quilmes.

Es así que el referente de la cumbia 420 deberá comparecer ante la Justicia.

Después de muchas idas y vueltas, con cambio de abogado y de carátula incluido, lograron que la causa finalmente fuera solo "por amenazas", lo que habilitó la libertad del cantante.

A la vez que la defensa de L-Gante pedía por su liberación, el fiscal trabajaba en paralelo poniendo el ojo en que el músico debía enfrentar a la Justicia e ir a juicio.

También se considera el encubrimiento, aunque no consta la tenencia de estupefacientes en este caso.

Cuando allanaron la casa del joven encontraron marihuana y también un celular robado, por lo cual recae la figura de encubrimiento agravado sobre él.

En caso de que la Justicia decida cambiar la carátula y volver a la privación ilegal de la libertad, el cantante podría volver a ser detenido.

Rechazaron el pedido de detención a L-Gante y seguirá en libertad

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, rechazó el pedido detención al cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, y seguirá en libertad. El magistrado no hizo lugar a la solicitud de los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra quienes habían solicitado su "inmediata" captura.

El artista se encuentra imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad y el jueves, una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes había revocado el fallo que lo había beneficiado con su libertad.

El la resolución firmada este viernes, Castro se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que "se proveerá en consecuencia" cuando esa disposición de la Cámara se encuentre "firme".

"Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un 'doble conforme' que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación", expresó a Télam el abogado de L-Gante, Diego Storto.

En otro de los puntos resolutivos, el juez sostuvo que "en cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior".

Para hacer cesar la medida de coerción, Castro tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que el cantante de cumbia 420 protagonizó en mayo pasado en General Rodríguez, lo que motivó una "reevaluación" de la prueba que existía en el expediente y su liberación por el "beneficio de la duda".

Los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo habían hecho lugar al recurso de queja que fue presentado el particular damnificado, Gastón Torres, y la fiscalía del Dr Raúl Villalba, contra la resolución del juez Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó el cese de la medida de coerción que pesaba sobre el cantante de cumbia 420.

L-Gante recuperó su libertad hace 21 días, tras la imputación por "privación ilegal de la libertad y amenazas" contra Gastón Torres, quien está patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal.

Sin embargo, ese beneficio había sido revocado este jueves por la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Mercedes.

Una mujer de 37 años que ejercía ilegalmente la medicina en la localidad bonaerense de Francisco Solano fue detenida tras detectarse irregularidades en documentos presentados en un hospital, informaron hoy fuentes policiales.La detención fue ordenada por el titular del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, y la detención estuvo a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).La investigación comenzó cuando el directivo de un centro asistencial municipal ubicado en Capilla del Señor, cabecera del partido de Exaltación de la Cruz, detectó irregularidades en distintos documentos presentados por una médica que ya se encontraba trabajando en el hospital.

La inconsistencia se produjo al analizar los datos de la cuenta aportada por la mujer donde mensualmente se depositaba su sueldo ya que "pertenecía a otra mujer de nombre similar, lo que despertó las sospechas de las autoridades médicas", informó PFA.Tras observar que otros documentos también eran de "dudosa autenticidad", el director médico del hospital radicó una denuncia en la sede del Juzgado Federal de Campana y el tribunal delegó la investigación en la División Antifraude de la PFA.Los agentes comprobaron que la mujer "no solo no era médica, sino que además se hacía pasar por otra persona y que la mayoría de la documentación presentada era efectivamente falsa", según las fuentes.

Al ingresar al domicilio, los funcionarios de la Superintendencia de Investigaciones secuestraron matrículas presuntamente falsas, sellos de distintas especialidades (clínica, infectología y cirugía), barbijos, fotocopias de títulos universitarios, recetas con sellos de distintos médicos, la vestimenta habitualmente utilizadas por médicos, jeringas y demás insumos, al tiempo que se incautó su teléfono celular.

Por otra parte, se identificó correctamente a la imputada, quien fue detenida y trasladada a Instalaciones del Departamento Central de Policía, a disposición del Tribunal que entienda en la causa hasta tanto se disponga su declaración indagatoria.

La investigación continúa porque se presume que la mujer "habría ejercido distintas actividades vinculadas con la medicina en otros centros asistenciales", indicó PFA.

Momentos de tensión y violencia se vivieron este miércoles en un tribunal del Polo Judicial de Mendoza. 

En medio de un juicio a un preso acusado de matar a otro, fue atacada la fiscal Claudia Ríos.

 El hombre que era juzgado intentó matarla. Según las primeras aproximaciones, el sujeto le puso un cuchillo en el cuello y ella se defendió con gas pimienta.

El hecho ocurrió en la sala 25 del Polo Penal Judicial. Allí, Hugo Arredondo se encontraba en pleno debate, acusado por el crimen de Carlos Olmedo en el penal de Almafuerte, ocurrido en 2019.

Mientras se desarrollaba el juicio, Arredondo, quién cumple una condena a perpetua por asesinar a un hombre en 2015 en un intento de robo, sacó un arma blanca y se abalanzó sobre la fiscal Ríos quién resultó ilesa en el ataque. 

Luego, el agresor intentó agredir a una estudiante de Derecho que se encontraba presenciando el debate y Ríos la defendió rociando gas pimienta en la cara del hombre que fue reducido.

La querella de uno de los denunciantes de L-Gante apeló hoy la libertad dispuesta el viernes pasado por el juez de la causa y le pidió a la Cámara de Mercedes que vuelva a ser detenido.

El pasado viernes L-Gante fue puesto en libertad tras estar casi 100 días preso por presuntas amenazas y privación ilegal de la libertad, sin embargo, la querella de uno de sus denunciantes apeló la decisión y le pidió a la Cámara de Mercedes que vuelva a ser detenido.

De acuerdo, en representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos denunciantes de L-Gante, los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra solicitaron que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revoque la resolución del juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro.

En ese sentido, los abogados afirman que “esta parte entiende este fallo como de otro expediente, parece un fallo satélite, que desconoció todo lo que se discutió jurídicamente hasta hora”.

Al mismo tiempo, critican que el juez Castro "se limita, solo, a resaltar los testimonios recibidos a la defensa del Sr. Valenzuela, como olvidándose de las otras cientos de fojas que también son parte del expediente".

Además, cuestionan al magistrado al afirmar que "interpretar una enemistad manifiesta de Torres hacia Valenzuela, y tratarlo de borracho es insultar y re victimizar a la víctima".

Bajo ese marco, los letrados afirman que "la resolución puesta en crisis, no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la IPP" (instrucción previa preparatoria).

😍El video del tierno reencuentro de #LGante y su hija tras ser liberado.Tamara Báez, ex pareja del cantante público el emotivo encuentro entre @LGANTEDice y Jamaica. La pequeña corrió hacia los brazos de su padre. 🫂¡Mirá!👇 pic.twitter.com/vOMSYZWQXZ

Finalmente, piden que la Cámara "disponga la revocación del auto impugnado", que "ordene la inmediata detención de Elián Valenzuela" y que de ser necesario y antes de tomar una determinación, se fije audiencia oral ante los camaristas para mejorar los fundamentos de su apelación.