El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal condenó a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio durante la administración kirchnerista, a tres años de prisión por manipulación de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, se le prohibió ocupar cargos en la Administración Pública durante seis años.

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski habían solicitado una pena más severa, de cuatro años de prisión y una inhabilitación de diez años para Moreno, quien fue acusado de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica en siete ocasiones distintas.

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, también impuso la misma sentencia a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, considerándola coautora de los delitos. Sin embargo, las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas.

Esta es la tercera condena que recibe Moreno, quien ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006, y de Comercio Interior desde 2006 hasta 2013, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Anteriormente, fue condenado por el uso de fondos públicos para el cotillón "Clarín miente" y por amenazas en el caso "¿Casco o guantes?" en una asamblea de Papel Prensa.

Aunque las primeras dos condenas están bajo revisión, los abogados de Moreno, titular de Principios y Valores, podrán apelar la sentencia emitida este miércoles.

El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei recibió un duro golpe al revelarse que el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), que lidera Miguel Ángel Pichetto, no avalará la inclusión de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina, en el marco de la discusión de la ley Bases que se votará el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

En la tarde de este lunes, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, se reunieron en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con referentes de los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista, para avanzar sobre la letra chica de los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal.

La reunión comenzó pasadas las 17.30, mientras sesionaba la comisión de Presupuesto. A la negociación asistieron Silvia Lospenatto (PRO), Silvana Giudici (PRO), Gabriel Bornoroni (LLA), José Luis Espert (LLA), Santiago Santurio (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Nadia Márquez (LLA), Karina Banfi (UCR), Carla Carrizo (UCR), Pamela Verasay (UCR), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (MID).

En tanto que de parte del bloque de Hacemos Coalición Federal participaron, el líder del espacio Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

En la reunión que se desarrolló en el primer piso del Palacio Legislativo, la oposición confirmó al oficialismo que avalará el esquema más reducido de privatizaciones que quedó plasmado en el dictamen que fue sancionado en el Senado.

De esta manera, La Libertad Avanza podría quedarse sin los votos suficientes para impulsar la privatización de la aerolínea de bandera, el correo oficial y los medios públicos, objetivos que están en la mira del presidente Javier Milei desde que asumió el poder en la Casa Rosada y que fue transmitido en los últimos días por parte del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Así las cosas, la decisión final estará en manos de Unión por la Patria, que no quiere saber nada con ningún tipo de privatización. 

El bloque que lidera Germán Martínez se encuentra en una disyuntiva moral, en un callejón sin salida, dado que para evitar la entrega de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos deberá, paradójicamente, apoyar las privatizaciones de otras empresas como Aysa, Nucleoléctrica, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT, Energía Argentina, Intercargo.

Esto se debe a que si Unión por la Patria, teniendo que optar entre la versión reducida de privatizaciones del Senado y la ampliada de Diputados decidiera abstenerse, muy probablemente ganaría la votación la postura de insistir en la que salió de la Cámara baja.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el compromiso de Hacemos Coalición Federal con el Gobierno llega hasta acompañar el rescate de la vuelta de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, dos iniciativas que se encuentran en la Ley de Medidas Fiscales.

Pero en lo que refiere a la Ley Bases respetarán los términos de la sanción del Senado y no insistirán con aspectos de la media sanción de Diputados como sí harán la UCR y el PRO.

En este sentido, tampoco van a apoyar la eliminación de la moratoria previsional, un artículo que se retiró del dictamen antes de que se votase en general en el Senado.

Hacemos justifica su apoyo a insistir en Diputados con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales en el hecho de que estaban en el dictamen que se aprobó en general en el Senado, antes de que esos artículos específicos cayeran en el tratamiento en particular.

Según quedó establecido por convocatoria oficial, este miércoles a las 15 se realizará un plenario de las tres comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, para dictaminar Bases y paquete fiscal.

El jueves, en tanto, está previsto que se realice la sesión especial para votar ambas iniciativas, aunque resta esperar la citación oficial de Presidencia de la Cámara baja para confirmar la convocatoria al recinto.

El proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", presentado al Congreso, propone una modificación en el artículo 435 del Código Civil y Comercial. La propuesta permite la disolución del matrimonio mediante la simple presentación conjunta de ambos cónyuges "ante el órgano administrativo del último domicilio" del matrimonio.

Actualmente, el matrimonio puede disolverse por muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente. La nueva propuesta del presidente Javier Milei añade una cuarta alternativa que lograría el mismo efecto que el divorcio, pero sin necesidad de un juicio.

El artículo 352 del proyecto establece la adición del inciso d) al artículo 435 del Código Civil y Comercial, indicando: "comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio".

En caso de ser aprobado por ambas Cámaras, las parejas que opten por poner fin a su matrimonio no requerirán la intervención de funcionarios judiciales ni la asistencia de abogados, ya que se eliminarán las instancias judiciales en este proceso.

Después de la denuncia de Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki, en la cual pidió que se realice una autopsia al cuerpo de Silvina Luna, tres jueces se declararon incompetentes.

El primero en pronunciarse fue el titular del Tribunal Oral N° 28, Carlos Rengel, quien afirmó que no está en su competencia ordenar la autopsia, pero sí autorizó el pedido inicial del fiscal Sandro Abraldes para preservar el cuerpo de la modelo hasta tanto se resuelva el requerimiento.

La causa 48.614/23 recayó entonces sobre el juez Alejandro Ferro, del juzgado N° 36, donde el abogado inició una denuncia por homicidio simple. En este caso, el magistrado también se declaró incompetente.

Por último, el juez Luis Alberto Schlegel, titular del Juzgado N° 60, eludió realizar la autopsia del cuerpo y resolvió: “No aceptar la competencia asignada al tribunal en la causa n° 48.614/23 y devolverla, en forma digital, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, invitando a su magistrado a cargo, en caso de no compartir el criterio, que la eleve al Superior común para que dirima la contienda”.

“Varios son los argumentos para rechazar la competencia. El primero será resaltar lo prematuro que resulta el desplazamiento por no haberse excitado debidamente la acción penal. Ello porque no resulta posible analizar algún planteo de conexidad sin que exista en forma previa un requerimiento fiscal que promueva la investigación y precise los hechos a dilucidar”, justificó Schlegel.

Además, señaló: “Lo cierto es que tampoco el tribunal puede convertirse en una suerte de auditor de todas las denuncias de las operaciones llevadas a cabo por Lotocki, sino que estas deben ser investigadas por los jueces naturales que no son otros que aquellos que las reciben a través del procedimiento instituido”.

Fernando Burlando radicó la denuncia contra Lotocki y tipificó la conducta como homicidio simple. En ese marco, solicitó de forma urgente que se realice una autopsia respecto del cuerpo de Silvina Luna “a fin de conocer las circunstancias de su fallecimiento y, si en su cuerpo, en especial sus riñones, pueden encontrarse restos de Polimetil Metacrilato u otras sustancias extrañas”.

El letrado consideró también que “tales afecciones generaron la calcificación de sus riñones, lo que trajo aparejadas diversas complicaciones que derivaron, finalmente, en su deceso en el día de ayer”.

Para el abogado, sus prácticas “derivaron en consecuencias lesivas en los organismos sometidos bajo la intervención quirúrgica por parte de Lotocki”. No sólo para establecer si se trató de un crimen, sino también para “ayudar a otras personas que fueron sometidas a tratamientos estéticos” con el mismo doctor.

Los restos de la modelo fueron trasladados del Hospital Italiano de Buenos Aires hacia la Morgue Judicial, pero con estas trabas judiciales, la autopsia se demorará. En el pedido de Burlando se dejó expresado que el cadáver no será sometido a cremación, sino que será sepultado en el panteón de actores del Cementerio de Chacarita. También solicitó el secuestro de la historia clínica del centro de salud donde murió la actriz. 

Una filtración de dos grupos de Telegram denuda conversaciones en las que los involucrados buscan cómo justificar la financiación de un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis, en lago Escondido, al que habrían sido invitados por los directivos del Grupo Clarín.

Jueces, un fiscal, un ministro porteño, empresarios periodísticos y un exintegrante de la AFI viajaron en un avión privado a Bariloche, y permanecieron unos días en la mansión del magnate británico Joe Lewis, en lago Escondido.

“Podríamos averiguar el tema de una facturita en Lago Escondido”, se escucha en voz del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques en un mensaje que envía a un grupo de Telegram entre jueces, un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, dos empresarios del Grupo Clarín y hombres de inteligencia. El objetivo del grupo habría sido ocultar, inventar pruebas y frenar una investigación sobre un viaje a Bariloche que compartieron.

“El avión lo pagamos nosotros. Y fuimos a la casa de mi amigo si ustedes lo creen conveniente, no podemos decir que nos regalaron el vuelo”, escribe el usuario que aparece con el nombre del magistrado Pablo Cayssials, a lo que su par registrado como Julián Ercolini, responde: “¿No es más fácil que nos facture Lago Escondido dos noches con media pensión?”. “Pero nos facturaron después de ir, no antes. Y ninguno sacó la tarjeta. Pagamos todo grone”, admite Cayssials.

Las conversaciones a través del Telegram que se filtró se crearon a partir de dos notas periodísticas de El Destape y Página 12 en las que se detallaron que el jueves 13 de octubre pasado hubo un vuelo gestionado por la empresa Flyzar desde San Fernando a Bariloche con pasajeros que compartieron una estadía en la residencia del empresario inglés Joe Lewis en lago Escondido.

El primer grupo de chat fue armado el 17 de octubre,y según surge de la filtración fue creado por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín. También lo integra el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo. Según se desprende de las conversaciones, fueron los anfitriones de los magistrados y funcionarios. Los magistrados del grupo son Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques. Figura, además, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el ex jefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora, Tomás Reinke; y otro ex hombre de inteligencia, Leonardo Bergot. Todos formaron parte de un vuelo privado a Bariloche que los llevó a compartir unos días en Lago Escondido. El segundo grupo fue creado el 20 de octubre con el mismo objetivo de frenar la publicación periodística e investigación sobre el viaje.

Durante largas conversaciones, los involucrados buscan frenar notas periodísticas sobre el viaje y, ante una denuncia sobre el vuelo y el encuentro que mantuvieron, debaten la manera de cerrar la causa judicial. “Muchachos les cuento: la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, me ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los denunciados digamos sin Jorge y sin Pablo y en base a eso cerrarla así que si están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones”, dice en un audio al que accedió este medio Juan Bautista Mahiques. Los “Jorge” y “Pablo” que menciona son Rendo y Casey, que no figuraron en el vuelo porque estaban en Bariloche esperando en el aeropuerto a los pasajeros para ser los anfitriones.

En las conversaciones previas, los involucrados venían hablando sobre cómo justificar ética y económicamente el viaje:

Pablo Cayssials: “Me parece que lo mejor es hacernos los boludos y que la ola pase”.

Julian Ercolini: “Segundo tema, dónde estuvimos difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado. sin dejar cabos sueltos. Porque el tema denunciable principal. ya estaría resuelto con las facturas”.

Pablo Cayssials: “Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la presto”.

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Para frenar las notas periodísticas, especulan con informar a determinados periodistas sobre la gravedad de haber sido espiados y a partir de ello haberse filtrado la información sobre el viaje. “Fuimos víctimas de espionaje ilegal”, dice y agrega que “por las dudas podrían averiguar por una facturita de Lago Escondido para tenerla”, se escucha en la voz de Mahiques hijo.

En otro tramo, Reinke envía un audio en el que dice: “Hola gente, cómo andan, tema uno, el del pasaje estos aviones se pueden lotear, mi caso puede pasar como que nada, había un hueco en ese vuelo y lo compré, y me fui al sur, puedo estar o no en el Lago. No podemos poner que fuimos a pescar porque hay un problema que es que no es temporada de pesca, por lo que podemos poner que fuimos por un día a hacer cabalgatas y expedición al cerro. Como bien decimos acá, muchos nos conocimos en el viaje, yo soy uno de ellos, no tengo y soy el menos expuesto de todos por motivo legal de que no ocupo función pública. Sí estoy expuesto y mucho con respecto a determinados clientes que yo tengo que esto lo toman como una conspiración”.

Sobre la posibilidad de instalar el espionaje que sufrieron en los medios, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro envía un audio diciendo: “Yo estoy de acuerdo y haría mucho hincapié en el tema del espionaje, inclusive diría lo que yo creo que es verdad: los tipos de la PSA de Bariloche no se cuánto conocimiento tienen de nosotros, con lo cual hay un clara orden de seguir por lo menos a ciertas personas o a nosotros en función de lo que hacen. Yo haría mucho hincapié en el tema del espionaje y de la gravedad de lo que esto realmente significa sin dar demasiado detalle y me gustó lo que dijo Leo Bergroth porque hay gente que ni siquiera nos conocía y es verdad también que nos subimos a último momento”. En un momento del chat, D´Alessandro asegura que logró frenar el tema en uno de los portales más importantes del país. También lo consiguieron hacer, según ellos mismos relatan en la filtración, con otros medios y hasta un canal de noticias.

A esto, en el chat que ya es público Ercolini responde: “Yo de acuerdo en hacer mucho hincapié en el tema del espionaje. No sé si meter el tema pesca, que al final no lo hicimos o algo así, o directamente dos días de descanso con gente que incluso apenas nos conocemos”.

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Entre estas conversaciones, Jorge Rendo (segundo de Magnetto en el Grupo Clarín) envía un audio en el que dice: “Hola, estoy en la calle, van a escuchar ruidos, espero que se grabe bien. Sí, ok con el formateo. Como dice Pablo, yo le agregaría también la frase que decíamos ayer o anteayer, ya perdí la cuenta ,de que para confabular no hace falta ir hasta allá, si uno quisiera confabular confabula en un bar de Buenos Aires y lo segundo, si se puede Julián, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que bueno, que gente importante del diario La Nación también fue ahí, viste que bueno, que vos sabés quién fue”. En este último tramo del audio el directivo de Clarín recomienda a Ercolini hablar con una periodista del diario La Nación para que haga una nota sobre el espionaje:

Estos audios son algunos de los 55 mensajes de voz que intercambiar jueces, funcionarios y empresarios de medios, según trascendieron. Desde el entorno de Marcelo D’Alessandro dijeron al diario Perfil que “los audios fueron robados de un teléfono privado por servicios de inteligencia, editados y compaginados convenientemente. No sé si se entiende la dimensión o la gravedad institucional de que un servicio entre a tu teléfono y arme esta operación, en la cual además no tuvieron ni la viveza de incluir ningún delito, porque hasta acá, el único delito que se ve, es entrar, robar, editar y difundir supuestas cosas del ámbito privado de una persona”. Por el lado de Mahiques dijeron que “hoy con la tecnología que hay pueden hacer lo que quieran con tu voz y compaginar”.

El viaje a Bariloche de un grupo de jueces, empresarios de medios y funcionarios macristas que tanto se buscó desmentir apenas se difundió la información, al final existió y ahora la Justicia deberá avanzar sobre su financiación y, fundamentalmente, sobre el el armado de pruebas falsas que se intentó, según surge de estos chats.

El encuentro de jueces federales abrió con discurso del presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, quien exigió la cobertura de vacantes y una acción coordinada de todos los poderes y estamentos del Estado.

Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno, y la mayor parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, jueces federales de todo el país se reunieron en Rosario para abordar en profundidad y de manera coordinada la problemática del narcotráfico. Participaron también el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, legisladores nacionales, jueces y fiscales santafesinos y la Corte Suprema provincial, encabezada por Rafael Gutiérrez.

En ese marco, el presidente del Alto Tribunal, Horacio Rosatti, produjo un enfático llamado a la cobertura de vacantes en la Justicia Federal que, según hizo notar, oscilan en un porcentaje que va del 30 hasta en determinadas ocasiones el 50 %.

En su discurso de apertura de las deliberaciones, Rosatti remarcó que para combatir el narcotráfico es necesario dar “una batalla cultural”, que debe ser asumida por “un Estado cohesionado, con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida”.

“La decisión política no debe limitarse a la etapa represiva del delito, es decir una vez que este se ha consumado o cuando está consumándose; tampoco debe circunscribirse a la etapa previa o anticipatoria del crimen. Todo ello es necesario pero insuficiente”, explicó.

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Rosatti recalcó que esto “debe comenzar con el sistema cultural, educativo y económico. Lo primero que hay que pensar (y sobre lo que hay que actuar) es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico. Lamentablemente, ello no ha ocurrido en la Argentina. Es un camino que Argentina no recorrió, o lo recorrió mal, No lo hicimos, o no lo hicimos con la eficacia necesaria. ¿Significa que nunca más podremos hacerlo? De ninguna manera; es imprescindible dar también la batalla cultural y educativa, aquella que reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo y que procure activamente la inclusión social. Y es preciso hacerlo ahora, aunque los frutos se vean dentro de varios años”.

Coordinación y herramientas

El presidente de la Corte reclamó una acción coordinada, que en lo que hace a los tribunales atañe al mapa judicial y también a la implementación generalizada del sistema acusatorio. Y, fundamentalmente, a la cobertura de vacantes, “con jueces idóneos y comprometidos”, y la creación de los juzgados y fiscalías necesarios.

Pero también, con “la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad. Ofrecemos federalizar, desde la Corte, nuestras oficinas técnicas, en la medida de nuestros recursos y posibilidades. Técnicas que tienen que ver con lo criminológico, pero también con lo contable. Podemos anunciar hoy, por las gestiones realizadas por el Consejo de la Magistratura, la instalación de un salón multimedia con la última tecnología (la segunda en el país, la primera se instaló en Casación). Y esto se debe a la gestión del Consejo de la Magistratura, y yo agradezco profundamente la presencia de los consejeros hoy y aquí, como muestra de compromiso”, añadió.

“La cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales. Una inteligencia inteligente –si se permite la expresión- y democrática, cuya relevancia no debe ser subestimada. Y si se ha hecho de otra manera, debe corregirse. Pero esto no invalida el instrumento”, sostuvo.

Rosatti puso como ejemplo de ésto “que a la par del seguimiento territorial del fenómeno se siga el camino económico, financiero y contable, el del tráfico del dinero y los activos que genera la actividad ilícita. Se está trabajando muy bien con Procelac, Procunar y otras oficinas”, a la vez que destacó “la capacitación que brinda la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura en materia de recupero de activos”.

Para concluir, el jurista remarcó que “es tramposo reducir este fenómeno a una lucha tribal entre clanes. Porque quien crea que la sociedad está al margen de este fenómeno, y que sólo debe mirar como espectadora una batalla ajena, donde unos habrán de eliminar a los otros, está condenando a esa sociedad a ser víctima del flagelo.

Sin neutralidad

“Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad. La indiferencia no sólo ha propiciado el avance del narcotráfico; ha generado también desconfianza y desánimo en la sociedad en las instituciones que deben combatirlo. Caldo de cultivo para la acción psicológica, terrorista, de estos grupos. Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad institucional y calidad de vida.

“En definitiva, lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales.

Este es el mensaje que queremos dar. Estamos del lado de la ley, de la defensa de la cultura del trabajo lícito, de la inclusión y de la convivencia pacífica. Para que se note. Para que se note quienes están de este lado, y para que se note también quienes, aparentando estarlo, por acción u omisión, no lo están”, concluyó.

Las evaluaciones serán los días martes 30 de noviembre, miércoles 1 y jueves 2 de diciembre en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe.

El Consejo de la Magistratura, por Resolución 038/ 21, prorrogó la fecha de las prueba de oposición para el Concurso de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas, destinado a cubrir vacantes en 36 Juzgados de la provincia de Santa Fe. La decisión se debe a la necesidad reorganizar el concurso a partir de la cantidad de inscriptos.

Realizarán exámenes de oposición para cubrir 36 vacantes de jueces comunitarios

Al respecto, el subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Fernández Vigil, destacó que “es un momento importante en la historia del Consejo,  porque el último concurso de jueces comunitarios y de pequeñas causas fue en el año 2014, con 450 concursantes. Hoy hablamos de algo inédito porque son 36 juzgados vacantes, con 926 inscriptos admitidos, que rendirán el aula Moodle con un  resultado que se conocerá en el momento y  todo esto lleva una organización más compleja de lo que venimos utilizando”.

“Por este motivo, a los efectos de asegurar la organización del examen, se prorroga una semana, ya que llegan concursantes de toda la provincia para rendir, con todo la planificación y estructura que requiere esta prueba de oposición”, detalló Fernández Vigil.

La evaluación se realizará los días martes 30 de noviembre, miércoles 1 y  jueves 2 diciembre de 2021, en forma presencial, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe, ubicada en Lavaisse 610.

El examen que deberán realizar los aspirantes se realizará a través de la plataforma Moodle, el aula virtual de la Secretaria de Tecnología para la Gestión de la provincia. Los participantes solo podrán ingresar con DNI  y la ID Ciudadana, que se generó al momento de la inscripción en el aula virtual.

Proceso para cubrir las vacantes de Defensores Adjuntos del Pueblo

VACANTES A CUBRIR >> Circunscripción Judicial Nº 1 La Criolla (departamento San Justo) La Pelada (departamento las Colonias) Llambi Campbell (departamento La Capital) María Juana (departamento Castellanos) Recreo (departamento La Capital) San Carlos Sud (departamento Las Colonias) Santo Domingo (departamento Las Colonias) San José del Rincón (departamento la Capital)

>> Circunscripción Judicial Nº 2 Acebal (departamento Rosario) Bigand (departamento Caseros) Carcarañá (departamento San Lorenzo) Empalme Villa Constitución (departamento Constitución) Fighiera (departamento Rosario) Fuentes (departamento San Lorenzo) Máximo Paz (departamento Constitución) Peyrano (departamento Constitución) Puerto Gaboto (departamento San Jerónimo) Santa Teresa (departamento Constitución) Serodino (departamento Iriondo) Puerto General San Martín (departamento San Lorenzo), Pujato (departamento San Lorenzo) Zavalla (departamento Rosario)

>> Circunscripción Judicial Nº 3 Bombal (departamento Constitución) Chañar Ladeado (departamento Caseros) Godeken (departamento Caseros) Maggiolo (departamento General López)

>> Circunscripción Judicial Nº 4 Las Garzas (departamento General Obligado) Margarita (departamento Vera) Romang (departamento San Javier)

>> Circunscripción Judicial N° 5 Arrufó (departamento San Cristóbal) Humberto Primo (departamento Castellanos) Pozo Borrado (departamento 9 de Julio) San Martín de las Escobas (departamento San Martín) Soledad (departamento San Cristóbal) Tacural (departamento Castellanos) Virginia (departamento Castellanos).

En un comunicado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires explicó los motivos del planteo.

Los jueces de la provincia de Buenos Aires le pidieron al gobernador Axel Kicillof que los integrantes del Poder Judicial sean incluidos en el plan de vacunación. Explicaron que se trata de personal esencial, que muchas tareas las deben cumplir de manera presencial y que los edificios judiciales no cuentan con la infraestructura adecuada para los protocolos sanitarios que se deben implementar en este contexto de pandemia.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresa su preocupación ante la disparidad de criterios entre la prioridad que se reconoce a sostener la presencialidad en el servicio de justicia y el orden de prelación al momento de vacunar a los operadores que deben hacerla efectiva”, sostuvo la entidad a través de un comunicado en el que agregaron que “existe un alto número de contagios entre las y los funcionarios y magistrados y también se registran, con dolorosa frecuencia, fallecimientos por Covid -19″.

La asociación ya hizo el pedido formal para ser incluidos en el plan de vacunación a la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, ante la Suprema Corte Justicia y la Procuración General bonaerense y ante el Ministerio de Salud, a cargo de Daniel Gollán.

“Nuestra institución viene realizando todas las gestiones a su alcance para que cada una de las autoridades con poder de decisión en esta materia comprenda la necesidad de proteger a quienes han sostenido al sistema de justicia en los altos niveles de desempeño que reflejan las estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia”, agrega el comunicado y desde el Colegio destacan que hay un buen diálogo institucional.

Los jueces explicaron los motivos principales por los que piden ser incluidos en el plan de vacunación. Uno es que por resolución de la Suprema Corte y de la Procuración General las oficinas judiciales deben estar abiertas con un mínimo de empleados para su funcionamiento.

“Las oficinas judiciales están ubicadas en edificios que no están preparados para la situación de pandemia y en muchos casos son peligrosos porque aglutinan gente en los pasillos, ya que se trata de casas alquiladas, predios sin ventilación ni los espacios recomendados por las autoridades sanitarias. Esto constituye un riesgo cierto, no solamente para el personal sino para todas las personas que concurren diariamente (por ejemplo, en los casos de violencia la asistencia de ciudadanos/as en busca de respuesta es numerosa y cotidiana)”, señalaron.

También que trámites judiciales que “necesariamente” requieren la presencialidad. “Los fiscales deben concurrir a los lugares de los hechos, ingresar en espacios privados, cerrados o donde hay personas que pueden estar contagiadas, cadáveres, etc.”, puso como ejemplo el Colegio. Otro caso citado es que “el fuero de Familia atiende situaciones extremadamente sensibles y graves, que requieren la presencia de magistrados/as y funcionarios/as.

“Los términos no están suspendidos por la SCBA, lo que significa que los y las magistrados y funcionarios deben velar porque las causas se lleven delante de acuerdo a los plazos que prevé la normativa. Eso genera la obligación de concurrir. Algunas de las audiencias que podrían realizarse de manera telemática fracasan por que la conectividad no es buena, por lo que debe recurrirse a “audiencias mixtas”, que requieren presencialidad. El sistema no está preparado para ofrecer la conectividad con la calidad suficiente”, explicó la entidad. Ocurre con los juicios orales: “en muchos casos, no pueden llevarse delante de manera telemática toda vez que la litigación requiere de la presencialidad para interrogar a los testigos, por ejemplo”.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, invita a las autoridades a resolver esta cuestión para proteger adecuadamente al funcionariado y la magistratura y a las y los ciudadanos que concurren a los tribunales”, concluyó la entidad a la espera de una respuesta.

El Gobierno nacional oficializó hoy el nombramiento de 14 jueces y 9 fiscales, con la publicación de los decretos respectivos en el Boletín Oficial, tras el acuerdo prestado por el Senado.

Los decretos llevan la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

El Decreto 850/2020 oficializa a David Perelmuter en la Cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, en tanto el Decreto 863/2020 nombra a Pablo Salinas en la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza.

El Decreto 852/2020 se refiere a Elpidio Pinto quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, y el 862/2020 nombra a María Caccioppoli en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, de Concepción del Uruguay.

También se reseñan las designaciones de Susana Pravata en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Mendoza, por medio del Decreto 860/2020; y de Edgardo Lara Correa en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 10 en ciudad de Buenos Aires, por medio del Decreto 861/2020.

En tanto, el Decreto 859/2020 nombra a Pablo Quirós en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza; y el 869/2020 cita a María Puebla en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 108 en la ciudad de Buenos Aires.

Le siguen el Decreto 870/2020 que designa a María Constanza Caeiro en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30 de la ciudad; el 865/2020 que nombra a María Pereira en la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; y el 864/2020 que dispone que Ivana Hernández se desempeñe en el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico (La Pampa).

Asimismo, el Decreto 867/2020 nombra a Enrique Regueira en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la ciudad; el 866/2020 a Diego Cormick en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 de la ciudad; y el 858/2020 a Héctor Heim en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó.

En cuanto a los nombramientos del Ministerio Público Fiscal se oficializaron los de Gema Raquel Guillen Correa como Defensora Pública oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan (Decreto 856/2020); Inés Jaureguiberry como Defensora Pública de Víctima con asiento en la Provincia de Buenos Aires (Decreto 851/2020); y Iara Silvestre como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa (Decreto 854/2020).

En tanto, Ivana Mezzelani fue designada como Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La Plata (Decreto 849/2020); Martina Romero como Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la Nación (Decreto 857/2020); Ramiro Rúa como Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la Nación (Decreto 871/2020) y Eduardo Villalba como fiscal en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (Decreto 868/2020).

Figuran también Guillermo Todarello como Defensor Público Oficial Adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría Nº 2 (Decreto 853/2020); y Alejo Amuchástegui como Defensor Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza (Decreto 855/2020).

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar los pliegos de acuerdo para 28 jueces y fiscales y debatir varios proyectos de Ley, entre los que se encuentra la creación de un fondo para el desarrollo, un programa de formación sobre medio ambiente y la paridad de género en los servicios de radiodifusión.

La sesión está convocada para hoy a partir de las 14, según el decreto parlamentario de la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner.

En la convocatoria, los legisladores también debatirán un Decreto Parlamentario, en el que se autoriza el ingreso y permanencia de más senadores al recinto de sesiones.

La semana pasada, tanto el oficialismo como la principal bancada de la oposición fueron autorizados a sentar en las bancas de manera presencial, mientras dure la cuarentena por coronavirus, a cuatro representantes de cada interbloque.

El decreto permite que puedan participar del debate en el recinto un senador por cada bloque minoritario, lo que podría sentar a una decena de representantes en sus bancas de manera presencial.

Los legisladores también le darán el visto bueno a la Resolución Conjunta firmada por Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para exceptuar a los senadores de la compra de dólar ahorro.

A continuación, el Senado avanzará con los acuerdos para designar formalmente a 28 jueces y fiscales que pasarán a integrar el Poder Judicial.

Entre los proyectos que se debatirán, además, figuran la llamada “Ley Yolanda”: un Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible, destinado a personas que se desempeñen en la función pública.

Asimismo, fue incluido un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que aprueba las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Finalmente, será puesto a consideración de los senadores un proyecto de Ley que garantiza la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves para tratar los pliegos de acuerdo a 28 jueces y fiscales, y debatir varios proyectos de Ley entre los que se encuentra la conformación de un fondo para el desarrollo, un programa de formación sobre medio ambiente y la paridad de género en los servicios de radiodifusión.

La convocatoria fue informada esta noche, luego de que la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó un Decreto Parlamentario convocando a una nueva sesión para el 8 de agosto desde las 14.

Mañana, además, los senadores recibirán la visita del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, quien brindará el informe de gestión del gobierno nacional.

En la convocatoria, además, los legisladores debatirán un Decreto, también firmado esta noche, en el que se autoriza el ingreso y permanencia de más senadores al recinto de sesiones.

La semana pasada, tanto el oficialismo como la principal bancada de la oposición fueron autorizados a sentar en las bancas de manera presencial, mientras dure la cuarentena por coronavirus, a cuatro representantes de cada interbloque.

El Decreto de hoy permite, además, que puedan participar del debate en el hemiciclo a un senador por cada bloque minoritario, lo que podría sentar a una decena de representantes en la sala de sesiones.

Los legisladores también le darán el visto bueno a la Resolución Conjunta firmada por Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para exceptuar a los senadores de la compra de dólar ahorro.

A continuación, el Senado avanzará con los acuerdos para designar formalmente a 28 jueces y fiscales que pasarán a integrar el Poder Judicial de la Nación.

Entre los proyectos que debatirán, además, los legisladores, figuran la llamada “Ley Yolanda”: un Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible destinado a las personas que se desempeñen en la función pública.

Asimismo, fue incluido un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que aprueba las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Finalmente, será puesto a consideración de los senadores un proyecto de Ley que garantiza la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

Los jueces de la Corte Suprema se reunieron hoy por Zoom y postergaron la definición del caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán CastelliLos jueces de la Corte Suprema se reunieron hoy por Zoom y postergaron la definición del caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

La Corte Suprema se reunió hoy, por teleconferencia, para discutir el caso de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, pero no llegó a un acuerdo para resolver el tema. Los cinco jueces seguirán estudiándolo, informaron fuentes judiciales.

“Hoy no habrá una sentencia”, dijo un funcionario de la Corte a LA NACION. La semana pasada, el máximo tribunal se avocó a tratar el caso cuando abrió el per saltum que habían presentado los jueces, que promovieron un amparo para evitar ser corridos de los cargos a los que habían sido trasladados durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, denunció una “campaña de desprestigio”, tras el pedido de juicio político en su contra

Un decreto del presidente Alberto Fernández dispuso que los tres camaristas regresen a sus cargos originales, después de que el Senado se negó a darles acuerdo. La semana pasada, la Corte los restituyo transitoriamente en los puestos a los que habían sido trasladados, pero ahora el tribunal debe tomar la decisión de fondo.

El fallo de la Corte de la semana pasada motivó críticas del kirchnerismo y la diputada camporista Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que ayer le contestó con una declaración pública denunciando ser víctima de una “persistente campaña de desprestigio”.

Según el presidente de la Corte, el pedido de juicio político en su contra está “motivado por intereses políticos”. Mientras tanto, el Gobierno tomó distancia. Antes de que la Corte tomara el per saltum, el propio Presidente había cuestionado a Rosenkrantz, pero ayer en la Casa Rosada buscaron despegarse, tanto del pedido de juicio político como de las críticas al tribunal.

Un caso con final abierto

En la Corte se niegan a adelantar cuál será la decisión final respecto de los jueces trasladados, pero algunos mensajes que llegaron a oídos del Gobierno, de la oposición y de los propios interesados advierten que con la aceptación del per saltum no está dicha la última palabra en favor de los camaristas.

Una idea que circuló en ámbitos ajenos a los tribunales es que los jueces podrían intentar una solución intermedia, que implique evitar un enfrentamiento directo con el Gobierno, pero dando una respuesta favorable a los camaristas. Así se especuló con la posibilidad de que los jueces de la Corte analicen si los traslados son definitivos o temporarios hasta tanto se cubran las vacantes con concursos.

Desde el punto de vista del procedimiento, la Corte le imprimió velocidad al caso, emplazó al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, que ya envió la posición del Estado al máximo tribunal, contestando los argumentos de los camaristas. Lo propio hizo el fin de semana el procurador interino, Eduardo Casal, que respaldó los argumentos de los camaristas.

Con todo sobre la mesa, la Corte está en condiciones de dictar una sentencia que podría conocerse a fin de esta semana o la semana que viene.

Rosenkrantz ya avanzó en una posición y se espera que el resto de los jueces que votaron de manera coincidente la semana pasada trabajen sobre sus votos. El desafío es que lo hagan de manera unificada, explorando soluciones que permitan administrar el vínculo con el Gobierno y a la vez dar una respuesta al reclamo de los camaristas, sobre los cuales la Corte ya se pronunció en el pasado, avalando su posición.

El título de la resolución de la Corte puede que sea contra el Gobierno, pero que los argumentos le sean favorables, especulaban en la oposición, con cierta desconfianza.

El voto de la mayoría salió con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.

La Corte Suprema admitió el per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, movidos a dedo por el macrismo y que se resisten a volver a los tribunales para los cuales fueron designados. Hasta que se decida la cuestión de fondo, el Consejo de la Magistratura no deberá cubrir sus cargos.El voto de la mayoría salió con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.

La resolución se produjo después de que el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, convocara a un acuerdo extraordinario para tratar los planteos de los tres jueces que se resisten a volver a sus tribunales de origen. Según contaron desde la Corte, cuatro de los supremos, Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, participaron del acuerdo desde el mismo Palacio de Tribunales. La quinta jueza, Highton, se conectó desde su casa para debatir con el resto de sus colegas. Tanto Rosatti como Lorenzetti venían participando de las reuniones de la Corte por vía remota desde Santa Fe, pero volvieron a Buenos Aires para este acuerdo. En el caso, del expresidente del tribunal lo hizo después de un escrache que sufrió en su casa de Rafaela y que habría estado organizado, como informó Página|12, por una dirigente cercana a Elisa Carrió.

La decisión fue tomada luego de un escrache a Ricardo Lorenzetti y en medio de fuertes presiones del macrismo de medios hegemónicos para que el fiel de la balanza se inclinara hacia la admisión de los supremos de un recurso que se considera reservado a circuntancias extraordinarias.

Como informó PáginaI12, la ofesiva de Rosenkrantz en favor del trío de jueces BBC comenzó dos semanas atrás, cuando abandonó su bajo perfil y dio a entender en declaraciones a La Nación y Clarín que la Corte trataría los recursos de per saltum, un instrumento excpecional, para casos de gravedad institucional. Entre el resto de los supremos reinaba otra tónica: esperar a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolviera el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi en su intento por conservar los cargos en la Cámara donde fueron trasladados, sin acuerdo del Senado, por el gobierno de Mauricio Macri.

La semana pasada, para sumar presión y forzar el tratamiento del tema, el presidente del alto tribunal hizo uso de una de las pocas facultades que el permiten decidir algo en soledad y le dio carácter extraordinario al acuerdo de este martes y estableció que el tema a tratar serían los per saltum. Se podrían sumar los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi. Hasta el anochecer del lunes, ninguno de los ministros y ministra de la Corte habían presentado proyecto de voto alguno. Nadie parece querer mostrar sus cartas antes del encuentro, que en algunas vocalías dicen que será virtual y en otras que será presencial. La manifestación en la puerta de la casa de Lorenzetti, con consignas políticas, aumentó el malestar y los niveles de tensión.

En el tribunal miraban con atención los pasos que daba la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya les rechazó una cautelar a Bruglia y Bertuzzi pero debe decidir sobre el recurso de amparo planteado por ellos, es decir, si son válidos o no sus traslados desde un tribunal oral a la Cámara Federal de Comodoro Py. Si esa Cámara se expedía antes del acuerdo de los cortesanos, el per saltum perdería razón de ser, quedaría abstracto. Pero ocurrió algo sorpresivo: los dos jueces que analizaban el tema, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quedaron en posiciones enfrentadas: uno quiere anular el fallo de primera instancia de la jueza María Biotti, que rechazó el amparo de los jueces, y para el otro hay que avalarlo y cuestionar los traslados. Esta situación llevó a la necesidad de que se sortee un tercer juez (el otro integrante de la sala está excusado, Pablo Gallegos Fedriani, porque llegó al tribunal por un traslado), pero increíblemente había problemas con el sistema informático y se hará este martes a las 11.30 con un bolillero manual. Las partes están convocadas.

El fiscal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, había presentado un rato antes del enredo de votos un dictamen durísimo contra Bruglia y Bertuzzi, coincidente con la posición del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Casación, que sostiene el rechazo a los traslados y que deben volver a sus cargos originales. Cuesta recordó que la la propia Cámara Federal que integraron a dedo se había opuesto a sus traslados en el momento en que fueron concretados. El dictamen recuerda que la propia Corte dijo que el sistema de traslados es de “marcada excepcionalidad, que en ningun caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados”. Para él es claro que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no cumplen los requisitos que podrían eximirlos del acuerdo del Senado (ser mudados a la misma juridicción y competencia y en materia y grado).

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli solicitaron una licencia extraordinaria ante la Corte Suprema de la Justicia luego de ser desplazados por el Gobierno y aguardan la decisión del Tribunal sobre si vuelven a sus cargos de origen o aquellos que ocuparon por designación durante el macrismo.

El pedido de licencia fue hecho para ganar tiempo y no acatar de forma inmediata la decisión que se tomó en el Senado nacional por imposición del oficialismo y el decreto posterior del Ejecutivo, que dispuso que los tres jueces vuelvan a sus cargos de origen ya que el traslado hecho durante el macrismo lo consideraron irregular.

Este martes es día de acuerdo en la Corte Suprema y los jueces aguardan la decisión sobre si volverán a sus cargos o no.

La decisión más inmediata esperable por los magistrados es la consulta que hicieron ante el Tribunal, como cabeza del Poder Judicial, sobre dónde pasan a desempeñar funciones: en los cargos que ocuparon hasta ahora o volver a sus orígenes tal cual dispuso el Ejecutivo.

No obstante, la decisión de fondo que luego deberá tratar la Corte es los amparos que cada uno de ellos presentaron en contra de la medida del Ejecutivo para volver a sus cargos anteriores.

Se trata de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ahora falta la firma final de Alberto Fernández para completar la maniobra y desplazar a los magistrados. Juntos por el Cambio no convalidó el trámite y se retiró del debate.

Después de que se desconectara el bloque de Juntos por el Cambio, que acusó a Cristina Kirchner de imponer una agenda para impedir el avance de causas judiciales en su contra, el Frente de Todos definió el desplazamiento de tres jueces: los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que instruyeron la llamada causa de los Cuadernos en la que se investigó una trama de corrupción política y empresarial en la obra pública y del juez Germán Castelli que integra el tribunal a cargo del juicio oral para esa causa.

En el momento de la votación no estuvo presente la Vicepresidenta y la reemplazó Claudia Ledesma Abdala. El secretario Parlamentario Marcelo Fuentes leyó la lista de votos, como se hace cada sesión para chequear el método remoto y nombró a cada senador ausente y la intención del voto de los presentes que arrojó un resultado de 41 votos afirmativos. “Debería decir por unanimidad”, bromeó el peronista José Mayans que insistió en la precisión. Los únicos opositores que acompañaron la decisión oficialista fueron Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

El avance del tratamiento de los tres pliegos se apuró tras la ausencia de los tres magistrados a la audiencia del viernes 4. Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, abrió la lista de oradores como miembro informante. Recordó que se analizan diez pliegos de jueces trasladados, pero que siete jueces “se sometieron a preguntas de los senadores y senadores, describieron los motivos de su traslados y su labor y muchos fueron muy ilustrativos, incluso en un caso explicaron que pidieron su traslado por presiones recibidas en el anterior lugar que ejercía su cargo”, planteó en referencia a Eduardo Farah.

“Nuestra Constitución reconoce que ningún poder del Estado se puede imponer sobre otro poder y es así que todo tramite, como es la designación de jueces, cuando no es cumplido acabadamente debe ser corregido y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la revisión remitida por el Poder Ejecutivo para la consideración de la Cámara alta que la oposición cuestionó.

Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, apuntó que “no acudieron a la audiencia, no se presentaron, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a una audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de su traslado” y agregó que “desde la oposición convalidaron los dichos de estos señores jueces”.

Y se preguntó: “¿Qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir con el mandato constitucional para el cargo que aspiran estos tres jueces que se han negado a participar de una audiencia para poder cumplimentar el procedimiento especial, constitucional de acuerdo del Senado?”. Y alertó que “han demostrado tener un desaire no a una fuerza política, no al oficialismo sino lisa y llanamente le han faltado el respeto al Senado de la Nación y a la Constitución Nacional que deberían defender”.

“Cuando se hace un traslado de un juez se lo toma como un nuevo nombramiento por eso el Senado tiene que intervenir”, añadió sobre la designación por decreto presidencial del juez Leopoldo Oscar Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de la Capital Federal; el pase de Pablo Daniel Bertuzzi de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y finalmente el traslado del juez Germán Andrés Castelli de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 de la Capital Federal.

En esa línea argumental adelantó que tanto Bruglia como Bertuzzi cumplen “una función diversa a la que fueron designados”, y que en el caso de Bertuzzi cambió de jurisdicción, de La Plata a Comodoro Py mientras que Castelli pasó de una jurisdicción distinta, de San Martín a la Capital Federal. Pidió además agregar una precisión a los textos de los dictámenes que pasaron por la comisión de Acuerdos.

En el caso de Bruglia, especificó que el traslado se realizó “con distinta competencia en razón del grado y de la materia, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. En el caso de Bertuzzi también pidió “dejar plasmado lo obvio” que el traslado, consideró, se concretó “con distinta competencia en razón del grado, de la materia y del territorio, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. Por último en el dictamen de rechazo a Castelli se agregó que su traslado se realizó a un juzgado “perteneciente a una jurisdicción territorial distinta a aquélla para la cual fuera designado”.

“Aceptar estos traslados es aceptar que existen dos sistemas de selección de jueces: uno es el artículo 99 inciso 4 de la CN y otro es el que usó el gobierno anterior que es una selección de jueces a la carta, elegidos según conveniencia”, sostuvo la mendocina en un fuerte discurso que esta vez no tuvo correlato con la oposición que se retiró molesta por la falta de diálogo, la falta de consenso para renovar el protocolo de funcionamiento remoto y la agenda parlamentaria, incluida la Reforma Judicial y la remoción de los tres magistrados en el día de hoy.

“No estamos sacando jueces que nos molestan. Este tema se origina en el Consejo de la Magistratura cuando nos encontramos con los traslados de un juez de Mendoza y uno de La Plata”, defendió la postura María Inés Pilatti Vergara quien indicó que el proceso se inició con una auditoría para analizar todos los casos de traslados de los últimos cuatro años.

Desde Tierra del Fuego el senador de La Cámpora Matías Rodríguez coincidió con Fernández Sagasti y remarcó que “el Consejo de la Magistratura indica que ante cambio de jurisdicción o de materia es un nuevo nombramiento que se aparta del mandato constitucional”.

Mario Pais, de Chubut, remarcó que los tres jueces “entraron por la ventana al cargo que tienen, porque incluso Bruglia estaba desde el 93 y no pasó por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al argumento a favor de quienes sostienen que para el cargo de origen ya habían recibido Acuerdo. Pais citó las acordadas 4 y 7 de la Corte

“Me sorprende que senadores de la oposición planteen una alianza con quienes desoyen al Senado”, criticó el catamarqueño Dalmacio Mera.

Luego habló Adolfo Rodríguez Saá que se preguntó “qué relación tiene esto que estamos tratando con la ausencia de los senadores de la oposición, qué relación pueden tener las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que habló de golpe de estado y de que no habrá elecciones el año próximo, qué relación tienen los titulares de los diarios que en este momento sostienen que la oposición se fue para no convalidar la remoción de jueces” y consideró “correcto y constitucional” el procedimiento, incluso afirmó que la sesión arrancó con quórum y con la participación de todos los bloques. “Intencionalidad hay en las ausencias, intencionalidad hay en los titulares de los diarios en este momento”, consideró luego de leer Infobae.

“Soy oposición y sin embargo estamos acá”, se despegó de Juntos por el Cambio el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que mencionó el artículo 49 de la Constitución que pone límites a las facultades presidenciales respecto a la designación de jueces de la Corte, jueces y funcionarios judiciales, embajadores, jefe de Gabinete, ascensos militares y Estado de Sitio. El ex gobernador citó jurisprudencia desde el 2000 al 2018 que determina que “no se puede saltar de jurisdicción ni de función”. Fue el mejor defensor del oficialismo al enumerar los traslados de jueces: “En el gobierno de Carlos Menem, 2; en el de Fernando De la Rúa, 2; en el de Eduardo Duhalde, 2; Néstor Kirchner, 5; en los ocho años de Cristina Fernández, 13, y en los cuatro años de Mauricio Macri, 21. Es decir que en los últimos tres años se dan prácticamente la mitad de los traslados desde la creación del Consejo de la Magistratura”. Cuestionó fundamentalmente la ausencia de los jueces en la audiencia porque “eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la judicial” y reclamó que “este Senado no puede tener tolerancia con jueces que no respetan la Constitución”.

Citó la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en base a la acordada 7 de la Corte Suprema. Consideró que si bien se acepta los traslados, deben cesar cuando concluya el proceso de nombramientos. “Pero en estos casos nunca fueron llamados los concursos, nunca hubo la intención. Los traslados se dieron después de las acordadas 4 y 7 con las advertencias de la Corte”, enfatizó y hasta alertó: “Si validamos que un juez puede ser trasladado sin acuerdo del Senado también podríamos estar en el absurdo de que un presidente designe un reemplazo de la Corte Suprema”.

El interbloque de Juntos por el Cambio retiró hoy el pedido de sesión especial formulado ayer para debatir temas vinculados a la pandemia, por lo que el Senado comenzará a las 14 el plenario en el que se prevé rechazar los traslados de tres jueces.

En una nueva nota dirigida esta mañana a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, los senadores de la oposición desistieron de la convocatoria que habían pedido ayer también por escrito al considerar que el llamado a sesión fue hecho en los términos de un decreto que ellos no convalidan.

“La misma ha sido citada en los términos del DP 14/20 que no ha tenido aprobación del cuerpo y siendo que esa Presidencia carece de facultades para dictar normas que modifiquen el reglamento interno le comunicamos que este interbloque ha decidido retirar el pedido de sesión especial”, señala la misiva firmada por los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Juan Carlos Romero.

El Decreto Presidencial parlamentario 14/20, firmado el lunes pasado por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Fernández de Kirchner, prorroga la realización de sesiones de carácter remoto “de modo excepcional y por el plazo de sesenta días”.

El documento establece que ese período “será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria” que viene ocurriendo desde marzo, con el estallido de la pandemia por coronavirus Covid-19 que obligó al aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir su contagio.

La sesión prevista para las 12, en la que la oposición pretendía discutir temas vinculados a la pandemia y la propuesta de ley de Economía del Conocimiento, quedó entonces cancelada y el Senado abrirá a las 14 el plenario convocado inicialmente para rechazar los traslados de tres jueces ordenados durante el macrismo.

El debate se realizará luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia desestimara un pedido de “tratamiento urgente” del recurso de amparo rechazado en un fallo de primera instancia que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron para evitar que el Senado revisara sus traslados.

La audiencia requerida por el oficialismo tiene como primer tema la continuidad de las reuniones parlamentarias remotas, tal como viene sucediendo desde mayo.

Es que ambos quedaron filmados en un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se los ve recibiendo el pago de más de 800 mil pesos por parte de una tercera persona, supuestamente a cambio de revocar un pedido de prisión preventiva a un detenido.

Ante esta situación, la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, Vilma Molina, “convocó hoy a una reunión a los integrantes del jury de enjuiciamiento y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se resolverían las acciones que se llevarían adelante contra los acusados”, informó una fuente judicial a Télam.

“No podemos adelantar absolutamente nada en estas circunstancias, simplemente hemos tenido acceso a la información y pasamos a un cuarto intermedio hasta el día viernes”, dijo a la prensa la diputada provincial y miembro del jury, Juana Fernández.

Por su parte, otro de los miembros del jury, el diputado provincial Augusto Barros, señaló que “más allá de lo que la sociedad puede sentir, somos parte de un sistema que nos impide opinar hasta tanto tengamos la información precisa y resolvamos. Cualquier opinión puede ser incómoda para la función que cumplimos”.

Finalmente, el representante legal del juez Morales, Luciano Rojas, señaló hoy que se trata de un “video editado” y que su cliente se presentó espontáneamente ante el fiscal Barros.

“Se trata de un video editado que de ninguna forma constituye una prueba válida. Una vez que el señor fiscal en su caso resuelva promover la acción penal en contra de mi defendido y formular una acusación es cuando nosotros vamos a elegir una estrategia de defensa”, dijo hoy Rojas a la prensa.

En medio de la polémica por las salidas de presos por el coronavirus, la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, apuntó contra los poderes ejecutivos por el estado de las cárcelesEn medio de la polémica por las salidas de presos por el coronavirus, la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, apuntó contra los poderes ejecutivos por el estado de las cárceles.

Los jueces nacionales y federales rechazaron las críticas del Gobierno por las salidas masivas de presos y cuestionaron las amenazas de iniciarles juicios políticos. Dijeron que el problema no es responsabilidad de ellos, sino de las deficiencias del sistema carcelario que le corresponde al Poder Ejecutivo remediar.

“Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”, dijo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en un comunicado; una respuesta directa al presidente Alberto Fernández y a sus funcionarios, que sostuvieron que el problema eran las decisiones que tomaban los jueces.

Señalaron que las libertades sobre las que resuelven los jueces se deben a “deficiencias en las estructuras del sistema carcelario y no al trámite propio de los procesos judiciales”. Indicaron que los magistrados deben resolver entre mantener la detención de un preso con probabilidades de enfermar con severidad, o disponer el arresto domiciliario o la liberación de quienes no podrían aspirar a dejar la cárcel en otras circunstancias.

Aseguraron que para tomar esas decisiones los jueces tienen en consideración “las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima” y las circunstancias de cada caso.

Las jueces reunidos en la Asociación de Magistrados son nacionales y federales; es decir, actúan en el ámbito de la Capital en casos de delitos comunes y en delitos federales en todo el país. No son jueces que deciden sobre las causas de delitos comunes ocurridos en las provincias.

“Es el Poder Ejecutivo, nacional o provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros”, dijeron los jueces deslindando responsabilidades en Fernández y el gobernador Axel Kiciloff quienes les habían dicho que el problema se generó por sus fallos.

Los jueces dijeron que ellos determinan cuál derecho está afectado en menor medida y que son “los administradores del sistema penitenciario” los que tienen que tomar medidas antes de que el asunto tenga una solución judicial.

La respuesta también se dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que promovió juicios políticos contra jueces que excarcelaron a delincuentes peligrosos. “Resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve”, declaró la Asociación, que reúne a jueces, funcionarios, fiscales y defensores.

Recordaron que para revertir fallos que pudieran ser equivocados hay herramientas procesales, como el recurso ante un tribunal superior. Y que se remedio pone en pie de igualdad a los imputados o condenados y a los interesados por el delito.

El presidente de la Cámara de Diputados se manifestó en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el marco de la pandemia del coronavirus

“Estamos viendo que, en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”. Con esta definición se manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con relación a las salidas de presos en el marco de los numerosos pedidos de sus respectivas defensas por temor al contagio de coronavirus.

En este sentido, Massa advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político, siempre y cuando no cumplan la Ley de la Víctima, aprobada de manera unánime por el Congreso y que funciona bajo la órbita de la Cámara baja.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”, señaló el diputado en diálogo con el periodista Luis Novaresio, en Radio La Red.

En los últimos días, asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del país –Santa Fe, Rosario, Tucumán– así como Madres del Dolor, Usina de Justicia, Familiares de la Tragedia de Once, junto a Matías Bagnato, Alberto Lebbo y Victoria Bargna, entre otros, repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” para una “búsqueda de impunidad” para detenidos impulsada por algunos jueces.

Por citar un ejemplo, al ex vicepresidente Amado Boudou se le permitió irse a su casa, por decisión del juez Daniel Obligado, actuando como juez de ejecución desde el TOF 4, a pesar de la condena en su contra por el caso Ciccone y de que no se halla enfermo ni tiene elevada edad.

Otro ejemplo: la Cámara de Casación Penal instó a los tribunales inferiores a que dispongan prisiones domiciliarias a un grupo de detenidos. De manera puntual, se habló de dejar salir de prisión a los grupos de riesgo, pero también a aquellos detenidos por delitos leves, los que puedan acceder a salidas transitorias, y abrió la puerta a considerar los arrestados por delitos graves, siempre en el marco de la pandemia del coronavirus.

Con relación a la posibilidad de iniciar juicio político, Massa explicó: “En enero, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso de la Nación el funcionamiento de la Oficina de la Víctima, creada por una ley votada por unanimidad, que establece que el juez para liberar a un delincuente antes tiene que dar vista e intervención a las víctimas”.

“Hoy estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Sergio Massa.

En la línea de los pedidos de excarcelaciones por el impacto del COVID-19 en las instituciones penitenciarias, el Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó ese beneficio para el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime, detenido por numerosas causas de corrupción. Esa misma repartición, a cargo de Horacio Pietragalla, habría presentado pedidos ante la Justicia por uno de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Martín Báez (antes de la pandemia) y por el dirigente social Luis D’Elía.

A pesar de las críticas, el presidente Alberto Fernández resolvió respaldar a Pietragalla. “Hay una posibilidad procesal de que algún detenido o procesado convoque a la hora de hacer una presentación a un amicus curiae, alguien que puede opinar sin ser parte y ayudar a que el juez tome la mejor decisión. En ese proceso, los abogados de Jaime solicitaron que se expida la Secretaría de Derechos Humanos en condición de amicus curiae”, introdujo el jefe de Estado.

Y continuó: “La Secretaría de Derechos Humanos tiene entre otras funciones hacer cumplir los tratados, que en la Argentina tienen el mismo peso que la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esa recomendación”.

“Lo que hizo Pietragalla es jurídicamente aceptable. Estamos hablando de derecho. Políticamente, Ricardo Jaime tiene la condena que tiene. Socialmente y políticamente. Pero estamos hablando de derecho, no de política. Y la Secretaría de Derechos Humanos no se puede negar a esto. Lo cité a Horacio para que me explique y cuando vi lo que habían hecho, no tengo nada para reclamarle”, concluyó el jefe de Estado durante una entrevista en Radio Con Vos.

El Gobierno aceptó hoy otras ocho renuncias en el Poder Judicial, que se suman a una sucesión de dimisiones presentadas por magistrados por la ley que redujo las jubilaciones de privilegio de los jueces y el cuerpo diplomático, que fue sancionada por el Senado en marzo último.

Las renuncias, que fueron aceptadas por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial en ocho decretos.

Se trata de Mirta Susana Filipuzzi, jueza federal de primera instancia de Viedma, Río Negro; Jorge Esteban Argento, magistrado de la Sala III de la Cámara nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal; y de Alejandro Héctor Cina, juez en lo Penal de Rogatorias de la Capital Federal.

También se aceptaron las renuncias de Miguel Ángel Blanco García Ordás, fiscal ante los juzgados federales en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires; y de Julio Amancio Piaggio, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Lo mismo ocurrió con las dimisiones de Mercedes Elisa Pérez, fiscal ante el Juzgado Federal de Bell Ville, en Córdoba; de Silvia del Carmen Abalovich Montesinos, defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero; y de María Teresa Porcile de Veltri, defensora pública de Menores e Incapaces ante los juzgados en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal.