La investigación judicial por presunto lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas desencadenó tres detenciones. La firma es propiedad de Ariel Vallejo, cuya cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, forma parte del contexto de la causa.

Entre los detenidos se encuentra la tesorera de la entidad, Micaela Sánchez, aprehendida durante un allanamiento llevado a cabo el jueves pasado.

Junto a Sánchez, las fuerzas de seguridad federales procedieron a la detención de su chofer y de una tercera mujer que la acompañaba en el momento del operativo.

La detención ocurrió en un galpón ubicado en la localidad de Turdera, al sur del conurbano bonaerense. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de la investigación.

Al momento de su aprehensión, la tesorera se encontraba cargando documentación y dispositivos móviles en una camioneta de marca Toyota, modelo SW4. Bajo uno de los asientos del vehículo, los efectivos hallaron cinco teléfonos celulares ocultos, además de diversas cajas con papeles.

El allanamiento fue ordenado por la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación. La pista que condujo al galpón provino de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía. El denunciante, quien se identificó como un comerciante de 72 años de la zona, relató haber observado una inusual "mudanza" en las últimas semanas.

Detalló que varias camionetas ploteadas con la identificación de "Sur Finanzas" realizaron múltiples viajes descargando cajas en la propiedad ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11818.

Este procedimiento en Turdera se suma a una serie de allanamientos consecutivos que se han realizado a lo largo de loa últimos tres días.

Los operativos previos tuvieron lugar en sedes de la AFA, oficinas de clubes de fútbol y distintas locaciones de Sur Finanzas.

En las últimas horas, trascendió que el juez federal Luis Armella podría disponer nuevas medidas de prueba y procedimientos , a medida que avanza el análisis de la documentación incautada.

El abogado Nicolás Payarola, que representó a Wanda Nara, fue arrestado hoy jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Será indagado mañana viernes.

Hay seis víctimas registradas en el expediente: una de ellas es María Macarena Posse, hija de Gustavo, ex intendente de San Isidro. Entre los imputados del caso se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola. Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara, involucrada por Posse en su testimonio.

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Los allanamientos continuaban al cierre de esta nota, con otro procedimiento en la zona de Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°.

Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. En paralelo, la Justicia porteña procesó al abogado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

🚨 ASÍ DETUVIERON AL EX ABOGADO DE WANDA NARA- Nicolás Payarola está procesado por 11 hechos de estafas millonarias.- Entre las víctimas, la familia de Cachete Montiel. pic.twitter.com/39ABnihAwq

El fiscal Iribarren descubrió que ambos casos se cruzan: Juan Marcelo, el padre de “Cachete”, es una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, que le pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó.

El abogado, también, propuso a los Montiel la entrega de una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de la UFI de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Payarola, por otra parte, había logrado una eximición de prisión a mediados del año pasado. Luego, tuvo que pagar una fianza de $40 millones.

Macarena Posse no fue una clienta de Payarola, sino una colega con un negocio en común con Wanda Nara como protagonista. Posse representó a Nara. Aseguró que fue convocada en enero de este año por Payarola para trabajar en una causa que involucraba a la familia de la mediática influencer. Poco después, comenzó a intervenir en los diferentes expedientes en torno a Nara y sus problemas familiares con Mauro Icardi, con un convenio de honorarios.

“El convenio era entre nuestro estudio junto al estudio Payarola y Asociados con Wanda Nara. Desde el día uno, es decir el 21 de enero de 2025, se le dijo y explicó a Payarola que nosotras con mi socia no íbamos a trabajar sin tener el convenio firmado, a lo que Payarola respondió “Wanda está aca, todo adentro lo hablado, te envío el convenio”“, declaró en su denuncia.

Ese convenio contenía una cláusula al menos especial, de acuerdo a la declaración de Posse. Si Wanda revocaba el patrocinio al año, debía pagar 600 mil dólares. “La razón de ésa claúsula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario, etc. Dicho convenio fue aceptado por la clienta y por Payarola quien se había quedado con la copia firmada por la clienta para dárnosla a nosotras cosa que nunca sucedió”, continuó la abogada.

Así, Posse trabajó y trabajó junto con su estudio. Sin embargo, de acuerdo a su relato, Payarola y Nara esquivaban sistemáticamente fimar el acuerdo.

El 1° de abril último, Nara le revocó el patrocinio a Posse. La abogada le insistió por WhatsApp. La influencer y conductora, aseguró, le clavó el visto para jamás responder. Luego, Posse fue a la Justicia, para sumarse a la causa en curso que investigaba a Payarola.

Dispusieron la prisión preventiva para Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física condenado por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.

El tribunal conformado por los Dres. Lisandro Aguirre, Sergio Carraro y Pablo Spekuljak resolvió por unanimidad, ordenando que Trigatti quedara preso. Los jueces consideraron necesario cautelar el proceso penal, debido a la existencia del peligro de fuga. También impusieron un embargo de 50 millones de pesos.

La audiencia de medidas cautelares se realizó a puertas cerradas, con presencia de representantes de amicus curiae y familiares de las víctimas.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores. Recientemente, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena.

El tribunal dio sus fundamentos de forma oral. El primero fue Aguirre, quien señaló que “si bien la regla es la libertad y la prisión preventiva es excepcional e instrumental, la situación procesal cambió radicalmente tras el segundo pronunciamiento condenatorio”.

Este hecho constituye un "elemento nuevo" que, según el criterio de la Corte Suprema, permite valorar la prisión preventiva como medida cautelar indispensable y proporcional.

La existencia de una condena no supone la evaluación de una "pena abstracta" o posible, sino de una pena concreta. En este caso, a 12 años de prisión. El magistrado sostuvo que el doble conforme supone que las vías de revisión ordinarias se agotaron, y esto proyecta un mayor riesgo de fuga debido a la inminencia de la ejecución efectiva de la condena.

Además del riesgo procesal, Aguirre hizo hincapié en la especial gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las cinco víctimas, de escasa edad. En esa línea, invocó la Convención de Belém do Pará, que exige un deber de diligencia debida y reforzada por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Dr. Spekuljak adhirió a los argumentos de su colega y destacó que ya son seis los jueces que han confirmado la existencia de los abusos y la autoría por parte de Trigatti.

Una de las controversias durante la audiencia giró en torno a la existencia del riesgo de fuga, y para responder el juez citó doctrina y jurisprudencia. Esta le permitió sostener que el doble conforme es un elemento de riesgo procesal suficiente, ya que la superación de etapas procesales proyecta una mayor probabilidad de evasión.

Además, en sus fundamentos el magistrado recordó que en el devenir del proceso judicial intervinieron 3 tribunales de juicio, 19 jueces penales, “el imputado ha gozado del ejercicio de sus derechos y ha tenido una defensa”.

El tercer interviniente fue el juez Carraro, quien confirmó que el segundo pronunciamiento de un tribunal de Alzada que confirma la condena de 12 años justifica las solicitud y aplicación de la prisión preventiva.

Los magistrados coincidieron en que el proceso avanzó, y que durante los últimos cuatro años Trigatti contó con amplias garantías. Carraro explicó que la garantía del principio de inocencia "va cediendo" frente a los pronunciamientos adversos, que fueron confirmados en doble instancia.

Por lo tanto, concluyeron que, al encontrarse agotadas las vías ordinarias y existir un incentivo claro para que Trigatti pueda darse a la fuga ante la inminente ejecución de una pena severa, la única opción es la prisión preventiva.

En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios.

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios.

La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes.

El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

El fallo, al que accedió El Litoral, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa.

En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad.

La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, quien está acusado de haber “plantado” un arma de fuego y drogas en el vehículo del empresario Francisco Hauque.

La medida, que fue firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irúrzun, se llevó adelante debido a que “el avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”.

El Tribunal consideró que en las condiciones actuales de la pesquisa se estima que los riesgos subsistentes pueden ser neutralizados a través del arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

El pedido concedido había sido presentado por el nuevo abogado de Piccirillo, Gastón Francone.

En agosto, la Cámara Federal le permitió al acusado acceder a una serie de medidas probatorias claves para su defensa. La resolución de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal constituyó un revés para la fiscalía, que se había opuesto a la producción de estas pruebas por considerarlas “inútiles” o “dilatorias”.

Según los magistrados, la negativa del juzgado a permitir esas medidas vulneraba el derecho de defensa en juicio del exmarido de Jésica Cirio, que en ese momento se encontraba procesado con prisión preventiva.

Piccirillo está acusado de haberle plantado droga y un arma al empresario Hauque y se encontraba detenido desde marzo en el penal de Ezeiza.

La medida había sido dictada por el juez Sebastián Casanello, quien lo consideró como autor del delito de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Por la misma causa también están investigados un comisario de la Policía de la Ciudad y un expolicía federal. Asimismo, fueron procesados otros seis efectivos pertenecientes a la División Robos y Hurtos de la Policía de CABA por privación ilegal de la libertad, incumplimiento de deberes y abuso funcional.

Piccirillo fue detenido el 20 de marzo en su casa, en Nordelta. Hasta allí llegaron los policías luego de una denuncia realizada por Hauque.

El caso comenzó a investigarse en enero, cuando el empresario había sido detenido en la Avenida Alvear mientras circulaba en el auto con su esposa. En ese entonces, luego de ser señalado como narcotraficante, sostuvo que Piccirillo había sido quien le armó una causa con la Policía de la Ciudad por una deuda millonaria que tenía con él.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló el caso porque entendió que era una causa falsa y estuvo plagada de irregularidades de parte de los policías. Desde entonces se lo empezó a investigar al marido de Jesica Cirio y al grupo de agentes como responsables del operativo.

A partir de aquel momento todos los involucrados están detenidos. Sin embargo, poco después, apareció un arrepentido en el caso, quien, por su cooperación con la Justicia, recuperó la libertad. En su testimonio, el policía reveló que esta presunta intervención fue organizada por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía de CABA, y que antes del procedimiento los agentes que participaron ya tenían información sobre la presencia de drogas y armas en el vehículo que interceptaron, perteneciente a Hauque.

“Nos precisaron que en el auto íbamos a encontrar dos paquetes con estupefacientes y un arma”, declaró el arrepentido. “Para todo esto, nosotros ya sabíamos que ese vehículo tenía elementos ilegales”, agregó en su testimonio.

Helguero, jefe de una división de la Policía de la Ciudad, se comunicó con el oficial mayor Ybarra para informarle que tenía datos sobre un narcotraficante y que debían encontrarse con un informante en la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. Así, finalmente, fue como llevaron adelante el falso operativo y detuvieron a Hauque y su esposa, quienes permanecieron varios días en prisión.

Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que agredió a su expareja el lunes de la semana pasada en el interior de un edificio ubicado en calle Francia al 2700 de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Maximiliano Ariel S., de 38 años, quien fue detenido el lunes 20 de octubre pero, debido a que se había provocado lesiones de gravedad, recién fue imputado este jueves. El fiscal Matías Broggi realizó la atribución delictiva, endilgándole la autoría del delito de “tentativa de femicidio, también calificado por el vínculo”.

La audiencia se realizó en los tribunales locales, ante el juez penal Sebastián Szeifert, y contó con la presencia de la Dra. Magalí Mazza, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp). El imputado participó de la audiencia de forma remota, ya que permanece hospitalizado, con custodia policial.

El fiscal Broggi sostuvo que “minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2700, donde ella reside con su grupo familiar”.

“El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta”, relató, “la agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cesara la situación violenta”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras culminar el ataque, Maximiliano S. se fue a las cocheras del edificio y, una vez allí, se autolesionó en el cuello, provocándose un profundo corte en el cuello. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva. Si bien su estado mejoró, continúa internado, con custodia policial.

El día del hecho, uno de los hijos de la mujer le explicó a El Litoral que “ellos ya habían terminado hace un año, pero él la seguía acosando. Le mandaba mensajes, sabía nuestros horarios, dónde vivíamos. Ella hizo denuncias, fue al Ministerio de la Mujer, y nada pasaba. Tenía medidas de restricción, pero siempre quedaba libre. Era barra brava de Unión y estaba metido en cosas raras”.

El chico también señaló: “Mis hermanos chicos estaban en casa, vieron todo después. Ella subió ensangrentada, se quedó con ellos. Yo me enteré por un mensaje y ahí llamamos a mi abuela, que pidió urgencias”.

Desde el entorno de la víctima aseguraron que el acoso era constante y que existen episodios de violencia previos. El hijo dijo que “hace años viene pasando esto. Él siempre se salía con la suya porque tenía contactos. Mi mamá vive con miedo hace mucho”.

Tras concretar la imputación, desde la fiscalía informaron que “solicitaremos la prisión preventiva, fundamentalmente para resguardar a la víctima”, e hicieron hincapié en que “al ponderar la pena en expectativa y los riesgos procesales, deberá contemplarse que el imputado tiene dos antecedentes penales condenatorios”.

Una pareja de hermanos de la ciudad de San Justo están siendo investigados por estafar en casi 70 millones de pesos a miembros del círculo familiar de uno de los implicados. La causa trascendió la semana pasada, con las detenciones de un hombre de 30 años, identificado como Franco Leonel B. y su hermana menor Aldana Soledad B. (27)

Como consecuencia del avance de la causa, que está siendo investigada por el fiscal de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, la Justicia ordenó este martes la prisión preventiva para el varón, en tanto que la mujer fue imputada este jueves, por el delito de “estafas reiteradas” en calidad de coautora y también atravesará el proceso tras las rejas.

Según informó la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA), “al imputado se le atribuyó haberse apoderado de los datos biométricos de las víctimas –quienes son padre e hijo y viven en San Justo–, y haberlas defraudado por un total de 69.756.000 pesos”.

Asimismo, adelantó que “en el marco del mismo legajo penal también se investiga a una mujer” que resultó imputada por el mismo delito, ante el juez Pablo Spekuljak, quien le fijó la cautelar de máxima.

La medida privativa de la libertad contra Franco Leonel B. fue ordenada el martes por el juez de la IPP, Sergio Carraro, quien consideró acreditados los hechos y los riesgos procesales vigentes en esta etapa de la investigación.

Según informó el fiscal Nigro, “en el marco del mismo legajo penal se investiga como coautora de las defraudaciones a una hermana del hombre que transitará el proceso judicial en preventiva”.

El funcionario del MPA indicó que “a principios de este año, el imputado y su hermana se apropiaron ilegítimamente de los datos biométricos de dos hombres, quienes por entonces eran la pareja y el suegro de la mujer investigada”.

Nigro expuso que “entre febrero y marzo, los coautores simularon las identidades de las víctimas y engañaron a cuatro entidades bancarias en las que abrieron seis cuentas y contrataron productos financieros asociados”.

Al respecto, especificó que “accedieron a tarjetas de crédito y préstamos que utilizaron para obtener rédito económico en detrimento de los titulares, quienes desconocían las solicitudes a su nombre”.

“Como resultado de las maniobras delictivas, el suegro de la mujer investigada y el hijo de él sufrieron perjuicios por 47.404.000 pesos y 22.352.000 pesos, respectivamente”, detalló el fiscal.

Este martes 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia de cesura en el juicio por jurados contra Pedro David Medina, quien fue hallado culpable del crimen de Norma Alegre, cometido en mayo de 2024, en Concordia.

Medina fue declarado por el jurado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa y robo por escalamiento, en una investigación que llevó adelante la fiscal Julio Rivoira.

Durante la instancia, la fiscal y el abogado querellante, Carlos Conti, solicitaron la pena de prisión perpetua, mientras que el defensor Carlos Medina pidió una condena de 25 años de prisión para su defendido.

Tras escuchar a las partes, el vocal del Tribunal de Concordia, Dr. Germán Dri, fijó para el próximo 5 de noviembre la audiencia en la que dará a conocer la pena que recaerá sobre el acusado.

El joven fue acusado del brutal asesinato de Norma Alegre, ocurrido en mayo de 2024 en la esquina de Misiones y Liniers, del barrio Nebel. También se le atribuye haber prendido fuego la vivienda para ocultar el crimen y haber provocado graves heridas al padre de la víctima, un hombre de 97 años que logró sobrevivir tras ser rescatado por los bomberos.

El crimen se registró alrededor de las 7.30 de la mañana del martes 7 de mayo, cuando Norma Alegre, de 65 años, fue asesinada de al menos ocho puñaladas. Según la investigación, Medina ingresó a la vivienda tras escalar un impedimento físico con la intención de robar, y luego de cometer el homicidio prendió fuego la casa en un intento por borrar evidencias, sin advertir que en el interior se encontraba el padre de la víctima.

El hombre mayor fue rescatado en grave estado, con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, y trasladado de inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva durante varias semanas.

Wanda Nara disfruta del éxito de "MasterChef Celebrity", pero sigue con su fuerte pelea con Mauro Icardi y ahora tendría acumulada una deuda millonaria en multas por mostrar la imagen de sus hijas.

Si bien Wanda se ocupa de tapar las caras de las menores, sus amigos y familiares continúan mostrando a las niñas en redes sociales, algo que está prohibido por la Justicia.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", señaló el periodista Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas".

“La primera multa fue el año pasado cuando en el sillón de Susana Giménez dijo que iba a pagar la multa de 10 millones de pesos y nunca la pagó. Después tiene dos multas por 50 millones a favor de Mauro Icardi y dos multas de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez”, detalló el periodista.

“Y hay otra multa antes de esta de 100 millones que se tiene que elevar a Cámara. La actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, cerró el periodista que compartió esta información.

Un hombre fue imputado en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, acusado de haber cometido un delito atroz: según la Justicia, violó y dejó embarazada a una adolescente durante una pijamada. Luego de la audiencia judicial, el presunto abusador quedó detenido.

Según información publicada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, el acusado es un familiar de la víctima y, durante el ataque, la amenazó para que no revelara lo ocurrido.

El fiscal del caso, Manuel Islas, formuló este miércoles los cargos contra el hombre, identificado como P.D.M., tras relatar los hechos en una audiencia en la sede del Poder Judicial de Neuquén, acompañado por la asistente letrada Vanesa Muñoz.

De acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, el abuso ocurrió entre febrero y marzo de este año en la vivienda del acusado. La investigación detalla que el hombre organizó una reunión de tipo pijamada en su domicilio, donde llevó a la adolescente a una habitación y la agredió sexualmente.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso en la audiencia. “Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal, triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad, aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

Durante la jornada, Islas solicitó la prisión preventiva por cuatro meses para P.D.M., respaldando el pedido en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de la víctima y posible fuga del imputado. Según remarca el informe del MPF, el juez de garantías Juan Manuel Kees avaló tanto la formulación de cargos como la prisión preventiva por el plazo solicitado.

Además, el magistrado autorizó la extracción de sangre del acusado para realizar un cotejo de ADN en el marco de la investigación judicial.

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, según supo la agencia Noticias Argentinas, y su abogado pedirá la inimputabilidad.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Luego de la audiencia, José Luis Legarrate, abogado del acusado, habló con la prensa para dar detalles de cómo seguirá la defensa de aquí en adelante: "Laurta en la audiencia se mostró colaborativo, no nos opusimos a la cautelar de la prisión preventiva".

Al ser consultado sobre cómo es su situación procesal, Legarrate expuso que es "muy compleja" pero que todavía "hay evidencias por incorporar y analizar", por lo que "es temprano para dar a conocer fundamentos, hay que trabajar de manera profesional".

"Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones", sumó.

En este sentido, conforme a la información a la que accedió NA, Laurta será trasladado este jueves por la tarde hasta dicha provincia.

Por último, algo que se esperaba como defensa, señaló que no descartan que el acusado haya sufrido "un proceso vivido de psicosis", por lo que podrían plantear su inimputabilidad.

"El objetivo de la defensa es garantizarle el debido proceso penal", concluyó. 

Un hombre de 55 años identificado como Domingo Dario González fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Reconquista.

Así lo dispuso la jueza Claudia Bressan, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.

Abusos

Díaz indicó que “González llevó adelante su accionar delictivo entre 2021 y 2023, cuando la víctima transitaba los últimos años de su escolaridad primaria y los primeros de la secundaria”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en la convivencia que mantuvieron a raíz de la relación de pareja que él tenía con la madre de ella”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en diferentes oportunidades en las que se quedaron a solas en las viviendas en las que convivieron”, afirmó la funcionaria.

La representante del MPA sostuvo que “para concretar los abusos, González amenazaba a la víctima” y puntualizó que “le decía que si ella oponía resistencia, él iba a echar al grupo familiar de las casas en las que vivían”.

“Por la modalidad, la frecuencia y la duración de los hechos delictivos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado y el vínculo que los unía, lo sucedido tuvo entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la joven”, argumentó la fiscal.

En cuanto al inicio de la investigación penal, Díaz señaló que “la víctima logró contarle sus padecimientos a la mamá de su novio”, y agregó que “esa mujer es la que hizo la denuncia correspondiente”.

Abreviado

González reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente y mediando abuso coactivo de una relación de autoridad y por ser el encargado de la guarda).

Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

A su vez, la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad con lo resuelto.

Un giro inesperado sacudió este lunes la causa por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, la mujer que fue asesinada de 57 puñaladas hace ocho años en la provincia de Salta. A horas del inicio del juicio, se suicidó el principal acusado del caso.

Javier Saavedra ya había perdido mucha sangre cuando lo encontró otro interno en el baño de la Alcaidía General, donde ambos estaban detenidos. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital del Milagro, murió antes de llegar.

Jimena Salas fue asesinada a puñaladas el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una localidad cercana a la capital salteña. Su esposo, Nicolás Cajal Gauffín, fue quien encontró su cuerpo y también a sus dos hijas encerradas en el baño de la casa.

La investigación tuvo idas y vueltas. En 2021, el viudo fue juzgado por encubrimiento agravado, pero resultó absuelto por falta de pruebas.

También fue absuelto Sergio Horacio Vargas, un vendedor ambulante señalado como presunto “campana”, quien había llegado al debate con prisión preventiva.

Pero cuando el caso amenazaba con quedar impune, surgieron nuevas líneas de investigación y la Justicia puso el foco sobre los hermanos Saavedra: Javier Nicolás, Adrián Guillermo y Carlos Damián. Los tres fueron acusados de “homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio”.

Además, Javier enfrentaba una imputación extra por “tentativa de homicidio calificado” contra el agente de policía Ariel Mariano Guantay, tras un intento de fuga durante su traslado desde Santa Victoria Este.

El procurador general Pedro García Castiella explicó cómo la investigación dio un giro tras el primer juicio fallido. “En el primer juicio se siguió un camino desacertado, una hipótesis que fracasó”, sostuvo.

Por eso, se formó una nueva unidad fiscal, con investigadores que no habían participado antes, para empezar de cero.

El trabajo fue minucioso: analizaron denuncias, delitos y bandas que operaban en la zona, además de rastrear redes sociales. Así, identificaron a los hermanos Saavedra, y especialmente a Javier, como principal sospechoso.

La prueba más contundente fue el análisis genético de ADN, que arrojó un resultado positivo entre Javier Saavedra y uno de los perfiles encontrados en la escena del crimen.

“El electroferograma es como un DNI que tenemos cada uno. Cuando se determina un match de una muestra de ADN como las que había en el lugar del hecho con una persona, eso determina que hay un millón seiscientas mil posibilidades a favor de que sea esa persona y no cualquier otro individuo del universo”, detalló García Castiella.

El procurador remarcó que “no puede haber contaminación” porque las muestras genéticas estuvieron en la escena desde el primer día y nunca se alteraron.

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó la muerte de Saavedra y el fiscal penal Santiago López Soto dispuso todas las medidas para esclarecer el hecho.

Aunque el Poder Judicial aún no informó oficialmente la suspensión del juicio, se descuenta que la audiencia prevista para este martes 16 de septiembre será postergada tras la muerte del principal acusado.

Un hombre de 29 años identificado como Gerónimo Daniel Roldán fue condenado a tres años y seis meses de prisión por haber engañado a una adolescente para que le envíe videos íntimos de ella y luego los vendió en las redes sociales.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Olivera, en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Reconquista.

El fiscal Sebastián Marichal estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate. Según indicó, “si bien valoramos la sentencia condenatoria, aguardaremos los fundamentos del fallo para poder analizar lo que llevó al magistrado a resolver de la forma en la que lo hizo, sobre todo en relación al monto de la pena”. Al respecto, mencionó que “los tres años y seis meses de prisión resultaron de la unificación con otra pena que Roldán”.

Fotos y videos

Marichal afirmó que “durante 2020, el condenado engañó a la víctima para que le envíe fotos y videos íntimos a través de Facebook”, y precisó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de la escuela secundaria”. En tal sentido, remarcó que “esas conductas configuraron el delito de grooming”.

El fiscal también sostuvo que “entre octubre y noviembre de 2021, Roldán ofreció a la venta las filmaciones de la víctima”, y subrayó que “lo hizo en Facebook e Instagram a través de perfiles falsos a nombre de ella”.

El funcionario del MPA detalló que “en el marco de un allanamiento, al condenado se le secuestraron un teléfono celular, dos computadoras, tres discos rígidos, una tarjeta de memoria, un pendrive y un dispositivo tipo posnet de una billetera virtual que fueron decomisados”.

Delitos

Roldán fue condenado como autor de los delitos de grooming y de ofrecimiento, publicación y comercio de los videos íntimos de la víctima.

Funcionarios judiciales han denunciado una preocupante situación en la morgue de Mar del Plata, donde dos cadáveres fueron atacados por ratas. 

El fiscal Leandro Arévalo calificó este hecho como "preocupante", ya que afecta el respeto a las víctimas y sus familiares, además de evidenciar la precariedad de las instalaciones que dificulta el trabajo de los peritos forenses.

El actual edificio de la morgue, ubicado en el cementerio municipal, ha sido objeto de críticas por su estado, lo que ha llevado a que los peritos forenses soliciten su traslado al predio del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). A pesar de que en 2016 se inauguró una moderna instalación en el Higa, ésta nunca ha sido utilizada.

La Fiscalía General ha informado que se está trabajando en la readecuación de las instalaciones para poner en funcionamiento la morgue en el Higa, pero el proyecto se encuentra en etapa de búsqueda de presupuesto.

Un tribunal italiano ha ordenado a dos hombres de 42 y 40 años a abandonar la casa de su madre, que había recurrido a la Justicia para desalojar a sus propios hijos alegando no sólo que no contribuían a la economía familiar sino que tampoco aportaban ningún tipo de ayuda en las tareas domésticas.

La madre, Simona Caterbi, de 75 años y residente en Pavía, en el norte de Italia, había intentando convencer en vano a sus hijos para que se fueran y un juez ha terminado dándole la razón. Los dos hombres deberán abandonar el domicilio antes del 18 de diciembre.

En la sentencia, se establece que la convivencia podía estar "inicialmente fundada", en la medida que los progenitores tienen una "obligación alimentaria" hacia sus hijos, pero hoy en día "ya no parece justificable" que los dos hombres tengan que permanecer en el domicilio junto a su madre. Se tienen en cuenta, por ejemplo, "que los dos acusado son sujetos mayores de cuarenta años", informa la cadena RAI.

Un reciente estudio de Eurostat concluyó que los jóvenes se independizan de media en Italia a los 30 años, un dato similar al de España y el séptimo más alto dentro de los Veintisiete. La media dentro de la UE es de 26,4 años, con Finlandia, Suecia y Dinamarca con datos por debajo de los 22 años.

La demandante, de 21 años, apuntó contra su abuela paterna tras las evasivas del padre para pagar la manutención diaria. El caso llegó hasta una Cámara de Apelaciones de Mercedes, que modificó el criterio de primera instancia.

La Cámara de Apelaciones de Mercedes desestimó el pedido de una joven de 21 años para recibir de parte de su abuela el pago de una cuota alimentaria tras considerar que la nieta tiene elementos suficientes para mantenerse sola. De esa manera, la decisión judicial modificó lo resuelto en primera instancia, que le había fijado a la jubilada la obligación de otorgar el 15% de su jubilación de Anses en concepto de alimentos provisorios.

El caso lo inició el año pasado “Z”, de 21 años, oriunda de la ciudad de Chivilcoy, en compañía de su hermana “L”, de 13 años de edad, quienes decidieron recurrir a la justicia en reclamo de una cuota alimentaria contra su abuela paterna tras dar cuenta de las evasivas de su padre para proveerlas de recursos para su manutención diaria.

Y es que el artículo 668 del Código Civil y Comercial habilita a los hijos -hasta los 25 años, si se comprueba que están estudiando- a exigir alimentos a sus abuelos si acreditan “verosímilmente” las dificultades para conseguirlos de parte de sus progenitores, los principales obligados. En este caso, el sujeto susceptible del recibir este reclamo era el padre de las dos demandantes, que a pesar de una serie de pedidos a través de Whatsapp, nunca contestó.

Con eso como base, el 9 de septiembre pasado el juez Eduardo Banchero, en cabeza del Juzgado de Paz de Chivilcoy, consideró evidente la imposibilidad que tenían las hijas de lograr el cobro de alimentos por parte de su padre, por lo que determinó hacer extensiva a la abuela paterna “la obligación de abonar alimentos provisorios en favor de sus nietas”, para lo cual resolvió aplicarle a su jubilación de Anses una carga del 15%.

Este fallo fue apelado por Leandro Dicásolo, abogado de la abuela demandada, quien al momento de impugnar calificó a la cuota provisoria fijada contra su defendida de “excesiva” en razón de “la edad, su estado de salud, y que sólo percibe la jubilación”, lo cual, afirmó también, “afecta su derecho a vivir dignamente”.

A su vez aseveró que “Z”, al momento de la demanda, tenía 21 años, un trabajo “estable y registrado” y “herramientas para poder trabajar muy superiores” a los de su abuela en virtud de su edad. Bajo ese contexto, el expediente llegó a las manos de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, integrada por los jueces Tomás Etchegaray y Lucas Ricardo Gómez.

“Entiende este Tribunal que la cuota alimentaria provisoria que corresponde fijar es en relación a la menor -”L”, de 13 años”-, puesto que “Z” ya es mayor de 21 años. (...) El reclamo alimentario formulado por personas mayores de 18 años contra sus abuelos requiere un análisis diferencial. En estos casos, la persona alimentada no es un sujeto de protección especial, para lo cual requeriría de prueba sobre la imposibilidad o dificultad que padece de abastecerse, lo que no ocurre en el caso”, votaron en coincidencia los jueces al fijar los alimentos únicamente para la hermana menor.

“La obligación de los abuelos opera ante el incumplimiento o imposibilidad del progenitor”, explicaron los magistrados de Mercedes. Y así precisaron: “Frente a la tensión existente entre los derechos de niños, niñas o adolescentes y los de los abuelos -que podría tratarse de otro sector vulnerable como, el de los adultos mayores- se opta por una postura equilibrada, que evita el exceso de requisitos formales que provoquen la insatisfacción de las necesidades vitales de los niños, acorde a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño”.

Llegados al punto de fijar la cuota alimentaria señalaron: ”teniendo en cuenta la edad de la beneficiaria y que se trata de alimentos provisorios, pero no obstante lo cual deber cubrir las necesidades básicas de la menor, entiende este Tribunal que la cuota debe ser fijada en el 10% de los ingresos que percibe la demandada”.

Luego de la sentencia, el abogado que representó a la abuela Leandro Dicásolo expresó: “la Cámara de Apelaciones demostró (...) estar a la altura de las circunstancias, y también puso en evidencia que se puede confiar en la Justicia”. Y en sintonía con la decisión afirmó: “No es posible que alguien con 21 años, buena salud, y con altas chances de ingresar al mercado laboral, pretenda ser alimentada por su abuela, a quien trata y le consta su edad avanzada, como también que se encuentra en condiciones vulnerables”.

El periodista Martín Candalaft contó detalles sobre el material que fue presentado en la causa, que podría complicar la prisión domiciliaria, que iban a otorgarle al cantante, L-Gante.

En las grabaciones, una persona muy allegada al cantante le ofrece plata al denunciante para que retire la denuncia por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes.

"Alguien que está codo a codo con Elián Valenzuela le manda mensaje a esta persona, a través de un intermediario, para que baje la denuncia", explicó el columnista de policiales.

"¿Y un audio sirve como prueba?", preguntó Mariana Fabbiani. "Se hace una pericia para comprobar si la voz en el audio es efectivamente de la persona que lo manda. Si esto es así, puede complicar la prisión domiciliaria de L-Gante", remarcó Candalft.

El periodista mencionó que hay algo muy llamativo en la causa: "Esta causa es rara por donde se la mire. Los denunciantes primero dicen una cosa y después lo cambian. Los tetigos dicen una cosa y después cambian. De hecho, hay una mujer, que es testigo, que un principio dijo: 'yo lo vi a L-Gante con un arma'. Y ahora sddó y dijo: 'al final, no era un arma, la persona se subió voluntariamente al auto y no fue un secuestro'".

Antes de pasar el material, Candalaft reveló quién es el autor del audio: "Este audio es de Luis Ibañez que, por un intermediario, se lo manda a Gastón Torres, la víctima, y le ofrece plata".

"Vamos a escucharlo a Gastón. Hacé una reunión con Gastón. Decile que voy a hablar bien. Lo hacemos en el departamento tuyo. Le doy una mano con lo que sea. Arreglamos un número. Avisale qué onda, si quiere", dice Ibañez en la grabación. "Gasti escuchá el audio y borralo, te lo paso en confianza", expresa el intermediario, en diálogo con el denunciante.

Al finalizar, Candalaft indicó que esta prueba en contundente. "Esto se presentó ahora. Lo consigue ahora la Justicia. Y es importante por la domiciliarai que le tienen que dar a L-Gante porque uno de los motivos para no darle ese beneficio es porque podría entorpecer la causa. Esto claramente es entorpecer la causa. Ofrecerle dinero a alguien para que cambie su posición es entorpecer la causa", concluyó.

📲 Caso L-Gante: audios exclusivos que lo comprometen👉 Horas decisivas para el cantanteCc #DDM #MarianaFabbiani pic.twitter.com/ovPNJr60cH

Hace unos días se conoció que la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a L-Gante, que está detenido tras haber sido acusado de de privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes.

En una nota con Intrusos (América TV), la mamá del referente de la cumbia 420, Claudia Valenzuela se mostró entre enojada y angustiada por la complicada situación judicial de su hijo.

"Elían está en la cárcel porque tiene una causa... todos sabemos las causas. Se cayeron algunas causas, quedaron otras", expresó al ser consultada sobre qué fue lo que motivó la detención de L-Gante.

"¿Y el tema de las amenazas?", le preguntó Karina Iavícoli. "Sabes qué pasa... yo no voy a hablar de la parte técnica. De eso puede hablar el abogado. Yo soy la mamá. Y hablo como la mamá", remarcó, notablemente incómoda.

Claudia Valenzuela explicó que está preocupada porque Elían aún no obtuvo la prisión domiciliaria. "Es algo que se tiene que definir. Estamos esperando", señaló.

Por último, la mujer abrió su corazón y describió cómo están atravesando esta situación. "Ayer lo vi, estuvimos tomando mates y me quedé un poco más de tiempo. Lo vi bien, como otras veces. Está integro, con fuerzas. Está predispuesto a afrontar lo que pueda venir, más días en la celda o tener una domiciliaria. En algún momento tuvo un poco de bajón, pero es normal. Yo también tengo mis días de bajón. Es difícil. Me siento angustiada", concluyó.

Un hombre de 35 años fue encontrado este martes muerto con signos de ahorcamiento en una vivienda de barrio Ludueña, de la ciudad de Rosario. 

Si bien en un primer momento se pensó que se había tratado de un suicidio, algunas pericias recabadas no coincidirían con la mecánica compatible con este tipo de hecho. Por el caso quedó detenido un hermano de la víctima que se encontraba presente en el lugar.

Según informó esta tarde Fiscalía, el hecho se produjo alrededor de las 6.30 de hoy en una vivienda ubicada en Junín al 5700, en barrio Ludueña. De acuerdo a lo informado, los efectivos concurrieron al lugar alertados por una serie de llamados que daban cuenta de la presencia de un hombre, identificado como Adrián Franco Collana, de 35 años, con signos de haberse quitado la vida ahorcándose.

El personal del Gabinete Criminalístico, luego de realizadas las primeras medidas, advirtieron que los indicios recabados no coincidirían con una mecánica compatible con un hecho de suicidio.

A partir de esa situación, y tras la intervención en un primer momento de la Unidad de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, se dio aviso a la fiscal Gisela Poalicelli, de la Unidad de Homicidios Dolosos.

Los datos aportados por los investigadores llevaron a la detención del hermano de la víctima, quien estaba presente en el lugar. Además, la fiscal solicitó la realización de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

La fiscal Paolicelli dispuso la participación del gabinete criminalístico de AIC para la realización de una inspección ocular de la zona y relevamiento de la escena, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos de la zona. La División de Homicidios de AIC, en tanto, realiza tareas investigativas con relación a la motivación y mecánica del mismo.

Laura Verónica Buyatti se desempeñaba en el juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela. El año pasado, le mandó audios agresivos al obrero que le pidió que le pague $300.000 pesos por un trabajo que realizó.

“Te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”. Así amenazó por audios la jueza chaqueña Laura Verónica Buyatti (51) a un albañil que le reclamaba una deuda por los trabajos que le había hecho a su exmarido. El caso provocó un gran revuelo y la Fiscalía abrió una investigación por amenazas agravadas y abuso de poder, y es por este motivo que fue destituida de su cargo como jueza de Niñez, Adolescencia y Familia.

El escándalo se desató el 21 de diciembre de 2022, según detalla la sentencia del jurado. Ese día, Buyatti llamó a Marcelo Acosta. La ex jueza estaba enojada debido a que el trabajador había amenazado con encadenarse en su casa por una deuda de unos $300.000, que Buyatti negaba. Y el hombre grabó toda la comunicación telefónica.

Luego de una investigación, Daniel Zalazar, Iride Isabe Grillo, Gloria Zalazar, Ana Kassor, Jessica Ayala, Edgardo Reguera y Carim Peche decidieron que la jueza sea removida de su cargo.

“Te mando en cana toda la feria”, “te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”, fueron algunas de las frases que la jueza chaqueña le dijo al albañil.

La jueza Laura Verónica Buyatti fue destituida de su cargo.

En el audio se escuchó decir a la jueza haciendo uso de su poder: “Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mie***. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, comenzó la conversación.

“Usted me amenazó”, le contestó Acosta. “Son cinco negros de m... que arruinan el país”, le retrucó la Buyatti. “Yo quiero que su esposo me pague”, respondió el albañil.

En ese momento, Buyatti le volvió a decir que su trabajo ya está pago y le insistió que si la seguía molestando lo iba a meter preso: “Enseguida te va a caer la cana, papi. Vos me seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana”.

Marcelo Acosta es el albañil que fue amenazado por la jueza chaqueña. 

El hombre siguió insistiendo y le aseguró que se encadenaría en su casa hasta que le pagara. Tras calificar este acto como “violación de domicilio”, la magistrada lo amenazó directamente con matarlo: “Vos te venís a encadenar a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Total, yo lo conozco al sistema, papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder”.

A pesar de que Acosta le pidió “que no la amenazara”, la jueza volvió a la carga: “Yo soy una jueza, así que conmigo atenete. Vos me nombraste, conmigo atenete a las consecuencias. No me mandes más, porque yo te mando hasta después de Año Nuevo, no, hasta después de la feria, que yo quedo de feria... ¿me escuchaste?”.