Frente a la situación de violencia e inseguridad que atraviesa la ciudad gobernada por Pablo Javkin, impulsaron un protocolo de acción en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. De qué se trata.

Ignacio Pellizzón

Tener un comercio hoy en día en Rosario implica estar expuesto a la mafia de las extorsiones. Se trata de un modus operandi que “aumentó un 50%” en el último año, con exigencias que inician en los 50 mil pesos mensuales a cambio de “paz”.

Ante esta situación que se encuentra totalmente desmadrada, desde la Asociación Empresaria de Rosario (AER) impulsaron un protocolo de acción en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El titular de AER, Ricardo Diab, indicó, en la presentación de la iniciativa, que hay una “necesidad” de darle “contención” a los asociados que vienen exigiendo y reclamando mayor seguridad para poder trabajar tranquilos.

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En este sentido, el viernes pasado se expusieron algunos puntos básicos a establecer en el protocolo. En los principales, se destacaron: denunciar obligatoriamente cuando se reciba una amenaza extorsiva mediante una suerte de línea directa que les establecerá el Ministerio de Seguridad.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta, a raíz de la obligatoriedad de la denuncia, es poder realizar un seguimiento arduo sobre el avance, justamente, de las mismas en pos de poder analizar y realizar una trazabilidad con miembros del Ministerio Público Fiscal, policías capacitados y miembros del comercio rosarino.

La necesidad de un protocolo de acción se da en el marco de un contexto desbordado en el que “cualquiera puede extorsionar a cualquiera, por cualquier monto y por cualquier motivo”, admitió Diab.

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Aumentos siderales

Fue el propio fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, quien le puso un marco a la cantidad de amenazas extorsivas que se vienen realizando en la ciudad y lo redondeó afirmando que aumentaron un 50% las denuncias por este motivo comparado con el año anterior. “Los incrementos han sido siderales”, afirmó.

Diab adelantó que el primer dispositivo que integrará el protocolo será la confección de “una guía telefónica para que nuestro asociado tenga una toma de denuncia directa”, y un instructivo sobre cómo actuar en estos casos.

Protestas

Los niveles de violencia criminal en la ciudad están batiendo todos los récords. Tras la asunción del nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, su debut el fin de semana fue trágico: se registró un ataque a la sede de la Policía Comunitaria, ubicada en avenida Sabattini, entre Crespo e Iriondo, en la zona sur.

También una pareja fue herida este domingo en un asalto en el barrio de Arroyito. Ambos están internados en terapia intensiva en distintos hospitales. Rubén está en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y Patricia en el Centenario. Él sufrió un disparo en el abdomen y ella en una pierna.

Así las cosas, familiares y víctimas de la inseguridad se concentraron este lunes frente a la sede de Gobernación bajo el enunciado “Iluminamos la política santafesina”.

La marcha, según señalan los organizadores, fue manifestarse por todos los proyectos que presentaron y no obtuvieron respuesta, por las leyes que saben que se otorgaron y no las están poniendo en funcionamiento.

Insistieron en aclarar que la concentración fue sin nombres propios, sino es “una convocatoria general por la inseguridad” y apuntaron que “Rosario está cada vez peor; no se puede andar tranquilo en la ciudad; todos los días se suman personas nuevas al grupo”.

La Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se reunió este lunes en la ciudad de Rosario para considerar un recurso de apelación presentado por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arietti, contra el decreto de la Auditora General de Gestión (AGG) por el cual se declaró incompetente para intervenir como órgano disciplinario en las denuncias presentadas por el accionar del director del Organismo de Investigación (OI), Marcelo Sain.

La decisión de la Junta de Fiscales, que fue tomada por unanimidad, quedó plasmada en un acta que se rubricó al finalizar la reunión.

En primer lugar, la Junta de Fiscales analizó si la resolución de la AGG es apelable y decidió en sentido positivo. En tal sentido, la Junta de Fiscales resolvió que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

En segundo lugar, concluyó que “es el Fiscal General como superior jerárquico del MPA (único superior de la AGG) el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.

PARTE DEL ACTA“La impugnabilidad de la resolución de la AGG y el órgano competente para resolver la impugnación, no está expresamente regulado”, aclaró la Junta de Fiscales en el acta rubricada. “Se genera así un posible escenario de vacío legal que, en el presente caso y ante la hipótesis de una situación que podría causar un gravamen irreparable en el caso de que existiera una presunta arbitrariedad del acto administrativo, considerando que la decisión de la AGG es una resolución negativa que dejaría sin potestad disciplinaria al MPA al declararse incompetente, y teniendo en cuenta además que, en tales supuestos, resulta saludable que se verifique la posibilidad de revisión del acto administrativo, amparada en principios republicanos de razonabilidad y control, máxime cuando se trata de una decisión formal; es que la Junta de Fiscales concluye que es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

“Las funciones asignadas por ley al Fiscal General reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión”, finalizó la Junta de Fiscales.

Así lo anunció el Fiscal General, Jorge Baclini, en el marco de un viaje que realizó al norte provincial. Destacó la importancia de acercar la Justicia a las víctimas. También recorrió el inmueble en el que se construye el nuevo edificio de Tribunales de la ciudad de Reconquista.

“Seguimos adelante con el proyecto de descentralizar el MPA y a la brevedad tendremos funcionando una delegación en Villa Ocampo y otra en Avellaneda”, destacó el Fiscal General, Jorge Baclini.

El anuncio fue hecho por Baclini en el marco de un viaje que realizó a las ciudades de Villa Ocampo, Avellaneda y Reconquista.

Delegación en Villa Ocampo

En Villa Ocampo, Baclini firmó un convenio con el intendente, Enrique Paduán, por el cual el municipio cedió un inmueble en el que funcionará la delegación del MPA.

“Se trata de un inmueble muy amplio, cómodo y que está en perfectas condiciones”, subrayó Baclini. En tal sentido, valoró que “las gestiones realizadas por la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial y por el municipio local para poder concretar este proyecto”.

El titular del MPA hizo hincapié en que “esta iniciativa se enmarca en la idea de descentralizar el MPA que venimos implementando desde el inicio de mi gestión” y agregó que el objetivo es “acercar la Justicia a los santafesinos en los 19 departamentos”.

Acerca de la nueva delegación, también adelantó que “a la brevedad se comenzará a equipar el lugar con el mobiliario necesario y se realizará la selección del personal administrativo”.

“Si bien las audiencias por los hechos ilícitos que se cometan en Villa Ocampo deberán seguir haciéndose en Las Toscas, en esta delegación el MPA podrá tomar algunas testimoniales, recibir presentaciones y brindar información”, sostuvo Baclini. “En definitiva se trata de estar cerca y de acompañar a las víctimas”, concluyó.

También en Avellaneda

Baclini también se reunió con el intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Scarpín, y con el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, con quienes recorrió un inmueble que cederá el municipio para instalar en esa ciudad una delegación del MPA.

“El lugar es adecuado y tiene las características necesarias para poder atender como corresponde a las víctimas”, expresó Baclini.

También explicó que “ahora empezarán a trabajar los equipos técnicos del MPA y del municipio para poder firmar lo antes posible el convenio de cesión del inmueble y avanzar en la concreción de la delegación”.

Tribunales de Reconquista

En el marco de su viaje al norte provincial, Baclini también estuvo en la ciudad de Reconquista, donde recorrió las obras que se realizan en el inmueble en el que se construye el nuevo edificio de Tribunales de esa ciudad.

“Es un edificio muy importante cuya construcción está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia”, valoró Baclini. Detalló que “en este inmueble se instalarán las oficinas de la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial y la Unidad Fiscal de Reconquista” e hizo hincapié en que “el edificio también prevé un lugar para sala de efectos”.

“Los trabajos avanzan a buen ritmo y estimamos que los trabajos podrían estar finalizados para el año que viene”, sostuvo el Fiscal General.

El Jefe del MPA lamentó lo sucedido; dijo que es una situación “crítica e ingrata”. Pero defendió al organismo y aseguró que funcionaron sus mecanismos de control y “anticuerpos”. El ministro Esteban Borgonovo, en cambio, había cuestionado el sistema -precisamente- porque no tuvo alertas que advirtieran sobre las irregularidades.

El Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, lamentó la situación que se ha generado en el Ministerio Público de la Acusación, a raíz de las investigaciones que ya derivaron en la renuncia con efecto destitutivo del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal; y en la detención por noventa días del fiscal Gustavo Ponce Asahad. Están sospechados de pedir coimas a empresarios del juego clandestino, a cambio de protección.

Consultado por El Litoral, Baclini confesó que la circunstancia es “crítica e ingrata”. De todas maneras, disintió con funcionarios del gobierno provincial que ya han planteado la necesidad de reformar el sistema porque tal como está vigente, “no ha generado alertas”. Ésa fue la expresión, por ejemplo, del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, quien habló sobre la posibilidad de “hacer retoques” a la ley.

– ¿Cómo enfrenta esta situación, teniendo en cuenta su rol como jefe de los fiscales de la provincia? -preguntó El Litoral a Baclini-

– Para mí es una situación sumamente complicada, crítica, triste, ingrata. Sin embargo, lo que también quiero mencionar y destacar es que queda demostrado que es el propio organismo el que genera los anticuerpos que necesita para autodepurarse; el MPA está aquí persiguiendo a las personas que han generado presuntamente hechos delictivos. Me parece que esto es muy importante destacarlo.

– Sin embargo, hay funcionarios del Poder Ejecutivo que están planteado la necesidad de hacer retoques al sistema porque no generó alertas. ¿No coincide con eso?

– El Ministerio Público de la Acusación ha dado muchas muestras de que tiene y genera anticuerpos para atacar situaciones dañosas como la actual. Esto es una muestra evidente de que tenemos anticuerpos. Seguramente puede haber cosas que cambiar; siempre hay autocrítica para hacer. Yo soy muy autocrítico de todas las cosas que hacemos, pero ello no quiere decir que el órgano no funcione bien. Puede tener deficiencias en cuanto a la estructura, porque falta personal para mejorar mucho más las investigaciones y generar mayores situaciones de control. Pero es evidente que el órgano funciona y funciona bien porque éste es un síntoma de autodepuración.

– En la audiencia imputativa del fiscal Ponce Asahad, en la ciudad de Rosario, se difundió un audio en el que se mencionan nombres vinculados a la política santafesina… ¿Esto también se tiene que esclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias?

– Nosotros estamos todos a disposición para generar las investigaciones hasta el final. Los fiscales tienen todo nuestro aval. (De todos modos), una cosa es la forma en la que aparecen involucrados y otra es ver si efectivamente existe una vinculación. A veces aparecen nombres relacionados y esas personas no tienen nada que ver. Tenemos que detectar e identificar bien el tipo de responsabilidad.

“Retoques”

Al referirse a la investigación que involucra a dos fiscales del sur provincial, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, recordó -y ratificó- las expresiones del gobernador Omar Perotti cuando asumió el 10 de diciembre y, frente a la Asamblea Legislativa, dijo que desde ese momento se trazaba una línea para que de un lado estuviese el Estado y del otro, el delito. “Por eso nosotros, si bien estamos preocupados, celebramos que estas cosas salgan a la luz y se investiguen. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables tengan las sanciones que corresponden”, sostuvo el ministro.

“Habrá que llegar a fondo”, sentenció; y fue allí cuando interpretó que el actual sistema debe ser sometido a una revisión. “Estamos ante un hecho de corrupción. Cualquiera que sea responsable de un hecho de este tipo, no puede estar en la función pública. Lo que sí está claro -advirtió Borgonovo- es que este nuevo sistema, más allá del problema de la corrupción, necesita algunos retoques porque no hubo alertas tempranas, no hubo resortes, no hubo mecanismos que pudieran actuar a tiempo”, concluyó.

Así lo establece la resolución número 89 firmada por Jorge Baclini. También invita a los Fiscales Regionales; fiscales; fiscales adjuntos; funcionarios, empleados y personal contratado del MPA a que adhieran a la medida.

El Fiscal General del MPA, Jorge Baclini, dispuso que el 50% de su sueldo básico correspondiente al mes de abril sea destinado a solventar gastos vinculados a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Así lo establece la resolución número 89 –disponible en la página web www.mpa.santafe.gov.ar– firmada ayer en la que también invita a los Fiscales Regionales; fiscales; fiscales adjuntos; funcionarios; empleados y personal contratado del MPA a que adhieran a la medida.

“No se puede soslayar el actual contexto de emergencia que estamos atravesando todos los argentinos, ni dejar de contribuir a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto”, afirma el documento rubricado por Baclini.

La resolución del Fiscal General también determina que los fondos resultantes de la contribución económica “deberán ser aplicados a reforzar partidas presupuestarios destinadas a salud pública, sujeto a rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia”.

De acuerdo a lo establecido por el Fiscal General, será la dirección Económico Financiera del MPA la encargada de materializar lo resuelto ante la secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Adhesión voluntaria

La resolución número 89 aclara que el Fiscal General no tiene facultades para “imponer descuentos o afectación alguna a los demás integrantes del MPA”. Por tal motivo, invita a los Fiscales Regionales; fiscales; fiscales adjuntos; funcionarios; empleados y personal contratad a que “adhieran voluntariamente a la decisión”.

De acuerdo a lo establecido, quienes decidan adherir a la contribución económica deberán hacerlo a través de un formulario –disponible en la Intranet y en sitio web www.mpa.santafe.gov.ar– en el que tendrán que completar sus datos personales y enviarlo por correo electrónico a la dirección Económico Financiera del MPA.

Asimismo, se fija como fecha límite para el envío del formulario el martes 14 de abril hasta las 13:00.

El fiscal general, Jorge Baclini, confirmó que trabajan junto al Ministerio de Seguridad provincial en esta posibilidad a fin de combatir el enrequecimiento ilícito en la institución. 

El fiscal general Jorge Baclini confirmó que avanzan de la mano del Ejecutivo provincial en la posibilidad de que los policías tengan la obligación de presentar una declaración jurada antes de ingresar a las fuerzas de seguridad en el marco del combate contra el enriquecimiento ilícito.

En declaraciones el referente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se manifestó en relación a la economía delictiva y en ese sentido fue consultado sobre la participación policial en la rentabalidad que generan ciertos negocios ilegales. “Estamos trabajando. Nos parece importante que cualquier persona que tome un cargo en la Policía se vea en la obligación de declarar los bienes que tienen presentando cada dos años un detalle en el poder judicial”, sostuvo. Y advirtió: “La Policía debería hacer declaraciones juradas en cargos superiores, pero no sólo ellos”.

“Es una idea conversada con el ministro Marcelo Sain”, continuó dándole fuerza a la iniciativa. “Tiene que ser natural que un funcionario público declare cuáles son sus bienes”, agregó.

También, adelantó que pretenden poder investigar en la provincia el delito de lavado de activos. “La ley establece que el lavado es federal cuando el impacto económico es nacional, pero entendemos que si se desestabiliza la economía provincial tienen que ser nuestra competencia”.