Lo plantearon la ministra Arena y la jefa de Policía en la exposición ante el plenario que comparten con legisladores e integrantes del Poder Judicial. Diputados de la oposición plantearon cuestionamientos a la ejecución presupuestaria y a la falta de política de detección de armas.

Por Mario Cáffaro

“El diálogo se construye; tenemos voluntad de trabajar en conjunto. En idas y vueltas podemos encontrar caminos de entendimiento sabiendo que estamos en posiciones políticas diferentes” señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena, ayer en el final de la segunda reunión de la Junta Provincial de Seguridad. Fue después de más tres horas donde funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, la cabeza del Ministerio Público de la Acusación y el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre departieron, preguntaron, informaron y disintieron sobre seguridad pública.

Foto: Luis Cetraro

La reunión se hizo en El Molino – Fábrica Cultural, fue abierta a la prensa y por una cuestión personal no pudo asistir el gobernador Omar Perotti.

Detuvieron a más de 500 personas en los primeros meses del año en Santa Fe

Dos datos positivos: La jefa de Policía, Emilce Chimenti, dijo que esta semana desde que se implementó el control policial sobre motos bajó sensiblemente la denuncia al 911 por robos de motochorros; el otro fue del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach quien aseguró que en lugares donde hay una fuerte intervención del Estado provincial como el barrio Villa Banana en Rosario bajó a cero el homicidio y los heridos de armas de fuego en el año. También hay indicadores alentadores en Acería y Las Lomas, dos barrios de Santa Fe. “Sentémonos otro día a repasar estos datos” desafió el ministro que admitió que son datos alentadores y que demandan mucho recurso humano y presupuestario pero que es el camino para bajar índices de inseguridad en zonas de las grandes ciudades.

En el inicio de la reunión hubo un planteo de la Asociación de Víctimas del Delito para participar del encuentro que los ministros del Ejecutivo consideraron que no correspondía. No obstante, siguieron la reunión junto a los periodistas. Le siguieron exposiciones muy críticas de diputados. Joaquín Blanco (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Juan Cruz Cándido (UCR), Agustina Donnet (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Pablo Farías (PS) y Walter Ghione (Uno) fueron dejando inquietudes sobre sistema penitenciario, armas, la licitación anulada de compra de armas, policías, concurso de fiscales, etc.

Se realizaron operativos preventivos de seguridad

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el secretario del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, plantearon el problema de la superpoblación carcelaria. El segundo informó que hacia fin de año habrá 1.300 nuevas plazas y que la futura cárcel federal de Coronda ya está en un 80%. “De cada cien detenidos por mes, solo egresan veinticinco” admitió Lagna. El ministro anunció que el viernes llegarán 480 autos para la policía pero que no pueden comprar camionetas ante las carencias que tiene el mercado. Anunció licitaciones para compras de armas y de chalecos. Ante la pregunta puntual de Farías sobre la licitación de su antecesor, Marcelo Sain, Lagna informó que la anuló.

A su turno, Chimenti, reclamó apoyo a la policía. “No puede ser que el accionar policial es cuestionado por los vecinos y también por la política. No todo lo que hacemos es malo”, se quejó para luego dar el dato de la caída de denuncias al 911 desde que ejercen el control sobre motociclistas.

Jorge Baclini, titular del Ministerio Público de la Acusación, admitió que necesitan trabajar en una mejor política de control de armas así como mejorar en la investigación de homicidios, de crimen organizado y de violencia de género. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, anunció que en el segundo semestre del año abrirán los concursos para designar las nuevas autoridades del MPA para que estén designados dos meses antes de la finalización del mandato de los actuales “para que haya una transición ordenada”.

En las respuestas quedó en evidencia en lento avance para lograr la presencia de mayor número de fuerzas federales en el territorio. “Aníbal Fernández ratificó que habrá un destacamento de Gendarmería en Rosario” dijo Lagna aunque no pudo precisar fechas. También hubo quejas por la deuda de nación por alojamiento de presos federales y de los pocos avances en la modificación del mapa de la justicia federal en Santa Fe.

Sobre el final se acordó que en las próximas reuniones se buscará agendar uno o dos temas. Ayer fueron muchos los planteos y funcionarios y legisladores acordaron estrechar el diálogo sobre necesidades y aportar a proyectos legislativos.

Traferri

El senador Armando Traferri, representante de la bancada justicialista en la primera reunión del Consejo provincial de Seguridad, no estuvo presente en la reunión de ayer. La Cámara Alta solo estuvo representado por Rodrigo Borla (UCR – San Justo). Tampoco estuvo en la reunión la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Ruptura PJ

Las diputadas provinciales justicialistas Matilde Bruera y Paola Bravo acordaron conformar un bloque propio en la Legislatura. La primera ingresó en la lista de María Eugenia Bielsa y la segunda representa a La Cámpora. La decisión sorprendió a sus propios compañeros de bloque. Bravo había anunciado que pediría formar un monobloque y Bruera sostiene posturas independientes del Poder Ejecutivo.

“La conducción del peronismo es Cristina, son todos compañeros los del bloque, pero quizás tengan otra conducción”, explicó Bravo.

Los restantes justicialistas son Leandro Busatto, Luis Rubeo, Ricardo Olivera y Lucila De Ponti más Oscar Martínez (Frente Renovador) y ahora se unió al sector Cesira Arcando (Fe)

El diputado Blanco presentó un proyecto de ley acompañado por los padres del futbolista fallecido en un accidente y cuya imagen se viralizó en forma inmediata. Prometen campañas de difusión con figuras públicas para crear conciencia en la ciudadanía para no reenviar imágenes íntimas.

El diputado socialista Joaquín Blanco, acompañado por los padres del ex futbolista Diego Barisone, presentó un proyecto de reforma al Código de Convivencia ”buscando reparar una laguna legal que existe en la provincia y que apunta a resguardar, preservar el derecho a la intimidad. Estamos en una sociedad donde se ha masificado el uso de internet, de redes sociales y donde cualquier vecino dispone un celular para tomar fotos, una sociedad donde todo hecho de cualquier lugar del mundo se propaga. En ese marco, consideramos importante generar conciencia del respeto al otro, a la intimidad”, señaló.

El proyecto apunta a incluir el artículo 83 bis en el Código de Convivencia (ley 10.703) para habilitar sancionar con multas o arresto a quien capte imágenes o videos de personas sin su autorización expresa, con ánimos de afectar su intimidad, dignidad o decoro, resultando degradantes o humillantes para éstas o para ascendientes, descendientes, colaterales o afines.

El caso de Barisone fue tomado como ejemplo de conducta a sancionar. El futbolista murió en un accidente en la autopista Santa Fe – Rosario y las imágenes del hecho tuvieron una circulación masiva y sus padres buscaron por todos los medios evitarlo. “Es un caso testigo, entre muchos otros, en el que las víctimas y sus allegados, ven vulnerado su derecho a la intimidad, y ante esto, el Estado no ofrece todas las herramientas que podría poner a disposición para evitarlo”, señaló Blanco. Aclaró que el objetivo no es censurar los medios de comunicación.

El socialista consideró necesario trabajar para generar conciencia sobre la necesidad de cortar cadenas que pueden dañar a mucha gente y puso el ejemplo en la familia Barisone que “ha vivido una verdadera pesadilla por las imágenes que no tenían que ver con el periodismo sino que vulneraban el derecho a la víctima”. Les agradeció a los padres del futbolista que hayan decidido convertir esa experiencia dolorosa, el duelo, en una propuesta que sirva para que ninguna familia deba atravesar ese calvario. “Buscamos un cambio cultural, ser mejores como sociedad” añadió. El objetivo es que cualquier persona que se considera vulnerada puede ir a la justicia que tiene peritos informáticos para poder establecer responsabilidades.

Barisone relató como hace cinco años planteó que se corte la difusión de imágenes. “En noticieros todavía aparece la imagen del auto destruido. Espero que una ley nos ayude” señaló. Recordó que además de las imágenes, en el accidente desaparecieron efectos personales, entre ellos ropa y teléfono celular.

Vicentin

La comisión de Diputados de seguimiento e información sobre el caso Vicentin presentó su tercer informe sobre la marcha de su tarea. El diputado Luis Rubeo (PJ) lo hizo acompañado por sus pares Fabián Palo Oliver (UCR), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular)

Además de detallar las reuniones realizadas y cuestionar el comportamiento empresario, los legisladores exigieron al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que resuelva el pedido de intervención  presentado por la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe.

El 23 reanudan las visitas a unidades penitenciarias

En la Mesa del Diálogo Penitenciario , funcionarios de los Ministerios de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, y de Seguridad con autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Público de Defensa coordinaron la reanudación de las visitas en las unidades penitenciarias de la provincia, y la aplicación de los protocolos sanitarios avalados por la cartera de Salud.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia afirmó que se trató de “dar continuidad a la mesa y tratar una nueva etapa de esta pandemia para revisar las medidas restrictivas a los derechos individuales de los internos a la posibilidad de recibir visitas y sus salidas transitorias”. El secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, confirmó que “el lunes 23 empezamos con las visitas nuevamente, con protocolos avalados por el Ministerio de Salud, con muchas restricciones. Estamos analizando las salidas transitorias”.

Precisó que la visita no va a ser semanal, en algunos casos quincenal, una por interno, y cada familiar tendrá que averiguar en la Unidad Penitenciaria cómo va a ser el protocolo. “Difieren en cada caso pero hay parámetros generales: no se permitirá el ingreso de personas de riesgo, niños o mujeres embarazas; con distanciamiento y barbijo; se les tomará la temperatura al ingreso y tendrán que firmar una declaración jurada”.

Destacó que hasta hoy -durante la pandemia-  no hubo internos fallecidos, ni agentes penitenciarios pese a que se considera que son 350 los detenidos de altísimo riesgo.

Despropósito

La diputada Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) consideró inoportuno el envío del proyecto de legalización del aborto dispuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “En tiempos en los que la situación de crisis por el coronavirus requiere de la mirada central de los que tienen poder de decisión sobre la salud de los ciudadanos, parece un despropósito dispensar la atención de nuestros legisladores en un tema que enfrenta a los argentinos”, señaló.

“Inflación creciente, crisis social con casi 50 % de pobres, altos niveles de desocupación, negociación con el FMI que exige un claro ajuste para los que menos tienen, como los jubilados, y el Presidente, para cumplir con la palabra empeñada, dispone el envío de un proyecto que divide opiniones, justo en un momento tan especial como es el fin de año”, afirmó Florito. Para la diputada “llama la atención un Presidente que desde que asumió dijo que venía a cerrar la grieta y lo único que hace es profundizarla y dividir al país. Que dice que le importa la salud y la vida pero presenta un proyecto que atenta contra la misma”, enfatizó.

Florito considera que las prioridades del momento, por la pandemia, son atender la crisis económica, el alto grado de desigualdad social, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad y la crisis educativa; en un momento en el que aún no vemos el fin de la misma y estamos ante la posibilidad cierta de un rebrote, como ocurrió en Europa, sería aconsejable poner todo el acento y los correspondientes presupuestos en salud. En vez de centrar su política en esos puntos distrae con un proyecto de ley que ya fue rechazado, en su oportunidad, por el Congreso”, concluyó.

El diputado provincial y jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco, se manifestó esta mañana respecto de la gestión del gobernador Omar Perotti, y dijo que “a 50 días de haber asumido no se conoce nada de cuál es su programa de gobierno, y hasta aquí todo su accionar se basa en un relato catastrófico respecto de la administración recibida con el claro objetivo de justificar un achicamiento del Estado”.

“Que como en todo ajuste -continuó-, los principales perjudicados serán los sectores más vulnerables y los trabajadores”. Y agregó: “Estamos absolutamente dispuestos a discutir cualquier tema y a abordarlo con la seriedad y la profundidad que se requiera, pero para eso se necesita un clima de diálogo distinto y de respeto por la oposición, donde las operaciones y el apriete no pueden ser aceptadas como lógica de funcionamiento. El rol de la legislatura, en un estado de derecho, es discutir los proyectos, aprobando o desaprobando según corresponda y no ser una escribanía del gobierno. Así fue durante los últimos doce años, donde muchas iniciativas naufragaron en las cámaras y eso no nos impidió gobernar”.

En este sentido, el diputado manifestó que esta estrategia de menoscabar todo lo hecho viene desde hace varios meses “con una intencionalidad muy clara”. “El no querer que haya transición, las críticas permanentes de cada uno de sus ministros y del propio Perotti, las descalificaciones de Saín, los anuncios de las postergaciones para sostener la política salarial, y otras actitudes del último tiempo, hoy se interpretan como capítulos de una película que no es más que un plan sistemático para gobernar sin oposición y construir legitimidad para avanzar con un fuerte ajuste, que impactará en los servicios, los empleados, las empresas y los gobiernos locales”. “Es un camino equivocado, que los Argentinos ya sufrimos, y que no nos lleva a ningún lado positivo”, enfatizó.

Blanco reafirmó que “cada proyecto que llegue se analizará con la responsabilidad y la profundidad que amerite”, y aclaró que “hasta el momento no se conocen ninguna de las nuevas iniciativas”. “Queremos estudiarlas, trabajarlas y hacer aportes. No vamos a darle superpoderes a nadie como tampoco lo pedimos nunca cuando éramos gobierno. La calidad institucional de Santa Fe debe respetarse”, detalló.

El legislador señaló que “es muy peligroso el camino que hasta acá eligió el Gobierno”. “La confrontación permanente y la descalificación del adversario, como forma casi exclusiva de construcción política son desconocidas en Santa Fe, al menos en los últimos 25 años”, sentenció. “No creemos en el caudillismo -advirtió- y sí en el diálogo entre poderes y la institucionalidad. Perotti fue votado para ser gobernador y debe ejercer plenamente esa función, y el Frente Progresista, con una fuerte representación parlamentaria, debe cumplir con la suya”.

En este sentido, Blanco recomendó que “si la situación es tan grave como dice el gobernador, le pedimos que actúe con responsabilidad y privilegiando las instancias de diálogo”. Y sostuvo: “Es temeraria la estrategia con la que buscó poner de rehén a los empleados públicos primero, después a las empresas y proveedores, y luego a los intendentes, para sancionar leyes que aún nadie conoce”. “En Santa Fe no vamos a aceptar la lógica del látigo y la chequera. Sorprende este intento tardío del Gobierno de instalar la grieta en una de las pocas provincias que había permanecido a salvo”, finalizó.