La justicia de Bolivia ratificó en las últimas horas la sentencia de diez años de prisión impuesta el año pasado a la expresidenta de facto Jeanine Áñez dentro del denominado caso Golpe II, uno de los expedientes que investiga sus acciones antes de llegar al poder, informaron hoy medios locales.Áñez fue declarada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.La Fiscalía la acusó de asumir la titularidad del Senado y, en consecuencia, la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, sin cumplir requisitos constitucionales, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La denuncia de este caso fue presentada por el presidente de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021, cuando Áñez ya estaba siendo procesada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras una presentación judicial anterior de la exdiputada Lidia Patty.La Fiscalía en primera instancia sumó la denuncia del Senado a esta causa, pero luego dividió el caso en dos: Golpe I, el proceso que denunció Lidia Patty, y Golpe II, vinculado a la denuncia de Andrónico Rodríguez.Sobre este último expediente es que los jueces Orlando Rojas y Claudia Castro ratificaron la sentencia de diez años de prisión.El abogado defensor Eusebio Vera confirmó el fallo y anticipó que se dispone a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, la última instancia de apelación antes que se declare como sentencia ejecutada, según indica el diario local El Deber.

La propia Áñez se expresó sobre la última decisión judicial en Twitter: "Los vocales Rojas y Castro, por instrucción del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido gobernante), ratifican vulneración de todos mis derechos como expresidente de Bolivia negando el juicio de responsabilidades que ordena la Constitución"."El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia será responsable del quiebre total del Estado de Derecho o su reposición", apuntó Áñez, que tiene seis procesos abiertos en la justicia.Las otras personas que fueron juzgadas por el caso Golpe II también recibieron la ratificación de la sentencia.Así, el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también siguen condenados a diez años de cárcel, aunque en rebeldía por estar prófugos.Los otros sentenciados por este caso son el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce (dos años de prisión); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones, ambos condenados a cuatro años.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II” en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

El Gobierno de Bolivia aseguró que la condena “es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado”.

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

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Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.

En este caso, denominado Golpe de Estado II, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

”En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló Áñez.

El tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

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Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”.

Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.

La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019.

”Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó.

Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, irrespetando hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”.

La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Las cuatro partes acusadoras, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez- habían coincidido en un pedido de 15 años de prisión.

Cuando la sentencia todavía era una incógnita, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de “arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional” el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.

En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que “preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”.

“La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señalan.

Por ello y por “el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional”, los exgobernantes consideran que los “testigos y facilitadores” de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

El documento está firmado, entre otros, por el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

El juicio penal contra la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se reanudó este lunes, pese a pedidos de su defensa para suspender el proceso, y la Fiscalía anunció que decidió pedir 15 años de cárcel para ella por el golpe de estado en 2019 contra su antecesor, Evo Morales.

Un juzgado anticorrupción de La Paz retomó la audiencia, a la que asiste por videoconferencia la exmandataria de 54 años desde un penal de mujeres, donde está recluida desde marzo de 2021, según la agencia de noticias AFP.

La defensa de la expresidenta había solicitado la suspensión del juicio.

Postergaron una semana la apertura del juicio a Jeanine Áñez

Los abogados argumentaban que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debía responder al recurso presentado por Áñez en el que solicitaba se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Los abogados argumentaron que el TCP no se pronunció sobre ese pedido y, por ende, el juicio podría no retomarse hasta que haya una decisión.

Con esta solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio.

El juicio se había suspendido a principios de mayo, cuando los abogados de la expresidenta presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.

Áñez había presentado un recurso de queja ante el TCP, “conforme a procedimiento constitucional, ante la omisión deliberada del Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre el fondo de ilegalidad del juicio contra la ex Presidenta”, según la cuenta de Twitter que maneja la hija de la exmandataria.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en conferencia de prensa que se solicitará una condena de 15 años de prisión, aunque Áñez alega que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como expresidenta.

La fiscalía “ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada, donde el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Añez”, sostuvo Lanchipa.

La también exsenadora enfrenta varios juicios simultáneos, entre ellos los denominados “caso Golpe de Estado I” y “caso Golpe de Estado II”. El caso I es por sus actos como presidenta y el II por sus actos como senadora. El primero está detenido en el parlamento.

Morales fue obligado a renunciar ante una ola de protestas después de las elecciones de 2019, en las que buscó un cuarto mandato, mientras la oposición denunció que había hecho fraude.

Áñez asumió la Presidencia tras la renuncia de Morales, del vicepresidente Álvaro García y de la presidenta del Senado, su primer vicepresidente y del titular de la Cámara Diputados, que estaban en el orden de sucesión presidencial.

Lanchipa dijo también que su dependencia desconoce la “queja constitucional” de Áñez.

Aun así, consideró que se trata de un recurso que no tiene efecto suspensivo sobre el juicio.

Si el juicio continúa, la Fiscalía como parte acusadora presentará los alegatos, luego seguirán los acusadores como el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, y después le tocará a la defensa de la acusada para que pueda cerrar la fase de alegatos.

Concluido este procedimiento, el Tribunal de Sentencia deliberará y dictará la sentencia correspondiente.

En la acusación presentada por el Ministerio Publico se presentaron más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales acusando a la exmandataria que hubiese adecuado su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

El abogado de la exmandataria, Luis Guillen, denunció que, pese a no contar con una respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de queja, se pretende dictar sentencia cuando “mientras el Tribunal Constitucional no emita su última palabra no se debería reinstalar el juicio”.

Jeanine Áñez escribió en la pared de su celda un mensaje cuestionando a la Justicia

“Sin embargo, lo harán de forma prevaricadora; estamos solicitando el saneamiento procesal y esperemos que el Tribunal acate la norma. Vamos a asistir a la audiencia, pero eso no quiere decir que avalemos estas irregularidades”, indicó el abogado, según la radio local Fides.

Un tribunal de La Paz hizo lugar a cuestionamientos formales presentados por la defensa de la expresidenta de facto. Áñez enfrenta una posible condena de hasta 12 años en la causa que investiga si en noviembre de 2019 llegó al Gobierno mediante un golpe de Estado.

Un tribunal de La Paz decidió posponer sin fecha el inicio del primer juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) por el golpe de Estado de 2019, atendiendo cuestionamientos formales presentados por la defensa en una desordenada audiencia virtual.

En tanto, dos de los siete exmilitares juzgados junto a la exmandataria pidieron someterse a un juicio abreviado en la causa paralela Golpe de Estado II, lo que fue interpretado por el ministro de Justicia, Iván Lima, como una admisión de culpabilidad.

“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022”, anunció el presidente del tribunal, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate.

Jeanine Áñez escribió en la pared de su celda un mensaje cuestionando a la Justicia

El tribunal no fijó de inmediato una nueva fecha de instalación del juicio en el cual la expresidenta y ocho exjefes militares y policiales enfrentarán acusaciones de violaciones constitucionales y legales en los actos que culminaron en la autoproclamación presidencial de Áñez tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), reseñó la agencia de noticias Sputnik.

El juicio

Horas después, la agencia DPA y el diario paceño La Razón dijeron que la audiencia será el miércoles venidero, y que para entonces se habrán hecho las “las correcciones pertinentes del procedimiento”.

La audiencia iba a ser el arranque del primer juicio que tiene como objetivo determinar si Áñez llegó al gobierno del país mediante un golpe de Estado o por un mecanismo constitucional.

En la misma instancia iban a ser juzgados siete exmilitares: el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), y los exmandos Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido), junto al excomandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo), precisó el portal Plurinacional.

Áñez, de 54 años, se encuentra en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se declaró en huelga de hambre para protestar por lo que considera una acusación injusta y por el hecho de no poder enfrentar este juicio en libertad, luego de que fuera rechazado un recurso en ese sentido.

“Bolivianos: hoy desde mi celda en la cárcel de Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley”, proclamó la expresidenta de facto al anunciar su decisión de iniciar una huelga de hambre.

A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del presidente Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), luego desestimado por auditorías académicas independientes.

El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”.

Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban partidarios de Áñez, encabezados por su hija Carolina Ribera, constató un periodista de la agencia de noticias AFP.

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El apoyo de Macri y otros es mandatarios

El martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos -entre ellos Mauricio Macri- pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra.

En tanto, los exjefes militares Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, ambos acusados en el caso, denominado “golpe de Estado II”, enviaron una carta al presidente Luis Arce en la que denunciaron “persecución judicial indebida” y manifestaron que su único error en la crisis de 2019 fue obedecer al excomandante Kaliman, actualmente prófugo.

“Nuestro único error fue estar presentes y obedecer la orden del entonces comandante en jefe Williams Kaliman para posar junto a él en la foto de fecha 10 de noviembre de 2019, al momento de la lectura del comunicado, del cual desconocíamos su contenido”, dice parte de la misiva de ambos exjefes militares, reprodujo el diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra.

“Ellos han reconocido ya, y han presentado por escrito ante el Ministerio Público, su solicitud de procedimiento abreviado”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, quien interpretó en declaraciones a la prensa que “esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, agregó, citado por la oficial Agencia Boliviana de Información (ABI).

La suspensión sirvió también para calmar las quejas por el deficiente sistema virtual en el que se intentaba desarrollar la audiencia: el link para la conexión circuló en varios grupos, según el diario Página Siete, y eso complicó el desarrollo.

El exministro de facto Óscar Ortiz y los exparlamentarios Amilkar Barral y Shirley Franco, ahora funcionarios del Senado, estaban conectados, pero no así el denunciante, Andrónico Rodríguez, titular de la Cámara alta, a quien se llamó varias veces.

Hubo superposición de voces, y por momentos las intervenciones eran inaudibles, y algunas radios activaron sus micrófonos de modo que, en vez de escucharse la audiencia, se oían los programas que en ese momento se difundían en vivo.

Para peor, los integrantes del tribunal encargado de la causa no tenían sus cámaras activadas, un detalle que fue cuestionado por todas las partes, ya que como requisito en este tipo de audiencias se pide activar la cámara de la computadora e identificarse con el nombre y cargo del usuario.

“Vamos a solicitar que se considere que este juicio sea presencial; efectivamente no podemos hacer que esta audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez que su autoridad no nos está escuchando”, reclamó Guillén.

La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez escribió en una pared de su celda en prisión un mensaje en el que cuestiona al Ministerio Público y al órgano judicial a los que acusa de estar al “servicio” del Gobierno de Luis Arce y su partido.

Una fotografía del mensaje escrito por Áñez fue compartida este martes en sus redes sociales, que son administradas por sus familiares, junto a otra imagen donde está transcrito el texto y se explica que fue “escrito en la pared de la celda” donde la ex mandataria transitoria se encuentra desde marzo pasado.

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“Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos, me tienen en total indefensión, procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor. Sin Justicia independiente no hay democracia”, señala la primera parte del mensaje.

También critica a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes les dice que “son una vergüenza” porque pretenden “desconocer” su mandato como presidenta interina.

“¿No recuerda el ex presidente (del TCP, Paul) Franco? ¡Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ahí estuve! ¡Con todos los magistrados en el evento! ¡Resistiré!”, concluye el mensaje.

Áñez está en prisión desde hace más de medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto “golpe de Estado” de 2019.

El Gobierno de Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.

El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades, aunque la corriente más cercana a Morales considera que estos últimos, que debe aprobar el Parlamento, no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.

La defensa de la ex presidenta solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su deteriorado estado de salud, mientras que el Gobierno de Arce demandó que esa petición se declare “inadmisible” y asegura que Áñez goza de supuestos privilegios en prisión.

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La publicación de Áñez en Twitter también agradece al recientemente conformado “Bloque de Unidad” por su respaldo a los que considera presos políticos.

El “Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia” se creó en la víspera en una reunión en la oriental Santa Cruz a la que asistieron líderes opositores como los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y la hija de Áñez, Carolina Ribera, y representantes de plataformas ciudadanas y sectores sociales.

Camacho es uno de los principales investigados en el caso “golpe de Estado” y ha sido citado a declarar este jueves en La Paz.

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno del país andino, anunció el pasado sábado que Áñez se hizo cortes en un brazo, pero aseguró que está “completamente estable” y solo tiene unos “pequeños rasguños”.La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, divulgó este martes un mensaje en el que afirmó que “ya no quiere vivir”.

“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos, que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, reza una publicación en su cuenta de Twitter.

#JeanineAñez está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido. pic.twitter.com/SuV86qgdPi

En su post asegura la exmandataria —encarcelada en el Centro Penitenciario Femenino Miraflores— que “está muy débil” y “sufre de forma permanente”. Y sostiene que “vive en alerta, angustiada, sin descanso” porque desconoce qué le van a hacer: “si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”.

¿Intento de suicidio?El pasado sábado, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno del país andino, anunció que Áñez había intentado autolesionarse al practicarse cortes en un brazo, si bien precisó que su salud era “completamente estable” y solo tenía unos “pequeños rasguños”. “Se han realizado los estudios médicos correspondientes en distintas instituciones de salud del departamento de La Paz y todas manifiestan que la señora Áñez tiene todas las condiciones vitales para guardar detención preventiva”, continuó.

Tras el intento de autolesión, el Régimen Penitenciario de Bolivia autorizó que un familiar pueda pernoctar con la exmandataria de facto en su celda, así como el ingreso de un psicólogo clínico particular.

Asimismo, Áñez fue trasladada este martes a una clínica de la capital boliviana, para que se le practicaran exámenes médicos.

Médicos que la revisaron tres veces la semana pasada le diagnosticaron a la exgobernante “hipertensión” y “ansiedad”, cuadro al que se sumó una creciente desnutrición con pérdida de peso.

¿Preparativos para un posible plan de fuga?Entre tanto, el Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció este martes que se estaría preparando un supuesto plan de fuga para sacar del país a Áñez.

Advirtió ese organismo que la fuga sería orquestada por diversos líderes opositores, entre los que se incluirían los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y Samuel Doria, antiguo compañero de fórmula de la mandataria de facto.

Tras ser detenida el pasado mes de marzo, a Áñez se le imputaron los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los hechos de noviembre de 2019, que terminaron con el golpe de Estado contra Evo Morales.

La semana pasada, el Ministerio Público de Bolivia presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento para iniciar contra Áñez un segundo juicio por su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente

“ONU Bolivia tuvo acceso inmediato e irrestricto al centro (penitenciario), pudiendo entrevistar a la Sra. Áñez de manera confidencial. Se constataron lesiones autoinfligidas que requirieron asistencia médica”, dijo el organismo internacional en un comunicado difundido por la red social por Twitter.

Allí, indicó que la exmandataria de facto “refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente”.

El documento fue emitido horas después de que una delegación del sistema de la ONU en el país, integrada por representantes de la Alto Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh) y ONU Mujeres, visitara a la exgobernante.

La confirmación de las lesiones surgió después de que allegados a Áñez dijeran que la expresidenta intentó quitarse la vida el sábado, en tanto que el Gobierno señaló que ella sufrió por mano propia lesiones que no revestían gravedad.

Según el comunicado de la ONU, Áñez recibió atención médica oficial y “refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente”.

El organismo dijo que, si bien se han tomado medidas de respuesta al estado de Áñez, como permitir que uno de sus hijos pernocte con ella, las normas internacionales establecen que las autoridades penitenciarias “deben implementar estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio”.

El comunicado consideró además “un buen paso” la decisión de las autoridades de efectuar una evaluación psiquiátrica de Áñez, advirtiendo que tal estudio debe ser hecho con consentimiento previo y por profesionales idóneos e independientes.

La expresidentea está en detención preventiva desde marzo, en espera de juicio como acusada del golpe de Estado de noviembre de 2019.

El líder del PRO firmó el pedido con otros ex mandatarios en el marco de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Mauricio Macri y otros ex presidentes de España y América Latina le pidieron este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas que intervengan para proteger la vida de Jeanine Añez.

La ex presidenta provisional de Bolivia permanece encarcelada preventivamente desde hace cinco meses, bajo tres procesos diferentes: genocidio, terrorismo y conspiración. Se trata de una causa impulsada por el ex presidente Evo Morales que afirma que hubo un golpe de Estado contra su gobierno en 2019 por el que responsabiliza a Añez.

El apoyo de Macri a Añez, además, se produce mientras sigue el desarrollo de la causa que el gobierno de Alberto Fernández promovió en contra de su antecesor por el supuesto envío de municiones a Bolivia con “fines golpistas”.  Macri y sus ex funcionarios negaron que esas municiones enviadas a Bolivia en 2019 -y que permanecieron allí tras la llegada de Fernández al poder- tuvieran otra finalidad que la de proteger la embajada argentina en La Paz.

El documento que ahora firmaron unos veinte ex presidentes, incluido Macri, coincide con la crisis sufrida por Añez en prisión. Este lunes su familia informó que etaba “estable”, luego de las autolesiones que se provocó en la cárcel . De hecho, la ONU ya recomendó brindarle atención para resguardar su integridad.

Los ex jefes de Estado y de Gobierno que firmaron son los que participan de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). En el texto que firmaron pidieron a la ONU y a la OEA que “se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana”.

En el documento, instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y a su secretaría ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, “a la adopción de medidas cautelares”.

De igual forma, llamaron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva” para proteger a Áñez.

Los exgobernantes dijeron que tienen “grave preocupación” por el estado de Áñez y recordaron que bajo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo”.

Aludieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al señalar que el Estado es “garante” de los reos y en este caso de la salud de Áñez, por los cinco meses de prisión preventiva en una cárcel en La Paz.  

Los expresidentes lamentaron “la falta de trato humanitario” a la ex mandataria y recordaron que “ejerció un gobierno de transición aceptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea”.

El Estado boliviano y su Gobierno es “responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal” de Áñez, señalaron.

Además del ex presidente argentino y líder del PRO, firmaron el reclamo a OEA y ONU por Añez: José María Aznar (España), Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Nicolás Ardito Barletta, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso (Panamá), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Alfredo Cristiani (El Salvador) y Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay),  Eduardo Frei (Chile), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).  

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la ex presidenta Jeanine Áñez intentó en la madrugada de hoy ocasionarse una “autolesión” al cortarse uno de sus brazos. “Lamento informar al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez habría pretendido generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy; sin embargo, informamos que su salud es estable y que tiene unos pequeños rasguños en unos de sus brazos y no hay nada de qué preocuparse”, afirmó Del Castillo.

MInutos después, desde el entorno de la ex mandataria, dieron su versión, una más alarmante que la planteada por el gobierno. “Se trata de un intento de suicidio y se debe a un llamado de auxilio”, afirmó a Pagina 7 uno de sus abogados, Luis Guillén.

Guillén aseguró que esta medida desesperada se debe a los “abusos que se está sometiendo a la exmandataria”.

El abogado señaló que en los últimos cinco meses de detención, el Régimen Penitenciario le administró medicamentos de forma errónea, además de fármacos contraproducentes para su salud, lo que puede haber causado un marco de depresión y paranoia que la habría llevado a tomar la decisión de quitarse la vida. “El día de ayer tuve la oportunidad de participar de la junta médica y escuché que Régimen Penitenciario había estado aplicando mal los medicamentos que se habrían recetado a la exmandataria, incluso medicamentos que serían contraproducentes para su salud y generarían en ella efectos adversos como una alta depresión o hasta un síndrome de paranoia”, aseguró.

Norka Cuéllar, otra de sus abogadas, dijo a El Deber que este hecho es un “grito de auxilio” por lo que está pasando la expresidenta. “Ella se siente muy acosada y le han tocado el punto más débil, que es el tema de su hija”. Por ahora, la situación de la exmandataria es crítico”, dijo la abogada, ya que la exautoridad está sufriendo un cuadro de depresión y de hipertensión arterial que no es atendido como se debe.

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el viernes que había presentado un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019.

Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.

Pedido internacional

Los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) expresaron su preocupación por la salud de Áñez a través de una carta firmada por los tres, en la que hacen un llamado urgente al Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado para preservar la integridad física y psicológica de Áñez.

Los tres exmandatarios señalan en la misiva que los informes médicos y las imágenes de la expresidenta evidencian el “deterioro de su salud”, por lo que consideran que es “crucial e inaplazable revisar su situación jurídica que le permita defenderse “resguardando su derecho a la salud”.

“Mantener a la expresidenta detenida puede traer consecuencias lamentables para ella, su familia y el país”, indica la carta que enfatiza en poner los derechos humanos por “encima de cualquier disputa política”.

“Extendemos nuestra preocupación a los organismos internacionales de Derechos Humanos, y les solicitamos que verifiquen la situación física y emocional de la expresidenta Jeanine Áñez”, precisa la carta.

Las últimas semanas Áñez salió del penal de Miraflores en La Paz donde cumple su detención preventiva por el caso denominado “golpe de Estado” para someterse a distintas pruebas médicas en la que varias veces se la vio en silla de ruedas y con dificultades para caminar.

La familia y la defensa de la exmandataria transitoria ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la salud de Áñez, quien sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo. También denunciaron que trasladan a Áñez a sus exámenes médicos sin avisar a la familia o a sus abogados, algo que las autoridades del Régimen Penitenciario han negado.

Semanas atrás, Áñez solicitó una audiencia con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una carta que dio a conocer este martes en sus redes sociales.

“Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia, para que mi hija, Carolina Ribera Áñez, participe en representación mía”, señala Áñez en el texto argumentando su situación de reclusión por más de cuatro meses como impedimento para concretar un encuentro personal con la funcionaria del organismo.

En la carta la ex mandataria interina expone la acusación en su contra de “ser autora de un supuesto golpe de Estado” pero que en realidad los delitos por los que se la acusa “no han sido demostrados” y que su encarcelamiento es parte de “una decisión política” del presidente boliviano, Luis Arce.

En el texto recalca que el 12 de noviembre de 2019 asumió la Presidencia en medio de una “convulsión social” y un “vacío de poder” que se originó por la renuncia de las principales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo nacionales. También alerta de que “sigue latente el peligro de que sufra un accidente cardiovascular o paro cardíaco” debido a la hipertensión que padece.

En el escrito, Áñez indica que la versión de un “golpe de Estado” es “falsa” y que “cada día se va desmoronando”.

El jefe del Ministerio Público del país vecino anunció la  decisión en conferencia de prensa en la ciudad sureña de Sucre, donde tiene su oficina. Un grupo de expertos internacionales estableció que el Gobierno de Áñez cometió masacres.

La Fiscalía General de Bolivia presentó este viernes una acusación formal contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez (2019-2020) “por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves” y “lesión seguida de muerte”, en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales, y pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que requiera con urgencia la autorización del parlamento para continuar el proceso.

“La Fiscalía General del Estado comunica a la población boliviana que presentó el día de este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, informó el fiscal Juan Lanchipa, citado por la agencia boliviana de noticias ABI.

El jefe del Ministerio Público anunció su decisión en conferencia de prensa en la ciudad sureña de Sucre, donde tiene su oficina, mientras un grupo de expertos internacionales estableció que el Gobierno de Áñez cometió masacres.

“El Ministerio Público, reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia”, sostuvo el Fiscal General del Estado.Foto: ABI.La autoridad fiscal aseguró que el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público en relación a los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los principios de “objetividad y transparencia”, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley 044, del país.

“El Ministerio Público, reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia”, sostuvo el Fiscal General del Estado.

El ex presidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una “sugerencia” de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.

Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

En la actualidad, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran en trámites tres proposiciones de juicio de responsabilidades en contra de Añez.Foto: ABI.En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas “deliberadas” y “maliciosas” para inclinar las elecciones hacia Morales pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.

Un total de 37 manifestantes murieron en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad que habían recibido garantías de inmunidad por parte de Áñez.

Añez cumplió está bajo prisión preventiva desde su detención, el 13 de marzo de este año, en Beni. Entonces, la exmandataria era sindicada por sedición y terrorismo, por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.

El martes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, presentaron oficialmente un documento en el que recomendó al Ministerio Público que haga una revisión escrupulosa “de todos los casos en curso o cerrados, con los principios de debida diligencia y debido proceso a los acusados”.

Un total de 37 manifestantes murieron en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad. Foto: ABI.En su informe, el GIEI recomendó, entre varios puntos, que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019.

En la actualidad, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran en trámites tres proposiciones de juicio de responsabilidades en contra de Añez.

Se trata de las denuncias por la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 300 millones de dólares sin aval de la ALP, por la ampliación del contrato de concesión del servicio de Fundempresa y por la supuesta vulneración de los derechos de la libertad de expresión con la puesta en vigencia del Decreto Supremo 4200, según el sitio Brújula Digital.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, en prisión preventiva mientras se investiga su responsabilidad en el golpe de estado de 2019 contra Evo Morales, se declaró en huelga de hambre en la cárcel, según informó hoy la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal.

“¿Para qué, Amparo? ¿Para qué luchar?”, afirmó Carvajal que le dijo Áñez cuando la visitó en la prisión.

“Ya no quiere luchar por la vida y eso es muy grave; cuando yo salí (del centro penitenciario), la guardia le decía: ‘Señora, coma’ y ahí ella me dijo que está en huelga de hambre”, relató Carvajal, según el diario paceño Página Siete.

La exmandataria, de 53 años, se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) desde el lunes pasado, en prisión preventiva mientras se investiga si cometió los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

“Me han dejado estar con ella un cuarto de hora y está en huelga de hambre, pero su estado anímico es muy grave y tiene mucha depresión”, indicó Carvajal.

La activista no precisó desde cuándo habría dejado de comer la exmandataria.

Consultado sobre el tema, el abogado de Áñez, Luis Guillén, no pudo confirmar la versión pero anunció que en las próximas horas presentaría un recurso de salida judicial para que la expresidenta pueda ser atendida en un centro médico fuera del penal.

Asimismo, la abogada Norka Cuéllar afirmó que ayer se puso en riesgo la vida de Áñez al cancelarse a último momento la autorización para que fuera llevada a una clínica privada tras haberse descompensado.

“En su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El pasado sábado 13 de marzo fue detenida en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte de Bolivia, la expresidenta de facto de ese país Jeanine Áñez, acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por el caso del golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en 2019.

Un día después, la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria de facto. La medida también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, y se justificó por la existencia de riesgo de fuga de los detenidos.

El actual ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, informó que la cartera que dirige pedirá “una condena de 30 años” contra Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su administración (noviembre 2019-noviembre 2020).

“Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, enfatizó Lima.

En febrero pasado, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

“Algo que jamás podrá negar el gobierno de la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas”, manifestó entonces Cruz.

En octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó un informe que señala que de esos 37 asesinados, 27 de ellos fueron por impactos de bala —algunos con calibre 22, otros calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62—; además, dice que hubo 861 personas heridas.

Según recoge el informe “Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, de la Defensoría del Pueblo, el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que asumiría el poder (que se concretó formalmente el 12), hubo fuerte represión policial contra la población que se oponía al golpe en la Zona Sur de La Paz, concretamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo.

De acuerdo al documento, estos lugares fueron escenario “de excesos por parte de la Policía, a través de actos como la aplicación de golpes, patadas, insultos racistas o discriminatorios, amenazas con armas de fuego y otros”, vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza.

“Como consecuencia de estos actos, 18 personas resultaron heridas en la intervención policial, y tres personas perdieron la vida“, dice el informe.

Según el citado informe de la Defensoría del Pueblo, el 13 de noviembre, en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz, se produjo una manifestación que fue intervenida por las fuerzas policiales, luego de una amenaza de saqueos al principal mercado local.

En el lugar, donde hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, “el uso excesivo de la fuerza policial tuvo como resultado el fallecimiento de Roberth Ariel Calisaya Soto de 20 años de edad, producto de un disparo de arma de fuego”, además de varios heridos, dice el documento.

Richard Orellana, médico de la clínica San Miguel, donde fue llevado Calisaya, informó que la víctima arribó sin signos vitales y se determinó que el joven había fallecido por impacto de arma de fuego, cuyo proyectil ingresó por la parte derecha del tórax y se alojó en el corazón.

El 15 de noviembre de 2019, justo el día de la firma del sonado decreto de Áñez, en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra del gobierno de facto.

Los manifestantes intentaron atravesar el puente Huayllani, que une a la ciudad de Sacaba con Cochabamba, pero se toparon con un cerco policial y militar que les impidió el paso. Minutos después, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes.

El saldo de esta matanza fue de 12 personas asesinadas y 125 heridas. Los fallecidos fueron identificados como:

Cuatro días después, sucedió la segunda masacre, esta vez en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.

La Defensoría del Pueblo identificó a las personas que fallecieron ese día como:

Además de estos cuatro lugares, de acuerdo con el documento que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.

Aparte de esto, el Ministerio de Justicia presentó este lunes cuatro pedidos de juicio contra Áñez que tienen que ver con el préstamo presuntamente irregular de más de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia; la prórroga “ilegal” por 15 años de concesión de Fundaempresa, una entidad comercial contratada por el Estado; la “vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile”; y las restricciones decretadas durante la pandemia.

La Fiscalía general de Bolivia solicitó la prisión preventiva de Jeanine Áñez por seis meses, luego de que la expresidenta de facto fuera detenida ayer por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.

Los principales partidos opositores, de derecha, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.

El ministro de Justicia rechazó acusaciones de Áñez de “persecución política”, dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la expresidenta y exsenadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario.

La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.

Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social luego de que opositores denunciaran un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.

Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y motín policial, y en medio de esta convulsión, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales, en el poder desde hacía 14 años, la “sugerencia” de dimitir.

Morales, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) salió exiliado a México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Luis Arce, su exministro de Economía.

Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada de ayer en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz.

Como Áñez fueron detenidos también en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía.

La Fiscalía publicó hoy la acusación formal por “sedición, terrorismo y conspiración” contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses, mientras dure la investigación.

La Fiscalía argumenta que de estar libres los imputados, existe el peligro de fuga porque podrían salir del país, pero también podrían influir en otros implicados o testigos.

El requerimiento, que debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, incluye a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para quienes se solicita la detención en una penitenciaría, informó el diario El Deber.

La imputación afirma que Áñez asumió la Presidencia de “forma amañada” por considerar que en ese momento aún era vicepresidenta segunda del Senado y rechazando que hubiera sido elegida presidenta del Senado horas antes.

Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada por unas horas a la Fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados.

El nombre de Áñez figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la exdiputada del MAS Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en recientes elecciones locales.

En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.

El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho.

Explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, por su condición de exgobernante, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.

Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La detención de Áñez motivó que el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijera desde Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres, pidió mantener las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos legales”.

La subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, pidió ayer por Twitter que Bolivia defienda todos los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció hoy nuevos pasos contra el “andamiaje” legislativo montado por su predecesora, la presidenta de facto Jeanine Áñez, y confirmó la derogación de siete decretos aprobados este año “con el pretexto de la pandemia” de coronavirus.

“Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019″, dijo Arce en Twitter, al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión del Gobierno celebrada ayer.

En dicho encuentro se anularon siete decretos que, según el mandatario, favorecían a ciertos sectores y grupos de poder con ventajas impositivas y otros beneficios”, aunque no precisó las medidas exactas a las que se estaba refiriendo.

Entre los decretos aprobados por Áñez figuran varios que facilitaban las contrataciones para favorecer el sistema sanitario, de apoyo a grandes empresas, créditos para el mantenimiento de empleos y contrataciones de seguros de vida a trabajadores sanitarios, según el diario La Razón.

Arce, en cambio, celebró el nuevo giro político en Bolivia, para el que cuenta con la ayuda de una mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa.

El presidente aplaudido en redes sociales la aprobación de las leyes sobre devoluciones del IVA a trabajadores con pocos recursos o el impuesto sobre grandes fortunas.

“Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía”, dijo Arce, que asumió la Presidencia el 8 de noviembre.

Aún sin resultados oficiales, la presidente encargada reconoció al candidato del MAS como el ganador de la jornada electoral.

La presidente encargada de Bolivia, Jeanine Áñez, felicitó este domingo a Luis Arce por el resultado de las elecciones presidenciales que le darían el triunfo en primera vuelta, según los conteos de boca de urna.

“Aún no tenemos el cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

De hecho, la única encuesta a boca de urna difundida hasta el momento, de la consultora CIESMORI, arroja un triunfo en primera vuelta para Arce con un 52,4% de los votos sobre el 31,5% que le otorga a Mesa. El estudio arroja un 14,1% para Camacho.GMT), aunque a más de siete horas de cerradas las mesas solo hay un 3,6% de las actas procesadas. Con esos escasos datos, el órgano electoral le otorga a Luis Arce, el candidato de Evo Morales, un porcentaje de 33,21% de los votos, al ex presidente Carlos Mesa, el 50,79%, y a Luis Fernando Camacho, el 14,06%. Sin embargo, los pocos votos escrutados no sirven como tendencia.

De hecho, la única encuesta a boca de urna difundida hasta el momento, de la consultora CIESMORI, arroja un triunfo en primera vuelta para Arce con un 52,4% de los votos sobre el 31,5% que le otorga a Mesa. El estudio, arroja un 14,1% para Camacho.

Por otra parte, Evo Morales, desde su exilio en Buenos Aires, tomó la palabra por el partido y declaró un triunfo electoral en primera vuelta, aun cuando los resultados oficiales no superan el 4% y son insuficientes para marcar una tendencia clara.

“Hermanos de Bolivia en el mundo, Lucho será nuestro presidente. A nuestra patria, al camino del desarrollo económico, político y social, y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia, quiero hacer llegar a mis hermanos Lucho y David mis más sinceras felicitaciones”, afirmó pasada la medianoche en Buenos Aires, una hora más que en Bolivia.

Tras la declaración de Morales, se pronunció Luis Arce desde el búnker en La Paz. “Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y la esperanza con una jornada pacífica, tranquila, en la que gran parte de los bolivianos han respondido con su voto”.

“Una jornada que felizmente, y contrario a lo que el pueblo boliviano está acostumbrado, [ha sido] una jornada pacífica, tranquila, en la que todos los bolivianos o gran parte de los bolivianos han acudido a las urnas a emitir su voto”, dijo Arce.

Arce se comprometió a responder al resultado electoral, que por el momento no es oficial, con compromiso de trabajo. Y prometió a liderar un proceso de cambio sin odio y aprendiendo de los errores.

“Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos, vamos construir un gobierno de unidad nacional, vamos unir al país”, agregó el candidato del MAS.

Por último, el candidato del MAS agradeció a la comunidad internacional por su acompañamiento y seguimiento de la jornada electoral.

 “Si no nos unimos, vuelve Morales”La mandataria interina había perdido intención de voto durante las últimas semanas y no participará de los comicios del 18 de octubre. “Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura”, expresó.

La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves su renuncia a la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, una decisión que había sido adelantada horas antes por miembros de la alianza Juntos. Su compañero de fórmula, Samuel Doria Medina, también renunció.

“Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura”, indicó Áñez en un mensaje grabado emitido en la tarde de este jueves. “Si no nos unimos, vuelve [Evo] Morales, si no nos unimos la democracia pierde”, agregó.

“Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa, está en juego la democracia en Bolivia”, expresó la presidente interina.

“Pido a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. Seguiré en mis funciones como presidenta cuidando de todos los bolivianos hasta la instalación de un gobierno electo”, señaló.

Delegados de Carlos Mesa, también candidato a la presidencia, se habían reunido horas antes con Áñez, en busca de que bajara su candidatura en los próximos comicios del 18 de octubre, según reportes de la prensa boliviana y como pudo confirmar Infobae.

Distintos sondeos muestran que la mandataria interina había perdido intención de voto durante las últimas semanas. El ex presidente Mesa, en tanto, se ubica segundo por detrás del candidato del MAS, Luis Arce, por lo que el ex mandatario buscaría absorber el apoyo de Áñez para evitar una victoria del partido de Evo Morales.

Según pudo confirmar Infobae, un asunto central de la reunión que mantuvieron Áñez y Mesa refiere al destino de los distintos candidatos a diputados y senadores que integran las listas que llevan a Áñez como candidata.

Poco después del mensaje grabado de la presidente interina, Mesa se expresó en su cuenta de Twitter: “Valoro la decisión asumida por la Presidenta Jeanine Áñez como una contribución a la democracia. Estamos siempre dispuestos al diálogo. La decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa donde primero este la gente siempre será del pueblo boliviano”.

Las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia ya tienen favorito, de acuerdo con los sondeos que le otorgan una ventaja, con el 30% de los votos, a Arce, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Morales (2006-2019) y es el actual candidato del partido MAS. A diez puntos de distancia de él le sigue el centroderechista Mesa, con el 20% de la intención de voto.

En tercera posición está el derechista líder cívico regional Luis Fernando Camacho, con 10,4%, y le sigue la presidenta transitoria de derecha Jeanine Áñez, con 7%, quien ha sido cuestionada por el manejo de la pandemia del coronavirus.

Otros cuatro candidatos tienen menos preferencias, entre ellos el pastor evangélico de origen coreano Chi Hyung Chung, con 3,2%, y el exmandatario conservador Jorge Quiroga, con 2%.

Si los sondeos se confirman el día de la votación, el ex ministro de Evo Morales ganaría en primera vuelta, pero no alcanzaría el 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de 10% frente al segundo, condiciones necesarias según la Constitución para obtener la presidencia.

De esta forma, habría un balotaje el 29 de noviembre entre los dos candidatos con mayor votación, presuntamente Arce y Mesa.

Se espera que estas elecciones traigan paz y estabilidad en Bolivia, luego de que en octubre de 2019 el país fuera sacudido por la agitación política tras una controvertida elección que derivó en protestas generalizadas, que finalmente terminaron con la salida del poder del líder izquierdista Evo Morales, que competía por su cuarto mandato.

Áñez, una ex senadora conservadora, asumió en ese entonces el papel de presidente interina en medio del vacío político y bajo la expectativa de llamar pronto a elecciones generales. En medio de esto, Morales, inhabilitado para participar en los comicios del 18 de octubre, se exilió primero en México y luego en Argentina, desde donde sigue participando de la política boliviana y expresa su apoyo a Arce.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, celebró hoy la anulación de la candidatura a senador de su predecesor, Evo Morales, al afirmar que la decisión se tomó “con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos”.

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó ayer un recurso de amparo interpuesto por la defensa del exmandatario y ratificó su inhabilitación para postularse a una banca en el Senado en las elecciones generales del 18 de octubre próximo.

De este modo, el tribunal dejó firme la resolución de inhabilitarlo que había adoptado en febrero pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque Morales no cumple el requisito legal de residencia en el país en los dos años inmediatos anteriores a los comicios.

Morales vive desde noviembre pasado en la Argentina, luego de que renunciara a la Presidencia tras sufrir presiones del Ejército y denunciar un golpe de Estado tras unas elecciones en las que había sido reelecto aunque con sospechas de fraude.

Morales calificó de “ilegal e inconstitucional” la decisión del tribunal de inhabilitarlo aunque prometió acatar la orden.

“La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”, advirtió, confiado en que “el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente”, tarde o temprano.

Áñez, que aspira a seguir en la jefatura de Estado tras los comicios del 18 de octubre, reaccionó en Twitter reivindicando que se logró frenar al Movimiento al Socialismo (MAS) “en dos oportunidades”.

“Lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia”, señaló.

¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”, preguntó la presidenta de facto, en referencia al expresidente, que también se presenta como candidato en las elecciones.

Mesa también, por su parte, festejó la anulación de la candidatura de Morales, y aplaudió que se dé validez a los criterios del TSE.

“La única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales”, dijo.

Con ese escenario de fondo, el domingo pasado comenzó formalmente la campaña electoral, adaptada a los tiempos de la pandemia de coronavirus, con actos a través de Internet y caravanas de vehículos en Santa Cruz de la Sierra.

El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, encabeza las encuestas de intención de voto aunque sin el margen suficiente para consagrarse en primera vuelta, y detrás de él tienen buenas chances Áñez y Mesa.

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, informó hoy que se contagió de coronavirus, que entrará en cuarentena, pero que se siente bien y seguirá trabajando aislada, según un video difundo en sus redes sociales.

“Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva”, contó la mandataria desde lo que parece ser su residencia.

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento”, agregó.

Bolivia volvió hoy a registrar un récord diario de contagios por coronavirus que hizo subir esa cifra a casi 43.000 mientras la creciente saturación de centros de salud ante el aumento de casos preocupa a las autoridades.

El último reporte del Ministerio de Salud indica que ya son 42.984 los casos confirmados, tras nuevas 1.439 infecciones informadas hoy, en tanto los fallecimientos llegan a 1.577 en la nación andina de cerca de once millones de habitantes.

Áñez asumió la Presidencia en noviembre pasado, en medio de un clima de violencia y protestas, tras ser elegida en una sesión del Senado sin quorum y de la renuncia y denuncia de golpe de Estado del ahora exmandatario Evo Morales.

La exsenadora prometió dirigir el Gobierno solo de manera temporal hasta convocar a nuevas elecciones, pero con la pandemia la fecha electoral se postergó hasta septiembre próximo, aunque Áñez continúa criticando el llamado a las urnas por considerar que la posibilidad de contagio es muy alto.

La presidenta interina aseguró que no pretende reelegirse pero ha sido presionada para celebrar comicios generales.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el domingo (21.06.2020) que promulgará la ley que fija el próximo 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones pendientes en el país.

“Voy a promulgar la ley”, dijo Áñez en un mensaje televisado al país, después de días de incertidumbre sobre si accedería a promulgarla o la devolvería al Parlamento.

La norma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, y Áñez tiene plazo hasta el próximo miércoles para promulgarla.

La mandataria transitoria aseguró que promulgará la norma “convocando elecciones el 6 de septiembre”, pero en Bolivia es el órgano electoral, que presentó el proyecto de ley, el que convoca los comicios y fija la fecha.

La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones. pic.twitter.com/XuFI4g1J15

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) June 21, 2020

Afirmó que promulgará la ley entre “presiones” de los expresidentes bolivianos Evo Morales y Carlos Mesa, además del candidato del MAS Luis Arce, para ir a las urnas “en plena pandemia”.

“Voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre, y la voy a promulgar, pero antes déjenme decirles (…) nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron al llegar a este puesto, fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que dejó Evo Morales y su fraude electoral”, subrayó.

Opositores asumirán las “consecuencias”

Morales dirige desde Argentina la campaña electoral del MAS, mientras que Mesa es candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, y ambos han advertido de que la presidenta, candidata por la agrupación Juntos, no puede prolongar indefinidamente su interinidad.

Áñez dijo que nunca tuvo intención de prorrogar su mandato, pero su prioridad ahora es la salud de los bolivianos ante el COVID-19, por lo que responsabilizó a Morales, Arce y Mesa de lo que pueda pasar si se realizan elecciones a inicios de septiembre, cuando se prevé un pico de contagios en Bolivia.

#ReporteOficial | @MinSaludBolivia anuncia 1.036 nuevos casos positivos de #Coronavirus hasta este sábado (20/06/20).Existen 23.512 casos positivos (17.686 activos), 5.086 recuperados y 740 decesos por #COVID19 en #Bolivia.#TeCuidoMeCuidas#AhoraDependeDeTi pic.twitter.com/lItO0v8Z6h

— Salud Bolivia (@MinSaludBolivia) June 21, 2020

Los comicios estaban previstos para el pasado 3 de mayo, pero a finales de marzo el órgano electoral los pospuso sin fecha al declarar el gobierno interino la emergencia sanitaria. Bolivia reporta 740 fallecidos y 23.512 positivos de COVID-19 entre sus cerca de once millones de habitantes.

La elección de presidente, vicepresidente, diputados y senadores está pendiente desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato y renunció denunciando que era forzado por un “golpe de Estado” a dejar el poder.

Jeanine Añez, está en el centro de la tormenta en Bolivia al haber aceptado ser candidata a presidenta en las próximas elecciones del 3 de mayo.

La senadora tomó el lugar vacante tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, con el objetivo de “organizar la vuelta a la normalidad institucional de Bolivia”. Ella misma se autoexcluyó como candidata para asegurar la capacidad de maniobra del gobierno provisorio.

En una semana, el panorama político cambió en el país del altiplano. La fórmula presidencial del MAS, anunciada por Evo Morales en Buenos Aires logró el consenso necesario. El binomio Luis Arce-David Choquehuanca, será la fórmula con la que los partidarios de Evo Morales intentarán regresar al poder que mantuvieron entre 2005 y 2019.

Pero para el oficialismo de hoy, el panorama es diferente. Hay al menos 3 candidatos presidenciales que atomizan al electorado anti Evo.

No solo está Luis Camacho, el líder de Santa Cruz, gran opositor de Morales. También mantiene su candidatura Carlos Mesa.

Como ni Camacho ni Mesa suman más adhesiones, los que se oponen al regreso de Evo Morales y sus “herederos”, alentaron la posibilidad de que Añez, sea la figura de unidad contra el MAS.

Querida familia boliviana, he tomado la decisión de presentarme como Con el hashtag “#YSiFueraElla?” lanzaron en las redes sociales esta alternativa. La aceptación de Añez, tuvo consecuencias inmediatas. No las esperadas.

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, renunció por estar en contra de la presentación de la Senadora Añez como candidata: “No se puede ocultar el hecho de que su Gobierno ha comenzado a incurrir en los mismos males del ‘masismo’ que combatimos”, sostuvo Lizárraga.

Otra crítica inmediata fue la Carlos Mesa. “Ella no ha sido nombrada para proponerse como candidata a la Presidencia del país. El encargo único de su mandato es el administrar con neutralidad”, puntualizó .

El candidato de Comunidad Ciudadana reclamó además que Añez “no utilice recursos públicos en función o en favor de una candidatura personal”.

Jeanine Añez, parece decidida. Tras conocer las primeras críticas sobre su postulación, dio un paso hacia adelante. Le pidió la renuncia a todos los ministros, no solo a los críticos como Lizárraga.

El gobierno informó que el pedido de renuncia tiene como objetivo “encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática”.

Lo que no está claro para propios y opositores, cuál es la nueva etapa: organizar la transición hasta las elecciones nacionales o encarar la candidatura electoral de Jeanine Añez.