Alarma por la tasa de reincidencia en cárceles de Santa Fe. La Defensora General de la Provincia, Jaquelina Balangione, manifestó que el 85% de las personas condenadas reinciden tras salir de la cárcel.

En tal sentido, explicó que los penales no cumplen la función de resocializar a los internos. «85% es el índice de reincidencia que tenemos en la provincia. Esa es la prueba contundente y objetiva de que la cárcel no está siendo un factor de solución, es meramente un castigo, pero después esas personas vuelven a la sociedad» detalló Balangione.

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Este dato se desprende del asesinato del comerciante de barrio Belgrano, cuyo asesino ya había cumplido una condena por otro homicidio.

Tiene 32 años y había recibido una pena de 13 años tras asesinar a Crisitian Iván Díaz en 2009. El año pasado había recuperado la libertad y hoy nuevamente está involucrado en un homicidio, que en este caso, terminó con la vida del comerciante de 73 años de barrio Belgrano.

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En tanto, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni detalló que de los 187 muertos que hubo el año pasado en Rosario, 22 eran personas con libertad transitoria o condicional.

Ante este escenario, están reforzando y potenciando «una Dirección que está dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad, la de Patronato del Liberado, que es una dirección que está muy debilitada, sin recursos».

LA PALABRA DE LA PASTORAL CARCELARIA

El sacerdote de la pastoral carcelaria Bernardo Blanchoud habló sobre la situación que se atraviesa dentro de los penales en Santa Fe luego de que se conozca un alto número de reincidencia de los internos que recuperan la libertad. “La reincidencia que hay la veo en carne propia porque visito las cárceles, y veo muchachos que se van y a los meses o a veces semanas ya están de vuelta”, aseveró.

El sacerdote de la pastoral carcelaria Bernardo Blanchoud se refirió a la situación que se atraviesa dentro de los penales en Santa Fe luego de que se conozca un alto número de reincidencia de los internos que recuperan la libertad.

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“Coincido con la doctora Balangione (titular de la Defensa Pública). La reincidencia que hay la veo en carne propia porque visito las cárceles, y veo muchachos que se van y a los meses o a veces semanas ya están de vuelta en el mismo penal o en alguna otra alcaidía”, remarcó Blanchoud.

El religioso dijo además que hay que hablar de inserción de las personas privadas de su libertad, y no de reinserción “ya que muchos de los presos nunca estuvieron integrados a la sociedad, provienen de barrios, de situaciones marginales donde no han tenido educación”.

“A veces uno encuentra muchachos de 20 o 30 años que no saben leer ni escribir, o sea que han estado afuera del radar del Estado por completo. Y la situación es brava porque haber ingresado a una cárcel es un estigma que le impide integrarse, dificulta el acceso a un trabajo”, completó.

Sin embargo, rescató Blanchoud, hay experiencias como la de “Manos Libres” que ayudan con la integración de personas detenidas a través del empleo y el estudio. “Es para presas liberadas, tienen cerca de la terminal de ómnibus un lavadero de ropa y talleres de costura, calzados y demás. Se ganan el pan con el fruto de su trabajo. Es un ejemplo de que se puede reintegrar cuando se encuentran las condiciones aptas para hacerlo”, afirmó.

La Defensora Regional, Jaquelina Balangione, reconoció el problema y denunció que se mantiene vigente “un hacinamiento muy marcado” en las comisarías de La Capital.

El conflicto por los lugares de alojamiento para presos en Santa Fe y aledaños no es una novedad para nadie. Quedó a las claras en la esfera pública luego de las últimas fugas de la zona norte y de Santo Tomé. Y lo mismo sucede en las cárceles, donde a pesar de la pandemia la superpoblación continua a la orden del día.

Al respecto, la Defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, fue clara al reafirmar la tesis del Ministerio de Seguridad, de que “las comisarías no están para albergar presos” sino para “actuar en los barrios”. Y si bien reconoció que “es un problema que los ministerios de Seguridad y de Gobierno debe resolver” es precisamente éste último “quien debe administrar” la situación.

“Nosotros, desde la Defensoría General y las Regionales tenemos un hábeas corpus en marcha por el tema de las comisarías de toda la provincia” donde si bien la problemática es similar “se intensifica más en esta zona”, sostuvo la Dra. Balangione.

A modo de comparación, explicó que “en Rosario los detenidos van a un lugar que depende del Servicio Penitenciario, no de la policía, y van las personas recién aprendidas, hasta que se define su situación procesal, si van a una cárcel o recuperan la libertad”. En ese sentido, refirió que “es como una alcaidía con aspecto de penal, pero sin todo lo que tiene un penal” y asimismo destacó que no es un contexto ideal, ya que “tiene una capacidad para 115 y tiene 160 alojados”.

“En cuanto a la problemática de Santa Fe, estamos buscando una solución. La idea no es echar culpas, pero estamos detectando una situación de hacinamiento muy marcada. Y a partir del hábeas corpus la situación no cambió”, lamentó la jefa de los defensores públicos de la provincia.

Para abundar en detalle, Balangione hizo mención al último informe del Registro de Violencia Institucional del 4 de agosto, que fue la última inspección sorpresiva en todas las comisarías y “detectamos hacinamiento extremo, por ejemplo, el doble de capacidad y más. En un caso había 41 personas en un lugar con camas para 12”, graficó.

La Defensora Regional destacó el criterio del Ministerio de Seguridad, el cual es “muy claro y lo comparto”, dijo. Sain “entiende que las comisarías no están para albergar presos, están para otra cosa y estamos totalmente de acuerdo con la problemática que genera albergar a personas privada de la libertad”, cuando además “hemos detectado personas condenadas y presos federales en comisaría”. Por eso “el Ministerio de Seguridad declaró la emergencia de las comisarías (en marzo) y el ministro dijo que no iba a recibir más presos. Pero eso no se puede manejar, porque cuando los jueces dejan preso a alguien a algún lado hay que mandarlo y las cárceles tampoco tienen lugar. Es la teoría de las sábana corta”.

En definitiva, para la Defensora “es un problema que los ministerios de Seguridad y de Gobierno debe resolver”, más allá de que “como mediadores tratamos de llegar a una composición y lograr que se comprometan a presentar un programa para que esto se vaya poniendo en orden. El Estado tendrá que invertir en penales, porque esto así no va más”, remató.

La Jefa del Servicio Público provincial de Defensa Penal se refirió a la necesidad de poner en práctica el principio de proporcionalidad en relación a la violación del aislamiento y opinó sobre la polémica generada por la detención de personas en comisarías.

La Defensora General dejó claro que las dependencias que son de la policía no son lugares donde deben permanecer personas detenidas, para eso están las dependencias penitenciarias, que tienen otra lógica. En los ámbitos policiales sólo se encierra a los detenidos.

Balangione relató que ayer sacaron una resolución para Santa Fe que es donde está el problema en las comisarías de los barrios, que están atiborradas de gente con el doble o triple de su capacidad colmada, y a lo que ahora se suma el tema de la pandemia.

En la comisaria hay dos tipos de detenidos: el que permanece ahí por una aprehensión entre 8 y 10 horas y luego debería pasar a otro lugar, y los que quedan detenidos. Por eso dijo, estamos de acuerdo con la disposición de no seguir derivando gente a las comisarías. Y ahora se le suman a los que violan la cuarentena”.

“Hoy está cayendo un delito sobre una persona que sale a dar una vuelta, a caminar . Hay un principio de la proporcionalidad por un lado los derechos humanos entre ellos la libertad de circulación y por otro garantizar el bien común que es la salud, que es necesario aplicar”, reflexionó Balangione.

“Está previsto en el decreto presidencial, para personas que sean quienes contagien, pero si una persona no contagia y le confiscan el auto igual que a un narcotraficante, hay una criminalización del acto”.

La Jefa de los defensores explicó que “el valor del bien público protegido como es la salud amerita las medidas pero no la criminalización, es necesario aplicar criterios de proporcionalidad ante los hechos”.

“Hoy hay 25 mil causas, delitos de peligro abstracto, que es inconstitucional, porque tiene que ver con poner un freno al poder punitivo del Estado. Esas 25 mil causas se están llevando el 90 por ciento del financiamiento del sistema penal”.

“Esta normativa, con estas 25 mil causas, nos ha llevado a trabajar un criterio común para los defensores y un registro común, para evitar violencia institucional y cohecho” agregó.

Así lo indicó  Jaquelina Balangione, la defensora General de la provincia. Al respecto, aclaró que se trata de personas que ya tenían “derecho por ley a una libertad bajo condiciones”.

La defensora general de Santa Fe, Jaquelina Balangione habló sobre la situación de nuestra provincia en el marco de la polémica desatada en las últimas horas respecto a la liberación de presos en Buenos Aires.

Al respecto, precisó que actualmente hay 7.000 presos en la provincia, de los cuales 371 (la mayoría de Rosario) hicieron el pedido de libertad. De este número total, Balangione detalló que se concedieron 50, se rechazaron 96, y los restantes están en estudio.

“Esas causas no son un pedido masivo, son uno por uno, con nombre y apellido. Es una carpeta judicial que se pone a la ponderación de un juez”, indicó, y luego continuó explicando que los presos a los que se les otorgó el beneficio eran “gente que ya tenía derecho por ley a una libertad bajo condiciones” como las salidas transitorias o la libertad condicional.

“Parece que hay una movida para sacar presos indiscriminadamente, y esto no es asi”, indicó, y remarcó que “toda situación de libertad es únicamente decisión de un juez, no sólo sobre lo que él está convencido íntimamente sino también debe fundamentar con derecho”.

“No hay decisión política que valga. Si al juez lo influye el Poder Ejecutivo y la opinión de la comunidad, tiene que renunciar. La única forma política de soltar presos es a través de los indultos”, concluyó.

Cacerolazo para pedirle a los jueces que no liberen presos

Vecinos de todo el país convocan a un cacerolazo para las 20hs para protestar por la liberación de presos en el país, en el marco de la pandemia.

Ileana Alvarenga, referente de vecinos de Santa Fe que reclaman por la seguridad, sostuvo por LT10 que “nos tenemos que involucrar todos los ciudadanos independientemente de lo que ocurre en cada provincia.  La liberación de presos en Buenos aires es muy grave. Nadie cuestiona los derechos humanos pero los presos no deben ser liberados por esta situación porque hay familias enteras destrozadas.  Le pedimos a los jueces que hagan lo que tienen que hacer y que no liberen presos”.