El presidente Iván Duque firmó el Decreto Reglamentario 941 del Sector Deporte, para promover y planificar el deporte femenino competitivo y de alto rendimiento.

Con este, se reglamentan las condiciones en que se destinarán recursos del Presupuesto Nacional para la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y el desarrollo de la práctica deportiva, por parte de las mujeres y niñas colombianas.

En cada contrato o convenio destinado a financiar o cofinanciar el desarrollo de actividades a cargo de federaciones deportivas nacionales, convencionales o paralímpicas, el ministerio estableció un porcentaje mínimo del 30 por ciento de la asignación anual, para financiar la promoción y/o la proyección del deporte femenino.

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Por ejemplo, de los 1.037 millones de pesos destinados a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, el 30% corresponden al impulso a la mujer en la halterofilia; es decir, 311 millones de pesos.

Inicialmente, fueron 39 federaciones nacionales con las que se firmó el apoyo al deporte femenino y dentro de las que más porcentaje asignado definieron (40%), están las de boxeo, tenis, baloncesto y ecuestre. En cuanto al sector paralímpico, se destinó un mínimo de 10 por ciento para este 2022 en el mencionado ejercicio inicial, pero a partir del próximo año, el porcentaje no deberá ser inferior al 30.

“Este es un reconocimiento al aporte de la mujer en el sector y sin duda marca un antes y un después en la historia del deporte colombiano que, gracias a este Gobierno, ha crecido significativamente y queda proyectado para hacerlo mucho más”, señaló el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño.

Gracias a este decreto, el Ministerio del Deporte definirá estrategias para la promoción y proyección del deporte femenino, destinadas a mejorar los estándares de preparación y participación de las atletas colombianas, según las exigencias de la alta competición internacional.

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El presidente Iván Duque anunció la firma a través de su Twitter en donde aseguró que desde su Gobierno se sigue trabajando en pro a la inclusión deportiva de la mujer, “Firmamos el Decreto 941 que establece parámetros generales para promover y planificar el deporte femenino competitivo y de alto rendimiento desde el ministerio del Deporte”.

Mariana Pajón, única triple medallista olímpica de Colombia; Martha Bayona, multimedallista en la Copa Mundo UCI de ciclismo pista; la clasificación de la selección colombiana de voleibol al mundial de mayores; María Camila Osorio en el top 50 de la WTA o los podios de la para nadadora, Sara Vargas, son algunas de las deportistas colombianas que actualmente se destacan en su respectivo deporte en las competencias alrededor del mundo.

En las imágenes podía oírse cómo los ciudadanos gritaban “deja de hacerte el marica en la televisión”.

El consejo asesor de Facebook, un ente independiente que actúa como un tribunal sobre los contenidos que se eliminan de la red social, determinó este lunes que los vídeos en que aparecen manifestantes llamando “marica” al presidente de Colombia, Iván Duque, son noticiosos y, por tanto, deben permitirse en la plataforma.

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En un comunicado, el consejo admitió que “marica” es una palabra considerada discurso de odio de acuerdo con los estándares comunitarios de la propia red social, pero que su carácter noticioso en un contexto de protestas generalizadas en el país hace que su uso tenga interés público.

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El consejo aceptó estudiar el caso a mediados de julio pasado, después de que un medio de comunicación regional colombiano apelase la decisión de Facebook de retirar un video informativo sobre protestas ciudadanas en junio en que los manifestantes insultaban al presidente.

Concretamente, en las imágenes podía oírse cómo los ciudadanos dedicaban a Duque cánticos como “deja de hacerte el marica en la televisión”, un término que los moderadores de Facebook consideraron que viola sus políticas contra los discursos del odio.

La red social procedió a la retirada del video, al estimar que el término “marica” describe “negativamente a personas con palabras ofensivas e insultos con base en características protegidas como la orientación sexual”.

El vídeo en el que los manifestantes dedicaban este cántico al presidente colombiano fue visto 19.000 veces, compartido por más de 70 usuarios y denunciado por otros cinco.

Después de que el contenido fuese retirado, el medio de comunicación colombiano —al que Facebook no identificó— apeló la decisión al consejo asesor alegando que se trata de un hecho noticioso en el que no se busca dañar a nadie, sino únicamente mostrar la realidad de las protestas callejeras en Colombia.

También defendió la publicación del vídeo, al asegurar que “los jóvenes colombianos se expresan sin violencia y piden derechos usando su lenguaje habitual”.

Las protestas en Colombia, que inicialmente fueron convocadas en abril para rechazar una reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.

En su escrito, el consejo de Facebook remarcó que, si bien la palabra marica se usa “en una ocasión”, los manifestantes se centran fundamentalmente en criticar al presidente de Colombia.

Tras esta decisión, Facebook deberá volver a publicar el vídeo eliminado (la empresa se comprometió a implementar todas las resoluciones que tome el Consejo) y, además, el tribunal le ordenó que publique unos criterios claros sobre cómo conciliar los hechos noticiosos y los contenidos prohibidos.

El presidente de Colombia viajaba del municipio de Sardinata hacia Cúcuta, cuando la aeronave recibió varios ataques desde tierra.

En la tarde de este viernes 25 de junio, el helicóptero en el que se movilizaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue atacado desde tierra en Norte de Santander. El jefe de Estado viajaba del municipio de Sardinata hacia Cúcuta cuando la aeronave al parecer recibió varios disparos.

En el helicóptero también iban los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano. Todos resultaron ilesos del ataque y ya están a salvo.

Duque llegó a Sardinata para presentar los avances ‘Paz con Legalidad’ dentro del capítulo ‘Catatumbo Sostenible’. En el evento también participó el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

“Hoy adelantamos una nueva jornada de trabajo en Norte de Santander, para conocer los avances de la política de #PazConLegalidad en el #CatatumboSostenible. En esta región estamos trabajando para impulsar el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”, informó en Twitter el presidente.

Desde el Ejército Nacional confirmaron que el helicóptero en el que viajaba Duque pertenece a la Fuerza Aérea, mientras que desde Presidencia reiteraron que no hubo lesionados.

Minutos después ya desde Cúcuta el presidente entregó una declaración: “Íbamos el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal”, aseguró el mandatario.

Agregó además: “Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”.

Duque además dijo que con ese tipo de actos no lo amedrantan y pidió investigación para dar con los responsables del atentado del que fue objeto. “Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas, seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le he dado instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas”.

Asi quedó el helicóptero viajaba Luque

Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Ante el caos de orden público desatado durante la jornada del viernes, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización tanto de la tercera ciudad colombiana como del departamento del Valle del Cauca, donde murieron al menos cuatro personas.

De madrugada, el Ejecutivo ha decretado también la figura de la asistencia militar a la policía para otros siete de los 32 departamentos del país.

“Comienza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y el Valle”, ha dicho el mandatario al final del día, luego de viajar a la gran urbe del suroccidente colombiano, de más de dos millones de habitantes, donde comenzó a regir un toque de queda nocturno. “Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Y nos llevará a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, agregó.

En su alocución, aseguró que se proponía desbloquear las carreteras, con más de 7.000 hombres desplegados en el Valle para esa labor. “Siempre hemos mantenido canales de deliberación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando los derechos de los ciudadanos. No pueden existir islas de anarquía”, afirmó el presidente. Añadió que las fuerzas armadas deben actuar ante actos de vandalismo “que amenacen la tranquilidad”. Varios asesinatos y enfrentamientos entre manifestantes y civiles armados llevaron a Duque a desplazarse a Cali, encabezar un consejo de seguridad y anunciar el despliegue militar. De madrugada, el presidente expidió un decreto en el que extiende esa figura de asistencia militar a otros siete departamentos: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio caleño de La Luna, donde murieron tres personas. El presidente no ha hecho referencia a ninguna de estas víctimas en su discurso. Vídeos difundidos en redes sociales muestran a un funcionario de la Fiscalía, armado y vestido de civil huyendo tras haber disparado contra dos manifestantes. En venganza, un grupo de encapuchados lo persigue y lincha hasta matarlo. El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que se trataba de un funcionario de la entidad, pero aseguró que no estaba de servicio. “Fredy Bermudez estaba adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones y, de acuerdo con información recopilada hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, confirmó Barbosa.

Según las versiones que han trascendido en Cali, Bermúdez se habría molestado por el bloqueo de la vía y usó su arma de dotación contra los manifestantes. En los videos se observa a uno de los jóvenes asesinados en el asfalto. “Esta situación se presentó entre quienes bloqueaban una vía y quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al llamar a la calma y al diálogo. En Candelaria, también en el Valle, se reportó el asesinato de un joven que pertenecía a la llamada ‘primera línea’ de manifestantes. De acuerdo con el alcalde de esa población, Jorge Eliecer Ramírez, se presentó un “enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban en las barricadas”. La gobernadora, Clara Luz Roldán, admitió que la situación de seguridad se ha desbordado y decretó un toque de queda desde las 7.00 de la noche.

En medio de esa degradación de la situación en algunos lugares, principalmente en departamentos del Pacífico colombiano como Valle del Cauca y Cauca, donde en días pasados fue incendiada una sede judicial y una alcaldía, las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro se antojan estancadas. El preacuerdo para instalar una mesa de negociación todavía no ha sido refrendado, con las partes ancladas en sus líneas rojas. Mientras el comité del paro exige como pasos iniciales garantías para la movilización, que cese la represión policial y que el presidente Duque sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo demanda que las organizaciones que convocan las marchas rechacen y levanten los bloqueos de vías. A pesar del deterioro de la seguridad en Cali, en la mayoría del país hubo marchas pacíficas al cumplir un mes del inicio del paro nacional.

Destrabar las carreteras se ha convertido en una prioridad que produce fricciones, y el Gobierno ahora rechaza la figura de corredores humanitarios en la que han insistido los manifestantes. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, ha dicho Emilio Archila, delegado por Duque para los acercamientos. “Debemos dejar claro que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Afectan la movilidad, el empleo, el emprendimiento, el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo”, enfatizó el propio mandatario en una entrevista con Blu Radio, antes de la militarización. “No solo tenemos que rechazarlos sino levantarlos con toda la capacidad de la fuerza pública en el territorio”.

Para el Gobierno, la crisis también se ha jugado en el terreno de la diplomacia, pues Colombia ha sido blanco de una infinidad de críticas externas por la represión de las protestas y los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza a lo largo de este mes. En ese frente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha pasado la semana en Estados Unidos, a donde viajó para contener daños tan pronto fue designada también como canciller. Este viernes se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien de acuerdo con su oficina “expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas” y “reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente”. El jefe de la diplomacia estadounidense también apoyó el difícil diálogo entre el Gobierno Duque y el comité del paro, además de reiterar el compromiso de la Administración Biden con la paz en Colombia.

A pesar de que la gira de la flamante canciller ha estado dominada por el tira y afloje en torno a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, como reclaman diversas organizaciones sociales, la reunión con Blinken es un logro de la maltrecha diplomacia colombiana. El Gobierno la exhibió como la primera visita que recibe de un líder latinoamericano. El estallido social se ha producido cuando Bogotá todavía lidia con el reacomodo de las relaciones con Washington después de haber apostado por la reelección del republicano Donald Trump, lo que dejó irritó a muchos líderes demócratas. Medio centenar de congresistas del partido del presidente Biden han fustigado la gestión de las protestas e incluso han pedido suspender la asistencia a la policía de Colombia.

Los defensores de derechos humanos han alertado sobre los peligros del sistema de lanzamiento de cohetes que la policía ha utilizado para dispersar las protestas en Colombia

Las protestas mayoritariamente pacíficas contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia, que ya cumplen tres semanas, han dejado también varias escenas de guerra urbana. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías el pasado fin de semana en Popayán fueron particularmente perturbadores, con una ciudad iluminada de madrugada por los fuegos que aún ardían, tanquetas que embestían civiles a toda velocidad y policías antidisturbios que utilizaban un sofisticado sistema de lanzamiento múltiple de cohetes.

Sobre el asfalto de Popayán murió este viernes otro manifestante. El estudiante Sebastián Quintero Munera, de 23 años, sufrió el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios. A raíz de esa muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que el Estado de Colombia respete la vida y los derechos humanos, y advirtió sobre el uso indiscriminado de armas consideradas “menos letales” por las fuerzas públicas. Ese uso, sostiene la CIDH, debe desaconsejarse por la imposibilidad de controlar la dirección del impacto y sus efectos.

En esa caótica jornada, las imágenes de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios que lanzan proyectiles múltiples desde el suelo y de forma horizontal inundaron las redes sociales. Es el sistema Venom, cuestionado por varias organizaciones. Human Rights Watch ya había denunciado el uso de ese artefacto para dispersar multitudes y había corroborado que también en Bogotá la fuerza pública ha usado tanquetas con esos proyectiles dirigidos a manifestantes.

“No conocemos antecedentes del uso de este lanzador de proyectiles múltiples en ningún otro país de América Latina”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Se trata de un arma con efectos indiscriminados y que, por lo tanto, es completamente inapropiada para manifestaciones pacíficas o mayoritariamente pacíficas. Además, la policía colombiana está empleando esta arma de forma peligrosa. Los cartuchos de gas lacrimógeno y aturdidoras siempre deberían dispararse de forma parabólica, y no de forma directa contra los manifestantes, como está ocurriendo en Colombia”, señala. Aunque son consideradas armas “menos letales”, emplearlas de esta forma es riesgoso y podría causar lesiones graves e incluso muertes, alerta.

El sistema Venom puede diseminar grandes cantidades de sustancias químicas irritantes en un área amplia casi al instante. Utilizarlo en zonas residenciales, y durante la pandemia, puede ser especialmente peligroso, advierte la Omega Research Foundation, con sede en Inglaterra, que investiga la fabricación y el comercio de armas y su uso en violaciones de derechos humanos. La organización coincide en que “el uso de estas armas en la aplicación de la ley no es necesario desde el punto de vista táctico y tiene, por naturaleza, un efecto indiscriminado”.

#NoOlvidemosQue que el ESMAD y Policía atentan contra la vida. Anoche en Kennedy y Bosa usaron el Dispositivo VENOM directamente contra los manifestantes, violando cualquier principio y protocolo de DH en el marco de la protesta social. #ParoNacional13M#SOSColombiaDDHH pic.twitter.com/v2DYQcFF9x

#SOSColombiaDDDHH ? En Popayán el ESMAD no respeta protocolos de uso de la fuerza, emplea de manera ilegal y con fines letales sus lanza gases. #ATENCIÓN ?️El arma Venom, diseñada para disparar indiscriminadamente desde las tanquetas, debe ser prohibida. #ParoNacional12M pic.twitter.com/vXNgiTrJBK

En una respuesta al Congreso, el ministerio de Defensa ha detallado que el sistema Venom, compuesto por 30 tubos lanzadores, cuesta 118.000 dólares, y cada cartucho, que puede producir estruendos, destellos o efectos lacrimógenos, otros 71 dólares. “El lanzamiento es parabólico, por lo tanto, no se produce un impacto directo”, ha defendido la policía nacional, que asegura que está contemplado en los protocolos internacionales. La idea es que el cartucho estalle en el aire y no golpee a las personas, pero en muchos de los videos no se observan esas precauciones.

Aunque el Venom es una novedad en esta oleada de protestas, las armas teóricamente “no letales” de la policía colombiana ya han sido cuestionadas en otros sonados episodios de uso excesivo de la fuerza. En las manifestaciones de 2019, un proyectil de los antidisturbios mató durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz, y el pasado septiembre dos patrulleros sometieron al estudiante de Derecho Javier Ordóñez a incesantes descargas de táser a pesar de sus súplicas, en unas imágenes que desataron la ira ciudadana. Ordóñez murió después bajo custodia policial, víctima de múltiples torturas, y ese crimen provocó dos noches de disturbios en la capital colombiana.

La controversia por el lanzador de proyectiles forma parte del debate más amplio sobre la brutalidad policial que ha dominado la discusión pública en las últimas semanas. Los abusos de los uniformados llevaron a que tanto el Senado como la Cámara de Representantes citaran el lunes y martes al ministro de Defensa, Diego Molano, a sendos debates de moción de censura por “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social”. La Procuraduría ha informado que adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la policía por presuntas violaciones de derechos humanos, mientras que HRW ha recibido denuncias que consideran creíbles sobre 55 muertes desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril. Las evidencias indican que la fuerza pública sería responsable de 14 homicidios.

También se produce en medio de una oleada de críticas externas a Colombia por la represión, que provocaron la renuncia de la canciller. Como parte de los múltiples reparos que ha ventilado la comunidad internacional, más de medio centenar de congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que le pedían a la Administración de Joe Biden suspender la asistencia a la policía de Colombia. “Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”, aseguran.