Los servicios de streaming, como por ejemplo Netflix y Spotify, sufrirán un aumento del orden del 14% a partir de la decisión del gobierno de aumentar de aplicarle un nuevo impuesto de 25%.

Hasta ayer, estos servicios se pagaban al tipo de cambio conocido como “Tarjeta” o “Turista” que tenía un valor que se formaba con la base del precio oficial ($ 365,50) más un 30% de impuesto PAIS y un 45% de percepción del impuesto a las Ganancias.

Con la medida que se publicó hoy en el Boletín Oficial se le suma un 25% de percepción sobre Bienes Personales, lo que convierte a este dólar unificado en un valor de $ 731, compuesto por el valor del dólar oficial más un 100% de impuestos.

Como el dólar “Tarjeta” tenía un valor de $ 642, el aumento final es del orden de 14,3%.

Este mayor costo afectará los consumos que sean acreditados desde hoy, con lo cual una cuenta de streaming que ya haya sido ingresada en un resumen de tarjeta los días previos se pagará al precio anterior, aunque el resumen no se haya pagado aún.

Para hacer el cálculo del aumento que sufrirá cada consumidor se suman todos los gastos en dólares y se los multiplica por $ 731, y luego se deben agregar los impuestos locales como el IVA.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), instrumentó el programa “Compre sin IVA” para la devolución del Impuesto al Valor Agregado en la compra de productos de la canasta básica. 

La medida, establecida mediante la Resolución General N°5418/2023 publicada este lunes en el Boletín Oficial, beneficiará a más de 20 millones de personas. A partir de esta norma, trabajadores y trabajadoras que cobren salarios de hasta $708.000, monotributistas, jubilados y pensionados que perciban hasta seis haberes mínimos, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, recibirán el equivalente al 21% de sus gastos realizados con tarjeta de débito en bienes de primera necesidad.

El programa rige para todos los rubros de alimentos y bebidas e higiene personal, con un tope mensual por persona de $18.800, que se identificará según el CUIL o CUIT. El monto se acreditará en la cuenta bancaria del contribuyente a las 48 horas de realizada la operación. Cabe destacar que no habrá necesidad de realizar ningún tipo de trámite, ya que se activa de manera automática.

El beneficio de devolución del 21% del monto final estará vigente para la adquisición en comercios minoristas y/o mayoristas de frutas, verduras, lácteos, panificados, carnes y el resto de los productos que componen la canasta básica, como los de higiene personal. Como se aplica sobre el ticket final, no es excluyente de las promociones de las entidades bancarias. El esfuerzo fiscal de la iniciativa no afecta la coparticipación, ya que los recursos provienen de la partida presupuestaria asignada a tal efecto por el Ministerio de Economía.

La medida beneficia a más de 2,3 millones de monotributistas “puros”, es decir, que no perciben ningún otro ingreso adicional, 440.000 trabajadoras de Casas Particulares, 7 millones de jubilados, pensionados y 2,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por otro lado, el universo de contribuyentes alcanzado abarca a 9 millones de trabajadores en relación de dependencia con sueldos inferiores a $708.000, y titulares de la Tarjeta Alimentar y del Potenciar Trabajo.

Quedarán excluidos del programa los contribuyentes inscriptos ante la AFIP como autónomos o que estén obligados a tributar el impuesto a las Ganancias o a los Bienes Personales, siempre que la misma no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

“Es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva. El esfuerzo fiscal se realizará sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado”, aseguró el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

Consultá si te corresponde el beneficio haciendo clic acá.

En primera instancia se reintegrarán hasta $18.000 por mes y sólo se computarán los productos de la canasta básica; luego, por ley, se buscará llevar el tope a 23.000 pesos.

El Ministerio de Economía anunció ayer que ampliará el programa de reintegro del IVA (”Compre sin IVA”) por las compras de productos de la canasta básica a trabajadores y monotributistas. Hasta ahora, sólo formaban parte del beneficio los jubilados y pensionados que cobran hasta tres haberes mínimos y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Luego de anunciarlo oficialmente, el ministro Sergio Massa explicó las medidas en las redes sociales: “Como sabemos que la inflación te golpea el bolsillo, tomamos la decisión de devolverte el IVA en todas las compras que hagas con tarjeta por hasta 18.000 pesos de devolución. O sea, podés comprar hasta 80.000 pesos y tenés la devolución de todo el IVA. Sirve para carne, fruta, verdura, todos los alimentos y productos de higiene y limpieza del hogar en el supermercado. Están habilitados todos los comercios que tienen posnet y lo podés hacer con tu tarjeta de débito. Se benefician jubilados, pensionados, monotributistas, trabajadores y todos los beneficiarios de la AUH. Además, los trabajadores de casas particulares. Adicionalmente, si sos trabajador desde el lunes podés tramitar tu crédito de hasta 400.000 pesos con una tasa del 50% hasta 48 meses. Y si sos jubilado te cuento que el Pami, si cobrás hasta una jubilación y media,te va a dar en septiembre, octubre y noviembre un refuerzo de $15.000 en el bolsón alimentario”.

Aún no se publicó el decreto, pero este el detalle del programa y cómo funcionará.

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En el caso de los jubilados, no podrán cobrar más de tres haberes mínimos.

Los trabajadores formales deberán tener ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles ($708.000 brutos en total).

Los monotributistas deberán ser “puros”, es decir que no deberán tener otra fuente de ingresos.

Se reintegrará la totalidad del IVA de los productos de primera necesidad (21% del valor de los productos), con un tope de $18.000 mensuales por beneficiario.

El dinero será acreditado en la cuenta del beneficiario en un plazo de 48 horas.

Desde Nación precisaron que se harán devoluciones por frutas, verduras, carne, productos de higiene personal y de la canasta del hogar.

Durante el anuncio, el ministro de Economía, Sergio Massa, explicó que serán alcanzadas por el beneficio las compras realizadas con tarjeta de débito. No se aclaró por el momento si estarán contempladas las operaciones realizadas por billeteras virtuales u otros medios de pago asociados a las cuentas bancarias.

Los reintegros serán automáticos en todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos y están debidamente registrados en la actividad formal.

La ampliación del programa comenzará a regir en la fecha que dicte el decreto, una vez que sea publicado en el Boletín Oficial.

Los puntos mencionados anteriormente serán aplicados por decreto, pero el Ejecutivo anticipó que impulsará un proyecto de ley para darle estabilidad al programa y establecer algunos cambios definitivos.

Las frutas y verduras están alcanzadas por el programa. Reuters

La iniciativa, según adelantaron desde Nación, oficializaría el alcance a trabajadores formales y monotributistas y a su vez establecería un nuevo tope para los reintegros. En concreto, propondrán devolver hasta un 21% del monto de las operaciones de compra, pero con un tope equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años)

Según la última publicación, la CBA alcanzó en julio un valor de $ 111.642, por lo que con es esquema el tope mensual ascendería de $18.000 a $23.444,82. Claro está, que ese valor iría variando junto con la actualización de la CBA, que lógicamente será mayor en agosto, septiembre y los meses posteriores, debido al avance de la inflación.

Junto al anuncio de devolución del IVA, el Ministerio de Economía informó que a partir del lunes los trabajadores formales podrán acceder a préstamos con tasa subsidiada, cuota fija y plazos de devolución de hasta 48 meses. También está pendiente la letra chica, pero ya hay algunos detalles confirmados que se pueden repasar:

Quiénes podrán acceder:

- Los préstamos serán para trabajadores con sueldos de hasta $700.000 brutos (quienes no fueron alcanzados por la suba del mínimo no imponible de Ganancias).

Cuánto se prestará:

- El monto máximo será de $400 mil.

En qué plazo se deberá devolver

- Quienes accedan a los créditos tendrán la posibilidad de elegir por períodos de 24, 36 y 48 meses.

Cuál será la tasa

- El Gobierno anticipó que “la tasa será del 50%, aunque no aclaró si ese valor corresponde a la Tasa Nominal Anual (TNA) o si refiere al Costo Financiero Total (CFT), donde se incluyen los gastos administrativos y costos de seguro.

Cómo serán las cuotas

- Se utilizará el sistema de amortización francés, por lo que las cuotas serán fijas durante todo el préstamo.

Una tercera medida que se dio a conocer el miércoles, fue el aumento del universo de beneficiarios del refuerzo alimentario para jubilados, así como la actualización del monto mínimo del beneficio.

“Ampliamos a 2.967.000 el programa de beneficiarios de lo que llamamos el refuerzo alimentario de PAMI pero además decidimos ampliar el monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a $15.000″, declaró Sergio Massa.

Hoy, la titular de Anses, Fernanda Raverta, dará a conocer mayores detalles sobre el beneficio.

La medida alcanza a trabajadores que cobran hasta $700.000 y monotributistas, y es para compras de alimentos y bebidas.

Tal como estaba estipulado, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, difundió este miércoles un video grabado con nuevas medidas para trabajadores y jubilados, que incluye un programa de devolución total del IVA en productos de la canasta básica.

Se trata de una medida que incluye a trabajadores que cobren hasta $700.000, monotributistas, jubilados y beneficiarios de subsidios. Contempla la devolución del IVA del 21%, de forma automática, del total de la Canasta Básica.

"Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA del total de la canasta básica de Argentina para los trabajadores que cobran hasta $700.000", informó Massa.

Dos cámaras cuestionaron a la resolución general 5329/2023 que entrará en vigencia a partir del 1° de abril y los obliga a ser agentes de percepción del IVA. Carlos Castagneto, jefe de la AFIP, negó un aumento de la carga tributaria y dijo que la decisión no debe impactar en lo que paga el consumidor.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) cuestionaron una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que entrará en vigencia desde el 1° de abril y que obliga a las empresas alimenticias a ser agentes de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Afirman que les ocasionará inconvenientes financieros y encarecerá el precio de los alimentos para los consumidores, en medio de la escalada inflacionaria.

Sin embargo, el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, salió la cruce de la acusación y aseguró: “Ni impuestazo oculto, ni presión impositiva”. Se trata de la resolución general 5329/2023, que tiene el objetivo de ejercer un monitoreo fiscal más exhaustivo y declara agentes de percepción del IVA a las pymes que venden alimentos para consumo humano.

En ese marco, desde CAME y Apymel le hicieron llegar a Castagneto, su preocupación por los inconvenientes que generaría la norma en materia de tareas de facturación y en términos financieros. Además, pidieron modificaciones para que su aplicación resulte viable.

Desde Apymel advirtieron que para una pequeña empresa “el perjuicio económico es muy grande”, ya que están obligadas a percibir a sus clientes una suma extra de impuesto (3%) e ingresar ese monto en un plazo de 10 días finalizado el periodo, siendo que la cobranza de esas ventas por lo general ronda entre 45 y 60 días de la fecha de facturación.

“Financieramente, es insostenible para una pyme soportar esta obligación, sumado a la carga administrativa que implica adecuar el sistema de facturación vigente para poder cumplimentar con la normativa establecida por la AFIP. La resolución obliga a que la empresa anticipe impuestos con fondos propios hasta tanto el cliente emita el pago, debiendo la industria abonar intereses a la AFIP si se pagara en la fecha en que el cliente abona la factura”, remarcaron desde el sector lácteo, y advirtieron que esa obligación sería trasladada a los precios de los alimentos, generando mayor presión inflacionaria.

Mientras, desde CAME detallaron que para una correcta aplicación de la norma es necesario adecuar los sistemas de facturación a las nuevas obligaciones fiscales que se disponen.

“Esta situación nos obliga a solicitar una prórroga de 90 días, ya que en la mayoría de los casos no llegarán a estar correctamente modificadas antes del primer día del mes siguiente. Asimismo, solicitamos tenga a bien considerar la modificación del Artículo 11, llevando a $6000 el monto a partir del cual se aplicaría la percepción. El actual, de $60, incluye, en algunos casos, a la totalidad de los movimientos comerciales, lo que resulta engorroso y hace impracticable cumplir con la normativa citada”, afirmaron desde CAME.

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“Ni impuestazo oculto ni presión impositiva”, dijo el titular de la AFIP

A través de un hilo de twitter, el titular de la AFIP, desmintió la acusación. Dijo: “Ni impuestazo oculto, ni presión impositiva sobre el precio de los alimentos. En el debate de ideas sobre qué tipo de sistema tributario queremos se admite todo tipo de argumentaciones, pero no podemos admitir la mentira”.

Afirmó que la AFIP implementó “un régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a las operaciones de compraventa de productos alimenticios, bebidas y artículos de limpieza.

El funcionario fundamentó que esa “implementación es resultado de análisis sectoriales en los que se ha observado que una proporción relevante de las ventas de los mencionados productos no se declaran, de lo cual resulta que el impuesto abonado por los consumidores finales no llega a las arcas del Estado”.

En otro de los mensajes por redes sociales, Castagneto expresó que “la implementación de este régimen no tiene relación con el precio que en definitiva abona el consumidor final, sino que se refiere a una forma de percepción del IVA que hoy existe en la relación comercial entre productores, distribuidores y/o mayoristas con comercios minoristas”.

El objetivo central de este régimen es “que la porción de impuesto que abona el consumidor final cuando compra un producto, realmente sea ingresada al fisco, para ser aplicado a financiar las necesidades públicas”.

Argumentó que “se trata, en definitiva, de una medida que defiende a aquellos que no tienen manera de eludir el pago del IVA: las y los consumidores finales. Queremos una AFIP justa y equitativa, sin elusiones en los débitos y créditos fiscales declarados, donde paguen los que tienen que pagar”.

Destacó que “la norma prevé un “Registro de Sujetos No Alcanzados” disponible mediante un trámite simple en la web de AFIP, para quienes expliquen una relación entre sus compras y sus ventas declaradas, acorde a la actividad que desarrollan”.

Por último, resaltó que “esta medida no implica un incremento de la carga tributaria; debe recordarse que la creación de nuevos tributos, así como el incremento de los existentes, debe surgir de una ley emanada por el Congreso Nacional”.

Para limitar el impacto de una inflación récord exacerbada por la guerra en Ucrania, el Gobierno español anunció una segunda disminución del impuesto sobre la electricidad en menos de un año, con un tope de 5%.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles una segunda disminución del IVA sobre la electricidad en menos de un año, con un tope de 5%, para limitar el impacto de una inflación récord exacerbada por la guerra en Ucrania.

“Hace un año rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. En el próximo consejo de ministros lo reduciremos del 10 al 5% para seguir protegiendo a la ciudadanía de los efectos de la guerra”, dijo Sánchez en el Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.

El Gobierno dirigido por el líder socialista adoptó en marzo un paquete de medidas para paliar el alza de precios durante tres meses.

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El sábado próximo tiene previsto adoptar otras medidas en un consejo de ministros, o reunión de gabinete, extraordinario, con el fin de atenuar los efectos de la inflación, que en mayo llegó a 8,7% a ritmo interanual.

El Ejecutivo no ha precisado qué otras medidas tomará el sábado. Pero hay algunas pistas, avanzadas sobre todo por el partido de izquierda de Podemos, socio minoritario de los socialistas en el Gobierno de coalición.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, propuso una reducción del 50% del precio de los abonos para el transporte público y un cheque de 300 euros para las familias más vulnerables, tal y “como se ha puesto en marcha en Francia”.

“La inflación está golpeando a las familias. (…) El gobierno actuó con rapidez y determinación, pero ahora no es suficiente. Debemos reforzar la protección frente a una crisis internacional”, tuiteó la ministra.

Para financiar estas medidas, varios ministros han hablado de la posibilidad de instaurar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas, cuyos beneficios aumentaron fuertemente el año pasado, como han hecho otros países europeos en los últimos meses.

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Sería una decisión de “justicia”, pero hay que ver “de qué manera lo podemos hacer mejor”, dijo el martes la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, quien esbozó la posibilidad de aplicarlo en el próximo ejercicio fiscal, a principios de 2023.

Madrid ha adoptado varios paquetes de medidas desde el verano pasado para intentar frenar la inflación.

El último y más importante, aprobado en marzo, consistió de una serie de ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros (6.320 millones de dólares) para hogares y empresas. Está en vigor hasta fines de junio y debe ser prolongado.

Se empezaría a poner en práctica la quita del impuesto al valor agregado en carnes, lácteos, frutas y verduras mediante el plástico de asistencia para los sectores más vulnerables.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este domingo que el aumento de los precios de los alimentos es el “problema más grave” que tiene en la actualidad la economía argentina y adelantó que el Gobierno analiza la eliminación del IVA para la comercialización de carnes, lácteos, frutas y verduras mediante la Tarjeta Alimentar y avanza en la puesta en funciones del sistema de venta por telefonía celular para pequeños productores.

En diálogo con C5N, Arroyo advirtió que “lo más crítico hoy es el precio de los alimentos” y alertó que, “por eso, aun con actividad económica se mantiene la cantidad de gente que asiste a los comedores”, durante la pandemia de coronavirus.

En este marco, consultado sobre una eventual iniciativa para eliminar el IVA de productos alimentarios, Arroyo respondió: “Sí, estamos evaluando y queremos llevarlo a la práctica”.

El ministro entendió además que el aumento de precio de la comida está reflejada en el hecho de que no descendió el número de personas que asistió a los comedores durante los meses en los que las actividades estuvieron habilitadas.

Tras indicar que en los últimos 3 meses la demanda en esos centros se mantuvo igual, pronosticó que es probable que, con las nuevas restricciones, “seguramente hará que vaya más gente a los comedores”, para quienes el Estado aumentó en un 50% su ayuda.

Arroyo remarcó que el aumento de los precios de la comida hizo que “mucha gente aún pudiendo hacer changas en los últimos meses igual tuviera que ir a buscar comida”. De igual forma, mencionó que en el último tiempo “familias enteras” pasaron a vivir en las calles “por el aumento de los alquileres”.

Venta por telefonía celular

Entre los dispositivos diseñados por el Gobierno para enfrentar la situación de los sectores vulnerables, Arroyo mencionó también un sistema que permitirá, por ejemplo, que “quien tenga una huerta pueda vender (su producción) a través de su celular, con un código QR”, una iniciativa que “ya terminó su período de prueba” y que será lanzada próximamente.

Remarcó que hay “4 millones de personas que viven de su ingreso diario” y que las limitaciones a la circulación que buscan poner freno a la segunda ola de contagios de coronavirus “complica” su sistema de vida.

“Hay mucha gente que la pasa mal en la diaria y esto requiere de la presencia del Estado”, expresó Arroyo.

Una veintena de diputados nacionales de la UCR presentaron hoy un proyecto de ley que propone establecer la devolución total del IVA a los contribuyentes más vulnerables del país.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Cacace (UCR San Luis), establece un mecanismo para devolverle el IVA a aquellos grupos de contribuyentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellos los jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de pensiones no contributivas, la AUH y la asignación por embarazo.

A través del proyecto, se propone la devolución total del IVA focalizado en los gastos de los sectores vulnerables y sin topes y, de esta manera, “atacar más efectivamente la falta de progresividad del sistema tributario” argentino, según los fundamentos de la iniciativa.

“En nuestro país siempre se ha mirado a las transferencias directas como forma para reducir la desigualdad, pero también hay que mirar el potencial redistributivo de nuestro sistema impositivo, que es regresivo a causa de que su principal impuesto es el IVA, que pagan todos nuestros contribuyentes y no mira la capacidad contributiva de estos”, sostuvo Cacace.

Según el proyecto, la pandemia de coronavirus y las medidas de confinamiento dispuestas “han tenido consecuencias muy graves para el país” y, en este contexto, “representantes de organismos internacionales han advertido que la pobreza, la indigencia y la desigualdad van a escalar fuertemente”.

En ese sentido, en el texto, se afirmó que “un contexto en donde se están debatiendo la creación de nuevos impuestos, y se está agotando el pago del IFE, es necesario encontrar nuevos mecanismos para asegurar un piso de protección a aquellos más desprotegidos”.

La iniciativa cuenta con el aval de los legisladores: Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Claudia Najul, Juan Martin, Lidia Ascarate, Gonzalo del Cerro, Ximena Garcia, Federico Zamarbide, Mario Arce, Jose Riccardo, Carla Carrizo, Jimena Latorre, Estela Regidor, Carlos Fernández, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, entre otros.

Lo anunció el diputado del Frente de Todos y miembro de la comisión de Presupuesto, Itai Hagman, tras una reunión con Martín Guzmán.

Héctor Huergo trae lo más destacado de la agroindustria y las economías regionales. “Acordamos dejar las discusiones vinculadas a cuestiones tributarias a un debate profundo que se dará con el próximo presupuesto. Una reforma tributaria integral que la argentina necesita hace mucho tiempo. La medida puntual del IVA y la leche quedará para ese momento”, sostuvo Hagman.

En tanto el diputado oficialista Marcelo Casaretto indicó a que se decidió “eliminar del proyecto de presupuesto la modificación al IVA en relación a lácteos”, ya que “las medidas impositivas se tratarán en otras normas”.

El proyecto de ampliación del Presupuesto nacional que será analizado mañana en la Cámara baja en el marco de una sesión especial.

El artículo en cuestión contemplaba una reducción en la alícuota del IVA a la leche del 21% al 10,5%, de manera de unificar el nivel de tasa con la leche fluida y en polvo sin aditivo.

Al explicar la decisión, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, dijo que “es intención del Poder Ejecutivo Nacional que no se incorporen cambios en el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado sobre la leche en la Ley de ampliación del presupuesto del año 2020”, que está tratando el Congreso.

Ese artículo generó controversias entre el Frente de Todos y el interbloque de Juntos por el Cambio durante el debate en comisión.

Arias señaló que “los cambios realizados por el gobierno anterior sobre la alícuota del IVA aplicable a la leche vendida a consumidores finales (dejando el resto de la cadena con una tasa del 21%), además de ser llevadas a cabo por Decretos inconstitucionales, produjeron distorsiones y tratamientos diferenciales que promueven conductas que en nada benefician a los consumidores ni tampoco al sector productivo”.

Lo señaló el titular de Manfrey, Ércole Felippa. “Al volver a aplicar el impuesto al producto, al consumidor le va a costar el 21 porcentual”, y el saché de leche podría acercarse a los $70, dijo.

El proyecto de ampliación del Presupuesto nacional enviado al Congreso prevé una reducción en la alicuota del IVA a la leche del 21% al 10,5% y la iniciativa unifica con ese mismo porcentaje a la categoría de leche fluida y en polvo sin aditivos, informaron fuentes de la AFIP y del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La medida forma parte del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con eje en el presupuesto del corriente año, que será analizado mañana en un plenario de comisión de la cámara baja.

La iniciativa unifica a la vez con ese mismo porcentaje a la categoría de leche fluida y en polvo sin aditivos, que estaba exenta.

Los voceros de la AFIP y del Ministerio de Desarrollo Productivo coincidieron en señalar que el proyecto “vuelve a una situación de normalidad sin compensación, pero se rebajan alícuotas y se homogenizan criterios”.

Hoy la mayoría de las leches que se venden en las góndolas está alcanzada por el 21% de IVA, y el proyecto rebaja esa alícuota al 10,5%.

En ese sentido, se explicó que “con el objetivo de unificar criterios y evitar abusos” se establece la misma alícuota a un conjunto de alimentos lácteos. Para eso, se eliminan exenciones (tasa 0%) vigentes a algunas leches que hoy prácticamente no se comercializan en los supermercados.

Los precios de la leche varían según las marcas: las de primera registran un valor cercano a los 60 pesos, mientras que las de segunda, en torno a los 45 pesos.

Al respecto, el empresario lácteo, titular de Manfrey, Ércole Felippa, manifestó en Cadena 3 que “al volver a aplicar el IVA al producto, al consumidor le va a costar el 21 porcentual”, y el saché de leche podría acercarse a los 70 pesos aproximadamente.

“Es un Estado que necesita imperiosamente recaudar y esa medida tuvo un impacto fiscal, pero si no le alcanza lo que recauda, lo tiene que hacer o imprimiendo billetes o cobrando más impuestos”, explicó.

“A nivel industria no tiene ningún impacto, pero lo va a terminar pagando el consumidor”, advirtió.

En medio de una maraña de disposiciones, el Gobierno coló en su proyecto de ampliación del presupuesto 2020 un artículo que promete generar polémica: propone eliminar del beneficio de la exención del IVA a la leche fluida y en polvo.

Si la iniciativa oficial es aprobada, este producto de primera necesidad, que actualmente no paga IVA, será gravado con un 10,5% de ese impuesto, lo que impactará en su precio final, advirtieron diputados de Juntos por el Cambio.

En efecto, en el artículo 18 del proyecto del Gobierno se elimina la exención del IVA “la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos”, mientras que en el artículo siguiente se dispone que estos productos serán gravados con el 10,5%.

“En medio de la crisis económica y la fuerte caída en los ingresos de la población, una suba de esta naturaleza en el precio de un artículo de primera necesidad es difícil de aceptar”, adelantó el diputado radical Luis Pastori, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, quien insistió en que esta práctica de instrumentar modificaciones impositivas en la ley de presupuesto (que se hizo habitual en los últimos gobiernos) está prohibida.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anunciado que, en virtud de la pandemia y los mayores gastos que esta emergencia demanda, enviaría a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ampliar las partidas de gastos y de recursos hasta fin de año. La iniciativa fue presentada como un “gesto” a la oposición, recelosa del uso de los “superpoderes” que le permiten al jefe de Gabinete instrumentar estas asignaciones por decreto de necesidad y urgencia. A cambio reclamó celeridad para que el proyecto sea aprobado cuanto antes.

Sin embargo, la oposición sospecha que dentro de esta iniciativa se disimulan algunos puntos polémicos y anticipó que no lo apoyará a “libro cerrado”, como pretende el oficialismo.

El proyecto, que ingresó el viernes pasado a última hora, propone incrementar los gastos totales en casi $2 billones ($1.859.582,8 millones), lo que implica un incremento del 33,6% respecto del presupuesto vigente. Buena parte de esta suba está destinada a atender la emergencia de la pandemia: 170 mil millones se destinarán a mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mientras que otros $1625 millones nutrirán el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para financiar a las empresas.

Pero esta ampliación presupuestaria también incluye un fuerte refuerzo de partidas para atender otros gastos, como la actualización de los salarios de los empleados públicos. Por caso, se establece una suba $8879 millones para el Poder Legislativo y otros $16.800 millones para el Poder Judicial. También hay una fuerte suba destinada al Ministerio de Seguridad de $45.000 millones.

Estos gastos serán financiados con un aumento de recursos provenientes, sobre todo, de las utilidades giradas por el Banco Central. El proyecto propone ampliar estos giros a $1,6 billón. Aquí también la oposición levanta su voz en advertencia.

“Están financiando el déficit con ingresos ficticios a partir de una maniobra contable orquestada por el Banco Central”, advirtió el diputado radical Alejandro Cacace, quien explicó que este organismo aumenta de manera ficticia su balance al valuar su tenencia de letras instransferibles a valor técnico, no de mercado. Este cambio, que se instrumentó en una decisión del BCRA en diciembre pasado, le permite aumentar las “ganancias” de la entidad y así financiar al Tesoro vía la emisión de pesos, más allá de lo que dispone la Carta Orgánica de la entidad.

“El problema es que el Gobierno pretende incorporar esta maniobra de la ley permanente de presupuesto”, advirtió Cacace.

La diputada nacional por el Frente de Todos, Laura Russo, presentó un proyecto de ley para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los municipios al ejecutar obra pública para equipararlo a la construcción privada y “terminar con una asimetría injusta” y contribuir a la generación de empleo pospandemia.

“Reducir el impacto del IVA que pagan los municipios significa equipararlo al de la construcción privada, una asimetría injusta que hay que saldar”, dijo la diputada nacional en diálogo con Télam.

En la actualidad, según informaron asesores de la legisladora, los municipios pagan el 21% de IVA al ejecutar las obras públicas, contra el 10,5% que les corresponde a la construcción privada.

“Con esta medida se podría contribuir a la generación de empleo, la modernización de infraestructura y el desarrollo económico. Además, fomentaría la actividad de las grandes empresas, las miles de pymes y los comercios locales, generando así un círculo virtuoso”, afirmó Russo a Telám.

La legisladora, oriunda del partido bonaerense de Escobar, presentó la iniciativa en el marco de las propuestas con las que el Ejecutivo intentaría reactivar la economía dentro del escenario pospandemia que, según argumentó Russo al fundamentar su proyecto, decantará en un orden económico distinto.

Como la propuesta de reducción del IVA es aplicable a todos los municipios del país, la iniciativa de la diputada ya contaría con el apoyo de varios legisladores de distintas provincias.

“Consideramos que el fortalecimiento de las instituciones más cercanas a la población es una tarea fundamental y urgente en este contexto de crisis global”, sostuvo Russo en su presentación.

El gobierno anunció que reintegrarán el IVA para jubilados que cobren la mínima Así lo anunció el presidente Alberto Fernández. Será con un tope de $700.

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que, a partir del 1 de marzo próximo, se les comenzará a reintegrar a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo hasta 700 pesos por mes en concepto de reintegro de IVA.

Así lo aseguró en una entrevista brindada este mediodía a Radio 10, en la que adelantó que la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, «hoy va a anunciar que, a partir del 1 de marzo, a esos jubilados (por los que cobran la mínima) les vamos a reintegrar en sus haberes el IVA que gasten, con un tope de 700 pesos»

Al mismo tiempo, Fernández cruzó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que criticaron la actualización por decreto de las jubilaciones, al quejarse de que «ahora aparecen los defensores que se rasgan las vestiduras en poder adquisitivo de los jubilados».

El mandatario remarcó que tiene «la tranquilidad» de que lo que dijo en la campaña electoral del año pasado es lo que está «haciendo» ahora en la Presidencia.

«Tengo la tranquilidad de que lo que dije en campaña es lo que estoy haciendo. Muchos jubilados están en situación de pobreza o indigencia. El gobierno anterior les cortó muchos derechos y beneficios que tenían y también les recortó las jubilaciones», sostuvo en declaraciones a Radio 10.

«Ahora aparecen los defensores que se rasgan las vestiduras en poder de los jubilados, pero cuando hicieron la reforma previsional y les quitaron un trimestre entero de aumentos no dijeron nada, se callaron la boca», indicó.

El convenio entre el sector y el Ministerio de Desarrollo es congelar el precio con la condición de que no se produzcan aumentos en la cadena de producción.

Tras finalizar la disposición del Ejecutivo nacional de quitar el Impuesto al Valor Agregado a alimentos de la canasta básica, desde hoy aumenta un 6,5% el valor del kilo de pan.

Jorge Spasitich, presidente del Centro Industriales Panaderos explicó por De Diez que hubo un arreglo de la Federación Argentina de la Industria del Pan con el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, para asegurar que el kilo de pan común cueste 90 pesos en todo el país.

“Luego, cada panadería tiene su especialidad y puede variar”, indicó Spasitich.

Además, aseguró que el convenio es por seis meses con la condición de que las tarifas, la materia prima e impuestos “queden como están”, y remarcó que, de producirse un aumento en el valor de la harina, este se trasladará irremendiablemente al valor del producto.

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, advirtió que la aplicación del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica alimentaria podrían “impactar duramente” sobre los precios, por lo que valoró positivamente el acuerdo para absorber esa alícuota.

“Desde hace varias semanas venimos advirtiendo que la culminación del decreto (que redujo el IVA a 0) iba a impactar duramente sobre el precio, por eso esperamos que en este acuerdo estén todas las partes firmes para mantenerlo y sostenerlo en el tiempo”, afirmó el presidente de FASA en declaraciones radiales.

El martes por la tarde, el Gobierno nacional, los supermercados y los productores llegaron a un acuerdo para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció a la medianoche, y que habían sido aplicados por el ex presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral.

“Hubo un acercamiento con sectores supermercadistas para no trasladar a precios totalmente la alícuota por la finalización del decreto de la tasa cero” y en el que en el que “aceptaron el compromiso de dividir en partes la absorción” del incremento, explicó Palpacelli.

Sobre la aplicación inicial de la medida, el empresario explicó que “la tasa cero lo que hizo fue equilibrar y retrotraer el aumento que hubo producto de la devaluación de agosto, ese 20% de aumento en la primera etapa hizo que los productos de la canasta básica absorbieran el impacto y el incremento”.

“Si no se hubiese quitado el IVA en ese momento estaría más alto el nivel de precios, que es lo que ocurriría ahora de trasladarse la alícuota porque el impuesto impacta sobre el precio de venta al público”, reseñó.

Tras analizar “un resentimiento del consumo importante durante los últimos 18 meses, al que los productos de la canasta básica no escapan” el presidente de FASA destacó que “la medida colaboró” a moderar la caída, aunque dejó aspectos negativos como la acumulación del crédito fiscal en favor de las empresas que “generó problemas financieros en las cadenas” supermercadistas.

Palpaceli también aseguró que el sector está “muy expectante por la implementación de la Tarjeta Alimentaria porque es necesaria una reactivación urgente del consumo. Si todas las medidas se vuelcan rápidamente van a ayudar a salir del estancamiento”.

“Hoy nos cuesta equilibrar los cuadros de costo de las estructuras comerciales por la pérdidas de unidades que viene sufriendo. Romper con esta recesión es un gran desafío que las empresas estamos esperando”, finalizó el supermercadista.

Según se acordó ayer, el porcentaje del IVA en la leche será de 0% absorbido por las empresas con lo cual no habrá cambios en el precio para los consumidores y en otros productos crece progresivamente hasta el 10%.

Al tiempo de abrir una mesa de negociación durante los próximos 30 días, los productores y supermercados acordaron absorber un 14% del tributo para minimizar el traslado del IVA a partir de este primero de enero.