Un fuerte episodio de alerta habría vivido una familia de zona norte de la ciudad de Salta, luego de que un viaje solicitado por Uber llegara con un conductor distinto al informado en la aplicación y con un acompañante a bordo. La situación quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Según relató la madre de la adolescente para quien había pedido el traslado, al salir a verificar el vehículo notó que el chofer no coincidía con la foto ni con el nombre asignado por la plataforma. Además, la camioneta ya venía ocupado por dos hombres (el conductor y un copiloto), lo que encendió las alarmas de inmediato.

La mujer, que se encontraba grabando desde la puerta de su casa, les exigió a los ocupantes cancelar el viaje debido a la irregularidad del servicio. Sin embargo, según su testimonio, los hombres se negaron y permanecieron algunos segundos frente al domicilio, lo que incrementó la tensión.

El video que se viralizó enciende la polémica sobre si verdaderamente era el uber y estaba con un acompañante, por razones desconocidas o se trataba de un trasfondo mucho más grave.

En el video se escucha a la madre insistir en que no permitirá que su hija suba al vehículo mientras los ocupantes intentan justificar la presencia del acompañante. Finalmente, tras un breve intercambio verbal y al verse registrados en cámara, los sujetos abandonaron la zona a alta velocidad.

El hecho se suma a otros casos de viajes irregulares denunciados en distintas ciudades del país, donde usuarios advierten inconsistencias entre los datos ofrecidos por las aplicaciones y las personas que llegan a buscar a los pasajeros. La aplicación piden que se comuniquen con el soporte del mismo y denuncien estas situaciones.

Hasta el momento, no trascendió si la familia realizó una denuncia formal. Desde distintos organismos de seguridad recomiendan siempre verificar que el conductor, el modelo del vehículo y la patente coincidan exactamente con la información provista en la app antes de abordar cualquier transporte por plataforma, para evitar situaciones no esperadas.

Un video grabado en la planta de HLB Pharma, ubicada en San Isidro, evidenció un escenario de caos con oficinas desorganizadas, archivos destrozados y un armario que exhibía la frase "100 familias sin laburo". Empleados del lugar expresaron que era "un desastre" lo que ocurrió en el área donde se almacenaban los registros de producción y control de calidad de las ampollas de fentanilo.

Vean como estaban las oficinas del laboratorio del fentanilo que mató a más de 50 personas. Esto sucedió 3 días antes de que los allane la Justicia. Estos papeles eran los registros de producción y calidad. ENTIENDEN QUE DESTRUYERON TODO? Señores, mostremos los que los medios… pic.twitter.com/VALzuc9k2P

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, gracias al trabajo de la periodista Camila Dolabjian en LA NACIÓN, el video corresponde al 12 de mayo, es decir, solo tres días antes de que se llevaran a cabo siete allanamientos ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak el 15 de mayo, tras detectarse la presencia de bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en un lote del opioide. Este situación generó la trágica pérdida de al menos 52 vidas en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y CABA.

Las fuentes consultadas por el diario vinculan la destrucción de los documentos con un intento deliberado de “ganar tiempo” ante las solicitudes de información por parte de la Justicia y la ANMAT. El mismo reporte indica que, tras los allanamientos, los propietarios del laboratorio —los hermanos García Furfaro— habrían despachado cuatro camiones de su marca Tres Arroyos para retirar mercancías de San Isidro y Ramallo. Estos vehículos, que contaron con el monitoreo de LoJack (Strix), finalmente habrían sido llevados a un depósito de General Rodríguez, perteneciente a otra empresa del grupo, Cables Epuyén, la cual no fue objeto de inspección.

Días antes, el laboratorio había presentado una denuncia sobre una “entradera” en la que, según Sedronar, se habían sustraído cajas fuertes con citrato de fentanilo. La investigación judicial abarca posibles delitos de encubrimiento, adulteración de pruebas y presunto desvío de opioides.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica (ANMAT) detectó distintas irregularidades en ambos casos. Las disposiciones del organismo fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno, a través de Anmat, prohibió este viernes la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de una marca de sal elaborada en Bolivia y de un aceite de oliva, por presentar distintas irregularidades y considerarlos “productos ilegales”.

La restricción quedó establecida con la publicación en el Boletín Oficial de las Disposiciones 7110/2024 y 7116/2024 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica (ANMAT.

El primero de esos documentos aborda la prohibición que comenzó a regir sobre cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento de la “Sal Galito Siempre Yodada, marca: Galito, contenido: Yodado de potasio 40/80 ppm, Dirección calle Villarroel, Colchani, Uyuni, Industria Boliviana”.

El organismo de control precisó que, al momento de iniciar las actuaciones, su rótulo no presentaba datos del importador en Argentina (razón social; Registro Nacional de Establecimiento (RNE); domicilio legal del titular).

Tampoco había datos del Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA). Por carecer de esos datos, se dictaminó que se encontraba fuera de la normativa del Código Alimentario Argentino (CAA), “resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

Por su parte, en el caso del producto rotulado como “Aceite de Oliva extra virgen, marca Finca Don Alberto, CONT NETO 2 Lts., Origen de Mendoza, RNE 13528193 - RNPA 13016258, Consumir antes junio/27”, detectaron que el RNE y el RNPA eran inexistentes. Por ese motivo, las autoridades también determinaron que se trataba de un “producto ilegal”.

En ambos casos, se estableció que por tratarse de “productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284”.

El objetivo perseguido por ANMAT para tomar esta decisión, es “proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo del producto ilegal, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”, indicaron desde el organismo nacional.

Una mujer de 37 años que ejercía ilegalmente la medicina en la localidad bonaerense de Francisco Solano fue detenida tras detectarse irregularidades en documentos presentados en un hospital, informaron hoy fuentes policiales.La detención fue ordenada por el titular del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, y la detención estuvo a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).La investigación comenzó cuando el directivo de un centro asistencial municipal ubicado en Capilla del Señor, cabecera del partido de Exaltación de la Cruz, detectó irregularidades en distintos documentos presentados por una médica que ya se encontraba trabajando en el hospital.

La inconsistencia se produjo al analizar los datos de la cuenta aportada por la mujer donde mensualmente se depositaba su sueldo ya que "pertenecía a otra mujer de nombre similar, lo que despertó las sospechas de las autoridades médicas", informó PFA.Tras observar que otros documentos también eran de "dudosa autenticidad", el director médico del hospital radicó una denuncia en la sede del Juzgado Federal de Campana y el tribunal delegó la investigación en la División Antifraude de la PFA.Los agentes comprobaron que la mujer "no solo no era médica, sino que además se hacía pasar por otra persona y que la mayoría de la documentación presentada era efectivamente falsa", según las fuentes.

Al ingresar al domicilio, los funcionarios de la Superintendencia de Investigaciones secuestraron matrículas presuntamente falsas, sellos de distintas especialidades (clínica, infectología y cirugía), barbijos, fotocopias de títulos universitarios, recetas con sellos de distintos médicos, la vestimenta habitualmente utilizadas por médicos, jeringas y demás insumos, al tiempo que se incautó su teléfono celular.

Por otra parte, se identificó correctamente a la imputada, quien fue detenida y trasladada a Instalaciones del Departamento Central de Policía, a disposición del Tribunal que entienda en la causa hasta tanto se disponga su declaración indagatoria.

La investigación continúa porque se presume que la mujer "habría ejercido distintas actividades vinculadas con la medicina en otros centros asistenciales", indicó PFA.

Luego de las denuncias que recibió Aníbal Lotocki y ya luego de haber sido imposibilitado de ejercer la medicina, un periodista chileno contó que había denunciado ya hace varios años el accionar del cirujano.

Este martes por la mañana, el periodista chileno Pancho Saavedra contó que en el 2009 había denunciado las condiciones de trabajo de Aníbal Lotocki tras grabarlo con una cámara oculta.

Este martes por la mañana, el periodista chileno Pancho Saavedra contó que en el 2009 había denunciado las condiciones de trabajo de Aníbal Lotocki tras grabarlo con una cámara oculta.

En Socios del Espectáculo, el periodista explicó cómo comenzó su investigación: “Todo esto comenzó acá en Chile cuando Lotocki y (su pareja) Pamela Sosa estaban en nuestro país haciendo intervenciones. Era una cosa estética que se empezó a poner de moda y nadie se preguntaba qué era realmente lo que este tipo les estaba poniendo”.

Además, contó que Lotocki utilizaba compuestos no aprobados en el país: “También pasó que el compuesto metacril o el metacrilato al menos acá en Chile no estaba aprobado por el Instituto de Salud Pública para usarse en intervenciones ni en el rostro ni en el cuerpo en esas cantidades que él ponía”.

“Yo, para descubrir todo esto, le hablé como si fuese un paciente que me quería hacer una intervención para poder así registrar el lugar donde han intervenido a muchas mujeres del espectáculo acá en Chile. Hay muchas mujeres del espectáculo que fueron intervenidas y que, lamentablemente, lo hicieron sin ninguna condición de salubridad”, admitió Pancho Saavedra.

Rodrigo Lussich, horrorizado, le preguntó: “¿Operaba en un departamento?”. Antes esta pregunta, Saavedra detallo: “Sí, operaba en el departamento de Pamela Sosa. Yo me puse a hacer esta investigación después de hablar con una médica que me había dicho que nunca se había usado el metacrilato para rellenar zonas tan grandes como los glúteos”.

Nancy Duré también quiso saber más sobre el tema y preguntó: “Cuando fuiste a hacer esa cámara oculta, ¿qué viste?”.

Luego de revelar que estuvo dentro del departamento, el periodista detalló: “Yo le dije que necesitaba una hora para hacerme una intervención. Entonces, él me pidió dólares en efectivo. Me dijo que no podía quedar ningún tipo de transacción hecha. Me cobraba dos mil dólares por hacer una intervención donde yo le había pedido un poco de pantorrillas, un poco de glúteos. Yo me fui con cámaras escondidas puestas en los anteojos y en los botones de mi camisa. Tenía tres cámaras porque quería registrar el audio y tener todas las imágenes ahí”.

“Él me dice: ‘Podés acostarte en esta cama’. Había un colchón, un perro saltando ahí en el medio. Ahí él agarra varias botellas de líquido de más de dos litros y se va al baño a mezclar. Eso inmediatamente me llama la atención porque no estaban dadas las condiciones de higiene. Luego de esto, él me pide: ‘Recuéstate ahora. Te voy a anestesiar un poco’. Yo ahí le digo: ‘Doctor, se me olvidó que dejé el dinero en mi auto’. Esa era mi estrategia para escapar porque tampoco iba a dejar que me hiciera nada”.

Gracias a las imágenes que Pancho Saavedra recolectó, la justicia chilena acusó a Lotocki de ejercer ilegalmente la profesión de cirujano plástico.

El influencer explicó en la noche de este miércoles su versión de los hechos respecto de lo comunicado por la Inspección General de Justicia.

En la mañana de este miércoles, la Inspección General de Justicia se pronunció respecto del fideicomiso de Santiago Maratea, destinado a recaudar fondos para pagar deudas de Independiente, señalando que era “irregular e ineficaz”. A última hora de la jornada, el influencer explicó su versión de los hechos.

“Santi Manotea es tendencia porque IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades. Ahora les preguntó, ¿alguien leyó cuáles son las irregularidades que marca? Jajajaj lean, chicos. Spoiler alert: están quedando como unas ridículas”, escribió Maratea.

Luego, mediante sus historias de Instagram repasó, según su versión, como se dieron lo hechos. “En este país, a veces la verdad es poco creíble. No me estoy defendiendo. Pero lean lo que la IGJ mandó para no quedar como unos boludos”, dijo luego de comentar que había pasado el día de reunión en reunión y no había podido leer con detenimiento lo que se dijo en los medios.

Maratea señala que como ni él, ni “Pepe” Santoro, ni Diego (otro integrante del fideicomiso) viven en Capital Federal no tenían la obligación de inscribirse en el IGJ.

“Pero nos presentamos de buena voluntad. Teníamos que presentarlo el 29 y lo presentamos hoy, 31. Esos dos días de demora marcaron la irregularidad de la que se habló todo el día”, indicó.

“A la mañana lo presentamos, a las 13 nos llegó la carta de la irregularidad y a las 13.15 nos llegó el mensaje que ya estaba normalizada la situación”, agregó. .

Una anécdota con una ex compañera de colegio puso a Maratea en el ojo de la tormenta por su colecta en Independiente

Para cerrar, el influencer agregó que decidieron presentar los papeles con la Escribanía Cesaretti. “Pusimos un escribano porque no tenemos nada que ocultar. Todo lo que hacemos es legal”, concluyó el joven.

En cuanto a la recaudación, dio a conocer que el monto ya es de 811.439.019 pesos. Como el dólar oficial está a $ 249, son US$ 3.258.791. También se juntaron 4.230.000 pesos por la subasta de camisetas de jugadores (16.987 dólares).

El partido italiano de ultraderecha Fuerza Nueva podría quedar fuera de las elecciones del próximo 25 de septiembre por posibles irregularidades en las firmas presentadas para avalar las listas en todo el país.

La Corte de Apelaciones de Venecia rechazó la noche del martes las listas presentadas por Fuerza Nueva en la norteña región del Véneto, por considerar que no alcanzaron el mínimo de 36.000 firmas de apoyo, informó el organismo en un comunicado.

Entre las razones del rechazo, el tribunal consideró que el partido de extrema derecha fundado en 1997 cometió irregularidades, al sumar a su símbolo el de la asociación de las fuerzas neonazis europeas, la Alianza por la Paz y la Libertad (APF por sus siglas en inglés).

Renunció el primer ministro de Italia, Mario Draghi

Según informa el diario Repubblica, la decisión de la corte veneciana podría crear un “efecto dominó” en el resto del país si las Cortes de Apelaciones de otras regiones siguen el mismo criterio.

Más allá de la participación de Fuerza Nueva, crece la preocupación en Italia porque también anunciaron sus candidaturas otros exponentes del neonazismo que integrarán las listas de la fuerza antiEuro y antivacunas ItalExit, del periodista Gianluigi Paragone.

En poco más de un mes, Italia renovará por completo su Parlamento con la elección de 400 diputados y 200 senadores que deberán luego votar un nuevo premier para el país.

Todas las encuestas previas muestran en primer lugar a la alianza de fuerzas de la centro a la extrema derecha que encabeza Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

Meloni, de 45 años, podría convertirse además en la primera mujer primera ministra de la historia del país de confirmarse el liderazgo de su fuerza dentro del espacio.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, quien presentó su dimisión a mediados de julio pero continúa a cargo de la administración del Estado hasta que se elija a su sucesor, pidió este miércoles que la gente vaya a votar en las elecciones del 25 de septiembre, en medio de pronósticos de que la abstención podría superar el 30%.

“A los italianos les digo: vayan a votar”, planteó Draghi al hablar en el denominado Encuentro de Rimini, un evento anual organizado por el grupo católico Comunión y Liberación en esa ciudad del norte de Italia.

El pedido de Draghi se da luego de que las últimas encuestas advirtieran sobre una posible abstención electoral superior al 30% y con el riesgo de que quienes no voten marquen un nuevo récord.

Un sondeo de Ipsos mostró esta semana que al momento el 27,2% de los electores no votará, que un 10,8% no sabe si hacerlo y que otro 5,8% aún no sabe a qué fuerza elegir.

Las últimas elecciones, en 2018, marcaron la afluencia más baja de la historia, con 72,93% del padrón sufragando para diputados y el 72,99% para senadores, una caída del 2,3% frente a los comicios de 2013.

El presidente Sergio Mattarella convocó las elecciones para el 25 de septiembre luego de la renuncia que Draghi presentó en julio tras perder la confianza de algunos partidos que sostenían su Ejecutivo, por lo que la campaña electoral transcurre de forma inédita durante el verano italiano.

La Dirección General de Aduanas devolverá a sus países de origen 3000 paquetes internacionales pertenecientes al servicio “Puerta a puerta”, que nunca fueron retirados por sus compradores.

La decisión se basa en la detección de distintas irregularidades.

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Según informaron fuentes de la Aduana las encomiendas cumplieron el plazo legal para su liberación. El proceso de retorno a sus países de origen estará a cargo del prestador de Servicio Postal Correo Argentino S.A., con control del Servicio Aduanero, el cual implicará inspecciones de cantidad, peso y escaneo de cada una de las guías aéreas afectadas.

Las sospechas pasan porque el volumen almacenado no responda a los criterios del “puerta a puerta”, es decir de compras particulares, sino que haya sido utilizado por revendedores que deberían haber importado productos por otro mecanismo.

El trámite de reexpedición será realizado a través del Centro Postal Internacional (Monte Grande) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el destino final de las mercaderías a origen.

Los paquetes que serán regresados contienen:

El peso promedio de las encomiendas es de entre 15 y 20 kg cada una y el período de acumulación de estos envíos va desde enero último, pese a que solo pueden permanecer un máximo de 45 días en el depósito del Correo Argentino.

Al momento de realizar la declaración de importación “puerta a puerta”, el consumidor tiene que pagar la tasa de gestión de correo, que incluye los costos presentación a la Aduana, de almacenaje y la gestión administrativa que hay que realizar con cada uno de los envíos que llegan desde el exterior, independientemente de su peso y valor.

Para poder retirar mercadería, deben cumplirse tres requisitos:

En el caso de estos paquetes, “no se cumplieron estos requisitos y, por lo tanto, la mercadería será reenviada a su país de origen y el comprador perderá el producto”, informaron desde la Aduana.

Actualmente, el servicio de envíos lo ofrecen desde empresas privadas como Tiendamía, Aerobox, o Pickabox. También se encargan el Correo Argentino o incluso Aerolíneas Argentinas.

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Si la compra supera los US$50 se debe abonar el 50% del excedente en concepto de impuestos aduaneros, al tipo de cambio oficial.

Dos peritos privados ratificaron ante la Justicia el hallazgo de supuestas irregularidades en tres de los cuadernos atribuidos al exchofer del Ministerio de Planificación Federal y “arrepentido” del caso “Cuadernos”, Oscar Centeno, al declarar como testigos en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi.

Las declaraciones se concretaron a raíz de una denuncia presentada por un imputado en la causa, el empresario Armando Loson, del grupo Albanesi, informaron fuentes judiciales.

Martínez De Giorgi dispuso ya medidas de prueba en el caso, entre ellas que por primera vez se periten los originales de al menos tres cuadernos, y además convocó como testigos a expertos contratados por Loson para un estudio privado de copias digitales que están en el expediente.

Causa Cuadernos: ordenan pericias sobre las anotaciones de Centeno

Estos dos peritos declararon en la causa que hallaron “irregularidades” en los cuadernos 4, 7 y 8 que analizaron. Al declarar detallaron que no vieron los originales.

Estos originales fueron ya reclamados por el juez al Tribunal Oral Federal 7, que los tiene a resguardo mientras prepara el juicio todavía sin fecha de inicio contra los procesados en la causa.

Una vez que les sean entregados, Martínez De Giorgi determinará el organismo que llevará adelante una pericia oficial que ordenó.

Loson denunció en Tribunales “gravísimas irregularidades” en los cuadernos en base a esa pericia que encargó y detalló la existencia de “adulteraciones y tachaduras” de nombres, lugares, direcciones y fechas en las anotaciones atribuidas a Centeno, que dieron origen al llamado caso “Cuadernos” .

Confirman el procesamiento de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos

En la causa fue enviada a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros exfuncionarios como el exministro de Planificación Julio De Vido y empresarios acusados de supuesto cohecho y también el “arrepentido” Centeno.

La pericia grafológica fue realizada por el estudio de peritos “Latour”, dos de cuyos integrantes ratificaron su conclusión ahora ante el juez.

Se trata de un trabajo en el cual los expertos aseguran haber encontrado “más de 1.600 alteraciones del texto original: 1.373 sobre escritos y 195 correcciones con líquido corrector, a la vez que pudieron visualizarse 55 enmiendas o testados, entre otras anomalías”.

La Justicia citó a declarar al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en la causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. El juez federal Daniel Rafecas lo convocó para el viernes a las 10.

El juez federal Daniel Rafecas lo convocó a declarar a Kulfas como testigo para el viernes a las 10, y al exfuncionario Antonio Pronsato para el lunes a las 12. Pronsato estaba a cargo de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner y renunció a fines de mayo.

La justicia secuestró el pliego del gasoducto Néstor Kirchner

Rafecas pidió secuestrar el pliego de la licitación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, en una orden presentada en Enargas, IEASA y en la Secretaría de Energía. Se secuestró una copia digital de la licitación que va a analizarse, y el juez además impuso el secreto de sumario.

El juez federal dispuso además para el martes a las 10 una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral). El objetivo es que contribuyan con el juzgado en relación a los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión.

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Durante la mañana del viernes personal de la Unidad Especial de Asuntos Internos concretó un allanamiento en dependencias de la comisaría 11va. por supuestas irregularidades en la relación con los detenidos.

La requisa fue concretada por agentes de la Unidad Especial de Asuntos Internos, junto a personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), quienes desde horas tempranas llegaron a la citada sede policial ubicada en Aristóbulo del Valle 4800.

Dicha medida había sido solicitada por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, quienes llevan adelante una investigación por supuestos incumplimientos de los policías, en el trato con los detenidos en el lugar.

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En concreto se trata de dilucidar si el personal policial que allí se desempeña incurrió en algún tipo de “favores” o de trato “especial” para con algunos de los detenidos a cambio de dinero.

Las denuncias que motivaron la causa dan cuenta también sobre un supuesto régimen de visitas “a cualquier hora”.

La Justicia Federal investiga la denuncia de un oficial del Ejército sobre irregularidades en la rendición de gastos de las PASO de este año por unos 20 millones de pesos.

La denuncia la hizo el tesorero del organismo militar, teniente coronel Gustavo Alejandro Chávez Leguina.

Un informe epidemiológico confirmó que las PASO no generan aumentos de casos de Covid-19 en ninguna provincia

Es en el manejo presupuestario del Comando General Electoral, que funciona en jurisdicción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según la presentación es por pagos duplicados de viáticos y pago a proveedores.

Los recursos son asignados por el Ministerio del Interior y el presupuesto contemplado es de 3.300 millones de pesos: ya se gastaron 1.300 millones y el resto se prevé para las elecciones PASO del próximo 14 de noviembre.

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Entre las irregularidades denunciadas esta el supuesto pago de viáticos inexistentes, pagos duplicados a proveedores y hasta falta de documentación que respalde la asignación de determinados montos de dinero que apuntan a la custodia por parte del Ejército y la logística en todo el proceso electoral.

Dentro del Comando General Electoral se abrió un sumario interno y próximamente se prevé que la fiscal Alejandra Mangano pida medidas de prueba.

Los comicios de este domingo cerraron en la Justicia federal con más de 80 denuncias que fueron impulsadas, a lo largo y ancho de la provincia, por representantes de partidos políticos, como así también de particulares.

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En total, la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Gustavo Onel, recibió 86 denuncias que ingresaron entre las 8 de la mañana y las 18. Treinta de ellas, según indicaron fuentes judiciales aAIRE, se trataron de faltas electorales, como, por ejemplo, publicidades en redes sociales que pudieron violar la veda electoral.

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En la ciudad de Rafaela, el Partido Socialista denunció actos de campaña de otro partido en el barrio 17 de Octubre. Sin embargo, cuando personal de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hasta el lugar, por orden del fiscal Onel, no constató ninguna irregularidad.

Durante los días previos a los comicios, la Fiscalía recibió también cinco denuncias vinculadas a publicidad en páginas web por supuesta violación a la veda. Dichas denuncias, motivaron a la apertura de investigaciones judiciales que tuvieron el objetivo de determinar los titulares de las páginas o sus responsables. De hecho, por uno de esos sitios web, se libró un oficio al Enacom para se proceda al bloqueo de tal plataforma digital.

Por otro lado, hasta las 18 de este domingo, no se registraron otros delitos electorales como realización de espectáculos públicos, abandono de funciones electorales o publicidades de actos de gobierno.

Tampoco hubo obstaculización del transporte de urnas, expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario reglamentario, como así también, sustracción de urnas o de boletas o violación del secreto del voto.

Un cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los ciudadanos vacunados hasta el momento en territorio bonaerense reveló que 75.901 dosis de la provincia de Buenos Aires se aplicaron a residentes de la Capital Federal, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

Los vacunados fueron principalmente mayores de 60 años, quienes utilizaron un domicilio de un familiar para poder anotarse o un domicilio laboral, detalló la cartera provincial.

En el momento de vacunarse, certificaron estar viviendo eventualmente en la provincia de Buenos Aires, pero este cruce de datos con la base del Renaper reveló que efectivamente viven en CABA.

De los 75.901 detectados, 46.496 son mayores de 60, 21.770 lo hicieron como personal de salud, 3.169 como docentes y auxiliares, y otras 370 personas bajo el grupo personal de las fuerzas de seguridad.

Este número representa el 14,32% de los 529.976 porteños que recibieron alguna dosis de la vacuna contra el Covid-19 en CABA al 23 de abril.

Dentro de ese universo de vacunados, se calcula que 2 de cada 10 docentes de CABA, se vacunaron en la provincia de Buenos Aires.

En territorio bonaerense, ya se vacunaron 2.384.829 con la primera dosis y hay 6.233.269 inscriptos.

Las autoridades de la universidad encargada del ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus en Perú renunciaron a sus cargos en medio de un escándalo por haber realizado inmunizaciones irregulares, antes del inicio de la campaña oficial.

La renuncia del rector y los vicerrectores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) llegó luego de que aparecieran en un lista de 487 personas, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, que recibieron la vacuna china de Sinopharm en enero.

En su carta de dimisión, el rector Luis Varela escribió anoche que dio un paso al costado debido a “la situación que se generó con la administración del lote de vacunas adicionales de Sinopharm”, aunque sin negar la acusación.

Horas antes, la misma UPCH había separado de su cargo de investigador principal del ensayo de la vacuna al médico Germán Málaga.

Escándalo: renunció la ministra de Salud de Perú por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra

El presidente peruano, Francisco Sagasti, reveló el lunes pasado que 487 personas, entre ellas dos ministras suyas y otros funcionarios, se habían vacunado contra el coronavirus con ese fármaco antes de que Perú lanzara su campaña oficial de inmunización.

Sagasti declaró ayer que de su Gobierno, iniciado el 17 de noviembre, sólo se vacunaron irregularmente 16 funcionarios.

“De mi Gobierno son solamente 16 personas (…). Un buen número son personas que han estado en los gobiernos anteriores”, dijo Sagasti en una entrevista con CNN en Español.

“La Justicia ajustará cuentas con quien tenga que ajustarlas”, agregó.

Este escándalo les costó sus cargos a la canciller, Elizabeth Astete, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Comenzó la vacunación contra el coronavirus en Perú

La vacuna de Sinopharm recibió luz verde el 31 de diciembre pasado y la campaña nacional de inmunización comenzó el 9 de febrero. El primer día fue vacunado públicamente Sagasti para alentar a la población a seguirlo.

Perú dispone por ahora de 1 millón de dosis de Sinopharm, dirigidas inicialmente al personal sanitario.

Este escándalo estalló hace seis días en medio de la segunda ola de la pandemia y de la campaña de las elecciones generales de abril, en las que Vizcarra se postula al Congreso.

Inicialmente, el “Vacunagate”, como lo denominaron los medios peruanos, salpicaba solo a Vizcarra (2018-2020), pero luego se extendió al Gobierno de Sagasti.

La Fiscalía y el Congreso abrieron sendas investigaciones contra Vizcarra y otros que resulten responsables.

Sinopharm entregó a Perú 3.200 dosis extras, aparte de las destinadas a los 12.000 voluntarios del ensayo, para el personal que trabajaba en el estudio. Parte de ellas se utilizaron en las vacunaciones irregulares, según el Gobierno.

Con 33 millones de habitantes, Perú acumula 44.308 fallecidos por Covid-19, con 1,25 millones de casos confirmados.

La ministra de Educación provincial sostuvo que se vio “obligada” a la destitularización de 500 educadores santafesinos debido a “irregularidades” detectadas en procedimientos de parte de la anterior gestión de gobierno: “Se puede corregir un error, pero no una cadena de omisiones que es nula desde el punto de vista jurídico”, asestó.

“¿Cuál es la equidad en el sistema de garantía de derechos?, ¿por qué algunos deberían cumplir todos los pasos pautados en la normativa vigente para titularizar cargos y otros no?”.

La titular de la cartera educativa provincial, Adriana Cantero, se refirió a la revocatoria de 500 titularizaciones de docentes santafesinos concretadas en tres concursos concretados durante el último semestre de la gestión de gobierno anterior.

“¿Cuál es la equidad en el sistema de garantía de derechos?, ¿por qué algunos deberían cumplir todos los pasos pautados en la normativa vigente para titularizar cargos y otros no?, ¿por qué algunos se dedican a recorrer el largo camino de la tarea docente y otros pueden ingresar sin siquiera haber estudiado la carrera?”, cuestionó Cantero ante la consulta de este medio.

“El ministerio de Educación fue observado por dos instancias externas: la comisión evaluadora del Decreto 89 y el Tribunal de Cuentas. Esta situación me lleva a tomar una decisión que no es para nada grata para mí, pero en la que me veo obligada porque van al nudo de la legalidad de los procedimientos de los docentes”, manifestó luego la ministra.

“Recuperar la legalidad en los procesos de titularización de los docentes también es trabajar por las garantías de los derechos de todos. Por eso estamos planificando nuevos concursos donde el acceso a los puestos de trabajo sea legítimo, cumpliendo los pasos que cumplen todos. Mientras, las personas afectadas seguirán como interinos en sus cargos, cobrando sus salarios”, manifestó.

“Respecto del argumento de que lo podríamos haber arreglado administrativamente, tengo que decir que la ilegalidad no se arregla. Se puede corregir un error, pero no se arregla una cadena de omisiones que es nula desde el punto de vista jurídico”, sostuvo.

-Además de las titularizaciones, a lo largo de los meses hubo discrepancias sobre distintos aspectos del sistema educativo, como la continuidad de paritarias o la situación de los docentes reemplazantes, entre otros. ¿En qué se fundamentan estas diferencias políticas sobre la educación santafesina?

-Creo que a la oposición le está costando entender que ya no son quienes toman las decisiones. Por ejemplo, en el caso de la defensa al derecho en expectativa de los reemplazantes: ¿por qué ofrecieron tantos cargos sin que esos reemplazantes, que llevan tanto tiempo realizando suplencias, tuvieran oportunidad de concursar?

Lo que no hay que tener son dobles varas. Para que la gente confíe, el discurso tiene que dar orden, perspectivas y garantías. No es lo mismo tener errores que omisiones voluntarias. Quizás nosotros también cometemos errores, somos humanos. Nos ha tocado tomar el sistema educativo encima de una pandemia, que no es algo menor. Sin embargo, aquí estamos: tratando de ser lo mejor que podemos en cada paso que hay que dar.

Obviamente, quienes no están catorce horas al día gestionando esta situación tan excepcional tienen mucho más tiempo para observar y cuestionar. Todos tenemos derecho a opinar, soy respetuosa de las libertades; pero creo que hay que ser responsable y no llevar confusiones a la gente en un momento de sufrimiento.

CONTINUIDAD DE PARITARIAS

“No abandonamos las paritarias, en diciembre volveremos a convocar”, respondió Cantero ante la consulta. Y agregó: “Una voluntad expresa del trabajo por la estabilidad docente y del respeto por los acuerdos con los sectores sindicales es el concurso inconcluso que recibimos en Secundaria, al que logramos continuar en plena pandemia, con una modalidad online inédita en el país, cuidando todas las garantías legales”. Además, dijo que “en los próximos días” convocará a los sindicatos docentes “para planificar gradualmente los tres concursos de titularizaciones revocadas”.

“La idea es que todos los chicos se reencuentren antes del receso”

Cantero aseguró que “es decisión del gobierno de la provincia que los chicos puedan reencontrarse antes del receso de verano en sus escuelas”. La ministra explicó que NO se trata de clases presenciales sino de breves encuentros en pequeños grupos para retirar los cuadernos que orientarán la tarea que sigue y al mismo tiempo, dar oportunidad de encuentro de los estudiantes con sus compañeros y docentes”.

“Desde que se autorizaron los trabajos de infraestructura hemos distribuido $ 400.000.000 en reparaciones menores para mejorar problemas de agua, sanitarios, filtraciones, gas, electricidad, ventilaciones, según el relevamiento de todos los edificios escolares que se evaluaron con criterio sanitario”;

“Autorizamos licencias especiales, generamos normativas de coyuntura para agilizarlas y acompañamos la apertura en las zonas rurales que hoy tiene más de 150 escuelas trabajando en la presencialidad”;

“Autorizamos la compra de insumos COVID con los gastos de funcionamiento”;

“Asistimos a todos los establecimientos educativos con partidas para comprar e instalar los lavamanos requeridos por los protocolos educativos”;

“Asignamos recientemente partidas a todas las instituciones para la adquisición de termómetros”;

“Participamos en todo el trabajo federal para acompañar con decisiones atinadas los distintos momentos que el dinamismo de la pandemia fue indicando”;

“Socializamos todos los acuerdos federales para construir comprensión compartida de las decisiones”;

“Preparamos y desarrollamos quince días de actividades preparatorias para aprender los protocolos de la presencialidad con todo el personal escolar, luego del receso de julio”;

“Fuimos informando por circulares de todas las acciones que encaminaban hacia esos momentos” amplió Cantero en el punteo descriptivo.

“En ese contexto, mirando un proceso posible, dentro de las acciones con estudiantes contempladas en el ciclo lectivo que marca un recorrido en el mes de diciembre hasta el día 18 y en cumplimiento de los 180 días de clases que marca la Ley, planteamos la posibilidad de entregar los materiales de trabajo para darle continuidad al vínculo pedagógico en pequeños encuentros cuidados y con estricto cumplimiento de protocolos ya aprobados” consignó la ministra de Educación provincial.

Adriana Cantero se permitió explicar que “no podemos habilitar actos de colación, entre otros motivos porque aún no hay graduados, eso será en marzo. Sí podemos empezar a recorrer con flexibilidad el camino de la gradualidad descripta en nuestro plan aprobado en el CFE. Llegar a la presencialidad sostenida es nuestra esperanza, y la vamos construyendo con acciones articuladas que, además, contribuyan a mantener a todas y todos en su trayectoria escolar. Estos gestos de enorme valor simbólico son una convocatoria a esa continuidad, entre otros proyectos que estamos desplegando”.

Respecto de los gremios docentes, la ministra Cantero abogó por “que revisen su decisión de rechazar esta propuesta. Que desistan de esta posición. Está claro que reconocemos la inmensa tarea que han realizado docentes y asistentes escolares, representantes legales y representaciones gremiales, también otros ministerios que han colaborado permanentemente. Es desde ese reconocimiento, que esperamos todos se sigan sumando para dar respuesta a las legítimas expectativas y necesidades de nuestros estudiantes” concluyó la ministra Cantero.