En su primer contacto con la prensa, Andrés Shocron prefiere darle crédito a la empresa. Recaló recomendado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor comercial en la causa judicial.

Andrés Shocron, designado interventor judicial en Vicentin, apuesta a no correr la misma suerte que Luciano Zarich, el funcionario nacional que durante algunas jornadas de junio fungió como responsable de la agroexportadora. Por ello, en su primer contacto con la prensa prefiere no tirar dardos contra la empresa y decir que si hubo falta de colaboración con la Justicia no fue por mala intención sino por el esfuerzo que supone enfrentar una convocatoria de acreedores. “Estás en un proceso donde estás verificando créditos. Tenés que armar todos los legajos y eso lleva demasiado tiempo”, afirma Shocron en diálogo con este medio.

Las palabras del interventor -un ex ejecutivo de Terminal 6, que desde 2018 se desempeñaba como consultor independiente- cobran importancia en función de cuál fue el principal argumento del juez Fabián Lorenzini para definir su sorpresiva medida: la omisión “recurrente y sistemática” de facilitar información por parte de la empresa. “No creo que sea mala intención”, dice Shocron, que también tira una línea para el resto de los actores implicados en el proceso: “Es necesaria la elaboración de un plan de negocios en el que participen el conjunto de los acreedores”.

Contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, el profesional había llegado a Vicentin en agosto, luego de ser propuesto por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -principal acreedor del concurso- como veedor, en el marco de un proceso de control creciente por parte de Lorenzini sobre la marcha de la firma, que incluyó también la autorización de una auditoría forense.

Se tiene fe, pero…

Medido en sus palabras y con un currículum que le reporta buenos antecedentes para su nueva función, remarca que existe “buena voluntad de todas las partes” para encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, las últimas novedades conocidas en torno al caso parecen indicar que justamente allí estará su primer gran escollo. Por un lado, no parece haber “voluntad” del Estado provincial en participar de esta nueva etapa. Por otro, tampoco parecería ser “buena” la actitud del resto de las partes.

“Mañana tendremos una reunión en Santa Fe para definir las argumentaciones del escrito que eventualmente presentaremos, pero la decisión será la de no consentir. No vamos a aprobar la decisión de participar en la intervención”, ratificó este martes el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, ratificando aquello que había adelantado este medio el pasado viernes, cuando dijo que la resolución judicial “no causó buena impresión” en la Casa Gris.

En su fallo, Lorenzini le había asignado un papel preponderante al gobierno provincial: había dicho que su aporte para la solución del conflicto era “absolutamente irremplazable”. También había hablado del rol del Estado como “articulador virtuoso de medidas para evitar el agravamiento de situaciones complejas”.

Daría la sensación que, a menos de una semana, la salomónica propuesta del magistrado encuentra más trabas que facilidades para avanzar. Es que en paralelo con la desavenencia del gobierno santafesino la concursada se acerca a una crisis terminal, por los severos problemas que enfrenta Díaz & Forti, la firma que se venía desempeñando como su respirador artificial (a través de contratos de fasón, le opera sus principales plantas y le asegura el capital para pagar sueldos y demás costos fijos).

La empresa fue quitada nuevamente del Registro Único de Operadores de Granos (Ruca), por lo que quedó imposibilitada de comprar, vender, recibir y despachar cereales. La medida no fue “por un problema con una coma” (como denunció hace dos semanas el CEO de Grupo Olio -el holding dueño de Díaz & Forti-, cuando se produjo una primera suspensión en el Ruca), sino porque el Banco Central informó que la empresa tenía 450 millones de dólares sin liquidar.

Consultado sobre la situación de Díaz & Forti, Shocron se limita a decir que “por ahora, el contrato se sigue cumpliendo”. De todas formas, reconoce que la debilidad de Vicentin es extrema: “Hoy la empresa no tiene capital de trabajo para hacer crushing. Lo único que puede hacer es vender servicios”, indica, para luego completar diciendo que “todo lo que sume estará bien para poder sacar a flote a la empresa”.

El encuentro se produjo luego de que en la jornada del pasado sábado un grupo de productores agropecuarios, sectores de la oposición y autoconvocados llevaron adelante una protesta en distintos puntos del país contra la posible expropiación de la cerealera. Fernández y el interventor de Vicentin se reunieron para buscar una propuesta superadora El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en la Residencia de Olivos con el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, para “buscar una propuesta superadora”, pero “no significa que esté descartada la expropiación”.

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que “hoy la expropiación es el último recurso” pero “no significa que esté descartada”. “Insistimos en buscar una propuesta superadora. No significa que esté descartada la expropiación, está en stand by. Hoy la expropiación es el último recurso”, manifestaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al Presidente.

En ese marco, Delgado afirmó que repasó con el jefe de Estado “todas las alternativas”, y aclaró que “el propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo”. “Con Alberto Fernández analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”, publicó Delgado en redes sociales.

El nombramiento del exjefe de gabinete de Cristina Kirchner en el cargo se publicó en el Boletín Oficial.

Aníbal Fernández vuelve a la función pública: el Gobierno lo designó como interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz. No ocupaba un cargo desde diciembre de 2015, cuando terminó su función como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

La medida se anunció a través del decreto 119/2020 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. En la misma resolución se comunicó el cese en las funciones de Omar Zeidan, que había sido designado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.

El decreto indica que Aníbal Fernández “reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función”. Plantea además que “resulta necesario garantizar el funcionamiento institucional” del yacimiento, que “deviene imperioso” relevar a Zeidan y que en consecuencia es necesario “cubrir inmediatamente la vacante correspondiente”.

A principios de mes fue recibido por el Presidente en su despacho en Casa de Gobierno, y tras la reunión negó que hubiera recibido un ofrecimiento para un puesto. “Yo lo voy a ayudar en lo que él necesite, pero ni me pidió que yo fuera ninguna cosa ni yo le pedí ser ninguna cosa porque sería una falta de respeto”, dijo a los periodistas acreditados al retirarse de la sede del Ejecutivo. En esa oportunidad dijo además que tenía el deseo de colaborar con el mandatario. “Lo que yo quiero es ayudar a mi amigo, al que hoy le toca la enorme responsabilidad de conducir los destinos de este país”, afirmó.

Fernández ocupó diversos cargos en su carrera política. Fue ministro de Producción durante el gobierno de Eduardo Duhalde, del Interior con Néstor Kirchner y de Justicia con Cristina Kirchner. Además fue Secretario General de la Presidencia y dos veces jefe de Gabinete bajo el gobierno de la actual vice. También fue senador nacional.

Como candidato fue derrotado en 2015 por María Eugenia Vidal en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras que el año pasado se postuló para ser concejal en Pinamar pero perdió en la interna.

“Mantenemos la convicción de congelar las tarifas por 180 días, pero necesitamos que la Legislatura debata seriamente una emergencia económica que le de las herramientas al gobernador en ese sentido”, destacó el interventor Mauricio Caussi por LT9.

El interventor de la EPE Mauricio Caussi se refirió esta mañana al congelamiento de tarifas de la empresa y la situación financiera a más de un mes de gestión. “Cerramos el 2019 con un déficit de 3 mil millones de pesos, el déficit proyectado para 2020 si no se ajustan las tarifas y puede aumentarse porque no se incluyen paritarias y por sobreestimación de los ingresos”, comenzó diciendo.

“A partir de eso les sumamos en carpeta dos frentes de trabajo adicionales: Intensificar la búsqueda de financiamiento de ese déficit y un plan de austeridad. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en la empresa y tras la decisión del gobernador de congelar los sueldos de funcionarios políticos, tomé la decisión de hacer lo propio con el personal no convencionado de la EPE, esto es cuerpos directivos y gerenciales”, agregó.

También mencionó que “hemos decidido suspender las horas extras para el personal administrativo y dejarlo sólo para el personal de la EPE que trabaja en el territorio. Encontramos un parque automotor demasiado cuantioso y decidimos limitar los automóviles para el cuerpo gerencial, cada peso que ahorremos es en defensa de todos y los grandes cambios parten de pequeñas decisiones”.

“Mantenemos la convicción de congelar las tarifas por 180 días, pero necesitamos que la Legislatura debata seriamente una emergencia económica que le de las herramientas al gobernador en ese sentido”, destacó Caussi.

Por último aseguró que “la EPE tiene que ser una herramienta estratégica para el desarrollo de la provincia y debe tener un trato preferencial para quienes lo necesitan pero debe autofinanciarse. Para estar cerca de los sectores productivos y que sea un engranaje clave para el desarrollo hay que aumentar la inversión porque en 2019 fue sólo el 2,5% de su presupuesto, accediendo a créditos blandos”.