El Ministerio de Salud presentará este viernes el protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo adecuada a la nueva normativa aprobada en diciembre último en el país.

Será durante un acto online del que se espera participen funcionarias nacionales, y los detalles del protocolo los brindará la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla

También participarán del encuentro la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y Marta Alanís de Católicas por el Derecho a Decidir.

La presentación del protocolo coincide con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.

La norma establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce inclusive.

La presentación será a las 9 de este viernes a través del canal de YouTube del Ministerio de Salud.

Organizaciones feministas de San Luis repudiaron el fallo de una jueza puntana que dictaminó inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esta provincia y en los próximos días presentarán sus fundamentaciones legales contra esta medida.

En un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional San Luis, Villa Mercedes, Merlo y Traslasierras, expresó que “no tiene valor por sí misma” la sentencia del juzgado laboral N°2 que se conoció ayer, a cargo de la jueza María Eugenia Bona, por la acción declarativa de certeza presentada por la exsenadora nacional Liliana Negre de Alonso contra el Gobierno de San Luis.

Negre de Alonso, una ferviente defensora del rechazo al aborto, solicitó que “cese el estado de incertidumbre en el ámbito provincial” que ocasiona la “contradicción” entre dos artículos de la ley del aborto legal, y el artículo 19 de Código Civil y Comercial, y se prohíba en San Luis “la práctica quirúrgica, clínica o medicamentosa del aborto, salvo en las causales contempladas en los incisos a (embarazo resultado de una violación) y b (peligro la vida o la salud integral de la persona gestante) del artículo 4 de la Ley 27.610”.

En sus justificaciones, la Campaña alegó que la presentación carece de ‘’legitimación activa entre otras cosas porque la actora se arroga la representación del sector de la sociedad estrictamente afectado”.

Además, que “su planteo es un debate superado ampliamente en el tratamiento de la Ley 27.610 y en su trayecto histórico hasta su sanción” en diciembre del año pasado.

También, destacó que “dicha presentación fue orientada hacia un juzgado Laboral de Primera Instancia sabiendo que es afín, por lo que esta sentencia no tiene carácter definitivo, no obliga, ni impide nada”.

Por último, señala la declaración que en el fallo la jueza Bona “se arroga la capacidad de definir en primera instancia la disarmonía entre artículos de la Constitución Nacional, la Constitución provincial, el nuevo Código Civil y Comercial, las leyes 26.061 y la 27.610, reconociendo que eso es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Además, subrayó que “desde la Campaña Nacional y con el aporte de compañeras expertas en la materia jurídica de distintas partes del país se están elaborando fundamentos que acercaremos a la Justicia construidos en años de lucha y experiencia por el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

Por otro lado, durante todo el día se viralizó en la redes sociales una foto del pañuelo verde con una leyenda que decía “En San Luis es y seguirá siendo ley”, que fue compartido por funcionarias y funcionarios provinciales, entre ella la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina.

Por su parte, ayer la Fiscalía de Estado respondió en el marco de las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para analizar la “disarmonía” en el ordenamiento legal que alegó Negre de Alonso.

También, la fiscalía consideró que “la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es referida a la salud pública y se dicta dentro del marco de los compromisos del Estado argentino en esta materia y derechos humanos de las mujeres” y advirtió que es “una ley de orden público y de aplicación obligatoria” en todo el país.

En Brasil el aborto está permitido para casos de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso.

Una joven brasilera de 20 años viajó desde San Pablo a Buenos Aires para practicarse un aborto, luego de enterarse que desde el pasado domingo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene plena vigencia en nuestro país.

La mujer se llama Sara y arribó a nuestro país en un viaje relámpago para practicarse un aborto, ya que en Brasil se considera delito salvo algunas circunstancias. Sara detalló a la cadena alemana Deusche Welle que pidió dinero a familiares para realizar el viaje, aunque no les dijo el motivo del mismo.

“Tener un hijo que no deseo y sin condiciones para criarlo, y ser obligada, sería una tortura”, declaró a la cadena europea mientras la acompañaban gran parte del trayecto.

La joven pidió unos 5 mil reales -80 mil pesos argentinos- para llegar a nuestro país y hacerse atender en algún hospital.

En tanto, en Brasil el aborto está permitido para casos de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso.

Esta mañana, la presidenta de la Banca Mujer del Senado, Norma Durango, publicó en sus redes sociales que el próximo jueves 21 de enero se promulgará la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Nº 27.610) y el aborto será legal, seguro y gratuito en toda la Argentina.

El acto tendrá lugar en el Museo del Bicentenario y se hará esta semana dado que se cumplen los diez días hábiles desde que la ley fue sancionada el 30 de diciembre, plazo establecido para que entre en vigencia.

https://www.facebook.com/SenadoraNormaDurango/posts/2872857782955436

La reglamentación, por otra parte, estuvo a cargo de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. En ella se tuvieron que agregar los cambios que negoció el oficialismo para la aprobación definitiva del Senado.

Gómez Alcorta dijo, en diálogo con la TV Pública, que una vez que se promulgue la ley, “tanto los médicos, las médicas, como las personas, no van a estar cometiendo un delito y todas las personas que están imputadas en causas o condenadas por haber llevado adelante un aborto hasta la semana 14 de gestación serán sobreseídas”.

A su vez sostuvo que la implementación “va a depender mucho de las redes de profesionales que ya hoy existen” y que “la ley es de alcance nacional, pero la implementación puede costar en algunas provincias más que en otras”

“La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región”, sostuvo un comunicado de la organización.

Amnistía internacional calificó hoy como “una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina” la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

“La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, sostuvo un comunicado de la organización.

“Esta es una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina, que hace décadas viene luchando por sus derechos. Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad. Desde Amnistía Internacional vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Argentina generó un importante avance en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, y también envió un fuerte mensaje al continente, donde las leyes restrictivas en acceso al aborto legal y seguro provocan graves riesgos a la salud y la vida de millones de personas”, dijo en tanto Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ley reconoce el derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y permite al Estado argentino avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salud pública y derechos humanos, concluyó la organización.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron, tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes ‘verdes’ y ‘celestes’ siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso.

La media sanción del proyecto fue celebrada con aplausos y gritos en el recinto por diputadas y diputados que promovieron el dictamen que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, festejos que se repitieron en la Plaza Congreso, donde los manifestantes se abrazaban y agitaban sus pañuelos verdes.

La iniciativa sancionada esta mañana, que dividió las aguas de los bloques parlamentarios, ahora fue girada al Senado, que deberá debatir si respalda el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron durante poco más de 20 horas 164 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.

“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres”, dijo la diputada Gabriela Cerrutoi (Frente de Todos) en el último discurso de la extensa sesión.

Previamente, la diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, aseguró hoy que la legalización del aborto “es inconstitucional”, dijo que con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo “retrocedemos 207 años” y se preguntó: “¿Creemos en serio que estamos ampliando derechos?”.

La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, contó con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros.

Tras la aprobación del proyecto se comenzó a discutir el dictamen que establece un Plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia.