Sucedió en una vivienda del barrio Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires. Los hechos ocurrieron entre mayo septiembre de este año. Detuvieron al agresor y se negó a declarar. A la niña ya le practicaron el protocolo de interrupción de embarazo en el hospital.

Un hombre que aprovechó la relación de convivencia y que su hijastra de once años estaba en silla de ruedas para violarla fue detenido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán. Producto de los abusos, la niña quedó embarazada y a partir del accionar de la Justicia ya se practicó la interrupción del mismo.

Según la reconstrucción de los hechos que se pudo hacer, el 1 de octubre pasado la madre de la niña hizo la denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia luego de que la víctima le contara que le pasaba algo y que la daba miedo contarle. La pequeña, que tiene una discapacidad motriz, relató que el sujeto la despertaba cuando dormía, le sacaba la ropa y la penetraba vía vaginal a la fuerza y sin protección.

De acuerdo a la investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°4, los hechos ocurrieron en la vivienda que ocupaban en el barrio Florentino Ameghino en la que el imputado quedaba solo con la menor cuando la denunciante iba a trabajar.

A partir del reconocimiento médico legal que realizó personal de la División Cuerpo Médico de la Policía Científica se determinó que la víctima presentaba lesiones de reciente data en la región vaginal compatibles con abuso sexual con acceso carnal.

La niña dio un relato coherente y pormenorizado de los ataques sufrido, dijo que el imputado –identificado como E. E. S.- avanzaba en los ataques aunque ella pedía que no lo hiciera y que tenía mucho miedo de contarle a la mamá porque pensaba que la iban a retar.

En el expediente a cargo del fiscal Fernando Berlingeri se incorporó la declaración de un amigo del imputado que se presentó en la DDI y declaró que E.E.S. e había confesado en una conversación a través de la red social Facebook su responsabilidad en el hecho.

El mismo día de la denuncia, también envió mensajes desde su celular en el que se mostraba arrepentido, decía que lo sentía y que quería terminar con su vida. Al día siguiente dejó una nota en la casa que abandonó donde reconocía los hechos.

Con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención, fue aprobada en lo general y en lo particular la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, quien proponía la reforma a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154; y la derogación del 152 del Código Penal de Veracruz. 

El aborto no institucionalizado en Veracruz solo se practicaba mediante cinco causales: si era producto de una violación, si había sido imprudencial o culposo, si estaba en peligro de muerte de la madre, si el feto tenía malformaciones o si había sido concebido a través de una inseminación artificial no consentida.

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La reforma también establece que, si una mujer aborta luego de las 12 semanas de gestación, se impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad.

También se incluyó el delito de aborto forzado, en el cual sentenciará a quien interrumpa el embarazo sin el consentimiento de la mujer, en cualquier momento de la gestación.

“¡Veracruz despenalizó el aborto! Al ser el segundo estado más poblado después de la Ciudad de México, con esta decisión se garantiza autonomía y libertad para más mujeres, niñas y adolescentes”, expresó la organización feminista Gire

El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia, con la publicación de ambas normas en el Boletín Oficial.

Los decretos de promulgación fueron publicados luego del acto que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, donde firmó las normas, a 14 días de su sanción en el Senado.

El Decreto 14/2021 promulga “parcialmente” la Ley N° 27.610 de IVE, con la firma del Presidente y de la totalidad de los ministros que integran el Gabinete nacional.

El texto “observa” en su primer artículo “la palabra ´integral´ a continuación de la palabra “salud” en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610”.

La aclaración fue realizada debido a que la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ´salud´ figuraba en dos artículos (4 y 16) de la ley sancionada por el Congreso y su eliminación fue acordada por los legisladores en su tratamiento en la Cámara alta para garantizar la sanción de la ley.

El cambio, introducido a través de un veto parcial, evitó que el Senado tuviera que modificar esos artículos, lo que hubiera obligado a tratarla nuevamente en Diputados.

La norma establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

En tanto, el decreto 15/2021 promulga la Ley 27.611 de los Mil Días, con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Mario González García; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sus colegas de Desarrollo Social, Daniel Fernando Arroyo; y de Trabajo, Claudio Moroni.

“Para mí es un día de alegría porque cumplí mi palabra. Es importante que cumplamos con la palabra empeñada”, en referencia a su promesa de campaña respecto de la legalización de la IVE”, dijo ayer el primer mandatario en el acto en el Museo del Bicentenario.

Lo acompañaron la ministra Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, impulsoras de la iniciativa, entre otros funcionarios y referentes políticos y sociales.

La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo 38 votos a favor, 32 en contra. Asimismo, cuatro legisladores no estuvieron presentes al momento del cierre y hubo una abstención.

El Senado de la Nación fue escenario de un intenso y crucial debate sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya aprobado en la Cámara de Diputados, en una sesión especial con extensa lista de oradores.

La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Asimismo, tanto Carlos Menem como José Alperovich, no estuvieron presentes al momento del cierre por motivos de salud y judiciales, respectivamente.

La discusión fue seguida desde la calle por miles de personas que se juntaron frente al edificio del Congreso, separados por un vallado entre “verdes”, favorables al aborto, y “celestes”, en contra.

En el primer discurso de la sesión, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango, anunció que se acordó con el Poder Ejecutivo una corrección a la letra del proyecto que se plasmará en el proceso de reglamentación, lo cual puede sumar apoyos a la iniciativa.

Durante las primeras cuatro horas de discusión, los senadores que están a favor del proyecto superaron a los que votarán en contra de la iniciativa, de acuerdo con los discursos que se escucharon en ese lapso.

Entre los que anunciaron su apoyo a la iniciativa se encuentran los oficialistas Norma Durango (La Pampa), Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Neuquén), Nancy González (Chubut), Silvina García Larraburu (Río Negro), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Ana Ianni (Santa Cruz) y Nora Giménez (Salta).

Por el lado de la oposición, votarán favorablemente la mendocina Pamela Verasay, el misionero Humberto Schiavoni, la cordobesa María Laura Rodríguez Machado.

Debate por el aborto en el Senado.

En contra, anunciaron su decisión los peronistas Dalmacio Mera e Inés Blas, de Catamarca; Maurice Closs, de Misiones; y Antonio Rodas, de Chaco; y los representantes de Juntos por el Cambio: Mario Fiad (Jujuy), Víctor Zimmermmann (Chaco), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Roberto Basualdo (San Juan).

Sin embargo, la sesión no se agotará allí, ya que los legisladores tienen previsto debatir, luego, el proyecto que establece el Plan de los Mil Días de acompañamiento al embarazo y la primera infancia.

La discusión comenzó pasadas las 16, cuando la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, habilitó la sesión especial y la primera oradora fue la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango.

Debate por la legalización del aborto en el Senado.

Previamente, los legisladores aprobaron una nueva extensión de la licencia para el oficialista tucumano José Alperovich, quien fue denunciado ante la justicia por presunto abuso sexual.

El ex gobernador, junto con el riojano Carlos Menem, recuperándose de una infección urinaria en un sanatorio porteño, son –por ahora– los únicos dos ausentes de la sesión.

Ambos integrantes del bloque del Frente de Todos iban a votar en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según Durango, se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral”. Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión.

El artículo cuarto establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación” o si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional”.

Fuera del plazo establecido, no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si “estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Esas modificaciones allanarían el camino para que dos de los legisladores que firmaron los dictámenes en disidencia parcial, pero no habían resuelto su apoyo a la norma, como el oficialista enterriano Edgardo Kueider y el rionegrino aliado al Frente de Todos, Alberto Weretilneck, voten favorablemente.

En la vereda de enfrente, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que “el derecho a la vida es el capítulo inicial”.

El legislador advirtió que “quienes apoyan este proyecto se refieren al fracaso de la criminalización” y advirtió que “aquí parece que viene bien criminalizar a los médicos, porque una palabra de más los puede condenar”.

El mandatario se refirió al proyecto de ley que será tratado este martes en la Cámara Alta del Congreso.

El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que el aborto es un “problema de salud pública” y que las críticas al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) constituyen un “acto de hipocresía”, a horas de que el Senado inicie el debate por esa iniciativa.

El mandatario ratificó su deseo de que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo “salga” este martes, pero aclaró que tampoco quiere “convertirlo en un tema de disputa”.

“Para las mujeres tiene que ver con derechos de la mujer, y para muchos es un problema de salud pública, que tiene que ver con la mujer, claramente”, planteó el mandatario en declaraciones al programa “Desiguales” que se emite por la TV Pública.

El jefe de Estado repasó que “desde la democracia hasta hoy, más de 3 mil mujeres murieron al intentar un aborto”, lo que le parece “mal”, además de que -dijo- no sabe “cuántas mujeres, por abortos mal practicados, han tenido un daño en su salud que no pudieron ser salvadas”.

“Tengo un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía. Decir que no existe es un acto de hipocresía”, reiteró. “Hay una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad”, enfatizó.

Fernández abogó por la sanción del proyecto oficial, que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, para que “las mujeres que decidan abortar, en las condiciones que la ley permite, lo puedan hacer garantizándole la salud a todas”.

“No engañé a nadie, no lo saqué de la galera porque el momento político me resultaba oportuno”, dijo y recordó: “Hice campaña por el aborto y estoy convencido de que es un tema que debemos resolver”.

Al respecto, el Presidente planteó que “hay un colectivo de mujeres inmenso que asomó en 2018, para sorpresa de todos nosotros, y eso no puede ser desatendido”.

Sobre los senadores del Frente de Todos que ya anticiparon su voto en contra de la IVE, el mandatario dijo que los “respeta” porque nunca fue “amigo” de los “discursos únicos”.

Si bien dijo tener en claro que el tema es “sensible” y que “la religión se mete”, también llamó a ver mañana “hasta dónde llega la paridad” en el Senado.

“Ante un hecho que día a día se consuma, quiero que las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de las condiciones de asepsia necesarias para poder hacer esa práctica”, subrayó.

Tras admitir que “lamentaría mucho” si la ley no se sancionara, Fernández reiteró sus intenciones de no presentar el tema “en términos de disputa ni de supermartes” legislativo.

“Soy católico, y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Mi deber es resolver un problema que tiene la sociedad”, concluyó.

Presiones políticas y concesiones a provincias lograron revertir votos que inicialmente se habían expresado en contra del proyecto de legalización del aborto que impulsa el Gobierno; falta que se definan cuatro senadores

Una combinación de presión política y de concesiones del Poder Ejecutivo para algunas provincias le garantizaría al Gobierno los números para sancionar el proyecto de ley de legalización del aborto, que el Senado tiene previsto debatir en el recinto mañana en una sesión que, se espera, podría alcanzar las doce horas de duración.

En un escenario de voluntades volátiles en el que las convicciones de hace dos años parecen haber dejado lugar a la conveniencia política, menos de 48 horas antes del debate el tablero marca una paridad en 34 votos, con cuatro senadores en el rubro de los indecisos o de posibles abstenciones.

Sin embargo, entre los 34 legisladores que rechazan la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo figuran dos que difícilmente puedan votar. Ellos son los oficialistas Carlos Menem (La Rioja), que se encuentra internado tras sufrir un problema cardíaco, y José Alperovich (Tucumán), de licencia hasta el primero de enero por las denuncias de violación que pesan en su contra.

En medio de “verdes” y “celestes” se ubican cuatro senadores que podrían inclinar la balanza para cualquiera de las dos posiciones, en una lista en la que conviven legisladores que ocultan sus votos para evitar las presiones y los escraches de ambos sectores con aquellos que no terminan de convencerse con la letra del proyecto.

En la primera de esas categorías se inscriben las senadoras Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y la entrerriana Stella Olalla (UCR), quienes mantienen guardada bajo sietes llaves su decisión.

Alberto Weretilneck, a quien todos contaban como un voto a favor del proyecto, reclamó cambios. Ante la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones, analiza abstenerseAlberto Weretilneck, a quien todos contaban como un voto a favor del proyecto, reclamó cambios. Ante la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones, analiza abstenerse Crédito: Prensa Senado

“Se van a enterar de mi voto cuando apriete el botón”, afirmó Crexell a LA NACION. Algo similar expresó la senadora radical, cuyo domicilio se convirtió en meca de peregrinación para los “celestes” entrerrianos el pasado 28 de noviembre, cuando los que rechazan el aborto se movilizaron a nivel nacional en contra de su legalización.

En la segunda categoría revistan el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) y el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Kueider fue clave para que el proyecto consiguiera dictamen en el Senado. Sin su rúbrica no hubiese alcanzado la mayoría necesaria en Justicia, una de las tres comisiones que discutieron la iniciativa. Eso sí, firmó en “disidencia parcial”, postura que justificó por la necesidad de introducirle cambios al proyecto.

Por su parte, Weretilneck, a quien todos contaban a favor del proyecto, se plantó en el último plenario de comisiones reclamando que se introduzcan cambios. Además de cuestionar la amplitud de la frase “salud integral”, establecida como una de las causales que justificarían un aborto después de las 14 semanas, también pidió establecer la obligatoriedad de formular la denuncia penal para los casos por violación.

Entre los “verdes” del oficialismo confiaban en que el rionegrino finalmente terminaría votando a favor y conformándose con las promesas de que sus reclamos serían contemplados en la reglamentación de la eventual ley.

Sin embargo, el panorama pudo haberse modificado luego de que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, rompiera el frágil equilibrio alcanzado por los senadores oficialistas con el rionegrino cuando dijo que el Gobierno no pensaba introducirle cambios al proyecto. Después de esa irrupción, Weretilneck analiza abstenerse.

Cambios clave

La todavía frágil mayoría que tiene la legalización del aborto se logró no sin arduas negociaciones para reducir el fuerte rechazo al aborto que existe en la tropa oficialista con la intención de darle al Gobierno al menos un logro político antes de fin de año.

Uno de esos casos es el de la rionegrina Silvina García Larraburu, que en 2018 votó en contra y ahora firmó el dictamen y apoyará el proyecto. Las convicciones de la legisladora parecen haber mutado luego de un persistente trabajo de “presión política” de sus compañeras de bancada que la llevó a declarar que ahora las condiciones han cambiado, que hay un gobierno que se preocupa por la salud y que lo votará porque no se trata de una jugada del “duranbarbismo”, como en 2018.

La imagen de Cristina Kirchner en las inmediaciones del Congreso, en una movilización de quienes promueven la legalización del abortoLa imagen de Cristina Kirchner en las inmediaciones del Congreso, en una movilización de quienes promueven la legalización del aborto Fuente: LA NACION – Crédito: Ignacio Sánchez

La Casa Rosada, en tanto, tuvo que apelar a su poder de persuasión con el salteño José Leavy, que hace dos años votó en contra cuando era diputado nacional.

Luego de reunirse con Alberto Fernández y de que este anunciara la concreción de un plan de viviendas en su provincia, “el Oso” Leavy aseguró que estaba “repensando” su postura. No es el único. Si hace falta, otros podrían seguir su camino.

Separados por un vallado, manifestantes a favor y en contra de la ley siguieron desde la calle las más de 19 horas del debate en Diputados. Batucadas, choripanes, consignas y rezos.ley de aborto

“Aborto legal en el hospital, será ley”, entonaron a coro desde un lado de la valla que divide a la Plaza de los Dos Congresos en mitades heterogéneas. La vigilia había terminado. La marea verde se fundió entre abrazos, cánticos, aplausos y emociones al ser testigo de lo que podría ser el inicio de un día histórico. Un grito de alegría y esperanza celebra la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

“Un punto central en las luchas del movimiento de mujeres y un avance decisivo en la liberación que supone la maternidad como elección”, señala una joven mientras toma de la mano a su compañera de militancia.

A 37 años de la vuelta de la democracia y tras una sesión maratónica que había comenzado a las 11 de la mañana de un 10 de diciembre, casualmente el Día Internacional de los Derechos Humanos, el debate legislativo le dijo sí al aborto legal. El resultado se esperaba entre los verdes que inundaron los alrededores de la plaza.

Las calles aledañas permanecieron cortadas durante la madrugada que fue más larga de lo prevista. Mantas, colchones y carpas ayudaron a sobrellevar la noche. De a ratos, “Ella”, de Bebe, generaba una que otra sonrisa entre la multitud.

El ambiente festivo daba paso a los aplausos cuando las pantallas montadas alrededor de la plaza transmitían discursos a favor de los verdes, que rompían con edulcorados mitos arraigados en la sociedad.

En los minutos finales del debate, la atención en la calle se concentró alrededor del escenario. Quienes dormían en sus carpas o enrollados a un costado de la vereda se incorporaron de a poco. Los últimos discursos ganaron nuevos aplausos fuera del recinto.

La imagen es similar a la de 2018. Una plaza partida en dos mitades por un vallado. Pañuelos verdes del lado de la avenida Callao hasta Corrientes. Los celestes del lado de la avenida Entre Ríos hasta Belgrano. Separados por casi 400 metros bajo una térmica que superó los 30 grados.

“Estar en la calle es nuestra lucha para que un derecho sea ley”, se escucha desde lejos. Carpas instaladas sobre Avenida Rivadavia y Callao, hasta Corrientes. Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y Partido Comunista dicen presente. “Las pibas vinieron desde La Plata con sus hijas”, dice Giovana, que llegó para acompañarlas.

Carteles de distintas organizaciones sociales coparon las calles. “La vida no se debate”, dice la pancarta bajo el escenario montado por quienes rechazan la ley. “Adoptar, no abortar”, puede verse en varios puntos. “Ni una muerta más por aborto clandestino”, puede leerse en una pancarta gigante frente al Congreso en el lado verde.

Batucadas, rondas de amigos y bailes. Alcohol en gel, algunos barbijos y pañuelos verdes acompañaron una extensa vigilia en la que participaron familias enteras, jóvenes y adolescentes.

Sobre Callao, a la altura de Hipólito Yrigoyen, se armó una especie de boliche donde no faltó la música ni el choripán. Batucadas en sintonía y en una esquina, tres mujeres jugaban a la pelota.

Los hombres también participaron de la revolución verde. “Creo en la libertad. Las personas tienen derecho a poder elegir sus individualidades”, le dice Tomás (32) a este diario. Benjamín (33) acompaña a sus amigas en lo que define como una lucha del ser humano que atenta contra el cuerpo de mujeres.

El ánimo festivo no acompañó al lado sur de la Plaza que dejó entrever su frustración, desazón y enojo ante el resultado. Un puñado de celestes se mantuvo firme hasta el final de la jornada. Arrodillados y con la mirada puesta en el cielo, elevaban sus plegarias con la bandera argentina en mano.

Algunos de los detractores reclamaron que la votación debió haberse retrasado hasta después del 6 de enero, cuando terminen las fiestas navideñas, en solidaridad con los creyentes católicos. Otros confían en que el Senado le pondrá un freno al proyecto.

Lo bueno de los movimientos pendulares en una Tierra que gira es que el péndulo no vuelve exactamente al mismo punto de partida. La marea verde espera que el destino de la media sanción en Senado sea diferente al del 2018.

De no mediar sorpresas, el proyecto de legalización del aborto contará con 11 votos a favor y ocho en contra por parte de los diputados nacionales por Santa Fe, una suma de voluntades diferente a la registrada en la Cámara baja durante el debate de la misma iniciativa en junio de 2018. 

El oficialismo vuelve a centralizar la mayoría de las adhesiones al proyecto, excepto Massetani, del Frente Renovador (FR). Juntos por el Cambio (JxC), en tanto, tributará cuatro respaldos a la IVE y seis rechazos.

Durante la sesión, Massetani disparó una de las frases que generó revuelo en las redes sociales. Es que, al ratificar su negativa al aborto legal, la legisladora argumentó que “el Estado no obliga a maternar, el Estado obliga a parir”.

Con un pañuelo celeste en una de sus muñecas, la diputada cimentó su posición: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que decir en esta banca. Ellos fueron elegidos a dedo, a mí me eligió el pueblo”.

Si bien Massetani saludó la decisión del presidente Alberto Fernández de crear un Ministerio de la Mujer, marcó su disconformidad con la prioridad para debatir la legalización del aborto.

El espacio frentista, a su vez, aportará el voto positivo de Estévez, al tiempo que Contigiani reeditará un rechazo que -dos años atrás- generó controversia en la coalición progresista.

Durante la maratónica sesión del 14 de junio de 2018, los representantes de la provincia por el peronismo y Cambiemos también se repartieron a favor y en contra de la legalización del aborto. Y el frentista Contigiani, único representante de la coalición, rechazó la iniciativa. El saldo santafesino fue de nueve votos positivos y diez negativos.

Por entonces, también levantaron sus manos los justicialistas Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos y Lucila De Ponti y el radical Hugo Marcucci, mientras que el rechazo corrió por cuenta de los macristas Astrid Hummel y Lucas Incicco, el massista Alejandro Grandinetti y Silvina Frana (PJ).

En ese contexto, el aborto legal se aprobó en Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Pero luego naufragó en el Senado, donde obtuvo 38 rechazos, 31 respaldos y dos abstenciones. Y hubo una ausencia.

Respecto de la inminente cita en la Cámara alta, y a diferencia de lo que hizo en 2018 su antecesor y jefe político, el gobernador Omar Perotti, el senador nacional Roberto Mirabella votará a favor del proyecto de IVE.

Tras más de 19 horas de debate, habla la última oradora en la Cámara Baja. Los que impulsan el proyecto creen que cuentan con los votos para lograr la media sanción

Luego de una jornada maratónica, la Cámara de Diputados ingresó esta mañana en el último tramo del debate del proyecto de ley de legalización del aborto, que se votará en los próximos minutos

En las inmediaciones del Congreso, los sectores ‘verdes’ y ‘celestes’ hicieron vigilia durante toda la madrugada y siguen con enorme expectativa las últimas alternativas de la discusión parlamentaria. donde realizaron una vigilia durante toda la madrugada.

A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo están cerrando el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.

En el último tramo de la discusión, el diputado del Frente de Todos, Héctor Bárbaro, anticipó que se abstendrá en la votación del proyecto sobre la legalización del aborto en lugar del rechazo como hizo en el 2018, y que mantiene su postura porque cumple con su “palabra con el pueblo misionero”.

El tramo final fue para las diputadas Brenda Austin, Silvia Lospennato, Graciela Camaño, Silvana Ginocchio, Gabriela Estevez y Gabriela Cerruti, de uno y otro lado de la iniciativa.

La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, cuenta con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria de Salud, Carla Vizzott, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, entre otros.

Tras la aprobación del proyecto se comenzará a discutir el dictamen que establece un Plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia.

En el Gobierno asumen que no tendrán problemas para que la ley se vote. El número que tienen en el final del día es 131 a favor y 119 en contra. Los votos están. El principal escollo para lograr la aprobación no está en Diputados, sino en el Senado, donde podría llegar antes de que culmine el año.

Tras los cambios al texto original, así quedó el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y que hoy será tratado en la Cámara de Diputados.

– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

– El aborto se permitirá hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

– Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.

– En caso de menores de trece (13) años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

– En los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16), deberá tener un acompañante o “referente afectivo”.

– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

– Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.

– El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

– Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

– Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

– El Estado tienen la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

– Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86”.

– El artículo 86 quedará redactado así: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional”.

La Cámara de Diputados tratará jueves en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del “Plan de los 1000 días” que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida, mientras manifestantes de los sectores ‘verde’ y ‘celeste’ se manifestarán en las inmediaciones del Congreso.

La sesión especial fue citada para las 11 y se estima que se prolongará unas 20 horas, con lo cual los proyectos se pondrían a votación en la mañana del viernes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó anoche con los jefes de bloques acortar el debate que se había calculado en 30 horas para que no se extienda más allá de las 20 horas de tratamiento entre los dos proyectos.

De acuerdo con el esquema previsto, la sesión comenzará con la discusión de la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo a las 11, con las exposiciones de los miembros informantes: la oficialista Cecilia Moreau y la macrista Carmen Polledo.

Luego, se desarrollarán los discursos individuales, y se estima que habrá 170 oradores a razón de cinco minutos cada uno.

Tras la votación del proyecto sobre el aborto, se efectuará el tratamiento del “Plan de los 1000 días”, que se calcula que se prolongará cuatro o cinco horas, según informaron fuentes parlamentarias.

El debate se realizará en la misma jornada en que se cumple un año del Gobierno del presidente Alberto Fernández, quien envió a la Cámara de Diputados los proyectos el pasado 17 de noviembre.

El dictamen de mayoría emitido ayer por un plenario de comisiones establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.

Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales”.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo recibirá este miércoles dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que lo debatirá mañana en el recinto, en una maratónica sesión que se extendería hasta el viernes, mientras en las inmediaciones del Congreso se congregarán manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa.

El proyecto comenzará a debatirse a partir de las 16.30 en un plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que se realizará por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.

Según adelantó Moreau ayer, durante el plenario de hoy el oficialismo podría avanzar “en algunos cambios a la iniciativa”.

El proyecto que analizarán los diputados establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.

Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.

Hasta el momento, el denominado sector ‘verde’ contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes consultadas por Télam, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.

Mientras tanto, un operativo de seguridad, que contempla la colocación de un vallado que separará la Plaza Congreso en dos, comenzó a ser desplegado en las últimas horas para ordenar las manifestaciones a favor y en contra del proyecto que fueron convocadas para jueves y viernes.

Además del vallado, se colocarán pantallas de video para seguir la sesión que comenzará el jueves y demandará al menos 24 horas.

Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como desde la Unidad Provida -que nuclea a unas 150 organizaciones de la sociedad civil- convocaron a manifestarse en las inmediaciones del Congreso mañana, a la espera del resultado de la votación.

La Cámara trata este jueves la ley que impulsa Alberto Fernández. Hay 123 legisladores a favor, 109 en contra y 24 indefinidos. Con 129 votos se asegura la aprobación.

El debate del proyecto de legalización del aborto llegará esta semana al recinto de la Cámara de Diputados con el sector “verde” sacando ventaja sobre el “celeste”. El resultado final está nuevamente en manos de la veintena de indefinidos y legisladores que aún no quieren develar su postura. Sin embargo, más de la mitad de ese grupo pertenece al oficialismo que impulsa la iniciativa desde la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández a la cabeza.

De acuerdo al conteo de Clarín, los diputados que están a favor suman 123, mientras que hay 109 en contra y 24 indefinidos, entre ellos el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa que, salvo en caso de empate, no vota. “Como presidente no se va a pronunciar y va a mantener la neutralidad para garantizar un ámbito de debate ecuánime”, aseguraron en su entorno.

Con estos números, se necesitaría el apoyo de solo 6 legisladores más para garantizar la aprobación del proyecto. Para el cálculo, se tuvo en cuenta cómo votaron los legisladores que ya participaron del debate de 2018 y cómo se fueron pronunciando los que ingresaron tras el recambio electoral. No se contó al oficialista Ignacio de Mendiguren que, si bien está a favor, permanece de licencia desde que asumió frente al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

En los últimos dos años, igualmente, hubo algunas sorpresas. Dos diputadas que habían votado a favor de la legalización se dieron vuelta y aseguraron que esta vez votarán en contra.

Se trata de la chaqueña Aida Ayala y la correntina Sofía Brambilla, ambas del PRO.

“Es un mecanismo de distracción. No voy a acompañar, por supuesto. Voy a votar en contra del proyecto, porque quedó claro después de 2018 que los correntinos y las correntinas en su mayoría no acuerdan con ningún tipo de proyecto de legalización del aborto, con lo cual le debo a quienes me pusieron en la banca”, aseguró Brambilla en declaraciones a medios de su provincia.

En la misma línea se expresó Ayala, quien consideró que en su provincia el rechazo a la iniciativa es muy alto.

Los grupos autodenominados “provida” esperan que otros legisladores hagan lo mismo: priorizar el electorado de su provincia. Consideran que es un tema que tendrá peso de cara a la elección legislativa del año que viene, sobre todo para los que terminan su mandato.

Pero, en contrapartida, socialmente la “marea verde” sigue cobrando dimensión y la gran diferencia respecto al debate de hace dos años es que esta vez el proyecto en discusión lo mandó el propio Presidente y tiene detrás a un Gobierno buscando que la promesa de campaña se cumpla.

De hecho, la primera jornada del debate en comisiones contó con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García; la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta defendiendo la iniciativa.

Teniendo esto en cuenta no es menor que en la masa de indefinidos, más de la mitad (15) son del Frente de Todos; legisladores sobre los que el oficialismo puede tener mayor influencia.

Entre ellos se encuentra la ex gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci; dos santiagueños y dos formoseñas –los ocho diputados restantes de esas dos provincias están en contra- y el mendocino Alejandro Bermenjo, al que lo cuentan entre los “verdes” pero no se pronunció.

Tampoco está clara la postura de la diputada cordobesa Alejandra Vigo, quien en 2018 fue la única que se abstuvo de la votación. Sin embargo, en esta ocasión presentó, junto a sus tres compañeros de bancada un proyecto propio que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14, pero solo en situaciones demostradas “de exclusión y vulnerabilidad”. De ese bloque, Paulo Cassinerio rechazó el texto en 2018. Claudia Márquez dijo estar en contra y Carlos Gutiérrez no se pronunció.

En la oposición no quedan muchas dudas. Uno de los que guarda silencio es el presidente de la UCR, el mendocino Alfredo Cornejo, quien en varias oportunidades pidió una consulta popular. El pampeano Martín Berhongaray, el chaqueño Gerardo Cipolini, y el jujeño Jorge Rizzotti son otros radicales que no se pronunciaron, aunque en el caso de Cipolini dan por sentado que votará en contra.

En el PRO, el ex viceministro de Interior, Sebastián García de Luca dijo estar a favor de la despenalización, pero no anunció cuál será su postura en el recinto sobre la legalización.

Otra incógnita es Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica y mano derecha de Elisa Carrió, férrea opositora del proyecto, quien sin embargo todavía no adelantó postura.

En el bloque lavagnista de tres diputados, solo Jorge Sarghini no se expresó. Los otros dos integrantes-Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño- son “celestes”.

En caso de ser aprobada por Diputados, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado.

Los presidentes de bloques e interbloques de la Cámara de Diputados llegaron hoy a un principio de acuerdo para que los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del ‘Plan de los 1000 días’ se intenten dictaminar el miércoles de la semana próxima, con el objetivo de debatirlos un día después en un recinto con mayoría de legisladores presenciales.

En una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el titular de la Cámara, Sergio Massa, se resolvió que continuarán las sesiones mixtas, aunque con la novedad de que la presencialidad será la regla y las conexiones remotas las excepciones, atendiendo a las condiciones puntuales de algunos diputados.

Dentro de Juntos por el Cambio, el PRO fue el más intenso en el planteo de que haya presencialidad total sin excepciones, con el argumento de que “el Poder Ejecutivo dispuso el fin del aislamiento, la apertura de ciudades para el veraneo, de salas de juego y las imágenes del velatorio de Diego Maradona”.

También se conversó sobre el sistema con el cual reunir a los 200 diputados en un mismo lugar, análisis que incluyó la posibilidad de hacerlo habilitando también las galerías o en el recinto con una distancia menor a la aconsejada, pero con un examen de PCR para quienes ingresen allí.

Juntos por el Cambio propuso que la sesión se realice en el Centro Cultural Kirchner, lugar más amplio que el recinto de la Cámara, y el oficialismo quedó en analizar esta posibilidad para dar una respuesta.

Una alternativa que se manejó fue el estadio Arena -patrocinado por una compañía de telecomunicaciones-, en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas.

El tema se terminaría de acordar mañana, cuando las autoridades de Juntos por el Cambio sometan la cuestión a la opinión del resto de los integrantes de la bancada.

Participaron de la reunión Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau; el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Merio Negri, y los jefes parlamentarios en la Cámara baja del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Además, estuvieron Alvaro González y Silvia Lospennato, del PRO; Eduardo ‘Bali’ Bucca y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del interbloque Federal; José Luis Ramón y Luis Di Giácomo, de Unidad Federal para el Desarrollo, y Felipe Álvarez, de Acción Federal.

Mientras, el plenario de comisiones que analiza el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo decidió hoy sumar para mañana una nueva ronda de expositores.

En el último tramo del plenario de comisiones, donde hubo 20 oradores, la diputada oficialista Cecilia Moreau, titular de la comisión de Legislación General -cabecera del plenario-, también anunció que se postergará la firma del despacho sobre el “Programa de los 1000 días”, iniciativa que contempla beneficios de salud integral para las personas gestantes y para bebés de hasta tres años.

La segunda ronda informativa tuvo doble jornada a la mañana y a la tarde, cuando los expositores que defienden el proyecto presentado por el Ejecutivo argumentaron que responde a un “problema de salud pública”, mientras que los detractores insistieron en que la Constitución Nacional garantiza la vida desde la concepción.

La diputada Moreau también advirtió hoy que las personas que envían correos electrónicos intimidatorios por su posición sobre el proyecto de legalización del aborto “van a ser denunciados e investigados”,

“No vamos a tolerar esta situación. Van a ser denunciados e investigados, vengan de donde vengan y vayan hacia quién vayan así que no pierdan más el tiempo”, señaló.

Los mails con intimidaciones se suman a escraches que sufrieron el diputado radical Facundo Suárez Lastra y los familiares de la legisladora del Frente de Todos Carolina Gaillard

Moreau mantuvo algunos contrapuntos con la médica de “por la vida” de Tucumán Gisela Reynaga, quien tuvo conceptos muy duros sobre el proyecto al sostener que el camino es “brindar seguridad a la madre”.

“¿El camino no será brindar seguridad a la madre para que transmita esa tranquilidad al niño en su seno? Para ello necesitamos un entorno social seguro. Una sociedad que no se rinda a políticas mal llamadas salud pública. Tenemos una constitución ‘pro-vida’, que defiende la vida de la madre y del niño por nacer”, expresó Reynaga.

En la audiencia realizada a la tarde también expuso la diputada porteña del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien reclamó que “todas aquellas instituciones que nos niegan derechos no tengan más injerencia en nuestras vidas, en las leyes o en la educación”, porque “no queremos injerencias de las iglesias”.

El abogado Fernando Toller descalificó al proyecto al manifestar que “es una ley de fomento del aborto” y pidió que le “den oportunidad a cada ser humano, ya que no podemos devolver la vida a las miles de vidas que se ha llevado el Covid 19, y no le sumemos más desolación”.

En tanto, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Terragona, señaló que el sistema de salud está “pagando los costos” por los abortos clandestinos, ya que “lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero las complicaciones, atenciones, visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof , compró por primera vez 80.000 comprimidos de misoprostol para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), informó el Ministerio de Salud bonaerense.

El lote de medicamentos se adquirió en el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (FIL) de Santa Fe, con una inversión de 15 millones de pesos.

La cartera sanitaria provincial, a cargo de Daniel Gollán , destacó que por tratarse de un productor público de medicamentos, ese monto significa un ahorro de 18.343.400 pesos en comparación con el valor de mercado.

“Es la primera vez que se realiza una compra planificada de esta magnitud para garantizar el derecho a la ILE en el sistema de salud provincial”, expresó Gollán.

El misoprostol, cuyas indicaciones de uso figuran en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, es una medicamento esencial para la salud sexual y reproductiva, incluido bajo esa denominación en la lista de fármacos de la Organización Mundial de la Salud por sus aplicaciones para abortos seguros, atención posaborto, parto y posparto.

Buenos Aires adhirió a principio de enero último al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE.

Una compra para seis meses Si bien hasta ahora la cartera sanitaria y los efectores de salud realizaban compras esporádicas de esta medicación, ahora se hizo una compra planificada para que no falte este medicamento por los próximos seis meses.

Las autoridades de Salud bonaerenses informaron en el comunicado que al asumir la gestión no encontraron “datos estadísticos precisos ni confiables sobre la cantidad de interrupciones legales del embarazo en el sector público, ni antecedentes de compras recientes de misoprostol”.

De acuerdo a la escasa información disponible, en el período 2014-2018 se registraron 79 muertes de mujeres a causa de un aborto en la provincia de Buenos Aires, dato que se encuentra subregistrado, es decir, que es muy inferior al número real.

De esa estadística se desprende, a su vez, que el 10 por ciento de esas muertes correspondió a niñas y adolescentes de 15 a 19 años, y que el 80 por ciento de los decesos fue producto de prácticas clandestinas.

Ante la falta de información precisa y la ausencia de antecedentes de compras recientes de misoprostol, la adquisición actual se estimó a partir de diversas variables.´

Por qué 80 mil pastillas Se tomaron en cuenta los egresos hospitalarios por aborto en hospitales públicos bonaerenses en 2018, las compras registradas en el Sistema Informático para Adquisición y Contrataciones Hospitalarias (Sipach) durante 2017 y 2018, el aumento de la demanda que se estima en función de la adhesión al Protocolo Nacional y la ampliación de servicios de atención de ILE, principalmente en el primer nivel de atención.

“En tanto no se sancione una nueva legislación al respecto, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2 el aborto es legal en Argentina toda vez que el embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer y en los casos en que sea producto de una violación”, afirmó la cartera sanitaria.

Lo aseguró el ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, tras las quejas de un diputado por la adhesión de Santa Fe al protocolo nacional.

El ministro de Salud provincial, Carlos Parola, criticó duramente los dichos del diputado Walter Ghione, del bloque Somos vida y familia, quien había cuestionado la adhesión por parte de Santa Fe al protocolo de interrupción legal del embarazo.

El legislador había asegurado que “el aborto no es un problema de salud pública” y que “no hay muertes por abortos clandestinos” ni “registros de una cantidad exacerbada o interesante de muertes” para considerarlo como “un problema de salud pública”.

Parola también hizo referencia al paro que se desarrolló ayer en los hospitales en Rosario e indicó que la gestión anterior dejó una deuda millonaria en las cuentas de la cartera provincial.

“Hicimos público, apenas asumimos, que íbamos a adherir al protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. Es una actualización de una ley que lleva 90 años y todo lo que se ha hecho es actualizar. Además, sí entendemos que es un problema de salud pública”, consideró Parola en declaraciones a La Ocho.

Respecto al punto que marcó Ghione de que “no hay muertes por aborto clandestino”, Parola fue tajante: “No acuerdo con esos términos. Habría que hacer una gira hospitalaria para ver las complicaciones que nos llegan de todo el país por esta problemática”, aseguró.

“Las prácticas de aborto clandestino y los números que han tirado puede que no tengan precisión, porque son clandestinos, pero no están alejados de la realidad”, agregó.

A su vez, el ministro manifestó que “lo que no está bien es agredir o tildar de una forma brutal a quienes no pensamos lo mismo”.

El diputado identificado con el sector “provida” había dicho que la adhesión al protocolo “es una cuestión ideológica que se quiere imponer desde una agenda de supuestos derechos que tienen que ver con una cultura de la muerte”, que no se puede utilizar “el dinero de todos los contribuyentes” para fomentar esa “cultura” y que “cualquier juez que tenga dos dedos de frente, lo va a frenar (al protocolo)”.

1.500 millones de deuda

Sobre la medida de fuerza adoptada ayer desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) de atender sólo las urgencias en los hospitales Provincial, de Niños Zona Norte, Centenario y Eva Perón (Granadero Baigorria), que se sustenta en un reclamo por la equiparación entre los profesionales monotributistas y el personal de planta permanente de esos efectores, Parola hizo alusión a una deuda que recibieron en el Ministerio de Salud del cual es titular y entendió el reclamo de los profesionales.

“Recibimos el Ministerio de Salud con una deuda pública de 1.535 millones de pesos. Hasta abril había pocos o nulos pagos hechos por el ministerio”, detalló, a la vez de adherir al reclamo de sus “colegas monotributistas”.

Además, dijo: “Encontramos las cajas en menos diez. Calculamos que vamos a poder manejar una deuda de 1.200 millones, con 700 millones en grandes hospitales y 500 entre los pequeños y medianos”.

Al respecto del reclamo que vienen llevando adelante los médicos, que tiene por objetivo la equiparación salarial entre quienes trabajan como monotributistas y quienes son parte de la planta del Ministerio de Salud de la provincia, Parola entendió la protesta a pesar de estar hace menos de un mes en el cargo y contempló que “no debería existir” el hecho de que profesionales facturen por sus trabajos.

“Estoy hace sólo 20 días en el cargo, pero todos tienen derecho a expresar su disconformidad. Estoy ocupado para resolver el tema de los monotributistas a corto plazo porque no sólo son médicos, hay enfermeros y demás. No debería existir esa figura en este ministerio”, aseveró.

Vacunas

Respecto a las dosis de vacunas contra el sarampión, el ministro de Salud de Santa Fe, Carlos Parola, indicó que “se han podido rescatar vacunas a nivel nacional y nosotros como provincia estamos en primer lugar”. Por su parte, manifestó: “En éste momento estamos empezando a recibir todas las vacunas, no tenemos falta. Estamos con las campañas de las otras enfermedades”.

Fue a través de un decreto que lleva la firma del gobernador Perotti y del titular de la cartera sanitaria. Lo define como una herramienta destinada a proteger y acompañar el trabajo de las instituciones y los equipos de salud.

A través del decreto 07 del 3 de enero, el gobierno de la provincia adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (ILE) que fue aprobado por la resolución 1/19 del Ministerio de Salud de la Nación. La norma provincial lleva la firma del gobernador Omar Perotti y del ministro de Salud santafesino Carlos Parola.

En los considerandos se explica que el protocolo tiene como objetivo “ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino, tomando como base la mejor evidencia científica disponible y la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”.

Además, expone que “la aprobación del referido protocolo es un imperativo de la política sanitaria en materia de salud, la cual debe garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los pacientes, de acuerdo con los principios de accesibilidad, igualdad y no discriminación”.

Apunta que es “una herramienta destinada a proteger y acompañar el trabajo de las instituciones y los equipos de salud responsables de atender la salud de la población, brindando lineamientos claros y actualizados que los ayuden a actuar con responsabilidad y compromiso frente a las circunstancias que habilitan la interrupción legal del embarazo”. Y, desde el punto de vista médico, “incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo”.

En el aspecto jurídico -refuerza la norma- “el acceso a esta práctica está garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados por la Reforma de 1994, como también por el Código Penal de la Nación de 1921 y el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015; asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Fallo F. A. L s/Medida Autosatisfactiva, avaló en el año 2012 el accionar de los equipos de salud y el acceso a la interrupción legal del embarazo, exhortando a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

“La ley en cualquier parte”

Como se recordará, a pocas horas de asumir, el ministro de Salud de la Nación Ginés González García anunció una actualización del protocolo de ILE, al que definió como una “guía de procedimiento para que se cumpla con la ley de igual manera en cualquier parte del país” y como “respaldo del gobierno para los profesionales de la salud”. Consultado oportunamente por este diario, el titular de la cartera de Salud en la provincia ya había anticipado que la provincia iba a adherir a la norma nacional y consideró que “la guía tiene una actualización mayor a lo que hoy teníamos en la provincia, tiene algunas cosas nuevas que se han establecido y que vamos encaminados a adherir”.

Plazo

El protocolo nacional al que adhirió la provincia establece que de acuerdo al principio de celeridad/rapidez, a quienes requieran ILE debe garantizársele una atención ágil e inmediata. El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 (diez) días corridos, recomienda el protocolo.

Objeción de conciencia

Uno de los puntos de mayor debate en la aplicación del Protocolo de ILE es la objeción de conciencia. Al respecto, la norma nacional a la que adhirió la provincia señala que: – Es individual. Los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE.

– No cancela la obligación del profesional de informar de manera clara, suficiente y oportuna el derecho a acceder a una ILE, de derivar de buena fe, y de respetar, proteger y garantizar la autonomía de la paciente.

– No puede invocarse para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE si no existe otro/a profesional que pueda garantizar la práctica según lo establece la ley de derechos del paciente. Tampoco si se tratare de una situación de emergencia.

– Debe manifestarse de manera explícita y con anticipación.

– Puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta del aborto, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral, sean previas o posteriores al aborto,

– Debe estar regida por el principio de buena fe y no debe dañar los derechos de las pacientes. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, no impedir el ejercicio de derechos por parte de las pacientes.