La Comisión de Legislación General escuchará a asociaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias y luego tendrá un debate interno sobre los distintos proyectos presentados para modificar la normativa.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con una ronda de consultas a especialistas e interesados en la materia, en busca del objetivo de poder emitir dictamen antes de fin de mes.

De acuerdo al cronograma acordado la semana pasada, la comisión llevará adelante este martes, entre las 13 y las 17 y en forma virtual, la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias, entre otros.

La agenda continuará la semana siguiente con reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

Diputados comienza a debatir las modificaciones a la ley de alquileres

La comisión que preside la oficialista Cecilia Moreau cumpliría así con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos acordaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratarlo -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En el temario de ese pedido de sesión especial, Juntos por el Cambio había solicitado la derogación lisa y llama de la Ley de Alquileres aprobada en 2020; una norma que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, y que en los últimos tiempos desde la mayoría de las fuerzas coincidieron en señalar que “fracasó”.

Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.

De acuerdo a las opiniones periodísticas y por redes sociales emitidas por varios diputados de diferentes sectores, la coincidencia mayor se da en torno a la necesidad de avanzar con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación.

Oficialismo y oposición acuerdan debatir el futuro de la Ley de Alquileres

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

En los extremos de las coincidencias mayoritarias que llevarían a un dictamen de consenso con la eliminación de estos dos artículos, se encuentran posiciones antagónicas expresadas en los últimos días por grupos más reducidos de diputados, e incluso plasmadas en proyectos de ley.

Se trata de las de quienes pretenden eliminar toda legislación para “dejar que sea el mercado el que regule”, como lo expresan los libertarios y algunos legisladores del PRO; o las de quienes proponen, independientemente, crear un organismo que fije precios de referencia o que grabar impositivamente las viviendas ociosas, tal el caso de algunos diputados del Frente de Todos o de la Izquierda.

En la comisión el Frente de Todos cuenta con mayoría, ya que posee 16 de los 31 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma 14 y una del interbloque Federal; aunque las fuentes consultadas dan a entender que se llegará a un proyecto consensuado y que la votación será transversal a los partidos o coaliciones políticas.

Además de Moreau, integran la comisión de Legislación General los oficialistas Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Lia Marín, Mónica Litza y Carolina Gaillard, entre otros.

Por Juntos por el Cambio están Carla Carrizo, Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro, entre otros.

La restante integrante es Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense.

Se trata de una iniciativa impulsada por la entidad que nuclea a los comercios del rubro inmobiliario en la ciudad Santa Fe. Dicen que la forma en que trabaja el sector, con entidades que recaudan y administran a la vez, hace necesario reanudar las actividades, aunque sea en forma restringida. De prosperar la propuesta, sería válida también para Santo Tomé.

La Cámara de Inmobiliarias de Santa Fe (Cisfe), entidad presidida por Alberto Bottai, le solicitó por escrito al gobernador Omar Perotti la apertura de los comercios del rubro en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, mediante la puesta en marcha de una modalidad de trabajo provisoria y de emergencia, motivada por la pandemia de coronavirus. En dicho documento, fechado el 13 de abril de 2020, la Cisfe destaca que las inmobiliarias de la zona administran, por ejemplo, unos 20.000 contratos de alquiler, aproximadamente.

Por lo tanto, dicen, “considerando que cada propiedad tributa impuesto inmobiliario, tasa municipal y servicio de agua, estamos hablando de un mínimo de 80.000 pagos o transferencias, los que resultan imposibles de realizar sin concurrir al lugar de trabajo”. En su comunicado, la Cisfe resalta que “también es importante dar respuestas a clientes que quieren iniciar un locación como finalizarla, por lo que debemos al menos entregar o recibir llaves y firmar un nuevo contrato”.

“No olvidamos la importancia que estamos dando los argentinos y el gobierno nacional al cuidado de la salud”, agregan, a la vez que proponen un esquema de trabajo que entienden que “es compatible con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y nos permitirá comenzar a mover la detenida rueda de la economía”. Consultado por Mirador Provincial, Bottai aclaró que la nota remitida al gobernador contó con la aprobación de las inmobiliarias asociadas a la Cisfe, mediante una votación virtual hecha a través del WhatsApp de la institución.

“Las inmobiliarias de Santa Fe, por su manera especial de operar, administran casi la totalidad de los contratos de alquiler de la ciudad, y por ese motivo resulta particularmente necesario que puedan trabajar, aunque sea a puertas cerradas”, explicó el titular de la Cisfe. “Es necesario volver al trabajo, para poder continuar con las transferencias de dinero, por más que sea en el marco de una modalidad restringida”, acotó Bottai, sin dejar de remarcar la entera predisposición de las inmobiliarias “a respetar todas las normas sanitarias que nos indiquen”. De retomar la actividad, están en condiciones de llevar adelante todos los protocolos de seguridad relacionados con la actual emergencia social.

Régimen distinto

El arquitecto Octavio Benuzzi, otro de los referentes del rubro que dialogó con este medio, remarcó que la necesidad de retomar la actividad tiene que ver, fundamentalmente, con la forma en que trabajan las inmobiliarias santafesinas, que es diferente a como se hace en otras partes del país, excepto Córdoba, que tiene un régimen operativo parecido al de Santa Fe. “Hay una diferencia muy importante en la administración de propiedades que existe en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con respecto al interior, pero más precisamente con la ciudad de Santa Fe”.

Acá, observó Benuzzi, las inmobiliarias, durante el tiempo que dura el contrato, “gestionamos, no solamente la mediación entre inquilino y propietario, sino, además, lo que es el pago de impuestos, tasas y expensas”. Esta relación, acotó, “conlleva gestiones administrativas que están paradas desde hace un mes”, debido al acatamiento de la cuarentena dispuesta en el orden nacional. Las inmobiliarias, entonces, al ser entidades que recaudan y administran a la vez, necesitan estar operativas, por lo menos para seguir gestionando el pago de impuestos, tasas y servicios.

Benuzzi, entre las razones que han motivado el pedido al gobernador Perotti, también destacó que ellos son los intermediarios entre inquilinos y propietarios si llega a ocurrir algún inconveniente que requiera una urgente solución, como ser una rotura de caño, o pérdida de gas. En esos casos, dijo, “necesitamos coordinar las tareas con el operario habilitado, quien a su vez tiene que tener permiso para circular, para poder acercarse al domicilio y solucionar el problema”, describió.

Asimismo, el arquitecto resaltó que, en virtud del trabajo integral que llevan a cabo, las inmobiliarias son generadoras, directa o indirectamente, de puestos de trabajo y de servicios varios, como el de los plomeros, gasistas, electricistas, pintores y albañiles. De igual modo, dijo, la actividad tiene su importancia en la venta de insumos de todas esas actividades, “lo que redunda en beneficio del comercio local y regional”. Sin olvidar la influencia en sectores como el de la publicidad (agencias, letristas, imprentas) y los profesionales, entre ellos los escribanos, abogados y contadores.

Grandes contribuyentes

En otro pasaje de su explicación, Octavio Benuzzi manifestó que, al administrar propiedades, y pagar en tiempo y en forma tributos, impuestos y sellos (así como el servicio del agua), las empresas locales administradoras de propiedades se convierten “en grandes contribuyentes, que aseguran un ingreso significativo a las arcas municipales y provinciales”. “Esto es muy importante remarcarlo, porque se trabaja distinto a la mayoría del resto del país, donde sólo reúnen las partes y listo”, insistió el arquitecto.

“Las inmobiliarias locales garantizamos los meses que dura la administración de las propiedades y lo hacemos en todas las áreas, incluyendo el pago de impuestos, expensas, alquileres”, remarcó también. Para finalizar, Benuzzi hizo hincapié en otro tema de importancia en función de reanudar la actividad, el de la seguridad. Los inmuebles desocupados corren el riesgo de sufrir vandalismo, o profundizarse el deterioro originado por el encierro, la falta de ventilación o mantenimiento de los mismos. Es necesario ocuparse de ellos también.

Pautas a tener en cuenta

La modalidad de trabajo propuesta por la Cámara Inmobiliarias de Santa Fe para la presente emergencia es la siguiente: 1) Todos los locales trabajarán a puertas cerradas. 2) La atención será telefónica. 3) Los integrantes de cada empresa estarán distribuidos con una distancia mínima de dos metros entre sí. En caso de no permitirlo las dimensiones del local, se disminuirá el número de colaboradores, yendo a trabajar solamente durante este periodo personas menores de 65 años y que no pertenezcan a un grupo de riesgo.

4) Si bien los locales permanecerán cerrados, luego de una conversación telefónica, y para aquellos escasos casos que se requiera la presencia de un cliente, se concertará una entrevista con un horario determinado. 5) Cada empleado tendrá en su escritorio alcohol en gel y tapaboca, que deberá utilizar si habla con clientes, más un rociador con alcohol etílico al 70%, que utilizará para desinfección de llaves. 6) El horario de trabajo será de corrido (para evitar el doble traslado de empleados) y de 9 a 15 de lunes a viernes.

7) Si bien cada inmobiliaria comunicará por mail u otra forma a sus clientes este esquema de trabajo, para colaborar con la difusión de esta nueva modalidad hemos solicitados a las inmobiliaria que realizan propagandas por distintos medios que en el caso de que nos aprueben lo solicitado apliquen esos espacios de publicidad para una campaña de información de la nueva modalidad de trabajo de todas las inmobiliarias y conservando únicamente la individualidad de quien la realiza. 8) También hemos previsto asistencia especial en domicilios para gente mayor de 65 años y perteneciente a un grupo de riesgo.