La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó este viernes que inició el proceso administrativo para que inhabiliten la licencia de conducir de la “Toretto” de Berisso, quien se filmó manejando y pasando semáforos en rojo a más de 170 km/h. Luego, el Ministerio de Transporte bonaerense concretó la medida que le impide manejar a la infractora.

La joven del video que se hizo viral en los últimos días circulaba con una amiga en el asiento del acompañante y en las imágenes se observaba además que no tenía puesto el cinturón de seguridad.

Luego de haberla identificado, la ANSV solicitó la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir a las autoridades correspondientes. Una vez que sea notificada, la irresponsable joven deberá realizar nuevamente los exámenes que determinarán “si está apta para la conducción de vehículos en la vía pública, sin poner en riesto la vida de otras personas”, según indicó el organismo.

Poco después, llegó el comunicado del Ministerio de Transporte bonaerense: “A raíz del video difundido por una influencer en Berisso, donde se la observa conduciendo a 180 km/h y cruzando semáforos en rojo, se inhabilitó a la persona luego de un trabajo en conjunto con las autoridades del municipio”.

“¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee“, se escucha exclamar a una de las protagonistas del impactante video viral que encabeza esta nota.

#Berisso “PISALO A FONDO, PENDEJA”: GRABÓ A SU AMIGA MANEJANDO CON EL AUTO A 180 KILÓMETROS POR UNA AVENIDA Y CRUZANDO SEMÁFOROS EN ROJO MIENTRAS SE REÍAN A CARCAJADAS Y SUBIERON EL VIDEO A LAS REDESLa joven que iba en el asiento del acompañante arengaba a la conductora y entre… pic.twitter.com/f2YoQMXDRG

La grabación muestra a una mujer al volante, identificada como Milagros de Simone, quien conducía de forma imprudente por las calles del partido bonaerense de Berisso.

Según se ve en la filmación, la joven pasó al menos tres semáforos en rojo sin siquiera reparar en el peligro que ello conllevaba. Mientras tanto, una amiga de ella, que viajaba en el asiento del acompañante, grababa toda la secuencia.

La grabación se conoció este jueves y provocó indignación en redes sociales. Ante la viralización del material, la joven que filmó el hecho publicó una historia en Instagram aclarando que el episodio ocurrió en 2024. No obstante, el tiempo transcurrido no le quita gravedad al imprudente accionar registrado.

En la grabación, de casi un minuto de duración, De Simone, vestida con un saco de color rojo y una remera negra, aparece al volante de un vehículo que todavía no pudo ser identificado. A plena luz del día, la conductora no frenó en ningún semáforo en rojo ni tampoco atinó a bajar la velocidad en los cruces de calles.

“¡Dale, pendeja!“, se escucha decir a la improvisada camarógrafa, celebrando la imprudencia de su compañera y, al mismo tiempo, filmando el tacómetro a medida que aumentaba la velocidad de circulación.

De Simone y su amiga le pusieron fin a su peligrosa circulación cuando alcanzaron los 180 kilómetros por hora, lo cual fue festejado a gritos por ambas ocupantes del auto: “Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va”.

Tras la viralización, y luego de haber recibido un sinfín de notificaciones y mensajes por esta grabación, la joven que compartió las imágenes en redes sociales utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el hecho ocurrió “el anteaño pasado”, en referencia a 2024.

La conductora, por su parte, eligió no expresarse en público sobre el video que la involucra.

El video en cuestión recuerda al caso que involucra a la trístemente célebre Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, por haber ocasionado la muerte de Walter Armand, a quien atropelló cuando circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo.

Durante la mañana del domingo un adolescente, de 15 años, murió y su padre debió ser hospitalizado como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono, en un trágico suceso ocurrido en Colastiné Norte.

El desgraciado incidente (ocurrido a pocas horas de la pareja encontrada sin vida en San Martín 1800) tuvo lugar en una modesta construcción ubicada en calle Los Eucaliptus 5900, esto es, unos 100 metros al oeste del Complejo Solares de la Laguna.

En dicho lugar fue hallado sin vida Roberto M. (15), mientras que su padre, Juan Carlos (42), fue trasladado de urgencia al hospital Cullen debido a la inhalación de monóxido de carbono.

Según se supo, Juan Carlos trabaja como cuidador de las canchas de tenis del citado complejo y vivía junto a su hijo menor en la casilla donde se produjo el incidente.

Un vecino fue quien al ingresar al lugar, se encontró con el cuerpo sin vida del menor en una habitación que funcionaba como galería.

El médico policial examinó el cuerpo y no observó lesiones visibles, señalando que todo indicaba una probable inhalación de monóxido de carbono. Se recomendó la realización de una autopsia para confirmar la causa de la muerte.

En la habitación se encontró un anafe con platos encima y una garrafa que estaba cerrada al momento de la inspección.

Puesto al tanto de lo sucedido el fiscal de Homicidios, Dr. Andrés Marchi dispuso la autopsia del menor y ordenó una consigna policial por 24 horas, que cumplimenta personal de la Comisaría 28va. que interviene por jurisdicción.

En zona céntrica

El fatal suceso de Colastiné Norte se produjo a menos de 24 horas de otro incidente similar ocurrido en un departamento ubicado en San Martín 1800, esto es, en la zona centro-sur de la ciudad de Santa Fe.

En dicho inmueble fueron encontrados sin vida una mujer de 25 años (oriunda de la provincia de Entre Ríos) y un hombre, de 30, ambos intoxicados con monóxido de carbono.

De acuerdo a los primeros informes todo indicaría que dicho suceso habría sido causado por el mal funcionamiento de un calefón .

Luego de la internación de Silvina Luna, el fiscal Abraldes, quien llevo adelante la acusación en el juicio, pidió que la inhabilitación sí se haga efectiva para evitar nuevas víctimas. Ahora, los jueces de Casación hicieron lugar a esa solicitud.

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, elevó ayer el pedido de ordenar la "inhabilitación provisoria" para el ejercicio de la medicina y el "comercio en el ámbito estético y cosmético", al cirujano Aníbal Lotocki, responsable de provocar lesiones graves a Silvina Luna -quien se encuentra luchando por su vida en el Hospital Italiano, del barrio porteño de Almagro- y más pacientes. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dio pie al pedido.

Lotocki fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. Sin embargo, en esa instancia el juez Carlos Rengel Miratno se había pronunciado sobre la medida que le interrumpiría la matrícula, y continuó trabajando.

Por parte de la defensa de Pamela Sosa, se "impugnó la decisión adoptada por el tribunal anterior" e impuso "la medida cautelar consistente en la inhabilitación para continuar ejerciendo la medicina, hasta tanto la sentencia condenatoria -eventualmente- adquiera firmeza”.

Ante esto la fiscalía consideró que “resulta procedente y merece ser decretada en forma inmediata por los Señores Jueces de la Cámara, en atención al peligro latente que se cierne sobre la salud de aquellos que hasta el día de hoy se someten a las intervenciones del médico Lotocki”.

Los magistrados consideraron además: “No puede prescindirse de la verificación de una reiteración de hechos lesivos a la salud pública como producto del ejercicio de la profesión, pues, en las particulares circunstancias, la condena impuesta abarca cuatro casos de similares características que, siempre de acuerdo a la decisión recurrida, generaron graves daños a la salud de las pacientes del señor Lotocki”.

Luna atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que en 2011 le realizó Aníbal Lotocki. La modelo ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano hace un mes y en el último parte médico, que data de este miércoles y lo difundió su familia, la información era esperanzadora.

“Se encuentra lúcida y con signos vitales estables. Actualmente, mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular. Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”, indica en el comunicado que compartió el abogado Fernando Burlando en sus redes sociales.

La decisión deja al expresidente de Brasil fuera de las elecciones presidenciales de 2026.

La corte electoral brasileña alcanzó este viernes (30.06.2023) la mayoría necesaria para declarar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro inelegible por ocho años por “abuso de poder”, mientras resta el voto de dos jueces, que podrían pedir un aplazamiento del fin del juicio.

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) alcanzó una mayoría de 5 votos a 2 a favor de condenar al exmandatario por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones “falsas” durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de perder las elecciones.

En esta cuarta y última sesión del juicio, votaron los últimos tres jueces. Para una condena por los cargos de “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación” era necesaria una mayoría del pleno (al menos 4 de 7 votos).

Bolsonaro defiende su inocencia. “No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme los derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable”, dijo el jueves a periodistas. Su abogado anticipó que en caso de condena recurrirá la decisión ante el Supremo Tribunal Federal.

“Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político”, afirmó este viernes.

Jair Bolsonaro fue declarado culpable de abuso de poder en las elecciones 2022

La inhabilitación política dejaría a Bolsonaro fuera de las elecciones presidenciales de 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.

Bolsonaro, ausente en todas las sesiones del juicio iniciado la semana pasada en la sede del TSE en Brasilia, tampoco compareció este viernes. El excapitán se encuentra en Belo Horizonte, donde tiene previsto almorzar con miembros de su Partido Liberal (PL), infdicó la agrupación.

Así lo definió la Justicia de Brasil en relación a la causa sobre una reunión convocada por el ex presidente para descalificar el sistema electoral ante medio centenar de embajadores.

El juez instructor del juicio contra Jair Bolsonaro declaró culpable este martes al ex presidente de Brasil por abusos de poder en las elecciones de 2022 y pidió inhabilitarlo durante 8 años.

Así lo resolvió el magistrado Benedito Gonçalves en la segunda audiencia celebrada en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La causa se basa en una reunión en la que el ex mandatario convocó a medio centenar de embajadores en la residencia oficial de la Presidencia para descalificar el sistema electoral, ya que aseguraba que la Justicia actuó a favor de Luiz Inácio Lula da Silva.

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De ese modo, el juez confirmó que Bolsonaro, el 18 de julio pasado, aprovechó su rol “para defraudar el ambiente electoral”, además de “incitar un estado de paranoia colectiva” y fabricar “teorías de la conspiración” con “informaciones falsas” y “mentiras atroces”.

“No es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la Justicia electoral”, expresó.

Gonçalves consideró que el encuentro con embajadores fue “aberrante” y que el ahora ex presidente estableció sospechas sin pruebas sobre las urnas electrónicas, que funcionan sin denuncias de fraude desde 1996.

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El juicio fue suspendido tras el primer voto de inhabilitación y se reanudará el jueves, jornada en la que otros jueces de la corte electoral analizarán la culpabilidad de Bolsonaro.

Por otro lado, Gonçalves absolvió al compañero de fórmula de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, ya que no fue “demostrada su responsabilidad” en el caso.

Se trata de Alberto Romero, Julián Teruel Mancino y Juan Grance, quienes fueron imputados por robo y fueron castigados con un año y tres meses de prisión condicional. A los dos últimos, que cumplían tareas en la Municipalidad de Rawson, se les sumó el castigo de inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicas y fueron despedidos del municipio.

Los recientemente penados por la justicia sustraían el gasoil de un camión recolector de basura y luego lo vendían en bidones. La maniobra fraudulenta fue descubierta de casualidad por policías que realizaban recorrida de prevención en las inmediaciones del Barrio Valle Grande.

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Efectivos del Comando Radioeléctrico observaron cómo sacaban el combustible del camión para luego ponerlo en bidones de 10 y 20 litros. Romero, que fue interceptado por las autoridades, confesó lo que hacían. A partir de entonces, los uniformados fueron detrás de la pista del camión que se había escapado del lugar al advertir la presencia policial.

En el obrador municipal supieron quién era el chofer (Teruel Mancino) y su acompañante (Grance). Al verse acorralados por la Policía, confesaron el ilícito y quedaron a disposición de la Justicia de Flagrancia que los condenó. En total, se registró un faltante de 100 litros que se sustrajeron con sus maniobras delictivas.

El fiscal Diego Luciani solicitó este lunes la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

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Kirchner, de 69 años, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.

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“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet.

Respecto al resto de los acusados, Luciani pidió también 12 años de prisión para Lázaro Báez; 10 años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y 10 para su segundo, José López.

Además, la fiscalía solicitó el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Sergio Mola- se defraudó al Estado.

En otra enérgica exposición en el tramo final de la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2), Luciani consideró que Cristina y los demás acusados llevaron adelante “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con “ánimo de lucro y codicia”.

El alegato acusador comenzó esta mañana pasadas las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py en la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato.

Al inicio de la audiencia, la expresidenta solicitó a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria este martes 23 de agosto.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, argumentó la exmandataria en sus redes sociales al informar que instruyó a su abogado para que, a los efectos de poder ejercer su “derecho a defensa en juicio”, solicite la ampliación la indagatoria.

Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

En el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde se desarrolló la audiencia, estuvieron los imputados Gustavo Tórtul y Gustavo Tamay. El exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel; y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, siguieron la lectura mediante videoconferencia. 

El Tribunal de Juicios y Apelaciones condenó a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al exgobernador Sergio Urribarri por los delitos de corrupción. Al exministro Pedro Báez los jueces le dieron 6 años de prisión. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 años y medio de prisión. Tanto Báez como Aguilera también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

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De las 13 imputaciones, 4 personas resultaron absueltas: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el contador y empleado del Gobierno provincial, Gustavo Tórtul; el diseñador gráfico Maximiliano Sena y Alejandro Almada. Además se absolvió a Hugo Céspedes, que falleció después de iniciado el debate. Pese a la extinción de la acción penal por su muerte, el tribunal consideró justo absolverlo de culpa y cargo y decidió que el proceso no afecta su buen nombre y honor. Tal como valoraron en las otras absoluciones, los jueces sostuvieron que no hallaron elementos que sostengan las imputaciones pedidas por los fiscales.

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El adelanto de sentencia, una lectura que llevó desde las 8.30 de este jueves hasta pasadas las 21 -hubo tres pausas que no superaron dos horas-, ordenó además expropiación de las instalaciones de calle Racedo 415 de Paraná, donde funciona la imprenta y toda la estructura logística. El tribunal consideró que quedó acreditada la titularidad de Aguilera sobre ese comercio que se montó sobre uno de los mecanismos de corrupción más salientes -causa imprentas-. El juez Chemez señaló que el galpón fue adquirido con un crédito bancario subsidiado por el Estado y el negocio se desarrolló con dineros públicos que se desvió en las dos gestiones de Urribarri como gobernador.

Hubo una primera etapa donde el tribunal explicó por qué rechazó todos los planteos defensivos. Un segundo momento donde realizaron una valoración de la prueba -aún no concluyó- y, en un trecer tramo de la lectura, se espera una evaluación de las imputaciones, pedidos de absoluciones y posterior resolución. La jornada tuvo un primer cuarto intermedio cerca de las 11 y, momentáneamente, transcurre la segunda pausa en la lectura del adelanto de sentencia. Cuando reanude, el último tramo llevaría otras tres horas, según adelantó Chemez.

Como dato saliente, el tribunal que arribó al veredicto por unanimidad, rechazó todos los planteos técnicos de las defensas. Refutó cuestiones vinculadas a la violación del principio de congruencia, es decir el cambio de plataforma fáctica a lo largo de la investigación y juicio; la intervención de la Policía Federal en los procedimientos; y la introducción de elementos que las defensas consideraron ilegales. De modo que rebatieron cuestionamientos a los profesionales del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de informes técnicos; validaron procedimientos a cargo de fuerzas federales y, entre ellos, el secuestro del polémico disco extraíble. Los jueces aseguraron de ese modo que se respetó las garantías constitucionales de defensa a todos los imputados. Remarcaron que varios planteos defensivoas resultaron extemporáneos y contradictorios dado que, en una etapa anterior, los defensores convalidaron una convención probatoria.

Los jueces no concedieron el pedido de suspensión de juicio a prueba para Germán Buffa. Sostuvieron que de otorgarse ese instituto perdería su naturaleza ya que dejaría de ser una “suspensión de juicio” para ser una “suspensión de fallo”.

Además dieron por acreditada la titularidad de las empresas Tep y Next como propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.

“Debe quedar claro, aunque tal vez sea innecesario, que no fue objeto de juzgamiento ni evaluación de este tribunal una gestión de gobierno, la ideología o el pensamiento político del gobierno del señor Sergio Urribarri, como tampoco la legitimidad de sus aspiraciones políticas. La tarea de este tribunal se circunscribe a la valoración de los hechos descriptos en las imputaciones de Fiscalía, y sobre las cuales confrontaron profunda y extensamente las defensas. Es necesario entonces hacerse las siguientes preguntas: ¿La acusación acreditó con certeza la materialidad y autoría de estos cinco sucesos? O, por el contrario: ¿Las acusaciones fueron rebatidas por las defensas?”, introdujo Chemez antes de comenzar con la valoración de la prueba en la “causa de las imprentas”. El juez invocó los delitos contra las administraciones públicas o delitos de corrupción; la reforma constitucional del 94 y la adhesión a pactos internacionales contra la corrupción.

Comprueban que el exdirector de las TIC en la Alcaldía de Neiva, Huila, Óscar Hernando Motta Valencia, presentó documentos falsos para postularse al cargo.

Un funcionario de la Alcaldía de la ciudad colombiana de Neiva, en el departamento de Huila, fue destituido de su cargo como director de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), después de que se comprobara que la documentación que presentó para postularse al cargo era falsa, informó La Nación.

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Entre los documentos falsos presentados por Óscar Hernando Motta Valencia, figuraba la tarjeta profesional, certificados de experiencia que exigía la Alcaldía y el diploma universitario de la Universidad Católica de Colombia, que contenía errores ortográficos —‘universidad’ y ‘Neiva’ escritos con ‘B’—, lo que permitió determinar que el exfuncionario no había estudiado en la dicha universidad.

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La investigación disciplinaria comenzó con una denuncia elevada por la secretaria General de la Alcaldía de Neiva, Liliana Trujillo Uribe, y la líder de Talento Humano, Rosa Fernanda Chacón Antía. Posteriormente, la Personería de la ciudad adelantó la investigación cuando el Consejo Nacional de Ingeniería confirmó que no existía ningún registro del número de tarjeta profesional.

Asimismo, la universidad en la que Motta aseguraba haber cursado la carrera de Ingeniería de Sistemas señaló que el nombre del funcionario no figuraba en la base de datos del sistema académico de la institución universitaria.

La audiencia de alegatos finales tuvo lugar el pasado 10 de septiembre, en la que la Personería Municipal de Neiva dio a conocer el fallo con la sanción disciplinaria de 12 años de inhabilidad, lo que fue ratificado en segunda instancia el 22 de noviembre por La Procuraduría del Huila.

La Justicia de La Pampa condenó a dos años de prisión e inhabilitación perpetua a una docente por pedir licencia con certificados médicos truchos para viajar al exterior. Fue hallada culpable del delito de defraudación especial agravada, indicaron fuentes judiciales.

La maestra faltó a su lugar de trabajo entre el 30 de abril y 8 de mayo de 2018 y durante 2019, entre el 26 de abril y el 6 de mayo.

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Por sus ausencias, presentó dos certificados médicos “truchos” suscriptos por un traumatólogo, el primero de ellos de fecha 30 de abril de 2018, en el que se prescriben nueve días de ausentismo y el restante de fecha 24 de abril de 2019, en el que se recomendó diez días de ausentismo.

Durante el juicio, presidido por el juez Carlos Ordás, reconoció haber utilizado dos certificados médicos extendidos por el médico para poder irse de vacaciones.

Las fechas de salida del país fueron 30 de abril de 2018 y el 26 de abril de 2019, sin tener autorización del Departamento de Reconocimiento Médico en ninguna de las dos oportunidades para ausentarse de su domicilio.

Por ello, fue condenada por el delito de defraudación especial agravada.

La denuncia judicial la realizó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en febrero de 2020 y la pena fue acordada en un juicio abreviado.

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Las pruebas del juicio la conformaron la denuncia del fiscal Carola, el informe remitido por la Dirección General de Personal del Departamento Servicio Médico Oficial, de Contaduría General; los certificados médicos; el informe remitido por la empresa “Gol Líneas Aéreas S.A.”; la historia clínica de la docente; y una entrevista al médico que firmó los certificados.