El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le envió un mensaje desde la cárcel al presidente electo Javier Milei, para pedirle que "tenga la amabilidad" de concederle un indulto. “No tengo ningún delito hecho”, aseguró el imputado por dirigir una estafa piramidal en la que cientos de personas perdieron sus inversiones.

Cositorto, que está detenido con prisión preventiva hasta que la fiscal de la causa, Juliana Companys, la eleve a juicio, le solicitó a Milei que lo ayude una vez que asuma la presidencia, el 10 de diciembre próximo.

De acuerdo a la versión del coach ontológico, él no cometió ningún delito y considera que está detenido de manera injusta. “Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”, aseguró Cositorto en el audio que se viralizó este lunes.

“Lo único que te pido es que entiendas que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto. Porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, señaló Cositorto.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó el detenido, quien aprovechó la oportunidad para ofrecerse para trabajar ad honorem en el nuevo gobierno, en el área que Milei le indique. “Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, prometió.

Sin embargo, el pedido de Cositorto no obtendría la respuesta deseada, dado que el Presidente solo puede indultar a personas con causas federales y no alguien detenido con prisión preventiva.

El abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, se encargó de aclarar que "no es un pedido formal" porque procesalmente "no corresponde". "Es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba”, reconoció el letrado y luego agregó que es un pedido para que “se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados desde hace mucho en Argentina”.

En septiembre último, la Justicia de Corrientes le negó el beneficio de la prisión domiciliaria al líder de Generación Zoe e hizo lugar a la oposición planteada por Fiscalía y la querella respecto del beneficio, en una audiencia donde fue denunciado por casi un centenar de damnificados.

Un esquema Ponzi​, como el que utilizaba Generación Zoe, es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.​ El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Además, puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.

El Tribunal Constitucional le restituyó el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado a Fujimori en 2017. El exmandatario cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las llamadas matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

El Tribunal Constitucional de Perú publicó este martes de forma oficial la resolución que permite la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las llamadas matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

En el documento oficial se demanda la “libertad inmediata” del exmandatario.

La resolución, aprobada por mayoría, restituye el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en 2017, informa el diario El Comercio.

Juzgarán a Fujimori por la esterilización forzosa de unas 350 mil mujeres indígenas

Los abogados Ernesto Blume, José Ferrero y Luis Sardón votaron a favor de restituirle la libertad, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Manuel Miranda se mostraron en contra de esta decisión, según informó la cadena de radios peruana RPP.

La Fiscalía de Perú solicitó el pasado 23 de marzo la prohibición de salir del país a Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el “caso Pativilca”, una acción perpetrada el 29 de enero de 1992 en la localidad homónima que consistió en el secuestro, la tortura y el asesinato de seis personas supuestamente vinculadas al grupo armado Sendero Luminoso en la localidad de Barranca.

El requerimiento, solicitado por el fiscal superior Pedro Orihuela, fue presentado ante el Poder Judicial.

La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su Gobierno entre los años 1990 y 2000.

Alberto Fujimori vuelve al penal, tras recibir el alta médica

En tanto, una investigación encargada y publicada este martes por el diario La República, registró que el apoyo al indulto a Fujimori es minoritario entre los ciudadanos del país.

Según el sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP, un 52% de los peruanos está en contra del reciente indulto a Fujimori y un 43% de la población está a favor del mismo.

El estudio consultó a la población del lunes 21 al jueves 24 de marzo recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de representación nacional.

Antes de abandonar su cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump indultó a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70, entre los que se encuentran su exconsejero Stephen K. Bannon, el antiguo director financiero de la Organización Trump, Elliott Broidy, el ex alcalde de Detroit Kwame Kilpatrick y los raperos Lil Wayne y Kodak Black.

Stephen K. Bannon recibió un indulto total tras haber sido acusado de defraudar a personas por los fondos recaudados para construir el muro fronterizo de México, una política emblemática del Gobierno de Trump. “El Sr. Bannon ha sido un líder importante en el movimiento conservador y es conocido por su perspicacia política”, consigna el comunicado difundido por la Casa Blanca.

Elliott Broidy es un ex vicepresidente de finanzas nacionales del Comité Nacional Republicano y ex director financiero de la Organización Trump. Se declaró culpable por violar las leyes de lobby extranjeras. La Administración Trump le concedió el indulto por sus “numerosos esfuerzos filantrópicos, incluyendo en nombre de las fuerzas del orden, los programas militares y de veteranos y la comunidad judía”.

Kwame Kilpatrick se declaró culpable de obstrucción a la justicia como parte de un acuerdo de culpabilidad en una investigación en la que él y su padre habían aceptado sobornos a cambio de contratos públicos. “El Sr. Kilpatrick ha cumplido aproximadamente 7 años de prisión por su papel en un plan de crimen organizado y soborno mientras ocupaba un cargo público. Durante su encarcelamiento, el Sr. Kilpatrick ha impartido clases de oratoria y ha dirigido grupos de estudio bíblico con sus compañeros de prisión”, sostiene la Casa Blanca.

Dwayne Michael Carter Jr., conocido como Lil Wayne, es un rapero que reconoció su culpabilidad por posesión de un arma de fuego y municiones que recibió de un delincuente convicto. Fue condenado a más de diez años de prisión. La Administración Trump justificó el indulto destacando su “generosidad” y “compromiso con una variedad de organizaciones benéficas, que incluyen donaciones a hospitales de investigación y una gran cantidad de bancos de alimentos”.

Bill K. Kapri, más conocido como Kodak Black, es un rapero y líder comunitario. Fue condenado a 46 meses de prisión por hacer una declaración falsa en un documento federal y ya ha cumplido casi la mitad de su sentencia. La Casa Blanca informó que Trump decidió conmutar su pena. “Se involucró profundamente en numerosos esfuerzos filantrópicos. De hecho, se ha comprometido a apoyar una variedad de esfuerzos caritativos, como proporcionar recursos educativos a los estudiantes y familias de los agentes de la ley caídos y los desfavorecidos”, sostiene el comunicado.

Aquí, la lista completa de indultados y conmutados:

Indultados

Empresarios: Todd Boulanger, Abel Holtz, Kenneth Kurson, Carl Andrews Boggs, Tommaso Buti, Anthony Levandowski, Aviem Sella, Michael Liberty, Greg Reyes, Jeffrey Alan Conway, Benedict Olberding, Hal Knudson Mergler, Gary Evan Hendler, Clarence Olin Freeman, Elliott Broidy, Stephen K. Bannon, Douglas Jemal, Gregory Jorgensen, Deborah Jorgensen, Martin Jorgensen, Thomas Kenton “Ken” Ford, Joshua J. Smith, David Tamman, Todd Farha, Thaddeus Bereday, William Kale, Paul Behrens, Peter Clay, Patrick Lee Swisher, Robert Sherrill, George Gilmore, Robert “Bob” Zangrillo

Políticos: Rick Renzi, Casey Urlacher, Robert Cannon “Robin” Hayes, Randall “Duke” Cunningham (indulto condicional), William “Ed” Henry

Artistas: Dwayne Michael Carter Jr., Desiree Perez

Activistas y líderes comunitarios: Glen Moss, Syrita Steib-Martin, John Nystrom, Amy Povah, Paul Erickson, Stephen Odzer (indulto condicional), Steven Benjamin Floyd, David E. Miller, Drew Brownstein, Robert Bowker, Amir Khan

Científicos y médicos: Dr. Scott Harkonen, Dr. Mahmoud Reza Banki, Dr. Frederick Nahas, Dr. Faustino Bernadett, Dr. Robert S. Corkern

Ocupación no especificada: James E. Johnson, Jr, Eric Wesley Patton, Robert William Cawthon, John Harold Wall, Steven Samuel Grantham, Fred Keith Alford, Alex Adjmi, Johnny D. Phillips, Jr., Jessica Frease, Scott Conor Crosby, Lynn Barney, David Rowland, Joey Hancock, James Austin Hayes, David Lamar Clanton, Hillel Nahmad, Brian McSwain, John Duncan Fordham

Conmutados

Empresarios: Michael Ashley, Michael Harris, Eliyahu Weinstein, John Estin Davis, April Coots, Jon Harder, Shalom Weiss

Científicos y médicos: Salomon Melgen

Artistas: Bill K. Kapri

Activistas y líderes comunitarios: Adriana Shayota, Craig Cesal, Darrell Frazier, Caroline Yeats, Fred “Dave” Clark, William Walters

Ocupación no especificada: Jaime A. Davidson, Jawad A. Musa, Ferrell Damon Scott, Jerry Donnell Walden, Lou Hobbs, Matthew Antoine Canady, Mario Claiborne, Rodney Nakia Gibson, Tom Leroy Whitehurst, Monstsho Eugene Vernon, Luis Fernando Sicard, DeWayne Phelps, Isaac Nelson, Traie Tavares Kelly, Javier Gonzales, John Knock, Kenneth Charles Fragoso, Luis Gonzalez, Anthony DeJohn, Corvain Cooper, Way Quoe Long, Michael Pelletier, Lavonne Roach, Blanca Virgen, Robert Francis, Brian Simmons, Derrick Smith, Raymond Hersman, David Barren, James Romans, Jonathon Braun, Kyle Kimoto, Chalana McFarland, Noah Kleinman, Tena Logan, MaryAnne Locke, Jodi Lynn Richter, Kristina Bohnenkamp, Mary Roberts, Cassandra Ann Kasowski, Lerna Lea Paulson, Ann Butler, Sydney Navarro, Tara Perry, Chris Young, Adrianne Miller, Kwame Kilpatrick, James Brian Cruz

Además, Trump conmutó las sentencias por tiempo cumplido para las siguientes personas: Jeff Cheney, Marquis Dargon, Jennings Gilbert, Dwayne L.Harrison, Reginald Dinez Johnson, Sharon King y Hector Madrigal, Sr.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado a sus colaboradores que tiene intenciones de otorgarse un indulto a sí mismo en los últimos días de su presidencia, según dos personas con conocimiento de las discusiones.

La medida implicaría un uso de los poderes presidenciales extraordinario e inexplorado en la historia de Estados Unidos.

En varias conversaciones después del día de las elecciones, Trump ha comentado a sus asesores que considera la posibilidad de otorgarse un perdón y, en otras instancias, ha preguntado si debería hacerlo y qué impacto político y legal tendría en él, según dos personas. No estaba claro si ha tocado el tema después de incitar a sus seguidores el miércoles a irrumpir en el Capitolio en un ataque de turba.

Trump ha mostrado que su interés en perdonarse a sí mismo va más allá de reflexiones ociosas. Hace mucho tiempo que insiste en que tiene el poder de perdonarse a sí mismo y típicamente cuando sondea a sus asesores es síntoma de que se prepara a avanzar con sus intenciones. También ha estado cada vez convencido de que quienes él percibe como sus enemigos utilizarán las palancas legales para atacarlo cuando abandone el cargo.

Ningún presidente estadounidense se ha otorgado a sí mismo un perdón por lo cual la legitimidad de un posible acto de autoclemencia jamás ha sido puesta a prueba en el sistema legal. Los expertos legales no están de acuerdo en si las cortes lo reconocerían. Pero sí concuerdan en que un autoperdón presidencial crearía un peligroso nuevo precedente para que los presidentes declaren unilateralmente que se encuentran por encima de la ley y se protejan de tener que responder por los crímenes que hayan cometido en el cargo.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentario.

Trump ha considerado una variedad de perdones preventivos para su familia, entre ellos sus tres hijos mayores —Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump—, su yerno y asesor sénior de la Casa Blanca, Jared Kushner, y para sus aliados cercanos, como Rudolph W. Giuliani, abogado personal del presidente. Trump ha expresado preocupación a sus consejeros de que el Departamento de Justicia de Biden pudiera investigarlos a todos ellos.

Trump, quien le ha contado a sus asesores que le complace mucho tener el poder de otorgar clemencia, durante semanas ha solicitado a sus ayudantes y aliados que le sugieran a quién perdonar. También ha ofrecido perdones preventivos a consejeros y funcionarios de su gobierno. Muchos de ellos se han sorprendido porque no consideraban encontrarse en riesgo legal y creyeron que aceptar el ofrecimiento sería visto como una admisión de culpabilidad, según las dos personas.

Los perdones presidenciales solo aplican en casos de leyes federales y no protegen de ser enjuiciado o investigado por crímenes estatales. Un perdón serviría en contra de cargos que podrían ser presentados por los fiscales que investigan las finanzas de la Organización Trump en Manhattan.

Las discusiones entre Trump y sus asesores sobre el tema de un perdón para el presidente surgieron antes de que el fin de semana presionara a funcionarios del estado de Georgia para que le ayudasen a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales o de que incitara a una turba que luego atacó el Capitolio el miércoles. Los aliados de Trump creen que ambos episodios exponen aún más a Trump a verse involucrado en un proceso penal.

Cuando los asesores instaron a Trump a que emitiera el miércoles una condena enérgica y él rechazó ese consejo, el abogado de la Casa Blanca, Pat A. Cipollone, advirtió a Trump que podría quedar legalmente vulnerable por los disturbios, dado que de antemano había instado a sus partidarios a marchar al Capitolio y a “luchar”, según personas informadas sobre la conversación. A los asesores de la Casa Blanca les pareció que Trump disfrutaba viendo las escenas que se transmitían en la televisión.

Más allá de eso, no queda claro el alcance del riesgo de sometimiento a procesos penales de Trump. El exfiscal especial Robert S. Mueller III, identificó diez ocasiones en las que Trump pudo haber obstaculizado la justicia pero no dijo si el presidente había quebrantado la ley e invocó restricciones legales y de hecho que obstaculizan que se juzgue a un presidente en funciones. Exfuncionarios del Departamento de Justicia y expertos legales dijeron que varios de esos actos deberían ameritar un procedimiento judicial.

En 2018, fiscales federales en Nueva York nombraron a Trump como conspirador en un esquema de financiación ilegal de campaña.

Los indultos pueden ser amplios o específicamente diseñados. Los abogados defensores en casos de cuello blanco dijeron que Trump se beneficiaría más al citar crímenes específicos si se perdona a sí mismo, pero esos detalles podrían ser políticamente perjudiciales al sugerir que reconocía haber cometido esos crímenes.

Un perdón presidencial autoconcedido complicaría la ya tensa cuestión que enfrenta el Departamento de Justicia de Biden sobre si investigar y eventualmente enjuiciar a Trump. Los demócratas y exfuncionarios del Departamento de Justicia aseguran que si Trump se perdonara a sí mismo y el Departamento de Justicia evitase procesar a Trump estaría mandando un inquietante mensaje a los estadounidenses sobre el Estado de derecho en el país y a los futuros presidentes sobre la posibilidad de burlar la ley.

“El Departamento de Justicia de Biden no querrá acceder a un autoperdón de Trump, que implica que el presidente está literalmente por encima de la ley federal”, dijo Jack Goldsmith, profesor de Derecho en Harvard y ex alto funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno de George W. Bush.

Un autoperdón estaría alineado con el uso sin precedentes que Trump ha hecho del poder de clemencia. Los autores de la Constitución otorgaron a la figura del presidente casi total autoridad para perdonar crímenes federales y posicionaron así al jefe del poder ejecutivo como un contrapeso del poder judicial y también para intervenir en el sistema de justicia y mostrar misericordia y gracia a los oprimidos.

Pero Trump ha desdeñado el proceso formal establecido por el Departamento de Justicia para asegurarse de que los perdones se otorguen de manera justa. En cambio, ha usado su poder de clemencia como ningún otro presidente para favorecer a sus aliados, socavar a sus rivales y beneficiar a su agenda política. De los 94 perdones y conmutaciones de pena que Trump ha otorgado, el 89 por ciento estuvieron destinados a personas que tienen vínculos personales con él, lo ayudaron políticamente o cuyos casos lo impactaron, según un conteo llevado a cabo por Goldsmith.

El único presidente que recibió un indulto fue Richard Nixon. Un mes después de que Nixon dejó la presidencia, su exvicepresidente, Gerald Ford, lo perdonó por todos los crímenes que cometió en el cargo. La medida fue ampliamente criticada en ese momento por permitir que la presidencia estuviera por encima de la ley. Los partidarios de Ford culparon al indulto por su derrota en las elecciones dos años después aunque, en última instancia, el indulto llegó a ser visto como un movimiento que ayudó al país a pasar la página tras el caso Watergate.

Trump ha sostenido a lo largo de su presidencia que dispone de la autoridad para perdonarse a sí mismo y discutió esa posibilidad por primera vez con sus asistentes durante su primer año en el cargo. Esas conversaciones empezaron cuando los vínculos de su campaña con Rusia estaban bajo el escrutinio de investigadores que intentaban determinar si había obstruido a la justicia.

El juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordenó ayer miércoles que el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el Caso Ciccone, vuelva a la cárcel para cumplir con la pena, al revocar la prisión domiciliaria que le había otorgado, pero la defensa apelará la medida ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que ese retorno no se produciría de manera inmediata.

La decisión de Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia.

Esta mañana, en declaraciones a El Destape Radio, Boudou barajó la posibilidad de un indulto al reclamar la anulación de todos los juicios por corrupción y que se vuelva a hacer, y criticó que se le haya revocado el beneficio de la prisión domiciliaria, al subrayar que el fallo configura “un acto de crueldad”.

“Sin duda pensé que a un año en el poder el lawfare no iba a ser así. Yo en algún sentido soy una anécdota, la principal perseguida política es Cristina Fernández de Kirchner”, enfatizó.

En este sentido, Boudou aseguró: “Hay que estar preocupados por el poder persecutorio del Poder Judicial. El asesinato de Floreal Avellaneda duerme en la Corte hace años. Se ve que el trabajo judicial es selectivo”, disparó, para luego reflexionar: “No me arrepiento de nada, de ninguna manera. Hay que profundizar todo lo que hicimos”.

Acto seguido, expresó que “pretender solucionar la lucha de clases con conversaciones amables es como creer en la magia negra. No hay un hecho jurídico en mi causa. Son sentencias judiciales que confirman sentencias mediáticas”, se quejó.

“Lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que se revean todas las truchadas que pasaron estos años. Eso es lo que realmente sanaría. En mi caso hubo testigos comprados, la denuncia original hecha por un servicio de inteligencia. No hay ninguna prueba” y “creo que hay que anular mi juicio y volverlo a hacer. La sentencia es nula”, concluyó.

Cuándo se podría hacer efectiva la medida judicial

Boudou cumplía su condena a cinco años y diez meses de prisión por el Caso Ciccone en su casa. Así lo había decidido el propio Obligado al principio de la pandemia de coronavirus.

A comienzos de diciembre, la Corte Suprema ya había rechazado todos los recursos presentados en el Caso Ciccone y había dejado firme la condena de cinco años y 10 meses para Boudou que le había dictado un tribunal oral en 2018. El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner estaba cumpliendo arresto domiciliario desde abril: comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Luego de pedir diversos informes, en las últimas horas del año judicial, Obligado, que es el juez encargado de la ejecución de las condenas en el Tribunal Oral Federal 4 que intervino en el Caso Ciccone, decidió modificar la situación de la detención de Boudou.

Obligado resolvió revocar la domiciliaria en una resolución de más de 20 páginas. En la que esgrimió varios argumentos. Los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Colombo habían postulado que Boudou debía volver a la cárcel. En tanto la defensa del ex vicepresidente planteó que debía quedarse en su casa para acompañar el crecimiento de sus pequeños mellizos.

Las tres palabras “firme que sea” indican que queda pendiente la apelación por parte de la defensa de Boudou ante la Cámara Federal de Casación Penal. Son los jueces de la más alta cámara penal del país quienes revisan los fallos del Tribunales Orales Federales. Ellos serán los que tendrán que decidir si se revoca o no la prisión domiciliaria que goza Boudou.

La apelación se puede presentar dentro de los primeros días del año. Pero la habilitación de Feria para que se resuelva de manera inmediata la situación tiene que cumplir con algunas condiciones. Debe tratarse de la situación de una persona detenida o de una solicitud de habeas corpus. Si bien Boduou está cumpliendo prisión domiciliaria no encaja en la figura habitual del detenido que pide que le resuelvan con urgencia su situación porque quiere salir de la cárcel. Otra de las condiciones para que un asunto sea tratado durante la Feria es que alguna parte lo solicite. Lo puede hacer la defensa de Boudou o el fiscal de Casación que trabaja durante el mes de enero: Mario Villar. El pedido de habilitación de Feria aceleraría los tiempos de la resolución. Si no se solicita pasaría para febrero.

La Sala de Casación que interviene en todo el Caso Ciccone es la cuarta. La Sala IV este año estará compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma quien se incorpora en reemplazo de Gustavo Hornos porque preside la Casación. Si la resolución de la revocatoria de la prisión domiciliaria pasara para febrero serán esos jueces los que intervengan.

Pero si la controversia se resolviera durante la Feria de enero, intervendrán otros jueces. En la primera quincena del año 2021 la Sala de Feria estará integrada por los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. Durante la segunda quincena del año integrarán la Sala de Feria los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone.