El miembro de una tribu en la isla de Sri Lanka fue captado en video mientras algunos turistas celebraban una fiesta en la piscina de un hotel de lujo. 

Las imágenes muestran cómo el hombre, que caminaba en medio de la naturaleza, se detiene junto a la cerca del lugar para observar fijamente el festejo. 

El video ha generado un gran debate en redes sobre la diversidad cultural y las dinámicas de poder de herencia colonial que se reflejan en la desigualdad moderna.

🇱🇰 Sri Lanka | Insolite🔴 Une vidéo montrant un homme d’une tribu locale observant en secret des touristes au bord d’une piscine a fait des millions de vues.La scène a suscité un vif débat en ligne : certains y voient un moment digne d’un film d’horreur, d’autres une… pic.twitter.com/ce5WyJYUAS

Decenas de activistas indígenas se enfrentaron con las fuerzas de seguridad este martes cuando intentaban ingresar al área restringida de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP30), en la ciudad de Belém, Brasil, para protestar contra el impacto del calentamiento global en la salud de las personas.

Maria Clara, una manifestante de la asociación Rede Sustentabilidade de Bahía, explicó a AFP que la protesta tenía como objetivo alertar sobre la situación de los “pueblos indígenas”. “Estas voces son ignoradas”, dijo.

Los participantes lograron pasar los arcos de seguridad y accedieron de noche al vestíbulo de la gran carpa administrada por la ONU en la que se desarrollan las negociaciones climáticas.

"¡La crisis climática es una crisis de salud!", corearon los participantes de la marcha, entre los cuales había profesionales sanitarios e indígenas amazónicos. (Video: Tulio Amancio/TV BAND)

📍Indígenas e manifestantes ocuparam a Blue Zone da #COP30 em #Belém na noite desta terça-feira (12).O ato teve início com a Marcha pela Saúde e pelo Clima, que percorreu as ruas da capital paraense.Entre as principais pautas da mobilização:🌎 Demarcação dos territórios🚫… pic.twitter.com/HbmsWb05Da

Esta situación provocó una escena de caos porque, justo en ese momento, miembros de las delegaciones nacionales se disponían a salir del recinto. Pasados unos minutos, el equipo de seguridad de la ONU logró expulsar a los manifestantes de la zona.

“¡La crisis climática es una crisis de salud!“, corearon los participantes de la marcha, entre los cuales había profesionales sanitarios e indígenas amazónicos, según EFE.

En pocas regiones se siente tanto el impacto del cambio climático sobre la salud que en la Amazonía, donde se ubica Belém y que en 2024 fue golpeada por una sequía histórica, agravada por múltiples incendios.

“Viví décadas en Belém y nunca tuve dengue; ahora todo el mundo lo contrae… se ha convertido en una enfermedad urbana", afirmó a EFE la manifestante Lena Peres, una infectóloga de 63 años que trabaja para el Ministerio de Salud brasileño.

📍Indígenas e manifestantes ocuparam a Blue Zone da #COP30 em #Belém na noite desta terça-feira (12).O ato teve início com a Marcha pela Saúde e pelo Clima, que percorreu as ruas da capital paraense.Entre as principais pautas da mobilização:🌎 Demarcação dos territórios🚫… pic.twitter.com/HbmsWb05Da

Peres añadió que el calentamiento global es acompañado de una proliferación mayor de enfermedades cardiovasculares y renales, por lo que concluyó que “ya no se puede no hacer la conexión entre cambio climático y salud”.

El golpe se siente también a miles de kilómetros al norte de la Amazonía, en países fríos como Canadá, donde la médica de familia Melissa Lem tiene que lidiar con el efecto sobre sus pacientes de temporadas de incendios cada vez más intensas.

“En esas épocas, hay más ataques de asma y casos de diabetes”, explicó esta profesional que preside la Asociación canadiense de médicos por el medioambiente y que ha viajado desde Vancouver para participar en la COP30 acompañada por su estetoscopio.

En este escenario, los médicos que participaron en la protesta defendieron detener la extracción de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global, pero también apuntaron a la necesidad de soluciones a corto plazo para enfrentar lo que ya es una realidad.

La mujer, llamada Daniela Almeida Vera, había acudido al Hospital Regional Dr. José de Simone Netto el 14 de marzo con fuertes dolores abdominales y una infección grave. Por ello, los sanitarios le realizaron una tomografía en la que descubrieron que la mujer llevaba en su cuerpo un feto calcificado, una condición conocida como litopedia.

🇧🇷 | Una mujer fue al médico en Brasil por un cálculo en la vejiga y resultó ser un bebé calcificado desde hace 30 años que nunca dio a luz.La paciente falleció tras someterse a una cirugía para retirarle el feto. pic.twitter.com/wn6QTCvfGc

Esta patología, que significa “bebé de piedra”, consiste en una condición rara causada por un embarazo ectópico, cuando un óvulo que fertiliza fuera del útero y deriva en la muerte del feto y su posterior calcificación.

La mujer, que residía en un municipio de Aral Moreira, había sufrido una caída en la semana anterior y no fue hasta finales de la siguiente cuando acudió al médico de esta localidad, desde donde fue transferida de urgencia al centro sanitario.

El equipo de urgencias decidió realizar la extracción quirúrgica del feto con el objetivo de “controlar la grave infección que sufría la mujer y que amenazaba su vida”, según informó el hospital. La cirugía fue llevada a cabo el día 15 de marzo, pero la mujer murió al día siguiente en una unidad de cuidados intensivos.

El motivo de la muerte fue una infección generalizada grave, que se produjo a partir de una infección del tracto urinario, según el secretario Patrick Dezir.

Según dijo una hija de la víctima, Rosely Almeida, su madre le tenía miedo a los médicos y prefería tratamientos alternativos.

“Ella era vieja y somos indígenas, no le gustaba ir al médico, tenía miedo del equipo para hacerse los exámenes”, dijo la hija menor de Daniela.

Ahora, la familia llora a la matriarca que dejó siete hijos y 40 nietos. “Estamos en shock, es mucha tristeza. Ella era nuestra mamá, la única que nos protegía y ahora ya no está, estamos un poco perdidos”, lamentó Rosely.

Los médicos estiman que la anciana cargó con este feto durante más de 30 años.

Un controvertido desfile de modas causa indignación y vergüenza en Colombia por haber utilizado a dos mujeres de la comunidad indígena emberá, una de ellas con un bebé en brazos, en el centro de la pasarela como si fueran un “florero decorativo”. Mrrá el video y las repercusiones

A través de la red social Twitter, la periodista de modas Lux Lancheros publicó un video del polémico desfile, en el que se observa a las mujeres mientras los modelos realizan la pasarela exhibiendo trajes de baño.

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“La moda colombiana lo vuelve a hacer de la manera más vergonzosa. Esta marca, en Eje Moda, pone a dos mujeres emberá con un bebé en el centro de la pasarela como florero decorativo, como objetos de exhibición, cual país colonizador con las personas racializadas en el siglo XIX”, comentó la reportera.

La moda colombiana lo vuelve a hacer de la manera más vergonzosa. Esta marca, en Eje Moda, pone a dos mujeres Embera con un bebe EN EL CENTRO DE LA PASARELA COMO FLORERO DECORATIVO, COMO OBJETOS DE EXHIBICIÓN. Cual país colonizador con las personas racializadas en el siglo XIX. pic.twitter.com/cRoDELqXDr

— Lux Lancheros ? (@LuxAndLan) May 19, 2023

La publicación de Lancheros se convirtió en tendencia en la red social con más de 336.000 visualizaciones y miles de interacciones en contra de la utilización de las mujeres indígenas como “objetos” para este tipo de eventos. La mayoría de los usuarios calificaron el hecho de bochornoso, abusivo y, en sí mismo, una apología a la colonización, la esclavitud y la explotación.

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Entre los comentarios de rechazo también se mencionaron otros incidentes parecidos, donde marcas del mundo de la moda han utilizado a personas de origen indígena, afrodescendiente o con alguna condición física o intelectual especial, para mostrarse como “inclusivos”, cuando en realidad muestran es su “estirpe” supremacista.

“¿Cómo no es que no muere está práctica de poner, en este caso mujeres y un bebé que hacen parte de una comunidad vulnerable, como floreros en la mitad de una mesa? ¿Qué paso por la cabeza de quién tuvo la idea y de quienes la apoyaron?, ¿Qué entienden por inclusión? ¿Entienden qué es perpetuar prácticas coloniales?”, escribió una usuaria de Twitter.

Cómo no es que no muere está práctica de poner, en este caso mujeres y un bebé que hacen parte de una comunidad vulnerable, como floreros en la mitad de una mesa. (+)

— ?. ??????????? (@loretta_ggg) May 19, 2023

Otro tuitero respondió al video con una foto en la que aparece el expresidente Iván Duque ofreciendo unas declaraciones en el centro de un podio, mientras debajo de él había varios indígenas.

pic.twitter.com/fnVAVhReM2

— #suculentoplaylist (@perugache) May 19, 2023

En otra foto aparece una familia adinerada de Colombia, mientras al fondo se ven dos mujeres afrodescendientes vestidas de sirvientas y cargando bandejas para servirles té o café.

Me pregunto de dónde habrán sacado la idea… ? pic.twitter.com/RBoePR1IOL

— Cazador de Lunas (@Osiris_Aquino) May 19, 2023

“La moda colombiana siendo moda colombiana”, comentó una usuaria. “Odio que gente así tenga plata para hacer estás vainas”, agregó otra tuitera. “El futuro de la moda y hacen una vaina sacada de los tiempos de la esclavitud”, aseveró una persona más.

Entiendo la indignación. Voy un poco más allá: ¿no es esto lo que pasa en las calles de las capitales de Colombia? ¿No son “pasarelas” las aceras en donde bailan los indígenas con sus hijos en brazos y en donde continuamos la vida como si nada pasara?

Hemos normalizado la… https://t.co/CuQmnUmV55

— Jonathan Marin, SJ (@jesuitajonathan) May 19, 2023

Por su parte, Jonathan Marín, un cura jesuita dijo: “Voy un poco más allá: ¿No es esto lo que pasa en las calles de las capitales de Colombia? ¿No son ‘pasarelas’ las aceras en donde bailan los indígenas con sus hijos en brazos y en donde continuamos la vida como si nada pasara? Hemos normalizado la barbarie”.

En medio de la polémica, rechazada por la gran mayoría de las personas, un hombre se manifestó a favor del evento al considerar que las mujeres habrían sido beneficiadas porque les pagaron por estar ahí. “Pues le dieron trabajo, seguro lo que se ganaron en ese desfile no se lo ganarán como lo hacen normalmente, que es pidiendo limosna, dejen de joder con eso”.

En alusión a ese comentario, la periodista Lancheros respondió: “Ese es el problema: no es un homenaje. Es prolongar una forma de explotación. Volverán a estar como siempre luego de estar ahí”.

Pues le dieron trabajo, seguro lo que se ganaron en ese desfile no se lo ganarán como lo hacen normalmente que es pidiendo limosna, dejen de joder con eso.

— Juan Fco Rodriguez A (@JuanchiRodrigue) May 19, 2023

La diputada por el departamento de Risaralda, Paola Nieto, aseveró que “la diversidad y la inclusión no pueden ser solo una pose”, tras calificar como un desacierto el uso de las mujeres emberá para el desfile, porque “envían un mensaje de violencia, [de] cosificación de la mujer indígena”.

Otra tuitera también denunció que los organizadores del evento se habrían aprovechado de la necesidad de las indígenas y que estarían cometiendo delito de explotación a un menor, por lo que mencionó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que revise el caso.

Se produjo una brutal golpiza policía a un en medio de enfrentamientos entre comunidades indígenas y uniformados en Bogotá, Colombia.

Lo golpearon repetidamente, pese a que se había accidentado en su moto y estaba en el piso. Una uniformada también fue atacada en la estación Museo del Oro.

Una brutal agresión sufrió un policía en el centro de Bogotá, en medio de enfrentamientos entre comunidades indígenas y uniformados. Lo que comenzó como una protesta terminó en disturbios.

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Varios videos registraron cómo unos manifestantes agredieron al agente. En las imágenes se ve al uniformado tendido en el piso, inmóvil, mientras lo golpean en repetidas ocasiones con objetos contundentes y palos.

El policía, junto a otro compañero que al parecer logró ponerse a salvo, había caído de la moto cuando intentaba controlar los desmanes.

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Otra imagen que causó indignación fue la de una patrullera de la institución que fue agredida por una violenta turba. La uniformada se encontraba en la estación Museo del Oro de Transmilenio, situada en la avenida Jiménez con carrera séptima, cuando fue golpeada y arrastrada.

En medio del ataque, varias personas rodearon a la mujer y la protegieron.

Estos son los vándalos que quiere indulta y amnistiar y pagarles sueldos el presidente Petro. Este es el ataque brutal a una policía hoy en Bogotá. pic.twitter.com/hXG0GWJMJr

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 19, 2022

Una moción para cesar al Presidente del cargo no reunió los votos necesarios en la Asamblea Nacional. Mientras que en las calles de la capital ecuatoriana seguían las manifestaciones y el líder de la Conaie dice que se queda para dialogar.

Grupos de indígenas de Ecuador marcharon este miércoles pacíficamente por el centro de Quito para pedir la reanudación de las negociaciones suspendidas por el gobierno, en el marco de las protestas que realizan desde hace más de dos semanas por el alto costo de vida y luego de fracasar en el Congreso el pedido de destitución contra el presidente Guillermo Lasso, quien decretó un nuevo estado de excepción en cuatro provincias.

Al grito de “No queremos diez centavos, queremos resultados”, cientos de manifestantes caminaron por las calles del centro histórico de la capital, aledañas al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, para reclamar también una reducción de hasta 21% de los precios de los combustibles.

Un manifestante con poncho rojo, que iba al frente de una de las caravanas acompañado de hombres con improvisados escudos, tomó un megáfono y dijo: “Aquí vamos a permanecer hasta que el señor presidente de la república reinstale el diálogo”, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

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“Si tenemos que dormir aquí, si tenemos que acorralar el palacio de gobierno, lo haremos”, advirtió.

Lasso suspendió el martes las negociaciones que un día antes entablaron representantes del Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), liderada por Leonidas Iza.

El mandatario tomó la decisión tras un ataque de manifestantes contra militares y policías que dejó un agente muerto y otros doce heridos en la Amazonia, en un hecho que el Gobierno atribuyó a sectores indígenas.

“No vamos a negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén”, expresó Lasso.

Iza, quien dijo sentir “temor” ante un posible “atentado” contra su vida, respondió que seguirá en Quito abierto al diálogo. Pidió que las movilizaciones “se hagan en paz”.

En medio de las protestas, iniciadas el 13 de junio, Lasso redujo en 10 centavos de dólar (hasta 5%) el precio de combustibles, que desde el martes cuestan 1,80 dólares el galón (4,5 litros) de diésel y 2,45 dólares el de gasolina corriente.

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La Conaie considera insuficiente esa revisión y mantiene su pedido de que baje a 1,50 el diésel (18%) y a 2,10 la gasolina (21%).

En las manifestaciones de este miércoles en Quito, adonde se movilizaron unas 10.000 personas desde sus comunidades, otro hombre se dirigió a los uniformados que custodian la calle. “Hemos venido a hacer esta marcha pacífica, no venimos a enfrentar a nadie”, les dijo.

Cuando la protesta de la Conaie cumple 17 días, el balance de víctimas da cuenta de seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles, así como unos 150 detenidos.

Ocurrió en el undécimo día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, que se desató por el aumento de los combustibles.

Miles de indígenas intentaron irrumpir en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador en el undécimo día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, pero fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos.

Lasso había resuelto horas antes desalojar la emblemática Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios que desde el 13 de junio estuvo ocupada para una asamblea del movimiento.

Un grupo de manifestantes encabezados, en su mayoría por mujeres, avanzó luego hacia la Asamblea Nacional, ubicada a pocos metros y custodiada por un cordón de militares y policías que los indígenas intentaron sobrepasar.

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De acuerdo con el diario El Comercio, la Policía advirtió con un megáfono que los legisladores no estaban en el lugar y que no se permitiría el ingreso, pero el mensaje no se escuchaba.

Ante la presión, los efectivos reaccionaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras los manifestantes comenzaron a lanzar piedras.

Los manifestantes se replegaron hacia un parque vecino a la Casa de la Cultura, según la agencia AFP.

El líder de las manifestaciones y titular de Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leónidas Iza, escuchó las detonaciones mientras daba una entrevista. “Eso es una mala señal realmente. Habíamos pedido a nuestras bases que simplemente podamos hacer una marcha pacífica”.

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La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó, desde el inicio de las protestas, el 13 de este mes, al menos cuatro muertos, 92 heridos y 94 detenidos.

El reclamo central, en una economía dolarizada y empobrecida, donde los combustibles son subsidiados, el incremento de la gasolina y el diésel encareció los fletes, los indígenas alegan que están cosechando a pérdidas.

18 familias descendientes de indígenas mapuches-tehuelches se oponen a las ayudas ofrecidas por la minera Pan American Silver, propietaria del segundo yacimiento de plata del mundo: Proyecto Navidad, en la Patagonia argentina. La historia revela cómo la empresa intenta ganarse a las comunidades para que la actividad sea aprobada en sus territorios.

Al norte de la provincia de Chubut, casi en el centro de la Patagonia argentina, se encuentra el pueblo Yala Laubat. Lo habitan 18 familias descendientes de los indígenas mapuches y tehuelches, que escaparon de los campos de detención creados durante la Campaña Conquista del Desierto en 1880, nombre que se le puso a la ofensiva militar dirigida por el general Julio Argentino Roca, para extender el territorio del Estado argentino hacia las áreas pobladas por los pueblos originarios del país.

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“Vivimos de la ganadería de ovejas y caprinos (cabras) desde que fuera introducida por el Estado argentino en la zona. Parte de la producción es para la subsistencia de nuestras familias y otra, sobre todo la lana, es vendida afuera. La lana de nuestras ovejas es una de mejor calidad de la Argentina por lo que nos permite vivir de eso”, sostiene a Sputnik Mabel Lienqueo, una de las pobladoras de Yala Laubat, que en la lengua indígena tehuelche significa “junquillo grueso” o “pasto chato”.

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Chubut es una de las principales exportadoras de lana hacia Asia, Europa y Estados Unidos, donde es utilizada para vestimentas de alta moda. Los pobladores de la meseta patagónica, como Yala Laubat, subsisten, en parte, gracias a las ventas de la lana que esquilan de sus ovejas, cada año, según Ana María Troncoso, historiadora y autora del libro Todavía No, dedicado a la meseta norte de Chubut, una región patagónica de vegetación baja y grandes porciones de tierras habitadas por poco más de 7.000 personas.

"Han intentado entrar a la comunidad, que se opone a la minería, con ayudas a la escuela y el hospital. Hasta ofrecieron medallas para los egresados de la escuela con el logo de la empresa minera", relata Isidoro Gómez, de Yala Laubat, en la Patagonia argentina.#ChubutResiste pic.twitter.com/CCJxtDDAyW

— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) January 4, 2022

La familia del joven Peter Reimer, menonita secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), está cumpliendo con las exigencias de los captores para su liberación.

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Una de ellas es repartir víveres a 20 comunidades de varios puntos del país por valor total de USD 500.000 para su liberación. La familia del colono menonita recurrió a amigos para llevar a cabo lo solicitado.

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En ese sentido, este viernes, entregaron víveres a una comunidad indígena del barrio Redención, en Concepción. Esto, genera hasta un conflicto interno entre los miembros de la comunidad, ya que algunos se niegan a recibir los víveres.

La decisión fue tomada por la mayoría, según la lideresa Jacinta Pereira. Agregó que tienen muchas necesidades y que, por ello, esperan más apoyo del Gobierno Central y no este tipo de obsequios.

Por otro lado, hay un sector de la comunidad que quiere recibir los víveres, supuestamente para salvar la vida del menonita Peter Reimer.

Dos colonos menonitas y dos paraguayos fueron secuestrados por el grupo criminal armado el lunes cerca de las 18:00, en la estancia Guyra Campana, ubicada entre las estancias Alegría, La Yeya y Lucipar, respectivamente.

Estas personas se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por los desconocidos que realizaron dos disparos intimidatorios al aire. Horas después, dos paraguayos y uno de los menonitas fueron liberados por los criminales, pero quedó en poder de los captores el joven Peter Reimer.

El fiscal Lorenzo Lezcano indicó que la víctima no tendría bienes de más de G. 50.000.000, por lo que le parece extraña la actitud que han tomado los secuestradores.

En SAN PEDRO

Productores de la colonia menonita Manitoba realizaron ayer entregas de víveres en dos poblados indígenas cercanos a su comunidad. El acto de caridad se dio al día siguiente de la gran marcha desarrollada en el Norte con el objetivo de pedir la paz en la zona y la liberación de los secuestrados, además del fin de este delito.

Tras recibir los kits, los indígenas dijeron que siempre reciben ayuda de parte de ellos y aprovecharon la ocasión para pedir la libertad de los secuestrados. Por su parte, los colonos afirmaron que la entrega no corresponde a ninguna exigencia de nadie, sino que lo hicieron por propia voluntad.

Los kits incluían productos de primera necesidad como carne vacuna, arroz, fideos, yerba, y otros alimentos. Las entregas se realizaron a los integrantes de las comunidades indígenas de Espajín y Ñu Porã. En total fueron beneficiadas 87 familias.

Pedro Reyes, el escultor encargado de la nueva obra, dijo que la escultura se llamará ‘Tlalli’, que significa tierra en lengua náhuatl.

Una escultura dedicada a la mujer indígena sustituirá a la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, informó la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

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“Es justicia social, es reconocimiento de nuestros pueblos, de los pueblos originarios y lo que representan las mujeres. Es el mejor homenaje que podamos hacer a las mujeres de México, a las mujeres indígenas”, dijo Sheinbaum el domingo, durante la inauguración de la segunda etapa del Parque Cantera y justamente cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer Indígena.

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De acuerdo con la funcionaria, que señaló que la inauguración de la nueva obra forma parte de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia Indígena, la estatua de Colón será reubicada en el Parque América, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Colón, pues claro que fue un gran personaje universal y también hay que reconocerlo, pero creemos que en el centro de nuestra ciudad tiene que haber un reconocimiento a la mujer indígena”, enfatizó la alcaldesa.

La estatua de Colón estuvo desde 1877 en el Paso de la Reforma. Fue retirada el 10 de octubre de 2020 del lugar, dos días antes de que manifestantes pretendieran derribarla, en una protesta convocada para el 12 de octubre; aunque, según un comunicado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la estatua iba a ser sometida a diagnóstico “para su eventual restauración”.

En el marco del #DíaInternacionalDeLaMujerIndígena anunciamos que en la glorieta donde se ubicaba la estatua de Colón, se colocará una escultura que reivindica a las mujeres, de cara a los #500AñosDeResistenciaIndígena.#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/4CinthlvDY

— Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 5, 2021

“Es importante lo que representan los pueblos originarios y el apoyo, hoy, a las mujeres indígenas de hoy, pero este reconocimiento de ponerlas en el centro de nuestra ciudad como el centro de nuestra historia, pues es un cambio cultural, también, que todos debemos reconocer”, dijo Sheinbaum en su alocución.

La funcionaria informó que será el escultor, arquitecto y artista visual mexicano Pedro Reyes quien estará a cargo de la nueva obra que sustituirá a Colón en el Paseo de la Reforma.

El escultor Pedro Reyes explicó que se hará una "talla directa en piedra" para el monumento a la mujer indígena olmeca que se pondrá en la Glorieta de Colón. Dice que se continuará una tradición de hace más de 4 mil años. "Es una gran responsabilidad que tomo con gran seriedad". pic.twitter.com/mi7XjpEgIy

— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 5, 2021

El artista, presente en el mismo acto, detalló que la escultura se llamará ‘Tlalli’, que significa tierra en lengua náhuatl; por lo que también está dedicada a la deidad Tlaltecuhtli, que es una “representación de las fauces de la Tierra que todo lo devoran y que todo lo dan, porque todos venimos de la tierra y todos volvemos a ella”.

“Es una gran responsabilidad que yo tomo con gran seriedad y con un profundo sentido de amor por nuestro país”, dijo.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario Andrés Manuel López Obrador y presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, se mostró complacida por la decisión del gobierno de la Ciudad de México y señaló que la llamada “glorieta de Colón”, con este cambio de estatua, también dejará de llamarse así.

“Este 2021, tan simbólico por las efemérides que se están recordando (como los 500 años de la Resistencia Indígena), es también una invitación a reflexionar: insisto, descolonicemos la historia”, manifestó Gutiérrez.

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Al respecto, explicó que el término ‘descubrir América’, al que se vincula a Colón como el descubridor, “es afirmar que tal tierra estaba escondida, cubierta, oculta. Quien la halla, en la lógica colonizadora, la hace vivir”.

Resaltó que América no estaba escondida. “El continente americano existía, tenía vida propia y en ella florecían muchas civilizaciones con grandes conocimientos en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la cultura y las artes. De hecho, Cristóbal Colón no la ‘descubrió’ no solo porque hay documentados rastros previos de exploradores europeos (la leyenda del “piloto anónimo” es bastante conocida) y asiáticos sino porque, para desgracia suya, murió sin saber que en su colosal travesía transatlántica se había topado con un nuevo continente. No se puede ‘descubrir’ algo que no se sabe que se ‘halla'”, enfatizó.

Catalogando el momento y la resolución como “el más importante del siglo”, unos 6.000 indígenas de 173 pueblos originarios acampan desde anoche en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, ante la inminencia de un fallo de la corte suprema que es considerado clave para el futuro de las tierras ancestrales.

La manifestación es de las más importantes de los pueblos originarios, según informó la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).

El Supremo Tribunal Federal (STF), la instancia máxima de la Justicia, debe iniciar en el día de hoy la votación sobre el “marco temporal”, un pedido para reivindicar la demarcación de tierras ocupadas antes de la Constitución de 1988.

La agenda de reducir el espacio temporal para reivindicar tierras ancestrales es una de las banderas del presidente Jair Bolsonaro, que, en cambio, promueve una ley para legalizar la minería y los agronegocios dentro de las mismas. 

La corte debe resolver un fallo de un tribunal de apelaciones sobre un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang.

De materializarse la ley propuesta por el ejecutivo brasilero, estos pueblos verían reducido significativamente su territorio. Los indígenas consideran que tomar 1988 como referencia para catalogar un terreno como ancestral o no, es “injusto” debido a que durante la última dictadura militar fueron expulsados de la mayoría de sus hogares.

Vale recordar que Brasil incluyó en 1988 la legalización de tierras indígenas en su Constitución tras el fin de la dictadura militar en 1985.

Desde que Bolsonaro llegó al poder, en 2019, los indígenas multiplicaron sus denuncias sobre invasiones a sus tierras, violencia y otras agresiones a sus derechos.

El líder ultrareaccionario se ha mostrado en varias ocasiones admirador de la dictadura que tanto daño hizo a los pueblos indígenas, en tanto, buena parte de su aporte de campaña estuvo solventado por empresas madereras y cárnicas.

El plomo en sangre se relaciona a las extracciones y derrames de petróleo. Según los investigadores, el metal tóxico puede llegarles “a través de la dieta en las zonas donde hay más contaminación ambiental, ya que la población caza y pesca para alimentarse”.

Un equipo internacional de científicos ha encontrado altos niveles de plomo en la sangre de poblaciones indígenas de la Amazonía peruana. La concentraciones de este metal tóxico son más elevadas en las comunidades que viven cerca de áreas de extracción de petróleo y en las que se llevan a cabo labores de limpieza después de derrames de crudo.

La investigación, que contó con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Instituto Nacional de Salud de Perú, fue publicada este lunes en la revista Environment International.

El estudio se realizó entre mayo y junio de 2016 e incluyó a 1.047 personas, de las cuales 309 (31 %) eran niños menores de 12 años. Todos los participantes analizados habitan cuatro cuencas hidrográficas de la Amazonía del Perú, una remota zona no industrializada.

Como parte de la investigación, los científicos condujeron entrevistas presenciales para recoger datos sobre los factores de riesgo y el estilo de vida de los participantes y les tomaron análisis de sangre. 

Además, los investigadores tuvieron en cuenta la distancia existente entre las residencias de la poblaciones analizadas y las instalaciones petrolíferas. El mayor nivel de metal en sangre se encontró entre aquellos que vivían en la cuenca del río Corrientes, donde se concentra la mayoría de las actividades de extracción de crudo de la zona. También se detectó plomo en la sangre de quienes residían a menos de una hora a pie de una instalación petrolera. 

Cristina O’Callaghan-Gordo, una de las autores de la investigación, explicó que la principal hipótesis del equipo “es que el metal puede llegarles a través de la dieta en las zonas donde hay más contaminación ambiental, ya que la población caza y pesca para alimentarse”, agregando que estudios previos han demostrado la presencia de plomo en los animales de esa zona.

Asimismo, en los lugares con menos contaminación ambiental, “la vía más probable es por exposición ocupacional”, es decir, estar en contacto directo con el petróleo al participar en tareas de limpieza después de producirse derrames de crudo, señaló O’Callaghan-Gordo.

La experta advirtió que cualquier cantidad de plomo en la sangre implica consecuencias para la salud, entre ellas, problemas neurológicos y de neurodesarrollo en niños.

La pequeña sufría malaria, neumonía, lombrices y desnutrición. La foto, que su propia comunidad cree necesario que se conozca, evidencia el terrible abandono de los indígenas de la Amazonia brasilera.

Una hamaca oscura envuelve el pequeño cuerpo de una niña yanomami (etnia indígena de la Amazonia) tan delgada que su piel se amolda a sus costillas. La fotografía de esta menor de ocho años que solo pesa 12,5 kilos (el peso mínimo normal para su edad es de 20 kilos), tomada en la aldea de Maimasi, en el Estado de Roraima, en la región norte de Brasil, pone al descubierto un problema crónico de mala atención sanitaria al que se enfrentan los indígenas en el corazón de la Amazonia.

La niña padecía malaria, neumonía, lombrices y desnutrición en una región donde no hay visitas regulares de los equipos sanitarios y que está a 11 horas a pie del centro de salud más cercano. Su imagen fue captada el 23 de abril, días antes de ser trasladada por avión a un hospital de la capital, Boa Vista, donde se ha recuperado de la malaria, pero sigue siendo tratada de otras enfermedades. Su imagen se ha convertido en un símbolo del abandono histórico de Brasil hacia el pueblo yanomami, que lucha por sobrevivir en medio de varias crisis: la escalada de violencia de los mineros ilegales, los impactos ambientales que llevan el hambre a algunas regiones y la fragilidad en el acceso a la atención sanitaria.

El líder indígena Darío Kopenawa, quien autorizó la publicación de la fotografía en este reportajey, explicó que “en la cultura yanomami no podemos mostrar la imagen de un niño, frágil, enfermo. Pero es muy importante [hacerlo] por la crisis que estamos atravesando”. Para esta etnia, la imagen de la persona es una parte importante de su vida y difundirla en una situación de enfermedad puede debilitarla aún más. Incluso cuando mueres, debes quemar todos los recuerdos de los difuntos para preservar su espíritu en el mundo de los muertos, pero la comunidad decidió publicar la fotografía mientras la niña intenta recuperarse para denunciar ante los napëpë ―como llaman a los no indígenas ― su sufrimiento ante la grave crisis sanitaria que les amenaza.

“Esta foto es una respuesta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas”, resume Kopenawa. A medida que la malaria y la covid-19 avanzan en las aldeas, los dirigentes informan de que los equipos sanitarios se han reducido con profesionales de baja por la pandemia y otras enfermedades. Además, los centros de salud se han cerrado temporalmente y faltan helicópteros para transportar a los pacientes en las zonas de difícil acceso. “Llevamos mucho tiempo sufriendo, sin una buena estructura, sin todos los profesionales completos que nos den asistencia. Con la pandemia, la situación empeoró”, afirma Konepawa.

El problema afecta especialmente a las comunidades más aisladas, que dependen de las visitas esporádicas de los equipos. Júnior Yanomami, miembro del Consejo Distrital de Salud Indígena (Condisi), órgano responsable del control social de las acciones del Gobierno, añade: “Hay lugares que siguen sin recibir la vacuna contra la covid-19 porque no tienen profesionales. Son comunidades que están lejos de los centros, no hay forma de llegar a ellas”. En Brasil, los grupos indígenas se encuentran en la cola de vacunación.

“La salud de los yanomami está abandonada. Falta de todo”, continúa explicando el líder indígena. Según él, la aldea de Maimasi, que vive un brote de malaria y donde varios niños sufren desnutrición y verminosis, no había recibido la visita de los equipos sanitarios desde hacía seis meses, cuando los profesionales atendieron a la niña de la fotografía (difundida por un misionero católico y publicada por la Folha de São Paulo), a finales de abril. El equipo no tenía suficientes medicamentos para todos los que los necesitaban, cuenta el indígena.

La Secretaría de Salud Indígena (Sesai), responsable de la atención a los pueblos originarios, da una versión diferente: dice que la atención se produjo el 19 de marzo, “pero la familia no autorizó el traslado a un centro sanitario”. También garantiza disponer de reservas suficientes de medicamentos y de profesionales sanitarios contratados, pero no aclara la frecuencia de las visitas a la aldea. La Sesai tampoco informó a EL PAÍS de la incidencia de la malaria, la desnutrición y la mortalidad infantil para dar la dimensión del crecimiento de las enfermedades en la región.

Estos problemas de salud no están extendidos por todo el territorio yanomami ―tan grande como la superficie de un país como Portugal―, pero están presentes en varias comunidades. Un estudio realizado por investigadores de Fiocruz en dos zonas del territorio, Auaris y Maturaká, y divulgado el año pasado da pistas sobre la magnitud del problema: el 80% de los niños de hasta cinco años sufría desnutrición crónica y el 50%, desnutrición aguda en estas localidades.

La situación está relacionada con la escasez de agua potable y la falta de control nutricional y de atención prenatal durante el embarazo. También se debe a los frecuentes casos de verminosis, malaria y diarrea en las comunidades. “Desde 2019 informo de las necesidades y pedimos ayuda al Gobierno”, explica Júnior Yanomami. “Ahora está peor. La desnutrición ha aumentado mucho. Donde hay minería ilegal, existe el problema del hambre. Y en la pandemia las invasiones aumentaron. ¿Cómo explicar el hambre de los yanomami? Ellos [los mineros] ensucian los ríos, destruyen el bosque, acaban con los animales para caza. Nos alimentamos de la naturaleza”, explica el indígena.

Los habitantes de Maimasi son descendientes de uno de los grupos más afectados por la apertura de la carretera Perimetral Norte (BR-210) en los años setenta, durante la dictadura militar. En esa época, una parte importante del grupo murió ante los brotes de sarampión y otras enfermedades transmitidas por los trabajadores de la construcción. Llevan años reclamando un centro de salud, pero por ahora siguen dependiendo de las visitas esporádicas del equipo sanitario a la comunidad.

La situación, que ya era difícil, empeoró especialmente desde el año pasado. Las visitas han disminuido mientras que las actividades de los mineros ilegales han aumentado, incrementando la posibilidad de enfermedades contagiosas y la violencia. Y los casos de malaria, a los que se enfrentan los indígenas desde hace décadas y que la Sesai considera “endémicos”, siguen aumentando. Según Júnior Yanomami, solo este año se han identificado unos 10.000 casos, lo que corresponde a algo más de un tercio de toda la población yanomami, que es de unas 29.000 personas. “La niña de la foto expresa probablemente esta suma de tragedias”, afirma la Red Pro-Yanomami y Ye’kwana en un comunicado.

Los diversos problemas sanitarios, medioambientales y sociales a los que se enfrentan las comunidades no están disociados. La deforestación en la Amazonia en abril pasado fue la más alta de los últimos seis años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La deforestación ha crecido año tras año, y el desequilibrio medioambiental interfiere en la dieta de los pueblos del bosque, que se alimentan de lo que cosechan, pescan y cazan.

En varias zonas, la presencia de mineros y madereros ilegales también provoca la contaminación de los ríos con mercurio, lo que contribuye a la desnutrición, la deshidratación y la diarrea. Ante la disminución de los recursos en la selva y el hambre que se avecina, algunos indígenas acaban trabajando con los no indígenas y adhiriéndose a una dieta industrializada y menos nutritiva. “No se puede generalizar que los niños mueran de desnutrición, de hambre”, dice Kopenawa. “Existe este problema cuando hay presencia de mineros ilegales. Donde no los hay, los niños están sanos, comen bien y se ocupan de sus actividades. Lo que falta es la atención sanitaria”, argumenta. “La vida del pueblo yanomami está en peligro. Nuestro territorio es vulnerable con tantos problemas al mismo tiempo”.

A la crisis sanitaria y medioambiental se suma la escalada de violencia en algunas regiones. Es el caso de la comunidad indígena Palimiu, en Roraima. Desde hace una semana, el pueblo se enfrenta a los ataques de los mineros ilegales, con disparos, bombas y gases lacrimógenos contra los indígenas. El martes pasado, los mineros ilegales intercambiaron disparos con la Policía Federal durante una visita para investigar las denuncias de ataques al pueblo. Júnior Yanomami, que estaba en la comunidad en ese momento, aseguró que el hecho fue insólito. “Nunca había visto tantos disparos. Solo en las películas. Eran muchos [los mineros ilegales] y tenían armas pesadas”, dijo.

El año pasado, los indígenas crearon una barrera sanitaria para impedir el paso de los mineros ilegales e intentar frenar la propagación del coronavirus. Pero el río Uraricoera, donde se encuentra la barrera, es una de las principales vías de la actividad. El 24 de abril, los yanomami impidieron el paso a un grupo. Intentaron negociar para que no volvieran. La respuesta, según Júnior Yanomami, llegó media hora después, con disparos en dirección a la comunidad. Los indígenas se defendieron con flechas y disparos de fusil.

Los diversos conflictos de la última semana, según los indígenas, han dejado tres mineros y un yanomami heridos. Dos niños se ahogaron al huir de los disparos, según los dirigentes. El último ataque que reportan fue el domingo. “Es algo muy serio. Todo el mundo allí tiene mucho miedo. Yo también me quedé”, explica Júnior Yanomami. “Hay yanomamis en peligro. Me temo que va a haber una masacre en cualquier momento. El Gobierno Federal tiene que moverse”, clama.

Las entidades indígenas ven la posición del presidente Jair Bolsonaro, que ya ha hecho declaraciones contra la demarcación de las tierras indígenas yanomami y suele defender la regularización de la minería en los territorios, como un estímulo a los conflictos. El miércoles pasado, el ejército llegó a desplegar soldados en la comunidad, pero los retiró horas después. La 1ª Brigada de Boa Vista no respondió al reportaje si volverá a enviar a los soldados y qué motivó su retirada.

Mientras tanto, los indígenas siguen en estado de alerta y miedo, dicen los dirigentes. Hasta que la situación cambie, también estarán sin los servicios sanitarios, ya que la Sesai retiró a los profesionales debido a la gravedad de la situación. “La unidad de servicio será reabierta tan pronto como sea posible operar con seguridad”, dijo la secretaría, agregando que la atención de emergencia se realizará puntualmente en el distrito de salud indígena que está fuera del territorio. Por su parte, la Fundación Nacional del Indio no respondió a este diario. “El ambiente es de miedo. Mucho miedo”, asevera Júnior Yanomami. “Ahora solo están ellos. Sin Policía Federal, sin Ejército, sin Sanidad. Están solos para defender su comunidad”, concluyó.

La convocatoria surgió en un encuentro de dirigentes de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Educador (Conaie), y por Argentina la central sindical CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado y el Movimiento Quebracho.

“Firmamos convocatoria para encuentro internacional de pueblos indígenas y organizaciones sociales en Cochabamba”, dijo Morales

Organizaciones indígenas y sindicales de Argentina, Bolivia y Ecuador acordaron este jueves realizar en diciembre una reunión continental para crear una organización “antiimperialista” latinoamericana de pueblos originarios y movimientos sociales, informó el expresidente Evo Morales

“Firmamos convocatoria para encuentro internacional de pueblos indígenas y organizaciones sociales en Cochabamba (centro boliviano), del 17 al 19 de diciembre, que analizará estrategias para construcción de América Latina Plurinacional”, anunció Morales en su cuenta de Twitter.

Mi gratitud con los compañeros de ATE, #Argentina por siempre darnos aliento y fuerza.¡Muchas gracias hermanas y hermanos! pic.twitter.com/YJIZq2iUq2

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2020

La convocatoria surgió en un encuentro de dirigentes de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Educador (Conaie), y por Argentina la central sindical CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado y el Movimiento Quebracho, informó Sputnik,

El encuentro dirigido por Morales en la localidad de Lauca Ñ, en la región productora de coca de Chapare, cerró las actividades que enmarcaron el retorno a Bolivia del exmandatario tras un año de exilio.

“Para el imperio norteamericano, los sindicatos no deberíamos hacer política, pero aquí estamos no solo para hacer reivindicaciones sociales”, dijo Morales al presentar la convocatoria al encuentro continental, reportó la radio sindical Kawsachun Coca.

La convocatoria planteó la transformación de América en un continente plurinacional, como “reconocimiento de la diversidad de pueblos y culturas”, y el fortalecimiento o relanzamiento de grupos de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

La advertencia la realizó el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) boliviano, entidad que precisó que la situación más preocupante es la de las comunidades cercanas a las regiones de Santa Cruz y Beni.

Las comunidades indígenas de la Amazonía boliviana enfrentan un serio riesgo de “etnocidio” ante la pandemia de coronavirus, principalmente las comunidades cercanas a las regiones de Santa Cruz y Beni, las más golpeadas por la enfermedad, alertó hoy el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) boliviano.

“Estamos a muy poco de presenciar una catástrofe”, aseguró el director del Cejis, Miguel Vargas, quien detalló que 46 de los 58 territorios indígenas, “se encuentran cercanos o sobrepuestos” a municipios en los que se detectaron contagios de coronavirus.

Los casos más críticos están en Lomerío y Urubichá, en Santa Cruz; la etnia Yuqui en la región tropical de Cochabamba; y los guaraníes de Macharetí en Chuquisaca, explicó Vargas en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

El especialista mencionó que se sabe que hasta el martes pasado hubo seis fallecidos en Lomerío, cuatro infectados confirmados en la etnia Yuqui y uno en Urubichá, y, pese a que no hay casos en Macharetí, se conoce que en una planta petrolera cercana 17 trabajadores de la estatal YPFB contrajeron el virus.

El caso más preocupante es el de Lomerío, donde “una cantidad considerable de personas” presentó síntomas compatibles con corononavirus desde que el viernes pasado se confirmó el primer caso.

Por otro lado, pueblos como el Yuqui, de “no más de 370 personas”, están en “riesgo de etnocidio” en caso de no recibir atención y si no se contiene la dispersión de casos.

Sin embargo, la información no es precisa dado que el gobierno interino “ha obviado incluir la variable de autoidentificación étnica” en la ficha epidemiológica de los pacientes, consignó la organización.

Organizaciones de la sociedad exigen al gobierno atención sanitaria inmediata para los pueblos indígenas ante el COVID-19 | .: Cejis :. https://t.co/01Cp44OMVU

— Antonia Urrejola (@totonia68) June 2, 2020

Para el director del CEJIS, una de las principales causas por las que los miembros de las comunidades indígenas se contagiaron es que se vieron obligados a salir de su territorio para cobrar los bonos sociales entregados por el gobierno, que inicialmente iban a ser entregados por el Ejército.

“La situación es compleja y dramática, porque lamentablemente hace poco más de 70 días de la cuarentena en todas sus fases y el gobierno no ha podido responder a la necesidad y las demandas de atención de las organizaciones indígenas territoriales”, remarcó.

Agregó que, en muchos de los territorios indígenas, “no existe el sistema de salud” y mucho menos posibilidad de acceder a pruebas para detectar el coronavirus.

En su opinión, el gobierno de Jeanine Áñez, “no ha considerado” las recomendaciones que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho ya en abril sobre el estado de vulnerabilidad de estas poblaciones ante la pandemia.

Si bien, gran parte de la población boliviana es indígena y mestiza, existen también pequeñas etnias dispersas en regiones las subtropicales y amazónicas del país.

La Constitución boliviana reconoce al menos 36 pueblos o naciones indígenas, muchas de ellas con poblaciones reducidas y lenguas propias.

Las autoridades interinas del país, surgidas tras el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales, han reportado 11.638 infectados y 400 muertos por Covid-19.

Desde esta semana, rige una cuarentena flexible en algunas partes del territorio, mientras que otras, las más afectadas por el nuevo coronavirus, mantienen unas reglas de confinamiento más estrictas.

49.750 familias indígenas en Brasil sufrieron actos de violencia relacionados con conflictos de tierra durante el año pasado.

La Amazonia pierde a otro de sus guardianes. Ari Uru-Eu-Wau-Wau, de 33 años, participaba en la patrulla de vigilancia ambiental de su tierra indígena contra la ocupación ilegal de tierra y la deforestación para la extracción clandestina de madera. Su cuerpo apareció sin vida el 18 de abril, víspera del día del Indio en Brasil, en la cuneta de un camino de tierra que lleva para la aldea 621 Jaikara, municipio de Jaru, estado de Rondonia en la región amazónica del norte de Brasil. Su moto también fue encontrada al otro lado del camino.

Ari falleció como resultado de una hemorragia aguda provocada por un impacto en la nuca con un objeto contundente, según apuntó el médico responsable de las pericias médicas. La policía federal levantó en un primer momento la hipótesis de un accidente aunque incluyó posteriormente la posibilidad de homicidio. “No aceptaremos que este caso se trate como accidente de tráfico u homicidio simple sin una investigación seria que considere todo el contexto de invasiones y de amenazas que este pueblo está sofriendo. Hace tiempo que los Uru-Eu-Wau-Wau y sus aliados vienen denunciando la invasión y los asentamientos de no-indígenas dentro de este área, y al mismo tiempo, denunciando las amenazas de muertes recibidas”, expone en un comunicado de la Asociación de Guerreras Indígenas de Rondônia (AGIR).

El joven indígena, que tenía dos hijos de 10 y 14 años, era profesor y agente ambiental en las aldeas indígenas. Tras cumplir con los rituales funerarios, su comunidad enterró el cuerpo conforme a la práctica Uru-Eu-Wau-Wau: sepultado en la arena bajo la hamaca donde solía dormir, en posición sentada y con un penacho de plumas en el pecho en señal de protección. “Queremos que haya una investigación bien profunda y atrapen al responsable de la muerte. Hace cinco años murió otro Uru-Eu-Wau-Wau. Se encontró su cuerpo en el río y nunca tuvimos respuesta de lo que sucedió”, defiende su hermano Tangãe Uru-Eu-Wau-Wau al medio Amazonia Real.

Los Uru-Eu-Wau-Wau tienen una población de 123 integrantes que comparten su territorio con las etnias Amondawa y Oro Win, así como con otros tres pueblos originarios que permanecen completamente aislados, sin contacto con la sociedad mayoritaria pero profundamente amenazados por las incursiones ilegales de los clandestinos.

Ari era primo de Awapu Uru-Eu-Wau-Wau, uno de los más reconocidos líderes de esta etnia que viene registrando diversas amenazas de muerte por el hecho de proteger su territorio contra las invasiones de quienes pretenden extraer ilegalmente recursos naturales. La Tierra Indígena de los Uru-Eu-Wau-Wau es un área natural protegida con una extensión de 1,8 millones de hectáreas. De acuerdo con la ONG WWF-Brasil, este es uno de los últimos grandes remanentes de selva en el estado de Rondonia, motivo por el que está siendo codiciado por un “numero ascendente de invasiones, entre las que destacan la ocupación clandestina de terrenos para apropiación ilegal debido a las medidas de debilitamiento de la vigilancia y la punición por crímenes ambientales”.

Amnistía Internacional realizó una investigación sobre el aumento de asentamientos ilegales para apoderarse de parcelas de la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau y destinarlos a agropecuaria, así como los consecuentes encuentros violentos y amenazas para los líderes que pretenden proteger la selva. Los resultados fueron presentados en forma de denuncia al Ministerio de Justicia que no reaccionó. Asimismo, WWF-Brasil también interpuso otra denuncia tras descubrir una nueva parcela del área indígena devastada por la explotación clandestina de recursos naturales. “No es por falta de información que el Ministerio de Justicia no actúa”, alerta WWF.

“La violencia contra los pueblos indígenas solo aumenta y este crecimiento tiene relación directa con la política genocida del Gobierno de Bolsonaro”

Las comunidades Uru-Eu-Wau-Wau denuncian desde hace décadas las amenazas de muerte a los guardianes de sus tierras y a los líderes de sus comunidades. Además, llaman la atención para la falta de apoyo de los órganos públicos de control ambiental, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), y de políticas indigenistas como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que pasaron a estar más ausentes desde el año pasado. “Exigimos que las autoridades brasileñas tomen todas las medidas necesarias para investigar la muerte de Ari Uru-Eu-Wau-Wau y para garantizar el derecho de su familia y de su pueblo a la verdad y a la justicia. Es necesario que se esclarezca urgentemente si su muerte está relacionada con la serie de invasiones que su tierra está sufriendo”, expresó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

Los pueblos indígenas, que se han blindado contra cualquier entrada y salida de miembros de sus comunidades para evitar contagios por el coronavirus, denuncian desde el comienzo de la pandemia el riesgo al que están expuestos frente a la entrada clandestina de extractores de recursos en sus tierras. “La violencia contra los pueblos indígenas solo aumenta y este crecimiento tiene relación directa con la política genocida del gobierno de Bolsonaro”, declara la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en una nota en la que, además, recuerda la reciente muerte del profesor y líder indígena Zezico Guajajara asesinado este 31 de marzo. Zezico, que protegía su territorio con el grupo de Guardianes de la Naturaleza de la etnia Guajajara, situada en el estado de Maranhão, es el quinto guardián Guajajara asesinado en los últimos cuatro meses.

“No estamos apenas expuestos al coronavirus. Es imposible proteger las comunidades solo con el aislamiento social, puesto que las invasiones de madereros, buscadores de oro y ocupantes ilegales de tierras continúan violando nuestros derechos, destruyendo nuestra naturaleza y potencializando el contagio de la covid-19”, expone la APIB. Con motivo de la campaña Abril Rojo, un mes destinado a visibilizar la violación de derechos indígenas, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publicó los datos de violencia relativos a 2019, donde informa de que 49.750 familias indígenas en Brasil sufrieron actos de violencia relacionados con conflictos de tierra durante el año pasado. La CPT también alerta para la mayor cifra de asesinatos de líderes indígenas en 11 años: nueve fallecidos y 39 amenazas de muerte. “Todos los días, personas en Brasil arriesgan sus vidas para proteger la selva Amazónica”, declara Human Rights Watch (HRW) en un estudio lanzado en septiembre y titulado Mafias del Ipê: cómo la violencia y la impunidad impulsan la deforestación en la Amazonia brasileña.

Según explica WWF-Brasil, “esta situación se debe a la política del gobierno de Bolsonaro que, además de haber editado la medida provisional MP910 que amnistía el robo de tierras públicas ocurrido en los dos últimos años, está también amenazando con revisar los límites de las tierras indígenas ya demarcadas, como la Tierra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, dando una clara luz verde al crimen organizado que actúa en la selva”. La ONG además subraya que “al no investigar, al no responsabilizar y no punir, el Gobierno se vuelve cómplice de estas muertes”.

La FUNAI y el IBAMA, los principales órganos públicos de políticas ambientales e indigenistas fueron excluidos la semana pasada del Consejo de la Amazonia, un órgano que tiene como objetivo asesorar al presidente en la formulación de políticas públicas para la región amazónica brasileña. El vice-presidente Hamilton Mourão anunció la semana pasada la nueva estructura compuesta exclusivamente por militares y delegados de la Policía, después de que Bolsonaro decretase en febrero la transferencia de este Consejo, que desde su creación estaba sobre tutela del Ministerio de Medio Ambiente y pasó ahora a estar dirigido por la vice-presidencia del gobierno. Bolsonaro –quien se muestra opuesto a las políticas de preservación ambiental y respeto a los derechos indígenas– excluye también a los gobernadores de los estados que componen la Amazonia y no incluye ningún portavoz de los pueblos rurales e indígenas, ni de especialistas ambientalistas o indigenistas.

“Si la situación no cambia drásticamente en poco tiempo, se confirmarán las críticas de que (el Consejo Amazonia) es una mera cortina de humo para encubrir la continuidad de destrucción de la región”

El gobierno también creó una misión llamada Fuerza Nacional Ambiental compuesta por policías, militares y bomberos, pero sin actuación visible hasta el momento. No obstante, quien sí reaccionó ante las recientes denuncias de los riesgos por las invasiones ilegales en áreas indígenas fue el IBAMA, que llevó a cabo una redada de expulsión de madereros ilegales a principios de abril. No obstante, la misión recibió una ofensiva indirecta del gobierno que dimitió el 14 de abril a su director de Protección Ambiental del IBAMA, Olivaldi Azevedo. “Si la situación no cambia drásticamente en poco tiempo, se confirmarán las críticas de que (el Consejo Amazonia) es una mera cortina de humo para encubrir la continuidad de destrucción de la región”, declara WWF-Brasil.

“Es una obligación del Estado brasileño y de sus representantes proteger los pueblos indígenas de Brasil. No obstante, estamos viendo una serie de desmontes y violencias. Entre los derechos intensamente violados desde 2019 están el derecho a la vida, a la seguridad, a la tierra y al territorio”, declara Amnistía Internacional. En la misma nota la organización de derechos humanos anuncia: “Exigimos que las autoridades tomen inmediatamente medidas concretas. Además, en tiempos de pandemia es necesario fortalecer los órganos federales responsables por la protección y la salud de los pueblos indígenas, así como proteger sus tierras para evitar que invasores lleven el virus a estas poblaciones”.