Una tapa mal ajustada le costará a Starbucks 50 millones de dólares, cantidad que deberá desembolsar en concepto de daños y perjuicios a un repartidor que sufrió quemaduras "catastróficas" al caerle encima té caliente cuando recibía tres bebidas calientes de la ventanilla de autoservicio en Los Ángeles.

Así lo dictaminó este viernes un jurado del condado de Los Ángeles, si bien una portavoz de la empresa ya tachó el monto de "excesivo" y anunció que apelarían el veredicto.

El incidente tuvo lugar en 2020, cuando Michael García estaba recogiendo su pedido de tres bebidas calientes —una especialidad del menú que consiste en una mezcla de dos tés y limonada caliente— de la ventanilla 'drive-thru', detalla Courthouse News Service. Uno de los vasos tenía la tapa mal ajustada y la bebida se derramó apenas dos segundos después de que García la llevará al coche.

🇺🇸 | Starbucks deberá pagar 50 millones de dólares a un hombre en California tras quemaduras con té caliente que le causaron la pérdida de función sexual. pic.twitter.com/1dXEllCmFf

El resultado fue trágico: más allá de las bebidas para llevar, el repartidor sufrió "quemaduras graves, desfiguración y debilitante daño nervioso en sus genitales". El miembro viril de García quedó descolorido, encogido y desfigurado de por vida. Ahora es incapaz de tener una erección completa y sostenida, y cualquier fricción le causa dolor.

El cofundador del bufete de abogados que lleva el caso de García, Nick Rowley, explicó que la evidencia clave durante el proceso judicial fue el video de la cámara de vigilancia que documentó el momento del incidente desde el interior de 

En la grabación se veía claramente como la empleada que estaba atendiendo el pedido de García aseguró solamente dos tapas, pero no la tercera, lo que derivó en su repentino derrame poco después. "El video mostró que Michael no hizo nada mal", subrayó Rowley, agregando que las quemaduras de su cliente se debieron específicamente a la tapa mal puesta.

Un episodio de violencia sacudió a la ciudad de San Pedro este lunes por la mañana, cuando un hombre de 33 años fue encontrado muerto en su casa tras un incendio que, según las primeras pericias, fue provocado durante un robo.

El hecho se registró en la calle Emilio Frers 320, donde vivía la víctima, identificada como Aquiles Castañarez Mateos, un licenciado en Recursos Humanos que trabajaba en una empresa local de mermeladas.

Una llamada al 911 alertó a los bomberos sobre el incendio, pero al llegar al lugar encontraron que el fuego había sido parcialmente apagado y, dentro del lugar, hallaron el cuerpo de Castañarez Mateos.

El cuerpo del hombre fue encontrado en una posición particular: recostado sobre una mesa, envuelto en un colchón. (Foto: La Noticia 1)

La fiscal María Del Valle Viviani, bajo la supervisión de la fiscal general de San Nicolás, Sandra Bicetti, investiga el caso como un homicidio en ocasión de robo.

Horas después del hallazgo, la Policía Bonaerense encontró el Toyota Etios blanco de la víctima incendiado en la calle Belgrano al 2200, a ocho cuadras de la escena del crimen. Los investigadores analizan si el incendio en la casa y en el auto fueron provocados con la intención de eliminar pruebas.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a La Opinión de San Pedro que el cuerpo del hombre estaba en una posición particular: recostado sobre una mesa, envuelto en un colchón y con signos de haber sido atacado y de haberse defendido. Además, el fuego en la casa se concentró en la zona donde estaba la víctima.

Los investigadores analizan si el incendio en la casa y en el auto fueron provocados con la intención de eliminar pruebas. (Foto: La Opinión de San Pedro)

Según los primeros testimonios, Castañarez Mateos había cobrado recientemente una indemnización. Las pericias buscan analizar si este factor pudo haber influido en el móvil del ataque.

Peritos de la Policía Científica trabajan tanto en el lugar del delito como en el auto incendiado en busca de pruebas. La autopsia, que se realizará en San Nicolás, será clave para determinar la causa exacta de la muerte.

Asimismo, los investigadores rastrean cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores que, según la primera reconstrucción del hecho, escaparon en el auto de la víctima y lo abandonaron tras prenderlo fuego.

Los agresores escaparon en el auto de la víctima y lo abandonaron tras prenderle fuego. (Foto: La Noticia 1)

Castañarez Mateos era hijo de una docente local y de un ex policía condenado en 2012 por la muerte de un joven en 2005. Había estudiado en Rosario y recientemente había decidido regresar a San Pedro.

Un caso de abuso sexual en San Francisco, Córdoba, que tuvo lugar en septiembre de 2020, concluyó este jueves con una sentencia que ordenó una indemnización de $65 millones para las víctimas y su madre.

El juez Carlos Viramonte, del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación, determinó que el agresor, quien contaba con 13 años en el momento de los hechos, y sus padres, serían responsables civiles de esta reparación por los daños causados.

El juez Viramonte destacó que la sentencia consideró especialmente los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. La resolución se abordó con una perspectiva de género y un enfoque en los derechos de la niñez.

El abuso ocurrió cuando las niñas tenían tres y seis años. A pesar de que el agresor fue declarado inimputable penalmente debido a su edad, la legislación establece que los menores son responsables a partir de los 10 años, lo que permitió atribuirle responsabilidad civil.

La sentencia desglosó la indemnización en $3.750.000 y $2.100.000 para cada una de las niñas, además de $2.900.000 para la madre. Los intereses acumulados llevaron el total a $65.120.285.

Viramonte fundamentó su decisión en el impacto profundo y duradero que el abuso tuvo en las víctimas. En su fallo, subrayó que la conducta del agresor fue "ilícita y dolosa", ya que actuó intencionalmente para menoscabar la integridad sexual de las niñas, lo que generó sufrimiento, vergüenza, miedo y aflicción.

Las pericias psicológicas y los informes presentados durante el juicio evidenciaron cambios significativos en la conducta de las niñas, quienes enfrentaron problemas cognitivos, dificultades para socializar, angustia e inseguridad.

El magistrado enfatizó que las consecuencias del abuso no solo afectaron su presente, sino también comprometieron su futuro. Las víctimas presentaron "deficiencias psíquicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo", lo que limita su capacidad de integración en la sociedad y en ámbitos familiares, sociales y educativos. Estas secuelas, según el juez, frustran el desarrollo de un proyecto de vida integral.

"Antes del hecho, las niñas tenían una vida normal, y el hecho realmente ha cambiado perjudicialmente su vida. A ello se suma el haber tenido que transitar por dos procesos judiciales, pericias psicológicas y médicas, y declaraciones prestadas en Cámara Gesell ante personas desconocidas que realizaban un escrutinio profesional del hecho", remarcó Viramonte.

La prueba presentada evidenció que las secuelas que sufren las niñas configuran una alteración funcional psíquica con una entidad significativamente superior en gravedad e intensidad a la normal, lo que implica desventajas graves para su integración familiar, social y educacional.

Además, la resolución reconoció el derecho de la madre de las niñas a recibir una indemnización por daño moral. Según el juez, el sufrimiento de la madre está directamente relacionado con las discapacidades generadas en sus hijas a raíz del abuso.

Este reconocimiento se basó en el impacto emocional y psicológico que el hecho tuvo en su vida, así como en las dificultades adicionales que enfrenta al cuidar y apoyar a sus hijas en este contexto, conforme al artículo 1741 del Código Civil y Comercial.

El abogado especialista en Derecho de Daño, Leonardo Marcellino, explicó en diálogo con Cadena 3 que el proceso civil se inició a principios de 2023 y culminó con la sentencia a finales de 2024, destacando la rapidez del trámite.

"En menos de un año se consiguió dictar una resolución final en primera instancia". El juez consideró que el menor, al tener más de 10 años, poseía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, lo que lo hace responsable civilmente.

Marcellino aclaró que, aunque el Código Penal no castiga a menores de 16 años, el Código Civil establece que aquellos con más de 10 años pueden ser considerados responsables.

"La cuestión civil no apunta a castigar al menor, sino a reparar a las víctimas", señaló el abogado, haciendo énfasis en la diferencia entre las dos jurisdicciones.

El monto de la indemnización, aunque considerable, se limita a lo solicitado por la madre de las víctimas. Según el juez, "en caso de haber solicitado más, quizás hubiera obtenido una condena de mayor cuantía". Esto resalta la importancia del principio de congruencia en el ámbito judicial.

El fallo también reconoció el daño moral y psicológico permanente causado a las menores, lo que justifica la indemnización a la madre. "Se ha considerado que las menores han sufrido una gran discapacidad", afirmó Marcellino. Además, el juez incluyó en la sentencia un mensaje claro tanto para las víctimas como para el victimario, destacando la valentía de las menores al denunciar lo ocurrido.

Un crimen conmocionó en las últimas horas a la localidad de San Antonio, en Misiones. Alejandro Ribeiro, un hombre de 34 años que utilizaba silla de ruedas, fue asesinado en su casa del barrio Nuestra Señora de Fátima.

El cuerpo fue encontrado al costado de su cama por un primo que había viajado desde Brasil para verlo. La madre de la víctima le había manifestado su preocupación por no recibir respuestas a sus llamados ni mensajes.

De acuerdo a las primeras pericias, Ribeiro habría sido golpeado y estrangulado. Los investigadores aguardaban los resultados de la autopsia para confirmar la causa de muerte.

La hipótesis principal es que el crimen ocurrió durante un robo. Fuentes policiales indicaron que faltaba un maletín con aproximadamente $7 millones, dinero que Ribeiro había cobrado como indemnización por el accidente que lo había dejado con movilidad reducida.

El mismo día que encontraron el cuerpo de la víctima, testigos vieron cerca del domicilio a un adolescente de 16 años, que trabajaba como chofer y asistente de Ribeiro, acompañado por un hombre de 31 años y una adolescente de 17. Las descripciones aportadas por los vecinos ayudaron a la policía a orientar la búsqueda.

Horas después, alrededor de las 17, agentes de seguridad localizaron cerca del Paraje Kilómetro 130, sobre la ruta nacional 101, una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban los tres sospechosos. Al volante iba el adolescente que cuidaba a la víctima. Dentro del vehículo encontraron el maletín con el dinero robado y una soga, que podría haber sido utilizada durante el crimen.

En los próximos días realizarán las audiencias indagatorias para esclarecer el caso y determinar el grado de participación de los implicados. Los tres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. La causa, caratulada como “homicidio criminis causa”, está a cargo del juez de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron bajo custodia. Por orden del juez de turno, el cuerpo de la víctima fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Mientras tanto, la Policía Científica realizaba las pericias en el vehículo, con el objetivo de recolectar pruebas que contribuyan a la investigación. En la actualidad, el cuidador de 16 años y el hombre de 30 permanecen detenidos en la comisaría local, mientras que la joven fue liberada. Está previsto que el adulto acusado sea citado a declarar el lunes en el Juzgado de Instrucción de Iguazú.

Un empleador tendrá que pagar una millonaria indemnización a una exempleada que lo denunció por agredirla, obligarla a vestir polleras cortas, a maquillarse para agradar a los clientes y a "proporcionarles su número de teléfono si se lo pedían".

La víctima era camarera en un local gastronómico de Pinamar. Denunció a su jefe en el fuero penal, y luego en el civil, por insultos y agresiones.

Entre las pruebas presentadas, hay una filmación en la que se puede ver al patrón agrediendo a la joven empleada y que fue fundamental en la sentencia.

Según publicó el portal justiciadeprimera.com, además de pagar, el acusado deberá realizar un programa o curso de capacitación sobre violencia de género por orden judicial.

LA RESOLUCIÓN

“La perspectiva de género no sólo es un deber ineludible del juzgador al meritar la prueba, sino de todos los operadores del derecho en el ejercicio de cualquiera de los roles que el proceso judicial asigna, impone una nueva mirada, con efectos bien puntuales en el quehacer cotidiano del servicio de administración de justicia”, advirtió en la sentencia la Cámara Civil y Comercial de Dolores

Lo hizo al criticar que cuando la causa estuvo en un juzgado de primera instancia se convocó a la víctima a una audiencia conocida como “absolución de posiciones”, donde demandado y demandada responden preguntas, y se permitió que la defensa de su ex empleador avanzara en realizar inquisiciones sobre su pasado y vida privada.

Hubo “revictimización” y “es consecuencia de inadecuadas prácticas que provienen de instituciones y en un resultado directo, aunque no exclusivo, de la violencia institucional que incluye acciones u omisiones del Estado”, agregó el Tribunal de Apelaciones en la falló que publicó el portal especializado en temas judiciales.

Un hombre en China murió a raíz de una insuficiencia orgánica tras haber trabajado 104 días seguidos sin un solo descanso.

Tras las investigaciones pertinentes, un tribunal de la provincia suroriental de Zhejiang estableció que la empresa tuvo un 20% de responsabilidad en la muerte.

En consecuencia, le ordenó pagar 400.000 yuanes, equivalente a alrededor de 56.000 dólares a modo de indemnización a la familia del fallecido.

Acorde a lo informado por medios locales, el hombre se llamaba A’bao y había firmado un contrato laboral para trabajar como pintor en una compañía desde febrero de 2023 hasta enero de 2024 y así  pasó a formar parte de en un proyecto de construcción en Zhoushan.

El 6 de abril fue el único día libre que tuvo. El 25 de mayo A’bao comenzó a sentirse mal y pidió permiso para quedarse descansando en los dormitorios.

Tres días más tarde, el 28 de mayo, volvió a sus tareas, pero las molestias físicas siguieron por lo que fue llevado a un hospital donde perdió la vida el 1° de junio.

La corte llegó a la conclusión de que la razón muerte se encontraba vinculada a una infección neumocócica que se transformó en una falla orgánica múltiple y debilitó el sistema inmunológico, y que sin lugar a dudas las extensas jornadas de trabajo intenso derivaron en problemas graves de salud.

También indicó que esta situación era una evidente violación de la legislación laboral china, que precisa un máximo de ocho horas de trabajo al día y una media de 44 horas semanales.

La empresa apeló la resolución, pero no tuvo éxito. Afirmó que A’bao sufría de enfermedades preexistentes que no fueron detectadas a tiempo, que el tiempo que trabajaba era manejable y que las horas extraordinarias eran voluntarias

El Gobierno de la India indemnizó, a modo de “compensación”, a la influencer española que fue atacada por un grupo que la violó "en manada" cuando recorría en moto ese país junto a su pareja.

La violación grupal ocurrió cerca de la medianoche del viernes, Fernanda y Vicente, dos reconocidos influencers de viaje, se encontraban acampando en el distrito de Dumka, en el estado de Jharkhand, cuando un grupo de siete hombres comenzó a golpearlos, y violó a la mujer.

El comisionado adjunto del distrito, Anjaneyulu Dodde, confirmó a los medios locales que le entregaron una compensación de un millón de rupias (equivalente a aproximadamente US$12.000) a la pareja de turistas

Ella, de origen brasileño, y nacionalizada española, y él, ciudadano español, están hospedados en la “casa de seguridad” del gobierno, donde se realizó la entrega.

Sobre la investigación, se supo que uno de los siete acusados que habían sido detenidos, logró escapar. La víctima utilizó su cuenta de Instagram para compartir la fotografía del sospechoso y pedir que cualquier información sea entregada a las autoridades.

Debajo incluyó un pequeño texto en inglés, dedicado a sus “amigos de la India”, en el que los instó a compartir la foto, indicando que la policía está buscando por él y “los otros”.

Mientras tanto, los tres restantes permanecen en prisión preventiva, y fueron llamados a comparecer ante un tribunal este domingo, frente a la víctima y su pareja, y llegaron al lugar escoltados por los agentes de la policía y con bolsas en la cabeza.

Según las autoridades, admitieron los hechos, pero no trascendió por cuáles delitos serán acusados. La declaración fue el paso previo a que sean ratificados los arrestos y se formalicen los cargos criminales.

Por su parte, la mujer también compartió imágenes del momento en sus redes sociales. “Aún faltan cuatro”, le comunicó a sus más de 400 mil seguidores.

El ataque a la pareja española

La pareja dormía en una carpa a más de 1300 kilómetros de Nueva Delhi, donde iban a pasar la noche, para luego seguir a Nepal, cuando el grupo de desconocidos comenzó a tirar piedras y atacar el lugar en donde dormían.

“Me pusieron un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la violaron siete hombres”, aseguró el hombre en un video que subieron a sus redes sociales, que también indicó que los asaltantes les robaron.

“Teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme”, agregó la víctima, de 28 años. Finalmente, la pareja fue hallada por una patrulla de policía en medio de una ruta, cerca del bosque donde habían acampado. 

Lautaro Martínez fue condenado por la justicia laboral de Milán a pagar una indemnización a los familiares de una niñera, también argentina, que falleció a principios de año por una enfermedad. Los familiares de Milagros Lizzola, quien era amiga de la infancia de la mendocina Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro, acusaron al matrimonio de haber despedido a su hija estando enferma.

Según se informó, la justicia laboral de Milán sentenció hoy al futbolista a abonar un resarcimiento (cuyo monto no se dio a conocer) a la familia de la joven de 27 años al considerar ilegal el despido.

El campeón mundial argentino hizo hoy un descargo en las redes sociales. "Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió", explicó Lautaro.

El matrimonio Martínez-Gandolfo aseguró que se hicieron cargo de varios asuntos relacionados a los Lizzola, entre ellos pagar pasajes para que viajen a Italia, encontrar camas en el hospital y ayudar con el tratamiento.

"Tuvimos que convencer a la familia para que venga a cuidar a su hija porque se estaba muriendo. Después de darlo todo esperaron a que su hija se esté por morir y que no esté lucida, para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación".

"Después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciar?", cuestionó el bahiense.

"¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola - Lembo. A trabajar!!!", cerró el delantero.

El 

A pesar del descargo del futbolista en las redes sociales, según la agencia de noticias ANSA, "la justicia laboral de Milán lo condenó a indemnizar a los familiares de la joven, que falleció meses después de haber sido contratada, al considerar ilegal el despido de la misma, que se produjo cuando ya le habían diagnosticado una grave enfermedad".

El campeón mundial argentino la había contratado ocho meses antes de que la joven acusara los primeros síntomas y ella trabajaba a tiempo completo (54 horas semanales) con cama adentro, o sea que vivía en la casa de Martínez y Gandolfo.

Siguiendo con la información que llega de las agencias, al justificar el despido, el futbolista adujo que la niñera había superado el período máximo para ausentarse de su trabajo por enfermedad.

Fue procesado junto a otros cómplices de los engaños

Adrián Martínez Moreira, como figura en su DNI, se hizo pasar por hijo de una pareja militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino que había sido secuestrada en Paraguay durante la última dictadura de ese país para cobrar indemnizaciones.

Declaró ante la Justicia federal en la causa Plan Cóndor y ahí empezó a desplegar su modus operandi, lo que le permitió tomar contacto con otras víctimas a las cuales les ofrecía su oficio como supuesto abogado para representarlas ante el Estado. La maniobra tenía como objetivo cobrar por reparaciones económicas como víctimas de delitos de lesa humanidad.

Para conseguirlo, falsificaba constancias de juzgados federales y adulteraba declaraciones de víctimas reales con nombres ficticios. Después de una ardua investigación que lleva años y sigue en curso, fue procesado en las últimas horas junto a otras cuatro personas cómplices de su engaño, según publicó Clarín.

“Unimos todas las piezas porque era un rompecabezas. Habían distintos elementos desperdigados en muchos lugares”, indicó al medio porteño Federico Efron, director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, para comenzar a explicar la complejidad de la causa.

HECHOS FALSOS DESDE 2013

Martínez Moreira era “el timonel” de la banda delictiva. Su primera declaración formal data de 2013, cuando introdujo hechos falsos en el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Para lograrlo, había recopilado información sobre causas y nombres de víctimas reales. Así consiguió que un juez civil le otorgase la identidad que reclamaba.

Según el relato revalidado por la Justicia en ese momento, sus padres habían sido secuestrados en 1988 y él, con dos años, fue apropiado por un militar argentino. Una investigación posterior de la unidad especializada para casos de apropiación de niños contradijo esta versión. Hubo más porque se llegó a encontrar a su hermana biológica, pero él se negó a hacer una prueba genética.

Su verdadero nombre es Matías Ezequiel López y no nació en 1986, sino en 1993. Pero usó su falsa identidad para engañar durante años a víctimas reales de la dictadura y así representarlas ante el Estado argentino. “Hubo que hacer un trabajo profundo y cuidadoso para no otorgar un reconocimiento a alguien que no fue víctima ni tampoco rechazar a otra que realmente fue”, dijo Efron.

El modus operandi con esas víctimas reales era engañarlas diciendo que era abogado y que tenía contactos para solucionar todo rápido. Así lograba la representación: presentaba amparos por mora contra el Estado nacional para que los expedientes salgan velozmente.

También se encontraron documentos en expedientes por víctimas falsas. El plan era sumar documentos para mostrarles a los damnificados el poder que tenía a la hora de reclamar resarcimientos.

Era una especie de movimiento circular. “Hacía un amparo por mora, empezaba un expediente de reparatoria, luego una certificación trucha del Archivo Nacional de la Memoria, otro de un legajo de Conadep. Y así iba avanzando y engañando a las víctimas reales sobre la suerte de sus familiares”, indicó el representante de la Secretaría de Derechos Humanos, que se presentó como querellante.

El accionar de Martínez Moreira continuó de la misma manera. Incluso, visitaba a familiares de desaparecidos y generaba lazos afectivos con ellos. Su plan era obtener información para después usarla a su manera. “Se inventó una historia para tener vínculo con las víctimas de desaparecidos, antedatar su nacimiento y construir esta mentira”, agregó Efron.

Ante la consulta sobre la existencia de algún tipo de trastorno mental, fuentes de la investigación le afirmaron a este diario que Martínez Moreira “comprende perfectamente lo que hace, diferencia entre el bien y el mal”.

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FRAUDE TOTAL

Su fraude era total, ya que hasta llegó a hacer contradenuncias, algunas relacionadas a violencia de género. Una de ellas contra un abogado a quien le falsificó 50 veces la firma. Otra, presentada contra una víctima que había descubierto su entramado.

En un allanamiento realizado en un domicilio del barrio porteño de Caballito, en el que funcionaba la supuesta sede del estudio jurídico, secuestraron infinidad de cajas con documentación de todos los expedientes.

Ahora, el Juzgado Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Capuchetti, lo procesó junto a sus cuatro cómplices: Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

Los cinco integrantes de la banda están acusados de integrar una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias en busca de un beneficio económico.

“Más allá de las falsificaciones, engaños a las víctimas y a los jueces, no ha tenido resultados en término de resoluciones judiciales o administrativas. Y eso es muy importante”, aclaró Efron.

El objetivo de la querella es llevarlo a juicio oral. Mientras tanto, Martínez Moreira no puede salir del país ni cambiar de domicilio. Pero “sigue a la pesca”, advierten. Parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta. Por eso, desde la Secretaría de Derechos Humanos creen que es posible que existan más casos que todavía no salieron a las luz. Son 62 hechos, pero creen que hay más víctimas.

Un trabajador de la construcción de una pista de karting dejó su firma en el hormigón, lo que le valió una indemnización inesperada. En este artículo te contamos cómo sucedió este insólito incidente y cómo el trabajador logró ser compensado por su peculiar “obra de arte”. Una historia curiosa que no puedes perderte.

Un hombre de Cipolletti que trabajó administrando la pista de karting de un club de la ciudad promovió una demanda laboral después de ser despedido. Sostuvo que inició sus labores en el mantenimiento mecánico y que después le encomendaron la realización de una pista de hormigón. Habría escrito su nombre en el asfalto y lo ofreció como prueba en el juicio. Así, consiguió ser indemnizado.

Surgió del expediente que tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti que el trabajador inició sus labores en diciembre de 2015. Había sido contratado por la Asociación Deportiva La Amistad para el sector de la pista de kart que el club tiene en la calle 15 bis, sección chacras de Cipolletti.

Al principio el hombre se ocupaba del mantenimiento mecánico de 15 karts. Luego inició la construcción de la pista para la realización de las pruebas y esparcimiento por el uso de los kartings por parte de los asociados, clientes e invitados. También era el encargado de la pista de competición y atención al público. El empleado diseñaba la pista y colaboraba con el movimiento de suelos y hormigonado.

Prueba de la colaboración en la construcción de la pista, a manera de autografiado, escribió en el hormigón, en dos sitios, una frase con su nombre. En febrero de 2017 le prohibieron el ingreso con el argumento de que ya no necesitaban de sus servicios. Entonces envió carta documento, esperó la respuesta y vencido el plazo se consideró despedido por culpa de la demandada.

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Después de los reclamos ante la Delegación de Trabajo y de un intento de conciliación inició el juicio ante la Cámara Laboral. La parte demandada nunca se presentó a contestar y fue declarada en rebeldía. Ante ese estado procesal, el tribunal tuvo por acreditados los hechos que postuló el trabajador, las pruebas que presentó, las testimoniales y el contenido de los telegramas.

Como solución, se condenó a la asociación deportiva a indemnizar al trabajador en concepto de remuneraciones adeudadas, sueldo anual complementario, vacaciones adeudadas y diferencias salariales, todo con intereses. También se incluyeron las indemnizaciones por falta de preaviso, antigüedad y las multas por trabajo no registrado y por no pagar en tiempo oportuno.

El estado argentino podría enfrentar pagos de indemnizaciones de hasta USD 20.000 millones.

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, eximió de responsabilidad a la compañía pero culpó al Estado. Hay dos instancias para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía.

Finalmente, luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.

La decisión fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas –que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas–, y cuyos derechos fueron reconocidos hoy por el tribunal.

Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

Justicia de EEUU suspende juicio por la expropiación de YPF

Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre 8.500 millones de dólares y hasta unos 20 mil millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.

Luego de conocerse el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento. El papel de YPF, en tanto, tenía un alza de 2 por ciento.

En este caso había varios pedidos de “juicio sumario” –que en la justicia de EEUU discute derechos y no hechos, o sea las responsabilidades– para determinar los niveles de culpabilidad de YPF y del Estado y también de los montos a compensar. Preska dijo que YPF no es responsable, pero que Argentina sí. Resta establecer cuál será el monto del daño provocado, algo que se determinará en el juicio. “En resumen, el Estado está condenado y tendrá que pagar. Hay apelaciones y cuando quede firme, el juicio puede tardar… un año, al menos”, destacó una fuente cercana a la causa.

“Argentina perdió, pero YPF ganó. Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera a la empresa del caso y fue cautelosa porque no puso el número pero fijó lineamiento para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías”, resumió el analista Sebastián Maril.

Expropiación de YPF: EE.UU. rechazó un pedido para traer el juicio a Argentina

“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”, comentaron desde la empresa.

La expropiación fue una decisión política tomada hace una década que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.

Preska demoró la decisión casi 280 días desde que las partes involucradas –el Estado, la empresa y un estudio inglés que fue comprando el derecho a litigar de los supuestos perjudicados– terminaron de presentar sus argumentos y responder los de la contraparte. Aunque suene extraño a esta altura y luego de tanto tiempo, vale la pena recordar que hasta el momento la causa estaba en una etapa prejudicial.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.

La trama judicial concitó particular atención política en los últimos meses –en medio de un fuerte contexto de escasez de dólares– por las posibles implicancias económicas que podría tener un fallo final adverso.

Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa.

Pumas, el equipo que defendió Daniel Alves hasta que fue detenido provisionalmente por agresión sexual, reclama una indemnización de US$ 5 millones al jugador brasileño por violar los términos de conducta, presentes en el contrato firmado por él en julio de 2022.

Además, el club mexicano comunicó que “se reserva el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA para reclamar la compensación”.

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El Club Universidad Nacional (México), conocido popularmente como los Pumas, ha reclamado una indemnización de cinco millones de dólares al jugador brasileño Dani Alves, por violar los términos del contrato, después de que fuera enviado a prisión preventiva por una acusación de agresión sexual en la ciudad española de Barcelona, comunica el portal brasileño UOL este miércoles.

“Por violaciones muy graves […], el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club la indemnización prevista en la cláusula decimoquinta del contrato, un total de cinco millones de dólares estadounidenses […]”, se lee en el correo electrónico enviado por el club a Alves, al que tuvo acceso el portal brasileño.

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Según el medio, además de la rescisión del contrato el pasado 20 de enero, fecha en la que fue detenido el jugador, la dirección del club mexicano también le envió un correo electrónico a Alves en el que le informaban su salida del equipo y le solicitaban la millonaria compensación.

Asimismo, el club señala que “se reserva el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o cualquier otra jurisdicción relevante y competente, para reclamar la indemnización”, según lo acordado en el contrato. Mientras tanto, la investigación sigue su curso.

Dani Alves quedó detenido en Barcelona por una presunta agresión sexual

Alves fue detenido el 20 de enero en una comisaría de los Mossos d’Esquadra, tras la denuncia de la víctima, quien aseguró que el deportista la agredió sexualmente en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona. No obstante, la estrella brasileña desmintió las acusaciones en su contra.

Posteriormente, la víctima renunció explícitamente a ser indemnizada por parte del futbolista, argumentando que lo único que quiere es que se haga justicia y que el futbolista pague con la cárcel.

Este lunes, Alves presentó una apelación contra su ingreso a prisión.

Sara Bjork Gunnarsdottir consiguió la primera sentencia favorable desde la implementación de las normas de maternidad de la FIFA ante la falta de pago del club francés.

Sara Björk Gunnarsdottir, futbolista islandesa, le ganó una demanda histórica a su ex equipo, el Olympique de Lyon, que deberá indemnizarla con la suma de 82 mil euros por haberle bajado el sueldo durante su embarazo. La jugadora llevó al Tribunal de Instancia de FIFA el caso por la falta de pago de su salario de abril hasta noviembre de 2021 y la resolución fue a su favor por la nueva normativa sobre derechos laborales de las mujeres durante la maternidad que entró en vigencia en enero de 2021.

La jugadora le contó su experiencia a “The Players Tribune”, desde su incorporación al Olympique de Lyon en verano de 2020 procedente del Wolfsburgo alemán, hasta el momento en el que supo que estaba embarazada en marzo de 2021, momento en el que el cuerpo médico del club le recomendó que dejara de jugar, y la posterior denuncia al club por impagos.

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Según su relato, tras regresar a su país con el deseo volver a Lyon para continuar su carrera después del nacimiento de su hijo empezó a sufrir los impagos del club, que le comunicó que solo le pagaría dos meses por regirse por la ley francesa.

Sara Bjork Gunnarsdottir explicó que conocía algo sobre la normativa de la FIFA sobre maternidad, que había entrado en vigencia en enero de 2021, aunque no en profundidad, y que trasladó su caso a FIFPRO, que lo remitió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Esta se pronunció a su favor y aludió al ‘deber de diligencia’ del club, que no contactó con ella durante el embarazo.

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“Nadie se ocupó realmente de mí, de hacerme un seguimiento, de ver cómo me encontraba mental y físicamente, como empleada, pero también como ser humano. Tenía derecho a percibir mi salario íntegro durante mi embarazo y hasta el inicio de mi baja por maternidad, de acuerdo con la reglamentación obligatoria de la FIFA. Son parte de mis derechos, y eso no puede discutirlo ni siquiera un club tan grande como el Lyon”, escribió.

La futbolista consideró que esta resolución “es una garantía de seguridad financiera para todas las jugadoras que quieren tener un hijo durante su carrera” y celebró estar ahora “muy feliz”, con su hijo de casi un año, en el Juventus italiano. “Escribo esto porque quiero asegurarme de que nadie tenga que volver a pasar por lo que yo pasé”, concluyó.

Los propietarios de un edificio del barrio de Astilleros en Cádiz tendrá que pagarle a una pareja que vive allí 1500 euros por “daños morales” causados por el ruido del ascensor.

La pareja denunció que el ruido que los motores generan en el dormitorio les ha originado enormes molestias en los últimos tres años, y la Justicia terminó por darles la razón, luego de comprobar la situación.

Mariana Nannis pidió una indemnización por 300 millones de dólares

El Juzgado de Primera Instancia número 3 condenó a la comunidad de propietarios a indemnizarlos por “daños morales”, y además a reparar el ascensor y pagar el costo del perito que contrató la pareja para comprobar los ruidos (otros 470 euros).

El informe asegura que los niveles acústicos superaban los límites de decibeles permitidos durante el horario nocturno entre un 25 y un 50 por ciento más.

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El motor del ascensor está justo pegado a la vivienda de la pareja, lo que generaba que en el dormitorio se escucharan estos ruidos insoportables, fuera de toda norma.

El juez estimó que los inconvenientes soportados suponen “un daño personal, general, sobre el actuar diario, incontestable y absolutamente indudable”.

Por ese motivo, dictaminó que el “sufrimiento físico y espiritual” debe tener “una reparación que proporcione en la medida de lo posible una satisfacción compensatoria al daño causado”.

Desde la comunidad de propietarios no negaron los problemas y, en su defensa, dijeron que durante 2021 se aprobaron las obras del ascensor y se pagó al perito, pero que no se pudieron iniciar los trabajos por retrasos de la empresa instaladora

Amber Heard atraviesa un momento difícil en cuanto a su imagen pública y también económica. La actriz perdió el juicio por difamación contra Johnny Depp en Fairfax, Virginia. La intérprete fue condenada a indemnizar con USD 10 millones por daños a su ex marido.

Según revela OK! Magazine, Heard estaría dispuesta a escribir un libro para hablar de su vida privada y también sobre su matrimonio con Depp. Una fuente cercana a la estrella de Aquaman afirmó que Heard de 36 años no está en “condiciones de rechazar el dinero”.

Incluso el citado medio destaca que la intérprete ya firmó un contrato. La actriz estaría buscando limpiar su imagen después del muy publicitado juicio.

“Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado”, dijo una fuente a la revista. “Ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo”.

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Su abogada, Elaine Bredehoft, dijo que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex.

Depp, de 59 años, demandó a Heard, de 36, por difamación por un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que se autodenominaba víctima de abuso doméstico.

El jurado de siete personas encontró por unanimidad “evidencia clara y convincente” de que Heard difamó a Depp, otorgándole USD 15 millones en daños compensatorios y USD 5 millones en daños punitivos, aunque la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares. Por su parte, el jurado determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.

Heard dijo que entiende por qué el jurado de Virginia llegó a su veredicto a favor de su ex marido. “No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, expresó la actriz.

También dijo que el “odio” de que fue objeto en las redes sociales no fue “justo”.

“Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí”, dijo la actriz en la entrevista para el programa Today que se transmitió la semana pasada.

“Siempre continuaré sintiéndome como parte de esto, como si fuera la otra mitad de esta relación porque lo era. Y era feo y podía ser muy hermoso. Fue muy, muy tóxico”, reconoció Heard ante las cámaras. “Éramos horribles el uno con el otro”.

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Heard dijo: “Cometí muchos errores, pero siempre dije la verdad”.

También declaró que sigue sintiendo afecto por Depp. “Lo amo. Lo amé con todo mi corazón”, dijo a la periodista Savannah Guthrie en su extensa entrevista con NBC News. “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

Mariana Nannis volvió a declarar contra Claudio Paul Caniggia, a quien denuncia por dos presuntas situaciones de violación. Se dieron detalles de la audiencia que duró tres horas y en la que la mediática se quebró en reiteradas oportunidades.

Rodrigo Lussich precisó que se trató de una declaración testimonial ampliatoria que se llevó adelante el miércoles pasado a través de Zoom, porque ella se encuentra en Marbella.

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Sobre el testimonio propiamente dicho, el periodista detalló: “Habló de los 32 años de relación con Claudio Caniggia y de lo que ella considera y denuncia como una violación. (…) Hechos de violencia de género sucesivos y reiterados de los que fue víctima durante muchísimo tiempo sin poder denunciar al padre de sus hijos. No pudo parar de llorar en toda la declaración”.

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Además, destacó que la mediática le pide una cifra millonaria al exfutbolista. “Hay un objetivo ulterior, que es una demanda que será el resultado de lo que suceda a la hora del fallo de esta denuncia”, explicó. Y añadió: “Mariana Nannis quiere que Caniggia la indemnice en el juicio civil por 300 millones de dólares”.

Carlos Broitman, el abogado de Mariana Nannis, le envió una serie de audios al ciclo de eltrece donde contó los detalles de la declaración que brindó su clienta.

“La audiencia duró aproximadamente 3 horas y fue muy dura para ella. Se quebró en varias oportunidades, totalmente desconsolada. Las preguntas del Ministerio Público Fiscal fueron muy profundas. Le preguntaron intimidades, posiciones. Fue muy duro la verdad”, aseguró.

Luego destacó que, a través de las preguntas del Ministerio Público y el interrogatorio, la UFEM logró determinar dos hechos de violación: uno, efectuado en el Alvear, en el año 2017, y otro el 6 de mayo de 2018 en el Faena. También advirtió que “ determinaron, dentro de Argentina, otras agresiones que no llegaron a la violación. Hay dos hechos de violación totalmente acreditados”.

Antes de cerrar, Broitman apuntó contra Caniggia por, supuestamente, haberle mentido a su abogado, Fernando Burlando, en sus testimonios. “El imputado dijo haber sido sometido un tratamiento sobre la piel que fue a causa de los moretones, pero clarificaron que esto fue por una atención odontológica. Esto fue técnicamente un engaño a la gran defensa que está llevando adelante Burlando por parte de Caniggia. Pero la verdad es que si un cliente no dice la verdad, el abogado no puede tener una estrategia sana de defensa”, sentenció.

La periodista Karina Iavícoli contó que se comunicó con la otra parte para saber cómo habían tomado la declaración de Nannis. “Claudio Paul no está preocupado por la situación. Está junto a Sofía Bonelli en Londres. Está de viaje. Los consulté y me dijeron hablá con Burlando. Ellos están tranquilos”, cerró.

Video: un policía de San Luis le pegó un cachetazo a un joven que se burló de su camisa

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En el proceso de conciliación, el juez dispuso que el oficial principal Rubén Alejandro Romero le pague al joven 45 mil pesos en tres veces como resarcimiento económico.

La agresión del oficial se viralizó en las redes sociales a través de un video.

Se produjo cuando el alumno de la Universidad Nacional de San Luis y sus cinco amigos caminaban por la vereda de la avenida Jorge Newbery, luego de una fiesta, y de una patrulla Ford Ranger descendieron dos efectivos.

En ese momento, según el joven, una mujer policía que se les acercó, aunque él dijo no sabía qué quería ya que estaba distraído con su celular. Después, escuchó la voz de un hombre que, al parecer, le criticó su camisa y lo siguiente que vio y sintió fue la cachetada de un policía.

Uno de sus amigos intervino para tratar de separar al efectivo del agredido y fue allí cuando la oficial inspectora apartó a su compañero y le dijo “vamos” para evitar que el uniformado discutiera con los chicos.

La bofetada del efectivo se produjo segundos después de increpar al chico diciéndole “mirá la camisa que tenés“, en alusión a una prenda floreada que llevaba puesta.

Por el hecho, ambos policías fueron pasados a disponibilidad en la fuerza policial y el que abofeteó al joven fue denunciado. Luego de la audiencia de conciliación, el juez declaró extinguida la acción penal y estableció el pago de 45 mil pesos al joven por parte del oficial.

Además de familiares de 39 fallecidos, hay más de 100 afectados por lesiones gravísimas que podrían ser compensados económicamente, de aprobarse el proyecto de la Casa Rosada.

Por estas horas la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se apresta a revisar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone otorgar un beneficio extraordinario por única vez, a través de sus herederos o herederas o derechohabientes, o por sí -según el caso- a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones gravísimas como consecuencia de la represión desplegada por el Estado en las manifestaciones de protestas ocurridas en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

La oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el gasto que demandaría el proyecto de ley bajo análisis, en caso de aprobarse durante el corriente ejercicio y bajo los supuestos mencionados anteriormente, ascendería a $1.538 millones a valores de mayo de 2022.

El proyecto de ley busca indemnizar a familiares de 39 fallecidos y a más de un centenar de heridos los días 19 y 20 de diciembre de 2001 en el marco del estado de sitio declarado por el ex-Presidente Fernando de la Rúa, mediante el Decreto 1.678/2001. De la lista de víctimas fatales, 25 fueron por acciones policiales en provincias gobernadas por el peronismo; 9 de ellas eran de la provincia de Santa Fe.

El análisis cuantitativo de la iniciativa señala 14,1 millones para herederos de cada una de las víctimas fatales y 9,9 millones para los lesionados o sus familiares. En los fundamentos del proyecto, se señala que “el entonces Poder Ejecutivo, y las instituciones del Estado, fallaron en su deber de asegurar la vida, la integridad y la libertad de expresión de los y las habitantes”.

Alberto Fernández remitió el proyecto al Congreso tras reunirse, en diciembre pasado, con Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, madre y hermano de Carlos Almirón; Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto; Marta Pinedo, esposa de Alberto Márquez y María Arena, esposa de Gastón Riva.

Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez murieron durante la represión policial a la jornada de protesta que tuvo lugar en el centro porteño durante la tarde del 20 de diciembre de 200.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de Fernando De la Rúa, en la causa en la cual el ex presidente estaba acusado por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

El criterio que siguió la mayoría del tribunal (jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) partió de negar que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al por entonces presidente de la Nación en “posición de garante” de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior, obligándolo de ese modo a reasumir decisiones administrativas delegadas por ley en una cadena jerárquica de funcionarios subalternos -que tenían a su cargo la dirección de la faz operativa del aparato de seguridad montado en la Ciudad de Buenos Aires- y evitar, con ello, que se produjeran los homicidios y lesiones ocurridos durante la jornada.

Se resaltó que De la Rúa no había tomado decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior, en particular alguna que indicara que se debía impedir la congregación de manifestantes en la Plaza de Mayo, dejando el manejo de la cuestión en los órganos que tenían competencia específica en la materia.

La artista Clotilde Acosta, más conocida como “Nacha Guevara”, recibirá una millonaria indemnización por exilio, a partir de una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmada por el ministro Martín Soria.

En las últimas horas, se viralizó una resolución por la que la actriz recibirá 11.466.268,80 de pesos por los 2.856 días que pasó en el exilio entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983.

El texto del documento, que fue publicado por el portal Periodismo y Punto, reza: “Otórgase a Da. Clotilde ACOSTA (D.N.I. N° 3.944.825) el beneficio previsto por la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, reglamentada por el Decreto N° 1023 del 24 de junio de 1992 y su modificatorio, correspondiente a DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (2856) días indemnizables, por el período comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983”.

El artículo segundo de la resolución —N° 75/2022— establece: “La suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.466.268,80) se hará efectiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley 24.043 y estará sujeta a las prescripciones de la Ley 23.982”.

La noticia, que había sido anticipada en redes sociales, generó controversia ya que Nacha Guevara se exilió en medio de amenazas de la Triple A, en pleno gobierno de Isabel Perón, antes de que llegara el golpe militar, según la propia actriz recordó en 2020.

“La invitación aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general. Entonces, apareció esa amenaza que nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país”, sostuvo en aquel entonces.

Pilotos de lluvia descartables, bolsas de consorcio y hasta gorros de ducha fueron los escudos con los que médicos y enfermeros enfrentaron, en marzo de 2020, al por entonces completamente desconocido virus del Sars-Cov-2 en España

Coronavirus: médicos contagiados podrán atender pacientes en Francia

Casi dos años después, una sentencia judicial establece que los trabajadores sanitarios sean indemnizados por la falta de equipamiento de protección contra el Covid, sobre todo, durante la primera ola de la pandemia.

Italia: suspenden a dos mil médicos por no vacunarse contra el Covid

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Fue un juzgado de Alicante el que penalizó a la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que deberá compensar económicamente a más de 150 médicos que presentaron la demanda por haber ejercido su profesión desprotegidos.

Estas indemnizaciones, que van desde 5.000 hasta casi 50.000 euros, establecen un precedente en España.

“Que haya una sentencia que nos dé la razón cuando sostenemos que las administraciones son responsables por no tener esos equipos y por no proteger a sus profesionales nos parece muy positivo”, dice a Clarín Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería de España.

“El fallo ha sido a favor de médicos por una demanda que llevó adelante un sindicato médico pero esperamos que el resultado sea el mismo para las sentencias y demandas que han presentado las enfermeras y enfermeros”, agrega.

Según Ayuso, durante aquellos primeros meses de emergencia sanitaria, fue el Consejo General de Enfermería el que salió a cubrir la falta de material de protección para el personal.

“Cuando surgió la primera ola de pandemia aquí, en España, empezamos a denunciar la escasez de protección. No teníamos mascarillas (barbijos), no había equipos de protección individual -recuerda Ayuso-. Las enfermeras y enfermeros se cubrían con bolsas de plástico de basura. Improvisaban para lograr algún tipo de impermeabilización. Y tuvimos que comprar equipos nosotros. Gastamos 800 mil euros en 2020.”

En su fallo, el juzgado de Alicante determina una indemnización de 5.000 euros para los trabajadores que fueron obligados a ejercer su profesión sin la protección adecuada.

Para aquellos demandantes que se contagiaron, 35.000. Y para los que dieron positivo en Covid y tuvieron que ser internados, 49.180 euros.

Desde el Consejo de Enfermería aseguran que el Ministerio de Sanidad nunca facilitó las cifras oficiales de trabajadores de la salud que se contagiaron.

“Por estimaciones que hicimos en junio de 2020, ya teníamos constancia de que unas 80 mil enfermeras de las 275 mil que hay en ejercicio en este momento en España habían contraído el virus”, detalla Ayuso.

“En este momento, luego de la sexta ola, estaríamos hablando de unas 160 mil. Pero no son datos oficiales porque los hemos pedido pero no nos los proporcionan”, se lamenta.

Durante las primeras semanas de este año, 19.300 enfermeras y enfermeros españoles participaron en la mayor encuesta realizada en el país.

El resultado fue un trabajo que el Consejo General de Enfermería tituló “Radiografía de la situación profesional y emocional de la profesión enfermera”.

El relevamiento señala los efectos demoledores en la salud de las enfermeras provocados por la pandemia: la incidencia de contagios por Covid en este personal sanitario multiplica por 2,3 la de la población en general, el 85 por ciento admite que la emergencia sanitaria afectó su salud mental y la mitad de los enfermeros y enfermeras de España se plantea abandonar su profesión.