Una mujer que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, fue imputada por tres fiscales federales por haber participado en la captación en 2003 en Corrientes de una adolescente –de 14 años– con la excusa de llevarla a estudiar a Rosario. Sin embargo, de acuerdo a la teoría del caso, nunca fue escolarizada y fue obligada a hacer tareas domésticas en un domicilio de Montevideo al 100, en barrio Martin, durante 22 años sin remuneración alguna. El caso salió a la luz el pasado 2 octubre, cuando la Policía Federal rescató a la víctima, que actualmente tiene 37 años.

La imputación fue formulada por los fiscales de la Unidad Fiscal Rosario Javier Arzubi Calvo, Adriana Saccone y por las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, en una audiencia de formalización realizada ante el juez de Garantías Román Lanzón.

Los fiscales solicitaron que E. S. S. sea detenida y extraditada. Sin embargo, el juez ordenó por el plazo de un año una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, como fijar domicilio, una firma mensual en el consulado argentino más cercano a su casa, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima. De este modo, Lanzón también rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa, representada a través del abogado Gustavo Feldman.

En la audiencia, la víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y contó con el acompañamiento interdisciplinario de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio, ambos del Área de Atención a Víctimas de la unidad fiscal, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro.

Los fiscales consideraron a E. S. S. como presunta autora del delito por el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025, por entender que, desde esa fecha subrogó el lugar de su madre –también investigada en el legajo fiscal– en lo que respecta al control de todo lo que sucedía en el interior del domicilio, valiéndose de 16 cámaras de seguridad y de un dispositivo móvil entregado a la víctima. De ese modo, continuó la explotación y garantizó su permanencia durante ese lapso de tiempo.

Los fiscales explicaron que se trata de un delito “de ejecución continuada con una misma matriz de explotación que se extendió por 22 años”, hasta el 2 de octubre, cuando cesó la situación tras la intervención de las autoridades.

“No podemos atribuirle a E.S.S. los 22 años de explotación pero sí sostenemos que hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa de (la calle) Montevideo, ha tenido la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre, y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha continuado, lo ha perseverado, porque también le genera un beneficio, le reporta utilidad”, señalaron los funcionarias judiciales.

🟤@telenocheRos | Una mujer que vive en Los Ángeles fue imputada por explotar a una víctima durante 22 años en un domicilio de barrio Martin. La habría captado en Corrientes en 2003, cuando tenía 14 años, bajo la promesa de traerla a Rosario para estudiar. pic.twitter.com/OhUKGR4sRk

Los fiscales relataron que, en 2003, cuando tenía 14 años, la víctima fue captada en la localidad de Tres Bocas, Corrientes, en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social. Tras la muerte de su padre, su madre –sin posibilidades para sostener la crianza de nueve hijos– autorizó el traslado de su hija mayor a Rosario bajo la promesa de que iba a tener una mejor calidad de vida, “la posibilidad de estudiar, de ser maestra o abogada”.

De acuerdo a la información publicada en el sitio web Fiscales, el ofrecimiento fue realizado por una mujer identificada como D.M.G. –cercana a la familia y ya fallecida–, que ofreció a llevar a la adolescente a la casa de su prima en Rosario. Los fiscales explicaron que la mamá de la entonces adolescente fue trasladada a una escribanía donde, “sin nadie de su confianza” y “sin saber leer”, firmó un acta notarial en la cual se dejó constancia que su hija sería trasladada a la ciudad. “Nunca supo qué fue lo que firmó”, dijeron los representantes del MPF.

La adolescente fue llevada en colectivo a Rosario y recibida por J.E.G.S. –la madre de la actual imputada– en la casa de la calle Montevideo al 100. Según la Fiscalía, allí la promesa original nunca se cumplió. La chica nunca fue escolarizada y fue sometida a realizar tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y de elaboración y cocina. También otras relativas a la preservación de la vivienda, administración de pagos de servicios, compras cotidianas de alimentos y a la asistencia personal y acompañamiento de J.E.G.S., todo ello a cambio de un lugar para vivir, comida y algo de ropa, sin que se le abonara ninguna contraprestación por sus labores.

Los fiscales señalaron que, cuando la madre de la imputada comenzó a tener problemas de salud en 2022, su hija “subrogó el lugar de su madre, se hizo cargo de su cuidado y de la gestión de la casa, lo que incluyó la continuación de la explotación”. Así, incrementó la carga laboral de la víctima asignándole la asistencia y cuidado no terapéutico de su madre.

Siempre según la acusación, para supervisar las tareas desde Estados Unidos, E.S.S. instaló 16 cámaras de seguridad en la propiedad y le entregó a la víctima un celular para impartir instrucciones.

De acuerdo a la causa, las tareas que realizó la víctima durante 22 años fueron en jornadas completas, sin retiro de la casa ni recibir ningún tipo de remuneración por sus servicios, sin descansos, vacaciones ni aguinaldos y con ausencia total de aportes previsionales y cobertura de salud. Tampoco le permitieron tener vínculos sociales por fuera de esa casa.

En cuanto a la situación de J.E.G.S., la madre de la actual imputada, la fiscalía está a la espera de un informe médico para evaluar si está en condiciones de ser sometida a un proceso.

Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que agredió a su expareja el lunes de la semana pasada en el interior de un edificio ubicado en calle Francia al 2700 de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Maximiliano Ariel S., de 38 años, quien fue detenido el lunes 20 de octubre pero, debido a que se había provocado lesiones de gravedad, recién fue imputado este jueves. El fiscal Matías Broggi realizó la atribución delictiva, endilgándole la autoría del delito de “tentativa de femicidio, también calificado por el vínculo”.

La audiencia se realizó en los tribunales locales, ante el juez penal Sebastián Szeifert, y contó con la presencia de la Dra. Magalí Mazza, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp). El imputado participó de la audiencia de forma remota, ya que permanece hospitalizado, con custodia policial.

El fiscal Broggi sostuvo que “minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2700, donde ella reside con su grupo familiar”.

“El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta”, relató, “la agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cesara la situación violenta”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras culminar el ataque, Maximiliano S. se fue a las cocheras del edificio y, una vez allí, se autolesionó en el cuello, provocándose un profundo corte en el cuello. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva. Si bien su estado mejoró, continúa internado, con custodia policial.

El día del hecho, uno de los hijos de la mujer le explicó a El Litoral que “ellos ya habían terminado hace un año, pero él la seguía acosando. Le mandaba mensajes, sabía nuestros horarios, dónde vivíamos. Ella hizo denuncias, fue al Ministerio de la Mujer, y nada pasaba. Tenía medidas de restricción, pero siempre quedaba libre. Era barra brava de Unión y estaba metido en cosas raras”.

El chico también señaló: “Mis hermanos chicos estaban en casa, vieron todo después. Ella subió ensangrentada, se quedó con ellos. Yo me enteré por un mensaje y ahí llamamos a mi abuela, que pidió urgencias”.

Desde el entorno de la víctima aseguraron que el acoso era constante y que existen episodios de violencia previos. El hijo dijo que “hace años viene pasando esto. Él siempre se salía con la suya porque tenía contactos. Mi mamá vive con miedo hace mucho”.

Tras concretar la imputación, desde la fiscalía informaron que “solicitaremos la prisión preventiva, fundamentalmente para resguardar a la víctima”, e hicieron hincapié en que “al ponderar la pena en expectativa y los riesgos procesales, deberá contemplarse que el imputado tiene dos antecedentes penales condenatorios”.

Leandro García Gómez, empresario y pareja de Lowrdez Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Luego de un gran operativo en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, el acusado fue detenido y la artista, integrante del grupo Bandana, fue rescatada y trasladada por el SAME hasta el Hospital Fernández, donde este viernes por la madrugada recibió el alta.

Ahora, la situación del empresario es cada vez más complicada debido a que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, lo imputó por “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado.

El pasado martes una pareja fue detenida en su casa ubicada en la zona de la Costanera de la ciudad de Santa Fe, durante un allanamiento realizado en el marco de una causa judicial por el robo de motocicletas. Los imputaron este viernes.

La noticia tuvo gran impacto, no sólo debido al delito y al lugar en donde se llevaron a cabo los procedimientos, sino también porque la mujer detenida es hija del destituido ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Roggiano.

El fiscal Ignacio Lascurain atribuyó a María Belén Roggiano y Enzo Francisco Costilla la coautoría de los delitos de "robo calificado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública" y "encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro, y por dedicarse con habitualidad a la comisión de estos hechos".

La audiencia estuvo a cargo del juez penal Leandro Lazzarini, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por la Dra. Gisela Alemandri, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

La fiscalía solicitó que se fije audiencia para discutir medidas cautelares, la cual será la semana próxima.

Las detenciones se efectuaron el martes 8 de julio en una vivienda del barrio 7 Jefes. Según la atribución delictiva, la pareja robó una moto el 15 de abril por la madrugada. El vehículo, una Guerrero Trip de color azul, estaba estacionado en la vía pública, y para sustraerlo le rompieron la linga de seguridad y el trabamanubrio.

Se la llevaron de las inmediaciones de Eva Perón y San Martín, y huyeron del lugar por Eva Perón hacia el este. Unos días más tarde, la noche del 23 de abril, un control policial los detuvo y comprobó que se conducían en una moto robada.

Durante la audiencia, se indicó que Roggiano llevaba consigo un elemento cortopunzante, tipo cuchillo con sierra, de unos 15 cm., y Costilla una pinza de corte tipo alicate "corta candado", de unos 30 cm. Los aprehendieron y trasladaron hasta una comisaría, donde fueron identificados y el vehículo fue secuestrado.

La Policía de Investigaciones, que trabajaba en pos de resolver el robo, se anotició del secuestro de la moto y la identificación de Roggiano y Costilla. Realizaron una serie de medidas que permitieron fortalecer las evidencias del vínculo entre la pareja y el hecho ilícito, y a raíz de esto el fiscal solicitó el allanamiento.

Durante el operativo hallaron diversas partes de motos: guardabarros trasero y delantero, una cacha lateral, una pechera, un asiento, un tablero, una cacha cubre pierna, un baúl negro, 5 manubrios, 3 caballetes central, 2 cristos, una horquilla trasera, 2 cigüeñales, un volante, coronas, pedalines de freno, 8 pedalines de goma y 10 manijas de agarre.

Ahora, resta aguardar a la audiencia de la próxima semana, en la que la fiscalía podría exponer nuevos detalles de la investigación.

El apellido Roggiano es conocido en Santa Fe, sobre todo en el ámbito judicial. Julio César Roggiano, padre de la mujer imputada, fue juez de Menores y en 2003 fue sorprendido "in fraganti" mientras recibía una coima de $3.000 en la esquina de Tucumán y Peatonal San Martín.

El dinero había sido marcado y entregado al magistrado por la madre de una adolescente de 17 años, que buscaba su liberación. El hecho marcó el fin de la carrera del juez, que fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y posteriormente destituido.

Un hombre quedó preso tras ser imputado por la comisión de un escruche en una vivienda de barrio Transporte. Así lo dispuso el juez Sergio Carraro, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Ignacio Suasnabar está a cargo de la investigación y es quien imputó al hombre de 25 años, cuyas iniciales son MLG, como autor de "robo calificado por efracción".

Ante el magistrado, solicitó la prisión preventiva, al cual le fue concedida tras acreditar la existencia de riesgos procesales. "Avanzan las tratativas para resolver el conflicto penal mediante un juicio de procedimientos abreviados", informó el fiscal y adelantó que "la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo".

Puerta trasera

El hecho ilícito fue cometido alrededor de las 23:00 del lunes de la semana pasada en una casa ubicada en 9 de Julio al 7.600. "El hombre investigado rompió una puerta trasera del domicilio e ingresó ilegítimamente con el fin de robar", sostuvo el fiscal.

"El imputado se apropió ilegítimamente de una bicicleta, una consola de PlayStation, un televisor, una máquina depiladora, una amoladora, una atornilladora, una cinta métrica y un martillo", detalló Suasnabar. "Entre otros elementos, también sustrajo un par de botines, cuatro relojes, prendas de vestir, una mochila y juegos de llaves", agregó.

Policía

El representante del MPA señaló que "el investigado salió de la vivienda por la puerta del frente y abandonó el lugar a bordo de la bicicleta robada". Al respecto, destacó que "cargó en el birrodado las demás pertenencias ajenas".

"Mientras circulaba por la vía pública, fue interceptado por agentes policiales a los que no les brindó una explicación coherente sobre el origen de los bienes que llevaba consigo", especificó el fiscal. "Entonces, los uniformados lo trasladaron hasta una dependencia policial en la que lo demoraron, en función de los indicios de que podía estar involucrado en un delito", expuso.

Por otro lado, Suasnabar puntualizó que "minutos después, la víctima volvió a su hogar, advirtió lo sucedido y se comunicó con la Central de Emergencias 911", y remarcó que "como los objetos que faltaban en la vivienda eran los mismos que el imputado tenía en su poder, el denunciante fue convocado a la sede policial, los reconoció y los recuperó".

El fiscal amplió la imputación del humorista por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada. Los detalles de por qué no está detenido en la cárcel.

La Justicia mendocina amplió la imputación contra Cacho Garay y le concedió la prisión preventiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada contra su ex pareja.

El humorista ya había sido imputado por “tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género”. En esta oportunidad estuvo detenido pero al día salió en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos.

El motivo por el cual Cacho Garay escondía un hacha en el baño de su casa

Todas las imputaciones por las que está acusado el cómico prevén el traslado a una cárcel común pero en esta ocasión Garay fue beneficiado con prisión domiciliaria.

Pero ¿cuáles son los motivos? para el fiscal que integra la causa y que pertenece a la unidad de Violencia de Género, Daniel Carniello, van a esperar al resultado de los estudios y entrevistas que le realizan a la víctima para determinar la credibilidad de sus dichos.

Las pericias pueden demorar varios meses por lo que el humorista de 61 años permanecerá en su domicilio hasta ver que curso toma el caso y qué decide la Justicia.

Esta semana Verónica García Bracamonte, ex pareja de Garay y denunciante, habló en los medios de comunicación y denunció que recibe amenazas.

Según su relato el martes “apareció una chica y me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza’” con relación a las secuestradas en el allanamiento.

“Yo ahora te mato, te tiro por el balcón”, la amenaza de Cacho Garay contra Verónica Macías, su exmujer

Asimismo, la artista sostuvo que el cómico nunca dudó en dejarle claro que podía matarla en cualquier momento y que a lo largo de los 13 años de relación sufrió diversos tipos de violencia.

Las primeras pericias psicológicas a Bracamonte revelaron que “se encuentra con conciencia lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio” mientras que se remarca que Garay “le ha impuesto conductas a la examinada que han tenido el efecto de provocar restricción de sus espacios de libertad y de la participación social”.

Damián “Peta” Bernarte fue atacado a balazos cuando salía de un evento en esa ciudad cordobesa. El jefe comunal interino perdió un riñón y continúa internado

“Un problema de índole personal fue el detonante y lo estaba esperando. Incluso, el Intendente llegó a balbucear el apellido de su agresor antes de que lo trasladaran al hospital”, fue la frase que soltó uno de los investigadores en diálogo con Infobae sobre el brutal ataque al jefe comunal interino de la ciudad cordobesa de San Francisco, Damián “Peta” Bernarte (52), este domingo a la madrugada, cuando el funcionario se retiraba de un evento por el Día del Bancario en el centro local.

Por el intento de homicidio, un odontólogo de 52 años y esposo de una empleada municipal quedó detenido y fue imputado por el fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione. El hijo del principal sospechoso, de 27 años, también fue arrestado. A raíz del ataque, al intendente Bernarte debieron extirparle un riñón y permanece internado Hospital José Iturraspe.

Se trata del odontólogo Carlos Lucato (52), quien había sido detenido junto a su hijo Renzo (27) por la Policía de Córdoba minutos después de las 3 de este domingo en Córdoba al 500. Este domingo por la tarde, el joven había sido liberado.

El que sí fue acusado formalmente por el delito de homicidio en grado de tentativa fue el Lucato padre, pero aún no fue indagado por el fiscal, quien sigue con las diligencias para dar con el arma que se usó en el ataque al Intendente.

Córdoba: balearon al intendente de San Francisco y debió ser operado

Baleraron a Damián Bernarte, intendente de San Francisco, Córdoba

Todo ocurrió en las afueras del Superdomo cerca de las 2.30 de este domingo, cuando Bernarte dejaba el predio de Vélez Sarsfield y 25 de Mayo, donde se desarrolló un festejo por el Día del Bancario y en el que estaban varias autoridades de la ciudad, incluso el fiscal que ahora investiga el ataque.

Bernarte se aprestaba a subirse a su camioneta cuando se encontró con el sospechoso que, según las fuentes consultadas por este medio, lo estaba esperando a raíz de un conflicto de índole personal: en ese contexto, le efectuó un disparo con un arma de fuego en el abdomen.

Tras sufrir el ataque, el Intendente regresó al estadio Superdomo, y fue atendido por el secretario de Gobierno, que es médico y que estaba como invitado: él le brindó las primeras asistencias, claves para mantenerlo estabilizado antes de ser derivado en ambulancia al hospital.

“Llegó a decir el apellido de su agresor”, explicaron a este medio y ante ello se armó un operativo para dar con el sospechoso. Por eso, media hora después padre e hijo estaban bajo la custodia de la Policía de Córdoba.

Paralelamente, Bernarte fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital José Iturraspe y, de acuerdo al último parte médico, el funcionario fue ingresado a la unidad de terapia intensiva desde quirófano. “Se realizó nefrectomía izquierda, resección de tramo de intestino delgado y reparación de estómago”, detallaron desde el centro de salud, donde el Intendente permanece con asistencia respiratoria mecánica y sedado.

“El estado del intendente Damián Bernarte es reservado, a la espera de evolución clínica por las próximas 48 horas”, completa el parte médico. Al menos, durante los próximos tres días, continuará internado en el área de terapia intensiva.

Repercusiones

Bernarte ocupa la intendencia de San Francisco de manera interina desde diciembre de 2021, cuando el titular Ignacio García Aresca asumió su banca como diputado nacional. Se espera que el presidente del Concejo Deliberante de San Francisco, Gustavo Klein, sea quien asuma la intendencia de la ciudad hasta que se recupere y reciba el alta médica.

El lunes, Bernarte había participado del lanzamiento de la candidatura a gobernador de Martín Llaryora por Hacemos por Córdoba. Justamente, el funcionario escribió en su cuenta de Twitter: “Mi acompañamiento a Damián y a toda su familia en este tremendo momento que están atravesando. Deseo su pronta recuperación y que la Justicia esclarezca rápidamente lo sucedido.

No fue el único. El gobernador Juan Schiaretti posteó: “Mi solidaridad con Damián Bernarte, intendente de San Francisco, deseo una pronta recuperación ante tan repudiable hecho”.

Por su lado, el dirigente radical Marco Puricelli expresó su repudio al ataque y su muestra de solidaridad con un posteo en Twitter: “Mi solidaridad con el atentado perpetrado contra Damián Bernarte hace instantes. Esperamos que la justicia actúe de forma rápida para esclarecer los hechos y que se recupere pronto y bien. En estos momentos, acompañar a la familia y colaborar con sostener las instituciones de la Ciudad”, escribió el ex director general de Parques Educativos de Córdoba.

La autopsia practicada a los cuerpos enterrados en el patio de una casa determinaron que eran gemelas recién nacidas; por eso, la Fiscalía hizo una acusación formal por homicidio contra la madre y el vecino en cuya casa las encontraron

Este lunes la noticia de dos bebés muertos enterrados en el patio de una casa de Cañada de Gómez estremeció a la región. Eran gemelas que, según se pudo establecer, nacieron con vida. Justamente, determinar si habían nacido o si habían sido abortadas era prioridad para la investigación de la fiscal Gabriela Lescano ya que modificaba el tratamiento hacia los dos principales sospechosos: la madre y el vecino en cuya casa las encontraron enterradas.

Ambos fueron imputados, entonces, por homicidio. Sin embargo, el caso supone una complejidad mayor ya que habría habido intención de interrumpir el embarazo de 30 semanas y desnuda la vulnerabilidad en la que se encuentran aún muchas mujeres a pesar del aborto legal.

Esperan los resultados de la autopsia de las bebés halladas enterradas en Cañada de Gómez

Este miércoles, la fiscal Lescano imputó finalmente a la madre de las gemelas, una mujer de 36 años cuyas iniciales son D.L.T. y a su vecino M.G. por el delito de homicidio agravado por ser un descendiente como coautores y el juez de primera instancia Álvaro Campos les dictó prisión preventiva por el plazo de 45 días.

Según la imputación, la mujer embarazada de 30 semanas tomó pastillas para abortar en su baño pero las las gemelas nacieron con vida. Creen que la mujer las mató con ayuda de su vecino en cuyo patio las enterraron.

Macabro hallazgo: encontraron dos bebés sin vida en el patio de una vivienda en Cañada de Gómez

Este martes, la fiscal había explicado la complejidad del caso a Radio 2: “Es una cuestión de si respiraron o no para saber si es homicidio”. Si respiraron, eran recién nacidos y calificaba el delito de homicidio; si no lo hicieron, eran fetos para la ley y fue un aborto fuera del término legalmente permitido.

La autopsia determinó entonces que las gemelas nacieron con vida tras aproximadamente 30 semanas de gestación. Por eso, la fiscal le imputó a la madre “la expulsión de dos gemelas neonatas con vida, ingiriendo pastillas con el fin de realizar aborto en el baño de su domicilio de calle Bolivar al 900 de la ciudad de Cañada de Gómez con la colaboración necesaria del identificado como M. G., para luego enterrarlas en el patio del domicilio del mismo, cercano al domicilio de D.L. T.”.

El hallazgo de las gemelas se produjo tras una denuncia y un allanamiento pasada la medianoche del domingo pasado.

El hombre de 32 años fue imputado por haberla apuñalado y asesinado el pasado domingo. La fiscal Alejandra del Rio Ayala aclaró que aún hay evidencias en ejecución.

A tres días del brutal asesinato de Alejandra Ironici, imputaron al principal acusado del crimen. Se trata de un hombre de 32 años que era su pareja.

Según la fiscal Alejandra del Rio Ayala, este miércoles por la mañana se le dieron a conocer los hechos por los cuales va a ser investigado. Además detalló, tras la autopsia, que Ironici murió por recibir 46 heridas punzantes.

Hallaron el cuerpo sin vida de Alejandra Ironici, reconocida militante trans de Santa Fe

Del Río Ayala agregó: “No se trata de un crimen común, sino que se lo caratula como transfemicidio. También está la figura de femicidio porque ella era una mujer trans y el agravante del vínculo porque era su pareja.”

Cientos de santafesinos exigieron Justicia por el transfemicidio de Alejandra Ironici

Respecto a las evidencias, remarcó el hecho de que sólo han transcurrido tres días, y si bien se mencionaron muchas durante la audiencia, aún hay varias que están en ejecución y se estiman nuevas pericias.

Ante la consulta por el móvil del crimen, la fiscal sentenció que fue por “odio”.

La fiscal Cecilia Incardona amplió el requerimiento luego del informe del FBI. El juez Villena ya ordenó más de 60 medidas de prueba. Los cinco iraníes y los 14 venezolanos seguirán en el país

La fiscal federal Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Ezeiza, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Argentina le negó el permiso de ingreso al segundo avión venezolano

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

Aunque la fiscal le restó importancia al informe del FBI, porque “la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia”, mencionó en su requerimiento que esa agencia confirmó que Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air.

La fiscal Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave de Emtrasur y confirmar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con la misma. “Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera, y Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continúa al mando del nombrado avión”, destacó la fiscal en su requerimiento.

“Aún con la salvedad de los alcances del informe del FBI ya señalados, de allí surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable”, completó.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente ya suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

Sobre el resto de la tripulación, 4 iraníes y 14 venezolanos, Incardona destacó que “existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación”.

La Justicia secuestró el avión venezolano y otra aeronave similar vuela rumbo a la Argentina

De esta manera, se descarta que el juez mantendrá retenidos los pasaportes de todos los tripulantes y la prohibición de salida del país.

Por último, la fiscal pidió indagar sobre la carga que transportaba el avión, “con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión”.

Según la documentación que tiene la Aduana, la carga pesó 47.882 kilos, repartida en 312 bultos, aunque el avión tendría una capacidad total de 80 toneladas.

El importador de ese envío fue SAS Automotriz. Esa firma comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, dijo a través de un comunicado.

Volkswagen también se desligó del avión desde el comienzo. Y la empresa de logística decidió echarle la culpa a Aerocharter México. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, dijo a través de un comunicado. Sin embargo, Fracht hasta ahora no se presentó en el juzgado de Federico Villena.