Agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario fueron agredidos en el marco de una intervención en una casa de barrio Tango, tras denuncias de ruidos molestos provenientes de una fiesta clandestina, el domingo 23 de noviembre por la noche, en víspera del feriado. Por el hecho, tres hombres fueron imputados, dos de ellos con prisión preventiva y otro con libertad restringida.

La acusación se dio en marco de una audiencia desarrollada en el Centro de Justicia Penal. Allí, el fiscal a cargo de la investigación, Lucas Altare, atribuyó a los tres acusados el delito de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

De este modo, el juez Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva por 60 días para dos de los imputados y otorgó libertad sujeta a restricciones (fianza y presentación periódica ante la oficina judicial) para el tercero.

Según detalló el secretario de Control municipal, Diego Herrera, los inspectores de la Dirección de Proximidad habían llegado a una vivienda de calle D’Arienzo al 8900, en la zona noroeste de la ciudad, el 23 de noviembre a las 23 luego de denuncias por ruidos molestos en una fiesta sin autorización y uso de pirotecnia. También había personas con una camioneta Volkswagen Amarok realizando maniobras peligrosas.

Luego de que los agentes pidieran la documentación correspondiente, el conductor de la camioneta, junto a otro de los agresores, intentó darse a la fuga. Finalmente, dejó el vehículo abandonado a dos cuadras, el que al cierre del operativo fue remitido al Corralón Municipal.

En cuanto a la intervención de los inspectores municipales que se presentaron en el lugar para disuadir la fiesta clandestina, fueron agredidos por las tres personas que salieron de la vivienda y comenzaron a golpearlos sin mediar palabra. Herrera detalló que uno de los agentes sufrió lesiones en la boca, mientras que los otros recibieron golpes en diferentes partes del cuerpo. Por este hecho se realizó la denuncia correspondiente en sede policial y la posterior intervención de la Justicia. 

Seis mujeres, entre ellas cuatro ciudadanas de nacionalidad paraguaya, fueron rescatadas de una red de trata en la ciudad de La Plata y la Justicia imputó a tres sospechosas.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el caso se inició tras una denuncia radicada el pasado 19 de mayo, en la que una víctima relató haber sido captada por una conocida, quien la contactó con una mujer apodada "La Clona", para trabajar en servicios sexuales a cambio de importantes sumas de dinero que debía abonar cotidianamente.

Según el testimonio de la denunciante, se le exigía el pago de $30.000 por día de trabajo, además de otros gastos como $3.000 para crear un perfil en el sitio web Skokka, y $2.500 diarios en insumos.

Durante una jornada, fue confrontada por cinco hombres que pretendían mantener relaciones sexuales grupales, situación que la llevó a abandonar el lugar y a realizar el descargo en la Justicia.

A raíz de ello, se llevaron a cabo tareas de inteligencia y vigilancia que confirmaron la existencia de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres mayores de edad en un domicilio de planta baja ubicado en la ciudad de La Plata.

Este martes se concretaron cuatro allanamientos simultáneos en viviendas particulares y en el lugar donde se ejercía la explotación, con colaboración del personal de la Dirección Provincial de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El resultado fue el rescate de seis mujeres, dos argentinas de 25 y 28 años y cuatro ciudadanas paraguayas de 24, 45 y 40 años (estas últimas dos en dos casos), domiciliadas en La Plata, Berisso, Avellaneda y Berazategui.

Como resultado de la investigación, fueron notificadas como imputadas: Erika Anabella Martínez, alias “La Clona”, de 28 años, sindicada como la madama regente del prostíbulo, Priscila Jazmín Martínez Veliz, de 25 años, identificada como la encargada de crear los perfiles en Skokka, Macarena Aixa Cabello, de 32 años, señalada como la facilitadora y captadora de mujeres.

El operativo fue ordenado UFIyJ N°5, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, y autorizado por el Juzgado de Garantías N°1, de Guillermo Atencio, al tiempo que la causa se encuentra caratulada como "trata de personas mayores".

Este lunes se llevó a cabo una audiencia imputativa virtual en la que la fiscal Fabiana Bertero formalizó cargos contra tres policías que prestaban funciones en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rafaela, acusados de diversos delitos cometidos dentro de la propia institución. También participaron el abogado defensor de los 3 acusados, Carlos Farías Demaldé y el juez Gustavo Bumaguin.Los imputados son Norberto Núñez (46 años, oriundo de Vera), Alejandro Farías (41, de Santa Fe capital) y Cristian Montiel (38, también de Vera), quienes se encuentran detenidos en la Alcaldía de la Unidad Regional I, a la espera de la audiencia de medidas cautelares prevista en principio para el miércoles 2 de abril a las 8:00 horas.

Graves acusaciones dentro de la institución

Durante la audiencia, la fiscal Bertero expuso con detalle los hechos que motivaron la detención de los tres agentes. Entre las imputaciones más graves, se menciona que el jefe de la Alcaidía, Norberto Núñez, habría solicitado un millón de pesos a un interno para evitar su traslado. Además, se lo acusa de permitir el uso sistemático de un teléfono celular en la cocina de la Alcaidía por parte de otro interno, y de ofrecer beneficios carcelarios a cambio de pagos que iban desde 500 mil a 2 millones de pesos.

Asimismo, se le atribuye haber entregado de manera irregular un teléfono celular previamente secuestrado, y de facilitar la desaparición de evidencia vinculada a una causa por lesiones, al recuperar un celular del pabellón 2 previo a una requisa judicial.

Farías y Montiel: implicados como coautores

Los oficiales Alejandro Farías y Cristian Montiel también fueron imputados por su participación directa en los hechos. Según la acusación, en junio de 2024 pidieron 100 mil pesos a internos del pabellón 3 a cambio de entregarles un celular y avisarles con anticipación sobre requisas, con el conocimiento del jefe de la Alcaidía.

El hecho Todo comenzó con una denuncia anonima que desencadenó una serie de allanamientos que se iniciaron desde el domingo 23 de marzo en la Alcaidía, que dejó al descubierto un escandaloso hallazgo: 56 celulares, televisores y droga (8,8 gramos de cocaína) en una celda. A raíz de esto, se abrióuna causa paralela por tenencia indebida de estupefacientes, y se intensificó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

Calificación legal de los delitos

La fiscal Bertero acusó a los tres policías por una serie de delitos que incluyen: exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad (reiterado), encubrimiento agravado, adulteración de evidencia y coautoría en extracciones ilegalesLos cargos están previstos en distintos artículos del Código Penal Argentino, con penas que podrían implicar prisión efectiva.

Desde el 13 de junio la vida de muchos en la localidad correntina de 9 de Julio tuvo un giro inesperado tras la denuncia por la desaparición del menor de 5 años, Loan Danilo Peña. A un mes del hecho y con varias aristas abiertas en la investigación, es importante saber cómo está la causa y quiénes son los siete detenidos que tiene el caso.

Aquel jueves un almuerzo en la casa de la abuela de Loan transcurría sin inconvenientes hasta que un paseo con sus primos, tíos y conocidos de la familia hasta un naranjal reveló la parte más oscura que se vive en la provincia: la corrupción.

Durante este mes de investigación, la causa pasó por diversos planos e hipótesis que provocaron que su búsqueda parezca inalcanzable y que el juego político y social tome protagonismo de manera inusual.

Detenidos

Las primeras tres detenciones en el caso ocurrieron el sábado 15 de junio cuando la Justicia provincial dictaminó que Antonio Benítez, tío de la víctima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi sean demorados por ser los últimos adultos que vieron al pequeño.

En un principio, y durante la primera semana de investigación, todo se centraba en que Loan estaba perdido, motivo por el cual los rastros hallados en la zona rural nunca fueron analizados por posible trata de persona o accidente, dos hipótesis que transcendieron tiempo después.

En la noche del viernes, ocho días después de la desaparición, la Justicia ordenó la detención de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, un matrimonio conocido de la abuela Catalina y de la localidad entera ya que la mujer era funcionaria de la Municipalidad y el hombre era ex marino.

Este pedido de detención se debió a que la camioneta Ranger y un auto Ford Ka de la pareja habían dado positivo de rastros de Loan tras las pericias de los canes.

Al día siguiente, el sábado por la mañana, también se autorizó que el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, también sea detenido por encubrimiento.

Con ya cinco personas detenidas y los elementos recaudados que indicaban que Loan había sido raptado para la trata, el lunes 24 de junio los fiscales provinciales, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, dictaminaron las imputaciones de los seis detenidos.

María Victoria Caillava: imputada por ser coautora del delito de captación de personas con fines de explotación.

Carlos Pérez: acusado de ser coautor del delito de captación de personas con fines de explotación.

Mónica Millapi: imputada por ser partícipe primaria de la captación de personas con fines de explotación.

Daniel Ramírez: imputado por ser partícipe primario de la captación de personas con fines de explotación.

Antonio Benítez: por ser partícipe primario de la captación de personas con fines de explotación.

Walter Maciel: por encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y por ser funcionario público.

Aun así, tras ordenar sus detenciones, las prisiones preventivas, sus traslados a diversas provincias y derivar el caso a la Justicia Federal, la jueza Pozzer Penzo investiga lo sucedido ese 13 de junio como “averiguación de delito”.

Mientras todo se centraba en la trata de personas y que podría estar en otro país, días después la declaración de Laudelina, tía de Loan, ante un fiscal provincial, el cual no tiene el fuero en el caso, provocó un nuevo revés en la causa.

Testimonios caso LoanSegún sostuvo en su testimonio, Caillava y Pérez atropellaron a Loan a la salida de la casa de la abuela, la amenazaron para que no diga nada, enterraron su cuerpo y luego le entregaron una zapatilla del menor para que la plante en la zona del naranjal.

Frente a este nuevo escenario, se ordenaron nuevas pericias las cuales comenzaron a dar valides a esta posible hipótesis. Con el análisis a la camioneta del matrimonio detenido se constató que hay ADN positivo de un masculino en el guardabarros, por lo que el resultado será analizado con el material genético de sus papás para comprobar si es sangre de Loan.

Así como también todavía resta saber qué revelan los celulares, otros elementos levantados de los vehículos y ropa secuestrada en diversos allanamientos, uno de ellos en la comisaría local en la que el detenido Walter Maciel ejercía como comisario.

A tres semanas de la desaparición y a siete días de la declaración de Laudelina, se solicitó que dé testimonio frente a la Justicia Federal y tras varias horas la tía del pequeño quedó detenida por “sustracción, alteración de evidencias del caso, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos”.

De este modo, a un mes del hecho, la causa tiene siete detenidos y se espera que el resultado de pericias y análisis puedan esclarecer qué pasó con Loan aquel 13 de junio.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que se procedió a la imputación formal de los rugbiers franceses, Hugo Araudou y Oscar Alain Jegou, investigados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas.

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad sexual de Mendoza, a través de la fiscal subrogante Cecilia Bignert, fue quién se encargó de llevar a cabo la imputación de los jugadores del seleccionado francés que estuvieron en la provincia cuyana el sábado por la tarde en la victoria sobre su par de Argentina pero que, por la noche, fueron denunciados por abuso sexual por parte de una mujer en Mendoza.

El lunes, cuando ya se encontraban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos rugbiers fueron detenidos e imputados por "abuso sexual agravado con acceso carnal con participación de dos o más personas". El jueves, los jugadores de 20 y 21 años viajaron esposados por vía terrestre desde la ciudad porteña hacia la capital mendocina para encontrarse con su abogado, Rafael Cúneo Libarona que es hermano de Mariano, el actual ministro de Justicia de la Nación.

Tanto Araudou como Jegou optaron por no prestar declaración y la causa en cuestión continuará siendo investigada por Darío Nora, en turno a la fecha del hecho. Los jugadores franceses continuarán detenidos, mientras que la defensa pidió la detención domiciliaria que será resuelta cuando Nora lo disponga. 

Laudelina, tía de Loan Peña, el nene de cinco desaparecido desde el 13 de junio en Corrientes, fue imputada en la causa y en durante este viernes será indagada por los fiscales.

La mujer fue citada a declaración indagatoria esta mañana mientras se encontraba en su casa. La misma se dará en la sede del juzgado, en la localidad de Goya.

Al citarla, la Justicia considera es que hay una presunción de sospecha de delito, el cual está relacionado con el entorpecimiento de la investigación al plantar una zapatilla de Loan que desvió la búsqueda.

Los fiscales le preguntarán si tiene algún descargo que hacer. Laudelina podrá exponer, contestar preguntas o no dar ninguna declaración. Luego, la jueza determinará si es procesada o no. También se decidirá si queda detenida.

“Se lo llevó el Pomberito”: la respuesta de Laudelina Peña al hermano de Loan en medio de la búsqueda

A 22 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia trabaja en varias hipótesis, entre ellas la de la trata de personas y la que declaró Laudelina, que indica que el nene murió después de que lo atropellaran María Victoria Caillava y Carlos Pérez. José, uno de los hermanos del nene de 5 años, apuntó contra su tía y reveló que mientras buscaban al chiquito, ella le dijo que “se lo había llevado el Pombero”.

Mientras reconstruía cómo fueron los primeros días de búsqueda de Loan, José recordó: “Yo me senté a hablar con Laudelina, quería hablar con ella, no me dijo nada, me decía ‘capaz le llevó el Pomberito, o se fue solo’ nunca me dijo nada del accidente, no entiendo por qué no me dijo nada”.

De esta manera, en diálogo con Radio Dos, el hermano de Loan afirmó que su tía le dijo que al nene “se lo había llevado” el Pomberito, una figura mítica cuya leyenda circula desde hace décadas en el norte argentino e indica que cuando se enoja “se lleva a los nenes de su casa”.

A raíz de la conversación que tuvo con Laudelina, José aseguró que la mujer le mintió a su familia y a los medios cuando declaró ante el fiscal provincial y dio su versión del accidente. “Para mí Laudelina tiene una estrategia, miente y a todos nos mintió, a los medios, a nosotros. Tuvo tiempo para decirnos cosas a nosotros y se fue a Corrientes y dijo eso allá”, remarcó.

La Justicia ordenó peritar dos autos y la moto de los imputados en el caso Loan Danilo Peña con la idea de hallar posibles rastros de sangre humana y pelos. En los últimos días la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez ya fuer peritada y encontraron elementos elocuentes.

Mientras la investigación avanza sin una hipótesis principal, este miércoles la Justicia solicitó la recolección de pruebas en el auto de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, la moto de Antonio Benítez y el vehículo Ford Ka de María Victoria Caillava y Carlos Pérez

Según pudo saber Noticias Argentinas, con esta pericia los investigadores buscan obtener posibles rastros de sangre humana y pelos.

Esta misma práctica se llevó a cabo en las últimas horas en la camioneta del matrimonio detenido en la que una rueda dio positivo de luminol, se encontraron manchas hemáticas, el paragolpes hundido y dos pelos que serán analizados.

Con respecto a estos últimos elementos, este miércoles serán peritados con el ADN correspondiente para saber si pertenecen a Loan.

A su vez, se espera saber el resultado de las pericias en los celulares de los detenidos e involucrados en el caso que se harán este jueves 4 de junio.

Se tratan de 12 teléfonos, entre los que está el de Laudelina. El del excomisario Walter Maciel ya fue peritado en Corrientes.

En la cédula de notificación se dan a conocer los puntos a analizar y comunican a las partes por si quieren incorporar peritos.

En este sentido, este medio accedió a dicho informe donde se solicitaron los siguientes requerimientos: back Up (archivos de usuario), obtención de correos electrónicos, recuperación de archivos eliminados, obtención de registros de Internet (historial de navegación y redes sociales.

Los seis imputados por la desaparición de Loan en Corrientes fueron trasladados a cárceles federales de Salta y Chaco pese a que realizaron diversas presentaciones negándose a la resolución.

Este jueves por la mañana, cinco de los detenidos se subieron con la cara tapada a un camión de la Policía Federal con el que fueron enviados a las cárceles federales.

Sobre el sexto imputado, se espera que en las próximas horas sea enviado a otra prisión.

Fue en las últimas horas cuando la Justicia autorizó a que María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y el comisario Walter Maciel sean alojados en el complejo 3 de Güemes en la provincia de Salta.

Con respecto a Daniel “fierrito” Ramírez, comunicaron que irá a la Unidad 7 de Chaco.

Ante la resolución, varios de los acusados presentaron  habeas corpus por la lejanía con su familias y porque sus abogados deberán viajar muchos kilómetros para tener reuniones con sus clientes.

Por su parte, el comisario manifestó que corre riesgo su vida por lo que solicitó quedarse en Corrientes. 

La Fiscalía que investiga el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña imputó a cinco de los detenidos por captación de personas con fines de explotación agravado, mientras que el Comisario por encubrimiento. De este modo la causa pasará este mismo lunes a la Justicia Federal.

Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Los tres primeros están apuntados como partícipes primarios, y el matrimonio como coautores materiales.

Con respecto al Comisario Walter Maciel, fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

Asimismo, informaron que todos los detenidos se negaron a declarar frente a los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo.

A 11 días de la desaparición del menor, la fiscalía sostiene que hay pruebas incriminatorias suficientes contra los nuevos detenidos como: el resultado de lo que olfatearon los perros en dos vehículos del matrimonio y que Loan nunca salió del terreno donde está la casa de su abuela. "Todos están bajo sospecha, incluido el padre", detallaron.

Otra de las cuestiones que trascendieron en las últimas horas es que uno de los detenidos, Carlos Pérez, intentó quitarse la vida.

El fiscal penal Carlos Alberto Salinas ha imputado provisionalmente a cuatro hombres adultos como coautores del delito de robo en poblado y en banda, agravado por el uso de armas de fuego.

El incidente se registró el pasado 23 de mayo durante las primeras horas de la tarde. La víctima, un trabajador, fue interceptado mientras llegaba a su domicilio en su vehículo. Los asaltantes, que se desplazaban en dos motocicletas, lo amenazaron con armas de fuego y le sustrajeron dinero, mercadería, una mochila y un celular antes de huir del lugar.

La investigación incluyó la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y otras acciones que llevaron a la identificación de los sospechosos. El fiscal Salinas solicitó al Juzgado de Garantías 1 de Orán órdenes de allanamiento, secuestro y detención para los domicilios relacionados con los investigados.

En cumplimiento de estas órdenes, personal de diversas divisiones de la Policía de la Provincia allanaron seis domicilios, logrando la detención de dos hombres y el secuestro de motocicletas, armas de fuego, proyectiles, dinero, prendas de vestir relevantes y marihuana. Posteriormente, se detuvo a otras dos personas por su presunta implicación en el hecho.

Tras la audiencia de imputación, los detenidos permanecen bajo custodia mientras el fiscal Salinas continúa las diligencias necesarias para esclarecer completamente este violento suceso, según informó La 10 Noticias.

Dos hombres fueron imputados este jueves como integrantes de una asociación ilícita que cometía diversos delitos con el objetivo de controlar el territorio en un sector del noroeste de la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Laura Urquiza en una audiencia que se llevó a cabo este mediodía en los tribunales de la capital provincial ante el juez Sebastián Szeifert.

Uno de los imputados tiene 18 años, sus iniciales son ICB y fue detenido el martes de esta semana en una serie de allanamientos simultáneos. "Entre otros delitos, se le atribuyó la autoría del homicidio de Nahuel Borovachi", explicaron las fiscales y agregaron que "se trata del hombre que era el novio de Lorena Orduña, la joven de 20 años que murió el martes 26 de diciembre a raíz de que recibió un disparo de arma de fuego que iba dirigido hacia él".

El otro hombre investigado tiene 25 años, sus iniciales son MMG y se le atribuyó haber disparado con un arma de fuego contra una vivienda y contra un móvil policial.

Las fiscales Del Río Ayala y Urquiza brindaron detalles del accionar delictivo de la asociación ilícita que integraban los investigados. "La formaban los dos hombres imputados ahora y al menos cinco personas más que desplegaron acciones delictivas dirigidas a controlar territorialmente los barrios La Loma, Escarafía y Santo Domingo", informaron.

"A través de balaceras y asesinatos buscaban intimidar a rivales", argumentaron y añadieron que "para generar medios económicos con los que sostener la estructura de la banda, robaban motos por las que pedían 'rescate' a sus propietarios o las vendían". En tal sentido, también sostuvieron que "generaron poder económico a través de la adquisición y venta ilegal de armas y municiones".

En la audiencia, las funcionarias del MPA remarcaron que "la asociación ilícita que integraban los imputados se mantuvo estable y operaba de manera constante desde, al menos, septiembre del año pasado".

Al imputado que era novio de Orduña, se le atribuyó haber integrado la banda criminal y otros seis hechos ilícitos. En relación al homicidio de su pareja, las fiscales indicaron que "a pesar de que él sabe quién causó la muerte de la mujer y en qué circunstancias, no aportó información del hecho ilícito, lo que permitió al homicida sustraerse de la acción de la Justicia".

En relación al homicidio de Borovachi, las fiscales sostuvieron que "fue cometido el viernes 3 de noviembre del año pasado" e hicieron hincapié en que "el imputado fue a un taller mecánico ubicado en Crespo al 7.600, donde utilizó un arma 9 milímetros para realizarle múltiples disparos a la víctima que le causaron la muerte".

En la audiencia de este jueves también se le atribuyó haber intentado matar a un hombre que se trasladaba en moto en inmediaciones de Tercer Pasaje y Camino Viajo a Esperanza; el robo de una moto a dos hombres en inmediaciones de Vieytes y Servando Bayo, y haber disparado contra una vivienda ubicada en Risso al 4.100 y contra un móvil policial.

De acuerdo con los resuelto, las medidas cautelares se debatirán en una audiencia a realizarse este viernes en horario a confirmar. Del Río Ayala y Urquiza adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los detenidos.

Al hombre de 18 años de iniciales ICB se le atribuyó la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; homicidio y tentativas de homicidio, ambos delitos calificados por el uso de arma; robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda; encubrimiento agravado por la entidad del hecho; abuso de armas y abuso de armas agravado por ser la víctima personal policial.

En relación al imputado de 25 años –e iniciales MMG– se le imputó la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; abuso de armas y abuso de armas agravado por ser la víctima personal policial.

Por último, en la audiencia también fue imputado un tercer hombre de 21 años cuyas iniciales son FJP, que fue detenido en los allanamientos realizados el martes.

De acuerdo con la información relevada hasta el momento, las funcionarias del MPA aclararon que "este imputado no formaría parte de la asociación ilícita, motivo por el cual solo se le atribuyó la tenencia de un arma de fuego de guerra que se le secuestró en el allanamiento". En tal sentido, precisaron que "se trata de una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus, que tenía el cargador colocado con 14 cartuchos del mismo calibre y que, de acuerdo con las pericias realizadas, es apta para efectuar disparos".

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolvió llevar a juicio a los ocho imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en noviembre de 2020.

En el marco de la misma están acusados de homicidio simple con dolo eventual, y se considera que tuvieron algún grado de participación en la supuesta "internación domiciliaria" del ex futbolista y entrenador en una vivienda de Tigre, en el norte del conurbano, donde finalmente falleció hace casi tres años.

En el despacho están imputados el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

El delito de homicidio simple con dolo eventual prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel para la legislación argentina.

Los hijos de Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Fernando y Diego Junior, decidieron recurrir a la Justicia, debido a las irregularidades que rodearon la muerte del astro futbolístico, cuya atención en la última etapa de su vida era supervisada por Luque, su abogado, y el cuerpo médico que éste había designado.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y la autopsia determinó que su deceso se produjo como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". Y también se descubrió que tenía una "miocardiopatía dilatada".

El ex jugador, quien además padecía problemas de adicción al alcohol, había sido ingresado en una clínica de la ciudad de La Plata el 2 de noviembre de 2020, por un cuadro de anemia y deshidratación, y un día después fue derivado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre de ese mismo año recibió el alta y se trasladó a una casa en un barrio privado de Tigre, donde estaba al cuidado de un grupo de médicos y enfermeros, pero finalmente falleció dos semanas más tarde.

Al momento de morir Maradona estaba dirigiendo a Gimnasia de La Plata, donde había asumido su cargo en septiembre de 2019.

Los sospechosos están acusados de profanación, tratamiento inadecuado e indigno de los cadáveres y asociación de malhechores.A más de una semana del hecho, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo impuso este lunes un mes de prisión preventiva en contra de dos hombres acusados por el abandono de seis cadáveres de bebés recién nacidos frente a la puerta del cementerio Cristo Salvador, en ese mismo distrito.

La medida fue impuesta por el juez Leomar Cruz Quezada contra Hilario Pascual, empleado del cementerio, y contra Misael Encarnación Montero, chofer de la funeraria encargada de la inhumación.

El propietario de la funeraria, Julián Encarnación Montero, se desvinculó de cualquier responsabilidad y afirmó que el chofer entregó los cuerpos a un empleado en el cementerio, según dijo a Noticias SIN.

El representante legal de Pascual, Jean Carlos Martínez, señaló que la medida impuesta fue injusta, por considerar que no tiene culpabilidad en lo ocurrido.

El Ministerio Público acusa a Pascual y a Encarnación Montero de profanación, tratamiento inadecuado e indigno de los cadáveres y asociación de malhechores.

Los imputados cumplirán la medida preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

El caso

Los cadáveres de seis bebés, fallecidos por diferentes causas, fueron encontrados en la entrada de un cementerio de la capital dominicana Santo Domingo, aparentemente abandonados por la funeraria encargada de su entierro.

Se trata de los cuerpos de cuatro niños y dos niñas, dominicanos y haitianos, dijo a la prensa la patóloga Anyi Vicioso, quien llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Una persona que reside cerca del Cementerio Cristo Salvador, en el este de Santo Domingo, dio la voz de alarma tras hallar uno de los cadáveres, por lo que agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar, donde fueron encontrados otros cinco cuerpos.

Los bebés llevaban en los pies y en las muñecas etiquetas de identificación de color rosa y azul, dependiendo del sexo.

En un comunicado del Servicio Nacional de Salud dominicano (SNS), la directora del Hospital Ciudad Juan Bosch, Marilelda Reyes, aseguró que los restos de los pequeños fueron entregados el martes por ese centro sanitario a la Funeraria La Popular para que procediera a su entierro.

Por ello, Reyes se mostró “sorprendida” de que los neonatos fallecidos aparecieran la mañana local de este miércoles en las inmediaciones del Cementerio Cristo Salvador, cuando la funeraria informó que habían sido enterrados.

“Por diversas razones algunos padres no retiran los cadáveres, especialmente cuando son de muy escasos recursos económicos, por lo que el centro de salud debe pagar por el servicio de sepultura”, indicó.

La nota del SNS precisó que dos de los bebés llegaron al Hospital Ciudad Juan Bosch ya muertos tras ser referidos desde otros centros, mientras que uno de 38 semanas y otro de 40 fueron trasladados desde el Hospital de Guerra con diagnóstico de sepsis neonatal y los otros dos habían nacido de forma prematura, tras 24 y 25 semanas de gestación.

Funcionarios del SNS se han trasladado al cementerio “para presentar las evidencias” a la Policía y al Ministerio Público “sobre el proceso realizado con la funeraria para ofrecer sepultura digna a esos cadáveres del referido centro de salud”, agregó el comunicado acerca de un caso bajo investigación y que ha conmocionado a la opinión pública dominicana.

Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora en otra causa, a raíz de la denuncia contra Insaurralde y su ex pareja por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 

A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.

Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.

En la imputación y pedido de investigación, la fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.

Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi 4 millones de pesos por su actividad como Jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. 

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde. 

En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.

Además, se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.

Este martes por la tarde, en el Centro de Justicia Penal, se llevó a cabo la audiencia de imputación a los tres detenidos por el asesinato del inspector policial César Eduardo Carmona, ocurrido la semana pasada en Lamadrid al 500, frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Rosario. El juez Florencio Malaponte aceptó las imputaciones y determinó prisión preventiva por plazo de ley para los tres imputados.

Los tres hombres detenidos por el crimen del policía son Agustín "Calamar" Almirón, Alan Aragón y Fernando Cabrera. Fueron apresados en distintos allanamientos realizados en Rosario entre la noche del sábado y la madrugada del domingo por las divisiones de Homicidios, Operativa y de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal.

El fiscal del MPA Alejandro Ferlazzo les atribuyó a los tres el hecho ocurrido el pasado jueves 14 de septiembre, cuando realizaron una persecución en forma conjunta al inspector César Eduardo Carmona, que circulaba en su vehículo particular Ford Fiesta de color negro. Los tres delincuentes, por su parte, se trasladaban en un Citröen C3 de color bordó.

Según la Fiscalía, para trazar el plan criminal finalmente consumado, persiguieron a César Carmona desde el momento en que se retiró de su lugar de trabajo de policía en su función adicional en una empresa con actividades financieras, ubicada en calle Italia al 700 de Rosario, a las 14.46, hasta la central de la Agencia de Investigación Criminal para continuar con sus funciones policiales.

Los tres detenidos por el crimen del inspector Carmona

En los fundamentos que describe el fiscal Ferlazzo, advierte que a las 15.10 aproximadamente dieron alcance al vehículo de Carmona, cuando éste inició maniobras de estacionamiento frente al ingreso de la central de la AIC en calle Lamadrid al 500. En ese momento, le cruzaron el automóvil Citroen C3, que era conducido por Agustín Alfredo Almirón, apodado “Mojarra” o “Calamar”, llevando como acompañante a Fernando Cabrera.

Chocaron contra la parte delantera del auto de Carmona. A continuación, ambos agresores descendieron del Citroen C3, portando Almirón una pistola calibre 9 milímetros. Una vez que se acercó a la posición del policía, Agustín “Calamar” o “Mojarra” Almirón abordó al policía Carmona, abrió con sus manos la puerta del auto Ford Fiesta, apuntó con su pistola y ante el intento del policía de utilizar su arma de fuego reglamentaria, le efectuó disparos. Entonces, Fernando Cabrera pudo robar las pertenencias de la víctima.

Luego, cuando Carmona logró bajar de su vehículo, Almirón continuó disparándole, efectuando en total de por lo menos diez disparos de arma de fuego, causando la muerte del inspector de la Policía de Santa Fe.

Para lograr la sustracción de la mochila de Carmona, Fernando Cabrera rompió los dos vidrios de las puertas delantera y trasera del lado derecho del automóvil. Seguidamente, Almirón y Cabrera subieron nuevamente al Citroen C3 y se dieron a la fuga por calle Lamadrid y tomaron calle Leiva, donde los esperaba Alan Aragón en un automóvil Gol Trend. Ya en calle Leiva, entre calle H. de la Quintana y Sánchez de Bustamante, ambos vehículos se unieron y tomaron Sánchez de Bustamante haciael oeste. En dicha arteria, entre Salva y Leiva, dejaron abandonado el Citroen C3.

Allí descendieron del vehículo Almirón y Cabrera, transportando Cabrera la mochila de la víctima, y se subieron al vehículo Gol Trend de color gris en la esquina de Bustamante y Salva. Lo expuesto denota -según considera el fiscal Ferlazzo- el plan criminal trazado por el grupo, que individualizaron a la persona que se retiraba de la empresa con actividades financieras, y programaron el hecho de manera coordinada. Esto denota el concurso premeditado de los intervinientes, hecho que no podría haber ocurrido sin tal planificación.

Por lo descripto, a Agustín Alfredo Almirón y a Fernando Ariel Cabrera le imputaron homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por su conexión (criminis causa), robo calificado por uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

En tanto, a Alan Nahuel Aragón se le atribuye homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por su conexión (criminis causa), en concurso real con el delito de robo calificado por uso de arma de fuego, en calidad de participe primario.

La hija del conductor Jorge Rial, More Rial, está imputada por ser presunta partícipe necesaria del delito de daño y coautora de robo y amenazas, hurto reiterado y coacción. 

Dos de sus amigas también enfrentan la misma acusación. 

Es por hechos ocurridos en 2022 contra su exnovio Dylan Omar Rodríguez y la familia de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo. Las amigas de More Rial son Camila, Joana Velázquez y a Helen del Valle Castro.

Según detallaron en el programa, una jueza de garantía, la doctora Laura Varales, rechazó el recurso interpuesto por Morena Rial, que había sido imputada y elevada a juicio oral y público por varios delitos.

More Rial está acusada de una serie de delitos:

un robo vinculado a un episodio acontecido la noche del sábado 13 de agosto de 2022 en la zona exterior de un boliche.

Por este hecho, en su oportunidad se le imputó los delitos de robo, daño y amenazas.

También se le imputan dos hechos de hurto calificado: 

Las imputaciones se desprenden a consecuencia de la denuncia formulada por Facundo Antonio Ambrosioni, bajo la asistencia técnica del abogado Carlos Nayi.

“La sustracción de siete equipos móviles marca iPhone el 15 de diciembre de 2022, y 19 de diciembre de 2022, provechando la relación sentimental que había mantenido con el señor Ambrosioni y la desprevención de los encargados de dos locales comerciales de Ambrosioni”, afirmó el denunciante.

Según la denuncia, en esa circunstancia fue que Rial se apoderó de los aparatos, secuencias que quedaron captadas por las cámaras de seguridad de los locales, afirmó

Por último, también se dispuso imputarla por los delitos de Coacción y Amenazas en perjuicio de Facundo Ambrosioni y su padre, habida cuenta que había advertido que si la denunciaban no iba a quedar “nadie vivo ni siquiera el hijo de la ex pareja”.

¿Qué condena podría recibir More Rial?

La elevación del caso a un juicio oral y público genera el siguiente escenario con las posibles condenas por los delitos que se le imputan:

Robo (según el artículo 164 del Código Penal): La condena por este delito varía en una escala que va desde un mínimo de 1 mes hasta un máximo de 6 años de prisión.

Hurto calificado (según el artículo 163 del Código Penal): En el caso de una condena por hurto calificado, las penas oscilan entre 1 año y 6 años de prisión.

Coacción (según la segunda parte del artículo 149 bis del Código Penal): Para el delito de coacción, las posibles sentencias van desde un mínimo de 2 años de prisión hasta un máximo de 4 años de prisión.

Amenazas (según el artículo 149 bis del Código Penal): Las amenazas pueden conllevar penas que oscilan entre 6 meses como mínimo y 2 años como máximo de prisión.

Dos policías del Comando Radioeléctrico fueron imputados este martes por un grave hecho ocurrido en la madrugada del 10 de noviembre de 2021 en la zona norte de Rosario. Según la acusación del fiscal Pablo Socca, frenaron un Renault 19 y exigieron 30 mil pesos al conductor para dejarlo circular. Como el hombre no tenía esa plata, comenzó a discutir con los agentes Jorge César Russe y Diego Eduardo Barragán. En eso, su esposa, que iba en el asiento del acompañante, comenzó a convulsionar pero los agentes impidieron que la ayude inmediatamente. Finalmente, la mujer, de 44 años que había sufrido un ACV, murió.

Durante la audiencia realizada ante el juez Héctor Núñez Cartelle, el fiscal señaló que el inspector Russe (49 años) y el subinspector Barragán (45) detuvieron el auto en el que iba una pareja con sus tres hijos en avenida Circunvalación a la altura de calle Baigorria. En un primer momento, según la acusación, los policías pidieron la documentación y después indicaron falsamente que estaban incumpliendo las medidas sanitarias contra el covid, ya que supuestamente no se podía estar en la calle entre la 0 hora y las 6.

El conductor del Renault 19 comentó a los policías que iba desde Santa Fe hasta Buenos Aires y que desconocía que no se podía transitar entre la 0 y las 6. Sin embargo, Russe le respondió: “Con los papeles no hacemos nada. Por más que esté todo al día vamos a la comisaría, que ahí llamo a la grúa para que te retengan el vehículo y llamo a la fiscal para que disponga dónde van a ir presos ustedes. Son cinco personas arriba del auto, te va a salir 10 mil pesos de multa por persona, 30 mil la grúa y 50 mil la fiscal. Lo menos que tenés que darme son 30 mil pesos”.

Según contó el propio automovilista en el expediente, en medio de la discusión con los policías, su pareja Marina Drunday comenzó a convulsionar en el asiento del acompañante. Pese a ese cuadro, los agentes no le permitieron subirse al vehículo e incluso lo empujaron. En un momento, de acuerdo al relato del hombre, igualmente se metió a su Renault 19 y se dirigió hasta el Eva Perón de Granadero Baigorria.

Pero todo no terminó allí. El patrullero de Russe y Barragán "escoltó" el auto hasta el hospital, donde Marina Drunday ingresó a la unidad de terapia intensiva con un ACV producto de una severa hipertensión arterial. Ante ese escenario, Russe le dijo al automovilista que se despreocupara del procedimiento y se fue del lugar.

Según consta en el GPS del móvil policial que usaron en esa fecha los dos agentes del Comando Radioeléctrico, el patrullero estuvo detenido 33 minutos el 10 de noviembre de 2021 a la madrugada en el predio del Eva Perón de Baigorria.

El 18 de noviembre de 2021, seis días después de su entrada al hospital, la mujer murió por una falla multiorgánica, según el acta de defunción.

El juez Héctor Núñez Cartelle, luego de escuchar los indicios probatorios, dejó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley a Russe y dio 90 días para Diego Barragán.

Un dato no menor. Russe llegó preso a la audiencia. Es porque fue imputado en octubre del año pasado por haber coimeado el 18 de agosto de 2022 a Jonatan Ezequiel Almada, presunto gerente de la célula de Los Monos que opera en la zona noroeste de Rosario, a cambio de no detenerlo. Según consta en la imputación formulada por el fiscal Socca el año pasado, Russe frenó a Almada en Rubén Darío y Florida, le pidió 10 mil pesos y lo dejó ir.

El presunto cabecilla de Los Monos en Ludueña, Industrial y Empalme Graneros cayó igualmente seis días después en allanamientos hechos en toda la zona noroeste.

Fueron imputados y permanecerán tras las rejas hasta el martes, cuando se discutirá la prisión preventiva.

Ornella Pazzi

Dos hombres, un estudiante de ingeniería y un jugador de fútbol de la primera división de un club de San Jorge, fueron imputados por haber abusado de una amiga. Las defensas consintieron que ambos quedaran tras las rejas hasta el martes, cuando se discutirá la prisión preventiva.

Martín P. y Juan Ignacio I., de 25 años, fueron imputados por el fiscal Carlos Zoppegni como autor de “abuso sexual con acceso carnal” el primero y autor de “abuso sexual gravemente ultirajante” el segundo, ambos delitos agravados por la participación de dos o más personas. La audiencia fue realizada este viernes en los tribunales de San Jorge, ante el juez Pablo Ruíz Staiger.

La defensa técnica está en manos de los abogados particulares Marcela Rinero y Lucas Combina, quienes consintieron que sus representados quedaran tras las rejas y solicitaron que se prorrogara el tratamiento de la prisión preventiva, que iba a ser el viernes, para el martes 26 de junio. Esto, a los fines de profundizar el estudio del legajo y, tal vez, ofrecer prueba.

La denuncia fue radicada el martes 20 por la víctima, quien cuenta con la asistencia legal del Dr. Martín Durando y planea presentarse como querellante en el proceso penal. La noche anterior, la joven salió a un pub junto a una amiga, y allí se cruzó con los imputados, a quienes conocía desde hacía años.

18 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente con discapacidad en Villada

Cuando su amiga se retiró del lugar, la mujer se quedó junto a un grupo de personas, entre los que estaban los imputados, que le habían ofrecido llevarla a su casa. Después del pub, se fueron en el auto de Juan Ignacio P. a dar vueltas por la ciudad mientras continuaban charlando.

Según la denuncia, el conductor comenzó a insistirle a la joven para “que se fuera” con Martín P., y ella accedió porque éste último le dijo que tras arribar a su domicilio la llevaría en su propio auto hasta su casa. Pero en lugar de dirigirse hasta allí, Juan Ignacio I. los trasladó hasta el barrio Los Altos, y estacionó el auto en un descampado.

Fue entonces que, indica la atribución delictiva, ambos descendieron del vehículo y se pasaron al asiento de atrás, donde se encontraba la chica, y abusaron de ella. Luego, la llevaron hasta su casa. Ante la policía que le tomó la denuncia, la mujer señaló entre lágrimas que la habían tratado como si fuera un pedazo de carne.

Por el momento, los imputados permanecen tras las rejas. La víctima declaró ante el juez, que jamás se habría esperado que ellos actuaran de esa forma, y consternada pidió que continuaran presos. Esto se definirá el martes, en la audiencia de medidas cautelares.

Por orden de la Justicia, se realizó un allanamiento en Puerto Tirol, localidad en donde está el campo de la familia Sena, para encontrar “el cuerpo o restos” de la joven. La hipótesis de un femicidio cada vez cobra más fuerza.

Después de la indagatoria a los siete imputados por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, este miércoles 14 la Justicia ordenó un allanamiento en Puerto Tirol, localidad en la que se encuentra el campo de Emerenciano Sena, y de este modo hallaron restos de sangre de la víctima.

Este martes 13 de junio, el casero del campo de la familia Sena, Gustavo Melgarejo, declaró y fue el único- junto a su mujer Griselda Reynoso, también implicada en el caso- que respondió las preguntas del equipo fiscal especial.

Ahora, los fiscales que investigan el caso ordenaron el allanamiento. En este marco, desde las 8:30 de esta mañana, peritos especializados del Poder Judicial se reunieron en una zona que queda 10 kilómetros de Puerto Tirol para encontrar el cuerpo de la víctima.

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Los datos que aportaron Melgarejo y Reynoso se desconocen, pero según las fuentes sus declaraciones fueron claves para que las autoridades decidieran salir a buscar el cuerpo de Cecilia a 20 kilómetros de Resistencia.

Cerca de las 20:00 horas, los agentes hallaron rastros de sangre de la víctima en la casa de Emerenciano Sena. Las mismas estaban en una sierra de carnicería, advirtiendo que la joven habría sido descuartizada.

El cuerpo, según sospechan, estaría en la residencia del piquetero peronista, ubicada en Santa María Oro al 1460. Si bien no lo hallaron, gracias a estos indicios se solicitó prisión preventiva para los siete detenidos.

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Quiénes son los imputados por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Por el presunto femicidio de Cecilia, hay siete imputados hasta el momento. En primer lugar, César Sena, esposo de la víctima, su padre Emerenciano y su madre Marcela Acuña, quienes están acusados de ser coautores del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

A su vez, la asistente del matrimonio Sena, Fabiana González y su esposo, Gustavo Obregón, también forman parte del listado de los imputados. Por último, Gustavo Melgarejo y su pareja, Griselda Reynoso son los otros implicados.

La Sala III de ese tribunal notificó a las partes que la audiencia se realizará el 7 de marzo de manera virtual.

La Cámara de Apelaciones de San Isidro fijó para el próximo 7 de marzo la audiencia oral clave que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente llega a juicio oral como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve, para los ocho profesionales de la salud imputados que podrían terminar condenados a penas de entre 8 y 25 años, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala III de ese tribunal notificó a las partes que la audiencia se realizará ese día a partir de las 11.30, aunque no en los tribunales de San Isidro sino de manera virtual.

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Quiénes son los ocho imputados por el homicidio de Maradona

1.Leopoldo Luciano Luque (41): neurocirujano. Principal imputado, para los fiscales era el médico de cabecera de Maradona. Firmó la externación de la Clínica Olivos para llevarlo a la internación domiciliaria.

De qué lo acusan: -“En su carácter de médico de cabecera (…) evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Maradona”.

-“No garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos”.

-“En forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados”.

-“Frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón y a la posibilidad cierta de que se encontrara cursando un edema agudo de pulmón, se abstuvo de actuar” y despreció “los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte”.

-Además del homicidio, lo imputaron por “uso de documento privado adulterado” por pedir una historia clínica del “10” con una firma falsificada de su paciente.

2. Agustina Cosachov (37): era la psiquiatra de Maradona. Otra de las principales imputadas en la causa. Era la encargada de indicar la medicación psiquiátrica que tomaba el por entonces DT de Gimnasia y también firmó la externación de la Clínica Olivos.

De qué la acusan: -“Teniendo pleno conocimiento de la patología cardíaca (…) no adoptó los recaudos adecuados”.

– Le atribuyen “no imponer límites al doliente”.

-“No aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos (…), desentendiéndose de los efectos adversos”.

-Fue la responsable del “apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos”.

-“Omitió encargarse personalmente de la reanimación del paciente”.

-Además, la imputaron por “falsedad ideológica” porque le atribuyen haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Maradona sin haber ido a visitarlo.

3. Carlos Ángel “Charly” Díaz (30): era el psicólogo de Maradona. Ingresó al staff médico de la mano del abogado y representante del “10”, Matías Morla. Es considerado como uno de los integrantes del “equipo médico tratante”.

De qué lo acusan: -“Omitió proceder a su internación en un centro de rehabilitación adecuado”.

-“Fue involucrándose el ámbito de actuación profesional de la psiquiatra Cosachov, y avocándose incluso a tomar decisiones hasta entonces ajenas a su incumbencia”.

-Lo acusan de “manipular” a la familia “proponiéndoles que todo lo que estaba sucediendo era producto de la libre y espontánea decisión de Maradona”.

-“No hacía más que ocultar la información relativa al verdadero cuadro de salud del causante”.

-Le atribuyen una “palmaria indiferencia de su conducta frente a la situación de emergencia y la posibilidad del resultado muerte”.

4. Nancy Edith Forlini (53): médica a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical. Era la coordinadora para la prepaga de la internación domiciliaria de Maradona.

De qué la acusan: -“Omitió cumplir con los deberes mínimos a su cargo, entre los que se encontraba, de conformidad al cuadro del paciente, dotar al lugar, del personal de enfermería especializada en salud mental, acompañamiento terapéutico, nutricionista, y de la aparatología adecuada para RCP avanzada, estudios de laboratorio y electrocardiograma”.

-“Omitió analizar si la vivienda cumplía con las condiciones mínimas para un paciente con las limitaciones físicas de Maradona”.

-“En pleno conocimiento del deficitario servicio de enfermería (…) omitió tomar medida alguna, siendo de ese modo funcional a las conductas que ejecutaban los restantes imputados, fruto de lo cual se produjo el resultado fatídico antes mencionado, que ineludiblemente debió representarse por la condición que detentaba”.

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5. Mariano Ariel Perroni (41): era el coordinador de enfermeros de la empresa “Medidom”, subcontratada para aportar enfermeros y médicos a la internación domiciliaria de Maradona.

De qué lo acusan: -“Completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Maradona recibía”.

-“Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia”.

6. Ricardo Omar Almirón (39): era el enfermero que cuidaba a Maradona durante el turno noche y madrugada.

7. Dahiana Gisela Madrid (38): era la enfermera del turno mañana y tarde.

De qué acusan a ambos enfermeros: -“Omitieron asistir a Maradona los días 24 y 25 de noviembre de 2020, a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió”.

-“Realizaron chequeos y/o revisaciones deficitarias, ya sea porque no los hacían debidamente o bien porque omitían siquiera ingresar en la habitación”.

-“Los días previos no pudieron advertir los signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca que ya eran evidentes y detectables”.

-“Fueron los últimos (…) que tuvieron contacto directo con la víctima, cuando ya había comenzado el período agónico previo al deceso, datado al menos 12 horas antes del fallecimiento”.

8. Pedro Pablo Di Spagna (49): fue el clínico contratado para el seguimiento de Maradona en la casa de Tigre. Estaba en el chat de enfermeros y médicos donde se reportaban las novedades sobre el paciente.

De qué lo acusan: -“En su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo de controlar regularmente el estado de salud del paciente”.

-“Se presentó en esa calidad solo en dos oportunidades”: el 12 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre, cuando avaló “una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol”.