Sergio Medina tenía 19 años y fue asesinado a sangre fría a mediados de agosto en las calles de barrio Las Lomas, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Testigos apuntaron inmediatamente contra un joven de 22 años, a quien sindicaron como el autor del hecho. Este muchacho logró mantenerse prófugo hasta este miércoles, cuando fue atrapado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Medina fue ejecutado a traición durante la tarde del miércoles 20 de agosto. Le dispararon en la nuca. El proyectil salió debajo de uno de sus ojos. En su recorrido, el plomo hizo estragos y selló la suerte de la víctima, que iba a dejar de existir pocos minutos más tarde, cuando los médicos del Hospital Iturraspe trataban en vano de salvar su vida.

El ataque se había producido muy cerca de donde se cruzan la calle Estanislao Zeballos y el Primer Pasaje. Cuando la ambulancia trasladaba al joven agonizante hasta el centro de salud, ya algunos testigos señalaban que el autor del ataque había sido un muchacho de 22 años cuyas iniciales eran M.M.H.

El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en turno, el doctor Estanislao Giavedoni, quien encomendó las medidas de rigor a la PDI.

Los detectives intentaron por semanas hallar al sospechoso, que logró mantenerse oculto hasta la mañana de este miércoles, cuando fue sorprendido dentro de una vivienda del mismo barrio Las Lomas, muy cerca de donde ocurrió el sangriento hecho.

M.M.H. se “aguantaba” en un domicilio del Quinto Pasaje, entre calles Boneo y Espora.

La irrupción fue realizada por un equipo táctico del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), con los recaudos legales correspondientes.

M.M.H. fue puesto a disposición del fiscal Giavedoni, quien lo imputará en las próximas horas por homicidio calificado.

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, según supo la agencia Noticias Argentinas, y su abogado pedirá la inimputabilidad.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Luego de la audiencia, José Luis Legarrate, abogado del acusado, habló con la prensa para dar detalles de cómo seguirá la defensa de aquí en adelante: "Laurta en la audiencia se mostró colaborativo, no nos opusimos a la cautelar de la prisión preventiva".

Al ser consultado sobre cómo es su situación procesal, Legarrate expuso que es "muy compleja" pero que todavía "hay evidencias por incorporar y analizar", por lo que "es temprano para dar a conocer fundamentos, hay que trabajar de manera profesional".

"Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones", sumó.

En este sentido, conforme a la información a la que accedió NA, Laurta será trasladado este jueves por la tarde hasta dicha provincia.

Por último, algo que se esperaba como defensa, señaló que no descartan que el acusado haya sufrido "un proceso vivido de psicosis", por lo que podrían plantear su inimputabilidad.

"El objetivo de la defensa es garantizarle el debido proceso penal", concluyó. 

En una audiencia realizada el martes, un hombre fue imputado en el marco de una investigación por juego clandestino en Venado Tuerto. Según informaron desde Fiscalía, recuperó la libertad bajo fianza y con estrictas reglas de conducta.

La causa se inició a mediados de 2024 tras una denuncia presentada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena. Desde entonces, el fiscal Iván Raposo encabezó múltiples allanamientos en Venado Tuerto y la región, que derivaron en la detención de al menos seis personas vinculadas a la organización ilegal.

El último operativo se concretó el sábado 6 de septiembre en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, por la Policía de Investigaciones (PDI) Región III. Durante el procedimiento, se secuestraron tres notebooks, tres teléfonos celulares y se detuvo al habitante de la vivienda.

Antecedentes del caso

En septiembre de 2024, la PDI había realizado dos allanamientos que derivaron en la detención del presunto cabecilla de la red y el secuestro de elementos clave para la investigación. Posteriormente, en agosto de este año, se concretaron cuatro allanamientos más, con la detención de cuatro personas y el secuestro de teléfonos, computadoras y documentación vinculada al juego ilegal.

Según explicaron desde Fiscalía, los procedimientos actuales se basaron en el análisis del celular de Matías P., secuestrado en 2024. Allí se determinó que actuaba como “cajero” para al menos tres personas, entre ellas Álvaro R. (ya detenido) y Tomás M. (prófugo), e incluso intentó operar como cajero en la plataforma administrada por Georgina T..

La investigación también identificó comprobantes de pago de fichas y premios, realizados a través de financieras, y el uso de cuentas de terceros y sociedades comerciales para canalizar el dinero del juego ilegal.

Denuncia y coordinación con la Lotería

El caso comenzó en julio de 2024, cuando la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y Di Lena firmaron un convenio para combatir y prevenir el juego ilegal. Tras la denuncia, se realizaron allanamientos en Venado Tuerto y Carmen, y aunque sin resultados positivos, también en Córdoba y Buenos Aires.

La investigación permitió reconstruir la estructura de la red:

El caso sigue en investigación, con la fiscalía trabajando sobre nuevos elementos que podrían derivar en más imputaciones.

Un trabajador municipal fue a fichar durante dos años a la oficina, pero segundos después se retiraba sin trabajar. Cuando las autoridades sospecharon de la situación, revisaron las cámaras de seguridad y corroboraron su increíble accionar.

Luciano Gaspar Daru trabajaba en la ciudad de Ponta Grossa, región de Campos Gerais, Paraná. Desde que se inició la investigación, la Policía Civil de Brasil está a cargo del caso.

En la página de la municipalidad se especifica que el hombre trabajó durante 26 años en el lugar. Desde 2023 se desempeñaba como técnico administrativo en la Secretaría Municipal de Finanzas, una labor que debía realizar de 12 a 18 y por la cual cobraba un salario bruto de más de 2300 reales.

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Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad muestran como Daru, de 56 años, entraba a la oficina por la puerta trasera, vestido con pantalones cortos y ojotas. Allí permanecía durante apenas un minuto y luego se retiraba. Según precisó el medio G1, esta secuencia la realizaba en el horario de ingreso y regresaba a la salida, para volver a fichar. El mismo accionar repitió durante casi dos años.

La ropa que usaba al llegar y sus repetidas ausencias comenzaron a llamar la atención de sus compañeros. En 2024, el ayuntamiento abrió una investigación interna contra el empleado y, en 2025, remitió el caso a la Policía Civil.

El jefe de policía, Derick de Moura Jorge, anunció el martes que imputó al hombre por el delito de introducir datos falsos en los sistemas informáticos de la administración pública para obtener un beneficio indebido. La pena es de 2 a 12 años de prisión, más una multa.

Durante su interrogatorio, el sospechoso confesó que realizaba esta acción y aclaró que ocurrió entre agosto de 2023 y junio de 2025. Pese a ello, continuó recibiendo su remuneración completa durante todo el período en que no desempeñó sus actividades.

Según el comisario a cargo, durante ese período cobró un total de 33.000 reales. Además, destacó que el empleado fue destituido de sus funciones en cuanto se descubrió la irregularidad.

El caso fue enviado al Ministerio Público de Paraná (MP-PR), que analizará la situación y decidirá si presenta denuncia penal contra el acusado. La defensa de Luciano Gaspar Daru explicó que solo se pronunciará durante el juicio.

El delegado a cargo de la investigación destacó que el ayuntamiento “adoptó las medidas oportunas tendentes a la remoción del servidor y al establecimiento de un procedimiento administrativo tendente a su destitución por justa causa, así como a la indemnización por el perjuicio causado por ello a las arcas públicas”.

Durante una entrevista con RPC el Procurador General de Justicia Municipal de Ponta Grossa, Gustavo Schemim da Matta, informó que la alcaldía emitió dos advertencias al funcionario y, en la tercera abrió una investigación, que terminó con el despido por justa causa.

La brutal golpiza que recibió una mujer de 59 años en su casa de Monte Vera el pasado martes generó gran consternación entre los vecinos. Lo que a priori fue denunciado como un golpe accidental, terminó con uno de los hijos de la víctima preso.

Se trata de Ezequiel "Fury" S., de 34 años, quien este lunes fue imputado por la fiscal Luciana Escobar Cello. Tanto a él como a su amigo Norberto T., alias "Paraguayo", les endilgaron la coautoría de "robo agravado por ser perpetrado con arma y por causarle a la víctima una inhabilitación mayor de 30 días y causarle peligro de muerte".

Así fue cómo clasificó la fiscalía lo ocurrido el pasado 15 de abril en la casa de Vilma Morales, quien actualmente permanece en coma y con asistencia respiratoria a causa de graves golpes en su cabeza.

La audiencia fue presidida por el juez penal Lisandro Aguirre, y contó con la presencia del defensor público Sebastián Amadeo. "Fury", el hijo de Vilma, manifestó "soy incapaz de hacerle algo así a mi mamá" y le dijo al juez que "voy a esperar a que mi mamá se recupere y ella va a explicarle, porque ella sabe qué pasó".

Trascendió que el suceso estaría relacionado con el consumo problemático de estupefacientes, algo que afectaría a los tres agresores, quienes habrían perpetrado el robo para conseguir dinero y así satisfacer sus adicciones.

Un golpe "accidental"

El martes de la semana pasada una vecina de Monte Vera se comunicó con la policía para solicitar asistencia en la casa de Vilma, ubicada en calle Rivadavia al 5500. Lo hizo por pedido de "Fury", quien le dijo que su madre se había caído y golpeado la cabeza.

Cuando los agentes arribaron al lugar se encontraron con una escena dantesca. El hombre de 34 años sostenía en brazos a su madre, que yacía en un charco de su propia sangre. La presencia de los uniformados alteró a "Fury", que esperaba que la vecina sólo pidiera una ambulancia.

La mujer fue trasladada de urgencia, y al examinar los médicos indicaron que sus lesiones no eran consistentes con las de una caída, sino que había sido golpeada al menos tres veces con un objeto contundente. Fue entonces que la policía se apresuró a buscar al hijo, que no había acompañado a su madre hasta el nosocomio.

Cuando llegaron a la casa, el imputado ya había limpiado la escena del hecho. Visiblemente alterado, intentó desligarse de lo ocurrido, pero sin darse cuenta señaló el arma utilizada para atacar a su madre: un sapito de cemento.

Entre tres

Hasta el momento, la fiscalía logró reconstruir que ese día, entre las 19 y las 19.30, "Fury" arribó a la casa de su madre junto al "Paraguayo" y otro sujeto, apodado "Pepi". Éste último ya fue identificado y sobre él pesa una orden de detención.

Los tres ingresaron a la vivienda y agredieron a Vilma con un sapito de cemento que habían encontrado en el patio. Los golpes fueron dirigidos a la cabeza de la mujer, que sufrió múltiples heridas y a casi una semana del hecho todavía pelea por su vida.

El fin era reducirla, para así poder sustraer de la vivienda dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un conjunto deportivo y un celular marca TCL. Luego, el hijo de la víctima se quedó en el lugar y sus cómplices se dieron a la fuga.

Prisión preventiva

Cuando Escobar Cello terminó de dar lectura a la imputación, "Fury", visiblemente acongojado, señaló: "El conjunto que le robaron a mi mamá me lo compro para mi cumpleaños, que es el 27 de abril".

La fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de ambos imputados, la cual se realizará el próximo miércoles en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

En tanto, el defensor Amadeo hizo una serie de planteos respecto a la atención médica y el lugar de alojamiento de Ezequiel "Fury" S., que manifestó haber sido agredido pro internos de la Subcomisaría 2da, en donde se encontraba detenido.

Por eso, el juez Aguirre dispuso que se corra vista de la denuncia efectuada por la defensa y se oficie al MPA para que actúe de conformidad con la ley, y ordenó el traslado de "Fury" a otra comisaría y que sea examinado por un médico forense a los fines de constatar si presenta lesiones.

Además, el magistrado dispuso el traslado del imputado a un efector público para que se le brinde la atención médica necesaria a los fines de resguardar salud física y mental, ya que previo a su detención se trataba en el Hospital Mira y López.

Uno de los imputados por la muerte del cantante Liam Payne afirmó que lo conoció el 2 de octubre, dos semanas antes de su fallecimiento, y que le pidió drogas.

Se trata del presunto dealer, Brian Paiz, quien se encuentra imputado por supuesto suministro de estupefacientes al intérprete que falleció el 16 de octubre, tras caer del tercer piso del inmueble situado en el barrio porteño de Palermo.

En declaraciones televisivas, Paiz contó: "A Liam lo conocí en mi trabajo el 2 de octubre. Le pasé mi Instagram, empezamos a conversar en inglés y me invitó a un hotel donde estuvimos aproximadamente una hora".

En este sentido, el imputado afirmó que Payne le preguntó si tenía drogas, a lo que él le respondió que no: "Soy consumidor, tuve un problema de adicción. Tenía un poco de droga y le mostré. Le mandé una foto. Aporté a la Justicia mi teléfono. Ahí está todo, no borré nada".

El acusado señaló que durante la cita lo vio "bien" y que estaba "contento con su música", a la vez que agregó: "Nos íbamos a juntar a tener un momento íntimo y privado. Íbamos a consumir la droga".

Brian Paiz se había negado a declarar ante la jueza Laura Bruniard este martes 17 de diciembre al igual que el empleado del hotel CasaSur, Ezequiel Pereyra.

En la causa también está imputado el empresario y amigo de Payne, Rogelio Nores, y en los últimos días se sumaron dos personas más. Se trata de Esteban Reynaldo Grassi, jefe de seguridad del hotel, y Gilda Martín, gerenta del hotel.

Según la autopsia, Payne estuvo consumiendo alcohol, cocaína y antidepresivos durante al menos tres días antes de su muerte. Los peritos forenses detectaron que en el cuerpo del artista había droga, la cual estaba en su orina, su sangre, en su contenido gástrico y en sus fosas nasales.

El análisis toxicológico también reveló otra sustancia: la sertralina, un potente antidepresivo, comercializado en Estados Unidos bajo la marca Zoloft.

El conductor de la lancha que embistió a otra en el río Paraná la noche del 7 de diciembre, a la salida de una fiesta, fue imputado y quedó en prisión preventiva.

El fiscal Arturo Haidar atribuyó a Pedro Agustín Bertossi (35) los delitos de "homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor" y "lesiones leves culposas".

La audiencia fue presidida por la jueza Celeste Minniti, que primero escuchó declarar a las víctimas. Familiares de Adrián Javier Taborda -quien fue embestido de lleno por la lancha y falleció debido a fracturas de cráneo, politraumatismos y aplastamiento de tórax- también participaron del debate, y hablaron ante la magistrada.

La audiencia fue presidida por la jueza Celeste Minniti. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Bertossi fue representado por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, quien propuso una serie de medidas no privativas de la libertad. Las mismas fueron consideradas insuficientes por Minniti, de cara a los peligros procesales. El imputado también declaró y dijo que "nunca supe que había un chico que había muerto" y pidió disculpas a la familia de Taborda.

Al concluir la audiencia, el fiscal Haidar consideró "justo" el resultado de la misma. Hoy "se le hicieron conocer los hechos como presunto responsable de homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor", explicó.

El choque se produjo el sábado 7 de diciembre entre las 22 y las 22.30 en inmediaciones de la isla "La Paciencia", en el río Paraná, a la altura del kilómetro 585, "a la salida de una famosa fiesta que se llama Malibú".

Si bien Bertossi no registra antecedentes condenatorios, "consideré que los riesgos procesales estaban latentes y se verificaban para que transcurra el proceso privado de la libertad".

El delito imputado tiene una pena mínima de 2 años, y la máxima de 5 años. No obstante, el fiscal explicó que en caso de condena la pena se alejaría del mínimo. "La jueza consideró que están dados los presupuestos, fundamentalmente el entorpecimiento probatorio, para dictar la prisión preventiva".

En libertad, el imputado "podría obstaculizar la investigación", algo que surge de su accionar luego del hecho. "Era público que había un herido, no podía desconocerlo. Sin embargo, se retiró a su domicilio, y antes limpió la parte de la proa que entiendo era la parte con la que colisionó al momento del accidente". En esa línea, el fiscal advirtió que "no hubo fuga ni omisión de auxilio", ya que la lancha de Bertossi quedó varada después del choque.

El hombre se presentó ante las autoridades recién a las 7 de la mañana del domingo, junto a su abogado. Pasadas las 8 se le tomaron muestras para los análisis de alcohol y narcóticos en sangre.

Un sacerdote de 58 años fue detenido por abuso sexual a una mujer de 46 años en la provincia de Córdoba. El acusado es párroco de la congregación de Schoenstatt.

Según medios locales, el hecho ocurrió en el despacho personal del imputado ubicado en el predio de la Schoenstatt. Luego de que la víctima haya denunciado al hombre quien está preso desde el sábado pasado.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo de Juan Ávila Echenique, detuvo al párroco de la congregación de Schoenstatt y lo imputó de abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto.

El Superior Provincial, Pablo Javier Pol saco un comunicado confirmando la denuncia y en el escrito expresa su apoyo a la denunciante y su compromiso con la transparencia, solicitando la protección de la Virgen María para todas las personas afectadas.

¿Quién es el cura detenido acusado de abusar de una feligresa?

Patricio Cruz Viale es un sacerdote que cuenta con un doctorado en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y ha publicado varios libros de reflexión espiritual, entre los cuales destacan “Misericordia” y “La luz de la palabra: luz en la pandemia”.

Se trata de una propuesta que Javier Milei ya le había hecho a Alberto Fernández en enero pasado, cuando el ex mandatario debía viajar a España.

Ahora, tras la imputación de Fernández por delitos de lesiones graves contra la ex primera dama Fabiola Yañez, doblemente agravadas por el vínculo, el presidente le dirigió un mensaje para ofrecerle cuidar a su perro Dylan:

.@alferdez Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo. https://t.co/8F5bbAadAQ

"Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo", expresó Milei para invitar a la mascota del ex presidente a vivir en la Quinta de Olivos  junto a sus perros.

El que sí va a formar parte de “la familia de las fuerzas del cielo” es Thor, un perro que fue recientemente adoptado para que esté en la Casa Rosada.

El expresidente Alberto Fernández ha sido imputado por la Justicia bajo los cargos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y el contexto de género, así como por amenazas, en el marco de la causa de violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez. El fiscal Ramiro González ha tomado declaración a testigos que presenciaron los presuntos hechos de violencia y ha ordenado la realización de varias medidas de prueba para avanzar en la investigación.

Fuentes judiciales han afirmado que existen pruebas suficientes para mantener la acusación contra el exmandatario. "Alberto Fernández amenazó a Fabiola Yañez para que no testificara", señalaron funcionarios con acceso al expediente.

En este marco, el fiscal González ha citado a declarar a María Cantero, Federico Saavedra, Sofía Pacchi, Alicia Barrios y Daniel Rodríguez, además de convocar a Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola. También ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Huéspedes en la Quinta de Olivos, correspondientes al periodo de 2021 a 2023, así como el registro de ingresos del médico presidencial a la residencia.

Por otro lado, el juez federal Julián Ercolini deberá decidir sobre la petición de la abogada Silvina Carreira para que la causa sea trasladada de los tribunales de Comodoro Py a la justicia federal de San Isidro, dado que la defensa de Alberto Fernández argumenta que los hechos denunciados ocurrieron principalmente en la Quinta de Olivos.

Pablo Ariel Gómez fue asesinado en horas de la madrugada del domingo 14 de junio de 2020 en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Cinco sujetos lo atacaron sin piedad en el cruce de calles Reinares y Ex Combatientes de Malvinas. Los agresores lo "molieron a palos" mientras él gritaba para pedir ayuda. Luego, arrastraron su cuerpo maltrecho por varios metros. En vano, Gómez imploraba clemencia y les prometía que no iba a denunciarlos. Los atacantes querían eliminar toda posibilidad de ser delatados, por lo que uno de ellos le arrojó un pesado pedazo de loseta en la cabeza y lo mató. Antes de escapar, los homicidas desnudaron el cadáver. Le sacaron el pantalón, una campera y un par de zapatillas. El crimen permaneció impune por años, pero recientemente fueron detenidos cinco sospechosos. Este jueves fue imputado uno de ellos. El fiscal del caso, Estanislao Giavedoni, lo acusa como coautor del hecho.

"La persona que fue imputada hoy (por este jueves), de iniciales AMT, tomó un pedazo de loseta y se lo entregó al hombre de iniciales GSA, quien lo arrojó hacia la cabeza de Gómez y causó así su fallecimiento", aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación durante la audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.

A AMT se lo imputó como coautor del homicidio criminis causa (cometido con el fin de procurar su impunidad en relación a otro hecho ilícito) de Gómez. La atribución delictiva fue realizada por el doctor Giavedoni, en una audiencia desarrollada ante el juez José Luis García Troiano.

Las cautelares que deberá cumplir el imputado, cuyas iniciales son AMT, serán discutidas en los próximos días. En tal sentido, el funcionario del MPA adelantó que solicitará "la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial".

En el marco del legajo penal hay otros cuatro investigados, quienes tienen entre 22 y 51 años. Se trata de tres hombres, cuyas iniciales son GSA, PJRA y YOG, que están privados de su libertad como medida cautelar; y una mujer, de iniciales PBG, a la que se le impusieron normas de conducta. A todos se les endilgó la misma calificación penal que a la persona imputada ahora.

En relación a la investigación, Giavedoni señaló que "si bien las primeras diligencias se llevaron adelante tras la comisión del hecho ilícito, no se pudo avanzar en la individualización de los coautores porque los testigos no contaron lo que sabían por temor a sufrir represalias". Según subrayó, "el homicidio se enmarcó en un contexto de alta conflictividad barrial".

"A principios de este año, en declaraciones testimoniales vinculadas a otro legajo penal surgieron datos sobre la golpiza sufrida por Gómez", relató. "Tras tareas investigativas que permitieron identificar y ubicar a las cinco personas involucradas, se concretaron sus detenciones como resultado de diferentes allanamientos", especificó.

En un trágico suceso en Acceso Sur a la altura de Godoy Cruz, un conductor alcoholizado identificado como Hugo Martín Rodríguez, de 44 años, arrolló y causó la muerte a un policía y a un agente de tránsito que se encontraban trabajando en un operativo de emergencia tras un choque múltiple que involucró a 8 vehículos.

Rodríguez, que tenía 2,68 grados de alcohol en sangre, pasó a toda velocidad por la banquina con su EcoSport, impactando contra los efectivos. Será imputado por homicidio simple con dolo eventual.

Originario de Tunuyán y empleado de una bodega especializada en vinos orgánicos en Valle de Uco, Rodríguez se define como "enófilo" y "sommelier" en sus redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Alarcón, de 35 años, y Santiago Velázquez, de 23, quienes se desempeñaban como policía de tránsito y preventor en la zona. 

El trágico suceso ha causado conmoción en Godoy Cruz, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, expresó sus condolencias por la pérdida de los agentes.

Todo un operativo tuvo que montar la policía de la comisaría 2ª de Gálvez habida cuenta que un sujeto de 31 años no sólo tuvo un duro altercado con su mujer sino que ella misma advirtió que tenía varias armas de fuego en su domicilio.

La situación tuvo eje en un domicilio de calle Sarmiento, en zona urbana de esta localidad del departamento San Jerónimo, cuando una mujer de 25 años llamó a la policía ya que luego de tener una discusión con su -todavía- actual pareja, el hombre decidió dejarla encerrada en la casa a ella y a su hijo, y se llevó las llaves de la vivienda por lo cual para irse, la denunciante tuvo que salir por una ventana.

Cabe destacar que ella misma expuso en sede policial que hace un año tienen problemas y estarían afrontando una superación. Del mismo modo, siempre según su declaración, dijo que a diario recibe insultos y amenazas de parte del sujeto y como dato final contó que tiene armas de fuego en la casa.

Distancia y requisa

Ante eso, el fiscal interviniente en la causa que ya estaba en marcha por amenazas ordenó una medida de distancia por 72 horas, con exclusión del hogar, no pudiendo arrimarse a menos de 500 metros del domicilio y determinó una requisa domiciliaria para buscar las armas denunciadas.

Luego de que las fuerzas de seguridad ingresaran a la vivienda, con permiso del hombre en cuestión, se pudieron secuestrar tres armas: una pistola Bersa Thunder calibre 22, negra y gris, con dos cargadores con 10 cartuchos, otra pistola Bersa Thunder 9 pro de color negro con un cargador vacío, y una escopeta Legen SM30 calibre 12 de madera, aclarando por otra parte que todo tenía su respectiva documentación.

De igual manera, el imputado en el hecho se fue a residir, al menos por ahora y de forma provisoria, a la ciudad de Coronda, en zona céntrica.

Imputaron a la mujer de 38 años detenida por el crimen de Omar Alberto Pogliani, cuyos restos aparecieron descuartizados el domingo por la siesta en la Plaza Escalante de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Jésica Silvia S., a quien los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni atribuyeron la autoría del "homicidio agravado por el vínculo" de Pogliani (70).

El hombre fue descuartizado, partes de sus restos aparecieron en la plaza y otra parte habría sido hallada incinerada en el interior de su vivienda. Esperan la confirmación de las pericias.

Según lo detallado en la atribución delictiva, Pogliani fue asesinado entre la noche del miércoles 29 de febrero y la madrugada del jueves 1 de marzo de este año, en el interior de su casa, ubicada en un pasillo de 1 de Mayo al 4700.

Desde la fiscalía señalaron que vecinos de la zona dieron cuenta de que esa noche se escucharon disturbios dentro de la vivienda.

La investigación sobre los hechos comenzó varios días después del homicidio, cuando el domingo por la siesta parte de los restos de la víctima aparecieron en la Plaza Escalante. Habían sido descartados allí en horas del mediodía."Gracias a un oportuno llamado al 911, y a profundizar esa línea de investigación, se logró ingresar a una vivienda ese mismo domingo por la noche", detalló al fiscal Gioria, allí "se pudo recolectar numerosa evidencia. La más importante consistió en más cantidad de restos, que habían sido incinerados en el patio".

Si bien "todo parece indicar con un grado de probabilidad muy alto que se trata de restos del mismo cuerpo", la fiscalía aguarda el resultado de las pericias.

Las evidencias y declaraciones de testigos indican que entre Jésica S y Omar Pogliani había una relación de pareja, razón por la que se le atribuyó el "homicidio agravado por el vínculo".

La fiscal Gioria indicó que aún no fue establecida la causa de la muerte, y que "no descartamos que los hechos se hayan llevado a cabo con la participación de otra persona".

Tras ser detenida, Jésica S. fue entrevistada por una psicóloga del equipo interdisciplinario de la PDI, para conocer si estaba en condiciones de afrontar el proceso y si comprendía. "dio todo normal, sin ninguna sugerencia de tratamiento alguno", informó la fiscalía.

Preventiva

La audiencia de medidas cautelar se realizará el viernes 8 de marzo, en horario a confirmar.

Un joven de 26 años fue imputado este lunes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, acusado de participar de una llamativa balacera ocurrida días atrás, a plena luz del día, en las calles del barrio Jardín Mayoraz.

Sus iniciales son J.A.L. y para la fiscal del caso, la doctora María Laura Urquiza, hay elementos suficientes como para demostrar que es culpable del hecho, ocurrido en la cuadra de calle 1° de Mayo al 6500 (entre Hernandarias y Castelli), en horas de la siesta del martes 16 del mes pasado.

Para la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, él era quien manejaba uno de los autos que llegaron hasta el lugar para perpetrar un ataque.

Siempre en base a la hipótesis de la fiscalía, J.A.L. conducía el VW Vento de color gris con vidrios polarizados, mientras otra persona que llevaba como acompañante abría fuego contra un domicilio.

Los proyectiles impactaron en aberturas y paredes. Algunos ingresaron a la casa. Uno de los plomos entró por una ventana ubicada en el frente y terminó haciendo blanco en azulejos de una pared trasera; mientras que otros dos pegaron contra una puerta de vidrio con rejas de un local comercial cercano, en la esquina de 1° de Mayo y J. P. López.

Posteriormente, cuando escapaban a velocidad, al llegar a inmediaciones de calle 12 de Infantería y Pavón advirtieron que eran perseguidos por un automóvil Chevrolet Classic en el que viajaban un hombre y su hija menor de edad. Entonces no dudaron en disparar sus armas para cubrir la huida.

Los investigadores contarían con evidencia para demostrar que desde el domicilio atacado, o de alguno cercano, personas habrían respondido el fuego apuntando a los automóviles de los agresores.

De hecho, ese día, durante una requisa realizada en un inmueble de la cuadra, fueron incautadas varias armas de fuego. Ello provocó la aprehensión de un vecino, que fue liberado poco después, cuando no se pudo comprobar que hubiera accionado un arma.

La investigación se hizo compleja, porque las víctimas aseguraron que no conocían a los atacantes ni tampoco sus posibles motivos.

Fue gracias a distintas tareas de detectives de la PDI que se logró identificar en VW, que -luego se comprobó- era utilizado por su propio dueño. Así, el muchacho imputado ahora fue arrestado la semana pasada, en un departamento de la Manzana 10 de barrio Las Flores.

JAL está acusado como coautor de abuso de armas y daño.

La investigación continúa.

Un hombre de 24 años cuyas iniciales son FNR quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal que tramita en la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el robo de cables del alumbrado público en la ciudad de Santa Fe. 

La investigación del ilícito está a cargo de los fiscales Manuel Cecchini y Rosana Peresín. En una audiencia realizada este miércoles en los tribunales de la capital provincial, los funcionarios del MPA imputaron al hombre investigado y luego solicitaron la medida cautelar privativa de la libertad.

"Si bien la abogada defensora se opuso a nuestro pedido y pidió la aplicación de normas de conducta, la jueza Rosana Carrara entendió que no correspondían", valoraron los fiscales Cecchini y Peresín. En tal sentido, señalaron que "la magistrada tuvo en cuenta que el hombre investigado estaba imputado en otros legajos iniciados por hechos ilícitos similares, en el marco de los cuales se le impuso normas de conducta que incumplió". 

Los funcionarios del MPA también destacaron que "la jueza hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva" y puntualizaron que "dio por acreditada la materialidad del ilícito y consideró que las evidencias que presentamos son suficientes –para la instancia procesal en la que estamos– para atribuir al imputado la autoría del delito". 

El robo que investigan los fiscales Cecchini y Peresín fue cometido alrededor de las 16:00 del viernes 29 de diciembre de 2023 en inmediaciones de la avenida Presidente Perón al 3.400. 

"El imputado sustrajo ilegalmente el cableado del alumbrado público", plantearon los fiscales en la audiencia realizada ayer en los tribunales. "Para cometer el robo, rompió postes de luz y cortó cables", concluyeron.

El hombre investigado fue detenido instantes después de haber sustraído los cables. "A través de un domo de la municipalidad, personal del 911 vio que estaba cometiendo el robo e inmediatamente envió un móvil con agentes de la fuerza al lugar, quienes aprehendieron al hombre que fue imputado ayer", informaron los fiscales.

El viernes de la semana pasada, un niño y una niña ingresaron al centro público de salud (Samco) de la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia. Los pequeños tenían heridas llamativas: golpes, mordeduras y quemaduras. Estaban acompañados de su abuela. A partir de entonces se inició una investigación que llevó a la detención de un joven de 23 años que es pareja de la madre de las víctimas.

El muchacho fue imputado este miércoles por la salvaje agresión en una audiencia presidida por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Eduardo Bianchini, quien además le impuso la prisión preventiva.

La fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó la medida cautelar es Mayra Vuletic. Luego de la audiencia, la funcionaria valoró que "el magistrado rechazó medidas alternativas propuestas por la Defensa e hizo lugar a nuestro pedido, a fin de brindarles una tutela judicial efectiva a las víctimas".

El juez remarcó que se trató de un hecho 'de extrema gravedad'. En tal sentido, la funcionaria del MPA explicó que "los hijos de la pareja del imputado son muy pequeños -la niña es de corta edad y su hermano va a la escuela primaria-, y sufrieron un ataque severo en un contexto de violencia doméstica".

"Crueldad"

"El magistrado consideró acreditada, con el grado de probabilidad suficiente para esta etapa del proceso penal, la conducta ilícita del hombre investigado", precisó la fiscal.

Además, señaló que "al imputado se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas agravadas, por lo que la pena en expectativa puede ser de cumplimiento efectivo". Aclaró que "aunque la falta de antecedentes condenatorios le permitiría recibir una pena en suspenso, la crueldad con la que atacó a las víctimas debería ser ponderada en su contra en un eventual juicio".

Por otro lado, manifestó que "el juez contempló que los riesgos procesales estaban latentes". En relación al peligro de fuga, Vuletic puntualizó que "la detención fue ordenada el viernes a la tarde y logró concretarse recién el lunes porque, a sabiendas de que era buscado por la Justicia, el imputado evitó ir a los domicilios que frecuentaba antes de cometer los ilícitos".

En cuanto a la posibilidad de entorpecimiento probatorio, la funcionaria del MPA destacó que "era necesario garantizar que el agresor no se acerque ni contacte a las víctimas, quienes ven en él una figura paterna y son vulnerables a ser manipuladas".

"En este tipo de situaciones es fundamental actuar con la debida diligencia reforzada y dar respuestas acordes a lo que exigen los tratados internacionales y las normas locales sobre protección integral de las personas víctimas de delitos (ley nacional 27.372 y ley provincial número 14.181)", sostuvo la fiscal. "La privación de la libertad del imputado fue dispuesta para resguardar a la niña y al niño que sufrieron la golpiza", resaltó.

En el hogar

Vuletic expuso que "el vienes pasado a la mañana, el hombre investigado agredió mediante golpes en el rostro y mordeduras y quemaduras en diferentes partes del cuerpo a la hija y al hijo de su pareja". Según mencionó, "todo sucedió en la casa en la que convivían, mientras él estaba a cargo de cuidarlos en el horario laboral de la mujer".

"Una vecina escuchó los pedidos de auxilio del niño y le avisó lo que estaba ocurriendo a la abuela materna de las víctimas, quien reside en otra localidad y llegó horas más tarde", relató la funcionaria del MPA. "A la siesta, la suegra del imputado llevó a sus nietos al hospital SAMCo de Venado Tuerto, donde permanecen internados por las heridas que sufrieron", detalló.

Asimismo, Vuletic afirmó que "ante la pediatra que los atendió cuando ingresaron al centro de Salud, una médica policial y psicólogas del Área de Desarrollo Social municipal, ambas víctimas expresaron con recursos propios de su edad que el hombre investigado es quien les hizo daño". En tanto, añadió que "al analizar las lesiones de los hermanos atacados, se detectó que algunas habían sido causadas ese mismo día y otras, más de una semana antes".

"En función del contexto familiar complejo en el que se enmarcó la situación violenta, intervino la delegación venadense de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia", informó la fiscal.

Un hombre de 25 años fue imputado por haber agredido a un suboficial de policía que le ordenó que dejara de arrojar piedras hacia una vivienda de la localidad de Santa Isabel (departamento General López).

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Iván Raposo ante la jueza Paula Borello, en una audiencia que se desarrolló hoy en los tribunales de Venado Tuerto. En concreto, le endilgó la autoría de los delitos de "daño" y "resistencia a la autoridad".

El funcionario del MPA adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado, cuyas iniciales son FAF. A su vez, refirió que "avanzan las tratativas para que al investigado se le imponga una pena a prisión efectiva mediante un juicio de procedimientos abreviados".

Por otro lado, el fiscal puntualizó que "el hombre de 25 años tiene antecedentes penales condenatorios y, en el caso de ser condenado, sería declarado reincidente por segunda vez".

Piedras

Raposo afirmó que "alrededor de las 22:00 del martes pasado, el imputado, una mujer y dos jóvenes menores de edad provocaron disturbios en calle 25 de Mayo al 700 de Santa Isabel". Según expuso, "tiraron piedras en dirección al domicilio de un hombre con el que tenían un conflicto previo y rompieron así los vidrios de la puerta de entrada".

"En el marco de la situación violenta, llegaron al lugar policías que les ordenaron a los atacantes que cesaran su conducta delictiva", señaló el fiscal. "No obstante, el investigado y sus acompañantes hicieron caso omiso a la voz de alto", aseveró.

El representante del MPA también relató que "el imputado forcejeó con un suboficial de policía y lo agredió físicamente con el fin de procurar su impunidad".

"Más allá de la resistencia que opuso el hombre investigado, finalmente fue reducido y privado de su libertad por el uniformado herido y otro agente que participó del procedimiento", destacó.

Otras personas

El fiscal mencionó que la mujer fue imputada y transita la investigación con medidas alternativas a la prisión preventiva. En cuanto a las dos adolescentes, Raposo indicó que no lograron ser identificadas.

La causa en que se investiga por lavado de dinero al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde avanza en la justicia federal de esa jurisdicción: el fiscal federal Sergio Mola estableció que el funcionario viajó solo a Europa el 15 de septiembre pasado, pero regresó el mismo día que su acompañante Sofía Clerici, aunque en vuelos diferentes.

Así lo señalaron fuentes relacionadas con el caso que indicaron que a pesar de que aún no se resolvió la recusación del juez Federico Villena ni quién se quedará finalmente con esta causa, el fiscal avanzó en la producción de medidas de prueba.

Pidió los movimientos migratorios de Insurralde y de Clerici, denunciados por lavado de dinero luego de que trascendió la foto del intendente en short de baño en la cubierta de un yate sirviendo champagne en Marbella, acompañado de la modelo.

Los informes que recibió la Justicia permitieron establecer que Insaurralde viajó por Iberia el 15 de septiembre y regresó el 21 de septiembre. Clerici en cambio viajó el 7 de septiembre, a comienzos de mes, pero regresó el mismo día que Insaurralde, pero en vuelos separados, ya que la mujer lo hizo por Air Europa.

Con esos datos migratorios, el fiscal pidió a las autoridades del Aeropuerto Internacional de Ezeiza los registros de las cámaras de seguridad de la aerostación para determinar cómo embarcaron los pasajeros y cómo desembarcaron.

El fiscal pidió además información sobre registros públicos de ambos investigados y los movimientos migratorios en general de la pareja para establecer si era habitual que hiciera este tipo de viajes.

En su defensa, Clerici dijo que había viajado sola y que estaba con su hermana que vive en Marbella, donde se encontró con Insaurralde. Dijo además que el barco donde se fotografiaron no era de alquiler, sino que se lo prestaron y que las joyas, carteras y relojes que exhibió no fueron un regalo de su acompañante sino que los había adquirido ella por sus propios medios.

Mola imputó a Insaurralde y a Clerici por el presunto delito de lavado de dinero luego de que se publicaron fotos de ambos realizando gastos ostentosos en Marbella. Asimismo, el fiscal planteó que el juez Villena, que recibió la primera denuncia por este caso, debe apartarse del expediente por tener amistad íntima con Insaurralde y porque la primera esposa del exfuncionario es prosecretaria en el juzgado.

Esta es la denuncia más avanzada contra Insaurralde dentro de la catarata de presentaciones que se realizaron en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en Lomas de Zamora.

El fiscal Mola, que cobró notoriedad tras conseguir la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner cuando acompañó en su tarea a su colega Diego Luciani en el juicio por Vialidad, planteó en su escrito la necesidad de producir otras medidas de prueba y un embargo. El juez Villena le contestó: “Téngase presente”.

Villena debe resolver si se queda con el caso y rechaza el planteo o si por el contrario se allana y lo remite al otro juez de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak. Si rechaza apartarse será la Cámara Federal de La Plata la que decida cuál es el juez competente, en un plazo de 72 horas.

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se investigue al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero y que se le inhiban sus bienes, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, informaron fuentes judiciales.

Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan también a la modelo Sofía Clérici, con quien Insaurralde estuvo de paseo en Marbella, España, según imágenes conocidas días pasados y difundidas por la mujer.

El impulso de la acción judicial requerida por el representante del Ministerio Público se produjo en la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, representante de Gastón Carrizo, uno de los imputados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal pidió en su dictamen el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y de las declaraciones juradas de Insaurralde y requirió información sobre sus ingresos y egresos del país, así como los recibos de sueldo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

Asimismo, requirió que les inhiban los bienes al exfuncionario provincial y a Clérici y el apartamiento del juez federal Federico Villena, quien recibió la primera denuncia contra Insaurralde, por presunta amistad con el imputado.

Además, según las fuentes, Mola planteó que la primera esposa de Insaurralde, Liana Toledo, es prosecretaria del juzgado de Villena, con lo cual fundamentó la posibilidad de "parcialidad" de parte del magistrado.

Ahora Villena debe decidir si se aparta de la pesquisa y, en caso de no hacerlo, la Cámara Federal de La Plata debe decidir el juez que se quedará con el expediente.

Mola es el fiscal que, junto con su colega Diego Luciani, impulsó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa "Vialidad", en el cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por fraude con la obra pública, en un fallo que aún no está firme.

Otras denuncias contra Insaurralde por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero fueron presentadas ante los jueces federales de La Plata Ernesto Kreplak y de la Capital Federal Julián Ercolini, una de ellas del diputado nacional de JxC José Luis Espert y otra del diputado nacional de esa alianza Ricardo López Murphy.