El Gobierno nacional anunció la eliminación del 30% de percepción para las compras realizadas en plataformas de videojuegos como Steam, PlayStation y otras similares, cuando se efectúen mediante tarjetas de crédito en moneda extranjera. La medida apunta a aliviar la carga tributaria sobre el consumo digital vinculado al gaming.

Las plataformas de “gaming” son servicios digitales, y como tal estaban alcanzadas por el 21% de IVA y el 30% de percepción. ARCA acaba de firmar una RG por medio de la cual queda eliminada la percepción del 30% en las transacciones que se realicen en dichas plataformas a través… pic.twitter.com/G7LhoHPcGT

La noticia fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de sus redes sociales. “ARCA acaba de firmar una resolución general que elimina la percepción del 30% en transacciones realizadas en estas plataformas”, escribió Adorni, y celebró la decisión con humor gamer: “Gran noche para unas partidas de Counter Strike 1.6”.

Hasta ahora, estos servicios digitales estaban alcanzados por un 21% de IVA más un 30% de percepción. La nueva resolución elimina este último recargo, reduciendo considerablemente el costo de las compras en dólares en plataformas de videojuegos.

La medida se implementó a través de una modificación a la Resolución General N° 5.617, que regulaba las percepciones del impuesto a las ganancias y bienes personales sobre operaciones en moneda extranjera. Según lo expresado por ARCA, esta actualización responde a razones de “administración tributaria” y a la necesidad de adecuar el régimen a la realidad del consumo digital.

La norma incluye un anexo con el listado de plataformas alcanzadas —entre ellas, las más populares del gaming internacional— y se aclara que dicho listado será actualizado de forma periódica en el sitio web institucional.

La disposición entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a todas las operaciones de cambio realizadas a partir de esa fecha.

El gobierno de Javier Milei ha anunciado un cambio significativo en la estructura de recaudación del país. Se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se creará la Agencia Nacional de Recaudación (ANR) para mejorar la eficiencia y transparencia en el sistema tributario argentino.

Manuel Adorni, vocero oficial, confirmó que Andrés Gerardo Vázquez dirigirá la Dirección General Impositiva (DGI), mientras José Andrés Velis se encargará de la Aduana, reemplazando a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea. Florencia Misrahi, titular de la AFIP, mantendrá su cargo.

La ANR tendrá una estructura simplificada, reduciendo un 45% las autoridades superiores y un 31% los niveles inferiores. Esto implicará reubicar a 3.100 empleados incorporados irregularmente durante la administración anterior, generando un ahorro presupuestario anual de $6.400.000.000.

Además, se eliminará el suplemento de jerarquización para el titular de la AFIP y directores de la DGI y Aduana, equiparando sus salarios a los de Ministros y Secretarios. Esto busca optimizar la administración de recursos públicos y mejorar la capacidad de respuesta ante demandas tributarias y aduaneras.

El objetivo es implementar sistemas de control y evaluación efectivos, mejorando transparencia y rendición de cuentas para garantizar una mayor y mejor recaudación y control aduanero riguroso. Esta reestructuración sigue los cambios iniciados con el Decreto 559 del 3 de julio, que centró funciones fiscales en la DGI y eliminó estructuras jerárquicas.

La aplicación se postergó hasta el 1° de julio de este año y se acumulan siete trimestres consecutivos sin ajustes.

El Gobierno nacional prorrogó nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles para evitar aumentos y sostener el plan que fija incrementos en los precios de venta al público de 3,2% mensual.

Lo hizo a través del decreto presidencial 168/2023 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.

De esta forma se acumulan siete trimestres consecutivos sin el ajuste sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

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La ley que rige estos aumentos dispone que son montos fijos se actualicen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC.

En los considerandos de la medida el decreto señala que “debe tenerse en cuenta que tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

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En una política que busca alinear expectativas inflacionarias a fines de 2022 el Gobierno acordó un sendero de aumentos de los combustibles de 4% en los tres primeros meses de 2023 y de 3,8% para abril.

La aplicación de este impuesto es pagado por el consumidor y no afecta las empresas pero impacta directamente en los costos de movilidad y logística, efecto que el Gobierno busca evitar en medio de la escalada inflacionaria.

Mendoza implementó un nuevo sistema para el cobro de tributos provinciales, el uso de criptomonedas. La provincia sumó un nuevo método con el cual le ofrece a los contribuyentes la posibilidad de pagar las obligaciones tributarias de esta forma, a través de Internet.

Así lo decidió la Administración Tributaria Mendoza (ATM), desde dónde se decidió en conjunto con el ministerio de economía local, avanzar en la medida. El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, fue quien confirmó la novedad: “Hemos incorporado nueva tecnología en un servicio que ofrece el procesador de pagos que permite a partir de ahora a los contribuyentes utilizar criptomonedas para el pago de obligaciones”.

Con el objetivo de mejorar la recaudación, la provincia informó que tiene por objetivo la modernización de la ATM a los efectos de que los contribuyentes tengan distintos medios o formas de cumplir con sus obligaciones. Con respecto al método, el administrador general del organismo recaudador, Alejandro Donati, sostuvo: “Dentro de ese contexto, estamos incorporando al botón de pago de nuestra página del sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar el pago con criptomonedas. La empresa prestataria del servicio de pago on-line realiza la conversión de criptomonedas a pesos y al contribuyente se le entrega la constancia de pago correspondiente”.

A pesar del salto tecnológico, desde el área de Rentas resaltan que los medios de pago tradicionales, como débito, crédito continuarán vigentes. A estos recientemente también se agregaron billeteras virtuales, a través del pago de billeteras QR 3.0 interoperable.

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Actualmente ya existen otras empresas argentinas y extranjeras que ofrecen la posibilidad de hacer pagos en comercios o páginas web que acepten tarjetas Mastercard o Visa como medio de pago y debitar el costo de la operación del saldo en criptomonedas depositadas en una cuenta en su plataforma.

Estas tarjetas ya se pueden usar para cancelar boletas de servicios a través de intermediarios como PagoMisCuentas, RapiPago o PagoFacil, pero el caso de Mendoza es el primero en el que el propio gobierno provincial toma la iniciativa de habilitar un botón de pago para pagar directamente con criptomonedas.

En esa misma sintonía, a finales de abril, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que trabaja para implementar un sistema para facilitar el pago de impuestos a través de criptomonedas. Si bien no dieron mayores detalles, las autoridades porteñas manifestaron que “percibirá los pagos en pesos, y serán las plataformas de compra y venta de cripto las que se encarguen de hacer el cambio”.

La llegada de las criptomonedas

Aunque el mercado de las criptomonedas se ha desmoronado en los últimos meses, muchos argentinos las ven como un refugio seguro en un país en el que la creciente inflación y la crisis económica han golpeado la moneda nacional y las cuentas bancarias de la gente.

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Según las cifras reveladas por Morning Consult, una firma de datos con sede en Washington, alrededor de solo un tercio de los argentinos cree que los ahorros guardados en pesos en un banco local mantendrán su valor durante dos años, el porcentaje más bajo entre los encuestados de 15 países .

Con los niveles de inflación y la pérdida de poder adquisitivo, muchos argentinos ven con buenos ojos la utilización de esta moneda. Muchos recurren a la misma como variante de ahorro. Alrededor de un tercio de los argentinos dijo que compraba o vendía criptodivisas al menos una vez al mes, el doble que en Estados Unidos, según una encuesta independiente de Morning Consult.

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Los números se mantienen a pesar de que el valor de bitcóin ha caído de 65.000 dólares en noviembre a alrededor de 24.000 dólares en la actualidad, casi el doble de la caída en el valor del peso. Pero muchos argentinos creen que, a diferencia del peso, las criptomonedas se recuperarán.

A partir del cuarto trimestre, quienes abonen el monto mínimo de la Tasa General de Inmuebles (TGI), verán congelado el importe.

El Concejo aprobó un mensaje del Ejecutivo municipal para frenar la aplicación de una suba automática basada en variables externas y definida por ordenanza.

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“El intendente Emilio Jatón nos pidió que hagamos un monitoreo constante de aquellas variables que influyen en la actualización de los tributos sobre todo, las que no maneja directamente la Municipalidad”, explicó la subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad, Tamara Bichatti.

Y siguió: “En este caso el mínimo de la TGI está ligado, por ordenanza, al valor de la Notificación Judicial. Esa variable, a partir de agosto, sufrió un incremento del 67% y, por la normativa vigente, iba a trasladarse a quienes pagan el mínimo. Así que el intendente consideró que, en este momento, los vecinos y las vecinas no están en condiciones de afrontar esa suba, dadas las condiciones del país”.

La funcionaria detalló que esta decisión implica “un gran esfuerzo para la Municipalidad”, dado que el costo de los servicios sigue aumentando en un contexto inflacionario. “En todas las zonas de la ciudad existen inmuebles que pagan el monto mínimo establecido por Ordenanza y en todos esos casos, el incremento iba a ser del 67%. A modo de ejemplo, quien pagaba 600 pesos iba a pasar a abonar 1.000 pesos si no se aprobaba este mensaje del intendente Emilio Jatón”, dijo.

Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por la concejala Laura Mondino y aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos.

Nueva Zelanda quiere aplicar un impuesto a los eructos de vacas y ovejas de la producción ganadera, una de las mayores fuentes de emisiones de gas invernadero en el país.

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Esa fue la propuesta presentada por el gobierno del país, que tiene cinco millones de habitantes, pero 10 millones de vacas y 26 millones de ovejas, que se convertiría en el primero del mundo en hacer pagar a los productores por las emisiones de sus animales.

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La industria agrícolo-ganadera es responsable de la mitad de las emisiones de gas invernadero en Nueva Zelanda y la propuesta prevé que los productores comiencen a pagar por las emisiones en 2025.

El plan incluye también incentivos para quienes reduzcan las emisiones con aditivos a la alimentación de los animales y utilizar la plantación de árboles como sistema de compensación par ala producción de gases invernadero.

Una vaca adulta puede producir hasta 500 litros de gas metano al día. En el mundo hay más de 1.500 millones de bovinos y, según el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU, sus eructos respondieron en 2015 por el 3,7% por todas las emisiones de gases invernaderos del planeta.

El Gobierno finalmente subirá el piso del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia de $ 225.937 mensuales a $ 280.792. La actualización regirá desde el 1 de junio y alcanzará al aguinaldo.

Así lo anunció oficialmente el Gobierno luego de la reunión que mantuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Héctor Daer, titular de la CGT, con el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán en la casa Rosada.

En conferencia de prensa en las escalinatas de la Casa Rosada, Guzmán confirmó el adelanto de Clarín: “Vamos a aumentar el tope desde 225 mil a 280.792 pesos”.

​Además, Guzmán precisó que se subió también la banda especial del impuesto, incorporada con la nueva ley el año pasado para que no haya un salto tan grande cuando los salarios superan el piso.

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Antes esa banda era de entre $ 225.937 y $ 260.580 y ahora será de $ 280.792 a $ 324.000.

Al realizar el anuncio oficial, Guzmán sostuvo que el Gobierno lleva “adelante políticas para defender los intereses de los trabajadores. Mientras que en los cuatro años que nos precedieron hubo caídas, hoy hay una mejora del empleo, del salario”.

Por su parte, Massa afirmó que el Gobierno decidió “subir el mínimo no imponible para proteger el aguinaldo y que el premio no sea subsumido, no se lo coma el Impuesto a las Ganancias”.

“Es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que se siga en el camino de la recuperación del ingreso”, añadió.

El decreto que pondrá en vigencia los cambios tardará unos días. “La decisión del Presidente es que la semana que viene terminan de cerrar dos paritarias que faltan, ahí queda consolidado lo que se llama Ripte y, una vez que está consolidado el Ripte, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo respecto del pago de Ganancias” (para quienes cobran menos del nuevo piso), detalló el titular de la Cámara de Diputados.

El ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández miran por la ventana de Casa Rosada antes del anuncio: el Gobierno finalmente subirá el piso del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia de $ 225.937 mensuales a $ 280.000 y no $ 275.000, como había circulado inicialmente. Foto Guillermo Rodriguez Adami El ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández miran por la ventana de Casa Rosada antes del anuncio: el Gobierno finalmente subirá el piso del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia de $ 225.937 mensuales a $ 280.000 y no $ 275.000, como había circulado inicialmente. Foto Guillermo Rodriguez Adami

Massa insiste en que actualicen urgente el piso de Ganancias

Las internas por la suba del piso de Ganancias El presidente de la Cámara de Diputados negó que la suba del piso de Ganancias haya desatado una interna con Guzmán: “Acá ganaron los trabajadores a partir del trabajo coordinado del Presidente con el Ministerio de Economía y cada uno de los que somos parte del Gobierno”.

“Debatir y discutir soluciones para resolver problemas de los argentinos no es malo ni es pelea, es marcar un camino”, sentenció.

También participan del encuentro el gremialista Carlos Acuña, y el dirigente camionero Pablo Moyano.

A partir del 1° de junio será desde $280.792.

Pese a que desde el Ejecutivo habían confirmado la presencia del mandatario, finalmente el anuncio oficial lo realizan Guzmán y Massa. También estuvieron frente a los medios Daer, Acuña y Moyano.

La mejora incluirá el medio aguinaldo de junio, como había reclamado Massa, para que esta bonificación no quede gravada por el impuesto.

La confirmación se conoció luego de otra carrera por apoderarse de la agenda de las buenas noticias, en un contexto económico y social muy complejo. Esta lógica tomó la interna del Gobierno nacional y en ese marco hay que entender la presión de Massa sobre Guzmán para apurar la rebaja del piso de Ganancias.

Desde el ministerio de Economía precisaron que el proyecto “comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original de acuerdo a las proyecciones actualizadas de salarios y, además, la exención de la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario, para ese universo de contribuyentes, dado que la medida entrará en vigencia en el mes de junio”.

Y agregaron: “Es decir, además de la exención en el sueldo anual complementario también se amplía el límite para que los trabajadores en relación de dependencia beneficiados no tributen el impuesto a las ganancias”.

El nuevo impuesto, que gravará el 25% de las ganancias y tendrá deducciones en caso de reinvertir las mismas, recaudará un total de US$ 6.300 millones, lo cual permitirá otorgar subsidios por única vez de 650 libras a 8 millones de hogares de menores ingresos.

El gobierno del Reino Unido anunció este jueves un impuesto a las ganancias inesperadas de las empresas energéticas productoras de petróleo y gas, con el objetivo de redireccionar, por lo menos, un total de US$ 6.300 millones para aliviar el golpe inflacionario de los británicos.

Tras numerosas presiones de la opinión pública y una inflación que, en abril, escaló al 9% interanual (un máximo en 40 años y en todo el G7); la administración de Boris Johnson decidió establecer un nuevo tributo dirigido a las “ganancias inesperadas” de las firmas energéticas, el cual será “temporario” y “focalizado”, según aseguróeste jueves en la Cámara de los Comunes, el canciller de la Hacienda, Rishi Sunak.

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Si bien hasta hoy los funcionarios del gobierno conservador –incluyendo el propio Sunak- se opusieron al impuesto por temor a que las firmas frenarían sus inversiones, la opinión pública y el Partido Laborista presionaron para su sanción.

Asimismo, el cambio en la postura se da un día después de la publicación de un informe por la alta funcionaria Sue Grace, en el marco del “partygate”, que responsabilizó a Boris Johnson y diversos funcionarios británicos de la celebración de numerosas fiestas ilegales en Downing Street durante las cuarentenas de coronavirus.

El último martes, la autoridad reguladora de la energía en Reino Unido (Ofgem) advirtió que las facturas anuales de la electricidad para millones de hogares podrían elevarse de 800 a 2.800 libras (US$ 1.000 a US$ 3.494) para octubre de este año, es decir, un incremento del 42%, según consignaron las agencias Bloomberg y AFP.

La entidad advirtió que, con dichos incrementos, 12 millones de hogares entrarán en la llamada “pobreza energética”, es decir, deberán destinar más del 10% de sus ingresos para pagar las facturas.

El nuevo impuesto, que gravará el 25% de las ganancias y tendrá deducciones en caso de reinvertir las mismas, recaudará un total de US$ 6.300 millones, lo cual, según prometió Sunak, permitirá otorgar subsidios por única vez de 650 libras (US$ 818) a 8 millones de hogares de menores ingresos en el país como parte de un paquete de asistencia que totalizará 15.000 millones de libras (US$ 19.000 millones).

Dichas familias recibirán el monto a través de dos desembolsos directos y un subsidio en las facturas, en tanto que todos los hogares recibirán un monto de 400 libras (US$ 502).

“Sabemos que los hogares están siendo impactados muy fuertemente ahora mismo. La asistencia fiscal tiene que ser a tiempo, focalizada y temporaria”, señaló el titular del área económica.

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Tras lo cual, explicó que “el sector del petróleo y el gas está obteniendo ganancias extraordinarias, no como resultado de cambios en la innovación o la eficiencia, sino a causa del repunte global en los precios de los commodities motivado, en parte, por la guerra de Rusia”.

Las empresas energéticas fueron de las más beneficiadas por la escalada de precios tras el desencadenamiento de la invasión de Rusia en Ucrania.

Firmas británicas como Shell y British Petroleum (BP) registraron ingresos por US$ 6.200 millones y US$ 9.100 millones, respectivamente durante el primer trimestre del año, frente a los US$ 2.600 millones y US$ 3.200 millones del mismo periodo del año pasado.

La provincia canadiense de Quebec alude al coste que supone para el sistema sanitario la atención a estos pacientes

La provincia canadiense de Quebec está considerando imponer un impuesto especial a las personas que no estén vacunadas contra la covid-19, por “las consecuencias” que supone para el sistema sanitario provincial el coste de la atención a pacientes que se han negado a recibir las vacunas.

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La propuesta de Quebec, dada a conocer este martes por el primer ministro provincial, Francois Legault, se produce pocos días después de que el ministro de Sanidad de Canadá, Jean-Yves Duclos, declarase que las provincias canadienses tienen que plantearse hacer obligatoria la vacunación contra la covid-19.

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Legault afirmó este martes en una rueda de prensa que la actitud de los antivacunas tiene “consecuencias” para el sistema sanitario y no es justo que el resto de quebequeses tengan que pagar por su negativa.

El primer ministro quebequés añadió que los negacionistas “ponen una carga muy importante” en el sistema sanitario y que es “normal” que la mayoría de la población exija una respuesta a su actitud.

En las últimas semanas, el rápido aumento del número de casos de covid-19 por la variante ómicron ha provocado la saturación de los sistemas sanitarios del país. En los últimos 40 días, desde que ómicron se detectó en Canadá, el país ha contabilizado más casos confirmados de covid-19 que en todo 2020.

La presión sobre el sistema sanitario forzó este martes a la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, a permitir que 300 profesionales sanitarios con titulaciones extranjeras puedan trabajar en hospitales.

Este personal se sumará otros 5.700 trabajadores extra, entre ellos estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y otros estudiantes de programas sanitarios, que serán contratados en las próximas semanas para intentar aliviar la presión.

En Quebec, 2.742 personas estaban hospitalizadas este martes por covid-19, 188 más que el lunes. Según la autoridades provinciales, aunque sólo un 10% de la población de Quebec no está vacunada contra la pandemia, estas personas representan un 50% de los pacientes ingresados en hospitales.

La atención necesaria para tratar a estos pacientes ha provocado que algunos hospitales de Montreal hayan empezado a posponer cirugías para personas que sufren cáncer o problemas cardíacos.

No obstante, la idea de imponer un impuesto a los no vacunados que no tengan una exención médica ya ha empezado a ser disputada por algunos sectores.

En Facebook, un grupo de quebequeses opuestos a las vacunas calificó el anuncio de Legault como una estrategia de “guerra psicológica” y advirtieron que recurrirán a los tribunales si el Gobierno de Quebec finalmente impone el impuesto.

Lo hizo a través de la Resolución Nº 34/2021 de la Administración Provincial de Impuestos (API).

El gobierno de Santa Fe, a través de la Resolución N.º 34/2021 de la Administración Provincial de Impuestos (API), extendió hasta el 29 de septiembre la moratoria para regularizar deudas por tributos que vencía este lunes.

Este régimen alcanza a todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente, Inmobiliario Rural, Patente, Impuesto de Sellos. También la contribución de Mejoras, Impuesto a las Actividades Hípicas – Ley 5317, Tasas Retributivas de Servicios, Aportes al Instituto Becario, Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación y el Impuesto especial previsto en el art. 2º de la Ley 13582.

“Hemos prorrogado por 30 días la vigencia de la moratoria para el pago de todos los tributos provinciales. De esta manera todos los contribuyentes podrán regularizar sus deudas tributarias hasta el 29 de septiembre de este año”, afirmó el titular de la API, Martín Avalos.

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DEUDAS CONTEMPLADAS

Desde API se recuerda que existen dos tipos de deudas que pueden ser incluidas en la moratoria: por un lado las deudas generadas con anterioridad a la pandemia, que son las devengadas hasta el 29 de febrero de 2020; y por otro las deudas originadas entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020.

Las deudas prepandemicas, tienen los beneficios de una reducción de intereses de liquidación. En el caso de que el pago se realice de contado se hace una condonación del 80 por ciento de los intereses. Asimismo esa deuda se puede financiar hasta en 12 cuotas con una reducción del 30% de los intereses resarcitorios y un interés de financiación del 1% mensual. En el caso de que se opte por el pago en 24 cuotas,operará una reducción del 15% de los intereses resarcitorios y un interés de financiación del 1,5% mensual. Para las 36 o 48 cuotas con un interés de financiación del 2% y 2,5% respectivamente. Además, se condona el 100 por ciento de las multas.

Con relación a las deudas tributarias generadas en la pandemia, es decir, entre el 01 de marzo y el 31 de octubre de 2020, el régimen permite su cancelación a valores históricos, sin ningún tipo de interés resarcitorio y con una financiación de hasta 48 cuotas, sin intereses.

“De esta forma, ampliamos la vigencia de este régimen para que todos aquellos contribuyentes que tengan deudas prepandémicas y las que se generaron durante la pandemia, puedan incorporarse y cancelar las deudas que se pudieron generar en estos períodos con importantes beneficios”, remarcó el titular de la API.

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“Es un mecanismo que el Poder Ejecutivo provincial pone a disposición y que sin lugar a dudas les posibilita a todos los contribuyentes seguir manteniéndose dentro de la senda de cumplimientos fiscales. Hay una inmensa cantidad de contribuyentes que siempre han sido cumplidores, que han pagado sus tributos regularmente, y que por distintas circunstancias pudieron tener inconvenientes. De esta forma buscamos tender un puente para permitirles que puedan seguir cumpliendo con el pago de sus tributos”, concluyó.

Los trámites o solicitudes de turnos se deben realizar ingresando a la página web del organismo www.santafe.gov.ar/api

Unos 130 países, encabezados por los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), acordaron hoy impulsar una reforma de la fiscalidad de las multinacionales que incluye un impuesto mínimo de “al menos el 15%” sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo, en línea con la propuesta impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden que cuenta con el respaldo del G7 (Grupo de los Siete países más ricos del mundo).

“Este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en un comunicado.

Según la OCDE, con una tasa de al menos 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos US$ 150.000 millones de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo.

A comienzos de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había instado a que los países en desarrollo avanzaran en la propuesta sobre el impuesto mínimo global para las empresas transnacionales, pero aclaró que a su juicio debería ser de entre 21% y 25% para reducir las asimetrías con las potencias internacionales.

“La tasa mínima del 15% es muy baja para la tributación de las multinacionales, sería mejor llegar a un acuerdo no menor al 21%, aunque la tasa ideal sería del 25%”, señaló Guzmán.

Todos los países firmantes -entre ellos China, cuya posición era muy esperada, y los países generalmente considerados como paraísos fiscales- representan 90% del PBI mundial, precisó la agencia de noticias AFP.

Los únicos que no firmaron la declaración fueron unos pocos países, entre los que se encuentran Irlanda y Hungría, reacios a la propuesta, aunque el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, dijo que “apoya globalmente” el acuerdo.

“Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos”, reaccionó Biden en un comunicado.

Estas empresas “ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición”, añadió.

En tanto, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, lo calificó de “paso colosal hacia una mayor justicia fiscal”; su homólogo francés, Bruno Le Maire, habló del “acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en un siglo”; y su par británico, Rishi Sunak, consideró que “el hecho de que 130 países en todo el mundo, incluidos todos los del G20, se hayan adherido, representa un paso adelante en nuestra misión de reformar la fiscalidad mundial”.

La declaración conjunta, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, prevé también un reparto “más justo” de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física, lo que está dirigido en particular a los gigantes digitales.

Sin embargo, las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados quedarán excluidos de esta medida, pero no del impuesto mínimo, dice el texto.

Un primer acuerdo en el G7 a principios de junio en Londres había dado un nuevo impulso a la negociación, que se había estancado durante la presidencia de Donald Trump y que se reactivó con la llegada de Biden a la Casa Blanca.

La crisis sanitaria, que hizo que los Estados gasten masivamente para hacer frente a la pandemia y apoyar sus economías, también reforzó la voluntad política de alcanzar un acuerdo para aumentar ingresos fiscales.

Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para “finalizar los trabajos técnicos” y preparar “un plan para su aplicación efectiva en 2023”.

Hasta entonces, los países que no se hayan adherido al acuerdo pueden hacerlo.

Se espera que los ministros de Finanzas y presidente de Bancos Central de los países miembros del G20 -entre ellos Guzmán-, que se reunirán la próxima semana en Venecia, aprueben el avance técnico y político alcanzado hoy.

“Sería justo introducir un impuesto extra para los locales de comida callejera, es decir aquellos que no ofrecen a los clientes espacio y mesas sino que los obligan a comer por la calle”, planteó Schmidt en declaraciones a la prensa al proponer el que ya se conoce como “tassa sul panino” en todo el país.

“La gente que come en la calle causa costos a la comunidad porque las calles deben limpiarse del aceite de los sándwiches, una operación costosa. Nosotros lo vemos en los Uffizi al menos dos veces al día”, agregó Schmidt a la revista Qn sobre la situación en los alrededores del Museo que dirige.

La propuesta de Schmidt generó de inmediato reacciones a favor y en contra en todo el país.

Desde el oficialista Partido Democrático, la diputada Rosa Maria Di Giorgi consideró que se trata de una “idea interesante”, según publicó hoy la edición florentina del diario Repubblica.

“Florencia siempre debe estar protegida. Con la ayuda de aquellos operadores económicos frente a cuyos locales los clientes están sentados en las veredas”, planteo Di Giorgi.

Desde la también oficialista Liga, sin embargo, Federico Bussolin consideró que “ahora hablar de impuestos es una locura”.

“Más bien trabajemos para instalar bancos y hacer cumplir las reglas y el sentido común”, sostuvo el jefe de bloque de la fuerza derechista en el Parlamento local.

Desde la asociación comercial Confartigianato, Paolo Gori aseguró que se trata de “una idea absurda, sin sentido”.

“En este momento delicado de recuperación de la energía no tiene sentido. Un nuevo impuesto condenaría a muchas empresas al cierre“, agregó.

Desde otra de las patronales del comercio, Confesercenti, según publica hoy Repubblica, Santino Cannamela aceptó que “Schmidt pone un tema importante en el debate porque, si bien estamos en contra de nuevos impuestos, hace falta una nueva ley sobre el sistema de licencias a los negocios”.

El ex delantero de la Selección, Boca y River sostiene no sólo que es confiscatorio sino que además atenta contra su renta y lo obligaría a descapitalizarse para afrontar la obligación establecida por ley del Congreso.

El ex futbolista Gabriel Batistuta presentó una acción de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que lo exima de pagar el aporte extraordinario fijado por ley para afrontar la pandemia.

La causa, caratulada “Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP – Ley 27.605 S/proceso de conocimiento”, se suma a la que ya presentaron otros futbolistas (en actividad y retirados), entre ellos Carlos Tévez, aunque en este caso con una argumentación ligeramente diferente.

Batistuta sostiene no sólo que el aporte es “confiscatorio” sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad del campo.

El ex goleador de la selección argentina de fútbol es un fuerte terrateniente en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo.

Según la demanda, que ingresó el viernes por sorteo a juzgado número dos, a cargo del juez Esteban Furnari, y quedó registrada con el número 10380/2021, el aporte extraordinario le insumiría a Batistuta parte de la renta de sus actividades productivas.

La renta, al igual que el salario, tiene carácter alimentario, por lo cual cualquier detrimento debe ser aplicado con “carácter restrictivo” y hasta un determinado porcentaje sobre el ingreso real.

Batistuta pidió, a través de su abogado, Luciano Cativa, una medida cautelar que le posibilite evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, esto es la validez constitucional –o no- de la ley que estableció el aporte extraordinario por única vez.

La presentación advierte, además, que para afrontar el pago Batistuta debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos.

La causa ingresó formalmente hoy al juzgado de Furnari, quien deberá resolver sobre su admisibilidad, el planteo de medida cautelar y darle intervención al fiscal subrogante Miguel Ángel Guilligan para que se pronuncie al respecto.

La ley -muy cuestionada por el sector empresario- fue sancionada por el Congreso el 2 de junio último, y dispone una nueva estructura de alícuotas escalonadas, con tres segmentos en relación al nivel de ganancia neta imponible acumulada. Para el Gobierno, la iniciativa busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas.

Así, se establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, que abarcará a las pymes; el segundo escalón es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, donde las empresas pagarán $1.250.000 más el 30% sobre el excedente de $5 millones.

El último es para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones: se pagará $ 14.750.000 más el 35% sobre el excedente de $50 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%. Además, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; también, no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

En sintonía con los cambios propuestos, la ley establece que las ganancias de fuente extranjera tributarán según la escala progresiva, en reemplazo de la tasa única que aplica actualmente. También, especifica que para las ganancias de los períodos 2018/2019/2020 corresponden las alícuotas 30% y 7% para ganancias societarias y dividendos respectivamente (receptando la suspensión que hizo la Ley de Solidaridad) y para 2021 en adelante se especifica que las ganancias estarán gravadas por la escala progresiva las ganancias societarias más el 7% sobre los dividendos.

Las modificaciones tendrán efecto para los ejercicios iniciados el primero de febrero de este año. Para los empresarios, ninguna empresa (incluidas las pymes) pagará menos Ganancias con esta Ley que lo que estaría pagando si rigiera la reforma tributaria sancionada en 2017, que establecía un cronograma de reducción de rebaja gradual de la alícuota.

Los ministros de Finanzas del G7 -que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido- alcanzaron hoy un acuerdo para fijar las bases de un nuevo sistema fiscal internacional, mediante la instauración de un impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones multinacionales.

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, confirmó hoy el pacto logrado por los ministros reunidos en Londres, y explicó que busca construir un campo de juego equilibrado para las empresas globales.

En este sentido, Sunak destacó que “tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global para que se ajuste a la era digital global”, según informó la cadena británica BBC y reprodujo DPA.

La iniciativa es “para ajustarse a la era digital global, pero sobre todo para garantizar que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados y ese es un premio enorme para los contribuyentes británicos”, sostuvo Sunak.

De este modo, a pesar de que el G7 no tiene un papel formal en el proceso de discusión de la nueva fiscalidad internacional, un pacto en el seno de este grupo supondría un poderoso impulso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones formales que se están desarrollando al respecto en el G20 y en la OCDE.

La propuesta del Presidente Joseph Biden para sancionar un impuesto a las ganancias del 15% para las grandes corporaciones, persigue el doble objetivo de frenar la fuga de las rentas a terceros países y por otro lado financiar proyectos de infraestructura.

La iniciativa de Biden pretende dejar de lado los planes para aumentar las tasas impositivas corporativas hasta un 28% y, en cambio, sancionar una tasa impositiva mínima del 15% destinada a garantizar que todas las empresas paguen impuestos en el país, según manifestaron fuentes de la Casa Blanca a medios internacionales.

Este proyecto apunta a una doble negociación. Por un lado, Biden busca que la iniciativa, con una menor tasa de imposición, sea un atractivo para los legisladores republicanos y permita aprobar los planes de la Casa Blanca para financiar sus proyectos de infraestructura.

Por otro lado, el mandatario norteamericano buscará el apoyo de sus pares del Grupo de los 7 durante las próximas negociaciones que se celebrarán la próxima semana en Londres, del 11 al 13 de junio.

En principio, la iniciativa planteada en el G-7 ha permitido desbloquear las negociaciones por un impuesto extraordinario que estaban estancadas desde hace tiempo.

Paralelamente, en París, en el marco de una convocatoria realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se está debatiendo la aplicación de un impuesto extraordinario a las grandes corporaciones para poder financiar los gastos derivados de la pandemia de Coronavirus.

La propuesta Biden busca terminar con la carrera de las empresas por tributar en los países con impuestos bajos.

Las negociaciones fiscales en París se centran en dos pilares: uno es un mínimo global para evitar que las empresas multinacionales utilicen complejos esquemas legales y contables para trasladar las ganancias a países con impuestos bajos donde hacen poco o ningún negocio. El segundo es encontrar una manera de gravar a las empresas, en particular las grandes tecnológicas que pueden obtener beneficios en países donde no tienen presencia física y, por lo tanto, no pagan impuestos.

Otro de los objetivos de Biden es que los países del G-7 unifiquen la aplicación del gravamen para evitar iniciativas aisladas como la de Francia que ya aplica un impuesto digital a las ganancias de las tecnológicas. Washington quiere que se aplique el impuesto no sólo a las tecno sino a cualquier empresa, para no hacer foco sólo en las digitales.

Con este tributo, Biden busca financiar un ambicioso plan de obras públicas por un billón de dólares y al mismo tiempo frenar la salida de rentas que son remesadas por las grandes corporaciones hacia refugios fiscales con menor tributación.

Para la administración demócrata, la tasa del 15% ayudará a disuadir la elusión de impuestos en el país porque sólo se aplicaría a las ganancias obtenidas en el exterior, siempre que esas ganancias no fueran gravadas en el extranjero.

El ambicioso plan de Biden se financiaría con unos 700.000 millones de dólares de la aplicación intensificada de los impuestos existentes, 200.000 millones de dólares, por poner fin a una exención de impuestos sobre las ganancias de capital en grandes herencias y otros 75 mil millones de dólares provenientes de recursos destinados a la Covid-19 pero no gastados. El resto llegaría por la aplicación del 15% a las ganancias corporativas

Según la intendencia, se utilizan para testeos, insumos médicos, centros de salud y folletería sobre cómo prevenir los contagios.Un municipio de la provincia de Buenos Aires agregó a la lista de gravámenes comunales una curiosa categoría: la tasa COVID-19. Se trata de Pilar: la intendencia que encabeza Federico Achával decidió aplicar esa tasa a los vecinos a causa de la pandemia de coronavirus.

El gravamen fue aprobado y es aplicado mediante el artículo 276°, “por la prestación de los servicios municipales”. Entre ellos, la intendencia de Achával enumera: “los testeos, exámenes y tratamientos médicos realizados a la población, relacionados con la enfermedad”.

La normativa también detalla que el dinero es destinado a “los controles de síntomas dispuestos en los distintos puntos del Municipio”. También tiene en cuenta “el cuidado de la salud psíquica y atención de problemas sociales derivados del aislamiento preventivo social y obligatorio en Centros de Salud del Municipio o por vía remota”, aunque no aclara a qué dificultades se refiere.

Al mismo tiempo, precisa que el monto será puesto a disposición para la compra de suministros médicos y materiales de protección para el personal esencial “a los efectos de cumplir con los protocolos especiales de prevención”, como así también a “toda otra adquisición o prestación de servicios relacionados con la sanidad misma originado por el COVI-19″.

Menciona, a la vez, el mantenimiento de los Centros de Atención COVID-19, “ya sea para internación o aislamiento”; los servicios de desinfección y sanitización de superficies “que deba realizarse en locales, establecimientos, vehículos de carga y/p cualquier sitio donde se ejerza actividad comercial, administrativa y/o industrial, ante la denuncia de un caso sospechoso o confirmado, de oficio o a requerimiento del contribuyente, como así también las situaciones de prevención que establezcan los protocolos y la reglamentación”.

Con las mismas vaguedades y reiteraciones, la lista continúa: “El vallado de calles, paseos públicos, refugios, plazas, bancos y demás espacios de gran circulación para el cumplimiento de los protocolos sanitarios estipulados”; “el diseño y efectivización de los protocolos preventivos en los espacios públicos”.

La nómina continúa: “Suministro de alimentos, raciones de comida y/o cualquier otra modalidad adoptada, ya sea en forma directa o a través de comedores populares, a los efectos de cubrir las necesidades nutricionales de aquellas familias que se encuentren imposibilitadas de acceder a éstos”. Y aclara: que “tales erogaciones no estén cubiertas por fondos provenientes de programas de Provincia o de la Nación”.

Hay más. El impuesto también está dirigido a solventar “los servicios de comunicación a los vecinos sobre medidas preventivas, programas, atención en establecimientos y toda otra información de relevancia en diferentes medios de comunicación audiovisual, gráficos, redes, vía pública, etc.”.

Por último, el gravamen tiene en cuenta “las líneas para la atención de consultas, reclamos y toda otra información relacionada con la enfermedad”.

Así lo afirmó el presidente de la Cámara, impulsor del proyecto que eleva a $150.000 el piso de ingresos a partir del cual se paga el tributoEl presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó en relación al proyecto del oficialismo para fijar un “nuevo piso” de $150.000 para pagar el Impuesto a las Ganancias que 200.000 jubilados dejarán de estar sujetos al impuesto.

En su cuenta de Twitter, el titular de la Cámara baja aseguró que “la nueva ley de Ganancias, que eleva el piso a $150.000 y hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras”.

Además, Massa indicó: “Es un gran alivio fiscal también para los jubilados y jubiladas: de los $10.000 millones de devolución en abril, $1.500 millones se destinarán a jubilaciones. Con la modificación, 200 mil jubilados y jubiladas dejarán de pagar Ganancias, de los cuales 130 mil son de Anses y 70 mil corresponden a las cajas provinciales”.

“Este nuevo piso llevará a que, del total de los 6,9 millones de jubilaciones y pensiones, sólo 30 mil (el 0,4%) continúen pagando Ganancias. Esto es muy importante porque es dinero que se volcará al consumo interno, haciendo mover así la economía”, continuó el titular de Diputados.

Y Massa concluyó el hilo de tweets señalando que “el proyecto prevé elevar el piso de seis a ocho jubilaciones, esto equivale a $164.568. Además, se flexibilizan los requisitos para acceder a esta deducción, evitando que por $1 de ingresos en una caja de ahorro o por un plazo fijo se pierda el beneficio”.

En los próximos días los diputados del oficialismo buscarán darle dictamen al proyecto que presentó Massa para modificar el piso de ingresos a partir del cual los trabajadores comienzan a estar sujetos al Impuesto a las Ganancias, con efecto retroactivo al 1° de enero. En la última semana hubo encuentros con especialistas y funcionarios que explicaron los alcances de la medida desde el punto operativo y fiscal, mientras que la oposición presentó modificaciones intentando dejar su sello.

El proyecto también establece un nuevo piso de $150.000 brutos para pagar el impuesto por parte de jubilados y pensionados. Se especifica en los nuevos artículos 3º y 4º que son el núcleo central del proyecto original presentado, con algunas modificaciones de técnica legislativa incorporadas -para evitar discusiones semánticas del fondo del proyecto- y mejoras sustanciales incorporadas referidas a los jubilados.

El proyecto propone flexibilizar el requisito para la deducción a jubilados estableciendo un monto mínimo de ingresos para perder el beneficio equivalente a la ganancia no imponible del artículo 30, inciso a) de la ley (hoy en $167.000). Por ejemplo: si un jubilado obtuvo ingresos por $2 millones por el arrendamiento de un campo pierde el beneficio, pero si tiene intereses de plazo fijo por $150.000, lo mantiene.

Hoy la ley establece que para que el jubilado acceder al beneficio de la deducción de 8 (hoy 6) Haberes no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación (por ejemplo: si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio) o tributar bienes personales.

La modificación de la ley en proceso también se focaliza sobre los siguientes puntos:

Complementariamente, se propone que este monto -al igual que el piso para pagar el impuesto de $150 mil- se ajuste anualmente por Ripte (Remuneración Imponible Promedio del Trabajador Estable) “en similares términos a los previstos en el último párrafo del mencionado artículo 30”.

Actualmente la ley permite deducir al cónyuge. Se amplía el alcance al concubino -cualquiera fuera el sexo- en los términos del artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto -dicen- le da al proyecto una perspectiva de género.

La reglamentación de AFIP va a establecer las condiciones para la deducción, por ejemplo: acta unión convivencial, contrato de alquiler, etc. A modo de ejemplo, en 2018 en CABA se verificaron 1.711 uniones convivenciales (13%) y 11.732 matrimonios (87 por ciento).

Originalmente, el proyecto utilizaba una técnica legislativa de “incrementar” la deducción del inciso c) de la ley para que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero pesos para las remuneraciones de hasta $150.000 brutos por mes. La técnica que se propone es la de “adicionar” a las deducciones un monto de manera tal que determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero, de modo de facilitar la exposición de las deducciones incrementales para los rangos de $150.000 a $173.000 y evitar un salto inicial a los que excedan transitoriamente la base no imponible.

El país europeo más golpeado en términos sanitarios y económicos, anunció también el primer aumento de la carga impositiva para mitigar la colosal deuda generada por estas políticas, rompiendo una tendencia ininterrumpida desde hace 40 años.

El Reino Unido, el país europeo más golpeado por la pandemia en términos sanitarios y económicos, anunció hoy la prórroga de las ayudas para enfrentar las restricciones por el coronavirus y también el primer aumento de la carga impositiva para mitigar la colosal deuda generada por estas políticas, rompiendo una tendencia ininterrumpida desde hace 40 años.

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, presentó su ley de presupuesto ante el Parlamento y pronosticó que la economía del país debería crecer un 4% en 2021, en lugar del 5,5% estimado en noviembre, debido al tercer confinamiento impuesto a nivel nacional desde enero.

Reino Unido: detectan nueva cepa del coronavirus con mutaciones preocupantes

El Reino Unido es uno de los países desarrollados que sufrió la mayor caída de su PBI, un 9,9% en 2020, su mayor contracción en 300 años, recordó Sunak en la Cámara de los Comunes, al presentar su proyecto, que incorpora hasta 75.000 millones más de euros en los próximos dos años en ayudas a ciudadanos y empresas para salir de la pandemia.

Sunak, un conservador pro-Brexit defensor de la ortodoxia presupuestaria hasta que estalló la pandemia, también destacó que se acerca el momento de reequilibrar unas cuentas públicas desbordadas.

El Gobierno británico calcula que su deuda, sumados este año y el siguiente, supondrá cerca de 680.000 millones de euros

“La deuda acumulada (durante esta crisis) solo puede compararse con la que se contrajo durante las dos guerras mundiales. Su devolución será tarea de muchos gobiernos durante varias décadas”, señaló, según la agencia de noticias AFP.

Medidas de Boris Johnson

En ese contexto, el gobierno del premier Boris Johnson se prepara para romper una tendencia ininterrumpida desde 1982 y subirá hasta seis puntos porcentuales la alícuota del impuesto de Sociedades, del 19% al 25%. Su máximo histórico llegó a ser del 52% hace casi 40 años. Pero el alza no llegará ya, sino que entrará en vigencia en 2023.

A cambio, durante estos próximos dos años, Sunak anunció una tregua fiscal con un esquema de incentivos nunca usado hasta ahora en el Reino Unido.

Bautizado como el “sistema de superdeducciones”, las empresas podrán restar de su base impositiva hasta un 130% de las inversiones que realicen, en un esfuerzo por hacer más competitiva la economía británica en la era pos-Brexit.

Pero el de Sociedades no será el único impuesto que suba de aquí a dos años. El Gobierno elevará también el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fijado hasta ahora en unos 14.400 euros, y bajará el nivel de renta a partir del cual se paga el tipo máximo del 40% (hasta ahora, de unos 58.000 euros).

De momento, las rentas superiores a 175.000 euros mantendrán el tipo agravado del 45%. Sunak ha anunciado también una revisión del máximo de pensión privada acumulada que los británicos pueden amortizar sin ser penalizados fiscalmente.

Y como alivio, el sistema por el cual el Estado corre con el 80% de los salarios -con un límite de 2.500 libras (3.500 dólares) mensuales por persona- de los empleados que no sean despedidos pese al paró de la actividad, fue prolongada cinco meses hasta finales de septiembre, anunció Sunak

También continuará un apoyo similar para los trabajadores autónomos, y las ayudas a las personas con bajos o ningún ingreso se prolongarán durante seis meses.

“Seguiremos haciendo lo que sea necesario para apoyar a los británicos y a las empresas en este momento de crisis”, subrayó Sunak.

La reina Isabel insta a los británicos a vacunarse contra el coronavirus

El país más golpeado de Europa por la Covid-19, con más de 123.000 muertos y 4,2 millones de casos, debe emprender el próximo lunes una muy progresiva desescalada que no se completará hasta fines de junio.

Sunak confía en revivir la economía británica gracia a las ayudas comprometidas para los próximos dos años y al aparente éxito de la campaña de vacunación, que el Reino Unido puso en marcha un mes antes que el resto de Europa.

Cada comercio o persona deberá realizar los trámites correspondientes vía online y podrán acceder a estos beneficios.

Luego de un proyecto de ley elaborado por el senador Lisandro Enrico y por la resolución emitida por la Administración Provincial de Impuestos (API) en las últimas horas, las actividades afectadas por la pandemia queden eximidas del pago de los impuestos sobre ingresos brutos, impuesto inmobiliario e impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios. Cada comercio y persona que lleve adelante tareas (detalladas a continuación) deberán realizar los trámites correspondientes vía online y podrán acceder a estos beneficios. No obstante, dada la complejidad en algunos casos, se sugiere recurrir al asesoramiento de un profesional en ciencias económicas.

Asistencia Económica: inscripción para comercios de Santa Fe y Santo Tomé

En julio del 2020, el senador provincial Lisandro Enrico presentó esta iniciativa para reducir impuestos a sectores afectados por la pandemia que fue empalmado con la Ley Tributaria enviada por el Gobernador Omar Perotti y entre ambos proyectos surgió la Ley N° 14025 que ahora reglamenta la Administración Provincial de Impuestos (API) y que tiene entre sus objetivos favorecer a aquellas actividades económicas que fueron golpeadas por la pandemia.

La Provincia lanza el programa de beneficios y descuentos “Billetera Santa Fe”

Mediante la Resolución N° 010/21, API establece exenciones especiales en el pago de Impuestos sobre los Ingresos Brutos (septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020 y enero, febrero y marzo 2021); Impuesto Inmobiliario (cuotas 2 a 6 del año 2021 y 1 y 2 del 2021) e Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios (exención 100 por ciento).

Las actividades económicas que podrán disponer de esta medida especial, emitida por la Administración Provincial de Impuestos con el dictamen N° 046/2021 son:

Bares, restaurants y similares.

Servicios de alojamiento, hotelería, residenciales y campings.

Agencias de viaje y turismo.

Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo y excursiones.

Servicios profesionales y personales vinculados al turismo.

Servicios de explotación de playas y parques recreativos.

Venta al por menor de artículos o artesanías regionales.

Servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, convenciones o exposiciones.

Servicios para eventos infantiles.

Organización de eventos, soportes y alquiler de equipamiento para eventos.

Alquiler temporario de locales para eventos, peloteros.

Alquiler de canchas para prácticas de deportes.

Jardines maternales.

Salones de baile y discotecas.

Servicios de peluquería.

Impuesto sobre Ingresos Brutos: régimen general

Para acceder a este beneficio, quienes desarrollen las actividades mencionadas anteriormente, y que hayan presentado sus declaraciones juradas pertenecientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 y las de enero, febrero y marzo del corriente año, deberán presentar las declaraciones rectificativas siguiendo los siguientes pasos: realizar la adhesión a estos beneficios ingresando en el portal web www.santafe.gov.ar/api – “Box de destacados”: Impuesto: Ley 14.025 – Arts 42 y 43 Actividades Afectadas por la Pandemia.

El impuesto liquidado e ingresado para estas actividades que poseen el beneficio otorgado en los anticipos mencionados será considerado como pago a cuenta del impuesto y computado como saldo a favor de los contribuyentes.

Impuesto Inmobiliario

Las personas que desempeñen las actividades comprendidas por la Ley N° 14025, para poder contar con este beneficio, que implica la eximición del pago de las cuotas 2 a 6 del 2020, y 1 y 2 pertenecientes al 2021 del Impuesto Inmobiliario, deberán registrar las partidas inmobiliarias con carácter de declaración jurada a través del trámite disponible en el sitio web del gobierno provincial: www.santafe.gov.ar/api – Box de Destacados: Impuesto: Ley 14.025 – Arts 42 y 43 Actividades afectadas por la pandemia.

Los pagos realizados por las personas alcanzadas por este beneficio se contemplarán como saldos a favor, pudiendo solicitar su reintegro de dichos pagos.

Cabe destacar que si la partida inmobiliaria del espacio afectado no es propiedad de la persona que se desenvuelve en algunos de los rubros ya mencionados, podrán solicitar el reintegro del impuesto abonado remitiendo el pedido al correo electrónico: apiley14025reintegroinmobiliario@santafe.gov.ar adjuntando el contrato del lugar. Por esta acción, deberá acreditarse el pago del impuesto de sellos.

Impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios

Los agentes de retención y percepción del Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios que intervengan en los actos, operaciones que utilizan el impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios deberán declarar las bases imponibles correspondientes a dichos actos, operaciones o contratos con una exención del 100 por ciento.

Para los agentes de retención y percepción del Impuesto de Sellos y Tasas retributivas de servicios que hayan presentado el informe dispuesto en el artículo 6 de la Resolución General N° 39/2020 –API- por los períodos septiembre, octubre y noviembre 2020, se cumplimentará la exención del pago.

Cabe mencionar que el importe que hayan abonado los contribuyentes en forma directa o a través de los agentes de retención y/o percepción, en concepto de Impuesto o Tasas Retributivas de Servicios, correspondientes a los actos, contratos u operaciones alcanzados con el beneficio previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 14.025 será considerado como saldo a favor, como objeto del reintegro.

“Habiendo estado en contacto con representantes de la mayoría de los sectores que sufrieron las consecuencias de la pandemia que ocasionó el Covid-19, entendimos que no se les podía exigir el pago de impuestos cuando la mayoría se vio imposibilitada de trabajar la mayor parte del 2020. Este es un mínimo apoyo que brindamos a quienes transcurrieron el pasado año viendo afectadas sus fuentes laborales, por ende sus ingresos y sus sostén diario”, explicó el senador Lisandro Enrico.

El gobierno postergó hasta el 12 de marzo próximo la suba en el impuesto a los combustibles prevista para el 1 de marzo, debido a “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios”.

A través del decreto 35/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, se indicó que “el incremento en los montos de impuesto correspondiente al cuarto trimestre de 2020, surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, desde el 12 de marzo de 2021”.

El gobierno atribuyó la postergación a “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios”.

De esta manera, se detuvo por diez días otro incremento de hasta 5,2% en las naftas y el gasoil que debía regir desde el 1 de marzo.

El 16 de enero último, la petrolera YPF dispuso un aumento de precios del 3,5% promedio de sus combustibles, lo que incluye el ajuste diferencial por el incremento del componente impositivo de la nafta y el gasoil.

Este aumento incluye el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) del 7,7% que entró en vigencia a partir del 15 de enero, según lo dispuesto por el Gobierno.