El ex jugador de la Selección Argentina Gabriel Batistuta fue embargado por $ 71 millones por orden de la Justicia Federal de Reconquista tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El deportista es acusado de no cumplir con el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas -conocido como impuesto a la riqueza- aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

La resolución estuvo a cargo del juez federal de Reconquista, Santa Fe, Aldo Alurralde, quien ordenó el embargo el miércoles 17 de agosto sobre tres inmuebles y automotores de Batistuta por un valor total es de $ 71.096.882, de los cuales $ 25.037.746 es por intereses y 46.059.135 en concepto de capital.

El exfutbolista había presentado una medida cautelar para no pagar el impuesto, pero fue rechazada en mayo por el mismo juez. Así, el caso de la figura de Boca Juniors pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

El tribunal de dicha provincia, integrado por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, rechazó el recurso presentado y le dio la razón a su par santafesino.

AFIP embargó a Batistuta por una deuda millonaria

En el recurso presentado, el ex goleador de la albiceleste había iniciado una acción judicial con el objetivo de que se declarase la “inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza” ya que consideraba que se vieron afectados diversos principios, entre ellos la “no confiscatoriedad, razonabilidad, igualdad, capacidad contributiva y el derecho de propiedad”.

A fines de marzo, Alurralde había embargado al jugador por casi $ 4 millones por incumplimiento en el pago del Impuesto a los Bienes personales durante 2021. La medida cautelar fue presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativa N°4 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde se lo declaró incompetente y se remitió a Reconquista, allí es propietaria de 126 mil hectáreas de campo.

La Justicia resolvió en ambas instancias que no estaba demostrada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La AFIP aplicó su facultad según el artículo 111 de la Ley 11.86 que señala que “en cualquier momento, por razones fundadas y bajo su exclusiva responsabilidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar embargo preventivo o, en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios”.

Lo determinó un tribunal federal de Corrientes en un fallo de primera instancia, ante el reclamo de un productor ganadero

La Justicia Federal de Corrientes declaró -en un fallo de primera instancia- que el Impuesto a la Riqueza impulsado por el kirchnerismo es “inconstitucional”, asegurando que se trata de una medida impositiva “confiscatoria”.

El “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, impulsado por el bloque del oficialismo y principalmente por Carlos Heller (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados) y sancionado con fuerza de ley a fines de 2020, fue cuestionado por el juez Gustavo del Corazón Fresneda por violar las “garantías y principios constitucionales”.

De esta forma, el magistrado hizo lugar a la acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y precisó que la mencionada ley es “violatoria” del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva.

Máximo Kirchner quiere crear el impuesto a las “grandes riquezas”

Alberto Fernández, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja Alberto Fernández, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja Fresneda remarcó que el Impuesto a la Riqueza se implementó como un tributo, no como un aporte. Y en sus fundamentos, analizó que la “alícuota efectiva” sobre la renta del perjudicado “sería de 118.658,78%”. Basándonos en una prueba pericial contable, Intra demostró que el pago del “aporte solidario” superaba de forma holgada la rentas que hubiera tenido que pagar el contribuyente en todo el año.

El Impuesto a la Riqueza provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló en el fallo.

“El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor”, precisó el juez.

La “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario” fue sancionada a fines de 2020 para paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y la consecuente cuarentena que rigió durante varios meses ese año. Durante aquel debate, los legisladores del oficialismo insistieron en reiteradas oportunidades que se cobraría “por única vez” a aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los $200 millones.

El Gobierno preveía recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos, sin embargo, un año más tarde -en diciembre de 2021-, la AFIP informó que el fisco recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas. La iniciativa desató una ola de acciones judiciales para evitar su cobro y provocó que empresas, profesionales y técnicos probaran suerte fuera de Argentina.

El futbolista había presentado una medida cautelar para quedar exento del pago a las grandes fortunas. El tributo afecta a contribuyentes con bienes personales de más de 200 millones de pesos.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5 resolvió este martes rechazar la medida cautelar presentada por Carlos Tevez para evitar el pago del impuesto a las grandes fortunas que comprende a aquellos contribuyentes con patrimonios de más de $ 200 millones.

En su párrafo final, el fallo señala: “Con arreglo a lo señalado, se rechaza la medida cautelar solicitada, lo que ASI SE RESUELVE. Sin costas, en tanto la producción del informe previsto en el art. 4 de la Ley 26.854 no implicó la bilateralización del proceso”.

El fallo completo de la Justicia contra la cautelar de Carlos Tevez para no pagar el impuesto a la riqueza

Tévez presentó un amparo para no pagar el Impuesto a las Grandes Fortunas

La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre de 2020 con el objetivo de moderar los efectos de la pandemia de coronavirus, y se destinó a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

El proyecto de ley fue impulsado por el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, bajo la premisa de recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

La ley contempla el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se eleva al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa sube al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3,5%.

El listado de personas que presentaron amparos para no pagar este impuesto comprende varios nombres de peso entre los cuales figuras el mencionado Carlos Tevez, Gabriel Batistuta, Diego Placente, polistas de Ellerstina y otros deportistas.

A quiénes alcanza el impuesto a la riqueza

Según el artículo 2 de la norma, quienes están alcanzados por este impuesto son:

Las personas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el la ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales.

Aquellos de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes o “jurisdicciones de baja o nula tributación , en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Las personas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, excepto las mencionadas en el segundo párrafo del inciso anterior, por la totalidad de sus bienes en el país comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966.

Cuánto deben pagar los contribuyentes a los que alcanza el impuesto a la riqueza La Ley 27605/2020, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre pasado y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte único de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de $ 200 millones (aunque la tasa va aumentando según el patrimonio).

Carlos Tevez anunció que se va de Boca

La tasa a cobrar se irá elevando en función del rango de fortuna que se haya declarado:

En un acto de tintes camporistas, el presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de las becas Progresar para adolescentes de 16 y 17 años.

El monto será de 5.677 pesos, y será financiado con sumas provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario (Ley N° 27.605) y del Fondo del Tesoro Nacional que serán adecuados en un Fondo Fiduciario Público. 

El mandatario pidió un aplauso para quienes pagaron dicha carga, y aprovechó la oportunidad para criticar al sector que no lo hizo. “Dejan a chicos y chicas sin posibilidad de seguir estudiando”, sostuvo durante el acto que compartió con el jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, uno de los contribuyentes y cerebro del programa.

Alberto y Cristina encabezan la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021

También apuntó contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri por el pésimo desempeño de la Argentina en las pruebas Unesco durante el 2019. “Nosotros sabemos lo que le pasó a la Argentina, como este programa se fue olvidado, como fue cada vez siendo más pequeño y eso explica que durante el 2019 hayamos tenido las calificaciones que tuvimos en materia educativa, que a una sociedad debería avergonzarla“, apuntó, y agregó: “Como sabemos que vivimos en una sociedad injusta no alcanza el mérito. Necesitamos que todos tengan la misma posibilidad de crecer: al que le cuesta tiene que estar el Estado ayudando y de ahí en más puede haber mérito. Pero tienen que partir de un punto de igualdad”.

En esa sintonía, y con un fuerte eje en recuperar a los estudiantes que desertaron producto de la pandemia, Fernández llamó a trabajar para su retorno a las aulas. “La educación no es un gasto, es una inversión a futuro”, señaló ante un auditorio colmado por jóvenes perteneciente a escuelas del conurbano bonaerense, afines a La Cámpora.

También celebró que la suma proveniente del aporte a las grandes fortunas permita ampliar la suma de la beca, y desestimó los prejuicios: “No hay pibes con gorrita y pibes sin gorrita, hay pibes”.

?️"Estas becas tienen el mismo objetivo que en su inicio: la educación. Celebremos porque estamos igualando; no hay pibes con o sin gorrita, solo hay pibes. Con más derechos, somos una mejor sociedad". El presidente @alferdez en el anuncio de ampliación de las becas Progresar. pic.twitter.com/PlIVCHBezW

— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) December 13, 2021

La inscripción inició tras el acto encabezado por el presidente, Máximo Kirchner, el ministro de Educación Jaime Perczyk, y la titular de la ANSES Fernanda Raverta.

A pedido del presidente, Máximo Kirchner expuso durante el acto. El jefe de bloque del Frente de Todos y la titular de la ANSES fueron los más aplaudido por el auditorio.

El diputado nacional se mostró emocionado por la medida que apunta a “combatir” la violencia y el gatillo fácil, y aprovechó el momento para denunciar que el gobierno de Mauricio Macri intentó “destruir” el programa. “Es una política pública que comenzó hace tiempo, y que el anterior gobierno buscó destruir, ni siquiera suplantarla por una nueva, sino ir apagándola”, afirmó.

En la misma sintonía que los funcionarios de la mesa, pidió “ir a buscar a los pibes que el sistema expulsó”, y manifestó que el PROGRESAR “potencia” a los estudiantes. “Estamos frente a un Estado que evita las políticas neoliberales y la marginalidad le pongan armas en las manos a los pibes. Quiero un Estado le ponga instrumentos y computadoras en las manos, y que les dé la posibilidad de soñar un mundo diferente”, sostuvo en referencia al anuncio del ministro Perczyk, acerca de la inversión de 250 millones en instrumentos para las orquestas.

A su turno, el ministro Perczyk celebró la presencia de los estudiantes, y señaló que el programa apunta a que los estudiantes “puedan concluir los estudios”. El funcionario ponderó: “El desafío es seguir buscando a todos los chicos que se fueron de la escuela uno por uno y que todos recuperen los aprendizajes”.

Según un informe oficial, la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario alcanza los 48.423 millones de pesos, de los cuales el 20% tiene como destino al PROGRESAR.

Por su parte, la titular de ANSES Fernanda Raverta cruzó a la oposición, y señaló que durante la gestión del exmandatario Macri, los beneficiarios del plan se redujeron en un 50%. “En diciembre de 2015 había un millón de estudiantes acompañados por esta política pública, vino otro gobierno y se convirtieron en 500 mil, mientras que los 12 meses de beca pasaron a ser 10”, destacó, y agregó: “En cambio, hoy ya volvimos a superar el millón de chicos y chicas incluidos”.

Participaron del acto los ministros de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Cultura Tristán Bauer; la ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, la portavoz de Presidencia Gabriela Cerruti y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes Macarena Sánchez, además de titulares de la cartera de Educación de varias provincias. También el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Roberto Baradel.

El Gobierno ya repartió $145.000 millones de los más de $230.000 millones recaudados a través del impuesto a la riqueza en distintos gastos que ya estaban prefijados en la ley que aprobó la implementación de ese tributo extraordinario. El 60% fue destinado a las medidas en el marco del nuevo confinamiento, por lo que unos $400.000 millones de ese paquete deberán ser cubiertos con recaudación.

Del total ingresado al Tesoro, unos $29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección, según informó el Palacio de Hacienda. También se prevé la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y elaboración de equipamiento médico.

Otros $29.000 millones fueron destinados a “sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco del Programa de Recuperación Productiva (Repro II)”, el plan del Ministerio de Trabajo por el cual el Estado asiste a empresas privadas con el pago de una parte de los salarios.El 60% fue destinado a las medidas en el marco del nuevo confinamiento, por lo que unos $400.000 millones de ese paquete deberán ser cubiertos con recaudación

Por otra parte, una partida de $22.000 millones se dirigieron al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) “para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares”, explicó el Ministerio de Economía.

En tanto, se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar, “que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica”, apuntó la cartera económica en un comunicado.

Por último, en relación a la política energética, se destinaron $36.000 millones a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

De todos esos programas estimulados con el dinero de la recaudación del impuesto a la riqueza, tres forman parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Alberto Fernández como respuesta al confinamiento más estricto que finalizó este domingo.

Esos tres son el refuerzo de fondos para el sistema de salud, el fondeo del programa Repro para pagar salarios del sector privado y el aumento en el monto de las becas Progresar para estudiantes. De esa manera, el 60% de los fondos recaudados -unos $87.000 millones- tuvieron como destino medidas relacionadas a la crisis sanitaria.De todos esos programas estimulados con el dinero de la recaudación del impuesto a la riqueza, tres forman parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Alberto Fernández.

Pero el paquete dado a conocer en ese momento por el jefe de Estado era más amplio y tenía un costo fiscal de unos $480.000 millones, equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno.

Entre esos programas estaban el refuerzo del plan Potenciar Trabajo, que demandará $167.000 millones, fondeo al sistema de salud por $144.000 millones, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo por $29.000 millones y una extensión de la Tarjeta Alimentar, por $18.100 millones, entre otras medidas.

De esta manera, de acuerdo a esas cifras, poco menos de $400.000 millones de esas medidas deberá ser cubierto por el aumento de la recaudación, que en el Gobierno atribuyen a la suba del precio internacional de la soja que redunda en mayores ingresos por derechos de exportación y a una mejora recaudatoria por un mayor nivel de actividad económica en relación a 2020.

Este martes el Ministerio de Economía dará a conocer la cifra de ingresos tributarios de mayo, aunque la tendencia de incremento real de la recaudación acumuló hasta abril ocho meses consecutivos.

“El Aporte Solidario y Extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva, y que ayuda a la estabilidad macroeconómica”, señaló Martín Guzmán en Twitter.

Guzmán puntualizó: “Valoramos el aporte que sumaron más de 10.000 personas. Ya se recaudaron más de $145.000 millones que están siendo distribuidos de manera inmediata a los destinos específicos establecidos por ley para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas generadas por la pandemia”.

El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo. Es un camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajan de la mano”.

Modificación presupuestaria

Sobre el cierre de mayo, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, firmaron la Decisión Administrativa 524, la cual se publicó pasada la media tarde del lunes 31, en un Anexo Especial del Boletín Oficial.El incremento de la partida de gastos en $191.250 millones no afectará el resultado fiscal, porque se trata de la distribución de la partida similar extraordinaria que recibió la Tesorería por el “Aporte Solidario”

Se trata de la quinta modificación del Presupuesto 2021, en este caso con un incremento de las autorizaciones de gasto por parte de los Ministerio de Salud de $45.000 millones, en su mayor parte, $44.507 millones para el “funcionamiento del Hospital Dr. René Favaloro”; y en $217 millones para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán; y $276 millones parea la “Atención Sanitaria para la Comunidad”, Hospital Posadas. Incluye dos partidas, también por $45.000 millones, para Acciones de Empleo (Repro II) del Ministerio de Trabajo, y para “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes”, por parte del Ministerio de Educación; y $56.250 millones para “Asistencia Financiera a Empresas Públicas”, en ese caso a cargo del Ministerio de Economía.

Semejante incremento de la partida de gastos en $191.250 millones no afectará el resultado fiscal, porque se trata de la distribución de la partida similar extraordinaria que recibió la Tesorería por el “Aporte Solidario”, como se bautizó al impuesto a la riqueza, o a la “grandes fortunas”.

Sin embargo, nadie podía anticipar que el polémico impuesto a las grandes fortunas también diría presente en la bombonera.

Florencia Peña disparó contra Carlos Tevez vía Twitter durante el partido. “Tevez te hace un gol con falta y mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza”, escribió la conductora de Flor de Equipo.

A lo que se refiere la actriz es a un recurso de amparo que presentó el futbolista para evitar pagar el impuesto a las grandes fortunas. Uno de los argumentos que expusieron los abogados de Tevez fue que dicho impuesto era de carácter “Confiscatorio”.

Peña defendió su postura a capa y a espada contra los usuarios que salieron a cruzarla. “¿Qué te paso bebé? ¿Tenés que insultar? ¿No se te cae un idea?”, le respondió a un usuario que la había atacado.

Tévez te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo #elclásico

La cámara de Diputados chilena aprobó por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones, un proyecto de ley impulsado por la oposición para crear un nuevo impuesto a los “súper ricos” y aumentar la tasa impositiva de grandes empresas, en busca de fondos para contrarrestar el impacto social y económico de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa crea un impuesto por única vez de 2,5% sobre las fortunas individuales de más de 22 millones de dólares y un aumento temporal de la tasa corporativa de 27% a 30%, más la eliminación de algunas exenciones.

El proyecto va en línea con el impuesto a las Grandes Fortunas aprobado en la Argentina y en Bolivia, y a las recomendaciones formuladas por la ONU para mitigar el impacto económico de la pandemia. Colombia y México debaten por estas horas iniciativas en el mismo sentido.

Durante la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera dispuso distintas líneas de ayuda directa por un valor de alrededor de 15.000 millones de dólares lo que duplicó el déficit fiscal el año pasado al 7,4%.

Con esta iniciativa el gobierno de Piñera podría recaudar 5.700 millones de dólares para usar contra la pandemia, según estimaron los autores del proyecto.https://0810dbd4531e8e37c185aa35f06f306a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.

Por su parte, el presidente Piñera aseguró el lunes pasado que buscará un acuerdo para aumentar los ingresos fiscales, pero demostró su malestar con este proyecto al señalar que no es eficiente para la recaudación de impuestos y que sería difícil de implementar.

Aún así, el Gobierno no adelantó si buscará bloquear la medida pidiendo a la corte constitucional del país que la revise, bajo el argumento de que los proyectos de ley tributarios son prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, no de los legisladores.

Desde el viernes 29 de enero, empezó a regir en el país el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, una ley aprobada en diciembre del año pasado establecida como un “aporte solidario” que grava de manera progresiva a las personas que tengan un patrimonio igual o mayor a los $200 millones de pesos, es decir, un poco más de dos millones de dólares.

El pago es del dos por ciento sobre los bienes que tiene en su patrimonio la persona alcanzada. El capitán y diez de Boca, que jugó la mayoría de su carrera profesional en el exterior, principalmente en Europa, justamente está entre las 11.855 personas naturales que reportó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  

Alejandro Scannapieco de Globant fue el primero en conseguir una cautelar contra el impuesto extraordinario

Según informó el portal “Doble Amarilla” citado por Noticias Argentinas, la declaración de Tévez para argumentar contra el impuesto extraordinario a las grandes fortunas fue que este mismo es “confiscatorio”.

Antecedentes

El del jugador de fútbol no es el primer caso de judicialización del “Impuesto a la Riqueza”. A fines de marzo una jueza federal le había ordenado a la (AFIP no cobrarle el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” a un empresario del sector tecnológico que inició una causa judicial por considerar que se trata de una medida que afecta su derecho a la propiedad.

La magistrada en lo contencioso administrativo Cecilia Gilardi Madariaga de Negre fue la que aceptó en ese momento una medida cautelar de Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant.

La magistrada explicó que ante el vencimiento del plazo de pago se debía frenar el cobro hasta analizar la cuestión de fondo para evitar un perjuicio mayor en que caso que el empresario tenga razón. La misma jueza dictó un segundo fallo en términos similares. Fue para el empresario Nicolás José Mc Loughlin.

En ambos casos son medidas cautelares, que son provisorias, hasta que se resuelva el fondo de los planteos. Una cautelar es una decisión judicial que suspende una medida hasta que se analice si es válida o no. Se suspende momentáneamente su efecto porque si se concreta después es más difícil de reparar.

El plazo para el pago del aporte era el 31 de marzo pero la AFIP, conducida por Mercedes Marco del Pont, lo extendió hasta hoy 16 de abril para que los contribuyentes cuenten con más tiempo para reunir la documentación necesaria

Hubo una tercera decisión judicial. Fue la de Sergio Pintos, juez federal de Bell Ville, en Córdoba, que en este caso rechazó la medida cautelar que pidió José Luis Prado Lardizábal. Para el magistrado no se acreditaron “el o los perjuicios de irreparable reparación ulterior o el daño inminente que le producirá el pago del aporte”. El empresario podría haber apelado pero desistió de continuar la causa. “Se da la paradoja, que ahora, debe abonar los tributos cuya legitimidad ha sido cuestionada por excesiva, y de recaer algún tipo de resolución al respecto, la misma será tardía. En virtud de ello vengo a desistir de la acción”, planteó en la causa. Fue la primera demanda en cerrarse.

El efecto del primer fallo, que se conoció el 22 de marzo, animó a nuevas presentaciones en el fuero que aceptó los planteos de los empresarios para no pagar.

En los cinco días posteriores a esa orden judicial se presentaron en la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires decenas de demandas contra el impuesto a la riqueza. El plazo para el pago del aporte era el 31 de marzo pero la AFIP lo extendió hasta hoy 16 de abril para que los contribuyentes cuenten con más tiempo para reunir la documentación necesaria.

Fueron 76 que se iniciaron desde el 25 de marzo hasta el 31, el último día hábil antes de los feriados de Semana Santa. Se trata de procesos de conocimiento y no de amparos como fueron los tres primeros casos que ya tuvieron decisiones sobre la medida cautelar.

El objetivo del impuesto es reequilibrar los niveles de déficit y deuda en los países con menos recursos

Las rentas altas y las compañías que han prosperado durante el coronavirus ―las grandes tecnológicas o algunas farmacéuticas, por ejemplo― deberían pagar impuestos adicionales en solidaridad con los más afectados por la pandemia, según la propuesta lanzada este miércoles por el Fondo Monetario Internacional (FMI), reunido virtualmente en Washington en su asamblea de primavera.

Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, ha sido muy claro: “Para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación poscovid aplicada sobre las rentas altas y la riqueza”, señaló este miércoles.

Se trata de un tributo temporal, denominado popularmente impuesto de solidaridad, para financiar necesidades perentorias derivadas de la emergencia sanitaria y de la crisis económica desencadenada por ella, que ha provocado un aumento generalizado de los niveles de déficit y deuda pública, especialmente en los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo.

Para evitar que estos países queden rezagados en la recuperación y sufran de manera persistente los efectos de la pandemia, el organismo propone un fondo temporal ―una tasa covid― para encauzar recursos que permitan un acceso a los servicios básicos y aseguren las redes de seguridad social, entre otros objetivos. La tasa contribuiría a equilibrar las desigualdades sociales exacerbadas por la emergencia y enviaría a los más afectados el mensaje de que la lucha contra la pandemia es un esfuerzo colectivo, ha explicado el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.

Vitor Gaspar reconoció que “las desigualdades preexistentes han amplificado el impacto adverso de la pandemia y, a la vez, la covid-19 ha agravado las desigualdades”, lo que supone “un círculo vicioso de desigualdad que podría dar lugar a un quiebre social y político”.

El FMI ha recordado que este tipo de tasas temporales adicionales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, habitualmente restringido a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente en circunstancias excepcionales, como la reunificación de Alemania (1991) o en Japón tras el desastre de Fukushima (2011).

El Fondo considera los beneficios extra ―aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores— como contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

En sus proyecciones económicas para los seis próximos meses, presentadas el martes, los expertos del Fondo señalan el riesgo de revueltas y protestas sociales por parte de las capas más golpeadas por el virus, a veces damnificadas también por el impacto de catástrofes naturales.

El informe Vigilancia fiscal del FMI, presentado este miércoles, destaca que el enorme apoyo fiscal desplegado por las autoridades ha evitado recesiones más graves y mayores pérdidas de empleo. No obstante, advierte de que el déficit y la deuda pública se han disparado a niveles sin precedentes.

En general, la media de déficit respecto al PIB en 2020 alcanzó el 11,7% en las economías avanzadas, el 9,8% para los países emergentes y el 5,5% para los de bajos ingresos.

El organismo estableció que las personas alcanzadas podrán optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco pagos mensuales y consecutivos, informó esta tarde el ente recaudador en un comunicado.

La Resolución General N° 4942 dispone que la tasa de financiación para quienes opten por esta vía será la correspondiente a la de los intereses resarcitorios del organismo.

La normativa, que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días, busca contribuir al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Para adherir al régimen de facilidades de pago es requisito concretar el anticipo del 20% de la deuda consolidada. Las cinco cuotas restantes se abonarán el 16 de cada mes a partir del mes siguiente de concretado el pago inicial.

El plazo para presentar la declaración jurada de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario es el 30 de marzo.

La solicitud de adhesión al régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en la normativa.

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos.

La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18 de diciembre de 2020.

La ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 establece el destino que tendrán los fondos recaudados del Aporte Solidario y Extraordinario para enfrentar la Pandemia.

Son cinco las asignaciones especificadas: un 20% será para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Otro 20% se destinará a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Un porcentaje idéntico será para el programa integral de becas Progresar, para reforzar este plan que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

A su vez, un 15% se asignará para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

El “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” fue reglamentado a través del decreto 42/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El decreto 42/2021, publicado este jueves en el Boletín Oficial, reglamentó y puso en vigencia la Ley 27.605 que establece la creación del denominado “Aporte Solidario y Extraorfinario Para Ayudar a Morigerar Los Efectos de la Pandemia”. La norma fue sancionada el 4 de diciembre pasado y oficializada el 18 de diciembre con la publicación del Decreto 1024/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Ley 27.605

Esta ley crea con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, recaerá sobre unas 11.855 personas en la Argentina, según estimaciones realizadas por el oficialismo. Quienes tengan hasta 300 millones de pesos radicados en la Argentina no serán afectados por este aporte.

Aquellos que tengan una fortuna de ente 300 millones y 400 millones de pesos inclusive pagarán seis millones de pesos más el 2,25% sobre el excedente de trescientos millones de pesos, dice la ley. Aquellos que tengan entre 400 y 600 millones inclusive pagarán unos 8.250.000 pesos más el 2,50% sobre el monto inicial de cuatrocientos millones de pesos.

De 600 a 800 millones inclusive pagarán 13.250.000 pesos más el 2,75% sobre el excedente de seiscientos millones; de 800 a 1.500 millones inclusive abonarán 18.750.000 de pesos más un 3% sobre el excedente de ochocientos millones.

Decreto 1024/2020

Los que tengan radicados en el país entre 1.500 y 3.000 millones de pesos inclusive tendrán que pagar 39.750.000 pesos más el 3,25% sobre el excedente de los mil quinientos millones de pesos. Y los que estén por encima, abonarán 88.500.000 pesos más una tasa del 3,5% sobre el excedente de tres mil millones de pesos.

Los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación, se deberá calcular el aporte con tasas que van el 3% al 5,25%. Se entiende por repatriación, el ingreso al país, dentro de los sesenta días contados desde la entrada en vigencia de esta ley, de las tenencias de moneda extranjera en el exterior.

Asimismo, se tomarán en cuenta los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un treinta por ciento (30%) del valor total de dichos activos.

Decreto 42/2021

¿Para qué se va a usar el dinero recaudado?

El dinero recaudado no irá directamente al Tesoro dado que tendrá cinco fines específicos.

Entró en vigencia el impuesto a las grandes fortunas

Quedó establecido que Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia de este régimen.

El gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.605 que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes Fortunas “con carácter de emergencia y por única vez”, a fin de “morigerar los efectos de la pandemia” de coronavirus. La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, lo que abarcará a 12 mil contribuyentes.

La norma fue sancionada el 4 de diciembre pasado; y su entrada en vigencia se oficializó este viernes mediante la publicación del Decreto 1024/2020 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, lo que abarcará a 12 mil contribuyentes.

Estarán alcanzadas las personas físicas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en la Argentina y en el exterior.

También alcanza a “aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”, según indica la ley.

En tanto, los que vivan en el exterior, pagarán por la totalidad de sus bienes en la Argentina.

El monto del aporte a ingresar se basará en una escala publicada este viernes en el Boletín Oficial donde los porcentajes van del 2 al 3,5 por ciento, según la magnitud de las riquezas declaradas.

Por otra parte, por el total de los bienes situados en el exterior, los contribuyentes pagarán porcentajes que van desde el 3 al 5,25 por ciento, también en base a otra escala.

Por otra parte, la ley prevé el destino de los fondos: un 20% será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, otro 20% irá como subsidios a pymes, un 20% será destinado al programa Progresar; y un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El 25% restante irá a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación vinculados a la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Esta actividad resulta “de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A”, detallaron las autoridades.

El Senado de la Nación volverá a sesionar este viernes, por segunda vez en esta semana, para debatir el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas y una iniciativa que prohíbe la venta de tierras incendiadas en plazos que van de 30 a 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios, dos iniciativas que ya cuentan con la aprobación de Diputados.

La Cámara alta aprobó el lunes y giró a la Cámara baja el proyecto de Ley que establece que la decisión de tomar deuda externa por el Estado Nacional debe tener aval del Congreso de la Nación.

En tanto, desde las 14, el Senado avanzará con el tratamiento de las iniciativas sobre Aporte Solidario y Manejo del Fuego que ya fueron aprobadas por Diputados.

El Aporte Solidario y Extraordinario de patrimonios superiores a los 200 millones de pesos busca ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus a través de la recaudación de $ 300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

En tanto, los senadores también debatirán la iniciativa que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

El proyecto consta de 4 artículos y modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego para establecer que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.

Ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que “los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales” tengan garantizadas las “condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

Tanto el proyecto referido a la Ley de Manejo del Fuego como el del Aporte Solidario y Extraordinario fueron aprobadas la semana pasada en el marco de una maratónica sesión de la Cámara baja, signada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, aseguró: “No creo que lo dictaminemos inmediatamente. Nos vamos a tomar un par de días. Queremos escuchar a todos”.

El Senado comenzará a debatir en comisión el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, que busca recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus, y la intención del oficialismo es darle dictamen para que la iniciativa esté lista para ser tratada en el recinto de sesiones lo antes posible.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta pondrá a consideración de los legisladores este martes a las 15, la iniciativa aprobada el miércoles último por la Cámara de Diputados.

“Vamos a ingresarlo a la comisión el martes a la tarde. No creo que lo dictaminemos inmediatamente. Nos vamos a tomar un par de días. Queremos escuchar a todos”, aseguró el presidente de la comisión, el peronista cordobés Carlos Caserio en declaraciones a Télam.

El senador nacional agregó que “la idea es darle dictamen cuanto antes”, aunque reconoció que “hay que estudiarlo”.

“No sé si vamos a hacerle algún cambio. Si lo consideramos necesario, lo haremos. No tenemos ningún impedimento en mejorar el proyecto”, destacó Caserio.

Por otro lado, destacó que, “si el proyecto es dictaminado la semana próxima, no estará listo para ser debatido en el recinto hasta la otra” en una hipotética sesión dentro de una prórroga de las sesiones ordinarias y en un eventual llamado a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto fue aprobado en la madrugada del miércoles en la Cámara de Diputados, tras un debate de trece horas.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto, adelantaron que no apoyarán la medida del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, repitiendo el comportamiento de sus pares de la Cámara de Diputados.

“Esta es una gran cortina de humo para hacerse los solidarios mientras eliminan el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)”, cuestionó la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado.

Para la senadora de la oposición, el proyecto “no es un elemento recaudatorio” y advirtió que existe una “doble imposición por un doble tributo”.

Según Rodríguez Machado la iniciativa del oficialismo “demuestra un gran sesgo anti empresa”.

La iniciativa que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos tiene como objetivo recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

El proyecto alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.

La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.