Las importaciones acumuladas en los primeros diez meses de 2023 alcanzaron un nivel de US$ 64.000 millones y representan el segundo registro más alto de los últimos cinco años para el mismo período, de acuerdo con datos preliminares del Gobierno.

La información fue destacada por el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y por el vicepresidente del Banco Argentino de Desarrollo (BICE), Raúl Sánchez.

El monto sólo fue superado por los US$ 70.738 millones informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para enero-octubre de 2022 y es mayor a todos los registros de los años previos para períodos similares: US$ 51.201 millones en 2021, US$ 34.385 millones en 2020 (por el impacto de la pandemia de coronavirus en el comercio internacional), US$ 42.583 millones en 2019 y US$ 57.203 millones en 2018.

Los datos definitivos del intercambio comercial de octubre serán difundidos por el Indec el viernes 17 de noviembre.

Estamos superando la peor sequía en décadas. Nos quitó un cuarto de nuestras exportaciones. Con todo, las importaciones están en su segundo mayor registro en 5 años. ¿Por qué? Por la decisión de Sergio Massa de sostener contra viento y marea el nivel de actividad. pic.twitter.com/ksQUP7FTVc

La información fue puesta de relieve por De Mendiguren, quien valoró "la decisión de (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa" de no recortar el nivel de importaciones para "sostener contra viento y marea el nivel de actividad".

"Estamos superando la peor sequía en décadas. Nos quitó un cuarto de nuestras exportaciones. Con todo, las importaciones están en su segundo mayor registro en cinco años", subrayó De Mendiguren en un posteo de X (antes Twitter).

Para el funcionario, eso se debió a "la decisión de Sergio Massa de sostener contra viento y marea el nivel de actividad", evitando la falta de insumos industriales provenientes del exterior.

En el mismo sentido se expresó Sánchez, quien puso de relieve "el segundo mejor registro en cinco años para las importaciones, con sequía, con restricciones externas producto de la guerra europea y con divisas que deben destinarse al pago del escandaloso préstamo del FMI de (el expresidente) Mauricio Macri".

"Todo para sostener el crecimiento económico", completó Sánchez en la misma red social.

Los problemas se deben a las demoras del sistema de control de importaciones y autorizaciones de pago al proveedor externo de un sistema de alerta meteorológico cuyo eventual cese haría más lentas, caras e inseguras las operaciones en tierra

La Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) expresó en un comunicado su “gran preocupación ante el agravamiento de dos situaciones que afectan nuestra operación”. La Cámara, que agrupa a más del 95% de las operaciones aerocomerciales regulares de aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en la Argentina, alertó en concreto sobre dos situaciones.

En primer lugar, “la imposibilidad de importar insumos para la operación diaria de las compañías. Se trata de Insumos categorizados “Sin giro de Divisas” y son “A Titulo No Oneroso”, como por ejemplo Ticket aéreos, etiquetas de todo tipo para equipaje, equipamientos de comunicaciones y computación, elementos para catering, repuestos de aeronaves, Materiales para Operación de Rampa, Equipos de detección de Drogas y Sustancias Explosivas, etc. “Todos ellos frenados sin explicación por la no aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase). Hemos comunicado por distintos medios a las autoridades, pero sin éxito o apertura de canal de comunicación alguno”; manifestó Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara.

El segundo punto es la “inminente posibilidad” de que los Aeropuertos en los que operan las compañías “dejen de contar con el Servicio de Detección y Alarma de Descargas Eléctricas”, algo que también atribuyen al Sirase, por no autorizar al representante local los pagos al proveedor extranjero que brinda este servicio en varios países.

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Operación más cara, insegura y lenta

“La falta de este moderno servicio y su tecnología de avanzada (que obtiene información meteorológica a través de la red de 50 estaciones de detección instaladas en todo el país), significaría regresar en el tiempo cinco años atrás y volver a una operación aerocomercial más cara, insegura, lenta y con más demoras para los pasajeros”, dice el comunicado de Jurca.

La cifra representa la mitad de lo acumulado en diciembre, en la segunda etapa del plan. Aunque el Gobierno no lo confirmó, en el mercado esperan la llegada de la medida como una vía para sostener las reservas del Banco Central y acercarse a las exigencias del FMI

“Desde su puesta en funcionamiento, tanto las Líneas Aéreas como el Personal de empresas de Rampa, Combustibles, Seguridad y otros proveedores cuentan con un sistema de alarmas en cada aeropuerto (además de las sonoras y visuales en plataforma vinculado a sus celulares el cual hoy se lo considera vital para la seguridad aeroportuaria”. explicó Baravalle.

Ese servicio fue licitado por la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea, una sociedad del Estado) en 2018. La ganadora fue Mardet SRL, que opera con tecnología de Earth Network, una empresa de EEUU. El servicio permite, básicamente, precisar la proximidad y el peligro (o la lejanía e inocuidad) de rayos, precipitaciones u otras señales de mal tiempo, de modo que quienes operan servicios en tierra trabajen con seguridad y interrumpan sus tareas por falsas alarmas debido a la sola apreciación visual. Las interrupciones ante falsas alarmas encarecen” y demoran las operaciones aéreas, provocando a veces innecesarias demoras en los vuelos, lo que a su vez puede provocar congestión de operaciones.

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Duro de pagar

La cuestión es que, desde noviembre pasado, Eana no autoriza los pagos del operador (Mardet SRL) al proveedor internacional, que ya advirtió sobre el eventual corte del servicio. La cuestión está seguramente relacionada a la estrecha administración de las escasas divisas con que cuenta el Banco Central.

“Desafortunadamente desde noviembre de 2022, la autorización de estos pagos ha sido retenida por la Secretaría de Comercio de la Nación, sin ninguna explicación conveniente ni comprensión del impacto que resultará en nuestra industria. Queremos anticipar a los Usuarios y Proveedores de Servicios Aeroportuarios que, de cesar este servicio, operaremos sin la seguridad que esta tecnología nos brinda hoy”, resaltó Baravalle.

El comunicado señala que la actividad de las aerolíneas agrupadas en Jurca “nos permite comerciar y exportar rápidamente con el mundo, con gran impacto en lo doméstico, regional e Internacional” y subraya que la industria “con un enorme esfuerzo está recuperándose de la Pandemia luego de millonarias pérdidas”, por lo que necesita “continuar generando trabajo e invirtiendo para el futuro de un mejor país en las condiciones de previsibilidad y seguridad que nuestros Pasajeros y Autoridades Regulatorias, necesitan y demandan”.

La Aduana frenó importaciones irregulares de neumáticos, y entre ellas la de dos empresas que habían obtenido cautelares para ingresar estos productos por “casi US$ 65 millones”, según difundió el organismo tributario.

Se trata de las empresas Guerrini Neumáticos S.A y La Rocca Neumáticos S.A., las cuales habían obtenido autorizaciones para importar neumáticos por US$ 24.906.785 y US$ 39.271.950, respectivamente.

Con 30 cautelares presentadas desde 2020, “Guerrini importó neumáticos por US$ 36 millones, lo cual le había permitido ganar una exorbitante porción del mercado”, indicó la Aduana.

Asimismo, “más de un tercio del total correspondían a una posición arancelaria en la que FATE tenía una significativa capacidad productiva”.

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La Aduana consideró que las medidas eran indebidas, bajo el argumento de que “por un lado, ponía en duda el peligro de demora que aquellas invocaban y por otro, consideraba desmesurado el volumen que les había sido otorgado: en el caso de una de las firmas, las cautelares obtenidas duplicaban sus máximos históricos de importación”, señaló un comunicado.

De esta manera, el cupo obtenido entre ambas ascendía a casi 65 millones de dólares.

Al respecto, la Aduana precisó que se buscó frenar el uso desmedido de cautelares para resguardar las divisas del país.

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“El desistimiento de aquéllas, entonces, implica la extinción y archivo del proceso: en lo sucesivo no podrá promoverse otro por el mismo objeto y causa”, se explicó.

Asimismo, bajo el mismo objetivo de evitar irregularidades respecto de cargamentos de neumáticos, la Aduana impidió en Dock Sud el ingreso de 270 neumáticos usados de Europa que no poseían los certificados correspondientes.

“La operación consistía en un trasbordo a Paraguay con 270 ejemplares de diversas marcas, pero carecía de los certificados necesarios indicando el uso que se les daría en el país de destino”, señaló el organismo, y aseguró que “la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos indicó prohibir su ingreso al territorio argentino”.

El legislador propuso que se aumente el corte obligatorio de biodiesel para el gasoil, que actualmente se encuentra fijado en un 5%, y dijo que “…en Santa Fe tenemos la capacidad de producir más de 3 millones de toneladas anuales, y defender la producción santafesina es nuestra obligación, y en particular cuando desde acá podemos aportar soluciones reales a los problemas del país”.

Paco Garibaldi, edil de la ciudad de Santa Fe, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante local para que el Gobierno Nacional aumente la cantidad de biodiesel que contiene el gasoil que se vende en Argentina. Al respecto el concejal expresó que “…la situación de desabastecimiento actual es muy preocupante y ni el Gobierno Nacional o el Provincial, que son del mismo espacio, parecen tener respuesta. Mientras tanto en Santa Fe, que hoy posee más del 80% de la producción de Biodiesel del país, las fábricas tienen dificultada su operatoria, por la dificultad de comercializar el biocombustible, por eso es imperante que el gobierno nacional tenga la decisión y la extienda en el tiempo, de elevar el porcentaje de corte para el biodiesel, para permitir sortear los inconvenientes de abastecimiento que se produjeron en el mercado interno. Tenemos la capacidad de producir más de 3 millones de toneladas anuales, y defender la producción santafesina es nuestra obligación, y en particular cuando desde acá podemos aportar soluciones reales a los problemas del país”.

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En Argentina, se estima que el 30% del gasoil que se consume es importado. Ante la crisis que atraviesa el sector, esa cuota se elevaría hasta el 50%. Sin embargo la capacidad instalada de producción de Biocombustible en la provincia de Santa Fe podría reemplazar la cantidad a importar en un 80%. “Estamos atravesando un momento de cosecha y precios récord de los granos, lo que implica una gran oportunidad para que ingresen divisas al país, y en vez de retener esas divisas para impulsar la economía, se están yendo para importar gasoil. No parece algo que pueda ser sostenido en el tiempo” afirmó.

Según el Consejo Agro Industrial Argentino (CAA), Argentina tiene la capacidad de reemplazar un millón de toneladas de gasoil con biocombustibles. “Estamos ante una oportunidad histórica de empezar a mirar hacia un futuro más sostenible y realizarlo a través de un biocombustible de producción nacional y santafesina, que puede reemplazar perfectamente al importado, que se paga en pesos y contribuye a generar empleo genuino para los santafesinos” finalizó.

Una alternativa sustentable y económica El biodiesel argentino se realiza mayormente a base de Soja, y su producción posee un doble impacto ambiental y económico debido a que reduce las emisiones de CO2 y al provenir de un cultivo abundante en nuestro país es una oportunidad para la industrialización y agregado de valor del sector primario. En Santa Fe existe capacidad para producir más de 3.000.000 de toneladas al año, que representa el 82% de toda la producción nacional.

Las empresas más afectadas son manufactureras y de software, con producciones de alto valor agregado. Por falta de insumos, pequeñas compañías no pueden abastecer a grandes industrias que generarían ingreso de divisas.

Las restricciones de acceso al mercado cambiario complica cada vez a los sectores productivos de alto valor agregado. La imposibilidad de importar insumos afectó en el último año al 75% de las pymes industriales y al 69% de las del Software y Servicios Informáticos (SSI) y pone en jaque exportaciones que generarían importante ingreso de divisas.

Según el último informe de la Fundación Observatorio Pyme (FOP) de la Unión Industrial Argentina (UIA), titulado Impacto de las Regulaciones Cambiarias y previsiones para el segundo semestre de 2022, el 59% de las pymes industriales y el 49% de las SSI prevén que las regulaciones cambiarias vigentes “afectarán negativamente” sus planes de producción para lo que resta del año.

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Entre ellas, una micropyme metalúrgica del partido bonaerense de San Martín necesita importar insumos por menos de US$6600 para abastecer a una gran empresa fabricante de compresores de GNC, cuyas exportaciones se traducirían en el ingreso de millones de dólares, advirtió la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima).

A fines de mayo, el Gobierno dispuso una flexibilización del cepo cambiario para las empresas energéticas que aumenten su producción con respecto al año pasado, con foco en Vaca Muerta y, desde el sector empresario, piden ampliar a otros sectores o, al menos, simplificar los procesos para obtener permiso para acceder al mercado de cambios cuando no haya producción local de algún insumo irreemplazable.

Problemas para importar, problemas para producir

De acuerdo con el relevamiento del FOP, en el caso de las industrias esos problemas respondieron en un 42% a las regulaciones cambiarias; en un 20% a dificultades propias de los proveedores externos, y en un 10% a la logística internacional. Entre las de SSI, el 56% correspondió a imposibilidad de acceder a divisas y un 8% problemas de logística o del proveedor.

Todo eso provocó una mala perspectiva de las empresas para este año. El 59% de las pymes industriales y el 49% de las SSI prevén que las regulaciones cambiarias vigentes afectarán negativamente sus planes de producción de bienes y servicios en el segundo semestre de 2022.

Contradicciones del cepo a la industria

Según el informe, una gran proporción de las pymes depende, o tiene ligada su actividad, a las importaciones de manera directa o indirecta: 68% de las industriales y 59% las de SSI.

La dependencia sectorial está muy diferenciada. Los más dependientes: 91% de las empresas de equipos eléctricos y electrónicos, y de las de maquinaria y equipo, y 87% de plástico y caucho. Los menos dependientes: 33% de las empresas de madera, 38% minerales no metálicos y 49% autopartes.

Un caso es el de la firma Ionar, que se dedica a la nitrocarburación iónica, proceso que mejora el rendimiento de piezas y máquinas. Tiene apenas seis empleados y debe importar dos sensores de presión absolutos, con precio FOB de US$1260 cada uno, y tres controladores de flujo másico, marca MKS, con precio FOB de US$1350 cada uno, lo que totaliza una salida de divisas por US$6570.

Esos componentes son importados de Estados Unidos o Europa y no se fabrican en la Argentina. Uno de sus clientes es un fabricante de compresores de GNC que abastece a otros mercados del mundo. Si Ionar no puede completar el proceso de tratamiento que requiere, la exportación está en riesgo.

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“Buscamos que el Gobierno tenga capacidad para discernir cuándo una importación es fundamental, porque las trabas lo que terminan haciendo es que dejen de ingresar millones de dólares por la exportación”, dijo Ammaturo.

Indicó que “el de esta pyme es apenas un ejemplo de las decenas de reclamos que se reciben todas las semanas en la cámara, mientras que por el Mundial de Qatar salen miles de dólares diarios del país, que no vuelven al país de ninguna manera”, cuestionó.

“La falta de dólares paraliza a la industria, un sector que tiene la capacidad de generar trabajo y divisas para la Argentina”, agregó el titular de CAMIMA.

Las importaciones aumentaron un 33% en marzo respecto a igual mes del año anterior y las exportaciones crecieron 28,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta forma, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 30,7%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 14.425 millones.

Por su parte, la balanza comercial registró un superávit de US$ 279 millones, US$ 121 millones inferior al de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 400 millones.

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“En marzo todas las magnitudes a nivel general (valor, cantidad y precio) de exportaciones e importaciones aumentaron”, señaló el organismo oficial.

En este marco, las importaciones mostraron un incremento que alcanzó los US$ 7.073 millones. Este incremento se puede explicar por una suba de 16,7% en las cantidades y de 13,7% en los precios. En términos desestacionalizados, las importaciones aumentaron 2,3%, y la tendencia-ciclo 2,2%, con relación a febrero de 2022.

“Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo vehículos automotores de pasajeros (VA), que cayeron 1,2%. Los combustibles y lubricantes (CyL) ascendieron 195,7%; bienes de capital (BK), 37,8%; bienes de consumo (BC), 30,4%; resto, 24,4%, mayormente por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 20,3%; y bienes intermedios (BI), 18,5%”, se destacó.

Por su parte, las exportaciones subieron hasta los US$ 7.352 millones. Este crecimiento de US$ 1.632 millones se debió principalmente al incremento de 22,6% en los precios y de 4,9% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las exportaciones cayeron 4,7%, mientras que la tendencia-ciclo, aumentó 1,1% con relación a febrero de 2022.

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“Todos los rubros registraron incrementos: combustibles y energía (CyE), 118,1%; productos primarios (PP), 36,8%; manufacturas de origen industrial (MOI), 32,3%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), 10,5%”, señaló el Indec.

De esta forma, durante los tres primeros meses del 2022, el intercambio comercial ascendió 31,9% y alcanzó un valor de US$ 37.310 millones. Por su parte, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.394 millones.

La Unión Europea (UE) importará productos agrícolas de países como la Argentina, Canadá o Estados Unidos si la guerra en Ucrania continúa afectando el abastecimiento de alimentos, afirmó hoy el primer ministro italiano, Mario Draghi, al analizar los debates de la cumbre europea de Versalles, Francia.

“La discusión abordó la insuficiencia de materias primas, entre ellas del sector agroalimentario”, afirmó Draghi, quien agregó que “la respuesta es que si esto se agrava será necesario importar de otros países, como Estados Unidos, Canadá o la Argentina”.

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El primer ministro italiano advirtió que abrirse a esas importaciones “determina una necesidad de reconsiderar todo el aparato regulatorio, y este tema lo hallamos en las ayudas de Estado y en Pacto de Estabilidad”, consignó la agencia de noticias ANSA.

“Existe la convicción de que la Comisión debe revisar temporariamente las reglas que nos acompañaron estos años”, agregó Draghi, en alusión a los aranceles, subsidios y cupos con los que la UE limita las importaciones de países como la Argentina o Brasil.

“Debemos reorientar nuestras fuentes de aprovisionamiento, lo que significa construir nuevas relaciones comerciales”, consideró el premier italiano.

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También adelantó que si la economía de la UE se debilitara por la crisis, “será necesario tomar una respuesta política de presupuesto, no a nivel de presupuestos nacionales, sino que debe ser una respuesta europea”.

La AFIP dispuso oficialmente este viernes aplicar un nuevo sistema para controlar pagos al exterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en importación de servicios.

Se trata del Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) que -según el organismo- permitirá realizar una evaluación de la capacidad económica financiera de las empresas que realizan ese tipo de operaciones.

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El SIMPES será aplicable a las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas -cualquiera sea la forma que adopten- que deban realizar pagos al exterior por cuenta propia o de terceros o actúen como ordenantes del pago para cancelar obligaciones propias o de terceros.

A través de la Resolución General 5135/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la AFIP aclaró que el nuevo mecanismo es similar al que ya se utiliza para la importación de bienes. Así, la herramienta extiende a los pagos al exterior de servicios la evaluación realizada a través del sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF).

Ese sistema permite identificar firmas que no pueden acreditar el origen de los ingresos destinados a concretar el pago al exterior de los servicios contratados.

Según lo dispuesto, los pagos de servicios alcanzados son: financieros, postales y de mensajería, de telecomunicaciones y de informática, servicios jurídicos, contables y gerenciales, de publicidad, de investigación y desarrollo y primas de seguros, entre otros.

Los pagos exceptuados son servicios de fletes, de transporte de pasajeros, de salud por empresas de asistencia al viajero y otros servicios de salud; servicios de viajes y otros pagos con tarjetas, como el de plataformas digitales realizados por personas humanas.

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La nueva Resolución General entró en vigencia este viernes, pero la AFIP aclaró que resultará incluso de aplicación para los contratos de servicios celebrados con anterioridad a esta fecha, respecto de los cuales existan contraprestaciones monetarias pendientes de cancelación.

El ente recaudador justificó la aplicación de este nuevo sistema al señalar que “la disponibilidad de pronta información estratégica posibilita una mayor articulación entre las distintas áreas del Estado, potenciando así los resultados de una fiscalización integral y optimizando los controles fiscales y sobre los flujos financieros”.

Por ese motivo, destacó que a través del SIMPES “se analizará el cumplimiento de los deberes fiscales y la capacidad económica financiera del sujeto que pretenda realizar un pago al exterior por los servicios que le prestaron”

Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prohibió las importaciones desde la región china de Xinjiang como forma de presión hacia las empresas fabricantes para que demuestren que sus productos no son hechos en contexto de explotación.

Lo hizo a través de la firma de una ley que fue aprobada la semana pasada por el Senado y, desde allí, enviada a la Casa Blanca para que el mandatario le dé el visto bueno final y, de esa forma, ponerle un freno a las condiciones de trabajo forzoso.

De acuerdo al comunicado estadounidense, los productos y biene que dejarían de importarse por ser fabricados en un contexto de explotación laboral serían el algodón en bruto, los guantes, los productos de tomate, el silicio y la viscosa, las artes de pesca y una serie de componentes de la energía solar.

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Al mismo tiempo, la legislación exige a los organismos gubernamentales que amplíen su vigilancia sobre el uso del trabajo forzoso por parte de las minorías étnicas de China. Lo más importante es que crea la presunción de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado.

Pero este movimiento de Estados Unidos no significa la primera acción que se toma respecto a esta situación: grupos de derechos humanos reportaron una vigilancia sin precedentes a los uigures, de mayoría musulmana, en la región de Xinjiang, que incluye seguimientos de ADN y operaciones de inteligencia artificial para reconocer y monitorear rostros.

Además, el Gobierno del país norteamericano ya anunció que no enviará ningún representante a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing como protesta contra los abusos que se denuncian en esta región china.

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Por su parte, activistas, testigos y el gobierno de Estados Unidos dicen que más de un millón de uigures y otros musulmanes permanecen cautivos en campos de concentración en un intento de desarraigarles de sus tradiciones islámicas y asimilarlos por la fuerza. Desde Pekín describe estos sitios como centros de entrenamiento vocacional y asegura que su objetivo es reducir el riesgo de que se esparza el radicalismo islámico, tras una serie de ataques mortales.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó este martes el acto de firma de dos contratos entre Fabricaciones Militares S.E y la empresa EXSA, del grupo peruano ORICA, para la producción y exportación de dinamita y de master mix (materia prima para dinamita) para uso civil, por un volumen anual de hasta 2150 y hasta 630 toneladas, respectivamente, durante los próximos 5 años.

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Al respecto, el ministro Taiana remarcó: “La recuperación de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado es una decisión política del Gobierno, basada en la necesidad y la conveniencia de que Argentina tenga una producción para la Defensa, pero al mismo tiempo reactive el tejido productivo argentino”.

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Y agregó: “Estamos demostrando que Fabricaciones Militares y la industria para la Defensa producen a niveles competitivos internacionalmente, recuperan capacidades y nos dan mayor autonomía. Es un convenio que muestra la calidad de nuestros productos y que nos abre la posibilidad a mercados internacionales.”

Por su parte, Iván Durigón destacó: “Tal como nos comprometimos al llegar a la gestión, a medida que incrementamos la producción hemos reincorporado trabajadores y trabajadoras despedidos durante los últimos años en cada una de las fábricas. Con este convenio, la totalidad de los despedidos de Fábrica Militar de Pólvoras y explosivos de Villa María han sido reincorporados”.

La Fábrica de Pólvoras y Explosivos Villa María, de Fabricaciones Militares, realizará el suministro continuo de master mix y dinamita para el desarrollo de las actividades económicas y comerciales de EXSA en su país y la región. Esto representa el 95% de ocupación de la producción de esa Planta y permite que se puedan reincorporar la totalidad de los trabajadores que habían sido despedidos durante el macrismo.

Asimismo, mediante el citado contrato se otorgó un derecho de preferencia a favor de EXSA sobre la futura producción de estos elementos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul (FANAZUL), lo cual incrementará el volumen de suministro y reactivará la planta que también había sido desmantelada en la gestión de “Cambiemos”.

EXSA, empresa del grupo ORICA, es una compañía de la República de Perú que se dedica a la fabricación y comercialización de explosivos, accesorios y agentes de voladura de uso civil. La Fábrica de Pólvoras y Explosivos Villa María realizará el suministro continuo de master mix (materia prima) y dinamita para el desarrollo de las actividades económicas y comerciales de EXSA en su país y la región.

Además, se destaca que permitirá el ingreso de divisas al país, poner en valor el trabajo argentino, reincorporar trabajadores despedidos, generar más fuentes de trabajo, y que llevaría a un funcionamiento de la planta de 3 turnos diarios.

Del acto por la firma del contrato participaron la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Héctor Mazzei; por Fabricaciones Militares estuvieron el gerente general, Nicolás Panichelli; el gerente de comercialización, Eugenio Varas; y el director de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos Villa María, Miguel Toselli. Por parte de la empresa peruana participaron Brian Gillespie (Presidente de Orica Latam) y Félix Torres (VP de Negocios Orica Latam).