La última actualización fue en junio de 2021.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Jorge Lagna, anunció este viernes un aumento en el valor de las Órdenes de Servicio Extraordinario de Seguridad y Prevención (Osesp) a partir del mes de marzo. Es así que la hora base pasará a costar $360 pesos para el horario entre las 6 y las 22. En el resto de los servicios luego de ese horario, se sumará un 20% al valor. El decreto actualiza en un 100% el monto otorgado por decreto el mes de junio de 2021.

Al respecto, Lagna indicó que “nuestro principal objetivo es tener una policía más capacitada, más equipada y mejor paga por eso el gobernador Perotti firmó un aumento del 100% para las horas conocidas como Ospe, y estamos trabajando en otros incentivos para el personal policial”.

“Queremos una policía de proximidad, tenemos que incentivarlos para que puedan trabajar en sus lugares de cercanía y que los vecinos y vecinas vuelvan a confiar en la policía”, señaló el ministro.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Jorge Lagna, anunció este martes un aumento en el valor de las Órdenes de Servicio Extraordinario de Seguridad y Prevención (Osesp) a partir del mes de julio. Es así que la hora base pasará a costar 180 pesos para el horario entre las 6 y las 22. En el caso de los servicios luego de ese horario, se sumará un 20% al valor.

Al respecto, Lagna indicó: “Nuestro principal objetivo es tener una policía más capacitada, más equipada y mejor paga. Por ello, les otorgamos un plus a los policías de calle”. Y en relación a esto, confirmó que “el gobernador Omar Perotti firmó un aumento del 80% para las horas conocidas como Ospe, y estamos trabajando en otros incentivos para el personal policial”.

“Queremos que el personal policial vuelva a las calles y sea un policía de proximidad, tenemos que sacarle tareas administrativas e incentivarlos para que puedan trabajar en sus lugares de cercanía y que los vecinos y vecinas vuelvan a confiar en la policía”, señaló el ministro.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

Asimismo, en el marco del Plan Integral de Seguridad, Lagna entregó cuatro motos para el departamento Garay, destinadas a las localidades de Helvecia, Cayastá, El Laurel y Santa Rosa de Calchines; y cuatro motos para el departamento San Justo, de las cuales tres quedan en la Unidad Regional de San Justo y una va a la localidad de Gobernador Crespo.

En este sentido, el titular de Seguridad expresó que “estamos ante un plan de modernización y equipamiento de la fuerza policial como no se vio nunca, con una inversión que va a superar los $7.400 millones, que va a llevar a la Policía de Santa Fe entre las mejores equipadas y a un salto tecnológico”.

Además, agradeció “el esfuerzo de todo el personal policial en esta pandemia” e indicó que “queremos mejorar las condiciones laborales para que devolverles un poco de todo lo que ellos brindan a diario a la sociedad”.

Por su parte, la jefa de Policía de la provincia, Emilce Chimenti, sostuvo que “hoy es un día que celebramos como institución, que es la entrega de herramientas para nuestro trabajo diario. Estas motos van a servir para un mejor patrullaje, más dinámico y cercano”.

Se trata de Marcelo José Maldonado, quien era subjefe de la agrupación Cuerpos. La sentencia fue por ilícitos cometidos en la brigada Motorizada de la URI.

Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos. También debió pagar $ 284.466 en concepto de reparación del daño que causó, donaciones a instituciones de bien público y multa al Ministerio Público de la Acusación.

El exsubjefe de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I de la policía, Marcelo José Maldonado, fue condenado por maniobras ilícitas cometidas en el ámbito de la brigada Motorizada con las denominadas horas OSPE (Orden del Servicio de Policía Extraordinaria) y SPA (Servicio de Policía Adicional).

Maldonado fue condenado por la coautoría del delito de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público) La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

Al exfuncionario policial –que reconoció su culpabilidad– se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos.

Maldonado también debió pagar 284.466 pesos. De ese total, 151.466 pesos fueron en concepto de reparación del daño (88.106 pesos de capital y 63.360 pesos de intereses) al ministerio de Seguridad de la provincia. Por su parte, donó 88.000 pesos a instituciones de bien público y los otros 45.000 pesos que pagó corresponden a una multa que percibió el MPA.

Por último, y como norma de conducta, a Maldonado se le impuso una prohibición de comunicación –directa e indirecta– con los testigos de la investigación.

Superposición

“La defraudación que investigamos fue cometida por Maldonado entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2015 mientras era subjefe de la agrupación Cuerpos”, precisó Hernández. “El condenado actuó en connivencia con el entonces jefe de la brigada Motorizada, con un oficial de la policía y con 33 subordinados, a quienes también se investigó (ver ‘Otro jefe y un oficial’)”, añadió.

Hernández explicó el accionar del condenado y detalló que “favoreció y coadyuvó a la realización de las horas OSPE y SPA”. Asimismo, sostuvo que “la modalidad de la defraudación se dio a partir de la superposición de las horas extraordinarias entre sí; la superposición de las horas extraordinarias con la jornada laboral ordinaria; y la realización de esas horas extraordinarias cuando los agentes estaban gozando de su licencia anual ordinaria, lo cual está expresamente prohibido para el personal policial”.

“El accionar delictivo de Maldonado consistía en diagramar la forma de realización de la maniobra a fin de llevar a cabo la defraudación”, aseguró Hernández. “Coordinaba las funciones de cada uno de los imputados; emitía directivas para recaudar un porcentaje de lo ilegalmente percibido y su posterior distribución; y omitía controlar el adecuado funcionamiento de la Brigada Motorizada a los fines de favorecer la realización de la maniobra”, agregó el fiscal.

Perjuicio

“Los montos de la reparación del daño que debió pagar Maldonado fueron calculados en base a la evidencia recolectada en la investigación, de la cual surge que el 50% de lo ilegalmente percibido por los agentes era entregado al oficial que está imputado, y luego repartido con Maldonado y con quien en ese entonces era jefe de la Motorizada, que también está imputado”, puntualizó Hernández.

Hernández también hizo hincapié en que “debe sancionarse esta conducta ilícita en tanto es una maniobra delictiva con la que se perjudica al Estado Provincial y a la sociedad en su conjunto”.

En tal sentido, el fiscal argumentó que “la inversión y el esfuerzo económico hecho por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe para que haya más efectivos patrullando las calles por más tiempo –tal como lo requieren distintos sectores de la sociedad–, se vio paradójicamente absorbida por agentes que no dedicaron mayor tiempo a sus labores, aprovechándose así del espíritu normativo que motivó el desembolso económico”.

Otro jefe y un oficial

Hernández brindó detalles acerca de los otros dos policías investigados. “Uno de ellos es un hombre de 40 años cuyas iniciales son MAN, quien era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional 1. El otro es oficial de la policía, tiene 42 años y sus iniciales son CAZ”, informó el fiscal.

Los dos fueron imputados como coautores de los delitos de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público. Además, a MAN también se le atribuyó la autoría del delito de malversación de caudales públicos agravados (por entorpecimiento del servicio)

En relación a la situación procesal de los dos imputados, el fiscal del MPA adelantó que “está previsto que en marzo presentemos las respectivas acusaciones para llegar a juicio oral y público”.

33 más

“Además de Maldonado y de los otros dos imputados, hay otras 33 personas más que fueron investigadas. Con ellas, el conflicto penal se resolvió por medio de lo que se denominan criterios de oportunidad, a través de los cuales debieron reintegrar el dinero que habían obtenido de forma irregular”, indicó el fiscal.

En tal sentido, concluyó que “el daño total comprobado es de 360.996 pesos, sin embargo, en el marco de esta investigación focalizada en la brigada Motorizada, ya se llevan recuperados –con el dinero que debió pagar Maldonado– 509.317 pesos. De ese total, 322.009 pesos fueron pagados como reparación del daño causado y 187.308 pesos como donaciones”.

El Ministerio de Seguridad de la provincia anunció un aumento en el monto percibido para la policía en el servicio de horas adicionales. Este aumento regirá a partir del 1 de febrero y será de entre el 100% y el 178% según el decreto Nº 0049.

El porcentaje se basa en una nueva fórmula de cálculo del valor en las horas según el contratante sea del sector público o privado.

Esta gestión intenta aplicar un método de pago transparente y eficiente en la asignación de horas adicionales a través de nuevos mecanismos de ejecución, contratación, asignación y liquidación.

>> Horas Adicionales: el servicio de policía adicional tiene como finalidad de prestar servicios de vigilancia y custodia que hagan a la seguridad de personas, bienes y valores de la comunidad, dentro de los límites de la jurisdicción de la Policía de la provincia, fuera de sus funciones ordinarias y sin perjuicio del normal cumplimiento de estas y por cuenta de terceros requirentes.