La pena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos se reduce a la mitad, tal como prevé la figura de imputado colaborador.

La Justicia determinó este martes que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad reciba una condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor. La condena fue acordada mediante un procedimiento abreviado en el cual los fiscales solicitaron que la jueza María Isabel Más Varela revise la figura de imputado colaborador y, en caso de aceptarla, reduzca la pena a tres años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer un cargo o empleo público. La magistrada homologó el acuerdo y aceptó reducir la pena.

“El juicio abreviado es por 6 años. Pero como se lo considera imputado colaborador porque aportó datos a la investigación, la fiscalía solicitó una reducción de la pena que la jueza aceptó. Eso implica que convalidó que los datos que aportó a la investigación son veraces”, indicó una fuente judicial, que agregó: “Lo importante es que con esto se convalida las declaraciones y los aportes que dio Ponce a la investigación”.

Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron a Ponce Asahad “haber conformado una asociación ilícita integrada además por -al menos- el ex fiscal Patricio Serjal, el empresario Leonardo Peiti, Nelson Ugolini (imputados), David Perona (fallecido) y Alejandro Torrisi, quien ya fuera condenado en septiembre de 2020 en procedimiento abreviado a tres años de prisión condicional y una reparación económica de 270 mil pesos como miembro de asociación ilícita en concurso real con asociación y explotación de salas de juego clandestino y tenencia de arma de fuego de guerra.

El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.

Traferri se presentó en el Centro de Justicia Penal

La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo que el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario. Los organizadores de esta asociación fueron el empresario de juego Leonardo Peiti y el ex fiscal regional Patricio Serjal, mientras que el resto de las personas antes nombradas participan en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

De acuerdo a lo que afirman desde Fiscalía, así ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos. Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 (fecha en la cual afirma Leonadro Peiti haberse encontrado por primera vez con el imputado, en su carácter de Fiscal Adjunto, para ofrecerle información sobre sus causas) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado de Peiti y Ponce Asahad).

El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto para recibir dinero de Peiti, a cambio de transmitirle directa o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tener a Peiti como sospechoso o aquellas que él le solicite o las referidas a juego ilegal.

A mediados de diciembre de 2018 el imputado se comunicó con Leonardo Peiti a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. El imputado junto a Nelson Ugolini obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del Fiscal de Melincué, Matías Merlo, que llevaba como imputado a Leonardo Peiti y otros, informando al imputado la existencia de la investigación y la solicitud de allanamientos, lo que motivó que el fiscal Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

Acusan a Sain de digitar una operación política contra Traferri

A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, el 5 de diciembre de 2018 Nelson Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Gustavo Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo. Esto les permitió acceder a información vinculada a las investigaciones del fiscal y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos. A sabiendas que Leonardo Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona, dado que Maximiliano “Cachete” Díaz y sus allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo, se reunió junto a Patricio Serjal y le indicaron que no realice medidas de investigación, que no cite a la víctima, afirmando que se habían comunicado con el abogado y éste había informado que estaba fuera de la ciudad.

Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades con Peiti, al menos desde diciembre de 2018, a los fines de recibir el dinero acordado. El imputado concurrió el 17 de junio de 2020 junto con Serjal al Organismo de Investigaciones del MPA (OI), en calle Moreno 1053 de Rosario, y tomó conocimiento de una investigación en curso sobre una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi y Peiti. El imputado le informó a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le pidió U$S 100.000 dólares para evitar que prospere dicha investigación. Así también se reunió con Peiti. en Bv. Oroño esquina Mendoza en diversas oportunidades y recibió el dinero acordado.

Por su parte en el 2019 y previo a su viaje a Italia, le requirió a Peiti dinero extra y éste le entregó euros y dólares que equivalen a dos de los pagos mensuales que en esa época entregaba. El condenado. concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020, a las 12.30, en el Pje. Rosales de Rosario y acordaron que aquél entregaría U$S 10.000 dólares ese mismo día, por la tarde. Esa entrega se concretó a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario o Centro Cultural Árabe, sito en Dorrego 1251 de Rosario. Ponce Asahad se reunió con el abogado defensor de Peiti en una cochera sita en calle Jujuy entre Alvear y Santiago de la ciudad de Rosario, a las 21.40 aproximadamente a los fines de manifestarle que no lo denuncie ni a Patricio Serjal.

El senador Armando Traferri se presentó este viernes por la mañana en el Centro de Justicia Penal para prestar declaración informativa ante los fiscales que investigan una red de juego clandestino que tiene a dos ex fiscales imputados y detenidos: Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

Acompañado por su abogado defensor, el legislador oriundo de San Lorenzo ingresó al edificio por la puerta principal del tribunal y se dirigió por escaleras hasta el segundo piso donde funcionan las oficinas de la Fiscalía.

Al ser abordado por los periodistas, Traferri se negó a hacer declaraciones. Solo respondió con un lacónico “Sí, porqué no?” cuando le preguntaron si se sentía tranquilo.

El senador por el departamento San Lorenzo ya había adelantado que se presentaría este viernes ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra luego de que el exfiscal Ponce Asahad, preso e imputado por recibir coimas, lo vinculara a una organización de juego clandestino.

En tanto, el abogado defensor del legislador aclaró que su cliente se presentaba para una declaración informativa y que “no está imputado de ningún delito” por parte de los fiscales.

El abogado del senador provincial apuntó contra el Ministro de Seguridad por las declaraciones del ex fiscal Ponce Asahad que vincularon a Traferri con una asociación ilícita ligada al juego clandestino. “Fue una actuación teatral con afirmaciones delirantes” sostuvo el Dr. José Luis Vázquez.

El abogado del senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, denunció esta mañana que hay una “operación política” digitada por el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, para vincular al legislador por el juego clandestino.

José Luis Vázquez calificó la declaración del ex fiscal Ponce Asahad -imputado y detenido por cobrar coimas para proteger a un empresario del juego clandestino en Rosario- como una actuación teatral, con afirmaciones delirantes.

“Fue una actuación teatral de Pince Asahad, plagado de incongruencia, con notas de color y detalles que hacen pensar si Ponce Asahad estaba o no medicando mientras se realizaba la declaración” señaló el abogado de Traferri, y luego apuntó contra la figura del ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

“Es un operación política que está vinculado al enfrentamiento de Traferri con Marcelo Saín. Saín digita a los dos fiscales (en referencia a Matías Edery y Luis Schiappa Pietra), como digitó las declaraciones de Peiti, que tenia por objeto descabezar al MPA y arrasar con Patricio Serjal, que tenemos entendido que no tiene nada que ver y es víctima de esta operación” acusó el letrado.

Consultado por el motivo que tendría Saín en llevar adelante esta supuesta maniobra, Vázquez respondió que el ministro de Seguridad “lleva adelante de una estrategia de generación de poder y esto Tiene que ver con esto. En construir poder y sostenerse en el lugar donde está”.

Vázquez reconoció que Traferri hablaba con Ponce Asahad, pero lo relacionó a cuestiones vinculadas al MPA y a la política. “Nunca Traferri estuvo implicado en una cuestión relacionado a la ilegalidad. Ponce Asahad es un mentiroso, acuciado por su actual situación, y es fácil de manipular” añadió Vázquez.

Sobre los pasos a seguir desde lo legal, el abogado de Traferri dijo que este miércoles presentarán un escrito ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra, pero también en la Fiscalía General y Regional, la Corte Suprema, la Legislatura y el Poder Ejecutivo. “En el escrito se retruca estas afirmaciones delirantes y seguiremos atentos a los próximos pasos de esta jugada. Traferri está disponible para brindar todas las explicaciones que debe brindar. No tiene nada que ocultar” concluyó el Dr. Vázquez.

El procedimiento es llevado a cabo en Dorrego al 1200 por el Organismo de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales. No habrá detenciones, ya que solo se busca secuestrar documentación.

El Centro Cultural Árabe de Rosario, ubicado en Dorrego al 1200, era allanado en la mañana de este miércoles por el Organismo de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales. El procedimiento se realiza en el marco de la causa por la que están presos los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad por corrupción ligada al juego clandestino.

El operativo fue solicitado por la Agencia de Criminalidad Organizada. No tenía por finalidad realizar detenciones; solo se busca material y documentación de interés para la investigación. La TOE tuvo que ingresar por la fuerza, ya que no le abrieron las puertas a los uniformados.

Ese lugar ya fue allanado a finales de julio, el mismo día que las fuerzas de seguridad provincial ingresaron en el departamento céntrico de Ponce Asahad, quien por entonces era fiscal.

El Centro Cultural Árabe de Rosario quedó bajo investigación ya que Leonardo Peiti –cuya declaración como “arrepentido” provocó la detención de los ex fiscales– dijo que el 9 de julio pasado pagó a Ponce Asahad unos 10 mil dólares en ese lugar.

Peiti agregó que Ponce Asahad tenía las llaves del Centro Cultura Árabe de Rosario, donde se concretaron encuentros.

El presidente de la Cámara de Diputados impulsará la creación de una comisión investigadora integrada por todas las fuerzas que la componen. Solicitó a la vicegobernadora “que convoque a la brevedad” a sesión conjunta con el Senado para tratar la suspensión de Ponce Asahad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, impulsará la creación de una comisión investigadora de los hechos de público conocimiento que involucran a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) –Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad- en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino. “Desde el Frente Progresista queremos apoyar y acompañar la tarea que está llevando adelante el MPA y a los fiscales que pusieron en marcha este proceso y que son un orgullo para los santafesinos por la valentía y el coraje con que llevan estas y otras causas vinculadas a los delitos más resonantes ocurridos en los últimos años”, sostuvo Lifschitz al anunciar la propuesta.

Al mismo tiempo, instó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas “a que convoque a la brevedad, tal como lo solicitó la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la moción de suspensión por 180 del fiscal Ponce Asahad”, aprobada el día lunes.

El titular de Diputados propondrá la creación de una comisión investigadora como la conformada para el caso Vicentín, “en esta oportunidad, para que se investigue a fondo y de manera exhaustiva todos los elementos que existen en la causa iniciada por el MPA, agregar otros y colaborar con los fiscales”.

Según explicó Lifschitz, la intención es “contribuir desde la Cámara de Diputados para que se esclarezca esta situación y se llegue hasta sus últimas consecuencias. Es la señal que queremos darle a la ciudadanía”.

Con ese objetivo, la iniciativa busca que “toda la sociedad civil y las organizaciones que estén de alguna manera vinculadas con la transparencia o estén interesadas en la institucionalidad de la provincia puedan participar, estar informadas, acceder a los avances de la causa, que podamos dilucidar otras complicidades, otros vínculos que aparentemente estos dos fiscales tenían en otros ámbitos y que pudieran haber sido parte de esta actividad delictiva, en forma de protección o garantía de impunidad. No queremos que nada de esto quede oculto, sino contribuir desde nuestro lugar para avanzar los más posible en esta investigación”, afirmó.

Avance extraordinario

Lifschitz también se refirió a la transformación que supuso la implementación del nuevo código procesal en la provincia de Santa Fe en 2014 y consideró que “la creación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, luego de varios años de discusión de las leyes y procedimientos; y de la selección de jueces, fiscales y defensores, representó un extraordinario avance en materia de justicia penal”.

“Son muy pocas las provincias argentinas que han avanzado en la modernización de la justicia penal y a nivel nacional todavía no se pudo poner en marcha el sistema acusatorio, que está pendiente desde hace muchos años”, remarcó.

“Durante los gobiernos del Frente Progresista –rememoró Lifschitz- no solo se avanzó en la consolidación de dicho sistema, sino en la puesta en marcha del Organismo de Investigaciones del MPA, un cuerpo profesional de investigadores que depende directamente de las fiscalías y que permitió avanzar sobre las principales organizaciones delictivas que operaban en el territorio santafesino”.

“También en este caso ha permitido echar luz sobre un hecho de presunta corrupción cometido por un fiscal de grado y un fiscal regional que estarían involucrados en maniobras de extorsión y exacciones ilegales a un pseudo empresario del juego ilegal u otras actividades”, valoró.

“Creemos que es muy importante –aseguró- porque probablemente hechos de esta naturaleza hayan ocurrido antes y hayan quedado ocultos. Hoy están abiertas las posibilidades para denunciar estos casos y contamos con instrumentos para avanzar en su investigación y esto es lo que hicieron los fiscales que pusieron en marcha este proceso”.

Lo determinó la jueza Eleonora Verón. A Nelson Ugolini, empleado de Fiscalía, le otorgaron la libertad con restricciones por el plazo de 90 días y una caución de $4.982 dólares.

La Justicia dictaminó esta noche la prisión preventiva por noventa días para el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está acusado de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores. Ponce Asahad seguirá preso mientras avanza la investigación.

Las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, hicieron las acusaciones contra Ponce Asahad en su carácter de fiscal adjunto y Nelson Ugolini en carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Les atribuyen la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación del ahora destituido fiscal Patricio Serjal (en carácter de fiscal regional): diseñar y ejecutar un plan cuyo objetivo fue recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado) a cambio de transmitir información reservada, y no investigar hechos que podrían construir delitos e interferir en las investigaciones en curso, así como retardar u omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperen posibles imputaciones.

A los imputados se les atribuyen diversos hechos:

Desde al menos marzo de 2019, Serjal acordó con Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él —a fin de cumplir con el pacto— sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. El 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etoile, de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma.

Desde al menos marzo de 2019, Patricio Serjal acordó con Leonardo Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él a los fines de cumplir con el pacto sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. En fecha 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etoile, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma. En cumplimiento de ese acuerdo, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir dicho convenio. Uno de esos encuentros ocurrió en fecha 9 de julio de 2020, a las 12.25 aproximadamente, cuando Peiti concurrió al Pje. Rosales, de Rosario, y acordaron que serían entregados $10 mil dólares ese día por la tarde.

El hecho se concretó cuando se reunieron Peiti y Ponce Asahad, a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario, de Dorrego al 1251 de Rosario.

En otras oportunidades, Ponce Asahad y Peiti se reunían en Bv. Oroño esquina Mendoza y recibía el dinero acordado. Durante 2019, Ponce Asahad le solicitó dinero para viajar a Italia habiéndole entregado euros y dólares equivalentes a dos de las “cuotas” que mensualmente le entregaba.

Asimismo el 16 de junio de 2020, Serjal concurrió al Organismo de Investigación en el cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de investigación que tenía como sospechosa a una asociación ilícita integrada por varias personas entre las que se encontraba Alberto T. y Peiti (ya imputados). Al otro día, el 17 de junio de 2020 concurrieron a ese lugar Ponce Asahad y Serjal y se impusieron ambos ante la investigación y Serjal sugiró reiteradamente que Peiti era una víctima. El 30 de junio de 2020, Ponce Asahad le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono lo cual motivo que el empresario dejara de utilizar su línea que se encontraba intervenida desde el 22 de junio de 2020. Ademas le pide 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y que el mismo quedara como víctima. A Nelson Ugolini se le atribuye haber transmitido información al empresario sobre causas en trámite en el MPA que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad le informó Peiti sobre una causa que tenía como sospechosos a otras dos personas las cuales habían sido detenidas el 8 de enero de 2020 por portar armas de fuego sin la debida autorización legal.

Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada a Peiti por medio de la aplicación whatsapp. El 18 de febrero de 2020 Ugolini también le remite a Peiti un mensaje en el cual le informa las causas que podrían tenerlo como sospechoso y/o en donde se lo investigue por causas de juego clandestino correspondiente a los distritos judiciales de la 2ª Circunscripción Rosario y en aquellas causas que investigaba el fiscal Edery a esa fecha. Advertisement

El 8 de marzo, Ugolini le remitió información sobre domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino. A esa fecha Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción de ejecución penal del MPA”.

A ambos imputados se les atribuye en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban. A sabiendas de que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano D. (ya imputado) y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo o a su familia, así los imputados no iniciaron una investigación penal y no dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley lo se los impone. Todos estos hechos se llevaron a cabo a sabiendas y con el objetivo de concretar un único plan tendiente a obtener dinero de forma ilícita de Peiti, señala el parte de la Fiscalía sobre la audiencia imputativa.

La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó a Nelson Ugolini la libertad con restricciones por el plazo de 90 días; fijar domicilio, firma semanal ante la OGJ y una caución de $4982 dólares a depositar en cuenta judicial; y a Gustavo Ponce Asahad la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

Gustavo Ponce Asahad, el fiscal a cargo de la unidad especial Covid-19, está sospechado de ser quien envió información del sistema de datos del Ministerio Público de la Acusación al integrante de una banda investigada por juego clandestino y extorsiones, imputada la semana pasada.

Personal de la Tropa de Operaciones Especiales se apostó en el cuarto piso del edificio de Oroño 1217, donde comenzó un allanamiento. “No queda detenido, solo fichado”, se indicó desde el MPA sobre lo que se ampliará en el transcurso de la mañana.

Luego de una semana desde que se conoció que un fiscal o un empleado del MPA intercambió mensajes con una persona que está prófuga en la causa investigada por los fiscales de Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y Matías Edery, esta mañana surgió un nombre y la medida judicial ordenada por sus pares.

El dato de que dio información interna a la banda, por dos detenciones de enero pasado, generó que las máximas autoridades de Fiscalía repudiaran lo sucedido la semana pasada y prometieran investigar, luego de que se detectara la captura de pantalla de un mensaje, en el celular de uno de los imputados, que el funcionario (hasta entonces desconocido) había contestado a Leonardo Peiti, aún no ubicado.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad señaló más de cien personas demoradas en los últimos quince días, entre ellas un grupo de jóvenes brasileños  que podrían ser deportados.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad adelantó este lunes que imputará en libertad a 120 personas que incumplieron recientemente las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus. Sobre los jóvenes brasileños demorados este domingo a la madrugada en inmediaciones de Santa Fe y Vera Mujica dijo que podrían ser deportados.

En una conferencia hecha en conjunto por el fiscal de la unidad especializada en delitos vinculados al coronavirus y la secretaria de Control y Convivencia Carolina Labayru, Ponce Asahad dijo que en las últimas dos semanas hubo “120 personas aprehendidas, a las cuales se les formó causa penal”. “Fueron entre el fin de semana pasado y este fin de semana”, sostuvo.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad adelantó este lunes que imputará en libertad a 120 personas que incumplieron recientemente las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus. Sobre los jóvenes brasileños demorados este domingo a la madrugada en inmediaciones de Santa Fe y Vera Mujica dijo que podrían ser deportados.

En una conferencia hecha en conjunto por el fiscal de la unidad especializada en delitos vinculados al coronavirus y la secretaria de Control y Convivencia Carolina Labayru, Ponce Asahad dijo que en las últimas dos semanas hubo “120 personas aprehendidas, a las cuales se les formó causa penal”. “Fueron entre el fin de semana pasado y este fin de semana”, sostuvo.