No solo ganó millones durante su etapa como jugador, sino que multiplicó su dinero de manera meteórica tras su retiro con diversos negocios.

Michael Jordan no solo demostró su talento dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Es que el mejor basquetbolista de todos los tiempos tuvo un gran éxito también en los negocios. Sin ir más lejos, es el deportista más rico de toda la historia.

Junto a LeBron James y Tiger Woods, es el único atleta en haber alcanzado los 1.000 millones de dólares, teniendo en cuenta sus salarios, premios, patrocinios y todo tipo de ingresos generados en diferentes inversiones.

Según el informe que lanzó la prestigiosa revista Forbes a mediados de 2022, el patrimonio neto de Michael Jordan alcanza los 1.700 millones de dólares. De esa manera, se ubica en el puesto 1.750 de las personas más ricas del mundo.

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La fortuna de Michael Jordan: sus negocios más rentables

Michael Jordan nació el 17 de febrero de 1963, en Nueva York. Pasó los primeros años de su infancia en Brooklyn hasta que sus padres decidieron llevar la familia a Wilmington, en el estado de Carolina del Norte. Fue precisamente en la Universidad de North Carolina donde comenzó a forjarse con letras doradas la leyenda de MJ en el básquetbol.

Y desde los Tar Heels dio el salto a Chicago Bulls, que lo eligió en el tercer lugar del Draft de la NBA de 1984; ese año, el número 1 fue el pivote nigeriano Hakeem Olajuwon (bicampeón con Houston Rockets en 1994 y 1995) y el 2 fue otro interno, Sam Bowie, de bajísima reputación en la mejor liga de básquetbol del mundo. El 5, en tanto, fue Charles Barkley, enorme rival de Jordan.

Durante su época como jugador, Michael Jordan ganó un total de 94 millones de dólares sin impuestos en sus 15 temporadas (13 en Chicago Bulls y dos en Washington Wizards). Unas cifras que poco se asemejan a las actuales. Sin ir más lejos, LeBron extendió su contrato por dos años con Los Ángeles Lakers a cambio de 97 millones de dólares.

Además, Jordan recibió 4 millones de dólares por parte de los Bulls cuando se retiró por primera vez en la temporada 1993-94 de la NBA, poco después del asesinato de su padre. De allí, fue a jugar a las ligas menores de béisbol.

Sin embargo, generó la gran mayoría de su fortuna fuera de las canchas. Con acuerdos comerciales con Coca Cola, Chevrolet, Gatorade, Hanes, McDonald’s y Upper Deck, entre otros, llegó a ganar 1.800 millones de dólares.

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Un punto aparte es la exitosa sociedad que conformó con Nike. Su primer contrato lo firmó en 1984, cuando aún era un deportista con futuro prometedor, a cambio de 500.000 dólares anuales más regalías. Al año siguiente, salieron al mercado para todo el público las Air Jordan 1, una de las zapatillas más populares de la marca hasta ahora.

Tiempo después, Nike creó exclusivamente la marca llamada Jordan Brand, por la que el exjugador embolsa alrededor de 100 millones de dólares al año por los derechos de uso y venta. Esa firma es, por ejemplo, la que viste al Paris Saint Germain, uno de los clubes más ricos del mundo.

Ya retirado, continuó ampliando su patrimonio hasta límites que parecían inalcanzables: se unió como asesor e inversor a la marca de apuestas deportivas DraftKings y se transformó a fines de 2020 en copropietario de un equipo de Nascar y contrató al único piloto afroestadounidense de la categoría, Bubba Wallace. El nombre es 23XI Racing y el auto llevará ploteado el número que Jordan inmortalizó durante su etapa como jugador.

En 2006, compró una participación minoritaria del equipo de la NBA Charlotte Hornets y luego, en 2010, se convirtió en el dueño de la franquicia, valorada entonces en 175 millones de dólares. Casi 13 años después, gracias al contrato firmado entre la NBA y Disney, los Hornets valen 1.570 millones de dólares. De esa manera, la adquisición de esa franquicia se convirtió en uno de los mejores negocios de Jordan.

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El exjugador incluso obtiene grandes sumas gracias a las indemnizaciones que recibe tras ganar conflictos legales a compañías que usan su imagen de manera ilegal. Aunque no se conoce la cifra exacta, sirve para tomar dimensión el hecho de que ya donó casi 25 millones de dólares recibidos por esa vía a diversas ONG infantiles.

El ex delantero de la Selección, Boca y River sostiene no sólo que es confiscatorio sino que además atenta contra su renta y lo obligaría a descapitalizarse para afrontar la obligación establecida por ley del Congreso.

El ex futbolista Gabriel Batistuta presentó una acción de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que lo exima de pagar el aporte extraordinario fijado por ley para afrontar la pandemia.

La causa, caratulada “Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP – Ley 27.605 S/proceso de conocimiento”, se suma a la que ya presentaron otros futbolistas (en actividad y retirados), entre ellos Carlos Tévez, aunque en este caso con una argumentación ligeramente diferente.

Batistuta sostiene no sólo que el aporte es “confiscatorio” sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad del campo.

El ex goleador de la selección argentina de fútbol es un fuerte terrateniente en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo.

Según la demanda, que ingresó el viernes por sorteo a juzgado número dos, a cargo del juez Esteban Furnari, y quedó registrada con el número 10380/2021, el aporte extraordinario le insumiría a Batistuta parte de la renta de sus actividades productivas.

La renta, al igual que el salario, tiene carácter alimentario, por lo cual cualquier detrimento debe ser aplicado con “carácter restrictivo” y hasta un determinado porcentaje sobre el ingreso real.

Batistuta pidió, a través de su abogado, Luciano Cativa, una medida cautelar que le posibilite evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, esto es la validez constitucional –o no- de la ley que estableció el aporte extraordinario por única vez.

La presentación advierte, además, que para afrontar el pago Batistuta debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos.

La causa ingresó formalmente hoy al juzgado de Furnari, quien deberá resolver sobre su admisibilidad, el planteo de medida cautelar y darle intervención al fiscal subrogante Miguel Ángel Guilligan para que se pronuncie al respecto.

António Guterres cifra en 5 billones de dólares el aumento del patrimonio de las grandes fortunas en 2020.

Introducir un impuesto sobre la riqueza ayudaría a financiar la recuperación social y económica del mundo tras la pandemia, ha afirmado este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres.

Dirigiéndose al Parlamento Europeo, el secretario general, elegido para un segundo mandato la semana pasada, recordó que la fortuna conjunta de los superricos ha aumentado en 5 billones de dólares en un solo año.

“Reitero mi llamado a los gobiernos a que consideren imponer un impuesto de solidaridad o de riqueza sobre la fortuna de estas personas, así como sobre la de aquellos que se han beneficiado de la pandemia, para financiar la recuperación social y económica”, declaró.

A causa de la crisis sanitaria, señaló, centenares de millones de personas en el mundo han caído por debajo del umbral de pobreza y países enteros se enfrentan a la amenaza de quiebra. Mientras, la mitad de la población global está privada de acceso a los servicios básicos de salud, denunció.

En abril pasado, el jefe de la ONU instó al grupo de los 20 países industrializados y emergentes a extender hasta el 2022 la moratoria de los pagos de la deuda para los países más pobres y ampliarla para ayudar también las economías en desarrollo y de ingresos medios a recuperarse de la crisis.

Lo hizo a través de la resolución general 4996/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.

En el mismo sentido, a través de la resolución general 4997/2021 también publicada este miércoles, AFIP dispuso también que aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que adeuden el pago podrán regularizar su situación a través de planes de pagos. La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de setiembre próximo.

Al momento, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones respecto del Aporte Solidario y Extraordinario. La mayoría de los casos son personas que no completaron sus declaraciones juradas y tampoco realizaron los pagos correspondientes aunque también existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación, informó la AFIP.

Como resultado de las tareas de control y fiscalización realizadas por la Administración en todo el país, distintos contribuyentes presentaron sus declaraciones y realizaron el pago. De esta forma, el monto total generado por el Aporte Solidario y Extraordinario supera los $ 230.000 millones, unos $ 7.000 millones más que el monto informado al momento del vencimiento.

El ente recaudador destacó que sostiene su política de no iniciar ejecuciones ni medidas cautelares sobre las empresas que realizan actividades críticas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Sin embargo, para avanzar con el proceso iniciado de fiscalización y control, la normativa habilitó que cuando se trate de personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no hubieran cumplido con su obligación, el organismo podrá realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares como embargos bancarios o inhibición de bienes.

Asimismo, dispuso que aquellos contribuyentes que adeuden el aporte podrán regularizar su situación a través de dos planes de pagos: uno para saldo resultante de la declaración jurada conjuntamente con sus intereses y el otro para las multas que surjan del proceso de fiscalización. La posibilidad de cancelar las deudas estará vigente hasta el 30 de setiembre de 2021. Los contribuyentes que opten por esa vía podrán cancelar los montos adeudados en planes de hasta tres cuotas: un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 35%.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará este miércoles por primera vez ante el Congreso, en un discurso en el que busca plasmar su voluntad reformadora y en el que anunciará el fin de los recortes fiscales a los más ricos, aprobados por su predecesor Donald Trump.

En vísperas de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder, Biden desvelará su Plan para las Familias Estadounidenses por 1,8 billones de dólares. El pronunciamiento es muy esperado porque serán anuncios sobre cómo va a financiar sus más ambiciosos proyectos. El alza de los impuestos para el 0,3% más rico es la receta básica.

“El presidente va a proponer una serie de medidas para asegurarse de que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden, resguardando al mismo tiempo que nadie que gane menos de 400.000 dólares al año sufra un alza de impuestos”, indicó a los periodistas un miembro del gobierno que pidió no ser identificado.

Este plan requiere de la aprobación de un Congreso muy dividido, con una leve mayoría de los demócratas, pero que no garantiza la tramitación de los proyectos.

El proyecto vislumbra un recorte fiscal de 800.000 millones de dólares para las personas de menores ingresos y un billón de dólares para inversiones.

Para las fuentes de la Casa Blanca, este plan va a generar una “economía fuerte e inclusiva para el futuro”.

El objetivo del Gobierno es reducir la pobreza infantil y recortar el precio de las guarderías, para permitir que las mujeres permanezcan en la fuerza de trabajo y que esta se fortalezca de manera “más amplia, más productiva y más sana”.

El plan probablemente sea rechazado por los republicanos en el Congreso, pero la Casa Blanca apuesta por apuntalarlo con el apoyo potencial de los votantes.

Con esta reforma los más ricos pagarían una tasa de impuesto a la renta de hasta 39,6%, terminando con un recorte otorgado por Trump.

El plan también prevé terminar con los resquicios y exenciones fiscales para la renta de capital, lo que permitirá recaudar miles de millones de dólares, según la Casa Blanca.

Para el gobierno, esta medida va a ser suficiente para pagar los cerca de 2 billones de gastos de este programa a 15 años, lo que apunta, afirma, a hacer un país más justo.

“Estas reformas apuntan fundamentalmente a hacer más justo el código fiscal”, indicó.

Progreso “impresionante” contra el COVID-19

Este discurso también va a marcar el inicio de un agrio debate en el Congreso, ya que si bien su plan de alivio para una economía muy lastrada por la pandemia por 1,9 billones de dólares logró ser aprobado, el debate sobre su gigantesco plan de infraestructura y su reforma educativa generan más divisiones.

En la solemne tribuna del hemiciclo, el presidente demócrata probablemente va a destacar el progreso “impresionante” que logró el país en la lucha contra el COVID-19, según las palabras que usó él mismo el martes para describir la rápida campaña de vacunación.

Cerca de 96 millones de personas, es decir cerca de un 30% de la población completaron su calendario de vacunación y el martes la autoridad sanitaria recomendó que las personas ya inmunizadas -es decir que hayan desarrollado anticuerpos tras ser inoculados- no necesitan usar mascarilla en los lugares abiertos, salvo que estén en un evento multitudinario.

Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, también indicó que Biden va a hablar de su determinación de que Estados Unidos “recupere su lugar en el mundo” y que abordará las relaciones con China.

Los discursos presidenciales en el Capitolio están marcados por la pompa y la solemnidad y son una tradición muy importante en la política estadounidense, pero este año, la ceremonia que comienza a las 21H00 (las 01H00 GMT del jueves), se desarrolla bajo un ambiente particular, marcado por la pandemia.

El organismo estableció que las personas alcanzadas podrán optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco pagos mensuales y consecutivos, informó esta tarde el ente recaudador en un comunicado.

La Resolución General N° 4942 dispone que la tasa de financiación para quienes opten por esta vía será la correspondiente a la de los intereses resarcitorios del organismo.

La normativa, que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días, busca contribuir al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Para adherir al régimen de facilidades de pago es requisito concretar el anticipo del 20% de la deuda consolidada. Las cinco cuotas restantes se abonarán el 16 de cada mes a partir del mes siguiente de concretado el pago inicial.

El plazo para presentar la declaración jurada de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario es el 30 de marzo.

La solicitud de adhesión al régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en la normativa.

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos.

La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18 de diciembre de 2020.

La ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 establece el destino que tendrán los fondos recaudados del Aporte Solidario y Extraordinario para enfrentar la Pandemia.

Son cinco las asignaciones especificadas: un 20% será para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Otro 20% se destinará a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Un porcentaje idéntico será para el programa integral de becas Progresar, para reforzar este plan que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

A su vez, un 15% se asignará para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

El gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.605 que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes Fortunas “con carácter de emergencia y por única vez”, a fin de “morigerar los efectos de la pandemia” de coronavirus. La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, lo que abarcará a 12 mil contribuyentes.

La norma fue sancionada el 4 de diciembre pasado; y su entrada en vigencia se oficializó este viernes mediante la publicación del Decreto 1024/2020 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, lo que abarcará a 12 mil contribuyentes.

Estarán alcanzadas las personas físicas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en la Argentina y en el exterior.

También alcanza a “aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”, según indica la ley.

En tanto, los que vivan en el exterior, pagarán por la totalidad de sus bienes en la Argentina.

El monto del aporte a ingresar se basará en una escala publicada este viernes en el Boletín Oficial donde los porcentajes van del 2 al 3,5 por ciento, según la magnitud de las riquezas declaradas.

Por otra parte, por el total de los bienes situados en el exterior, los contribuyentes pagarán porcentajes que van desde el 3 al 5,25 por ciento, también en base a otra escala.

Por otra parte, la ley prevé el destino de los fondos: un 20% será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, otro 20% irá como subsidios a pymes, un 20% será destinado al programa Progresar; y un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El 25% restante irá a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación vinculados a la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Esta actividad resulta “de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A”, detallaron las autoridades.

El proyecto ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados y ahora será debatido en el Senado.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia avanza en un proyecto de ley para establecer un impuesto a las grandes fortunas.

La iniciativa, presentada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), fue aprobada la madrugada de este jueves 10 de diciembre en la Cámara de Diputados, tras una maratónica sesión en la que se discutió el tema. Ahora, el debate pasa al Senado.

La propuesta de ley tiene como objetivo gravar a las fortunas que superen los 30 millones de bolivianos (unos 4,3 millones de dólares). La normativa establece porcentajes graduales:

El impuesto deberán pagarlo las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Bolivia, con bienes localizados tanto en territorio nacional como en el exterior. También incluye a quienes, aun no teniendo residencia en el país, sí tienen su fortuna en la nación.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que este impuesto alcanzará solo a 150 personas (0,001 % de la población del país).

Con la aplicación de este impuesto, se espera recaudar alrededor de 105 millones de bolivianos (15,1 millones de dólares) anualmente.

En la Cámara de Diputados también fue aprobada otra normativa, el proyecto de ley 016/2020 que establece el régimen de ‘Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA)¡, dice un comunicado del órgano legislativo.

Este proyecto de ley busca la devolución de un 5 % de todas las compras facturadas a personas con ingresos menores a 9.000 bolivianos (unos 1.293 dólares), que equivalen a poco más de cuatro salarios mínimos.

El mandatario de Bolivia, Luis Arce, saludó la aprobación de ambos proyectos por parte de los diputados, señalando que las iniciativas están dirigidas “a reactivar la economía”.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, había adelantado ayer en declaraciones radiales que era “inminente” la presentación del proyecto para gravar las grandes fortunas y sostuvo que la iniciativa “nunca dejó de estar arriba de la mesa”.

De acuerdo con la iniciativa, las personas que tengan más de 200 millones de pesos pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5%. Se tomará como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año, según lo que dejaron trascender fuentes parlamentarias.

En ese sentido, y antes de la presentación del proyecto, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas, sostuvo que se trata de “una medida imprescindible y racional” y aseguró que “este aporte, que reviste la característica de extraordinario, se plantea en un escenario que, indudablemente, también lo es y, por tanto, exige respuestas, también extraordinarias, por parte del Estado”

Según indicó Vallejos a Télam, el aporte es “una contribución de $300.000 millones que harán, exclusivamente, las 12.000 personas más ricas del país, que tienen patrimonios declarados superiores a los $200 millones”.

“Se trata del sector que se encuentra en una posición relativa privilegiada para contribuir”, completó.

“Como se traduce del destino de la recaudación, es una iniciativa con fuerte contenido de solidaridad y esfuerzo compartido en base a la capacidad de cada uno. Y, creemos, un aporte para la construcción de un país con mayor igualdad y más justo”, aseveró Vallejos.

La intención del oficialismo es reforzar la recaudación, que tuvo una fuerte caída por la crisis que tiene la actividad económica a raíz de la pandemia de coronavirus, y contar con los recursos para atender la emergencia sanitaria y económica.

Las fuentes precisaron que la iniciativa afecta a las personas y no a las empresas, y explicaron que “hay un punto de equilibrio, que afecta a la menor cantidad posible de personas, con la mayor recaudación”.

Según indicaron, “el destino de los fondos recaudados será: con afectación específica. 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria; empleo y remuneración de trabajadores; becas Progresar para estudiantes”.

Adelantaron que “aportarán las personas que han declarado al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio superior a los 200 millones de pesos” y que, luego, “viene un escalamiento, hasta más de 3000 millones”.

“Estimamos que el número de personas humanas alcanzadas, ronda las 12.000, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5%”., aseveraron las fuentes.