Fuera de “gastos corrientes”, sólo Santiago del Estero está por debajo en la inversión calculada por el gobierno de Alberto Fernández. La provincia está relegada desde 2016 en la transferencia “discrecional” de la Casa Rosada.

El ex ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, hizo público un cuadro según el cual “la inversión pública nacional por habitante en base a datos del Proyecto de Presupuesto 2021, presentado el pasado martes por el gobierno nacional ante el Congreso”, pone a Santa Fe en el penúltimo renglón del país.

“Todos los legisladores nacionales por Santa Fe debieran expresarse rápidamente en los mismos términos, detrás de un objetivo que beneficiaría a todos los santafesinos. Nuestro país necesita un debate profundo sobre las instituciones que regulan el federalismo fiscal”, reclamó el ex funcionario en sus redes sociales.

En diálogo con El Litoral, Saglione expuso que el cálculo en su cuadro no incluye gastos corrientes (salarios y jubilaciones nacionales para personas que viven en la provincia) sino que refiere a los gastos de capital, (obras públicas y equipamientos), sea que éstos se ejecuten directamente desde el gobierno central en territorio santafesino, o que la Casa Rosada remita las partidas para que las ejecuten la provincia o los municipios. “Cuando hablamos de inversión pública hablamos de todos estos elementos”, detalló.

Saglione señaló que el cuadro fue elaborado en base a datos que “están claramente identificados en las planillas anexas del presupuesto” remitido por la Casa Rosada al Congreso, que el ministro Martín Guzmán presentó ante Diputados en las últimas horas.

El gráfico muestra la inversión pública nacional por habitante en base a datos del Proyecto de Presupuesto 2021 presentado el pasado martes por el gobierno nacional ante el Congreso.

El gráfico habla por sí solo.

Espero que los representantes de Santa Fe no hagan silencio. pic.twitter.com/Qi2K8b46me

— Gonzalo Saglione (@GonzaloSaglione) September 22, 2020

También refirió sobre el perjuicio de las transferencias discrecionales del gobierno central a la provincia. “En el reparto de la renta federal hay un porcentaje definido por ley en la década del ‘80 (coparticipación automática), pero cuando vamos a lo que se distribuye por fuera, hace largo tiempo que Santa Fe viene siendo perjudicada, siendo que es uno de los distritos que más aporta a lo que luego se distribuye vía retenciones”.

Salgione recordó que la consultora Aerarium, en base a datos del Ministerio de Economía calculó que Santa Fe recibió un monto total de transferencias discrecionales (corrientes y de capital) por $ 10.686 millones, “es decir un 4,9% del total de fondos girados bajo esta modalidad por el gobierno nacional ($ 217.324 millones)”. A fecha similar -agosto de este año-, Córdoba recibió $ 13.905 millones y provincia de Buenos Aires $ 103.330 millones.

Sin embargo, el perjuicio no es sólo de este año. El ex ministro se refirió a un informe del Ministerio del Interior, según el cual las   transferencias discrecionales a Santa Fe fueron de 3,64% en 2016, un 3,94% en 2017, 6,73% en 2018 y 6,56% en el primer semestre de 2019. “En todos los años lo que recibe Santa Fe está muy lejos de lo que aporta (entre el 8% y el 9%). Concretamente, esto supone una transferencia de recursos y riqueza desde Santa Fe al resto del país”.

San Luis sí

La ley 27561 (promulgada en agosto pasado) de modificación del Presupuesto Nacional para este año, autorizó al Jefe de Gabinete de Ministros “a disponer las acciones y efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender y dar principio de cumplimiento a condenas judiciales firmes a favor de la provincia de San Luis”. La Casa Rosada se dispone así a pagar un fallo posterior al que favoreció a Santa Fe, cuyo cobro no está ni siquiera presupuestado para 2021.

Desde 2006 y hasta 2015, el gobierno nacional “se quedó indebidamente con recursos de coparticipación que le correspondían a la provincia de Santa Fe”, reseñó Saglione. El gobernador Hermes Binner fue en 2009 a reclamar a la Corte Suprema; en noviembre de 2015 el máximo tribunal falló en favor de nuestra provincia. “Cesó la detracción, pero no se reintegró ni un solo peso”.

Dijo que el “rojo” de las cuentas públicas que heredó la actual gestión equivale a un 2,5 % del presupuesto, que la deuda flotante -exigible- no supera los 4.500 millones y la consolidada posiciona muy bien a Santa Fe. Y que cuando asumieron había casi 4.600 millones disponibles para pagar jubilaciones adeudadas.

El ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, sostuvo que el informe de la Auditoría General de la Nación sobre las cuentas de la provincia hasta el 30 de noviembre de 2019 (previo al cambio de gobierno), “viene a ratificar lo que siempre hemos dicho y proyectado antes de terminar el mandato, y que quedó corroborado después: el déficit a esa fecha era de 8.199 millones de pesos, el 2,5 % del presupuesto ejecutado durante ese año”.

“Desde el gobierno -entonces electo y ahora en ejercicio- siempre se habló de una cifra de 20 mil millones, la auditoria ratifica lo que siempre hemos dicho, que está muy lejos de eso”, dijo el ex funcionario.

Saglione abordó a continuación, en diálogo con este diario, los ítems más polémicos que componen el informe. “Sobre la deuda flotante, en enero el gobierno habló de 27 mil millones. Nosotros siempre focalizamos en la deuda flotante exigible, la real, la que demanda efectivamente recursos para poder ser cancelada, que son los montos que están pendientes de pago a proveedores y contratistas. Nosotros hablábamos de 4.500 millones, el informe habla de 4.401 millones, a lo cual le agrega la deuda con municipios y comunas, por 487 millones. Esa es la deuda donde hay alguien esperando cobrar: proveedores, contratistas y municipios y comunas”.

En ese punto, Saglione explicó “cómo llegamos a los casi 14.800 del total de deuda flotante. Ahí aparecen otros conceptos que merecen ser explicados, porque si no se puede pensar que realmente hay una deuda real pendiente de cancelación, y no es así.

“Vamos por partes: el informe habla de casi 2022 millones en concepto de sueldos y aportes. Pero los sueldos al 10 de diciembre ya estaban pagos; lo que faltaba son lo que llamamos terceros en la administración financiera. Son los aportes. El grueso de esos aportes son al Iapos y a la Caja de Jubilaciones. Cuando uno hace la liquidación de los sueldos, retiene un porcentaje de esos sueldos a cada trabajador, que luego son transferidos a esos organismos, junto con las contribuciones que hace el propio Estado. Esos 2022 millones de pesos aparecen como deuda del Tesoro, a favor del propio gobierno provincial, de su Caja de Jubilaciones y de Iapos. Entonces, financieramente es neutro, porque sale de una cuenta del gobierno de la provincia y entra a otra. Con lo cual se registra como deuda flotante del Tesoro, pero no significa que haya una deuda financiera para con un tercero”, precisó.

El ex ministro consignó que, también, dentro de los casi 14.800 millones de deuda flotante, se informa sobre 3.596 en concepto de jubilaciones. “Eso es así, corresponde a las jubilaciones de montos más elevados, que por cronograma de pagos estaba proyectado para ser cancelado, y así fue, entre el 13 y el 16 de diciembre. Más o menos, como todos los meses. Quizás se corrió un par de días, justamente para darle tiempo al nuevo gobierno. Ahora bien, a esos 3.596 millones de pesos, efectivamente había que pagarlos con posterioridad a la asunción del nuevo gobierno, pero estaban disponibles los fondos en la cuenta bancaria para hacerlo. Y eso consta en el informe de Auditoria. El informe consigna que, al 10 de diciembre, en caja, en cuentas bancarias a favor del gobierno de la provincia, había 4.593 millones de pesos. Es decir, quedaban jubilaciones por pagar, de acuerdo al cronograma habitual, pero estaban todos los fondos disponibles, incluso en exceso. Y de hecho, eso fue lo que pasó: pagaron las jubilaciones sin ningún tipo de inconveniente. Pero de que tenía ese dinero disponible, el gobierno no habla.

“Y por último aparece como deuda flotante un monto de 1615 millones de pesos de Lotería de Santa Fe, que tiene que ver con la propia lógica de funcionamiento del organismo, con los premios a pagar. Lotería no puede pagar todos los premios sin pasar por todo el tamiz que las normas establecen con respecto a las verificaciones. Ahí no hay una acumulación financiera de deuda por incapacidad de pago, sino por imposibilidad administrativa o jurídica. Con lo cual no hay una deuda real, no hay una deuda exigible”, remarcó.

Foto: El Litoral

Saglione puso de resalto que, sobre la base de estas precisiones, “cuando vamos a la deuda que realmente es relevante, a la que nunca hemos desconocido, que tiene que ver con proveedores y contratistas, el informe de Auditoría viene a ratificar esos números. La deuda real, con proveedores y contratistas que están esperando cobrar, es de 4.400 millones de pesos. Lo demás son cuestiones internas de la administración. Es decir, la deuda existe, pero de ninguna manera supone una dificultad para el manejo de la provincia. En la anterior transición de gobierno, en 2007, la deuda flotante representaba un porcentaje más alto del presupuesto anual”.

“El otro concepto es la deuda consolidada, a largo plazo. De la cual tampoco habla mucho el gobierno, porque pone a Santa Fe en una posición de privilegio. La deuda de Santa Fe de largo plazo, con organismos internacionales y a través de la emisión de títulos públicos, representa porcentajes irrelevantes del presupuesto anual y el PBG (producto bruto geográfico) de la provincia”, añadió el economista.

“Y otro elemento que me parece importante agregar es lo que llaman la deuda con el FUCO. Es como decir que el gobierno de Santa Fe le debe al gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobierno es simultáneamente deudor y acreedor, entonces, en términos financieros, es absolutamente neutro. Es un simple ejercicio contable,aunque se diga otra cosa”, subrayó.

Como último dato a tomar en cuenta, Saglione hizo notar que la AGN “ratifica que el gobierno saliente dio cumplimiento a la ley de Responsabilidad Fiscal, en cuanto a lo que podía y lo que no podía hacer. El informe dice claramente que se cumplió con las reglas de fin de mandato, y no ví que el actual gobierno haya informado de eso”.

“El informe de la AGN describe la situación de una gestión responsable y transparente que dejó una provincia en marcha, con fuerte inversión pública en un país que atravesaba una grave crisis económica, con estancamiento, inflación y caída del empleo”. Miguel Lifschitz, ex gobernador de la provincia.