El Gobierno difundió un polémico video alusivo al 50mo. aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa", con el que vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.

El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

El video afirma que “en el año 2003 el Gobierno Nacional Argentino lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos” con una “visión sesgada y revanchista” que “en lugar de sanar las disputas del pasado solo las exacerbó”, según el relato en off de las imágenes.

“Casa Rosada”:Por comentarios sobre el video conmemorativo que compartió el gobierno sobre el Nunca Más pic.twitter.com/eLuv7kykd1

“Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa” afirma el trabajo fílmico, en el que se asevera que “cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”

Además, califica las políticas de en materia de Derechos Humanos como un “fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos”.

“Este Gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años”, agrega.

El video muestra el testimonio de Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policía que la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo.

La mujer es la nieta recuperada 127, según la numeración que siguen las Abuelas, y en el video afirma que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos” por lo que sostiene: “si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”.

“Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”, afirmó y describió que Fernández “es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.

De igual modo el video recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.

Larrabure describe que su padre estuvo detenido “en condiciones infrahumanas” en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” con “un camastro y un baño portátil”, donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”.

“Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, añadió.

Larrabure, que al igual que Miriam Fernández dio su testimonio en una nota realizada ene el Salón Blanco de la Casa Rosada, sostuvo que durante los años en los que se llevaron adelante los juicios por delitos de lesa humanidad se vivió “una historia falaz”.

La canciller Diana Mondino aseguró que “la democracia no se negocia”, al repudiar el intento de golpe de Estado que perpetraron las Fuerzas Armadas de Bolivia contra el gobierno del presidente, Luis Arce.

Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas.No se cambian con violentos golpes de Estado.La democracia no se negocia.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. 

La democracia no se negocia”, expresó la canciller luego de que el levantamiento militar ya había sido sofocado.

La ministra de Relaciones Exteriores fue la primera funcionaria del Ejecutivo nacional en emitir un mensaje sobre los sucedido en Bolivia y lo hizo dos horas después de que los militares bolivianos encabezados por el general Juan José Zuñiga se pronunciaran contra el Gobierno constitucional

El presidente de Bolivia, Luis Arce, recurrió a las redes sociales este miércoles para denunciar un intento de golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas, mientras miembros del Ejército se apoderaban del Palacio Quemado, sede del Gobierno boliviano.

Las imágenes transmitidas por la televisión mostraron a un tanque forzando la entrada del Palacio y a los militares ingresando al edificio.

"Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse", afirmó Arce.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse.

Las acciones del Ejército en La Paz ocurren en el contexto de la destitución de Juan José Zúñiga, comandante de esa fuerza, que tuvo lugar ayer tras sus declaraciones sobre el exmandatario Evo Morales. "Va a haber un nuevo gabinete, no puede seguir más así nuestro país", había anticipado Zúñiga.

Evo Morales también utilizó sus redes sociales para llamar a una movilización popular en defensa de la democracia. "Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zúñiga. 

Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zuñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos.No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al…

Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo", manifestó Morales.

El ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, Nobel de la Paz en 1973 mucho antes de que se revelara su apoyo al golpe de Estado de ese año en Chile, murió este miércoles a los 100 años en su casa en Connecticut.

La noticia fue divulgada por la noche en un comunicado de su empresa Kissinger Associates, que no especificó las causas del deceso y anunció que será sepultado en un “servicio familiar privado”, cuya fecha y lugar no reveló.

Quién fue Henry Kissinger

Kissinger, que en mayo pasado cumplió 100 años, fue un hábil diplomático que negoció el fin de la prolongada guerra de Vietnam, por lo que le fue otorgado el Nobel de la Paz en 1973.

Mucho después se revelaría su impulso al golpe que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile y dio lugar a la prolongada dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet (1973-90).

Documentos desclasificados por la Casa Blanca registraron una conversación entre Pinochet y Kissinger en Santiago, Chile, en 1976, y demostraron que el estadounidense presionó desde 1971 a favor del golpe a Allende.

Cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1998, el juez español Baltasar Garzón pidió interrogar a Kissinger por su supuesta responsabilidad en el Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras sudamericanas de fines de los 70 y principios de los 80 para detener y matar opositores, pero el Reino Unido negó esa posibilidad.

Asimismo, Kissinger fue acusado de cometer crímenes de guerra por el bombardeo de Estados Unidos a la neutral Camboya durante el conflicto en Vietnam.

Heinz Alfred Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fuerth, Alemania, en el seno de una familia judía que emigró a Estados Unidos en 1938 escapando del régimen nazi.

Su primer trabajo fue en un fábrica de brochas para afeitar en Nueva York. Después se convertirse en ciudadano de Estados Unidos en 1943, sirvió en el Ejército de ese país durante la Segunda Guerra Mundial.

Luego ganó una beca para estudiar en la Universidad de Harvard, donde obtuvo una maestría y un doctorado.

En 1969, el presidente Richard Nixon nombró a Kissinger como consejero de Seguridad Nacional. Su guía filosófica fue que la política exterior debía servir a los intereses nacionales con pragmatismo.

Así, en medio de la Guerra Fría, Kissinger arregló dos visitas cumbres, a China y la Unión Soviética, en 1972 para desarmar las tensiones bélicas con los poderes comunistas.

En 1973, Nixon lo designó secretario de Estado, cargo que ocupó hasta enero de 1977, cuando terminó su mandato Gerald Ford -sucesor de Nixon en 1974-, y hasta enero de 1975 lo hizo en forma simultánea con el de consejero de Seguridad Nacional.

Como secretario de Estado, Kissinger practicó la llamada “diplomacia de la lanzadera” que alivió tensiones en Medio Oriente, siguiendo a la Guerra del Yom Kippur en 1973, entre Israel y Egipto.

En ese contexto se firmaron luego los acuerdos del Sinaí, mediante el cual ambos bandos acordaron renunciar a la guerra a pesar de sus diferencias.

En 1977, Kissinger fue a trabajar a la Universidad de Georgetown, pero retornó luego al Gobierno estadounidense en 1985 como asesor de inteligencia exterior del presidente Ronald Reagan.

El fallecido mandatario nombró a Kissinger presidente de la Comisión mixta bipartidaria que definiría los intereses de la Casa Blanca en Centroamérica.

A pesar de ciertos logros diplomáticos, el papel de Kissinger quedó deslucido en América latina luego de respaldar el golpe militar del general Pinochet contra el gobierno constitucional de Allende en Chile, de acuerdo con una serie de documentos desclasificados por la Casa Blanca.

De silueta encorvada pero todavía reconocible por sus anteojos negros de montura gruesa, Kissinger permaneció activo prácticamente hasta sus últimos momentos.

Pocos días antes de cumplir 100 años, en mayo pasado, participó en un homenaje en el muy selecto Club Económico de Nueva York, donde apagó las velas sobre una torta de chocolate.

Sus apariciones públicas se volvieron más escasas con el correr de los años pero más frecuentes en videoconferencia, como lo hizo en el Foro Económico Mundial de Davos en enero último.

Conservaba desde sus oficinas en Nueva York y su consultora Kissinger Associates una relativa aura entre la élite de Washington y del extranjero, incluso entre demócratas como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que un día dijo que confiaba en los “consejos” de su “amigo”.

A Kissinger lo sobreviven quien fuera su esposa durante casi 50 años, Nancy, dos hijos de su primer matrimonio -David y Elizabeth- y cinco nietos.

Sus restos serán sepultados en un “servicio familiar privado” y “más adelante habrá un servicio conmemorativo en la ciudad de Nueva York”, dijo el comunicado de su empresa, reproducido por el sitio PRNewswire y citado por Fox News y The Washington Post, entre otros medios estadounidenses.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, comenzó hoy el juicio contra los primeros cuatro de los 1390 bolsonaristas acusados de participar del intento de golpe de Estado del 8 de enero y del asalto al Congreso, la casa de gobierno y la sede del tribunal de justicia en Brasilia para convocar al Ejército a derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido una semana antes.

"Se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones. Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia", dijo durante la sesión en su acusación el vicefiscal general de Brasil, Carlos Dos Santos.

Dos Santos pidió la condena y el pago de multas para el primer acusado, Aecio Luiz Costa Pereira, quien había viajado desde el Gran San Pablo en ómnibus financiado por los golpistas y fue detenido luego de depredar el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo, con una camiseta con la inscripción “intervencion mlitar ya”.

La defensa del detenido pidió que sea juzgado apenas por destrucción del patrimonio público y no por golpe de Estado, en virtud de que no hubo intención de tomar el poder ya que según él no había una cadena de comando.

El instructor del caso, Alexandre de Moraes, leyó el informe que indica que pide compensaciones por unos 3 millones de dólares por los daños perpetrados en el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

El voto de Moraes fue por la condena por atentar contra el Estado de Derecho y daños, y a favor de una pena de 17 años de cárcel, y el de Nunes Marques fue por un delito más leve y una pena más blanda, de 2 años y 6 meses en régimen abierto.

Para este juez, “las fotos y videos que publicó (en las redes sociales) muestran que se sumó a los manifestantes que ingresaron violentamente al Congreso, contribuyendo al daño al inmueble catalogado”, pero eso no alcanza para sostener que los cargos de ataque a la democracia y golpe de Estado, consignó la estatal Agencia Brasil.

Desde mañana votarán los 9 magistrados restantes, algo que puede demorar varias jornadas.

En Brasil, la corte suprema puede juzgar delitos contra la constitución, como está ocurriendo con el intento de golpe contra Lula del 8 de enero.

"Quieren hacer creer que los acusados estaban paseando por Disney. Los acusados estaban poseídos de un odio irracional, casi patológico", e "impregnados de audacia, de ignorancia, destruyeron bienes públicos sujetos a protección especial, catalogados como patrimonio histórico, como los muebles, alfombras y obras de arte", dijo Moraes.

Añadió: "No destruyeron el espíritu de la democracia. No han podido ni podrán subvertirlo, porque el sentimiento de respeto al orden democrático continúa y seguirá iluminando las mentes y los corazones de esta Corte Suprema, en la que siempre prevalecerán los fundamentos éticos y políticos que informan y apoyan el Estado Democrático de Derecho".

Además de Aecio Pereira, los otros tres juzgados son Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Matheus de Carvalho Lázaro.

Mathar fue arrestado dentro del Palacio do Planalto. Según la fiscalía, “participó activamente y compitió con los demás agentes en la destrucción de los muebles que allí se encontraban. Todos gritaban consignas que demostraban la intención de derrocar al gobierno legítimamente constituido, como “Fuera Lula” y “Presidente ladrón".

"Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales han de responder por sus delitos", afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República.

Para Santos, el primer juicio contra Costa Pereira -un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de San Pablo- representa un "momento clave en la historia brasileña".

La defensa del primer enjuiciado refutó las acusaciones y consideró que el juicio en el STF es “político”.

El presidente Gabriel Boric se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Miles de personas marcharon este domingo en el centro de Santiago de Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 y homenajear a las víctimas que la dictadura militar, una manifestación que cargada de emoción y mensajes a favor de la democracia, pero que terminó con disturbios en el Cementerio General y los alrededores del palacio presidencial.

El presidente chileno, Gabriel Boric, se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y en cuya cabecera también estaba el juez español que estuvo a cargo del procesamiento del general Augusto Pinochet a principios de siglo, Baltasar Garzón.

“Su muerte (la de Allende) fue en defensa de la democracia y del Estado de derecho”, señaló el mandatario minutos antes, durante la inauguración de un memorial en la calle Morandé 80, frente a la puerta del palacio de La Moneda por donde sacaron el cuerpo del presidente socialista después del bombardeo contra la sede de Gobierno.

Por fin se muestra la razón del saqueo, destrucción y delincuencia en las marchas. Te corretean en tu estadio, fuera de chile y ahora en las calles del centro. Que más se puede esperar de estas lacras social? pic.twitter.com/8xRPY6KF53

“El quiebre de la democracia chilena, con sus enormes secuelas de muerte y destrucción, nos sigue marcando hasta hoy (...) Hoy cuando algunos se permiten relativizar aquello que no debió existir, decimos con firmeza: democracia hoy y siempre”, subrayó Boric en la antesala de un aniversario que está generando mucha crispación y polarización.

La derecha tradicional chilena, agrupada en la coalición Chile Vamos, anunció esta semana que se ausentará el lunes de los actos conmemorativos, a los que asistirán varios presidentes de la región, y dijo que no firmará la declaración a favor de la democracia que promueve Boric.

Portando cientos de banderas y pancartas y fotografías de víctimas, la marcha terminó a los pies del Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de la capital.

El juez Garzón, que portaba unas gafas similares a las icónicas que llevaba Allende, pidió “no olvidar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, un asalto a la democracia, un golpe de Estado violento que supuso la apertura de un régimen de temor y la negación de los derechos humanos”.

El golpe dio inicio a una cruel dictadura de 17 años que dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados.

“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”, dijo a EFE un manifestante que pidió no ser identificado.

A su lado, otro joven que tampoco quiso revelar su nombre, dijo a EFE que la marcha “es un compromiso con la memoria, para que en este país nunca más se vuelva a quebrar la democracia y las Fuerzas Armadas traicionen a su pueblo”.

En diversos puntos de la capital, especialmente en el cementerio, se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes violentos y fuerzas policiales, además de barricadas y varios saqueos en un supermercado del centro.

También hubo disturbios frente a La Moneda y manifestantes lanzaron piedras contra el palacio presencial, rompiendo algunas ventanas.

Francia anunció este martes (01.08.2023) que comenzará a evacuar a sus ciudadanos en Níger a partir de esta misma jornada debido a la degradación de la situación de seguridad en el país africano. Unos 600 franceses se encuentran actualmente en Níger, una cifra que no incluye a los que están de vacaciones y no se encuentran en Niamey o en otras urbes nigerinas.

El ministerio justificó la decisión por la "violencia que tuvo lugar contra nuestra embajada anteayer [domingo] y el cierre del espacio aéreo, lo que deja a nuestros compatriotas sin la posibilidad de salir del país por su cuenta”. El comunicado detalla que "esta evacuación comenzará hoy” martes. El Ministerio de Relaciones Exteriores galo también sacará del país a ciudadanos europeos que así lo requieran.

En una entrevista emitida la noche del lunes, la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, reiteró el llamado de París a la reins

tauración del gobierno del depuesto presidente Mohamed Bazoum y desmintió las acusaciones de los militares golpistas nigerinos acerca de que Francia estaría preparando una intervención militar. También resaltó que es "posible" que Rusia intente sacar "provecho" de la crisis, pero evitó responsabilizar a Moscú del golpe.

Francia, antigua potencia colonial de Níger, tiene en ese país africano un contingente de 1.500 militares para apoyar la lucha contra el yihadismo, además de fuertes intereses en el sector de la extracción de uranio con el que nutre sus cruciales centrales nucleares. El domingo pasado, durante una manifestación convocada en apoyo a los golpistas, varios cientos de personas protestaron de forma violenta ante la embajada francesa en la capital nigerina.

El Elíseo señaló el lunes que el presidente Emmanuel Macron ha hablado en varias ocasiones con Bazoum y con su antecesor -que está ejerciendo de mediador-, además de con los mandatarios de otros países de la región, dentro de una larga serie de contactos en búsqueda de la solución para la crisis en Níger.

El derrocamiento, el miércoles 26 de julio, del presidente Bazoum -el séptimo golpe en menos de tres años en África Central y Occidental- ha conmocionado a la región, alejando de Occidente a los antiguos aliados nigerinos y acercándolos a Rusia.

Italia también anunció la realización de un vuelo para sacar a sus ciudadanos de Níger.

El gobierno alemán, por su parte, aconsejó este martes (01.08.2023) a sus ciudadanos abandonar Níger, en medio de la inestabilidad creciente que vive el país tras el golpe militar, y les recomendó hacerlo a través de los vuelos de evacuación organizados por Francia.

"Podemos confirmarles que nuestros socios franceses se ofrecieron a, dentro de sus capacidades, evacuar a ciudadanos alemanes a bordo de sus aviones", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"Recomendamos a todos los ciudadanos alemanes en Niamey que acepten esta oferta", agregó.

Alemania, como otros países europeos, interrumpió la cooperación y el apoyo a los proyectos de ayuda al desarrollo con el país africano a raíz del golpe de Estado.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indicó este lunes que el ente no iba a organizar vuelos de evacuación, puesto que considera que son pocos los ciudadanos alemanes en Níger.

El golpe de Estado estuvo encabezado por una junta militar, autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CLSP), que anunció la destitución del presidente, la suspensión de las instituciones, el cierre de las fronteras y un toque de queda nocturno hasta nueva orden.

El ejército de Sudán y los paramilitares pugnan por el poder, con el país inmerso en un proceso de transición democrática

El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) pugnan por el poder en el país, que está inmerso en un proceso de transición democrática con el objetivo de poner fin a la crisis política desatada tras el golpe de Estado en octubre de 2021.

Las FAR han indicado que controlan el Palacio Presidencial de Sudán, donde reside el presidente del Consejo Soberano y líder militar, Abdelfatah al Burhan, pero este ha asegurado, en una entrevista con la cadena de televisión catarí Al Yazira, que “todo está bajo control”, a pesar de que continúan los combates entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares en la capital, Jartum, y otras zonas del país.

?? #Sudan – Golpe de Estado en Sudán: una decena de Helicópteros sobrevuelan la capital . El comunismo llegando a su fin. pic.twitter.com/uzwfeR2Z6g

— Patriota Furioso / Info War Chile ??? ® 6️⃣3️⃣% (@Info_War_Chile) April 15, 2023

¿Quién está al frente de Sudán tras el golpe de Estado?

Al Burhan ha dicho que el Ejército no ha perdido el control de ninguna de sus bases. Asimismo, ha instado a las FAR a “escuchar a la voz de la razón” y a que replieguen a sus unidades, o de lo contrario el Ejército se verá “obligado a traer fuerzas a Jartum desde varias regiones”, lo que supondría una nueva y peligrosa escalada en el conflicto.

“Nosotros no hemos empezado ninguna guerra. Fuimos sorprendidos sobre las 9 de la mañana por un ataque de las FAR”, ha dicho Al Burhan, quien ha indicado que las sucesivas acciones del Ejército contra los paramilitares fueron en respuesta a “la agresión”.

Las FAR, lideradas por el vicepresidente del Consejo Soberano y número dos del Ejército, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, han dicho, por su parte, que las hostilidades se han iniciado en respuesta al “ataque lanzado esta mañana por las Fuerzas Armadas” en el sur de Jartum.

“En esta delicada circunstancia en la historia de nuestra nación, las Fuerzas de Apoyo Rápido hacen un llamamiento a todos los ciudadanos para que las apoyen y continúen con sus esfuerzos para proteger los logros del país, y la gloriosa y victoriosa revolución de su pueblo”, ha indicado en la nota. También han llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas a que se posicionen “correctamente” y que rechacen ser “utilizados” por el Ejército.

El presidente del Consejo Soberano ha reconocido que las tensiones se elevaron a niveles máximos durante la noche del viernes, cuando hubo “escaramuzas” en la Ciudad Deportiva, en el sur de Jartum, donde las FAR “acosaron durante la noche” a las unidades del Ejército estacionadas allí.

El Ejército asegura que ya hay desertores en las filas de las FAR

Tras estos episodios, siempre según la versión de Al Burhan, los paramilitares atacaron varias sedes de las Fuerzas Armadas y “se infiltraron y entraron al aeropuerto”, donde “quemaron algunos aviones”, ha indicado, reiterando que todas las instalaciones estratégicas están bajo control de los militares.

El Sindicato de Médicos ha indicado que hay al menos 25 muertos y 183 heridos en todo el país, aunque no ha podido determinar si todos son civiles.

“Continúan los episodios de conspiración y agresión contra nuestro país por parte de las fuerzas rebeldes contra el Estado y la soberanía nacional, y vuestros hijos en las Fuerzas Armadas están luchando desde esta mañana la batalla de la verdad y la dignidad nacional, y han sacrificado su preciosa sangre por el bien de la dignidad nacional, y saldremos victoriosos, si Dios quiere”, ha señalado el ejército en un comunicado.

El Ejército también ha informado de que el comandante de las FAR en el estado del Nilo Blanco ha entregado “todas sus fuerzas, campamentos y equipo al comando del Ejército en el estado y anuncia que se unirá a la lucha” junto al Ejército, que sería oficialmente la primera unidad paramilitar que desierta de las filas de estas unidades.

? #ÚltimaHora: El aeropuerto de Jartum, en Sudán, ha sido tomado por fuerzas paramilitares, obligando a cerrar el aeropuerto. Las aerolíneas que se dirigían hacia él han dado la vuelta y los aviones que se preparaban para despegar han tenido que quedarse en tierra bajo la… pic.twitter.com/MNcap6oM02

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) April 15, 2023

No obstante, el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, ha dicho que no abandonarán las armas hasta que el Ejército se rinda.

De hecho, las FAR han tomado la base militar de Merowe, en el norte de Sudán, donde han obligado a “rendirse” a las tropas egipcias estacionadas allí para realizar ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas sudanesas. El Ejército egipcio, que no ha confirmado el estado de sus soldados en Sudán, ha indicado que se está coordinando con las autoridades competentes en el país para garantizar la seguridad de sus soldados.

En una entrevista, el líder de la milicia ha anunciado su intención de llevar al jefe de las Fuerzas Armadas, general Abdelfatah al Burhan, ante la Justicia.

Mientras, el Ejército ha dicho que no dialogará con las Fuerzas de Apoyo Rápido “antes de disolver y acabar con la milicia rebelde de Hemedti”. La Presidencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sudanesas ha calificado a Hemedti en otro comunicado como “delincuente prófugo”, mientras que ha publicado una imagen del líder de las FAR con la palabra “se busca” y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que informe sobre su paradero.

FAR, el grupo paramilitar más poderoso de Sudán

Ante estos graves acontecimientos, la Embajada de España en Sudán instó a todos los españoles a “permanecer en sus casas” y “evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos a noticias de autoridades locales y de esta Embajada”.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento al cese de la violencia y ha dicho que todo el personal de la UE en el país se encuentra a salvo.

?? | CONFLICTO EN SUDÁN: El avión del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU ha sido destruido en el aeropuerto de Jartum, la capital de Sudán. pic.twitter.com/gAeK6yfCeY

— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 15, 2023

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho desde Vietnam, donde se encuentra de visita, que aunque la situación en Sudán es “frágil”, todavía “hay una oportunidad real de luchar por una transición hacia un gobierno civil”.

También ha condenado los hechos el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien ha hecho un llamamiento “a los líderes de las FAR y las Fuerzas Armadas de Sudán para que cesen de inmediato las hostilidades, restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis actual”.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, quien ha lanzado “un ferviente llamamiento a todas las partes (…) para que cesen inmediatamente la destrucción del país, el pánico de la población y el derramamiento de sangre de inocentes en los últimos diez días del mes sagrado del Ramadán”.

Las FAR nacieron de las milicias Janjaweed, acusadas de cometer matanzas y violaciones masivas en el conflicto de Darfur (2003-2008) y tras el derrocamiento de Al Bashir, en abril de 2019, se reconvirtió en una fuerza militar regular.

El video viral que ridiculiza las medidas de Jair Bolsonaro

Claves de la crisis en Sudán

Tras el golpe de Estado en octubre de 2021, el líder militar Abdelfatah al Burhan -junto con Hemedti- depuso al gobierno civil de transición que dirigía el país tras la revolución sudanesa.

El pasado 8 de enero comenzó la fase final del proceso político entre los firmantes del “acuerdo marco”, alcanzado el pasado 5 de diciembre entre militares y civiles y que definía los pasos para establecer un gobierno civil que sustituya al actual militar.

Sin embargo, la firma del acuerdo político definitivo entre las diferentes partes involucradas en el proceso de transición de Sudán, que estaba prevista que fuera rubricada el 1 de abril, quedó pospuesta hasta en dos ocasiones por falta de consenso sobre la creación de un Ejército unificado con las FAR.

El principal problema para tal integración es que las FAR son un grupo con lealtades tribales -los combatientes proceden de la tribu riezigat, originaria de Chad, además de que durante los años de conflicto han amasado grandes fortunas con la toma por la fuerza de minas de oro, el principal recurso de Sudán.

Las desavenencias entre el Ejército sudanés y las FAR se remontan al año 2019, cuando estas últimas fueron acusadas de ser el brazo visible de la represión que acabó con la vida de cientos de manifestantes que acamparon frente a la sede del Ejército en protestas que propiciaron la caída de Al Bashir. La plataforma opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio pidió entonces su disolución y recordó que este grupo cometió crímenes contra la humanidad en Darfur.

La mujer es muy activa en redes sociales y subió varios videos instigando a las personas a participar del ataque. Además, se la pudo ver muy activa en el golpe del domingo.

El pasado domingo Brasil prendió sus alarmas luego de un intento de golpe de Estado por parte de al menos 1500 personas con afinidad política a Jair Bolsonaro. En el mismo tomaron el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de Brasilia. Aunque se sospechó que lo había financiado el ex mandatario del país vecino, este miércoles detuvieron a Ana Priscila Azevedo, presunta organizadora del episodio.

En una primera instancia comenzó a circular en las redes sociales la supuesta vida laboral de la mujer en el banco Bradesco, por lo cual su accesibilidad sería más fácil al atentado, pero la entidad lo desmintió y su ocupación quedó en la duda. Lo cierto es que Azevedo fue fue detenida por orden del Tribunal Supremo en el municipio de Luziania, en el céntrico estado de Goiás, y trasladada enseguida a Brasilia, luego de que se iniciara una investigación hacia ella.

Todo fue a raíz de videos e imágenes que se viralizaron en internet, en donde se la ve el día del ataque en distintos puntos de la ciudad, e incluso se la pudo observar en el campamento que se realizó cerca del cuartel general del Ejército, en donde se refugiaban los agresores mientras esperaban “luchar por el poder”, tras el triunfo de Lula Da Silva como nuevo presidente del país.

Videos: bolsonaristas tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto

“Vamos a colapsar el sistema. Vamos a tomar el poder por asalto, poder que nos pertenece”, expresó en un video en su cuenta de Twitter el día de la manifestación. Si bien circuló la hipótesis de que fuese una infiltrada de la parte política de izquierda, luego de una serie de mensajes emitidos en primera persona, se constató que no: “únanse a las caravanas llegadas de todo Brasil que harán caer a Babilonia”. Hasta el momento se desconoce la situación de la implicada, mientras que las autoridades continúan con la investigación en curso.

???????? CHORA PETISTA BOLIVARIANO! O CHORO É LIVRE! ESTAMOS INDO CONTRA VOCÊS EM NOME DO SENHOR DOS EXÉRCITOS! NÓS SOMOS A RESISTÊNCIA! A REVOLUÇÃO VERDE E AMARELO COMEÇOU! JÁ SÃO CINCO REFINARIAS FECHADAS E MILHARES DE ÔNIBUS CHEGANDO EM BRASÍLIA! É AÇO! ??❤️‍?? https://t.co/FESUXx1xf7

— ANA PRISCILA AZEVEDO (@ANAPRISCILAAZE3) January 7, 2023

Cabe destacar que mientras la justicia se hace cargo de detener, investigar y enjuiciar a los responsables del hecho, el guía de los agresores Jair Bolsonaro, estuvo internado cuatro días por un nuevo problema abdominal que mantiene desde el 2018 luego de que la puñalada que le otorgo un manifestante. Si bien el ex presidente se encuentra en Orlando y tenía pensado estar allá hasta fin de mes, afirmó que adelantará su regreso por dichos motivos.

No obstante a que parecía haber terminado dicha violencia, las autoridades locales detectaron que a través de las agrupaciones estaban organizando un nuevo intento de golpe de Estado hoy a las 18 horas en distintos puntos del país. Por este motivo reforzaron las medidas de seguridad, duplicaron a los agentes que están en la calle y dieron el okey para que actúen las fuerzas armadas en caso de ser necesario.

Lula decretó la intervención de Brasilia y destituyó al secretario de Seguridad

La investigación de la justicia sobre empresarios

La otra arista de la investigación incluye a poner en la mira a empresarios y amigos o allegados políticos, como financistas del intento golpista.

Ya suman 727 personas las detenidas por su presunta participación en los intentos por derrocar a Inácio Lula da Silva de la presidencia.

Entretanto, el ministro de Justicia, Flávio Dino, informó este lunes que ya identificaron a 10 de los 27 Estados brasileños, donde podría haber eventuales financiadores.

También aparece muy vinculado un empresario que mantiene estrecha relación con la diputada Carla Zambelli, amiga de Kair Bolsonaro. Este hombre de negocios sería uno de los responsables de haber poblado la capital brasileña con autobuses donde viajaron las personas afines al bolsonarismo.

Mientras tanto, se busca investigar a varios congresistas federales y regionales, responsables de “incitar” el golpe.

Su internación se produce en menos de 24 horas después del ataque de sus seguidores a edificios de Brasilia.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ingresó en un hospital de Florida por un fuerte dolor abdominal, informa O Globo.

Según explica en su blog el periodista Lauro Jardim, Bolsonaro ha sido internado en el hospital AdventHealth Celebration.

Videos: bolsonaristas tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto

Desde la cirugía a la que se sometió tras ser apuñalado en 2018 durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais, el exmandatario ha sido hospitalizado en varias ocasiones.

Su hospitalización se produce un días después de que miles de bolsonaristas radicales indignados con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder perpetraran el mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura en Brasil.

Varias horas después de los ataques en Brasilia por parte de sus seguidores, el ex presidente Jair Bolsonaro se manifestó a través de las redes sociales 

Mientras sus partidarios asaltaban el Congreso, el Palacio de Gobierno y el Tribunal Supremo en Brasilia, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha aguardado varias horas antes de pronunciarse. Lo ha hecho a través de varios tuits, desde Orlando (Florida), donde se encuentra: “Las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, ha afirmado el ultraderechista, que se refiere a las protestas populares en la recta final del Gobierno de Dilma Rousseff y tras su destitución, cuando manifestantes se pasearon por el tejado del Congreso.

– Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra.

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

“A lo largo de mi mandato, siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”, ha escrito en un segundo tuit. “Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuye el actual jefe del poder ejecutivo de Brasil”, ha añadido en un tercero, que cierra el hilo, y con el que sale al paso de las palabras del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que le ha responsabilizado del asalto.

Videos: bolsonaristas tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto

En esta última semana se han difundido imágenes del exmandatario saludando a sus seguidores y también una fotografía suya comiendo pollo frito en un restaurante de KFC en Orlando (Florida) a donde viajó el 30 de diciembre sin dar muchas explicaciones. Bolsonaro llegó al aeropuerto Signature Flight Support de Orlando a bordo del avión presidencial y fue trasladado, escoltado por su servicio de seguridad, a una mansión del exluchador de artes marciales mixtas brasileño José Aldo da Silva, en la que se ha estado alojando.

Con el viaje a Estados Unidos en los últimos días de su presidencia, Bolsonaro evitaba el trago de imponer la banda presidencial y hacer el traspaso solemne del poder a su sucesor y rival, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro está sujeto a varias investigaciones sobre su gestión, por lo que se ha especulado con que su salida del país busque esquivarlas.

Jair Bolsonaro no participará de la asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil

El expresidente se negó a reconocer expresamente la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas de hace algo más de dos meses. Después de sentar dudas sobre la limpieza del proceso antes del día de las elecciones, guardó silencio tras el 30 de octubre, cuando cayó derrotado en la segunda vuelta de las presidenciales. Lo rompió para pedir a sus seguidores disconformes con el resultado electoral que despejasen las carreteras que mantenían bloqueadas, luego para advertir que las Fuerzas Armadas eran “el último obstáculo contra el terrorismo” y finalmente, antes de partir hacia Estados Unidos, se despidió entre lágrimas con un mensaje desde el Palacio de Alvorada.

¿Y Bolsonaro @jairbolsonaro? Dejó a Brasil hecho mierda con su fascismo y su locura y se fue a Orlando – EEUU a comer pollo frito en KFC. Relajado. Así es la ultraderecha pic.twitter.com/L5oTh3Ee66

— Lucía Eugenia Córdova (@luciaeugenia) January 3, 2023

Antes del asalto de este domingo, Bolsonaro condenó los actos violentos, pero al tiempo calificó de “patriotas” a sus seguidores disconformes, el mismo adjetivo que ha usado reiteradamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a los que asaltaron el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.

En los últimos días, ha escrito diferentes mensajes tanto en Twitter como en Telegram para glosar los supuestos logros de su mandato. Por ejemplo, la revalorización del real brasileño frente al dólar en 2022 o el aumento de las inversiones en infraestructuras.

Lula decretó la intervención de Brasilia y destituyó al secretario de Seguridad

CONGRESISTA ESTADOUNIDENSE PIDE QUE SE DE DAR REFUGIO A BOLSONARO

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha vinculado este domingo el asalto en Brasilia al ocurrido en Estados Unidos hace dos años, cuando partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de Washington. “Casi dos años después del día en que el Capitolio de los Estados Unidos fue atacado por fascistas, vemos movimientos fascistas en el extranjero que intentan hacer lo mismo en Brasil. Debemos solidarizarnos con el gobierno elegido democráticamente de Lula. Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, ha escrito en su cuenta de Twitter. En realidad, Bolsonaro no tiene estatus de refugiado en Estados Unidos.

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.

We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. ??

The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó sobre el intento de golpe de Estado en Brasil y afirmó que la voluntad del pueblo no debe ser socavada

“Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia de poder pacífica en Brasil”, indicó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Agregó que las instituciones democráticas de Brasil tienen el “apoyo total” de Estados Unidos

Videos: bolsonaristas tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto

“Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia de poder pacífica en Brasil”, indicó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Agregó que las instituciones democráticas de Brasil tienen el “apoyo total” de Estados Unidos

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial.

— President Biden (@POTUS) January 8, 2023

Preguntado por los periodistas que lo acompañaban durante una visita a El Paso (Texas, EE UU) sobre la situación en Brasil, Biden calificó de “escandaloso” lo ocurrido en el país suramericano, donde seguidores radicales del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema.

La comunidad internacional reacciona ante el atentado a la democracia en Brasil

El asalto finalmente ha sido repelido por las fuerzas de seguridad brasileñas.

Anteriormente, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Antony Blinken, se habían pronunciado para manifestar el respaldo de EE UU a las instituciones democráticas de Brasil y condenar la violencia.

El episodio vivido este domingo en Brasilia recordó el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien guarda una relación de amistad con Bolsonaro.

El exmandatario brasileño se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta.

Manifestantes bolsonaristas irrumpieron en el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto en Brasilia. Tienen el objetivo declarado de derrocar a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Los acontecimientos en Brasilia, donde una multitud de bolsonaristas ha irrumpido este domingo en las principales sedes de poder, originando disturbios y enfrentamientos con la Policía, ha dado pie a las primeras reacciones de líderes internacionales.

“Ecuador condena los acontecimientos contra la institucionalidad en Brasil y reitera su apoyo irrestricto a la democracia y al Gobierno legítimamente electo”, comentó la Cancillería del país en su cuenta de Twitter.

Videos: miles de bolsonaristas tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su solidaridad al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo brasileño.

“El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática [Interamericana]”, enfatizó el mandatario.

Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.

Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.

Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard manifestó “el pleno respaldo de México al Gobierno del presidente Lula, electo por voluntad popular”.

Hallaron más explosivos en Brasilia a una semana de la toma de mandato de Lula da Silva

“Rechazamos cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado en ese pueblo hermano”, expresó.

Desde Argentina, el canciller de la nación, Santiago Cafiero, también expresó su rechazo. “Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con Lula y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña”, declaró.

El presidente Alberto Fernández expresó su repudio al intento de golpe de Estado en Brasil, y manifestó su apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular.

— Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

Mientras, el mandatario chileno Gabriel Boric condenó el “impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas”.

“El Gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia”, añadió.

Chile rechaza la inaceptable acción antidemocrática que agrede a los tres poderes del Estado de Brasil. Estamos impulsando con otros países la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para respaldar la democracia y el Estado de derecho en Brasil. https://t.co/XfQs79aEYH

— Antonia Urrejola (@UrrejolaRREE) January 8, 2023

Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró su apoyo “al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño”.

“Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática”, comentó.

Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño.

Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2023

Bolsonaristas radicales consiguieron romper los cordones de seguridad alrededor del Congreso Nacional de Brasil e irrumpir en el edificio del órgano legislativo. En la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, se produjeron enfrentamientos de manifestantes con la Policía, que trató de dispersar a la multitud con gas pimienta.

? Bolsonaristas se toman el Congreso ahora en Brasilia pic.twitter.com/37vTNpTGTI

— El Trumpista ✪ (@ElTrumpista) January 8, 2023

Los congregados protestaban contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero. Algunos de ellos hacían referencia a un extracto de la Constitución del país, que señala que “todo el poder emana del pueblo”. Los medios locales informan que el actual mandatario ha sido evacuado a un lugar seguro, lejos del centro de la capital.

“PLENO APOYO”

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también ha expresado este domingo su “absoluta condena” por el “asalto a las instituciones democráticas” de Brasil, con un mensaje en el que ha querido dar en nombre del bloque el “pleno apoyo” al actual presidente del gigante sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva.

My absolute condemnation of the assault on the democratic institutions of Brazil.

Full support for President @LulaOficial Da Silva, democratically elected by millions of Brazilians through fair and free elections.

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 8, 2023

Michel, por su parte, ha recordado que Lula fue elegido “democráticamente”, en unas elecciones que fueron “justas y libres”, en contra de lo que ha defendido durante estos meses el exmandatario Jair Bolsonaro.

También en primera instancia, y como recoge EP, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Douglas Koneff, ha condenado “contundentemente” los hechos. “La violencia no tiene cabida en ninguna democracia. Condenamos contundentemente los ataques a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, que son también un ataque a la democracia”, ha apuntado Koneff.

We condemn the attacks on Brazil's Presidency, Congress, and Supreme Court today. Using violence to attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial in urging an immediate end to these actions.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2023

“Condenamos los ataques contra la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo”, ha reforzado minutos después el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que ha reclamado en redes sociales el fin “inmediato” de estas movilizaciones protagonizadas por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro.

ABSURDA A SITUACAO PROVOCADA POR ESTES CRIMINOSOS BOLSONARISTAS.pic.twitter.com/HHkqKL6C20

— ISUPERIO (@isuperio) January 8, 2023

? #AHORA | Patrullero de la policía de Brasil en favor de las manifestaciones de los bolsonaristas. pic.twitter.com/CBUgul005j

— Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) January 8, 2023

Bolsonaristas asaltan violentamente el parlamento y el edificio de presidencia (Palacio do Planalto). El trumpismo no sabe perder y sus ataques a la democracia no tienen limites. Recordemos que Bolsonaro huyó casualmente a EEUU hace apenas unos días. pic.twitter.com/28jNG2d0oC

— Dina Bousselham (@DinaBousselham) January 8, 2023

Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones y será sucedido en el poder por su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le tomará juramento en las próximas horas.

El Congreso peruano destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.

Pedro Castillo disolvió el Congreso y decretó toque de queda en Perú

La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.

Boluarte, una abogada de 60 años, se convertirá en la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república independiente. Bilingüe en español y quechua, fue elegida vicepresidenta en la boleta que llevó al poder a Castillo el 28 de julio de 2021.

Poco antes Boluarte había rechazado en su cuenta de Twitter la decisión del mandatario porque “agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

Condenan a diez años de prisión a Jeanine Áñez por el golpe contra Evo Morales

En un mensaje por la televisión pública Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

Pero rápidamente perdió el respaldo de varios integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército Walter Córdova y cuatro ministros, incluidos el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.

El presidente del Congreso, José Williams, canta el himno nacional junto a otros legisladores dentro del Congreso después de que el presidente peruano Pedro Castillo disolviera el hemiciclo el día en que tenían previsto votar por la destitución del presidente en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Castillo también llamó a nuevas elecciones legislativas, antes de que los legisladores pudieran debatir el tercer intento de removerlo del cargo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, publicó Landa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

En tanto, la Defensoría del Pueblo sostuvo en un comunicado que luego de varios años de democracia Perú se enfrentaba a un quiebre constitucional “que no tiene otra denominación que un golpe de Estado”. El organismo demandó la renuncia de Castillo y su puesta a disposición de la justicia por incumplimiento de la constitución “al haberse arrogado el poder que sólo pertenece al pueblo”.

“El señor Castillo debe recordar que no sólo fue elegido como presidente de la república si no que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Los actos de Castillo desconocen la voluntad del pueblo y son nulos”, indicó la Defensoría.

Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda a partir de las 22 hora local (0300 GMT) y hasta las 4 de la mañana (0900 GMT). A su vez exigió la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

“Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, publicó en Twitter Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú.

Esta es la segunda vez en tres años que un gobierno cierra el Congreso. En 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres mandatarios en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.

La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.

Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.

En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos.

Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.

Un total de 25 personas fueron arrestadas bajo la sospecha de ser miembros o simpatizantes de una organización terrorista que planeaba realizar un golpe de Estado en Alemania, informó este miércoles la Fiscalía General del país.

Los conspiradores planeaban realizar un asalto armado contra el Bundestag y formar un Gobierno interino que iniciara negociaciones con los vencedores en la Segunda Guerra Mundial.

Condenan a diez años de prisión a Jeanine Áñez por el golpe contra Evo Morales

Desde la institución precisaron que el operativo a gran escala se efectuó en once estados federales, mientras que hay un total de 52 sospechosos vinculados con la organización radical Movimiento Ciudadanos del Reich. Los arrestos no se llevaron a cabo solo en territorio alemán, sino también en Austria e Italia.

Entre los detenidos se encuentra una ciudadana rusa Vitalia B a la que le imputan el cargo de ayudar al grupo delictivo y a su líder Heinrich XIII P.R. a ponerse en contacto con algunos representantes rusos. “Sin embargo, según las investigaciones realizadas hasta el momento, no hay indicios de que las personas contactadas hayan reaccionado positivamente a la petición”, indicaron desde la Fiscalía.

Pedro Castillo disolvió el Congreso y decretó toque de queda en Perú

Aparte de Heinrich XIII P.R., de 71 años, perteneciente a la nobleza menor alemana, el grupo estaba encabezado por otro hombre identificado como Rudiger V. P., un exparacaidista de 69 años, según la revista alemana Der Spiegel.

Asimismo, en la lista de arrestados hay un antiguo miembro del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) en el Bundestag y exoficiales de las fuerzas especiales del Ejército alemán (la Bundeswehr). Según el canal ZDF, la política en cuestión es Birgit Malsack-Winkemann que ahora trabaja como jueza en Berlín.

¿QUÉ PLANEABAN LOS CONSPIRADORES?

Las autoridades alemanas sostienen que la organización terrorista, basada en la ideología de los Ciudadanos del Reich, fue creada a fines de noviembre de 2021. Desde entonces, el grupo se reunía en secreto para discutir los detalles del plan y el establecimiento de estructuras de poder propias. Además, se planeaba asesinar a funcionarios, realizar un asalto armado contra el Bundestag, perpetrar un golpe de Estado y formar un Gobierno interino.

En octubre de 2022, el brazo militar de la organización exploró cuarteles de la Bundeswehr en los estados de Hesse, Baden-Wurttemberg y Baviera para analizar si eran aptos para un eventual despliegue de sus propias fuerzas tras el golpe. Este miércoles, en una rueda de prensa, el fiscal general del país, Peter Frank, aseguró que los sospechosos tenían planeado crear sus propias Fuerzas Armadas.

Aparte de las ideas de los Ciudadanos del Reich, los simpatizantes del grupo también adhieren a la teoría de conspiración QAnon (extendida entre algunos partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump). En base a esta ideología, creen que Alemania está gobernada por miembros del llamado ‘estado profundo’, y la liberación del país puede conseguirse con la intervención de los servicios especiales de diferentes países, incluidos EE.UU. y Rusia.

Según los planes de los conspiradores, el Gobierno interino debería iniciar negociaciones con las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, con un papel clave de Rusia en las negociaciones, sobre el nuevo orden estatal en Alemania.

RESPUESTA DE RUSIA

Desde la Embajada de Rusia en Berlín informan que hasta el momento no han recibido la notificación sobre la detención de la ciudadana rusa mencionada en el caso.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, descartó cualquier vínculo de Moscú con la situación. “Se trata, más bien, de problemas internos de Alemania, ellos mismos dicen que no refiere a una injerencia rusa. Nos enteramos por los medios de comunicación. No tenemos nada que decir al respecto”, afirmó el vocero.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II” en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

El Gobierno de Bolivia aseguró que la condena “es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado”.

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Piden 15 años de prisión para Jeanine Áñez por el golpe de estado en Bolivia

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.

En este caso, denominado Golpe de Estado II, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

”En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló Áñez.

El tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

La ONU confirmó que la expresidenta boliviana Jeanine Áñez se autolesionó

Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”.

Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.

La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019.

”Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó.

Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, irrespetando hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”.

La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Las cuatro partes acusadoras, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez- habían coincidido en un pedido de 15 años de prisión.

Cuando la sentencia todavía era una incógnita, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de “arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional” el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.

En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que “preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”.

“La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señalan.

Por ello y por “el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional”, los exgobernantes consideran que los “testigos y facilitadores” de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

El documento está firmado, entre otros, por el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

El embajador argentino Ariel Basteiro informó sobre el hallazgo del gobierno boliviano que se suma a  las 26.900 enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.

El Gobierno de Bolivia informó este lunes el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales, en un hecho que es investigado por la justicia argentina como presunto contrabando.

Frederic afirmó que Gendarmería habría enviado “70.000 municiones” a Bolivia

El hallazgo fue confirmado por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien detalló que se trata de 40 mil municiones que estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana, que se suman a las 26.900 halladas el año pasado en manos de la policía de ese país, de un total de 70 mil enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.

Marcos Peña y otros exfuncionarios imputados por contrabando de armas a Bolivia

“Esto confirma la totalidad de la prueba del delito”, expresó Basteiro, en diálogo con el El Destape Radio.

En declaraciones a Télam, el embajador consideró que estas 40 mil municiones halladas “refuerzan la denuncia por contrabando” e incluso se suman a “otros elementos que siguen reconfirmando” la comisión de ese delito.

Por ejemplo, mencionó “reuniones de la Embajada argentina (en tiempos de Cambiemos) con otras embajadas en las que se hablaba de preparar el terreno para que se avanzara en un golpe” contra Morales.

De igual manera, fuentes judiciales consideraron que se trata de un “avance significativo para la investigación judicial” y remarcaron que, aunque la respuesta no es completa, despeja interrogantes que existían sobre el destino de los pertrechos.

El Gobierno boliviano de Luis Arce halló las balas antitumulto que se entregaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 y que habían sido distribuidas “en diferentes cuarteles y organismos” de la FAB.

El hallazgo de las municiones es parte de un exhorto que la justicia de Bolivia envió a la Argentina.

El documento consta de una serie de informes que da cuenta de que el entonces Gobierno de facto de Jeanine Áñez -tras la expulsión de Morales de la Presidencia boliviana- recibió el material armamentístico enviado de forma irregular por la gestión macrista.

En Argentina, el juez Alejandro Catania busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

En Bolivia, además, se investiga si las municiones enviadas por el gobierno de Mauricio Macri se emplearon en la represión de las manifestaciones populares que se produjeron en las calles de ese país en contra del golpe asestado a la administración de Morales.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.

Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.

El juicio penal contra la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se reanudó este lunes, pese a pedidos de su defensa para suspender el proceso, y la Fiscalía anunció que decidió pedir 15 años de cárcel para ella por el golpe de estado en 2019 contra su antecesor, Evo Morales.

Un juzgado anticorrupción de La Paz retomó la audiencia, a la que asiste por videoconferencia la exmandataria de 54 años desde un penal de mujeres, donde está recluida desde marzo de 2021, según la agencia de noticias AFP.

La defensa de la expresidenta había solicitado la suspensión del juicio.

Postergaron una semana la apertura del juicio a Jeanine Áñez

Los abogados argumentaban que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debía responder al recurso presentado por Áñez en el que solicitaba se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Los abogados argumentaron que el TCP no se pronunció sobre ese pedido y, por ende, el juicio podría no retomarse hasta que haya una decisión.

Con esta solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio.

El juicio se había suspendido a principios de mayo, cuando los abogados de la expresidenta presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.

Áñez había presentado un recurso de queja ante el TCP, “conforme a procedimiento constitucional, ante la omisión deliberada del Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre el fondo de ilegalidad del juicio contra la ex Presidenta”, según la cuenta de Twitter que maneja la hija de la exmandataria.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en conferencia de prensa que se solicitará una condena de 15 años de prisión, aunque Áñez alega que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como expresidenta.

La fiscalía “ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada, donde el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Añez”, sostuvo Lanchipa.

La también exsenadora enfrenta varios juicios simultáneos, entre ellos los denominados “caso Golpe de Estado I” y “caso Golpe de Estado II”. El caso I es por sus actos como presidenta y el II por sus actos como senadora. El primero está detenido en el parlamento.

Morales fue obligado a renunciar ante una ola de protestas después de las elecciones de 2019, en las que buscó un cuarto mandato, mientras la oposición denunció que había hecho fraude.

Áñez asumió la Presidencia tras la renuncia de Morales, del vicepresidente Álvaro García y de la presidenta del Senado, su primer vicepresidente y del titular de la Cámara Diputados, que estaban en el orden de sucesión presidencial.

Lanchipa dijo también que su dependencia desconoce la “queja constitucional” de Áñez.

Aun así, consideró que se trata de un recurso que no tiene efecto suspensivo sobre el juicio.

Si el juicio continúa, la Fiscalía como parte acusadora presentará los alegatos, luego seguirán los acusadores como el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, y después le tocará a la defensa de la acusada para que pueda cerrar la fase de alegatos.

Concluido este procedimiento, el Tribunal de Sentencia deliberará y dictará la sentencia correspondiente.

En la acusación presentada por el Ministerio Publico se presentaron más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales acusando a la exmandataria que hubiese adecuado su conducta a los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

El abogado de la exmandataria, Luis Guillen, denunció que, pese a no contar con una respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de queja, se pretende dictar sentencia cuando “mientras el Tribunal Constitucional no emita su última palabra no se debería reinstalar el juicio”.

Jeanine Áñez escribió en la pared de su celda un mensaje cuestionando a la Justicia

“Sin embargo, lo harán de forma prevaricadora; estamos solicitando el saneamiento procesal y esperemos que el Tribunal acate la norma. Vamos a asistir a la audiencia, pero eso no quiere decir que avalemos estas irregularidades”, indicó el abogado, según la radio local Fides.

El Ejército ucranio no escuchó la petición del presidente ruso de deponer las armas, y ahora Vladímir Putin les pide que den un golpe de Estado.

La Unión Europea congelará los activos de Putin

“Tomen el poder en sus manos. Para nosotros será más fácil llegar a un acuerdo con ustedes que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que ocuparon Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano”, dijo el mandatario con la vista fija en la cámara durante una reunión de su Consejo de Seguridad, donde escuchó las últimas novedades del frente. En el segundo día de la invasión de Ucrania, las tropas rusas ya han llegado a Kiev, pero el Ejército ucranio se resiste a rendirse.

La OTAN define los planes para responder a la invasión rusa a Ucrania

“Hago una vez más un llamamiento al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No permitan que los neonazis y los Banderivtsi usen a sus hijos, esposas y mayores como escudos humanos”, afirmó Putin en referencia a Stepan Bandera, uno de los líderes de los nacionalistas ucranios que colaboraron con el Eje en la Segunda Guerra Mundial.

Según el discurso del Kremlin, los extremistas ucranios controlan el poder del país, aunque la realidad es que en las elecciones de 2019 el partido de ultraderecha Svoboda, uno de los grandes protagonistas de las protestas del Maidan, apenas superó el 2,1% de los votos.

El Gobierno ucranio propuso al ruso negociar su estatus de neutralidad a cambio de la paz. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, confirmó que el mandatario está dispuesto a hablar con las autoridades ucranias en Minsk, la capital de Bielorrusia, pero ello no significa una tregua. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova, “las acciones que fueron ordenadas por el presidente al inicio de las operaciones especiales no han sido anuladas, son relevantes”.

Horas antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había subrayado durante una rueda de prensa que Zelenski “ya perdió su oportunidad” y que las negociaciones solo se retomarían “después de la restauración del orden democrático”.

El portavoz del presidente ruso insinuó además que la idea de negociar en Bielorrusia bajo la mediación del régimen de Aleksandr Lukashenko podría acabar en agua de borrajas. “Después de una pausa, los ucranios reconsideraron ir a Varsovia, y después desconectaron de nuevo por completo”, afirmó Peskov, que acusó al Gobierno de Zelenski de utilizar la negociación para defenderse: “Esta pausa ha ido acompañada de que los elementos nacionalistas están desplegando lanzacohetes múltiples en áreas residenciales, incluso en Kiev”.

El propio Putin ahondó en esta idea durante el Consejo de Seguridad para asegurar que si hay más víctimas civiles en las ciudades, será culpa de los ucranios. “Planean devolver el fuego de los sistemas de ataque rusos desde áreas residenciales. Actúan igual que los terroristas en el resto del mundo, se esconden detrás de la gente con la esperanza de culpar luego a Rusia de las víctimas civiles”, dijo el mandatario, y acusó de estar detrás de ello a los consultores extranjeros, “especialmente estadounidenses”.

Las afirmaciones de las autoridades rusas provocan algunas dudas sobre las acciones militares. La prensa recoge por fuentes del Ministerio de Defensa que “ningún cohete cayó sobre Kiev”, aunque horas antes el alcalde de la capital, Vitali Klichkó, mostró una foto de un edificio residencial destruido; y aún no se ha informado de ninguna baja militar rusa, pese a las imágenes de cadáveres en algunos combates. Asimismo, el único avión perdido se debió, según Moscú, a “un error humano”.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, afirmó este viernes que, según los datos que maneja Londres, Rusia habría perdido unos 450 militares en dos días de ofensiva. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso ironizó con que los juicios del alto cargo británico sobre la eficacia de la operación rusa “no son más profundos que su conocimiento histórico de la batalla de Balaclava (Crimea, 1854)”, donde participó el Reino Unido, y aseguró que solo era una justificación por “los millones de libras gastados ineptamente en entrenar a las tropas ucranias”. Sin embargo, dos días después, la guerra continúa.

Una serie de documentos secretos publicados este domingo revelan un compromiso del expresidente argentino, Mauricio Macri, de implicar a las Fuerzas Armadas argentinas en una posible intervención militar patrocinada por Estados Unidos contra Venezuela.

Procurador de Bolivia denuncia que Macri colaboró con el golpe contra Evo Morales

Los documentos son de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Argentina y en ellos se contempla el envío de militares argentinos que estarían al servicio de las Fuerzas Armadas estadounidenses, informa el portal argentino de noticias Cohete.

Revelan audios de Michetti pidiendo a Laura Alonso que no investigue a un “amigo”

El plan de invasión que se realizaría a través de tres corredores: Marítimo del Mar de Argos, frente norte del mar Caribe; el corredor Por la frontera Febo, que correspondería a una incursión terrestre desde Colombia, y el tercero el corredor Por la frontera de Ceres, un ataque desde Brasil.

El plan se concretó en unas maniobras entre abril y julio de 2019 denominadas ejercicio Puma que estuvieron bajo el mando del general Juan Martín Paleo, quien ahora es jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas.

Por fechas, el ejercicio coincidió con el reconocimiento por Estados Unidos y Argentina del líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y con el alzamiento militar denominado Operación Libertad lanzado el 30 de abril.

Los militares sublevados rescataron del arresto domiciliario al político opositor Leopoldo López y lo condujeron a una base militar donde esperaron a pronunciamientos de otras unidades.

Cabe recordar que el 23 de enero de ese año, Juan Guaidó se autoproclamó como “presidente encargado” de Venezuela y fue reconocido por Washington y algunos gobiernos de la región, entre ellos el de Macri en Argentina.

En febrero, el intento de ingresar ‘ayuda humanitaria’ desde Colombia culminó con la quema de un camión; una acción sobre la que responsabilizaron a la administración de Maduro y luego se comprobó que fueron los propios opositores.

Ya en abril, se produjo la denominada ‘Operación Libertad’, un intento de golpe de Estado que lideró Guaidó junto al opositor Leopoldo López, que ese día abandonó su arresto domiciliario, una acción que fue celebrada por el jefe de Estado argentino.

Esperamos que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia. Que la larga angustia que llevó al sufrimiento y al miedo a los venezolanos llegue a su fin y comience un período de libertad, sensatez y crecimiento. No será fácil, como bien sabemos los argentinos

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 30, 2019

“Esperamos que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia. Que la larga angustia que llevó al sufrimiento y al miedo a los venezolanos llegue a su fin y comience un período de libertad, sensatez y crecimiento”, escribió entonces el mandatario argentino en su cuenta en Twitter.

Según explica El Cohete a la Luna, los ejercicios Puma del Ejército argentino se ejecutaron en siete sesiones e incluyó coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea. Al mando de estas prácticas estuvo el general Juan Martín Paleo, quien entonces era comandante de la fuerza de despliegue rápido y desde marzo de 2020 es jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esos ejercicios Puma, se le da el nombre de ‘Patagonia del Sur’ a Suramérica, Venezuela es ‘Vulcano’ y sus autoridades enfrentadas son NM y JG, es decir, las iniciales de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, respectivamente.

En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ejército argentino realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela.

Había 3 corredores: uno marítimo, otro por la frontera colombiana en Cúcuta y otro por la brasileña en Roraima.

Nota de @elcoheteluna https://t.co/tbFGbTlrom pic.twitter.com/mKhHElopm9

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 13, 2022

También se bautiza a Colombia, en la frontera oeste de Venezuela, como ‘Ceres’; a Guyana y Surinam, al suroeste del territorio venezolano, como ‘Tellus’; a Brasil como ‘Febo’; Perú y Ecuador como ‘Fauno’; Chile como ‘Juno’; Argentina como ‘Ares’; y Uruguay como ‘Baco’.

La descripción que hace Paleo sobre Venezuela o ‘Vulcano’, para justificar los ejercicios militares y la posible invasión, es que en ese país se presenta “el caso de mayor conmoción interna en la región”.

“El Gobierno ha recurrido a su política exterior con la clara intención de buscar el apoyo de actores extra-regionales para mantenerse en el poder. Esta conducta de desoír los reclamos internos y de los principales organismos internacionales, ha provocado un fuerte rechazo y su consecuencia fue la aplicación de diferentes sanciones”, añade.

También dice que la situación interna de ‘Vulcano’ “se enmarca en una falta de entidad representativa de su doble gobierno (NM y JG) y en una crisis humanitaria sin precedentes debido a la desorganización política y a la falta de servicios y necesidades básicas como suministro eléctrico, alimentos, agua y medicamentos”; y que “existe una ruptura de la disciplina en las Fuerzas Armadas y de seguridad” a causa de profundas diferencias entre los que apoyan al Gobierno y los que no.

Salen a la luz insumos probatorios sobre los planes de Macri para contribuir en la invasión militar a #Venezuela en 2019, usando el ejército argentino al servicio de EEUU.

Imperdible y reveladora investigación de @elcohetealaluna: ??https://t.co/KezKniIUkE pic.twitter.com/pr1kVnPE59

— ✽ Orlenys ?? (@OrlenysOV) February 13, 2022

Paleo hace mención de una resolución de la Organización de las Naciones unidas (ONU), la N° 1918/19, sobre una “fuerza multinacional provisional de estabilización” en Venezuela, a la que se denominó como MINUSVU.

Al respecto, dijo que “el presidente de Ares”, es decir Macri, con la autorización del Congreso Nacional, “decidió responder al pedido de la ONU (decreto N° 2005/19- Tropas para participar de MINUSVU) para la integración de una fuerza multinacional provisional juntamente con otros países de Patagonia Sur (Febo y Juno)”.

El objetivo de esa fuerza multinacional, y por ello, los ejercicios militares, era “afianzar la soberanía e integridad de Vulcano, detener todas las violaciones a los derechos humanos y colaborar con un amplio consenso político para lograr una transición del Gobierno segura y duradera”.

La misión de la fuerza comandada por Paleo sería brindar seguridad a la operación en Venezuela, garantizando los corredores de ayuda humanitaria. A Argentina le correspondería el que se haría por la frontera con Ceres, es decir Colombia.