En un hecho sin precedentes en el departamento General López, se llevó a cabo la demolición total de dos direcciones en barrio Villa Moisés de Venado Tuerto, identificados catastralmente en la calle Pavón 1880 y Pavón 1880 -vereda impar-.

La medida fue impulsada por la justicia provincial, en un esfuerzo por erradicar focos de actividad delictiva y devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona.

La decisión de demoler los inmuebles se tomó tras una audiencia que comenzó alrededor de las 13.30 y se extendió hasta las 15.15 en Venado Tuerto, de la cual participaron el encargado de la Unidad Fiscal de Microtráfico dependiente de la Fiscalía General del MPA, quien asistió vía zoom, autoridades municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Unidad Regional VIII.

La solicitud estuvo a cago del fiscal Iván Raposo quien fundamentó que se trataba de dos inmuebles construidos en territorios fiscales con un largo historial de hechos delictivos.

Desde el año 2019, ambos domicilios habían sido allanados de manera frecuente “con resultados positivos en el secuestro de estupefacientes, tanto por la justicia provincial como federal”, detalló el fiscal Raposo.

Los allanamientos recientes también habían arrojado detenciones (cinco personas que quedaron con prisión preventiva) y el secuestro de gran cantidad de material estupefaciente, elementos de corte, dinero en efectivo, una máquina de contar billetes y un arma de fuego.

A raíz de este caso, “decidí llevar adelante esta audiencia y pedir por primera vez en el departamento General López esta medida de demolición total de esos dos inmuebles. Pedido que se basó primeramente en que se trataban de dos inmuebles ubicados en territorios fiscales”, mencionó el funcionario del MPA. La solicitud de Raposo fue habilitada por el juez Mauricio Clavero.

Además de la actividad criminal, Raposo relató que la situación generaba “intranquilidad en los vecinos residentes de Villa Moisés” y frecuentemente llamaban al 911 reportando incidencias de balaceras u otro tipo de violencia.

La medida de demolición busca erradicar esa situación y brindar seguridad y tranquilidad al barrio, especialmente a los vecinos de las calles Pavón y Marenghini.

“La demolición se llevó adelante alrededor de las 16 con la presencia de personal de la municipalidad, el intendente, el delegado del Ministerio de Seguridad, representantes del Poder Legislativo y las fuerzas policiales”, detalló.

El objetivo final es reutilizar esos terrenos para otros fines públicos o usos que no afecten la salud pública ni generen inseguridad o intranquilidad a los vecinos.

Este proceso marca un primer antecedente de este tipo de cese de actividad en el departamento General López en el marco de la nueva reforma del Código Penal.

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.

Durante la noche del martes una llamada de emergencia alertó a la policía sobre la presencia de personas en los techos de una propiedad ubicada en 3 de Febrero al 3500, en el barrio Sur de Santa Fe.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron indicios de daños y observaron a un hombre huyendo por los techos.

De inmediato se solicitó apoyo a través de la frecuencia policial lo que motivó que agentes del Comando Radioeléctrico se unieran a la operación y, tras una breve persecución, lograron aprehender al individuo en Gral López al 3500, en inmediaciones de un supermercado.

El sospechoso fue detenido y trasladado a la comisaría donde quedó a disposición del fiscal en turno.

Por su parte la policía continúa investigando los daños causados en la propiedad y si el involucrado tiene relación con otros incidentes similares en la zona.

Una serie de acontecimientos registrados a lo largo de los últimos días, motivó este miércoles un extenso comunicado por parte del gobierno de la localidad de Carmen, en el departamento General López. Particularmente, el destrozo, robo e intromisión en ciertos lugares hizo que el malestar de muchos vecinos se haga visible con el correr de las horas y el propio presidente comunal deba expresarse al respecto.

El jefe político, Walter Czelada, dijo que está dispuesto a solicitar a las autoridades que correspondan la “expulsión del territorio local a las personas mayores o menores que representan una amenaza para la seguridad pública”, resaltando que según la Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, el presidente comunal tiene facultad de Policía para mantener el orden público y la seguridad en su distrito.

“Éstas facultades las pienso adoptar para prevenir o reprimir el vandalismo”, resaltó, insistiendo en la “colaboración y la construcción” del pueblo, ya que no es “momento de la crítica destructiva ni la politización de la seguridad”, valorando que “necesitamos trabajar todos juntos para que nuestra comunidad siga siendo segura”.

En esta línea y ante la sospecha de que pueden llegar a ser adolescentes quienes están detrás de estos episodios, manifestó que la legislación de nuestro país “establece que los menores de 16 años no son penalmente responsables de los delitos que cometan” y que “hay leyes que los protegen; por lo tanto ni el presidente comunal ni la Policía pueden cambiar dichas leyes”, enfatizó.

Insistiendo en su “compromiso con la seguridad de los vecinos”, indicó también que “estoy más preocupado que cualquiera por la seguridad de la comunidad” y que por eso “estamos trabajando, comunicándonos con autoridades locales, departamentales y provinciales en busca de soluciones”.

Asimismo, apuntó que “si bien todo lo ocurrido, se podría decir, son acciones muy comunes –se lamentó - en la mayoría de las comunidades, no nos vamos a resignar”, porque “queremos que Carmen siga siendo un pueblo de orden, seguro para nuestros habitantes”.

Reconoció que “hay cosas que no podemos hacer solas” en las que “necesitamos la colaboración de todos los vecinos y vecinas”. “En muchas oportunidades vemos publicaciones en las redes sociales; pueden acercarse a la Comuna y transmitir sus ideas y así colaborar de manera útil para encontrar la solución”, agregó.

Por tal motivo, Czelada manifestó que la “solución es entre todos” e instó a la comunidad a “denunciar si se observa un ilícito y dar aviso a la policía”.

“Cabe aclarar que la convivencia en comunidad urbana es fundamental para el bienestar de todos los vecinos. Es importante respetar los derechos y necesidades de los demás, especialmente en horarios nocturnos, cuando la mayoría de la gente está descansando”, añadió.

También aprovechó para recordar algunos “consejos de convivencia urbana”, especialmente en horarios nocturnos, como moderar los ruidos innecesarios, respetar los horarios de descanso, no hacer ruidos muy fuertes en zonas comunes y ser conscientes en el entorno de reducir el volumen para no perturbar al vecino.

El gobernador Omar Perotti inauguró este jueves el gimnasio de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº483 “El Industrial” de Venado Tuerto, ubicada en España 450. El nuevo polideportivo posee una superficie de 1.056 m2 y, entre las intervenciones que se suman a los nuevos talleres ya habilitados, se incluyó la ampliación de espacios educativos, y tareas de rehabilitación y reformas de áreas deterioradas de la institución educativa.Durante el acto, el gobernador destacó la rica historia de la institución, “que le ha dado a la ciudad un grado de pertenencia diferente”. Y sumó: “Esa trascendencia se la asocia al progreso, a las fuentes de trabajo que se generaron para muchos de los que pasaron acá y muchos de los que pasaron aquí fueron capaces de construir también sus empresas y llevarlas adelante”.

A continuación, Perotti explicó: “No hay muchas instalaciones como esta en escuelas en la provincia. Es un gimnasio que puede verse en alguno de los clubes más importantes, y hoy ustedes lo tienen aquí, junto a los talleres. Para nosotros es una alegría estar compartiendo este momento; seguir haciendo cosas importantes en Venado Tuerto para una ciudad que aporta y mucho, que es generadora de empleo y de cultura de trabajo”.

“Muchísimas gracias a todos los que construyeron la historia de ‘El Industrial’, a los que generaron pertenencia y a los que tienen la responsabilidad de seguir llevándolo adelante. Disfruten cada momento, se van a ir siendo orgullosos alumnos de este colegio de Venado Tuerto”, concluyó el mandatario.

Por su parte, el director de la escuela, Alejandro Baroni, manifestó: “Esta realidad es hermosa; que ustedes puedan tener esto que ha sido demandado durante tantos años por lo profesores de educación física que pasaron por la escuela. Esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad”.

Títulos de propiedad

Asimismo, en el marco del programa de Escrituración de Viviendas Fonavi, el gobernador participó de la entrega de títulos de propiedad a 145 familias. La actividad se desarrolló en el Club Jorge Newbery de Venado Tuerto.

En la oportunidad, Perotti subrayó “esta instancia de mucha emoción, donde los beneficiarios aprietan la escritura contra el pecho, casi la misma que tuvieron cuando les avisaron que eran adjudicatarios o el día que ingresaron a la casa”.

Presente en el lugar, la ministra de Salud, Sonia Martorano, manifestó que, “cuando hablamos de salud, siempre decimos que tener agua potable -por eso los acueductos-, tener tierra, alimentación saludable y tener vivienda digna es salud, porque eso es calidad de vida. Por eso, tener la escritura es un momento feliz, y son los días que hay buenas noticias y queremos participar”.

La importancia del programa radica en que las escrituras otorgan seguridad jurídica a las familias, ya que una vez inscripta en el Registro General de la Propiedad de la provincia de Santa Fe, se efectiviza el dominio sobre el inmueble, brindándoles a las familias la posibilidad de vender, transferir, heredar el inmueble, usarlo como garantía y/o solicitar servicios.

Celulares para escuelas rurales

Durante la tarde, el gobernador se trasladó a la localidad de Chapuy para hacer entrega de 237 celulares a alumnos de 14 escuelas rurales del departamento General López, en el marco de plan Conectar Arraigo. El acto se llevó adelante en la sede las escuelas N°176 “JB Alberdi” y EESO N°554 “Julio Maiztegui”.

En la oportunidad, Perotti explicó que el gobierno provincial lleva adelante “el programa Santa Fe + Conectada, que busca llevar Internet de calidad a cada pueblo y ciudad de la provincia. Mientras tanto, queremos complementar con los celulares para escuelas rurales. Con lo cual, estamos sumando una herramienta para que la formación, y que cada uno no sienta que hay diferencias con cualquier otro lugar de la provincia”.

“La preocupación porque ustedes tengan acceso a tecnología tiene que ver con que queremos que nuestros pueblos crezcan con arraigo, con el deseo de equilibrar poblacionalmente la provincia. Y para que eso suceda, la educación es uno de nuestros temas centrales y prioritarios”, finalizó el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, destacó que “esta es una línea de acción muy importante que nos convoca en las escuelas y lugares más alejados y pequeños, donde vamos a poner en manos de todos los alumnos de primer año de escuelas secundarias un teléfono celular, una herramienta que les va a permitir interactuar con sus docentes y realizar todo tipo de experiencias pedagógicas”.

De la actividad participaron también el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; las ministras de Salud, Sonia Martorano, y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y la asistente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Liliana Rostom; y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, entre otras autoridades.

Caminos de la ruralidad

Finalmente, de regreso a la ciudad de Venado Tuerto, se inauguró una nueva traza del programa “Caminos de la Ruralidad”. Se trata de un tramo de 4.365,40 metros, que representa una inversión en infraestructura productiva actualizada de 40.967.043,96 pesos. La obra favorece a cuatro productores agrícolas con más de 265 hectáreas; cinco productores con 641 cabezas de ganado vacuno, y cuatro productores de ganado porcino, ovino y avícola.

Allí, Gonnet detalló que la flamante traza es “un nuevo camino, otro más a lo largo de toda la provincia que se ha habilitado, llegando a los 1.250 kilómetros, para conectar a escuelas rurales y para beneficiar a la producción, cumpliendo con una deuda pendiente de muchos años. Y, como asegura el gobernador, con el objetivo de llegar a los 1.500 km de caminos de la ruralidad”.

Se trata de Rubén Alberto Márquez, de 34 años. La sentencia fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Melincué. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es Julián Cochero.

Un hombre de 34 años identificado como Rubén Alberto Márquez fue condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente con discapacidad que es hija de una mujer que era su pareja en la localidad de Villada (departamento Caseros).

La sentencia fue impuesta por unanimidad por los jueces Paula Borrello, Adrián Godoy y Benjamín Révori, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Melincué (departamento General López).

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El fiscal que llevó a cabo la investigación y representó al MPA en el debate es Julián Cochero. Tras conocer el veredicto, valoró que “el tribunal aceptó íntegramente la proposición que hicimos desde la Fiscalía”, y remarcó que “optó por la pena y la calificación penal de los ilícitos que solicitamos en la acusación”.

Cochero sostuvo que “entre 2018 y 2020, el hombre agredió sexualmente a la víctima en numerosas oportunidades en una vivienda en la que convivían con otros integrantes del grupo familiar”.

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El fiscal destacó que “el condenado se aprovechó de la especial situación de vulnerabilidad de la adolescente, quien padece parálisis cerebral, hemiparesia, epilepsia y retraso neuromotriz”.

Márquez fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos agravados por la convivencia con la víctima.

Por Mauro Dalmazzo

Dos personas fueron detenidas acusadas de robar 1.300.000 de pesos en la localidad de Murphy, en el departamento General López. El hecho se registró en la jornada del lunes y hasta el momento los agentes policiales recuperaron 140.000 pesos en un procedimiento realizado en el casco urbano del pueblo.

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Fuentes consultadas señalaron que recibieron un llamado telefónico a la Comisaria donde daban cuenta de que en calle Moreno y Balcarce, previo romper el vidrio trasero de una chata, habían sustraído dinero en efectivo. Personal policial se constituyó en el lugar y se entrevistó con la víctima, quien manifestó que en momentos que se encontraba jugando a las bochas en el Club Football, le rompieron el vidrio trasero del lado del conductor de su camioneta y le sustrajeron la suma de $ 1.300.000.

El damnificado, Maximiliano B. de 29 años, tenía la firme convicción que el que robo fue cometido por René O., quien estaba en el club con él y unas horas antes se habían cambiado juntos la remera dentro del vehículo. Fue ahí cuando el ladrón vio que tenía el dinero. Además, René estaba con otro individuo, José C. de 58 años y ambos se movilizaban en un vehículo Fiat Weekend verde.

Atento a esto, personal policial inicia un patrullaje por la zona y divisa un vehículo de similares características a las mencionadas por la víctima, a la que se le da la voz de alto, pero hace caso omiso. Posteriormente se comienza un seguimiento controlado y es detenido metros más adelante.

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Allí se requisa el automóvil de los aprehendidos y se encuentra la suma de $ 140.700, por lo cual se procede al secuestro del vehículo, el dinero y se traslada a los aprehendidos a sede policial. Una vez en la Comisaría se dio conocimiento al Fiscal en turno, el doctor Iván Raposo, quien dispuso formación de causa por robo a los dos aprehendidos y que continúen detenidos hasta celebrarse la audiencia imputativa.

Las imágenes  fueron publicadas por el hijo de la persona afectada. En las imágenes puede apreciarse como el camino rural que une Irirarte (Bs. As.) con San Gregorio (Santa Fe) se transformó en un río, que dejó bajo el agua el vehículo que circulaba por ese lugar.

Jorge Pavia

Las imágenes de una camioneta tapada casi en su totalidad por el agua mientras circulaba por un camino rural rápidamente se hicieron virales en las redes sociales. La foto, que parece sacada de una película, fue publicada por Enrique Rey, un habitante de San Gregorio, localidad del departamento General López quien además es el presidente de APRUSFE (Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe – Afiliada CARSFE) y la persona que se puede apreciar sentada sobre el techo del vehículo es su papá.

“Este es mi viejo en el camino que va de Iriarte (Bs. As.) a San Gregorio”, relató Rey en la publicación difundida, agregando que “esto es resultado de años sin obras, las que necesitan el campo para poder producir”.

Una publicación compartida por Enrique Rey (@enriqueandres.rey)

Temporal y dificultades  La semana pasada varias localidades del sur-sur santafesino se vio afectada por un fuerte temporal con abundante caída de agua y granizo que derivaron en dificultades para los vecinos. Una de las muestras es la publicación de Rey, que ya es viral en las redes sociales y desató una ola de comentarios y críticas hacia los gobiernos por la falta de obras en los caminos rurales.

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Además, debido que en la localidad se está llevando a cabo la obra de cloacas en las esquinas se provocaron hundimientos por lo que el presidente comunal Lisandro Travieso denunció a la empresa que está realizando la obras a través de los medios locales.

Lo que era un secreto a voces, finalmente se oficializó con el correr de los días: el Gobierno Nacional decidió rescindir los contratos con las empresas constructoras de la autopista que uniría al departamento General López con Rosario.

Primero había sido el tramo Rufino – San Eduardo (en manos de Vialidad Nacional) que perdió todas las expectativas y ahora el turno fue del tramo San Eduardo-Rosario. De este modo, el deseo del sur provincial de contar con una ruta segura que atraviese el “taco de la bota”, llegó a su fin.

Fue el propio ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien señaló que el esquema de los contratos de Participación Público Privado (PPP) de la anterior gestión presidencial que incluían este mega proyecto, fueron un “fracaso” y que eran “ruinosos” para el Estado: “Beneficiaban al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”, aseguró.

Desde el Gobierno Nacional, negociaron con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España) a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo último con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales, bajo apercibimiento de extinción de los acuerdos. Ya el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre. De este modo, se cierra una etapa que se inició 16 años atrás.

Lo cierto es que en agosto del 2019, la empresa Helport S.A comenzó a desmantelar el obrador se encontraba instalado a unos 1500 metros de la ruta 8. Con esta acción se desmoronó definitivamente el avance de una obra que solo quedó en promesas.

Los trabajos de fondo nunca avanzaron y las empresas no consiguieron el financiamiento para construir la autopista. Las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llegaron en promedio solo al 2%. Además, estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4000 kilómetros, pero solo hicieron 6.

Dólar, en el medio

Según detalló el portal Venado 24, junto a la autopista Rufino – Rosario, había otros 5 proyectos que prometían una inversión de US$ 5400 millones en cinco años para la construcción de 3400 kilómetros de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10000 y US$ 13000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento.

Estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central. Los contratos incluían también la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). De esta manera, los contratistas estuvieron percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018.

En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras. Actualmente, el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total.

Las empresas tampoco pudieron realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni cumplieron con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos.