Gabriel Real

No vamos a decir nada nuevo, nada que la inmensa mayoría no interprete acerca de una realidad desgastante. Hay que tener un velo en los ojos para no verlo. Atravesamos una crisis educativa sin precedentes. El mundo vivió una pandemia y en nuestra provincia no se construyeron los acuerdos necesarios para que la vuelta a clases disponga nuevas estrategias y construya otras herramientas. Hoy, en nuestra provincia miles de alumnos no pudieron asistir a la escuela porque continúan las medidas de fuerza. Lamentablemente vemos a un gobierno encapsulado en una decisión, redoblando la apuesta y haciendo lo que justamente no hay que hacer desde la política: destruir los puentes de diálogo.

Muchas voces de la sociedad se han puesto a disposición para elaborar acuerdos programáticos. Desde el Partido Demócrata Progresista de la provincia de Santa Fe hemos marcado nuestra preocupación y, lo que es fundamental, nos hemos ocupado con aportes legislativos viables y concretos.

El mérito al esfuerzo y la responsabilidad son objetivos que no pueden ser anulados ya que, de lo contrario, se nivela para abajo. A los profesores se les están arrebatando herramientas fundamentales para conducir un curso. Entender los nuevos tiempos e innovar es vital, pero, abandonar la idea de excelencia y de la educación como trampolín al futuro y ascenso social es temerario.

Hoy, en Santa Fe, se dictaron clases en las escuelas privadas. Las escuelas públicas están con medidas de fuerza y suman días al calendario de paros. ¿Eso es igualdad de oportunidades?

Llamamos a la reflexión a quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia y a todos los que ocupan lugares claves para destrabar este conflicto; les pedimos la mesura necesaria para afrontar estos tiempos complejos, poniendo el foco en lo fundamental: los chicos en las escuelas.

La Cámara de Diputados de Santa Fe, en la sesión del jueves 7 de abril, aprobó dos iniciativas legislativas del Diputado Provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real.

Se trata del proyecto de Comunicación (Expte. Nº 47.248), donde solicita al Poder Ejecutivo que interceda ante el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), y se procedan a restablecer las prestaciones y lo servicios en la ciudad de Firmat y la región. Esto afecta a más de 9.000 afiliados que deben trasladarse a la ciudad de Rosario para poder obtener los beneficios de la obra social que nuclea a los trabajadores públicos provinciales en sus consultas, tratamientos, e inclusive en los servicios de alta complejidad.

El segundo proyecto es un pedido de Informes (Expte. Nº 47.179), donde también solicita a las autoridades de la misma obra social, información en relación a los subsidios por sepelio. “Puntualmente queremos conocer en detalle cómo está funcionando este beneficio o si está momentáneamente suspendido, además solicitamos información sobre los aranceles de servicios sepelios y si hay denuncias de prácticas abusivas en este sentido”, dijo Gabriel Real.

La Cámara de Diputados convocó al director de IAPOS

Fueron dos proyectos que se aprobaron en la última sesión y reflejan la preocupante situación actual de la obra social de los empleados del Estado Provincial. “Necesitamos respuestas urgentes, estos temas los abordé incluso en reunión de la Comisión de Salud con el propio director de IAPOS; antes de las manifestaciones y asambleas que reclaman se restablezcan las prestaciones a los beneficiarios”, agregó el legislador del PDP.

La situación actual de IAPOS hoy es deficiente en términos de respuestas para con sus afiliados. “Esto sucede en todo el territorio provincial y es un tema que se debe resolver en lo inmediato para evitar un efecto dominó en la suspensión de cobertura de las distintas prestaciones. Los afiliados deberían acceder a los beneficios que brinda la obra social con respecto a todas sus prestaciones en las respectivas localidades y zona de influencia. Hoy esta situación dista mucho de la realidad, incurren en gastos innecesarios de traslados por no contar con los servicios suspendidos en sus lugares de residencia, e incluso en muchos casos es imposible conseguir turnos en ciudades como Rosario”, finalizó el Diputado Provincial, Gabriel Real.

Diputado Real: “permitirá amortiguar la situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que es directa consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento que se originaron a partir de la pandemia por el Covid 19”.

La semana pasada en la última sesión del mes de agosto, la Cámara de Diputados de la provincia, voto por unanimidad y sancionó una ley que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar una suma monetaria excepcional al personal suplente del sistema educativo, docentes y asistentes, cuya cifra, forma de pago y cantidad de beneficiarios se definirá en la mesa de la negociación paritaria. También le otorgó media sanción a un proyecto de ley para asistir económicamente a jardines maternales y de infantes privados paralizados a partir de las medidas de público conocimiento desde el mes de marzo.

“El objetivo es disponer de una partida de 180 millones de pesos para distribuir entre los 450 establecimientos diseminados en todo el territorio Provincial. En este mismo sentido nos habíamos expresado desde el Bloque PDP, posteriormente a una reunión mantenida en el mes de mayo con los delegados de Amsafe del distrito del Departamento Gral. López, el Delegado Seccional, Javier Delgado, Verónica Zonteponte, 1º Delegada Adjunta y Silvia Buzzi, Secretaria Administrativa”, nos comentaba al respecto el Diputado Provincial del PDP, Dr. Gabriel Real.

“Este tema lo abordamos de manera inmediata e hicimos la presentación de un proyecto sobre la base de las recomendaciones que se plantearon en el ámbito de esa reunión, esta ley propone un bono extraordinario, y permitirá amortiguar la situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que es directa consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento que se originaron a partir de la pandemia por el Covid 19. En el mismo marco de incertidumbre se encuentra un conjunto importante de jardines maternales, también vemos muy oportuna esta media sanción a ese fondo que viene a amortiguar situaciones en algunos casos muy extremas”, finalizaba diciendo Gabriel Real.

La iniciativa sintetiza proyectos presentados por Clara García, Gabriel Real y Rubén Giustiniani. “En momentos de emergencia como el que estamos atravesando, es cuando más debemos prestar atención a la transparencia en la gestión pública”, afirman.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado. La iniciativa sintetizó tres proyectos en el mismo sentido presentados por la legisladora Clara García (Socialistas-FPCYS) y los legisladores Gabriel Real (PDP-FPCYS) y Rubén Giustiniani (Igualdad).

La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible. A su vez, exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa, esto es, publicar una serie de informaciones mínimas sobre temas trascendentes: normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites, sentencias, entre otros. Asimismo, prevé dar mayor apertura a los procesos administrativos y brindar capacitación a quienes deben garantizar la información pública, incluyendo sanciones para quienes, teniendo la obligación, incumplan lo estipulado por la norma.

“La transparencia es siempre indispensable en la gestión pública, y más aún cuando en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, muchas compras y contrataciones se hacen de manera directa, o con procedimientos abreviados, sin licitaciones ni publicaciones en el boletín oficial. Hoy la tecnología permite acceder a información virtual, completa y detallada, dando aún más herramientas para hacer efectiva la transparencia”, destacó la diputada Clara García.

Además de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, están incluidos los organismos o entes de la Administración Pública; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado, entre otras.

Gabriel Real (PDP), también integrante del Frente Progresista, Cívico y Social, se esperanzó en que el paso dado en la Cámara de Diputados y Diputadas al aprobar el proyecto signifique “avanzar definitivamente hacia la sanción en el Senado de esta ley que con la de hoy alcanza 8 medias sanciones de manera consecutiva”. Y agregó: “El mundo hoy ya no discute el acceso a la información pública, sino que lo lleva adelante porque ofrece transparencia y claridad sobre los asuntos que involucran a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Clara García, en tanto, recordó que el libre acceso a la información pública es “un derecho que debe consagrarse por ley, porque junto a la transparencia activa son garantías ciudadanas que se dan por sentado en las democracias modernas, que están fuera de discusión desde hace ya mucho tiempo. A mayor acceso a la información, mayor y más vibrante es la participación democrática”.

“Cuando asumió el ex gobernador Hermes Binner –recordó la diputada–, dictó un decreto de acceso libre a la información pública que sólo obligaba al Ejecutivo, pero representó un primer paso y, sin dudas, marcó la dirección hacia la que se quería avanzar. Esperamos que esta vez podamos ir más allá y sancionar una ley para toda la administración y los poderes del Estado”. En 2018, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley en este sentido a partir de una iniciativa del ex gobernador Miguel Lifschitz, pero que no prosperó en el Senado y perdió estado parlamentario.

“Cuanto mayor y más detallada es la información, cuando la ciudadanía puede acceder de manera más ágil a los datos y hay mayor control, menores son las posibilidades de actos discrecionales, arbitrarios o de corrupción. Sabemos que hay una fuerte demanda social sobre la necesidad de transparentar la actividad pública. Entonces, además de dar esa respuesta, esta ley ayudará a promover la cercanía y la confianza entre ciudadanos y ciudadanas y quienes ejercemos cada uno de los cargos públicos”, finalizó Clara García.

En la jornada de este sábado se renovó la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista, para el período 2020 – 2022, con la participación de más de 100 dirigentes de toda la provincia. Luego de la presentación de la única lista, se propuso al Diputado Provincial Gabriel Real como Secretario General, a María Florencia Barcarolo, de la ciudad de San Justo como Secretaria de Actas y a Sabrina Brachetta, de la ciudad de Rosario, como Tesorera.

“Agradezco la confianza de mis correligionarios, que decidieron asignarme la responsabilidad de ser Secretario General para este período. Es un orgullo pertenecer a este partido que respeta la institucionalidad y valora los mecanismos democráticos y transparentes para asignar autoridades y tomar decisiones. Tenemos una Junta que representa la diversidad territorial, suma a jóvenes y mujeres dispuestos a aportar sus miradas, para dar las discusiones que sean necesarias y aportar en proyectos para las comunidades”, dijo Real.

Por la pandemia, el encuentro se desarrolló de manera virtual. Completan la nómina de la Junta, como Vocales Titulares: Roberto Battistini, dirigente de Cañada de Gómez (Departamento Iriondo); Aldo Pedro Poy, concejal de la ciudad de Rosario (Departamento Rosario); María Angélica López, tesorera de la Comuna de Barrancas (Departamento San Jerónimo); Raquel Pereira, dirigente de la ciudad de Santa Fe (Departamento La Capital); Marcela Peotta, concejal de la ciudad de Firmat (Departamento General López); Lisandro Zeno, concejal de la ciudad de Rosario (Departamento Rosario); Horacio Bertoglio, concejal de la ciudad de Sunchales (Departamento Castellanos); Pablo Miassi, dirigente de la ciudad de Rafaela (Departamento Castellanos); Alex Sabbatini, presidente comunal de Uranga (Departamento Rosario); Dora González, dirigente de la ciudad de Santa Fe (Departamento La Capital); Lucía Tione, concejal de la ciudad de San Jerónimo Norte (Departamento Las Colonias) y Tomás Sorribas, presidente comunal de Berabevú (Departamento Caseros). Los Vocales Suplentes son: Lucrecia Larrondo, dirigente de la ciudad de Rosario (Departamento Rosario); Oscar Bucher, dirigente de la localidad de San Jerónimo Sud (Departamento San Lorenzo); Fernando Villalba, dirigente de la ciudad de Villa Constitución (Departamento Constitución); María Paula Bruera, dirigente de la ciudad de Rosario (Departamento Rosario), Guillermo Rey Leyes, concejal de la ciudad de Santo Tomé (Departamento La Capital); Leonel Marmiroli, dirigente de la ciudad de Rosario; Leonardo Schwank, dirigente de la localidad de Roldán (Departamento San Lorenzo); Marina Barletta, dirigente de la ciudad de Rosario; Cristina Gómez, miembro de la comisión comunal de Maciel (Departamento San Jerónimo) y Bianca Amiratti, dirigente de la ciudad de Rosario.

“Quiero reconocer especialmente a quienes terminaron su mandato y le cedieron el lugar a otros dirigentes; entendiendo que en un partido horizontal la participación de todos es fundamental y la ocupación de cargos no excluye a nadie. Seguiremos transitando este camino, que pretende construir alternativas a una grieta política que da suma cero y trabajaremos para seguir fortaleciendo nuestro Partido, con la incorporación de más santafesinos a lo largo y ancho de nuestra provincia”, finalizó el legislador del PDP

El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, solicitó a través de un pedido de informe, que el Ministerio de Seguridad de la provincia comunique las medidas que se están llevando a partir de reiterados hechos de vandalismo rural, que afectan al sector productivo primario agrícola y ganadero.

Se detectaron roturas en más de 50 silobolsas en el distrito Santa Fe, matanza de animales, destrozos en alambrados e instalaciones, como así también en cultivos sembrados.

“Estuvimos en contacto con diferentes instituciones vinculadas a la ruralidad y la situación es preocupante. Repudiamos los hechos de vandalismo en zonas rurales de nuestra provincia y tenemos interrogantes que nos gustaría sean respondidos para brindar claridad en materia de seguridad. Nos preguntamos si se están llevando adelante acciones vinculadas con esclarecer estos hechos e identificar el motivo de estas maneras de proceder”, dijo el legislador del PDP.

Días atrás y, ante la sucesión de hechos de este tipo, la Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, propuso un diálogo para establecer un esquema de seguridad, fundamentalmente para quien produce en el sector primario. “Indudablemente nuestro pedido de informe requiere respuestas rápidas, pareciera ser que al problema de la falta de seguridad y la peligrosidad que esto manifiesta, sobre todo por robos, rotura de silos y avances sobre la propiedad privada, también debemos agregar que resulta sospechoso el accionar de este vandalismo tan sectorizado.

Es un tema que amerita la pronta respuesta y el accionar de los organismos de seguridad en términos de esclarecer primero los hechos, prevenir nuevos actos de vandalismo y dar con los responsables. La seguridad debe accionar en ese sentido, prevenir y esclarecer en primera instancia, y también brindar respuestas valederas en términos del debido proceso de investigación sobre este proceder delictivo”, finalizó Real.

En el marco de las iniciativas legislativas relacionadas con la pandemia y con todo lo que implica en la vida en comunidad, el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, le solicitó al Poder Ejecutivo que manifieste a los Legisladores Nacionales por Santa Fe y al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto y se exceptúe, por el ejercicio fiscal 2020, a todos los trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado del país, como así también a los pasivos (jubilados, pensionados o retirados) del pago del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, jubilación, pensión o retiro.

En un contexto de desempeño normal de la actividad económica, los salarios de los trabajadores y de los pasivos ya están afectados en forma desmedida por la aplicación del Impuesto a las Ganancias. Tal es la distorsión que ha generado la aplicación de este impuesto, encuadrado en la Cuarta Categoría prevista en la Ley 20.628, que en el Congreso de la Nación existen más de 100 proyectos de Ley dirigidos a eliminar el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría o, en su defecto, para aumentar el mínimo no imponible, debate que aún hoy continúa sin abordarse con la responsabilidad que merece el conjunto de trabajadores.

“Hoy la situación es de suma gravedad, el contexto de la economía ya venía siendo castigado por medidas que tuvieron un impacto devastador en los asalariados, y a esta situación debemos sumar una extraordinaria que ha provocado un daño aún mayor, el total cierre de la economía como consecuencia de la implementación de períodos sucesivos de cuarentena en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia relacionada con el Covid-19”, manifestó el legislador del PDP.

Es momento de tener una mirada mucho más progresista en el sentido de proponer excepciones, en la misma medida que se solicitaron ciertos acatamientos, ahora es momento de pensar en no distorsionar aún más la redistribución de los ingresos y sobre todo del conjunto de nuestros asalariados, los activos y, más aún, los pasivos. “En relación a nuestros jubilados, es una injusticia la aplicación de este impuesto. Aportaron cuando eran activos y no resulta lógico que deban nuevamente aportar cuando reciben el sustitutivo del salario en forma de jubilación, pensión o retiro”, agregó Real.

En relación a los trabajadores activos, deben comenzar a ponerse límites a este impuesto que es distorsivo. “El Estado no puede imponer un impuesto que afecte el salario”, finalizó el Diputado Provincial.

El pasado jueves, el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista Gabriel Real presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo evalúe la posibilidad de permitir la reapertura de los locales de agencieros y sub-agencieros de la provincia, habilitando los pertinentes sorteos y juegos de Lotería de la Provincia de Santa Fe.

Además de ser una fuente de trabajo, lo recaudado provee de recursos genuinos al Estado provincial. Se trata de fondos que son redistribuidos en distintas áreas como Salud, Educación, Innovación y Cultura, Deporte, Municipios y Comunas, Pensiones Sociales Ley 5.110, Discapacidad y Desarrollo Social, sueldo de agentes públicos; entre muchos otros destinos públicos y sociales.

La Caja de Asistencia fue creada en 1938 por la Ley N° 2.608 que encomienda la emisión, venta y contralor de Lotería de Santa Fe, y la explotación de cualquier sistema de juego basado en el azar oficializado en la Provincia, con el objetivo de combatir el juego clandestino. El 7 de octubre de 1938 se realizó oficialmente el primer sorteo por el extracto de Lotería Nacional.

“Estamos hablando de la reactivación de puestos de trabajo y la reapertura de una actividad que destina fondos a fines sociales. Por supuesto, que teniendo en cuenta las medidas de seguridad e higiene para cuidar la salud de las personas”, dijo el legislador del PDP.

Lotería de Santa Fe cuenta con una red de ventas de más de 2500 agencias en el territorio provincial que conforman la red comercial, y en esa estructura son muchos los puestos de trabajo que hoy se ven afectados por su cierre.