Cuatro personas murieron este lunes tras la caída de una avioneta en una zona selvática del sureste de Colombia, cuando la aeronave perdió contacto pocos minutos después de despegar rumbo a Mitú, capital del departamento de Vaupés.

Entre las víctimas hay tres funcionarios de la Registraduría Nacional y el piloto, quienes viajaban para inscribir votantes de comunidades apartadas de cara a las elecciones de 2026.

El accidente involucró a la avioneta HK 641 de la empresa Nativa Air, que realizaba la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. Según la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el contacto se perdió apenas dos minutos después del despegue desde Bocoa, una zona limítrofe con Brasil. “La información preliminar indica que la aeronave se encuentra totalmente incinerada y se presume que no hay sobrevivientes”, informó Aerocivil.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Felipe Ramírez, piloto de la nave, y los funcionarios Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes.

La coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, Tatiana Morales, explicó que todavía no se conocen las causas del siniestro y que las autoridades “adelantan las investigaciones correspondientes en el sitio del accidente”.

Los funcionarios participaban de la primera jornada de inscripción de votantes en el departamento del Vaupés, una región selvática de difícil acceso. “Nuestros funcionarios se dirigían a Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida”, expresó el registrador nacional, Hernán Penagos, en un comunicado.

La Registraduría Nacional destacó el compromiso de su personal que trabaja en zonas apartadas para garantizar el proceso electoral. Las elecciones legislativas están previstas para el 8 de marzo de 2026, y la primera vuelta presidencial para el 31 de mayo.

Penagos agradeció “la labor y el compromiso con la democracia” de todos los trabajadores de la entidad, pese a los desafíos logísticos que implica operar en regiones aisladas como el Vaupés.

Inició el juicio por los "Papeles de Panamá", la histórica filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca, sobre el blanqueo global de capitales comenzó con una veintena de imputados expuestos a una pena máxima de 12 años.

Esta audiencia, a la que este lunes 8 de abril asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

"No soy responsable de tales actos", respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de blanqueo de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia. Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó una certificación médica.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que "nunca estuvo involucrada en actos ilícitos", como dijo en una carta pública entonces. "Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto", dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse "muy optimista".

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de blanqueo de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.

La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó por su parte que el Ministerio Público ha presentado "pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso", cuya investigación consta de 528 tomos según los datos judiciales.

"El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar", afirmó Soto sin más precisiones, aunque recordó que el delito de blanqueo de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal señaló que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y que fueron declarados en rebeldía, por lo que "su proceso se ha suspendido".

"Para el Ministerio Público estas cuatro personas han cometido el delito precedente, es decir, soborno internacional en Alemania y estafa calificada en Argentina", agregó la fiscal Soto.

Los 'Papeles de Panamá' representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesado y aguardan sentencia por la trama 'Lava Jato' de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso 'Papeles de Panamá', dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó abrir investigación en contra de los funcionarios y empleados que aparecen en el video del show erótico que protagonizó la jueza Vivian Polanía, el cual tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Cúcuta (Norte de Santander) y causó controversia en las redes sociales por su lo llamativo de su contenido.

A través de un comunicado emitido en las redes sociales, la comisión pidió el martes 19 de septiembre de 2023 que se indague si con la conducta de los que aparecen en este clip se infringió la normativa que rige a los miembros de la rama, y también si con ello se llevó a cabo una inadecuada utilización de las instalaciones del edificio en el que se administra justicia en la ciudad fronteriza.

“En el video, además de la Juez de Control de Garantías Vivian Polanía Franco, se observa a varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Cúcuta”, resaltó la CNDJ en su escueta comunicación, que se conoció en su cuenta de X (Twitter) y que causó tantos comentarios a favor como en contra, debido a las explícitas imágenes, en las que se ve a la togada participando de una rutina que causó revuelo.

Con este mensaje en su cuenta de X (Twitter), la Comisión de Disciplina Judicial se pronunció sobre el escándalo del show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta, en el que participó Vivian Polanía - crédito @CNDJ_Col/X

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), José Gamboa, aseguró que se han encargado de tomar la vocería frente a quienes estuvieron presentes en la celebración, pero no directamente involucrados en el show de stripper que ha desatado la polémica. 

"Los trabajadores tiene derecho a hacer jornadas de integración dentro de las instalaciones, pero diferente es que un empleado o un funcionario las use para  situaciones que podrían ser impropias", indicó.

Según Gamboa, muchos de los jueces y otros funcionarios no tenían conocimiento que en la celebración se realizaría un show de stripper y ahora, quienes organizaron el evento serán investigados.

"He conversado con jueces que estuvieron ahí y a ellos jamás les pasó por la cabeza una situación así. El hecho de que un trabajador cometa un error, a ese es el que deben disciplinar. En vez de responder mediáticamente el Consejo de Disciplina debe tomar otras acciones", sostuvo.

Acostumbrada a dar de qué hablar por sus publicaciones en las redes sociales, en las que hace gala de su faceta más sensual, y también por algunas conductas por las que ha sido suspendida de sus funciones como impartidora de justicia, Polanía otra vez está en el “ojo del huracán” por sus actuaciones. Algo que parece ser rutinario en el ejercicio profesional de la joven abogada.

El Presidente le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo después de que la vicepresidenta se hiciera eco de un cuestionamiento del funcionario.

Alberto Fernández echó a Matías Kulfas luego de que Cristina Kirchner criticara al ministro este sábado por “mentir sin dar la cara” , en referencia a un mensaje en off the récord con cuestionamientos hacia la vicepresidenta que fue difundido desde la cartera de Desarrollo Productivo a algunos periodistas.

La noticia se conoció minutos después de que el Presidente se solidarizara con “el malestar” de la titular del Senado y, de esa forma, dejara solo a Kulfas.

Horas después de la foto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, volvió a estallar la interna sin fin del oficialismo. El disparador: un mensaje público de la vice al jefe de Estado. “Te dije la otra vez que tenías la lapicera: te pido que la uses”, dijo la exmandataria en el acto por los 100 años de YPF.

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El reproche de Cristina Kirchner en un nuevo capítulo de la interna del Frente de Todos

Todo comenzó este sábado con un tuit de la vicepresidenta. “Es penoso que mientan sin dar la cara”, dijo al replicar un comunicado de Energía -organismo integrado por funcionarios de su confianza- que criticaba con dureza al Ministerio de Desarrollo Productivo por difundir un mensaje en off con cuestionamientos hacia Cristina Kirchner.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, lanzó la vicepresidenta a través de Twitter.

Funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios viajarán con el fin de diversificar el comercio bilateral con ambos países, actualmente concentrado en exportaciones de alimentos, a través de la difusión de las capacidades tecnológicas.

El Gobierno llevará a cabo entre el lunes y el jueves de la semana próxima una misión comercial, encabezada por el canciller Santiago Cafiero, a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, que contará con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios.

La gira tendrá como uno de sus principales metas diversificar el comercio bilateral de la Argentina con ambos países, actualmente concentrado en exportaciones de alimentos, a través de la difusión de las capacidades del país en sectores como la transición energética (incluyendo tecnologías de hidrógeno y litio), industria satelital, economía del conocimiento y seguridad alimentaria.

“Lo más importante es que en esta misión, más allá de la oferta exportable que tiene que ver con el agro y los alimentos, llevamos una oferta exportable tecnológica”, anticipó a Télam la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, quién formará parte de la delegación.

La funcionaria se mostró optimista con la potencialidad de la región para la Argentina ya que, si bien “el comercio es superavitario”, el mismo es “muy pequeño y tiene mucho para crecer tanto en la oferta tradicional como en la tecnológica”.

“Hay una agenda de inversión extranjera directa que nos parece importante”, subrayó Todesca Bocco.

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La comitiva, que llegará a Emiratos Árabes el lunes, se sumará a los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco) y Ricardo Quintela (La Rioja), quienes ya se encuentran en Dubai desde el miércoles.

También asistirán a la gira los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; Turismo y Deportes, Matías Lammens; y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros integrantes.

Del mismo modo concurrirán representantes de las empresas y entidades Impsa, FanIOT, G&L, Globant, Grid, Grupo Núcleo, Peek, Eureka, Cessi, Biosidus, INTA, Fadea, Conae, CNEA, Invap, Y-TEC, Cámara Argentina de la Industria del Software (CECI) y UBA TEC.

Agenda de la misión comercial

El primer destino de la gira será Emiratos Árabes (lunes en Abu Dabi y martes en Dubai), donde se mantendrán encuentros con las principales firmas y fondos de inversión emiratíes.

La visita comenzará el lunes a las 9 de Abu Dhabi (2 de Argentina) con un desayuno con presidentes de empresas y entidades del país árabe, seguido por un evento de “networking” de una hora entre empresas argentinas y emiratíes.

En ambos encuentros el foco estará colocado en “difundir las capacidades tecnológicas argentinas en materia de transición energética, industria del software y digitalización; industria satelital, biotecnología aplicada a salud humana y seguridad alimentaria”, y también en explorar el “desarrollo de proyectos en conjunto con contrapartes emiratíes”; según informó Cancillería.

Diecinueve empresas emiratíes confirmaron su participación en el evento, entre las que se encuentran Abu Dhabi Commercial Bank y las aerolíneas Emirates y Etihad, además de firmas de sectores como el espacial, el alimenticio y el biotecnológico.

Posteriormente se desarrollará una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, donde se explorarán “formas de expansión y diversificación del comercio bilateral, y vías de cooperación energética, en materia de economía del conocimiento, usos pacíficos de energía nuclear, cooperación cultural y defensa”.

Asimismo, Cafiero representará al país en oportunidad de celebrarse el Día Nacional Argentino en la Expo 2022, donde será recibido por el ministro de la Tolerancia y Convivencia, Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.

El Pabellón de Argentina se encuentra dividido en siete espacios incluyendo una sala inmersiva que proyectó más de 1.944 horas de contenidos audiovisuales, y contó hasta el momento con más de 450.000 visitantes.

Allí, el canciller también visitará el Pabellón DP World, uno de los mayores operadores mundiales de terminales de contenedores y accionista mayoritario de Terminales Río de la Plata, concesionaría de tres terminales del Puerto de Buenos Aires.

La gira continuará luego con una visita a la ciudad de Masdar, donde Cafiero estará acompañado por representantes de empresas vinculadas con las energías renovables.

Masdar, cuya construcción comenzó en 2008, tuvo como base ser autosostenida con energía solar, y es respaldada por el fondo soberano Mubadala que posee numerosos proyectos de energías renovables en todo el mundo.

Asimismo, se firmará un convenio para avanzar con las certificaciones halal y su correspondiente capacitación para incrementar las exportaciones de alimentos adecuados a la tradición musulmana, además de la rubricación de un Memorándum de Entendimiento entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (FCCI) de los EUA, para lograr un mayor dinamismo en los flujos comerciales y de inversiones.

La misión continuará luego durante el miércoles y el jueves con un viaje a Arabia Saudita, donde se espera la realización de rondas de negocios con empresarios locales, aunque, según precisaron fuentes de la Cancillería a Télam, la visita será de índole más política.

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EMIRATOS ÁRABES Y ARABIA SAUDITA, DOS PAÍSES QUE BUSCAN TRANSFORMAR SUS ECONOMÍAS

Sumando casi 42 millones de habitantes entre ambos países, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, destinos de la misión comercial que realizará el Gobierno la semana próxima, se encuentran en plena reconversión de las bases de sus economías, intentando abandonar la dependencia con el petróleo que las caracteriza desde hace décadas.

Emiratos Árabes Unidos

Con un alto PBI per cápita (el sexto en el mundo, de acuerdo con el FMI y el Banco Mundial), Emiratos Árabes se caracteriza tradicionalmente por ser una “puerta de entrada” para la distribución al resto de los países del Golfo y de Medio Oriente, siendo la segunda economía más grande en el mundo árabe.

La actividad de los Emiratos, dominada por la exportación de petróleo y de gas natural, busca diversificarse -especialmente en los emiratos con menos reservas petrolíferas como Dubai- y esto ya comenzó a cosechar sus frutos.

La Expo 2020, la primera de la historia realizada en Medio Oriente y con más de 17 millones de visitantes hasta la fecha, apunta a demostrar dicho objetivo.

La actividad de servicios se fortaleció en la última década, especialmente en el sector del comercio y la construcción.

Un ejemplo de ello es la proyección de crecimiento prevista por el Banco Central de ese país: de 4,2% de expansión económica de este año, se prevé que 3,9% provengan de sectores no relacionados con el petróleo.

El turismo también adquirió un papel preponderante y contribuyó en un 11,6% del Producto Bruto de los Emiratos en 2019, antes de la pandemia; y se busca que ese número, para 2030, crezca al 15%.

Una de las formas que eligieron ambos países para promocionarse como destino es ofrecerse como vidriera atrayendo a oficinas regionales de las grandes multinacionales u organizando eventos deportivos occidentales, incorporándose, sólo en la última década, como sedes del Mundial de Clubes de fútbol, la final de la Copa del Rey española, grandes premios de Fórmula 1, eventos de boxeo y un tour anual de ciclismo.

Arabia Saudita

Al igual que Emiratos, Arabia Saudita se destaca por su producción de petróleo -que comprende casi el 90% de sus exportaciones- y no es para menos: es el principal exportador y el segundo productor mundial; y su petrolera estatal (Aramco) es la mayor del mundo.

El aumento de los precios del petróleo ayudó a que su economía crezca un 6,8% anual en el cuarto trimestre de 2021, la mayor cifra en casi una década.

Pero pese a ser una de las 20 principales economías del mundo, también busca cambiar sus bases.

“Hemos desarrollado verdadera adicción al petróleo y eso ha trastornado el desarrollo de muchos sectores en los últimos años”, declaraba en 2016 el príncipe saudí Mohammed bin Salmán, al presentar el ambicioso plan de reforma “Visión 2030”.

El programa, que incluye la creación de un millonario fondo de inversión público para estimular el desarrollo de nuevos sectores de la economía e infraestructura, busca incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como la inversión extranjera.

Además, comenzó una lenta flexibilización cultural permitiendo una mayor inserción de las mujeres al ámbito laboral, cuya participación se duplicó en los últimos años y alcanzó el 33%.

Exportaciones destacadas a la región

Como paso previo, en noviembre último, Cafiero recibió en el Palacio San Martín a su homólogo saudí, Faisal Bin Farhan Al Saud, y se analizaron iniciativas de cooperación en tecnología y economía del conocimiento, respecto de la industria del software y la biotecnología, además de destacar la asociación entre empresas de ambos países en sectores como el agrícola, automotor, petroquímico, minería y energía.

Arabia Saudita cuenta con varios proyectos destinados a la producción agropecuaria con distintos grados de avance en Mendoza, Córdoba y Santa Fe a través del Fondo Saudita para el Desarrollo, una agencia del Gobierno saudí que financia proyectos sociales y de infraestructura en países en desarrollo.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Medio Oriente es una de las regiones donde la Argentina posee un superávit en su balanza comercial, por un total de US$ 2.922 millones durante 2021, superando al de regiones como la Unión Europea (UE).

Como paso previo Cafiero recibi en el Palacio San Martn a su homlogo saud Faisal Bin Farhan Al Saud y analizaron iniciativas de cooperacin Foto Prensa Como paso previo, Cafiero recibió en el Palacio San Martín a su homólogo saudí, Faisal Bin Farhan Al Saud, y analizaron iniciativas de cooperación. Foto: Prensa

No obstante, pese a su potencialidad, el volumen de intercambio se ubicó históricamente por detrás de otras regiones más tradicionales para el país como Brasil, Europa, Estados Unidos y Asia, representando el año pasado sólo 5,8% de las exportaciones totales y 2,5% de las importaciones.

Dentro del área, Arabia Saudita en 2021 fue el segundo destino de las exportaciones detrás de Irán (por un total de US$ 851.288 millones); y Emiratos Árabes el tercero (US$ 773,5 millones), siendo los aceites crudos de petróleo y el maíz en grano los productos más vendidos.

Otras de las exportaciones destacadas a la región son las harinas y aceites de soja; la carne bovina, la cebada en grano, los tubos sin costura y la yerba mate.

Si bien la Argentina registró una caída del 11,1% en las exportaciones a Arabia Saudita en 2021, las de EAU se incrementaron en un 42,9%, y en ambos países hay un saldo positivo de US$ 533.705 millones y US$ 436.213 millones, respectivamente.

En tanto, los Emiratos lideran las importaciones de la región, concentradas especialmente en gasoil (que en diciembre pasado representó el 81% del total de los envíos desde el área), producto que la Argentina importa sobre todo desde dicho país junto a Arabia Saudita.

LOS GOBERNADORES DEL NORTE GRANDE BUSCAN ESTRECHAR VÍNCULOS CON EMIRATOS ÁRABES

Gobernadores del Norte Grande junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Agustín Molina, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, se reunieron con las autoridades de DP World, que posee la zona franca del puerto de Dubai (Jafza), para entablar vínculos para conectar sus pasos fronterizos y facilitar la comercialización a nivel mundial.

En estas reuniones estuvieron presentes los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Catamarca, Raúl Jalil; y del Chaco, Jorge Capitanich, junto con el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Exequiel Lello; el secretario de Planificación de Corrientes, César Bentos; y el diputado provincial por Misiones, Lucas Romero, según se informó en un comunicado.

En ese sentido, se detalló que los gobernadores expusieron el interés de la región en potenciar el Corredor Bioceánico a través de sus distintos pasos, la importancia estratégica de este proceso para incrementar los flujos comerciales y la necesidad de contar con un volumen de inversiones acorde con la magnitud del proyecto.

El gobernador del Chaco planteó la necesidad de trabajar con el gobierno federal una estrategia de zona franca del norte grande donde estén integrados de manera multimodal los puertos fluviales, marítimos, el transporte de carga automotor, autovial, marítimo y ferroviario, para operar grandes volúmenes para la región.

“Nosotros estamos trabajando con el CFI en un estudio para poder trabajar como norte grande este corredor bioceánico”, dijo Capitanich, a lo que añadió: “para nosotros es una oportunidad única porque cuando el precio del petróleo aumenta también aumenta el valor de los alimentos que nosotros producimos, y contar con esta integración de corredor nos permitirá crecer, desarrollarnos y generar empleos genuinos al poder exportarlos a esta zona”.

Por su lado el gobernador de Santiago del Estero y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, Gerardo Zamora, agradeció la reunión y destacó la importancia de la misma por la magnitud de las operaciones que representa DP World.

“Estamos muy agradecidos por su recibimiento y coincidimos en la centralidad que tiene la logística a la hora de encarar este desafío.”, dijo Zamora, y resaltó la experiencia de DP World en este sentido.

Por su parte las autoridades de DP World se mostraron muy interesadas en la Argentina y señalaron que quieren conocer las oportunidades de inversión en el país y ofrecer de esa forma soluciones para controlar y mejorar sus puntos bajos por medio de tecnología, eficiencia y apertura de nuevos mercados.

DP World posee la zona franca del puerto de Dubai (Jafza), es el puerto más grande de la región y puerta de entrada a Medio Oriente, India y África, con 26 centros, más de 100 socios y más de 160 beneficios en todo el mundo.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron este martes en Londres con el ministro para el Despliegue de Vacunas contra el coronavirus del Reino Unido, Nadhim Zahawi y con la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton, en el marco de la visita que realizan a ese país para intercambiar experiencias de vacunación.

Vizzotti y Nicolini iniciaron el lunes una ronda de reuniones en Inglaterra para intercambiar experiencias de vacunación con autoridades sanitarias británicas y científicos de la Universidad de Oxford.

Durante la jornada, también mantuvieron un encuentro con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame Sally Davies.

“Excelente reunirse con la ministra Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini de Argentina, donde el despliegue avanza bien”, publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Vacunas británico.

En ese marco, contó quela reunión brindó una “buena oportunidad para explorar nuevas vías de cooperación en materia de vacunas” entre los dos países.

“Buen debate en persona hoy con Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini”, expresó, por su parte, Morton, también en su cuenta de la red social de Twitter.

La funcionaria británica calificó la reunión de Argentina con el Reino Unido sobre la cooperación sanitaria, incluida la lucha contra el coronavirus como un ejemplo de las “ventajas que se derivan de trabajar juntos en los desafíos globales”.

Por su parte, Davies publicó: “Fue un honor reunirme con @carlavizzotti y @cecilianicolini para discutir la importancia de colaborar para abordar la resistencia a los antimicrobianos”.

“Argentina y el Reino Unido pueden tener asociaciones sólidas en materia de resistencia a los antimicrobianos. Esperamos trabajar juntos en investigación y sensibilización” del tema, agregó en su cuenta de la red social.

La agenda de las funcionarias argentinas en el Reino Unido continuará hasta el jueves e incluye también una reunión con el ministro de Salud británico, Sajid Javid.

También está previsto un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao Pangalos, con quien además visitarán el nuevo centro I&D de la empresa.

Continuando con las actividades programadas, la ministra y la asesora presidencial visitarán el instituto Wellcome Sanger, en la localidad de Hinxton, donde mantendrán una reunión con científicos de ese organismo.

Además, en el marco de la visita, sostendrán una nueva reunión con científicos en Oxford, para interiorizarse respecto del avance de las estrategias de producción, nuevas variantes, refuerzos, ensayos clínicos en niños, niñas y adolescentes.

En el marco del acuerdo que el Gobierno firmó con AstraZeneca para la adquisición de vacunas de ese laboratorio, se trabajará para confirmar en detalle el cronograma de entregas, realizar el seguimiento de la producción y considerar la posibilidad de que Argentina se incorpore al llamado ciclo completo de la producción de la vacuna, de la que ya produce la sustancia activa.

Lucas Candioti, el subsecretario de Comercio Exterior de la provincia que participó de una fiesta clandestina en el barrio cerrado Aires del Llano el fin de semana, quedará finalmente fuera de su cargo.

Por Ivana Fux

La difusión y viralización de los videos en los que se lo ve bailando animadamente y abrazándose con otros concurrentes al evento, generó un cimbronazo en el gobierno provincial. Es que las imágenes muestran con elocuencia cómo el joven funcionario en el festejo del cumpleaños de un empresario de la ciudad participa con baile, sin distanciamiento social y sin barbijo.

Candioti depende en cuanto a jerarquía del ministro de la Producción, Daniel Costamagna. Ante el escándalo, presentó la renuncia, pero inicialmente no le fue aceptada. Según informaron fuentes de la Casa Gris a El Litoral, se le iba a aplicar “una sanción ejemplificadora”. Sin embargo, finalmente se supo que el gobernador Omar Perotti decidió aceptarle la dimisión, y que Candioti dejará su puesto.

La sanción 

La sanción supuestamente “ejemplificadora” para Candioti iba a consistir en la reducción a la mitad de su salario por el término de tres meses – cobra entre 180 y 200 mil pesos-. El dinero sería donado a instituciones que trabajen por la pandemia. Además, debía realizar tareas comunitarias por el mismo período de tiempo, a contra turno, y los fines de semana.

La supuesta sanción que se iba a aplicar no figura ni en el Código Penal ni en ninguna normativa provincia o nacional. Lo más cercano y aproximado es el decreto Nro. 337 firmado por Omar Perotti en abril del año pasado, en el que se establecía que cuando la transgresión a las disposiciones establecidas en el marco de la pandemia fuesen protagonizadas por agentes del Estado, “cualquiera fuere su situación de revista o escalafón”, será considerado “infracción a los deberes propios del cargo, a los fines disciplinarios correspondientes”. Pero deriva de ello una discusión jurídica no saldada: ¿dicho régimen disciplinario previsto para los agentes de planta, puede ser trasladable a los funcionarios políticos? Las opiniones están divididas y muchos aseveran que no correspondería para estos últimos. No hay normativa que lo establezca; había sido una idea de las autoridades actuales, a partir de lo sucedido con Lucas Candioti.

“Las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, apuntaron los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en una nota.

Con esto, asciende a 55 el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE.

De inmediato, Maduro denunció que los Gobiernos que sancionan a su país en medio de la pandemia de coronavirus evidencian una gran crueldad.

“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano, han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, señaló el mandatario en declaraciones durante la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Maduro repudió que su país haya sido objeto en los últimos siete años de más de 450 sanciones que generaron una compleja situación económica.

Durante su intervención en la video conferencia, el gobernante dijo que su país está decidido a trabajar con los actores del Consejo de Derechos Humanos, pero advirtió que no aceptará injerencias, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

En cambio, Guaidó celebró efusivamente la sanción y agradeció “a los 27 estados miembros de la Unión Europea por su compromiso” y los instó a “continuar la presión para lograr el fin de la crisis con elecciones libres”.

En línea con Maduro, el canciller Jorge Arreaza expresó en Twitter que “Venezuela rechaza la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que impone de manera arbitraria Medidas Coercitivas Unilaterales como expresión de su frustración ante el fracaso de su agresión contra nuestro pueblo”.

“Estas erráticas decisiones revelan además la incapacidad del bloque europeo para entender, aceptar y respetar la voluntad del pueblo venezolano y deja en evidencia, una vez más, su anacrónica política intervencionista e injerencias hacia Venezuela”, agregó.

Además, consideró que configuran una ofensa a la ONU, especialmente tras la visita de la relatora especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales del Consejo de Derechos Humanos, Alena Douhan.

Douhan realizó una visita de dos semanas a Caracas a comienzos de febrero, para evaluar el impacto de las sanciones en la nación caribeña, tanto las de la UE como las de Estados Unidos.

Ya a finales de enero, la UE había advertido que estaba dispuesta a adoptar nuevas “medidas restrictivas” contra responsables por “violaciones graves a los derechos humanos” en Venezuela.

La UE desconoce el resultado de las elecciones legislativas realizadas en Venezuela en diciembre pasado, que abrieron la vía a que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela recupere la mayoría en la Asamblea Nacional.

Al desconocer el resultado de las elecciones, la UE tampoco reconoce la legitimidad de esa Asamblea y de su mayoría chavista.

Un ex mandatario, la canciller y la titular de Salud, el nuncio del Vaticano, y hasta el dueño de un restaurante chino figuran en “la lista de la infamia” de las 487 personas que se vacunaron por adelantado contra el coronavirus. Tan burdo fue, que algunos recibieron tres dosis. El propio presidente pidió disculpas.

La inoculación secreta contra el coronavirus en un “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud de la Argentina es el último escándalo de este tipo que se conoce en el mundo y sucede casi en paralelo con otro similar: el “Vacunagate” peruano.

En el caso argentino, se inmunizaron un periodista, Horacio Verbitsky, un senador, un diputado, tres médicos, un empresario y varios miembros de su familia. El episodio se conoció porque fue el propio Verbitsky el que contó ayer en su programa de radio que se había vacunado. Admitió haber llamado a “su viejo amigo” el ministro de Salud Ginés González García y que había ido a una sala especial del edificio del Ministerio para recibir su inyección.

Renuncia la cúpula de universidad peruana por vacunaciones irregulares

La declaración pública rápidamente fue repudiada por ciudadanos indignados, políticos opositores y algunos oficialistas. En la tarde, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García, quien dimitió, pero el mandatario argentino aún no se pronunció.

Las dos crisis tienen puntos en común, pero en Perú el Gobierno se ocupó de denunciar públicamente las identidades de los implicados. “Estoy indignado, furioso… me siento totalmente decepcionado”, dijo el presidente Francisco Sagasti.

La bomba del “Vacuna VIP” peruano estalló hace nueve días y, en un principio, solo salpicó al destituido ex presidente Martín Vizcarra, pero posteriormente se extendió al actual gobierno transitorio. Sin embargo, fue el propio mandatario Sagasti quien -luego de pedir disculpas públicas- reveló que eran 487 los vacunados de forma irregular.

Según detallaron las autoridades, 122 funcionarios públicos figuran en el listado, 16 pertenecían al actual gobierno que ya fueron separados de sus cargos. Uno de ellos es el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, quien se vacunó con seis familiares. También la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti. Ambas renunciaron.

“La mayoría de las vacunaciones ocurrieron en septiembre y octubre”, en el gobierno de Vizcarra, reveló el presidente Sagasti.

Los 487 recibieron algunas de las 3.200 dosis extras que el grupo farmacéutico chino Sinopharm entregó para el personal a cargo del ensayo de la vacuna entre 12.000 voluntarios peruanos.

Arrojaron a un joven desde un puente y subieron las imágenes a las redes

Ocho funcionarios de la cancillería beneficiados en la “repartija de vacunas”, como se ha referido al asunto la prensa local, integraban el equipo que negoció la adquisición de las dosis con China. Todos ellos fueron separados de sus cargos. También el jefe del ensayo, el médico Germán Málaga, fue suspendido del cargo por la Universidad Cayetano Herrera. Además, renunciaron el rector de esta universidad privada, Luis Varela, y los vicerrectores José Espinoza y Alejandro Bussalleude, los tres inmunizados.

Málaga no dio explicaciones convincentes al Congreso sobre el criterio que usó para autorizar la inmunización de las 487 personas, entre quienes hay una decena de empresarios y sus parientes. El jefe del ensayo está en el foco público porque además de repartir las inyecciones discrecionalmente, se aplicó tres dosis de la vacuna, en vez de las dos que indica el protocolo, lo que también hizo con otras 30 personas.

Varios vacunados figuran como “invitado” en el registro de la universidad y otros como “consultor”.

La esposa y el hermano

El escándalo estalló en medio de la segunda ola de la pandemia y de la campaña de los comicios generales del 11 de abril, lo que complica el empeño de Vizcarra de ganar un escaño en el Congreso, pero también al partido Morado de Sagasti. “Es claro que Martín Vizcarra tiene todos los elementos para perder adhesiones, pero afecta indudablemente al Gobierno” de Sagasti, aseguró el analista político Fernando Tuesta.

Vizcarra se vacunó en octubre del año pasado, cuando todavía era presidente pero antes de que la vacuna china obtuviera luz verde, el 31 de diciembre. Lo hizo con su esposa, Maribel Díaz, y su hermano mayor, César Vizcarra. El ex mandatario alega que fue uno de los 12.000 voluntarios, pero lo desmintió la Universidad Cayetano Heredia.

En un país de 33 millones de personas que acumula 44.308 muertos por covid-19, con 1,25 millones de casos confirmados, la ex ministra Mazzetti pasó rápidamente de heroína a villana… Hace una semana la entonces ministra declaró ante el Congreso que, como “capitán de barco”, iba a ser la última funcionaria de salud en vacunarse. Pero mentía, se había inmunizado el 22 de enero.

Pilar Mazzetti, la ex ministra de Salud, que también se inmunizó de manera irregular Pilar Mazzetti, la ex ministra de Salud, que también se inmunizó de manera irregular “Se han vulnerado los principios de probidad, veracidad y transparencia. Son hechos muy graves”, afirmó Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia de Perú.

El nuncio Nicola Girasoli afirmó que fue vacunado porque era “consultor en temas éticos” de la Universidad Cayetano Heredia. A pesar de la explicación el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, se declaró “indignado y entristecido” y la Conferencia Episcopal Peruana lamentó “la utilización indebida de las vacunas”.

¿Comida china por vacuna?

La vacunación como “consultor” del dueño del restaurante de comida china Royal, César Loo, ha generado dudas pero también parece ser un símbolo de impunidad. Es que el doctor Málaga contó que Loo vendía comida china a la delegación enviada por Beijing a Lima para negociar la venta de las vacunas. “Esas personas (…) se cansan del Burger King. Cómo no lo vamos a poner [a Loo] en la vacunación”, expresó. Loo replicó diciendo que no conocía a Málaga y que no fue inmunizado a cambio de comida, pero no ha explicado cómo tuvo acceso a la vacuna.

Hasta ocho años de prisión

Mientras el Congreso estableció una comisión para determinar responsabilidades políticas, la fiscalía abrió una investigación contra los funcionarios y todos los que “resulten responsables” de la vacunación irregular. Y anoche, policías peruanos allanaron oficinas del Ministerio de Salud y dos clínicas universitarias como parte de las indagaciones por la vacunación irregularmente anticipada.

Abogados penalistas y juristas señalan que los principales implicados pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.

“Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos”, afirmó el abogado penalista peruano Carlos Rivera. “Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente”, agregó al recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron “un error”, y “la evidencia de los hechos es demoledora”.

En el caso de Astete, Rivera dijo que no solo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.

El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la ex ministra incumplió el código de ética de la gestión pública y vulneró la norma que establece que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.

Este mismo delito puede alcanzar a otros funcionarios de Exteriores que participaron en la negociación de las vacunas, así como a funcionarios del Ministerio de Salud si es que intervinieron o tuvieron poder de decisión en la adquisición.

Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel. Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e “invitados” que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.

Entre los implicados en este delito puede estar la ex ministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo “de personas en situación más agravada”, acotó Rivera.

En el caso del ex presidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.

Finalmente, para el experto, Málaga debe ser considerado “como un privado”, ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido “en calidad de cómplice” en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos. “A pesar del rol tan protagónico que ha tenido, en un caso de corrupción de funcionarios seguramente va a ser considerado como cómplice primario, en el sentido de que su intervención ha sido decisiva para cometer ese hecho delictivo”, acotó.

Mientras el proceso para la vacunación de los ciudadanos contra COVID-19 continúa en México, han surgido las iniciativas por parte de grupos parlamentarios para evitar el influyentismo.

La más reciente provino del Partido Acción Nacional (PAN), el cual propuso castigar hasta con cuatro años de cárcel a los funcionarios que se aprovechen de su puesto para ser inmunizados.

La propuesta fue motivada por la diputada federal del blanquiazul, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, quien presentó una reforma al artículo 215 del Código Penal Federal e imponer sanciones a quienes se beneficien de su cargo para obtener atención médica, vacunas o insumos.

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Además del tiempo en prisión, la propuesta de Gómez Cárdenas también implicaría la destitución del funcionario público y su inhabilitación para desempeñar un cargo público hasta por nueve años. Cabe mencionar que esta propuesta se aplicaría si el servidor público da algún tipo de apoyo de esta índole a familiares o conocidos.

De acuerdo con la legisladora, esta propuesta surgió a partir del periodo de emergencia sanitaria que se vive en el país, en cual ha detectado a funcionarios “que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de salud puede tener acceso al antídoto”.

Si bien aceptó que la escasez de vacunas puede ser un factor que promueve la urgencia por romper las normas para acceder a la vacunación, la panista identificó a ese como un factor de peso para reformar el marco legal y proteger a los mexicanos más vulnerables ante la enfermedad.

Sarahí Gómez propuso que este tipo de conductas sean consideradas como un abuso de autoridad y también detalló que las sanciones se duplicarían si se cometen en un periodo de emergencia sanitaria, como el actual.

Este tipo de iniciativas ya han sido motivadas por otros partidos. Morena, por ejemplo, anunció a mediados de enero que procedería de manera interna contra los militantes que se apliquen la vacuna antes de que les corresponda, dijo Mario Delgado, dirigente nacional del partido, quien también destacó que se trataba de una decisión basada en la “solidaridad con el personal médico y los sectores más vulnerables”.

Cabe recordar que ya se han presentado casos de personas que no se encuentran en la primera línea de defensa contra el coronavirus, pero ya han sido inmunizadas. Una de ellas fue Alba Patricia Batani Giles, regidora de Morena en Acapulco, quien presumió haber recibido la dosis.

A través de sus redes sociales, la funcionaria publicó una fotografía donde era vacunada y escribió: “Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital General de El Quemado”. No obstante, Delgado no informó si este caso sería denunciado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también ha criticado fuertemente a este tipo de funcionarios. “Han habido dos, tres casos en donde han abusado, da hasta pena decirlo. Pero tenemos que ir avanzando en dejar atrás esa subcultura del agandalle”, señaló el mandatario.

“En el caso del Estado de México, cuando empezaron las vacunas, lo mismo, un médico llevó a su familia, el gobernador de la entidad escuchó que eso era indebido y se tomó la decisión de separarlo del cargo”, recordó AMLO sobre los primeros días de la vacunación a finales de diciembre de 2020.

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Por ello, el presidente ha pedido a los ciudadanos actuar con igualdad, “nada de influyentismo, nada de que: ‘Yo tengo dinero, a mí me toca, a mí me corresponde’”, comentó respecto a varios casos sucedidos en estados como Coahuila y Tabasco.

Lo definió esta tarde el directorio de la autoridad monetaria conducida por Miguel Ángel Pesce. El Central afina otras medidas complementarias a los anuncios de Economía y Desarrollo Productivo.

El directorio del Banco Central prohibió de la compra de dólar ahorro a funcionarios públicos de alto rango, confirmaron a BAE Negocios fuentes de la autoridad monetaria.

La medida alcanza a ministros, subsecretarios y subsecretarios, un total de 274 personas (existen 21 ministerios, 84 secretarías y 169 subsecretarías) .

Además, tampoco podrán acceder al mercado de cambio diputados y senadores.

“Hay es una resolución conjunta del presidente de la Cámara de Diputados y de la Camara del Senado para que ningún funcionario político de diputados ni senadores pueda acceder al mercado de cambios. Porque si no pareciera que en Argentina algunos hacen el esfuerzo y otros tienen coronita. Ni diputados ni senadores deben tener acceso a la compra de 200 dólares. Ya se detallo al Banco Central los Cuit de diputados y senadores. Y esta medida es a partir de hoy”, firmó el titular de Diputados, Sergio Massa.

Los directores del Central estan reunidos en la sede de Reconquista para pulir las medidas que luego serán anunciadas mediante un comunicado.

La prohibición para la compra de dólares abarcaría desde el nivel de Secretarías hacia niveles superiores.

En una entrevista con el diario Ámbito Financiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, deslizó que esta podría ser una posibilidad para los “funcionarios de alto rango”, aunque la decisión final la debe tomar la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce.

“No hay nuevas medidas cambiarias. Excepto una”, dijo Guzmán y anticipó que sería una medida “transitoria” que afectaría a “ministros y secretarios”.

Las medidas que anunciará el Banco Central incluyen decisiones relacionadas con la tasa de interés y el estímulo al ahorro en pesos.

La evaluación del Banco Central ocurría luego de que la autoridad monetaria definió que los empleados de empresas que recibieron ATP no pueden acceder al mercado de cambio para adquirir el cupo de los 200 dólares.

Hoy, miles de ahorristas que quisieron comprar divisas para atesoramiento no pudieron hacerlo, debido a que se encontraban en la lista de personas que habían recibido planes de asistencias social, entre otras circunstancias.

El Gobierno de Santa Cruz pidió la renuncia de los directivos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) “por incumplir las normativas vigentes” de prohibición de reuniones sociales en el marco del aislamiento que rige en Río Gallegos a causa de un brote y circulación comunitaria de coronavirus.

A través de un comunicado oficial, se informó que “por pedido de la gobernadora” Alicia Kirchner, el Jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Alvarez “solicitó a los directivos de la empresa estatal de servicios la renuncia, por incumplir las normativas vigentes en la capital santacruceña”.

“El pedido de la gobernadora Alicia Kirchner surge a partir del incumplimiento de los funcionarios del aislamiento social, preventivo y obligatorio que establece la prohibición de realizar encuentros sociales, medida que rige para toda la provincias”, agregó el comunicado del Gobierno provincial.

Fuentes oficiales consultadas por Télam remitieron a publicaciones locales sobre el festejo del que participó en la noche del lunes el ahora expresidente de SPSE, Nicolás Michudis y otros directivos de la empresa estatal.

La reunión celebraba, según se consigna en la prensa local, la apertura de sobres de la licitación pública para la adjudicación de la obra de tendido de la línea de alta tensión El Pluma-Perito Moreno-Los Antiguos, del sistema interconectado nacional en el noroeste provincial.

El festejo terminó con actuaciones policiales, de la Justicia Federal y de áreas de Tránsito y Comercio del municipio.

La policía realizó “actuaciones prevencionales de oficio” pasadas las 23 del lunes, ante un pedido al comando radioeléctrico porque había “una fiesta” en un local SPSE ubicado en calle Fitz Roy 292, donde constató la reunión de doce personas, “incumpliendo con el Decreto 260/2020 y DNU 605/20 que dispone el ASPO en esta capital.

Según el parte judicial de la comisaría segunda de la policía de Santa Cruz, al que tuvo acceso Télam, la actuación fue ante un llamado al comando radioeléctrico porque en un local de SPSE había “una fiesta”, el encargado del local dijo que era “un asado en festejo de un acontecimiento laboral”.

La Justicia federal realizó la identificación de todas las personas que se encontraban en el local, y el encargado estableció domicilio a disposición judicial.

Tránsito Municipal en tanto, confeccionó las actas respectivas “por circular fuera del horario permitido”, como también el local y el estacionamiento fueron clausurados por personal de Comercio.

Se trata de 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Les impusieron un embargo por 60 mil pesos.

El juez de garantías de Salta Julio Bavio imputó a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El beneficio está destinado a personas vulnerables que vieron reducidos sus ingresos durante la cuarentena por coronavirus.

La audiencia fue este miércoles después de que el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, los acusara por haber recibido el subsidio pese a que no debían.

En la acusación por defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes, a los imputados también los embargaron por 60 mil pesos.

Toranzos indicó este jueves en diálogo con TN que la investigación comenzó a partir de un trabajo periodístico de FM Noticias de Salta. “Cruzaron información de la página de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con el número de documento de dos funcionarios que ellos estimaban que podían haber solicitado el IFE y salió la información de que habían obtenido ese subsidio”, explicó.

El fiscal señaló que, a partir del entrecruzamiento de datos, se llegó a un universo de 53 personas sospechadas. Se trata de funcionarios públicos, en su mayoría concejales, que corresponden a 15 localidades provinciales distintas.

Tras la investigación periodística, el fiscal pidió informes a la oficina central de la Anses, que aportó listado de quiénes cobran el IFE, pero también documentación que acompañó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados y sus empleadores.

Toranzos explicó que, a partir de la evidencia recolectada desde el 27 de julio, pudieron clasificar tres grupos de personas: “En primer lugar, funcionarios públicos que habían solicitado el IFE, pero que el mismo sistema los había descartado. Segundo, los que habían solicitado el subsidio y la Anses lo aprobó, pero no lo cobraron. Tercero, un grupo de quienes hicieron el requerimiento, fueron aprobados y lo cobraron”.

“Algunos cobraron una cuota y otros dos. Lo hicieron en la misma cuenta sueldo de concejal, aunque otros pidieron cobrar en el correo”, señaló.

En la imputación, el fiscal recordó que el IFE está dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios y sufrieron más el impacto provocado por la pandemia.

La Fiscalía evaluó que los acusados conocían que no podían cobrar el IFE, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos con sueldos que van desde los 30 a 60 mil pesos. “Ellos cobraban lo mismo con el aislamiento”, destacó Toranzos y resaltó que, además, los imputados “fueron elegidos por el pueblo y juraron hacer respetar las leyes”.

“Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”, sentenció el fiscal, quien además de los concejales imputó a Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Al menos cinco miembros del Gobierno municipal arrojaron resultados positivos tras el hisopado y se aguarda por la información de otros testeos realizados a funcionarios.

El caso positivo de coronavirus del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, desembocó en una ola de contagios al interior del gabinete municipal. En las últimas horas se confirmó que al menos 5 de sus funcionarios dieron positivo tras realizarse el hisopado.

Luego de confirmarse durante la tarde del viernes que Insaurralde había contraído coronavirus, se encendieron las alarmas en los gobiernos nacional y provincial, y funcionarios como Daniel Arroyo (Desarrollo Social de la Nación), Federico Otermín (Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia) y Federico Thea (secretario general de la Gobernación) se realizaron el hisopado y dieron negativo.

Sin embargo, los contagios se produjeron al interior del gobierno lomense. Entre los contagiados se encuentran el secretario de Gobierno, Martín Choren, la secretaria privada del Intendente, Victoria Bourio, el director de Compras, Daniel Perfumo, el secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni, y el chofer personal de Insaurralde, Matías Urso.

En tanto que también se confirmó el caso positivo del vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti, quien el miércoles 10 de junio participó de la misma reunión en la que estuvieron presentes Thea y Otermín junto a Insaurralde.

El contagio del jefe comunal generó ayer preocupación en el Gobierno nacional por el contacto estrecho que mantuvo el pasado miércoles con Daniel Arroyo, quien debió realizarse el hisopado y obligó al presidente Alberto Fernández a suspender un viaje que tenía previsto a Catamarca, para esperar el resultado del ministro, que finalmente dio negativo ayer por la noche.

Mientras tanto, se aguardan los resultados de más testeos que se realizaron a funcionarios municipales de Lomas de Zamora para determinar el alcance que tuvo al virus hacia el interior del Gobierno comunal

Dos funcionarios del municipio tucumano de Lules fueron separados de sus cargos y puestos a disposición de la Justicia tras ser sorprendidos cuando jugaban al pádel junto a un grupo de personas a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, informaron fuentes municipales.

El intendente de Lules, Carlos Gallia, confirmó en declaraciones a la prensa que el episodio sucedió el jueves pasado, y calificó lo ocurrido como “un hecho desafortunado”.

La violación de la cuarentena por parte de los funcionarios se conoció al viralizarse un video en el que se observa a un grupo de personas que fue sorprendido por la policía cuando jugaba un mini torneo de pádel en las instalaciones del Club Almirante Brown, en la ciudad de Lules, ubicada a 20 kilómetros al suroeste de la capital tucumana.

En las imágenes se observan, además, varios automóviles estacionados adentro del predio, muy cerca de la cancha de pádel, a la que ingresan los policías.

Según las fuentes consultadas, en el video fueron reconocidos un funcionario del Área de Discapacidad y otro de Cultura, quienes fueron separados de sus funciones por el intendente de Lules.

El propio intendente Gallia publicó en las redes sociales un mensaje en el que, además, señala que ambos funcionarios quedaron a disposición de la Justicia.

“Con actitudes como éstas, que no tienen ningún tipo de explicación no se merecen otra cosa que uno tome las sanciones pertinentes del caso y queden afuera del sistema”, expresó el funcionario.

Gallia también criticó el accionar de los policías por no haber detenido a las personas que violaron la cuarentena y explicó que se enteró de lo sucedido el fin de semana cuando le mostraron el video.

Los funcionarios “reconocieron que se equivocaron y pidieron disculpas”, resaltó Gallia, quien de todos modos decidió pedir la intervención de la Justicia para que tome las medidas correspondientes.

La intendente Daniela Qüesta dispuso el congelamiento de sueldos de los funcionarios del gabinete político municipal a partir del 1° de febrero de 2020 y por el lapso de 180 días.

Según se expresa en los fundamentos del decreto, la medida responde a criterios de austeridad que el gobierno santotomesino viene implementando desde el año 2019, con el objetivo de priorizar los recursos para la atención social y los servicios esenciales hacia la ciudadanía.

“La crisis económica que atraviesa el país también afecta al Municipio. Por eso, a fin de seguir cuidando el dinero que es de todos los santotomesinos, desde hace un mes venimos elaborando junto al secretario de Gobierno, Martín Giménez, un decreto para congelar los sueldos de los funcionarios”, explicó Qüesta.

“Además, luego de charlas y encuentros que mantuvimos con los concejales, los invitamos a seguir esta iniciativa en el ámbito del órgano legislativo, ya que entendemos que beneficiará a todos los santotomesinos”, añadió la mandataria, en referencia a uno de los incisos expresados en la norma.

En el artículo primero, ad referéndum del Concejo Municipal, el decreto establece el congelamiento de las remuneraciones de las autoridades máximas del Departamento Ejecutivo, estipuladas por la Ordenanza 2691/2008 y sus modificatorias.

Por su parte, en el artículo segundo, y con plenas facultades de la intendente municipal, se dictamina una medida de la misma naturaleza para el personal del gabinete político.