Nuevo triunfo judicial para Shakira. La Audiencia Nacional ha fallado a favor de la artista en la última causa que mantenía abierta con la Agencia Tributaria española por el ejercicio fiscal de 2011, poniendo fin a un largo enfrentamiento legal que se ha prolongado durante casi una década. El tribunal concluye que no quedó demostrado que la cantante residiera en España el tiempo suficiente como para tener obligaciones fiscales en el país durante aquel año.

La resolución supone un importante revés para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que reclamaba a la intérprete cantidades millonarias vinculadas al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio. Según la sentencia, la Administración no logró demostrar que Shakira permaneciera en territorio español más de los 183 días que exige la legislación para considerar a una persona residente fiscal.

Durante 2011, la artista se encontraba inmersa en una extensa gira internacional que la llevó a ofrecer alrededor de 120 conciertos repartidos por 37 países. La defensa de la cantante sostuvo desde el inicio del procedimiento que ese ritmo de trabajo hacía imposible que hubiera pasado el tiempo mínimo requerido en España. De hecho, la propia Agencia Tributaria situaba su permanencia en 163 días, mientras que la cantante reconocía únicamente 143.

La Audiencia Nacional considera que, incluso aceptando el cálculo de Hacienda, no se alcanza el límite legal establecido. En el fallo, el tribunal subraya que “esa permanencia no alcanza los 183 días”, por lo que las sanciones impuestas carecen de fundamento jurídico. Además, rechaza la interpretación de la Administración sobre las llamadas “ausencias esporádicas”, al entender que no puede considerarse esporádica una estancia fuera del país superior al periodo exigido por la ley.

Una actividad empresarial internacional

Otro de los puntos clave de la sentencia afecta al supuesto centro de intereses económicos de la artista. Los magistrados descartan que el núcleo principal de las actividades empresariales de Shakira estuviera en España en aquel momento. Según recoge la resolución, “no se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”.

El tribunal también deja claro que en 2011 no existían circunstancias familiares suficientes para presumir una residencia fiscal en España. En ese momento, la cantante no estaba casada ni tenía hijos viviendo en el país, por lo que la relación sentimental que mantenía entonces con un ciudadano español no era suficiente para justificar esa consideración tributaria.

La decisión judicial obliga ahora a la Agencia Tributaria a devolver a la artista más de 55 millones de euros retenidos durante el procedimiento. Esa cantidad corresponde, según explica la sentencia, a ingresos y capital de trabajo derivados de la gira internacional de aquel año. A ello deberán sumarse los intereses legales generados durante todo este tiempo, así como los costes judiciales afrontados por la defensa.

Precisamente, uno de los aspectos más destacados de la sentencia es la condena en costas impuesta a la Administración, una medida poco habitual en este tipo de procedimientos y que suele reservarse para situaciones en las que los tribunales consideran que ha existido una actuación especialmente infundada o carente de base sólida.

Un insólito y macabro caso sacudió en los últimos días a la localidad de Borgo Virgilio, en Italia, donde un hombre fue descubierto intentando hacerse pasar por su propia madre fallecida para renovar su documento y continuar cobrando la pensión. La mujer había muerto hace tres años y su hijo convivió todo ese tiempo con el cadáver momificado dentro de la vivienda.

El hecho salió a la luz el pasado 11 de noviembre, cuando el hombre —de 57 años— se presentó en una oficina pública para realizar un trámite en nombre de su mamá, identificada como Graziella Dall’Oglio. Vestía ropa femenina, llevaba una peluca, estaba maquillado, tenía las uñas pintadas y había sumado accesorios como un collar de perlas y aros para completar el engaño.

Según informaron las autoridades locales, los empleados notaron de inmediato inconsistencias en su comportamiento: la supuesta mujer había llegado manejando y caminaba sin dificultad, a pesar de la avanzada edad que figuraba en su documento. La actitud desencadenó sospechas y los trabajadores dieron aviso a la Policía.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la escena insólita: quien se presentaba como la mujer era, en realidad, su hijo, intentado hacerse pasar por ella. Tras identificarlo, la Policía se dirigió a su domicilio para verificar el estado de la mujer y se encontró con una escena aún más perturbadora: el cadáver momificado permanecía dentro de la casa desde hacía tres años.

La investigación reveló que el hombre nunca reportó la muerte de su madre con el objetivo de seguir cobrando la pensión. Cuando el documento se venció, optó por disfrazarse para renovar la identidad y continuar con la estafa, pese al tiempo transcurrido y al deterioro del cuerpo en su vivienda.

Las imágenes divulgadas inicialmente por el diario Il Corriere della Sera mostraron el impactante parecido logrado por el sospechoso tras maquillarse y colocarse la peluca, lo que contribuyó a viralizar el episodio en la prensa italiana.

El hombre quedó acusado por ocultación de cadáver, estafa a la Seguridad Social, falsedad documental y suplantación de identidad. A pesar de la gravedad de los cargos, permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial.

Verónica Acosta, una mujer de San Luis, quedó imputada por defraudación al Estado luego de que el Gobierno provincial transfiriera por error $510 millones a su cuenta bancaria. Lejos de advertir el desliz, la mujer gastó el dinero en apenas 48 horas, creyendo inicialmente que se trataba de $500 mil.

Por error le transfirieron mas de $500 millones: compró electrodomésticos, ayudó a toda la familia y fueron detenidosVerónica Acosta recibió por error $510 MILLONES en una cuenta judicial y los gastó creyendo que eran $500 mil.💸 Compró comida, electrodomésticos y hasta un… pic.twitter.com/5zdPGFef1I

Según su relato, esperaba apenas $8.000 del padre de su hijo, y al ver el saldo, asumió que era un error menor. Sin embargo, pronto comenzó a realizar compras y transferencias: adquirió electrodomésticos, un auto Ford Ka y repartió el dinero entre familiares, haciendo un total de 66 transferencias.

La Justicia ordenó el allanamiento de su vivienda, el secuestro de celulares de sus hijos y el congelamiento de su cuenta. Además, otras cinco personas fueron imputadas y enfrentan una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva.

Aunque el Gobierno logró recuperar el 90% del dinero —el resto aún se rastrea en billeteras virtuales—, la investigación sigue su curso para determinar si Acosta actuó con dolo. “Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, aseguró la mujer, que hoy enfrenta un posible proceso penal por uno de los errores administrativos más insólitos de los últimos años.

En un caso inédito en la historia judicial argentina, la Justicia Federal de Tucumán dejó al borde del procesamiento a la influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín (26 años), acusada de contrabando simulado por haber utilizado los datos fiscales de al menos cinco gobernadores provinciales para importar ropa desde Estados Unidos.

Las prendas eran luego comercializadas en forma privada en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. El expediente, que instruye el juez federal José Manuel Díaz Vélez con la intervención del fiscal Agustín Chit, revela una maniobra audaz y sofisticada con múltiples ramificaciones.

Todo comenzó cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo recibió, a fines de 2024, una notificación de Aduana por una compra realizada en una tienda de Miami. Como ningún miembro de su entorno había efectuado tal operación, el mandatario radicó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Tucumán.

“Nunca hice una compra en el exterior. Me preocupó que usaran mis datos personales para cualquier tipo de operación”, explicó Jaldo. Su testimonio fue clave para destapar una maniobra que terminó salpicando a Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis), todos utilizados como prestanombres sin saberlo.

La imputada habría utilizado los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores para realizar compras vía Courier, un sistema de importación menos estricto en controles. De esa manera, pudo sortear el cupo personal de cinco compras anuales por hasta U$S 5.000, impuesto por la Dirección General de Aduanas. “El truco era simple y efectivo: un paquete dirigido a nombre de un gobernador difícilmente sería retenido por controles”, detalló un operador judicial.

En un allanamiento ordenado por el juez Díaz Vélez, se secuestraron dispositivos electrónicos, prendas y dinero en efectivo en un departamento de Núñez (CABA), donde residía la acusada. El análisis forense de esos equipos reveló que Olguín habría estado buscando información de otras figuras públicas para repetir el modus operandi.

En su declaración indagatoria, Olguín, representada por la abogada Claudia Paz, reconoció parcialmente los hechos y explicó que había utilizado Google para obtener los datos, una afirmación que genera escepticismo entre los investigadores. También declaró que recurrió a esta modalidad tras haber agotado el cupo de compras a su nombre, el de su familia y amistades.

Sin embargo, los investigadores sospechan que eligió los nombres de los mandatarios precisamente porque esas operaciones difícilmente serían demoradas por controles aduaneros, y no por una simple cuestión de azar.

El delito por el que se la investiga, contrabando simulado, está tipificado en el artículo 864, inciso e, del Código Aduanero y contempla penas de entre dos y ocho años de prisión efectiva. Si bien aún no ha sido procesada formalmente, la resolución de su situación procesal se encuentra en manos del juez Díaz Vélez. Además, el fiscal Chit ya giró copias del expediente a sus pares de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y La Pampa, para que cada jurisdicción avance con la investigación correspondiente.

Conocida por su participación en el grupo de “cumbia cheta” Dame 5, Olguín había iniciado una carrera solista con cierta notoriedad en redes sociales: más de 250.000 seguidores en Instagram y presencia en festivales como Cosquín Cuarteto y el Movistar Arena. En TikTok, combinaba videos musicales con exhibiciones de ropa y moda. Según allegados, vendía las prendas que importaba sin promocionarlas públicamente, gestionando las transacciones por mensaje privado.

“Muchos pensábamos que podía llegar lejos. Con esto, chau carrera”, lamentó una estudiante santiagueña que la conocía. Aparentemente, Olguín se dedicaba a la comercialización informal de indumentaria desde hacía al menos cinco años, aprovechando sus viajes a Miami para abastecerse y luego revender con importantes márgenes.

El gobernador Jaldo advirtió que este caso deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema de importaciones y de la protección de los datos fiscales. “Hay información confidencial que es demasiado fácil de obtener. Eso es un riesgo para cualquier ciudadano”, alertó.

Desde la Aduana, en tanto, se confirmó que muchos usuarios ignoran las notificaciones electrónicas por operaciones internacionales, lo que facilita este tipo de fraudes, y alertaron que incluso personas que prestan sus datos “de buena fe” pueden terminar implicadas en una causa penal.

El caso de Olguín no sólo abre un nuevo capítulo en materia de delitos aduaneros cometidos por influencers, sino que también reaviva el debate sobre la seguridad digital, la protección de datos personales y los controles sobre la actividad comercial transnacional a pequeña escala. Mientras tanto, la joven santiagueña, otrora figura en ascenso del cuarteto pop, espera una resolución que podría truncar su carrera artística para siempre.

En los últimos días, una presunta nueva modalidad de estafa se viralizó en redes sociales y WhatsApp, generando preocupación entre los usuarios de Mercado Pago. Según las denuncias, los estafadores envían paquetes con tarjetas prepagas de Mercado Pago, acompañadas de un código QR que, al ser escaneado, permite el robo de datos personales y financieros.

Los reportes indican que las víctimas reciben en sus domicilios un sobre con el diseño y logo oficial de Mercado Pago. En su interior, hay una tarjeta sin datos personales visibles y un código QR con la indicación: "Activá tu tarjeta con la app de Mercado Pago escaneando el código QR".

Este tipo de fraude, conocido como QRishing, es una variante del phishing tradicional, pero en lugar de utilizar correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos, los delincuentes aprovechan los códigos QR para dirigir a las víctimas a sitios web falsos.

Al ingresar sus credenciales en estas páginas, los usuarios exponen su información personal y financiera, permitiendo a los estafadores acceder a sus cuentas digitales. Además, algunos de estos sitios pueden instalar malware en los dispositivos, comprometiendo no solo la seguridad de Mercado Pago, sino también otros datos almacenados en el celular o computadora.

Denuncian estafa con supuesta tarjeta de Mercado Pago. #ESTAFA #mercadopago pic.twitter.com/0ozINKoyWF

Mercado Libre desmintió el fraude

Ante la viralización del video y la creciente preocupación, Mercado Libre emitió un comunicado oficial en el que negó la existencia de esta modalidad de estafa.

"Detectamos un video que circula por WhatsApp en el que una persona alerta sobre una supuesta nueva estafa con una tarjeta prepaga de Mercado Pago. Esto es falso: no existe un nuevo tipo de fraude que involucre nuestra tarjeta prepaga", afirmó la compañía.

Asimismo, la empresa explicó que cada tarjeta prepaga cuenta con un código QR único y personal, utilizado exclusivamente para activarla en la aplicación. "Ese QR solo puede vincularse a una cuenta digital específica y no hay manera de que escaneándolo se roben datos de Mercado Pago", aseguraron.

Recomendaciones de seguridad para evitar fraudes;

En respuesta a la preocupación generada, Mercado Libre compartió una serie de consejos de seguridad:

No compartir el QR de la tarjeta con terceros ni escanear códigos de tarjetas que circulen en redes sociales.

Si una persona pierde o le roban su tarjeta prepaga de Mercado Pago, puede pausarla desde la aplicación, cambiar el PIN para cajeros automáticos y denunciar el incidente.

Ante movimientos sospechosos en la cuenta digital, el usuario debe comunicarse con Mercado Pago a través de los canales oficiales.

Puede reportar operaciones desconocidas en la sección "Actividad" de la aplicación o acceder a su perfil en "Reportar un problema de seguridad" y seleccionar "Creo que están usando mi cuenta".

Giuliano Vaschetto, conocido como Nano dentro de la casa de Gran Hermano, se enfrentó a las críticas durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. El participante respondió directamente a las acusaciones de que el programa está arreglado o que las votaciones están manipuladas, asegurando que se trata de una producción seria con escribanos supervisando cada paso del proceso. "Es imposible que haya fraude", afirmó con firmeza.

Además de abordar la transparencia del programa, Giuliano también tocó el tema de su relación con Jennifer, compañera dentro de la casa, y las críticas que ambos enfrentan. "Somos adultos y sabemos lo que hacemos", declaró, defendiendo la legitimidad de sus decisiones dentro del contexto del reality show.

A raíz de consultas sobre supuestas actas de infracción de tránsito con códigos QR, la Municipalidad de Santa Fe informa que los inspectores que realizan estas tareas no dejan ningún tipo de código para escanear y visibilizar la multa. La aclaración obedece a que, en las últimas horas, varios vecinos consultaron sobre supuestas boletas que simulan ser un acta de infracción donde se solicita el escaneo para ver la supuesta multa.

Cabe mencionar que los inspectores de tránsito del municipio local labran el acta y dejan el correspondiente ticket en el vehículo, pero éste no posee ningún código QR. Lo ocurrido con las fraudulentas y falsas boletas con códigos para escanear se trataría de una práctica de quishing es una táctica de ciberataque que utiliza códigos QR fraudulentos para engañar a las personas y redirigirlas a sitios webs para apoderarse de sus datos.

Es importante recordar que el phishing es un tipo de fraude en línea que consiste en engañar a las personas para obtener información personal, como contraseña, número de tarjeta de crédito o número de identificación personal. Los atacantes se hacen pasar por una persona, entidad o empresa en la que la víctima confía, como un amigo o una empresa importante.

-Sistema de Atención Ciudadana (SAC): 0800 777 5000

-Ministerio Público de la Acusación: 1° de Mayo 2820 – Teléfono 0342 – 4573464 / 4572687

-Centro Territorial de Denuncias: Las Heras 2883 – Teléfono 0342 – 4815578 / 4559785

La reconocida cantante Shakira escribió una carta pública contando su versión sobre el enfrentamiento que tuvo con la Hacienda española. La colombiana explicó que solo residió en el país europeo para salvar su relación con Gerard Pique, tildó a la entidad de 'machista' y la comparó con la Inquisición.

El 20 de noviembre del 2023, la colombiana llegaba a un acuerdo económico con la  Agencia Tributaria española, que la acusaba de cometer fraude fiscal por la cual debió pagar 14,5 millones de euros. Por el supuesto delito, la intérprete de Hips Don´t Lie corría riesgo de pasar ocho años y dos meses en prisión.

En una carta inédita que publicó en el diario El Mundo, Shakira detalló lo sucedido con la Hacienda: “Lo hice para proteger a mis hijos y para seguir con mi vida, no por cobardía ni por culpabilidad”, aclaró sobre el acuerdo que realizó con la entidad y agregó: "Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español".

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no por trabajar poco, como todo el mundo sabe", detalló la cantante.

Shakira se refirió al circo mediático que causó la denuncia penal y culpó a la entidad española: "Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición".

La cantante sostuvo que no tenía intención de residir oficialmente en España y que solo “lo hacía para que prosperara” su relación con su ex esposo Gerard Piqué y detalló cómo uno de los años ni siquiera llegó a lo establecido por la ley.

“En el caso del 2011, la estrategia es particularmente escandalosa porque sólo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días. Una persona que sé la pasa de gira por todo el mundo no puede tener intención de residir fiscalmente en un lugar, solo porque vive allí la persona con la que en ese momento tiene una relación”, explicó.

Según Shakira, la estrategia de Hacienda española se basó en un prejuicio ‘machista’ para culparla: "Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene".

Y añade: "Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo".

Nuevamente, subrayó que su incentivo para darle fin a la causa fueron sus hijos: "Tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida".

Una vez finalizado el enfrentamiento, Shakira se mudó a su casa en Miami junto a sus dos hijos. 

El viaje de Juliana “Furia” Scaglione a Uruguay fue un escándalo. La mediática se peleó con un cronista durante el evento al que le tocó asistir y después hizo un descargo en el que apuntó contra algunos sectores de la prensa. En medio de toda esa polémica, la exparticipante de Gran Hermano dio una entrevista que puede aumentar la crispación.

En una charla que tuvo con la periodista Flavia Pintos para Twister Televisión Latinoamérica, la entrenadora deportiva ninguneó por completo a Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano 2023 (Telefe) en su propio país.

“Yo ya gané. La verdad que sí, que el premio era mío. La gente sabe quién ganó. No pasa nada”, lanzó Furia. “¿Seguís manteniendo que ganaste igual por más que saliste sexta?”, indagó la cronista, picante. “Todo sale a la luz tranquilamente. Sí”, respondió, sin ganas, Juliana.

ESTA ES LA NOTA de Flavia Pintos del programa "Algo Contigo" del Uruguay donde se la picantea a Furia: "Ya pasó un tiempo, capaz pudiste procesar que saliste sexta” pic.twitter.com/vVDa7zwmDL

“¿Decís que hay fraude?”, buscó saber Pintos. “La palabra no la puedo decir pero obviamente la cantidad de gente que me seguía es mucho más a la cantidad que siguen a otros. El fandom más grande lo tengo yo. Son los furiosos, gracias por existir”, respondió, con un guiño a sus fanáticos.

Cuando la cronista le mencionó que con Bautista tenía una buena relación, Furia dijo que no había escuchado bien a quién se refería. “No sé de quién me estás hablando”, sostuvo. Al entender el nombre dijo que estaba todo bien, pero con una salvedad. “La ganadora soy yo”, expuso.

“No, pero hablando en serio”, le devolvió la periodista y Furia siguió ironizando la charla. “No entendió todavía”, comentó. “Pasó un tiempo y capaz ya pudiste procesar que saliste sexta”, le recalcó Pintos. “No, soy primera”, aseguró y terminó la nota de modo abrupto.

Nicolás Maduro: "No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del Pueblo de Venezuela"

Después de cinco horas, el Consejo Nacional Electoral dio el primer boletín con datos oficiales de la elección presidencial de Venezuela en los que Nicolás Maduro (61) obtuvo la reelección y en enero comenzará con su tercer mandato con el 51,20%. Su principal rival, el exdiplomático Edmundo González Urrutia (74), apoyado por la líder opositora María Corina Machado (56), quedó en el segundo lugar con el 44,2%, según la "tendencia contundente e irreversible" con el 80% de los telegramas que comunicó el órgano oficial, manejado por el régimen chavista.

Poco después, el presidente venezolano celebró el triunfo y gritó: "No pasarán". Y exigió respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

De acuerdo a los datos oficiales difundidos, Maduro obtuvo 5.150.092 votos y González Urrutia 4.445.978 sufragios, con el 80 por ciento de los votos escrutados. La participación ciudadana, se informó, fue del 59%.

El CNE denunció además "una agresión en contra del sistema que desató demoras".

Los venezolanos votaron este domingo en una elección presidencial que podría marcar el mayor cambio político en el país del último cuarto de siglo o extender por seis años más un gobierno autoproclamado como socialista. Tras el cierre de las mesas de votación, se esperaban los primeros resultados para las primeras dos horas, pero desde ambos lados dieron a entender que ganaron la elección y el país entra en incertidumbre hasta tener datos oficiales.

Cuando todavía el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no brindó resultados oficiales, pasadas las 21.30, Delsa Solórzano, ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló en representación de la opositora Plataforma Unidad Democrática (PUD) dio una conferencia de prensa después de que el chavismo dio a entender que ganó la elección. "Quiero reiterarle a nuestros testigos de mesas que no se retiren de la mesa de votación hasta que no tengan las actas en la mano, es un derecho legal", pidió Solórzano.

"Queremos denunciar varias cosas fundamentales. Lo que pasó es no es otra cosa que el espejo de una campaña electoral maravillosa acompañada por millones de personas que saben lo que pasó", afirmó la vocera opositora y recordó dos elecciones ganadas por la oposición que el chavismo tardó en reconocer.

"La Venezuela que estamos viendo en cada rincón del país sabe lo que ocurrió. Hemos ido reiteradamente al CNE y se nos impide el acceso y un funcionario me dijo que era mejor que me retirara por mi seguridad. No se ha permitido el acceso de los testigos a la CNE. Hay una gran cantidad de centros de votación en los que están obligando a nuestros testigos a retirarse. EL CNE a través de sus operadores se está negando a transmitir el acta con los votos", denunció Delsa Solórzano y sostiene que se paralizó el recuento.

Y el candidato presidencial Edmundo González publicó en su red social que los resultados electorales son "inocultables" y que Venezuela optó por el cambio.

Fue en respuesta a la posición que esgrimió el presidente de la Asamblea Legislativa, el chavista Jorge Rodríguez. Coordinador de campaña oficialista "Venezuela Nuestra", Rodríguez aseguró que no pueden dar resultados y que deben esperar el boletín del Consejo Nacional Electoral. "Inmediatamente después los esperamos donde ustedes saben para esperarlos con quien ustedes conocen", lanzó entre risas mientras la televisión oficial mostró a Diosdado Cabello aplaudiendo también sonriente. En la conferencia de prensa amagó a decir que un Maduro ganador ya tenía un primer decreto para el lunes. Luego guardó silencio y dijo que no podía hablar de eso todavía.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió a los testigos electorales asegurar el acta de votación de los comicios presidenciales. "A todos los testigos: tienen derecho a llevarse el acta. El acta es la prueba, asegúrate de tenerla y seguir el protocolo del Comando", dijo a través de red social X Machado, quien respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Es un momento en el cual queremos pedir a todos los venezolanos que se queden en sus centros de votación, que estén ahí cívicamente, en vigilia. Hemos luchado mucho por este día y estos son los minutos cruciales", señaló Corina Machado.

Mientras tanto, el régimen convocó al Palacio de Miraflores, donde instalaron una tarima y poco después de las 22, ante una muchedumbre habló Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. "Ahora ellos andan tratando en este instante de subvertir el orden. Este pueblo votó por la paz, la soberanía, la independencia. Esperamos al 29, en cualquier momento el CNE dará los resultados, dirá: 'Tendencia irreversible ha ganado la presidencia de la República...' y dejó que el público gritara Nicolás Maduro.

El presidente Nicolás Maduro, de 61 años, busca la reelección para un tercer mandato y así extender el proyecto político que heredó del fallecido mandatario Hugo Chávez a más de 25 años. Edmundo González, el candidato opositor de 74 años apadrinado por líder María Corina Machado, pretende arrebatarle el poder que ha mantenido por 11 años, en unas elecciones en las que analistas y observadores ven que la oposición tiene opciones de ganar.

Según el último reporte del comando de campaña del candidato de la oposición mayoritaria, para Edmundo González Urrutia, cuando faltaban dos horas para el cierre de mesas se había registrado una participación del 54,8 %, en un censo de casi 21,4 millones de electores.

Hubo, además, otros ocho aspirantes a presidente de Venezuela con un apoyo popular inicial minoritario. Desde temprano hubo una alta participación y ahora se esperan que en estas dos horas el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga los primeros conteos y desde las 20 hora local (21 de Argentina) difundan las primeras informaciones oficiales.

Corina Machado aseguró que solo hubo incidencias en 1.300 mesas de las 30.026 instaladas, pero que fue al comienzo de la jornada electoral. Remarcó que después del mediodía quedaban 12 con mesas con "algunos problemas".

Desde las 16, ante la consulta de Clarín, en la oposición se mostraban entusiasmados por los números que manejaban extraoficialmente. Al menos desde dos provincias distintas tenían diferentes números de Edmundo González Urrutia, pero una amplia diferencia sobre Maduro. "Todos los ciudadanos tienen derecho a participar de una verificación ciudadana de este proceso".

"Y les repito, estamos más que complacidos por las expectativas que tenemos de los resultados", lanzó el exdiplomático con una gran sonrisa. A su lado, la líder opositora, María Corina Machado, sostuvo: "No podemos dar cifras, las tenemos obviamente, pero no podemos dar cifras".

Un joven de Taiwán, llamado Zhang, de 23 años, decidió llevar a cabo una impactante estafa para obtener un millón de dólares de una compañía aseguradora.

Convencido por un amigo de la escuela secundaria, Zhang expuso deliberadamente sus pies al hielo seco durante más de 10 horas, lo que resultó en una congelación severa que requirió la amputación de ambas piernas.

¿Por qué hizo esto?

Según informaron las autoridades de Taiwán, país donde ocurrió el hecho, el joven tuvo ese accionar pues un compañero de su escuela secundaria (identificado como Liao) lo convenció para ejecutar el engaño con el objetivo de solventar sus pérdidas incurridas en el comercio de criptomonedas.

El otro joven, de forma bastante sutil, le hizo firmar un contrato a Zhang, pero este no se percató que lo comprometía a abonar la suma de 800 mil dólares.

Más allá del acuerdo, ambos jóvenes acordaron una peculiar historia para convencer a las autoridades. Según la Oficina de Investigación Criminal de Taiwán, Liao y Zhang crearon una narrativa para justificar el accidente.

Plan maestro

Los informes apuntaban que los muchachos acordaron que Zhang sería una "víctima" de un accidente mientras manejaba una moto. Sin embargo, días después del supuesto accidente, Zhang adquirió diversas pólizas de seguros de alto valor, que incluían coberturas de vida, de viaje y hasta de accidentes.

Esto los hizo pensar que en caso la lesión sea más grave, la compensación también lo sería. Esto no podía estar más alejado de la realidad, y esta llegó de una forma bastante dura, pues luego de reportar la pérdida de su pierna, la póliza de seguro era de 7200 dólares por parte de la compañía aseguradora, decepcionando a Zhang.

Tras el reporte, los miembros de la aseguradora se acercaron al domicilio del joven, y se encontraron con el balde de plástico con el que el joven habría congelado sus pies, junto con documentos de seguros, además de gran cantidad de dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Luego del hallazgo, ambos sujetos fueron detenidos y trasladados a un centro policial, donde se afrontaron a acusaciones por los delitos de fraude y complicidad de lesiones graves.

Se podría decir que la estrategia de este hombre, que se cortó una pierna para cobrar un millonario seguro, le salió terriblemente mal. No solo porque no recaudó lo esperado, sino que terminó arrestado por el delito de fraude.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no puede encontrar una compañía de seguros que suscriba su fianza para cubrir la enorme sentencia en su contra en el caso de fraude civil de la fiscal general de Nueva York, dijeron sus abogados a un tribunal de apelaciones de Nueva York.

Los abogados de Trump dijeron que se ha puesto en contacto con 30 aseguradoras para respaldar la fianza, que vence a finales de este mes.

"El importe de la sentencia, con intereses, supera los US$ 464 millones, y muy pocas compañías de fianzas considerarán una fianza de algo que se acerque a esa magnitud", escribieron los abogados de Trump. (El propio Trump fue condenado a pagar US$ 454 millones; los US$ 464 millones incluyen el descargo correspondiente a sus hijos adultos Don Jr. y Eric).

Un corredor de seguros, Gary Giulietti, que testificó a favor de Trump durante el juicio por fraude civil, firmó una declaración jurada afirmando que asegurar una fianza por el importe total "es una imposibilidad práctica".

Los posibles suscriptores buscan efectivo para respaldar la fianza, no propiedades, según los abogados de Trump.

Los abogados de Trump pidieron al tribunal de apelaciones que aplazara el pago de la fianza hasta que finalizara su apelación del caso, argumentando que el valor de las propiedades de Trump supera con creces la sentencia. Si el tribunal de apelaciones falla en su contra, Trump pidió al tribunal que retrase el pago de la fianza hasta que se resuelva su apelación ante el más alto tribunal de Nueva York.

El mes pasado, el juez neoyorquino Arthur Engoron ordenó a Trump el pago de US$ 355 millones en concepto de "ganancias mal habidas" en un caso de fraude civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Engoron escribió en su decisión –de 93 páginas– que Trump y sus coacusados, incluidos sus hijos adultos, eran responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros falsos y registros comerciales falsos, al concluir que los acusados inflaron fraudulentamente el valor de los activos de Trump para obtener tasas de préstamos y seguros más favorables.

La cantidad adeudada por Trump superaba los US$ 450 millones con intereses incluidos.

Trump está apelando la sentencia, pero, para impedir que el estado ejecute la sentencia, el expresidente tiene que depositar una fianza que se mantendrá en una cuenta a la espera del proceso de apelación, cuyo litigio podría durar años.

Trump pagó una fianza de US$ 91,6 millones a principios de este mes como parte de su apelación en el caso de difamación de E. Jean Carroll.

Pero Giulietti dijo que algunas de las mayores aseguradoras tienen políticas internas que les limitan a asegurar una fianza superior a US$ 100 millones. Según Giulietti, ninguna de ellas, incluidas algunas de las mayores aseguradoras del mundo, acepta bienes inmuebles; solo se sienten cómodas aceptando efectivo o acciones.

Incluyendo comisiones e intereses, Trump tendría que reunir más de US$ 550 millones.

"A lo largo de mi carrera, durante la cual he participado directa o indirectamente en la emisión de miles de fianzas, nunca he oído hablar ni he visto una fianza de apelación de este tamaño para una empresa privada o un particular", dijo Giulietti. "Después de un importante esfuerzo de buena fe durante las últimas semanas, obtener una fianza de apelación por el importe de la sentencia de más de US$ 464 millones no es posible en estas circunstancias".

Alan Garten, máximo responsable jurídico de la Organización Trump, dijo en una declaración jurada que Chubb, que suscribió la fianza de US$ 91,6 millones de Trump para cubrir la sentencia del caso E. Jean Carroll, no podía aceptar bienes inmuebles para garantizar la fianza por fraude civil.

Garten calificó la falta de aseguradoras para aceptar bienes inmuebles como un "obstáculo importante" para asegurar la fianza.

Una empleada doméstica quedó detenida acusada de usar la tarjeta de crédito de la persona para la que trabajaba en La Banda, provincia de Santiago del Estero.

Todo comenzó cuando a la dueña de la casa le llegó el resumen de la tarjeta de crédito por 700 mil pesos, cifra que llamó su atención  llamaron su atención por los montos que debía pagar, hasta que comenzó a observar con detenimiento las compras realizadas.

Fue así que advirtió que varias operaciones comerciales no las había concretado, lo que provocó que realizara la denuncia para que se investigara el hecho.

Personal de la División Delitos Económicos concretó averiguaciones en el entorno de la denunciante y analizó imágenes de cámaras de seguridad de comercios, lo que permitió identificar a la autora de la defraudación.

Se trataba de la empleada doméstica de 46 años, quien se apoderó en varias ocasiones de la tarjeta de crédito de su empleadora y salió de compras. Generó un perjuicio económico de 700  mil pesos.

Allanaron la casa de la sospechosa, la detuvieron y secuestraron prendas de vestir nuevas que habría sido comprada con la tarjeta.

El tribunal penal del Vaticano condenó al ex-"número tres" del Vaticano a cinco años y medio de prisión y fue multado con 8.000 euros por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.

Se trata del cardenal Angelo Becciu (foto), de 75 años, quien fue juzgado junto a otras nueve personas.

Es el funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la ciudad-Estado.

"Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación", dijo Fabio Vignone, abogado del obispo.

En el centro del caso está la compra, por 350 millones de euros, de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.

Dos playeros de YPF, de 26 años, fueron condenados en un juicio abreviado por el delito de estafa. Ambos facturaban un importe menor al precio del combustible que cargaban y se quedaban con el resto, provocando un perjuicio económico que asciende a los $ 26.988.044

La sentencia fue dictada el pasado 4 de diciembre en una audiencia a cargo del juez de Control Carlos René Ordás. En ese marco, el magistrado homologó el acuerdo de juicio abreviado que había firmado el fiscal Máximo Paulucci, ambos imputados, el defensor Carlos Alberto Pérez Funes, el patrocinante de la querella Diego Núñez y el querellante.

Según consta en el fallo, a los jóvenes se le imputa “haber realizado maniobras sobre el sistema de facturación de la estación de servicio 606, donde prestaban tareas como playero, facturando un importe menor que el precio vigente de combustible al momento de cada cobro, y quedándose además con el dinero que cobraban sin rendirlo”. Estas maniobras ocasionaron “un perjuicio económico a la empresa” de $10.764.910 en un caso y $ 16.223.134 en el otro.

“Ambos se valieron de la posibilidad de acceder al sistema en calidad de playero de la estación de servicio YPF ubicada en la Ruta Nacional 5, kilómetro 606, sita en Av. Arturo Illia 1225”, añade. Los hechos ocurrieron entre octubre del año pasado y mayo de 2023.

En la parte resolutiva, Ordás homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a ambos a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar autores materiales y penalmente responsables del delito de estafa. A su vez, se le fijaron las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y mantenerlo actualizado como así no cometer nuevos delitos. Esto será durante el plazo de cuatro años.

La Justicia santafesina confirmó el lunes la pena de dos años de prisión condicional para tres integrantes de la comisión directiva del 'Sabalero' entre el 2006 y 2013, entendiendo que actuaron en perjuicio de los intereses y el cuidado del club. 

Tres ex dirigentes de Colón fueron condenados por la Justicia santafesina a dos años de prisión condicional, al ser encontrados culpables de ser coautores del delito de administración fraudulenta.

Las condenas en juicio abreviado recayeron sobre Marcelo Eduardo Maglianesi (ex secretario general), Carlos Ablerto Marín (ex tesorero) y Osvaldo Oscar Pradolini (ex síndico), según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera, representantes del MPA, manifestaron que "los tres condenados defraudaron económicamente a Colón entre 2006 y 2013", perjudicando "los intereses, la administración y el cuidado de los bienes de la institución que se les había confiado".

En ese sentido, también se manifestó en la audiencia que los ex dirigentes "causaron daños y obtuvieron lucro indebido para ellos o para otras personas", y que "actuaron con violación de los deberes a su cargo y uso abusivo de los poderes y autoridad del cargo que ostentó cada uno de ellos entre 2006 y 2013".

En paralelo, se espera que este miércoles dé inicio el juicio oral y público contra el ex presidente durante esas gestiones, Germán Lerche, por el mismo delito de “administración fraudulenta” por el que fue procesado en 2017.

La investigación comenzó en 2013 a partir de una denuncia radicada por José Luis Isaía, síndico del club, y la fiscal a cargo de la investigación fue Mariela Jiménez, jubilada en 2022.

Lerche comenzó su gestión al mando de Colón en 2006 y dejó el club santafesino a finales de 2013. Seis meses más tarde, el club descendería a la B Nacional, misma categoría a la que fue relegado nuevamente el pasado viernes tras perder en un desempate con Gimnasia.

La cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo con multa millonaria con las autoridades de España para resolver su caso de fraude fiscal, el día lunes en que estaba previsto que comenzara el juicio. De esta forma no irá a la cárcel como pedían los fiscales.

En una breve comparecencia ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la artista, para quien la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel, ratificó el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y la Generalitat.

De esta forma, la creadora de temas como “Loba” y “Ciega sordomuda” reconoció que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que residía fuera de España.

De cuánto es la multa que pagará Shakira

El tribunal condenó “in voce” a Shakira a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros y, de acuerdo con las partes, suspendió su ingreso en prisión a cambio del pago de 432.000 euros en total, 400 por cada día que se librará de estar entre rejas.

De acuerdo a la agencia EFE, Shakira ya devolvió a Hacienda los 14,5 millones de euros que defraudó, más otros tres millones de euros en intereses, lo que le valió que las acusaciones le aplicaran la atenuante muy calificada de reparación del daño y, de esa forma, se propiciara el pacto.

El acuerdo supuso también una rebaja considerable de la multa a la que se enfrentaba la cantante, de 23,7 millones de euros y que ha quedado en 7,3, la mitad de la cuota defraudada.

La artista pop evita así el juicio que debía iniciarse este lunes en la Audiencia de Barcelona y que, a lo largo de doce sesiones, debía resolver si la cantante eludió el pago de impuestos a la Hacienda española entre 2012 y 2014.

Qué dijo Shakira tras el acuerdo con Hacienda

Shakira criticó a Hacienda en un comunicado en el que justifica el acuerdo alcanzado para evitar su juicio por fraude fiscal a cambio de una multa millonaria: “Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión”.

La agencia de comunicación de Shakira -Llorente y Cuenca- envió una nota de prensa a los medios justo cuando la artista pronunciaba ante la Audiencia de Barcelona unas breves palabras para ratificar el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con las acusaciones, lo que le evita la celebración del juicio.

Shakira sostiene en su comunicado que optó por el acuerdo para evitar el “desgaste y el tiempo” que está acarreando el proceso penal a “una cantante de prestigio internacional”, así como el “impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio, que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante”.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia”, dijo la cantautora barranquillera, tras recordar que tenía “dos opciones, seguir peleando hasta el final”, hipotecando su tranquilidad y la de sus hijos, de su carrera y de las cosas que le gustan, o cerrar este capítulo de su vida “mirando hacia adelante”.

En ese sentido, Shakira confesó que sus propios hijos le han pedido que llegara a un pacto, por lo que ella ha apostado por centrarse en lo más “importante de su vida” y evitarles el “desgaste” que supone ver a su madre en un juicio.

“Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos”, subrayó la cantante en su comunicado.

“A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por hacer lo correcto y dar un ejemplo positivo a los demás. Esto a menudo significa dar un paso más en las decisiones financieras personales y comerciales para conseguir el mejor asesoramiento, lo que incluye buscar el asesoramiento de las autoridades fiscales más importantes del mundo, como PricewaterhouseCoopers International Limited, que me asesoró desde el principio, y posteriormente Ernst & Young Global Limited. Desafortunadamente, y a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fiscales en España iniciaron un caso contra mí como lo han hecho contra muchos atletas profesionales y otras personas de alto perfil, drenando la energía, el tiempo y la tranquilidad de esas personas durante años seguidos”, dijo Shakira, recordando lo sucedido con estrellas como el futbolista argentino Lionel Messi.

Shakira tiene dos hijos con el exfutbolista español Gerard Piqué, quien le habría sido infiel con la joven Clara Chía Marti en 2022, en un caso de gran atención mediática y cultural. Hace poco se lució en los premios Latin Grammy con tres reconocimientos, incluyendo “Canción del año”, así como una memorable actuación junto al productor Bizarrap. Anunció, además, el lanzamiento de un nuevo álbum y una gira mundial prevista para 2024.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, a seis meses de prisión y a abonar cerca de 30 millones de euros en concepto de multa e indemnización por un delito contra la Hacienda Pública.

En una sentencia, la Audiencia considera probado que el acusado, en su calidad de gerente de Rolimpa Trading Corporation, no efectuó declaración o ingreso tributario alguno por la venta en 2001 por parte de esta sociedad de tres solares del distrito madrileño de Vicálvaro en la cantidad de más de 46 millones de euros, que previamente había adquirido en 1989 por algo más de 600.000 euros.

Carlos Luis Iglesias es condenado también a cuatro años de pérdida de la posibilidad de percibir subvenciones o ayudas públicas y al derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Los magistrados consideran que "de los informes periciales queda acreditado que Rolimpa Trading Corporation debía haber declarado a la Agencia Tributaria española por el impuesto de sociedades los beneficios obtenidos con la venta de los terrenos".

Añaden que "la falta de declaración e ingreso supuso un fraude a la Hacienda Pública de 19.624.655 euros", cantidad que dio lugar a un "beneficio económico ilícito para Carlos Luis Iglesias en cuyo patrimonio ingresó" y que tendrá que devolver a Hacienda más los intereses de demora.

Carlos Iglesias llegando al juzgado

La resolución declara a Rolimpa Trading Corporation responsable civil subsidiaria en caso de impago por parte del condenado.

Explica que las cooperativas que adquirieron los terrenos vendidos por esta sociedad abonaron el precio de compra en una cuenta de un banco de Panamá de otra corporación en la que estaba autorizado Carlos Luis Iglesias.

Añade que Rolimpa, sociedad constituida en Panamá en 1984, tenía su inmovilizado en España, por lo que debería haber pagado por el impuesto de sociedades de 2001 la referida cantidad de 19.624.655 euros y aclara que el hecho de que no se tenga el domicilio fiscal en territorio español no significa exención de tributar en él.

"De dicha obligación responde Carlos Luis Iglesias, gerente de Rolimpa, que era quien tomaba las decisiones", explica la sentencia, que agrega que para ocultar su identidad como obligado tributario utilizó empresas interpuestas, un paraíso fiscal como era Panamá en aquella época e instrumentos fiduciarios.

La sentencia, contra la que cabe presentar recurso, impone la pena referida al acusado tras aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

José Galante, el cantautor oriundo de Venado Tuerto que participó de la primera instancia de Got Talent Argentina, emitido por Telefe, y que había pasado a la siguiente ronda del certamen con el “sí” de los cuatro jurados, cosechando buenas críticas hacia su performance, quedó eliminado por decisión de los mismos jueces, sin tener la posibilidad de presentarse a defender el logro obtenido. 

En el primer programa difundido por el canal, en el inicio de la actual etapa de cuartos de final, se mostró como Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos eligieron a los participantes que competirán en estas instancias, ya que había 300 en competencia de los que solo, según dicen los jurados en el video, debían quedar 140. 

Entre los muchos que quedaron en el camino está José Galante. Sin embargo, pese al malestar por no haber podido defender su actuación tras a haber sido elegido por los cuatro jurados, el artista destaca la llegada de Got Talent a su vida como un ‘sacudón’ para despertar viejas pasiones un tanto relegadas e ir por más. 

Agradecido

En diálogo con Notife, Galante puso en palabras sus sensaciones luego de lo ocurrido, mostrándose, por sobre todas las cosas, “agradecido a toda la gente de la región; a los amigos de Venado Tuerto y a las autoridades locales; la demostración de afecto y de apoyo que recibí fue inmenso. Si bien acá en Venado muchos ya me conocían, yo creo que Got Talent llegó para que más gente me conozca. Hoy cualquier presentación en algún lugar donde nunca haya ido se hace más fácil con el video de mi participación en el programa”.

“No quiero caer en la queja burda, porque no me manejo así y nunca fue mi manera”, lanzó el ex participante, agregando que “Got Talent vino a pegarme un sacudón y a despertar cosas que estaban dormidas en mí; cosas de mi carrera que si no hubiese sido por la adrenalina que generó Got Talent no hubiera arrancado nuevamente, lo cual agradezco también, porque uno a veces se pone en piloto automático, se acostumbra a ir siempre a un bar, al otro y no busca más allá. Estamos trabajando canciones nuevas con un productor de primer nivel y se vienen cosas lindas gracias a esto”. 

Lo amargo

Sin embargo, el quedar eliminado sin tener el derecho a mostrar su preparación y sin poder defender lo hecho en aquel primer programa, es un sabor amargo, uno pendiente sin poder cumplir por decisión de otros. 

“Creo que tanto yo como muchos otros artistas teníamos la chance de volver a defender lo que fue nuestra primera participación, porque así lo habían decidido. Uno se prepara para esa participación, hace lo que tiene que hacer, se perfecciona y un llamado telefónico tira todo por la borda, diciéndote que el jurado decidió que vos no vas a estar”, dijo el artista, reflexionando: ¿Con que bases? ¿Con las que ya vimos todos?”.

Galante afirmó además que no hubo otro contacto con él y que lo único que los jueces tuvieron para evaluar fue lo que se vio en televisión. “No es que me hicieron otro casting puertas adentro y decidieron que no iba a estar, es lo que vieron todos. Tengo cuatro “sí”, ninguna “x”; si bien mi performance no fue exacta, todo lo que me dijeron para mejorar lo trabaje. Tenía chances de, al menos ser competitivo, y de repente un llamado diciéndote eso refleja que evidentemente no pasa por el talento, y sin desmerecer a mis colegas que están hoy, pero evidentemente pasa por otro lado”.

“Pensé que al ser un formato mundial iba a tener ciertas cuestiones que lo iban a diferenciar mucho de otros eventos similares, pero evidentemente sigue los mismos patrones que todos los concursos a nivel nacional”, criticó, subrayando: “Me dijeron cuáles eran mis problemas y mis partes flacas a mejorar, me preparé con una vocal coach de nivel internacional como es Romina Brizueña, que está en Buenos Aires, con quien invertimos tiempo y dinero y trabajamos específicamente en cuestiones que me habían marcado, pero queda en nada”.

Consultado por el contrato de vinculación con la productora del programa para dar consentimiento de la participación en dicho certamen, Galante afirmó que “hay un contrato, y yo lo respeté desde un principio, no difundiendo cuestiones del programa y demás, aunque no tengo una copia, porque te lo hacen firmar en el momento, cuando uno está con toda la adrenalina, palpando el sueño del pibe de salir en televisión. Seguramente ese contrato decía que esta instancia iba a ser así, pero no cambia nada; estando ahí, a un minuto de subir al escenario, todos lo firman”.

 “Se vienen un montón de cosas hermosas, y que la gente este atenta a nuestras redes, que no nos deje de acompañar por no estar en un programa. Los que me conocen saben que soy un inquieto y los que me conocieron a través de Got Talent sigan nuestras redes y sigan sumandos, porque uno trabaja con mucha dignidad y respeto por esta pasión". 

El juicio civil contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y de dos de sus hijos, acusados de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios, se abre hoy en Nueva York y promete una maratón judicial que pone en jaque al imperio económico del favorito de los republicanos en la elección presidencial de 2024.Trump dijo anoche que planea comparecer al inicio del juicio: "Voy a la corte mañana en la mañana para luchar por mi nombre y mi reputación", escribió en su plataforma Truth Social el exmandatario."Todo este caso es una farsa!!!", añadió, citado por la agencia de noticias AFP.El expresidente de 77 años y sus abogados dieron a entender que podría asistir al menos a los dos primeros días de juicio en la Corte Suprema de Nueva York.Si bien no puede ser condenado a prisión por esta acusación, este juicio será un anticipo de una serie de casos legales que podrían perturbar su campaña por la nominación republicana para las presidenciales.El multimillonario está inculpado penalmente en cuatro casos diferentes, que por el momento no han repercutido en su popularidad entre las bases republicanas.Está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo para responder de las acusaciones de haber intentado desde la Casa Blanca revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden.

A continuación, volverá a sentarse en un banquillo en Nueva York por fraude contable, y después en Florida por su negligente manejo de documentos confidenciales tras dejar la presidencia.El juicio que comienza este lunes adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada cuando el juez Arthur Engoron, que lo preside, dictaminó que se había demostrado la existencia de "fraude continuado" y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Donald Trump y los directivos de su grupo habían "sobrevalorado" su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York de Donald Trump y de dos de sus hijos, Eric y Donald Jr, vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.De aplicarse, estas sanciones supondrían "un duro golpe para la capacidad de Donald Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York", según Will Thomas, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.Donald Trump, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80 y prometió dirigir Estados Unidos como sus empresas, perdería entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower, en la 5ª Avenida de Manhattan. 

Estas propiedades están en el centro de las acusaciones de la fiscal Letitia James: la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre 200 y 300 millones de dólares en los estados financieros.La lujosa residencia Mar-a-Lago de la Organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dosier.La fiscal también solicita el reconocimiento de otras infracciones a la legislación financiera y una multa de 250 millones de dólares.Trump siempre rechazó las acusaciones y ataca insistentemente a la fiscal James, una demócrata afroamericana a la que ha calificado de "racista", y contra el juez Engoron, al que califica de "trastornado".En su plataforma Truth Social, ha defendido que los bancos prestamistas han sido reembolsados "en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas". La defensa también pretende luchar con uñas y dientes sobre la valoración de los activos.El juicio promete ser bastante técnico, y se espera que declaren decenas de testigos, entre ellos tres de los hijos de Trump, Eric, Donald Jr e Ivanka, que inicialmente fue objeto de la denuncia, pero finalmente no fue inculpada, y el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que cumplió condena en prisión tras declararse culpable de fraude fiscal en otro caso contra el grupo.