Rodolfo Cattáneo defendió la decisión del Poder Ejecutivo de habilitar el sistema en los tres casinos hasta el fin de las concesiones. Dijo que la determinación fue de Perotti y basada en cuatro dictámenes. Socialistas y radicales consideraron que es necesaria una ley específica y que hubo exceso de facultades en la decisión.

Después de tres horas de reunión, el vicepresidente de la Caja de Asistencia Social -Lotería de Santa Fe- Rodolfo Cattáneo y los diputados del Frente Progresista mantuvieron sus posiciones y no lograron punto alguno de entendimiento acerca de si es legal o no el decreto del gobernador Omar Perotti por el cual concedió a los casinos de Santa Fe, Rosario y Melincué la modalidad del juego on line hasta la finalización de las respectivas concesiones, con promedio de quince años.

Cattáneo se paró en los dictámenes de las áreas jurídicas del Estado provincial mientras radicales y socialistas se turnaban para cuestionar los alcances de la decisión e interpretar que viola los términos de la ley 11.998 que permitió el funcionamiento de tres casinos -en lugares cerrados- del territorio provincial. “Con este decreto pasamos de tres a un millón y medio de casinos” sentenció el radical Fabián Bastia en alusión a la posibilidad de jugar desde cada una de las viviendas de la provincia.

El funcionario había sido invitado en dos ocasiones para que asista a la Presidencia de la Cámara a informar sobre los alcances del decreto. Evitó responder y finalmente fue citado por resolución de la Cámara y ayer fue abierto el recinto para la reunión que encabezó el socialista Pablo Farías -presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales- donde se le hizo notar la demora en concurrir y no se le permitió al funcionario ser acompañada en la palabra o en las respuestas por los asesores legales de la Caja que llegaron con él al Palacio Legislativo. Fue Leandro Busatto (PJ) quien lo defendió en la reunión y al final e incluso le hizo una pregunta que le permitió explicar cómo del juego de la quiniela se fueron derivando otras modalidades como Quini 6, Brinco e incluso la Quiniela Exprés. “Pero siempre en manos del Estado, en el caso del juego on line es para privados” le reprochó el socialista Joaquín Blanco.

En la primera parte, Cattáneo hizo un cuadro de situación de cómo encontró Lotería y el impacto de la pandemia que desde marzo obligó a cerrar casinos y suspender sorteos. Los casinos recién pudieron reabrir el pasado fin de semana.

“La iniciativa del juego on line es del gobernador; la Caja evaluó plataformas sobre las que trabaja ese juego” aseguró Cattáneo quien luego y ante constantes insistencias de legisladores rehusó opinar sobre si era necesaria una ley sobre el decreto. “Me respaldo en los dictámenes técnicos” repitió todas las veces. “Mi opinión es irrelevante; obedezco a los asesores técnicos que tengo”, insistió. Tampoco opinó sobre los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas, intentó explicar que está cuidado que la modalidad no favorecerá la ludopatía ni el juego de menores ante las fuertes dudas planteadas por legisladores.

El radical Marcelo González cuestionó el cánon del 12% a la modalidad on line y Cattáneo la defendió. Se le hizo notar que la ley de casinos fijó tres lugares pero que requerían inversión previa para fomentar el turismo, concepto que parece barrido por la nueva modalidad.

El jefe de la bancada radical, Maximiliano Pullaro fue otro de los críticos ya que presentó una denuncia penal contra el decreto que “es ilegal por donde se lo mire más allá del esfuerzo que está haciendo el funcionario por hacer pasar esto como una modalidad cuando es un juego autónomo”. El radical además habló de un decreto “poncho”, el 324. Ese decreto tiene fecha de abril y es donde Perotti instruye a buscar una modalidad on line para los casinos. Para Pullaro ese decreto no existió hasta octubre y utilizaron un número reservado. “Ese decreto no figura en ninguno de los antecedentes jurídicos ni en el decreto de adjudicación” afirmó.

Blanco le preguntó si tuvo presiones para firmar el decreto y Cattáneo lo negó. Al radical Fabián Palo Oliver le extrañó que no se mencione algún pedido de los casinos para habilitarles la modalidad on line. “No lo hubo” dijo el funcionario. Entonces, el legislador recordó que en 2018, el gerente de una de las casas de juego fue a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Casinos y pidió que se analice la posibilidad de habilitar la modalidad on line para las casas. Entonces los legisladores respondieron que no es tema de la Comisión sino que debe ser una ley impulsada por el Ejecutivo o por legisladores.

Cattáneo se fue negándose a emitir una opinión propia si es necesaria o no una ley para la modalidad pese a los reiterados pedidos. “Es una función técnica la mía y no corresponde opinar”. Y nunca mordió los diversos anzuelos tirados desde los diversos sectores de la Cámara.

Números

La pandemia afectó la recaudación de todos los juegos y especialmente las utilidades de los tres casinos. El informe inicial de Cattáneo precisó que en 2019, los casinos tuvieron utilidades por 1421 millones de pesos mientras que en lo que va de 2020 de 258 millones. Las salas estuvieron clausuradas entre marzo y el 10 de diciembre.

En cambio, quinielas, Quini 6 y Brinco volvieron por junio y julio a sortearse. Eso también afectó los ingresos de Lotería que -recordó- tienen destinos sociales fijados por ley.

En el informe también el funcionario habló de la pérdida de sustentabilidad con que se encontró al iniciar la gestión y mencionó una serie de políticas encaradas para tratar de revertir esa situación.

Disidencias

Leandro Busatto y Pablo Farías emitieron opiniones diferentes sobre los alcances del paso de Cattáneo una vez finalizada la reunión. El justicialista insistió en cuestionar al Tribunal de Cuentas (cuatro de cinco integrantes pertenecen al Frente Progresista). “Estamos conforme con el informe. No hay ningún elemento objetivo como para pensar que hay un delito o acto antijurídico. El gobernador y el vicepresidente de la Caja actuaron a derecho, habilitando una nueva modalidad”. El oficialista admitió la mirada diferente del Frente. “Hay una visión política distinta del Frente que pretende judicializar esto cuando hay elementos más preocupantes como la visión sesgada del Tribunal de Cuentas”, añadió. “Hay un artilugio para construir un relato” se quejó el oficialista.

En tanto, para el socialista Farías “el camino elegido por el Poder Ejecutivo en esta ampliación de las concesiones y nueva modalidad es  incorrecto”. Enseguida opinó que Cattáneo no estuvo a la altura de las circunstancias, no respondió con solvencia; remitió casi todas las respuestas a los contenidos de dictámenes jurídicos. Necesitamos una explicación más política que técnica; la discusión política para nosotros está saldada, no es legal el decreto”.  Después se quejó de que el Poder Ejecutivo no haya recurrido a la Legislatura para dictar una ley sobre la habilitación de la modalidad de juego.

La ministra de Educación debe definir la validez de tres resoluciones firmadas por su antecesora Balagué. Son designaciones en Formación Profesional y Capacitación Laboral; Equipos Territoriales con Eje en la Convivencia y el plan Vuelvo a Estudiar. Son 800 los cargos en cuestión.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, tiene a la firma tres resoluciones declarando nulas otras tantas resoluciones dictadas por su antecesora, Claudia Balagué, por las cuales se dio estabilidad con el pase a planta a personal de los programas de Formación Profesional y Capacitación Laboral; Equipos territoriales con eje en la convivencia y el plan Vuelvo a Estudiar. Se trata unos 800 empleados que lograron la estabilidad en los últimos meses de la gestión del Frente Progresista y cuyas designaciones fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas.

En los tres casos, la comisión creada por Omar Perotti para revisar las designaciones efectuadas por Miguel Lifschitz entre el 30 de junio y el 11 de diciembre, aconseja revocar las designaciones.

La decisión de Cantero provocará otro fuerte choque entre la actual gestión y la antecesora y se dará en momentos en que se discute en Legislatura el Presupuesto 2021 y las llamadas ley de conectividad que viene reclamando Perotti a un poder Legislativo donde el Frente Progresista tiene mayoría en Diputados. Es en esta Cámara donde Balagué además preside la Comisión de Educación.

Las tres observaciones del Tribunal de Cuentas fueron analizadas por la comisión designada por el gobernador Perotti a las pocas horas de su jura. El decreto Nº 0089 ordenó la revisión de las últimas designaciones realizadas por Lifschitz, desde el 30 de junio del corriente año hasta el 11 de diciembre pasado, período de vigencia de la ley de Responsabilidad Fiscal. La actual gestión puso la lupa en 166 decretos, tres de los cuales están ahora en el centro de la polémica.

El artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal prohíbe actos administrativos durante el último semestre de cada gestión que pudieran impactar en el gasto fijo de la administración. Ello es lo que se interpreta que sucede con la incorporación de personal a planta. Por eso, la revisión de los decretos.

La comisión revisora la integran el Fiscal de Estado, Rubén Weder; el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; el secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía, Javier Gallo; y el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de la Gestión Pública, Víctor Bonaveri.

Esta comisión prácticamente repite en los tres informes los ejes de los cuestionamientos a las resoluciones. Entre ellas el haberse obviado pasos indispensables para la cobertura de esos cargos; la transformación de cargos y horas vacantes para hacer los nombramientos evitando la cobertura con traslados; la no acreditación de la aptitud sicofísica ni la carpeta médica, ni tampoco haberse acreditado en las actuaciones el cumplimiento de la compatibilidad para realizar los nombramientos.

También se advierte que en los tres casos se habilitó a la entonces Secretaría de Educación a que exceptúe de requisitos concursales que expresamente están previstos en el reglamento general de concursos de ingreso a la docencia, invocando habilitaciones para resolver “lo no previsto”. Hacen notar que no intervino en las designaciones el jurado concursal que estaba designado y cuando intervino, no hubo actas ni procesó el escalafonamiento con las publicidades del caso.

En los tres casos se advierte que no existe en los expedientes ningún antecedente que permita determinar qué títulos tiene el personal designado; no hay alusión a la capacitaciones en servicio que deben cumplirse y tampoco intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto Nº 0089 mediante el cual ordena una revisión de las últimas designaciones realizadas por su antecesor Miguel Lifschitz, desde el 30 de junio del corriente año hasta el 11 de diciembre pasado.

Se trata de unos trescientos nombramientos contenidos en 166 decretos, que se habrían producido de manera irregular. sobre la base de lo que establece el artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal en la que se prohíben actos administrativos durante el último semestre de cada gestión que pudieran impactar en el gasto fijo de la administración. Ello es lo que se interpreta que sucede con la incorporación de personal a planta. Por eso, los decretos serán revisados y podrían ser dadas de baja las respectivas designaciones. Debe diferenciarse dicha situación de la del personal contratado, que viene reclamando su incorporación como personal de planta desde hace varios meses. Dichos casos implican una relación de precariedad laboral, cuya resolución quedó pendiente durante la gestión del Frente Progresista.

Tribunal de Cuentas

Con la firma de sus cinco vocales, el Tribunal de Cuentas dictó las tres observaciones legales que pueden llevar a rever nombramientos en Educación.

* Observación legal 0044: cuestiona la resolución 1741 del 6 de noviembre firmada por Balagué.

* Observación legal 0014: apunta a la resolución 1868 de Educación con fecha 5 de diciembre.

* Observación legal 0015: reprueba la resolución 1869 del 5 de diciembre.

SUKERMAN CON MORONI Y KULFAS

El ministro de Trabajo santafesino se reunió con su par nacional, Claudio Moroni y con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. En ambos casos analizaron los conflictos laborales que inciden en la provincia y analizaron el vínculo entre producción y trabajo para superar la pandemia.

Del encuentro con Moroni también participaron funcionarios de las direcciones de Empleo Digno y Empleabilidad Inclusiva de la provincia, para conversar sobre distintas acciones que se vienen llevando adelante en materia de capacitación y formación con salida laboral que promueven ambos ministerios.

Por otra parte, tras la reunión con Kulfas, Sukerman expresó que “el vínculo permanente entre producción y trabajo nos permitió sobrellevar esta pandemia. Hoy seguimos trabajando de forma conjunta para superar la crisis económica que también nos dejaron los 4 años de políticas anti industriales que tuvimos durante el macrismo”.

Finalmente, el funcionario también se reunió con Marcelo Domínguez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con quien avanzó en la firma de convenios vinculados a la implementación de la Ley de ART en Santa Fe.

Pablo Farías mostró diferencias con algunos artículos introducidos por el Senado. Reclamó gestos del oficialismo para avanzar con la sanción de la norma.   

“Vamos a trabajar para buscar consensos y aprobar la adhesión de la provincia a la reforma a la ley de ART”, afirmó el diputado socialista Pablo Farías quien reclamó gestos a la bancada justicialista para poder avanzar en la sanción de la norma. La Cámara de Diputados dará ingreso formal mañana al mensaje del Poder Ejecutivo aprobado por unanimidad la semana pasada por el Senado.

El Frente Progresista tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y empezó a discutir internamente el tema ART. En la bancada justicialista de siete miembros, tres ya se han pronunciamiento en forma muy crítica: Lucila De Ponti, Matilde Bruera y Luis Rubeo.

“Tenemos un debate interno, vamos a trabajar para lograr consensos y el propósito no es cajonear el expediente” le dijo a El Litoral el jefe del interbloque. Farías no dejó de recordar que el anterior gobernador, Miguel Lifschitz, también impulsó el tema desde Casa Gris. “En principio tenemos diferencias con algunos retoques que hizo el Senado en comisiones sobre los efectos del recurso presentado por el trabajador o las conformaciones de las juntas médicas. Lo vamos a analizar intentando fijar una postura común” insistió el ex ministro de Gobierno.

Farías recordó el impulso que el propio ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, le dio al proyecto cuando visitó la Legislatura junto al gobernador Omar Perotti; reconoció el rechazo de sectores gremiales al proyecto y el reclamo de las entidades empresariales para que Santa Fe se ponga en línea con el resto de las provincias argentinas en esta materia.

Si bien el mensaje 39152 estará en los Asuntos Entrados de la sesión de mañana, no se descarta que se fije una preferencia para dentro de una o dos sesiones.

Vicentin y programas sociales

Entre los temas con preferencia para la reunión ordinaria está el proyecto ingresado por el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, para darle facultades al Poder Ejecutivo provincial para auxiliar a las pymes productoras de granos y cooperativas santafesinas a los fines de garantizar la continuidad de las operaciones de Vicentin SAIC. “El objetivo es que el gobierno lidere el proceso de continuidad de las operaciones de la firma defendiendo el interés público de la provincia” señaló el autor. Para Farías, el proyecto es un buen instrumento que está en línea con los objetivos trazados por la Casa Gris.

Blanco fue acompañado en la firma por varios de sus pares frentistas más los cuatro diputados de los dos bloques de izquierda.

También tiene preferencia el proyecto para transformar en ley el programa Nueva Oportunidad. El asunto ya motivó varias reuniones entre legisladores y funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que encabeza Danilo Capitani. “Estamos buscando un entendimiento y el consenso necesario” se dice en la bancada socialista y en la cartera cuya sede está en la costanera santafesina.

Turismo y cultura

Entre las preferencias para mañana están sendos proyectos de asistencia económica y financiera al sector turístico, hotelero y gastronómico, así como a sectores culturales, ambos sumamente afectados por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde marzo. Las iniciativas son impulsadas por la bancada del Frente Progresista cuyos integrantes entienden que ambos sectores no fueron atendidos por el gobierno provincial.

En el caso de la asistencia económica y financiera al sector turístico, hotelero y gastronómico se fusionaron dos iniciativas frentistas, una encabezada por Jimena Senn (UCR) y otra por Pablo Farías (PS).

Entre los beneficios excepcionales previstos para el sector están los de materia impositiva; la reducción del 50% de las facturas de energía de la EPE; el asesoramiento y gestiones de beneficios nacionales; creación de un fondo de 600 millones de pesos que administrará el ministerio de la Producción; subsidios o aportes no reintegrables; líneas de crédito con subsidio de tasas, entre otros.

Abre Vida

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz presentó un proyecto de ley para crear el plan Abre Vida para el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones. El objetivo de la iniciativa es garantizar la prevención, el tratamiento e integración de las personas que atraviesan situaciones de consumos problemáticos de sustancias y/o adicciones, priorizando aquellos grupos más vulnerables, en particular niños, niñas, adolescentes, mujeres, y población LGTBI. Según el ex gobernador, con la ley se aseguraría el acceso a la atención de la salud, como así también el acompañamiento en la construcción y fortalecimiento de los proyectos de vida.