El estado argentino podría enfrentar pagos de indemnizaciones de hasta USD 20.000 millones.

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, eximió de responsabilidad a la compañía pero culpó al Estado. Hay dos instancias para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía.

Finalmente, luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.

La decisión fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas –que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas–, y cuyos derechos fueron reconocidos hoy por el tribunal.

Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

Justicia de EEUU suspende juicio por la expropiación de YPF

Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre 8.500 millones de dólares y hasta unos 20 mil millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.

Luego de conocerse el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento. El papel de YPF, en tanto, tenía un alza de 2 por ciento.

En este caso había varios pedidos de “juicio sumario” –que en la justicia de EEUU discute derechos y no hechos, o sea las responsabilidades– para determinar los niveles de culpabilidad de YPF y del Estado y también de los montos a compensar. Preska dijo que YPF no es responsable, pero que Argentina sí. Resta establecer cuál será el monto del daño provocado, algo que se determinará en el juicio. “En resumen, el Estado está condenado y tendrá que pagar. Hay apelaciones y cuando quede firme, el juicio puede tardar… un año, al menos”, destacó una fuente cercana a la causa.

“Argentina perdió, pero YPF ganó. Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera a la empresa del caso y fue cautelosa porque no puso el número pero fijó lineamiento para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías”, resumió el analista Sebastián Maril.

Expropiación de YPF: EE.UU. rechazó un pedido para traer el juicio a Argentina

“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”, comentaron desde la empresa.

La expropiación fue una decisión política tomada hace una década que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.

Preska demoró la decisión casi 280 días desde que las partes involucradas –el Estado, la empresa y un estudio inglés que fue comprando el derecho a litigar de los supuestos perjudicados– terminaron de presentar sus argumentos y responder los de la contraparte. Aunque suene extraño a esta altura y luego de tanto tiempo, vale la pena recordar que hasta el momento la causa estaba en una etapa prejudicial.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.

La trama judicial concitó particular atención política en los últimos meses –en medio de un fuerte contexto de escasez de dólares– por las posibles implicancias económicas que podría tener un fallo final adverso.

Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa.

La Justicia de los Estados Unidos rechazó una demanda que podría haber impactado en U$S1300 millones. El reclamo del fondo Aurelius, ya que ganó un juicio contra el país, era por los cupones PBI.

De esta manera, avaló la estrategia legal presentada por el entonces procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías, que dejó su cargo el 10 de diciembre.

La demanda del fondo buitre fue desestimada por la magistrada que instruye también en otras causas abiertas contra el país en Nueva York, como el caso de la nacionalización de los activos de la petrolera YPF.

Aurelius fue uno de los fondos buitre que ganó el juicio contra el país por la deuda en default en el juzgado neoyorquino, antes encabezado por Thomas Griesa.

El reclamo del fondo Aurelius era por el cálculo con el que se midió el Producto Bruto Interno (PBI) en 2014, que según el fondo había sido modificado por la administración de Cristina Fernández de Kirchner para no tener que pagar cupón.

En su decisión, Preska señaló que la modificación del cálculo que llevó a cabo la Argentina para estimar el crecimiento de su PBI en 2013 es lícito: es decir, Argentina tenía la potestad de modificar la manera de dar cuenta del crecimiento de su PBI como lo pueden hacer el resto de los países.

La estrategia jurídica de la Argentina fue liderada por el ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien encabezó las negociaciones en la ciudad estadounidense durante todo el año pasado.

La contingencia potencial del caso era de unos 1300 millones de dólares, pero si el caso avanzaba el país podría haberse visto obligado a tener que abonar una suma cercana a los 3.000 millones de dólares por el cupón que no pagó en 2014.

Ahora, la situación quedó abierta a que Aurelius apele el fallo de Preska presentando más pruebas contra el país, pero si eso no ocurre la causa debería caerse definitivamente, quitando presión externa al país.

El título en cuestión había sido emitido por el Gobierno de Néstor Kirchner en 2006, en el marco del canje de deuda llevado adelante con la coordinación del por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna.