Este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas, que se realizará desde las alturas

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt), Daniel Filmus, suscribieron este jueves un convenio para fortalecer las capacidades de las áreas especializadas de la entidad fiscal y facilitar la provisión de información e imágenes satelitales.

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Según informaron en un comunicado desde AFIP, este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas a partir de la utilización y procesamiento de imágenes satelitales.

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La mejora en las herramientas disponibles es el resultado del trabajo conjunto entre la AFIP, el Mincyt y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

“Sumamos el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo del país, y en este caso también para agregar valor al trabajo de la AFIP”, expresó Filmus al destacar que “desde el Mincyt apostamos a la tecnología satelital en todas las áreas particularmente en esta que puede mejorar muchísimo a la equidad fiscal respecto de distintos sectores como el agropecuario“.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que “esta herramienta que es resultado del trabajo conjunto con la Conae y el Mincyt fortalece y mejora las tareas de fiscalización de nuestro organismo a partir de la explotación de información satelital valiosa que hasta ahora no era utilizada con estos fines”.

La funcionaria consideró que “además de las tareas de la AFIP, la utilización y procesamiento de estas imágenes satelitales le permitirán a distintas áreas del Estado contar con datos precisos para desarrollar distintas políticas públicas”.

La información que suministre la Conae será administrada y analizada por un área especializada en imágenes satelitales de la AFIP que fue creada este año con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de fiscalización.

Asimismo, los técnicos de la Conae asistirán al organismo en la capacitación de las y los trabajadores abocados a las tareas de interpretación y análisis de los datos.

El monitoreo satelital de distintas actividades económicas permite realizar cruces de información con las bases de datos de la AFIP para potenciar las acciones de investigación y fiscalización que realiza el organismo en todo el país a través de la Dirección General Impositiva (DGI).

En este sentido, informaron que la firma del convenio, que se llevó a cabo en el Salón Tacchi de la AFIP, contó con la participación del secretario de Planeamiento y Políticas del Mincyt, Diego Hurtado; y del Director Ejecutivo y Técnico de la Conae, Raúl Kulichevsky.

También estuvieron presentes durante la rúbrica del acuerdo los titulares de las áreas de fiscalización, sistemas y coordinación técnica institucional de la AFIP junto con autoridades de la DGI.

Según precisó Cafiero, las autoridades de la Conmebol “se llevaron” esos protocolos para “analizar para ver si podían cumplir”.El Gobierno nacional le solicitó a la Conmebol, organizadora de la Copa América, un protocolo “estricto” y de “alta y permanente fiscalización” para poder disputar el torneo en el país, en el marco de la segunda ola de coronavirus que afecta a la Argentina.

“Nos reunimos ayer con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y fue una buena reunión. La Argentina tiene un compromiso para organizar parte de la Copa y el año pasado se postergó y este año había que hacerla. Lo que plantemos fueron protocolos muy estrictos, de alta y permanente fiscalización”, explicó el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero este jueves a la mañana en declaraciones a radio Diez.

El miércoles, el presidente Alberto Fernández recibió al titular de la Conmebol en la residencia de Olivos, y le entregó un estricto protocolo sanitario que deberá cumplirse para que se juegue la Copa América 2021 en el país, según informaron fuentes oficiales.

Fernández y Domínguez evaluaron el miércoles los aspectos organizativos y logísticos -con la eventual habilitación de sedes adicionales, como los estadios de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield- y todo lo concerniente a los protocolos sanitarios.

Según precisó Cafiero, las autoridades de la Conmebol “se llevaron” esos protocolos para “analizar para ver si podían cumplir”, y explicó que “se sorprendieron bastante respecto a las exigencias e incluso nos hicieron comentarios de que ni siquiera en la Eurocopa” tienen ese tipo de exigencias.

En ese protocolo hay cuestiones referidas a “reducir mucho la presencia de la gente que va a venir” y, en ese sentido, Cafiero sostuvo que la Conmebol “tienen que hablar con las delegaciones para ver si pueden cumplir con eso”.

“Como es una Copa que se juega en distintas sedes de la Argentina hay que trabajar con los gobernadores y las autoridades locales para ver si están en condiciones de cumplir los requerimientos que estamos pidiendo y hay que ver la situación sanitaria de cada provincia”, dijo también Cafiero.

Además, aclaró que la realización del torneo en el país “no tiene impacto desde el punto de vista sanitario”, tal como ya dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, debido a los protocolos “estrictos” para todos los planteles de fútbol y las delegaciones.

La Copa América se disputará entre el 13 junio y el 10 de julio próximos, y Colombia no compartirá la organización con la Argentina -como estaba previsto-, tras anunciar la semana pasada su deserción debido la situación imperante en ese país.

El Grupo A está compuesto por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que el B lo integran Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Esta semana se conoció una convocatoria a movimientos sociales para una campaña de auditorías en las góndolas de los supermercados. Y ahora, a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el ministerio de Desarrollo Productivo creó un nuevo organismo: el Consejo Federal de Comercio Interior, con el objetivo de reforzar las fiscalizaciones en todo el país.

Desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación señalaron que el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) tendrá el objetivo de “establecer y aceitar” mecanismos para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el país. “Este nuevo organismo le da un marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos los distritos del país”, detallaron.

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La labor mancomunada con las jurisdicciones es indispensable para ejercer el control y el monitoreo necesarios para lograr la efectividad en la administración de precios y abastecimiento

El Cofeci trabajará sobre políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones.

Según establece la resolución 145/2020, el Cofeci está integrado por las autoridades de aplicación provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y por el consejo la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores en representación de la autoridad nacional.

“Es fundamental la colaboración de los distintos niveles de gobierno para hacer efectiva las políticas del Estado Nacional para proteger los derechos de las y los consumidores y para la óptima ejecución de los programas y regulaciones que tienen como finalidad cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos”, expresó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en un comunicado.

“Las políticas públicas que llevamos adelante desde la secretaría, requieren una buena ejecución en cada una de las provincias y municipios y la labor mancomunada con las jurisdicciones es indispensable para ejercer el control y el monitoreo necesarios para lograr la efectividad en la administración de precios y abastecimiento”.

El organismo buscará la homogeneización de criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior

El Cofeci, además, se enfocará en la homogeneización de criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior y la recolección e intercambio de información entre entidades públicas, privadas y los sectores productivos para favorecer la eficiencia en la producción y comercialización de los bienes y servicios.

De acuerdo con el texto oficial, las funciones del Cofeci son las siguientes:

– Concertar políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones

– Acercarse a la homogeneización de criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior, incluyendo propuestas de “modificación o armonización” de la normativa vigente en la materia.

– Intercambiar información con los sectores productivos a fin de favorecer la mayor eficiencia en la producción y comercialización de los bienes y servicios.

– Recabar información de entidades públicas y privadas relacionadas con el comercio interior;

– Promover el intercambio de información, experiencias, consultas y la colaboración para la realización de acciones en materia de regulación, fiscalización y control en materia de comercio interior.

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Según detallaron desde el ministerio de Desarrollo Productivo, durante 2020 se realizaron 34.765 inspecciones en todo el país, de las que se desprendieron más de 4.000 actas por infracciones a los precios máximos y 600 clausuras preventivas a comercios de distinto tamaño.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que los contribuyentes y sus asesores fiscales deberán informar todos los acuerdos, esquemas y planes utilizados para minimizar su carga tributaria, a través de la Resolución General 4838/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El nuevo régimen de información obligatorio procura fortalecer la capacidad de supervisión de las estrategias de “planificación fiscal” a las que recurren empresas y personas humanas para obtener beneficios en relación con los impuestos.

Asimismo, el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales otorga al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont más herramientas para abordar potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal.

La medida alcanza a las estrategias de planificación fiscal nacional así como los esquemas internacionales que, por ejemplo, involucren jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

También están cubiertas aquellas planificaciones fiscales internacionales en las que se utilizan sociedades para aprovechar los convenios para evitar la doble imposición, o se produzca un resultado de doble imposición internacional.

Los regímenes informativos como el que implementó la AFIP constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo, ya que permiten verificar que los tributos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles.

Al ampliar el nivel de conocimiento de las estructuras y operaciones utilizadas por los contribuyentes, la normativa permite identificar áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario.

Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios en relación con cualquier impuesto o régimen de información.

Los datos recabados en relación a la planificación fiscal podrán ser objeto de intercambio con aquellos países con los que la Argentina mantiene acuerdos.

Los sujetos alcanzados deberán presentar la información sobre la planificación fiscal nacional e internacional en forma digital en el sitio web de la AFIP.

La normativa obliga a los asesores fiscales y los contribuyentes a suministrar información clara y precisa, que permita comprender la planificación fiscal e identificar la ventaja fiscal o el beneficio esperado.

Cuando un asesor fiscal se ampare en el secreto profesional, deberá notificar al contribuyente para que este sea quien cumpla con la obligación.

La resolución también establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que los contribuyentes y sus asesores fiscales deberán informar todos los acuerdos, esquemas y planes utilizados para minimizar su carga tributaria.

El nuevo régimen de información obligatorio fortalece la capacidad de supervisión de las estrategias de “planificación fiscal” a las que recurren empresas y personas humanas para obtener beneficios con relación a los impuestos.

El Régimen de Información de Planificaciones Fiscales establecido mediante la Resolución General N°4838 otorga al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont más herramientas para abordar potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal.

La medida publicada en el Boletín Oficial alcanza a las estrategias de planificación fiscal nacional, así como los esquemas internacionales que, por ejemplo, involucren jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

También están cubiertas aquellas planificaciones fiscales internacionales donde se utilizan sociedades para aprovechar los convenios para evitar la doble imposición o se produzca un resultado de doble no imposición internacional.

Los regímenes informativos como el que implementó la AFIP constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo ya que permiten verificar que los tributos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles.

Al ampliar el nivel de conocimiento de las estructuras y operaciones utilizadas por los contribuyentes, la normativa permite identificar áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario, se informó.

Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.

Los datos relativos a una planificación fiscal recabados podrán ser objeto de intercambio con aquellos países con los que la Argentina mantiene acuerdos.

Los sujetos alcanzados deberán presentar la información sobre la planificación fiscal nacional y/o internacional en forma digital en el sitio web de la AFIP.

La normativa obliga a los asesores fiscales y los contribuyentes a suministrar información clara y precisa que permita comprender la planificación fiscal e identificar la ventaja fiscal o el beneficio esperado.

Cuando un asesor fiscal se ampare en el secreto profesional deberá notificar al contribuyente para que este sea quien cumpla con la obligación.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida.