Las oficinas de dos fiscales de la Ciudad de Buenos Aires ubicadas en el Centro de la Ciudad fueron atacadas este domingo por un grupo de hinchas de Boca en la previa del Superclásico contra River Plate.

Se trata de los despachos del fiscal general, Juan Bautista Mahiques, y de la fiscal especializada en eventos masivos Celsa Ramírez, que sufrieron la rotura de varias de las ventanas en el frente del edificio ubicado en avenida Paseo Colón 1333, sede del Ministerio Público Fiscal porteño.

La fiscal Ramírez estuvo involucrada en investigaciones sobre reventa de entradas en Boca, que incluyeron a Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente xeneize, Juan Román Riquelme.

El ataque habría partido desde un camión que transportaba a hinchas de Boca que se dirigían hacia La Bombonera para presenciar el partido contra River, que comienza a las 14.

En un video registrado por una de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar, se puede ver una caravana de hinchas boquenses en varios camiones y motos que circulan por avenida Paseo Colón en dirección al sur.

Como el ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores ya identificaron y secuestraron los rodados y están trabajando para individualizar a quienes realizaron el ataque a la sede judicial.

Fuentes policiales informaron que gracias a la información brindada por el Centro de Monitoreo se pudo seguir la trayectoria de los vehículos hasta las adyacencias de la cancha de Boca, se identificaron las patentes y los efectivos de la Comuna 4 interceptaron a los rodados estacionados.

Luego se procedió al secuestro de los vehículos por instrucción de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez, quien además inició actuaciones por el delito de daño.

Horas después del ataque, ocurrido a las 9.47, el fiscal Mahiques publicó un comunicado para referirse al hecho.

“Milagrosamente no hay heridos, en esas oficinas suele haber mucha más gente pero los domingos los equipos son un poco más reducidos. Podría haber habido un incendio, si uno de esos proyectiles prendía era un desastre”, afirmó el funcionario en su escrito.

El frente dañado del edificio que sufrió el ataque.

El fiscal general precisó que "el proyectil más grande impactó en el piso donde está mi despacho y el de la fiscal Celsa Ramirez. Claramente es un acto intimidatorio en medio de una investigación que no vamos a abandonar".

"Es alarmante, yo vengo denunciando sistemáticamente la violencia que se ejerce contra magistrados judiciales y fiscales puntualmente", precisó Mahiques.

Por último, aseguró que "es inadmisible que debamos sufrir este tipo de atropellos cada vez que se investiga a asociaciones ilícitas y crimen organizado”, en referencia a la investigación que se lleva adelante en Boca.

Lotocki, a partir de los reclamos presentados por los abogados de la fallecida actriz Silvina Luna y otras víctimas que sufrieron graves problemas de salud tras ser operados: el actor y productor uruguayo Raphael Dufort y las argentinas Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefi Xipolitakis.

Herrera pidió la detención tras una solicitud presentada por el abogado Roberto Casorla Yalet, que representa a Dufort, y ahora el juez que interviene en la causa debe resolver si hace lugar o no a la medida.

La otra solicitud fue realizada por el fiscal general Sandro Abraldes sobre los planteos de las querellas de Pamela Sosa, con el patrocinio de Fernando Burlando; Gabriela Trenchi, asesorada por Nuria Drendak, y Stefanía Xipolitakis, con la representación letrada de los abogados Gonzalo Díaz Cantón y Agustín Mariano Maya.

En el escrito presentado ante Herrera, Casorla Yalet detalló que "habida cuenta los procesos pendientes, en particular las condenas que pesan sobre Aníbal Rubén Lotocki, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga de detención del denunciado".

Lotocki ya fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas Silvina Luna, quien murió hace dos semanas en el Hospital Italiano, pero permanece en libertad porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

El escrito fue presentado esta semana en la Fiscalía 29, a cargo de Herrera, que ahora pidió la detención por homicidio en grado de tentativa e hizo el requerimiento al Juzgado de instrucción 60, que aún debe resolver la solicitud.

Fuentes cercanas a Dufort afirmaron a Télam que esperan "que haya una resolución los primeros días de la semana que viene".

En el texto al que tuvo acceso esta agencia, la querella especifica, entre otros temas, que "el señor Aníbal Rubén Lotocki, no actúa en soledad".

"Tan grave es el hecho que nos ocupa que el material/sustancia que han ingresado en mi cuerpo tiene un origen desconocido y completamente ajeno al control de las autoridades sanitarias nacionales (Anmat-Ministerio de Salud de la Nación), pudiéndoselo calificar como veneno para el cuerpo humano", destacó el querellante en su presentación.

También mencionó "los problemas de salud" que le han generado "en un ineludible nexo causal, al igual que a la mayoría de las víctimas (por no asegurar al 100 por ciento)".

En la otra solicitud, el fiscal Abraldes, que participó del juicio oral contra Lotocki, especificó que "corresponde adherir a la petición de detención cautelar" solicitada por las querellas para "neutralizar un peligro de fuga".

También argumentó que "debe ponderarse que Lotocki cuenta con imputaciones existentes en otras tres causas judiciales, de similar tenor a los hechos por los que ya existe condena no firme".

Abraldes recalcó que "la prisión provisional solicitada por los acusadores particulares se advierte como la única cautela adecuada para disipar el riesgo de fuga inminente y real y al que Señor Juez no debe desatender", y destacó "la magnitud y gravedad de los ilícitos atribuidos (a Lotocki) y el severo pronóstico de pena para el caso de unificación" de las causas.

Por los argumentos mencionados, el fiscal general consideró que debe revocarse "la exención de prisión en atención a la existencia de nuevas circunstancias que exigen su detención y hacer lugar a la inmediata prisión cautelar de Aníbal Lotocki solicitada por las querellantes, con el objeto de asegurar su apersonamiento en el proceso hasta tanto la sentencia quede firme o sea revocada".

El abogado de la modelo Stefy Xipolitakis, Gonzalo Díaz Cantón, explicó a Télam que la situación judicial de Aníbal Lotocki "se agravó con la muerte de Silvina Luna, sumadas a dos causas más que tiene por homicidio".

El médico fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a sus pacientes Luna, Trenchi, Xipolitakis y Sosa.

"En esta causa tiene una condena de cuatro años de prisión efectiva. La constante aparición de nuevas víctimas y su defensa a ultranza de sus prácticas lo hacen peligroso a la vista de los resultados y la condena impuesta", precisó en comunicación telefónica con esta agencia.

Y advirtió que "la presunción de inocencia que lo mantiene en libertad tiene que ceder ante un peligro procesal que llamamos peligro de fuga", en coincidencia con el reclamo del fiscal Abraldes.

Por su parte, el abogado de Raphael Dufort, Roberto Casorla Yalet precisó a Télam que interpuso el pasado lunes "una denuncia por tentativa de homicidio calificado porque entendemos que fue un proceso de envenenamiento donde las circunstancias de una eventual mortalidad o de una eventual afección en la salud poco le importan a Lotocki".

Según el letrado, optaron por esta calificación "por los problemas que le provocó en la salud" a su defendido y recordó que "no había ninguna preexistencia ni comorbilidad desde el día que comenzaron las inoculaciones de esta sustancia maldita que tiene la costumbre de aplicar" el cirujano.

Por último, precisó que ratificaron "la denuncia ante el fiscal Lucio Herrera y en el día de hoy el fiscal solicitó -también- la inhibición general de bienes y la detención de Lotocki".

El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki "en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal" del médico que fue condenado a cuatro años de prisión por mala praxis, sentencia que fue apelada y por lo que goza de libertad ambulatoria.

Ese mismo día, amigos, colegas y otras personas que fueron operadas por Lotocki realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA), del barrio porteño de Monserrat, realizaron un minuto de silencio y otro de aplauso sostenido en homenaje a la recientemente fallecida modelo y actriz de 43 años.

"En virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal de Lotocki, en el día de la fecha estamos pidiendo su detención, porque cuando fue condenado no tenía los antecedentes que hoy tiene, antecedentes que hablan de causas abiertas y otras investigaciones", aseguró el letrado en diálogo con la prensa.

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, se reunirá esta mañana con el equipo de fiscales a cargo de la investigación del caso para conocer los avances en la causa, luego de que el pasado viernes se hallaran nuevos restos óseos la zona del río Tragadero, de la capital provincial, informó hoy uno de sus abogados.

"El equipo fiscal nos convocó junto con Gloria para una reunión. Esto se enmarca en la ley de protección a la víctima, por lo que tienen que informarle a Gloria los avances de la causa", aseguró hoy Juan Arreguín, abogado de Romero, en diálogo con el canal TN.

El letrado señaló que de la reunión con el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, también participará su colega, Gustavo Briend.

Arreguín adelantó que "pondrán sobre la mesa" el pedido de prisión domiciliaria solicitado por los acusados Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes junto a su hijo, César Sena, marido de Cecilia, están acusados del homicidio agravado de la joven.

Ayer Romero realizó una manifestación con más de 400 personas frente a la fiscalía de la capital provincial para reclamar se les niegue la prisión domiciliaria a ambos.

Si bien el pasado viernes una junta médica analizó el estado de salud de Emerenciano Sena a pedido de la Justicia para resolver el pedido de arresto domiciliario realizado por su defensa, los especialistas solicitaron que el dirigente social sea sometido a estudios complementarios para entregar un informe final al EFE.

"Tenemos 200 pruebas de cargo en la causa, ninguna los beneficia a ellos, ni siquiera la de su gente", expresó el abogado en referencia a la situación de los acusados.

En tanto, el letrado dijo que mañana llegarán a la ciudad de Resistencia los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola de cara a las audiencias que se llevarán a cabo en el Juzgado de Garantías ante el planteo de oposición a las prisiones preventivas de Sena padre y de Acuña realizado por las defensas.

Finalmente, el abogado informó que el 16 de este mes Gloria viajará a la ciudad de Buenos Aires para realizar una marcha con el objetivo de "nacionalizar la protesta",

"Es para que se exponga a la sociedad argentina cómo estamos, lo que pudimos avanzar, lo que necesitamos para el futuro, que es un juicio oral y público donde se evalúe la conducta de esta gente", añadió.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo a la acusación fiscal, su cuerpo fue luego trasladado por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Finalmente, se cree que sus restos fueron esparcidos en distintos sectores de ese predio, junto a una de las márgenes del Río Tragadero, donde tiempo atrás se encontraron restos de huesos humanos y el viernes pasado otros fragmentos óseos que debe determinarse aún de qué son.

Además de los tres integrantes del denominado clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena) y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la familia), quienes están acusados de encubrimiento agravado.

Para los fiscales, el clan Sena la asesinó por temas económicos en su casa de Resistencia y, luego, se deshicieron del cuerpo con ayuda de sus cuatro colaboradores, imputados del encubrimiento. Hallaron un cráneo en el Río Tragadero y el cadáver lo sacaron envuelto en una frazada

El Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga la desaparición y el femicidio de Cecilia Strzyzowski pidió este jueves la prisión preventiva para los siete detenidos del caso: César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron imputados como coautores por planear y ejecutar el homicidio; mientras que los cuatro asistentes del matrimonio de piqueteros fueron acusados por encubrir el asesinato.

Así lo dieron a conocer este jueves los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez en una conferencia de prensa en la que estuvieron acompañados de Hugo Miguel Fonteina, procurador general adjunto de Chaco.

Los fiscales están convencidos de que a Cecilia la mató el clan Sena el 2 de junio pasado en su casa de Santa María de Oro al 1.400, en una ventana de 45 minutos, pero no pudieron establecer cómo la asesinaron ni quién fue el autor material del crimen. Sí creen que el móvil fue económico, que quemaron el cadáver en la chanchería del “Campo Rossi” y se deshicieron de sus restos con la ayuda de sus cuatro asistentes.

Caso Cecilia Strzyzowski: acusaron de encubrimiento agravado a los cuatro asesores del clan Sena

“Hemos decidido, ante la gravedad del hecho, del entorpecimiento de la investigación y de las maniobras para eliminar rastros probatorios, que no es procedente la libertad de los mismos”, dijo Cáceres Olivera al tomar la palabra. Ante la prensa, los investigadores dieron datos de la teoría del caso, hablaron del hallazgo del cráneo de una persona adulta en el Río Tragadero y de que el cuerpo de Cecilia fue sacado de la casa de los Sena envuelto en una frazada marrón.

El fiscal Gómez contó: “Cecilia ingresó a esa casa a las 9.16 y no salió por sus propios medios. Ella creía que iba a viajar a Ushuaia y se despidió de su familia, les contó que tenía miedo de viajar en avión. Su última búsqueda fue cómo armar la valija, qué se puede llevar, dónde comprar chocolate en Buenos Aires y dónde tomar el mejor café. Ella, no solo creía en esa historia del viaje, sino que estaba ilusionada. Pero nunca se compraron los pasajes”.

Gómez fue muy claro cuando narró que el día que mataron a Cecilia, a las 18, de la casa de los Sena “salieron con bolsas de residuos en una actitud muy sospechosa”. Y agregó un detalle macabro: “Debajo de esa bolsa de residuo estaría el cuerpo de envuelto en una frazada de color marrón”.

Para los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio pasado: o sea, en una franja de 45 minutos. Desde ya que ese margen horario no es antojadizo. Surge del análisis de las cámaras de seguridad, las antenas del celular y de los testimonios.

Como detalló este jueves el fiscal, ese fatídico día, Cecilia ingresó a la casa de los Sena unos minutos después de las 9: fue registrada por una cámara de seguridad. Las filmaciones también permitieron establecer que César entró a las 11.41. La pareja estuvo en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando sale el hijo del matrimonio solo.

Un dato clave para los investigadores es que César, al retirarse, lo hace con el teléfono de Cecilia. Los fiscales creen que para ese momento la víctima ya había sido asesinada.

De esto surge una pregunta desde la lógica: ¿por qué no pensar que César asesinó a su novia entre las 11.41 y las 12.16, previo a la llegada de sus padres? Lo responde una alta fuente de la investigación: “Creemos que, como existía un plan, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”.

La hipótesis principal que se maneja es que a Cecilia la engañaron con el viaje a Tierra del Fuego por una falsa oferta laboral. Cesar se aprovechó —creen los investigadores— “de la relación desigual de poder y dependencia económica en la que se encontraba sometida Cecilia”. “A fin de ejecutar el plan, la engañaron manifestándole que viajaría con César a la ciudad de Ushuaia, bajo la promesa de que contarían con vivienda y 3 trabajo”, se agrega en el requerimiento a prisión preventiva.

Sin embargo, en el expediente consta que no hubo una propuesta de trabajo ni compra de pasajes.

Siguiendo la reconstrucción de los hechos del 2 de junio, a las 16.58 de aquel día se hizo presente en el lugar Gustavo Obregón, mientras que a las 17.12 lo hizo Fabiana González. Para los fiscales, ambos ingresaron a la vivienda con el objetivo “de colaborar con la tarea de hacer desaparecer rastros y/o pruebas de la escena del hecho”.

Seguidamente, a las 19.27, César Sena y Gustavo Obregón cargaron el cuerpo de Cecilia en la cajuela de una camioneta, para luego dirigirse hacia Campo Rossi, ubicado en zona rural de la localidad de Puerto Tirol, donde con la colaboración de Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, cuidadores del predio, “procedieron a incinerar el cuerpo, con el fin de hacer desaparecer los restos del mismo”.

“Este hecho macabro, como lo señaló el doctor Gómez, marca un antes y un después en Chaco, porque ustedes están tan asombrados como nosotros de cómo, primero, hacen desaparecer a Cecilia, de lo macabro que fue este hecho para hacer desaparecer las pruebas y de lo macabro que fue con la aparición de numerosos actores que pretendieron desviar la investigación, es por eso que marca un antes y un después”, consideró Fonteina en la conferencia de prensa de este jueves.

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Ante la pregunta de quién la mató, el fiscal Cáceres Olivera primero dijo: “No lo vamos a poder saber, pero sí una reconstrucción lo más precisa y certera”. Y, entonces, detalló: “Tenemos entendido que hubo una premeditación entre los padres de César Sena, conjuntamente con César, para dar muerte a Cecilia. Si bien el cómo murió Cecilia no ha sido determinado, esperábamos que el equipo de antropólogos nos dé una pista, pero no se ha podido establecer esa información”.

Remarcó el fiscal que faltan pruebas por producirse y esperan “ansiosos” que surja algún dato que les ayude a completar esa información. “Sabemos todo lo que pasó afuera de la casa, y lo que está dentro de la casa, siendo de conocimiento de los tres imputados, hay circunstancias que no las vamos a poder conocer, pero es nuestra misión conocer la verdad”.

“Tenemos comprobado que una de las probabilidades más fuertes que llevó a esta familia a cometer este hecho aberrante fue económico. Es cierto que puede ir variando y para ello está la etapa investigativa y, si podemos, lo acotamos en la elevación a juicio”, remarcó el fiscal Cáceres Olivera cuando le preguntaron por el móvil del crimen.

Este lunes a las 0.35 un hombre con un casco de moto disparó contra la entrada del multimedios y dejó una nota con amenazas a líderes narco ya condenados y presos para que “dejen de trabajar con los fiscales”, caso contrario, “vamos a matar a un policía todos los días”

Este lunes por la madrugada las instalaciones de Televisión Litoral en avenida Perón 8101 fueron blanco de un ataque armado en el que dejaron una amenaza contra narcos condenados y presos. Un hombre con un casco de moto disparó contra la entrada del multimedios y dejó una nota dirigida a Esteban Alvarado, Claudio Javier Morocho Mansilla y el clan Funes para que “dejen de trabajar con los fiscales”, caso contrario, “vamos a matar a un policía todos los días”.

El ataque ocurrió a las 0.35 de este lunes. El video de la cámara de seguridad muestra cómo un auto se estaciona en el frente de Televisión Litoral y luego se ve a un hombre armado, con el rostro cubierto por un casco de moto correr detrás, apuntando con firmeza contra los portones de la entrada; tras lo cual se sube a ese mismo coche y huye.

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El personal de seguridad de la empresa de turno en ese momento confirmó las detonaciones. Sin embargo, no se habían encontrado, en principio, vainas servidas ni agujeros contra las rejas.

Inmediatamente se hizo presente la Policía que sí halló una nota amenazante, dirigida a líderes narco: “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC (Agencia de Investigación Criminal) porque vamos a matar a un policía todos los días, dejen de batir la cana y dejen de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones, con la mafia no se jode”.

? Balearon el frente de Televisión Litoral y dejaron un mensaje dirigido a narcos.

Un hombre disparó contra la entrada del multimedios y dejó la nota con amenazas: “Dejen de trabajar con los fiscales porque vamos a matar a un policía todos los días”.

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— Rosario3.com (@Rosariotres) December 12, 2022

El presidente Alberto Fernández apuntó este lunes contra empresarios, ex funcionarios, jueces y fiscales que habrían viajado juntos en un vuelo privado a Lago Escondido, y anunció que solicitará que se investigue esa situación y su financiación.

En un mensaje en cadena nacional, el jefe de Estado subrayó que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, y aseguró que “es hora de que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.

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“Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica, inició el mensaje.

“Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno”, continuó.

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“Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”, expresó Fernández.

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

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Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.

Los hechos ocurren después de la imputación que hizo el fiscal Pablo Socca a la presunta célula que opera para Los Monos en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.

“Fiscal Socca, Matías Edery, hacen meter presos y hacen causa a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme le apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estadías en pabellones comunes”, dice uno de los papeles dejados en la sede de la AIC. Se sospecha que lo dejaron dos mujeres que se desplazaban en moto, de acuerdo a las primeras informaciones.

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En la puerta del Centro Municipal de Distrito Sur, la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del hospital de Niños Zona Norte fueron dejados carteles intimidatorios a los fiscales Pablo Socca y Matías Edery.

En otro mensaje, que fue dejado en el Centro Municipal de Distrito Sur a través de una pancarta escribieron: “Fiscal Socca, dejá de vender humo con gente de que Fran Riquelme te apunta. Y el otro fiscal, Matías Edery, para hacer meter presos y hacer causas a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estar en pabellones comunes”.

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Las alusiones a Francisco Riquelme –preso vinculado a Esteban Alvarado–, Los Funes y René Ungaro hacen suponer a los investigadores que se trata de una jugada de la misma banda allanada la semana pasada e imputada durante este martes y miércoles para exponer públicamente quiénes son los otros “jugadores” que disputan el territorio y ahora quedaron mejor acomodados para vender droga.

El marido de Nora Dalmasso, Marcelo Macarrón, aseguró que tiene esperanzas de que se encuentre al asesino, que en la calle siente “muestras de apoyo de la gente” y que los fiscales “nunca quisieron saber la verdad” sino que “siempre buscaron a alguien de la familia para acusar”.

Marcelo Macarrón, el marido de Nora Dalmasso y quien en julio último fue absuelto del crimen de su esposa, tras un juicio por jurados realizado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto casi 16 años después del hecho, aseguró este lunes que aún tiene “esperanza” de que la Justicia pueda encontrar al homicida, calificó de “inéptos” a los fiscales que investigaron el caso y pidió que el asesinato de su mujer sea investigado como un “femicidio”.

Piden la absolución de Marcelo Macarrón y el crimen de Nora Dalmasso quedaría impune

Luego de que la Cámara en lo Criminal, Correccional y de Acusación de 1° Nominación de Río Cuarto diera a conocer el viernes último los fundamentos de la absolución de los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por promesa remuneratoria”, Macarrón explicó en una entrevista con Cadena 3 que “los distintos fiscales que pasaron por la causa fueron unos ineptos totales, nunca quisieron saber la verdad, nunca la buscaron y siempre buscaron a alguien de la familia para acusar”.

En su relato, el médico traumatólogo, quien aseguró que está atravesando un período de recuperación tras contagiarse Covid, afirmó que, a su criterio, “hubo parte de ineptitud por parte de los fiscales” aunque también consideró que “la Policía Judicial de Río Cuarto no estaba a la altura de las circunstancias y que el caso se utilizó políticamente”.

Macarrón aseguró que la sociedad no lo condenó sino que siente “muestras de apoyo de la gente” que lo cruza por la calle.

“Esto ha sido todo una locura, no hay nada contra mí. no había pruebas en contra mío”, dijo en la entrevista radial, en la que recordó que cuando “sucedió todo esto, hace 16 años” su hija Valentía tenía 14 años y Facundo 18 años, la pasó “muy mal, fue una situación muy difícil”, a pesar de lo cual se puso “la familia al hombro”.

El viernes último, el tribunal que lo absolvió reconoció a Dalmasso (51) como “víctima de violencia de género” por las exposiciones que sufrió su “intimidad” y que “impactaron indebidamente sobre su honra, sobre sus intereses y sobre su memoria”.

Crimen de Nora Dalmasso: declaran seis testigos en la apertura del juicio

Ante esa situación, el médico dijo tener “sensaciones encontradas” y se sintió reconfortado por el pedido del fiscal del juicio Julio Rivero para que el expediente pase a otra fiscalía y se continúe la investigación en procura de identificar a los responsables del crimen.

“Con mi hijo, con mi cuñado, la familia Dalmasso, tenemos sensaciones encontradas porque estamos muy contentos con la absolución, pero nos queda ese sabor amargo que no sabemos quién es el asesino”, dijo.

Luego, afirmó que “el fiscal (Rivero), con buen criterio, elevó todo a otra fiscalía para que se siga investigando y nosotros vamos a aportar datos de personas que no fueron citadas a declarar para que se puede encontrar al asesino”.

“Esto es como una espina que nos queda clavada, tengo una gran satisfacción de estar absuelto pero me queda esa espina clavada por no saber quien mató a mi mujer”, agregó Macarrón, quien se expresó con coincidencia con el fiscal en considerar que el crimen de Dalmasso “fue un femicidio”.

“Se tiene que investigar como un femicidio, a pesar de que en la época en la que la mataron no existía esa figura”, aseguró.

El juicio por el femicidio de Dalmasso había comenzado el 14 de marzo último y demandó 39 audiencias orales, por las que desfilaron 71 testigos, apenas un 25 por ciento de los más de 300 que se habían previsto.

El fiscal que instruyó el caso, Luis Pizarro, al elevar el caso a juicio, consideró que la madrugada del 25 de noviembre del 2006 el viudo “planificó dar muerte a su esposa por desavenencias matrimoniales y con la intención por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica”.

El cadáver de Dalmasso fue hallado en una de las habitaciones de su casa en el barrio Villa Golf, de Río Cuarto, y generó un fuerte impacto social en esa ciudad cordobesa.

No obstante, el representante del Ministerio Público que debió respaldar con pruebas esa acusación en el juicio cuestionó duramente la investigación llevada a cabo y dijo que no tiene pruebas para pedir una condena.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tratará esta tarde un proyecto del oficialismo de reforma de la ley de alquileres que incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas.

El Frente de Todos impulsará esta tarde en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitir dictamen a un proyecto de reforma de la ley de alquileres que incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas, manteniendo los ejes centrales de la norma aprobada en 2020, informaron fuentes parlamentarias.

La Comisión de Legislación General, conducida por Cecilia Moreau (FdT), fue convocada para las 14 para debatir las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres y emitir los dictámenes de mayoría y minoría.

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El oficialismo tiene asegurada la mayoría, ya que cuenta con 16 de los 31 miembros de ese cuerpo asesor mientras que Juntos por el Cambio tiene 14 integrantes y otro corresponde al Interbloque Federal.

La ley sancionada en 2020 a instancias del bloque de Cambiemos extendió la vigencia de los contratos de 2 a 3 años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un promedio de la inflación y los salarios, que ahora son cuestionados por inmobiliarias y propietarios, y que son defendidas por las principales asociaciones de inquilinos.

La discusión llegará a la comisión tras recibir la opinión de 132 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.

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Fuentes del oficialismo señalaron que, tras analizar las diferentes posturas, decidieron “darle más tiempo a la ley” y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.

En ese contexto, tendrán en cuenta algunos puntos propuestos por el diputado del FDT José Luis Gioja que propone beneficios para los monotributistas y para los propietarios, con el objetivo de incrementar la cantidad de inmuebles para alquiler.

El juez de garantías de San Isidro Orlando Díaz fijó una audiencia para el próximo 12 de enero a las 11 donde escuchará el planteo ya presentado por el abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, para recusar a los fiscales de la investigación del caso.

Se trata de los fiscales Cosme Irribarren, Laura Capra, y Patricio Ferrari, de San Isidro, a quienes Baudry acusa de no haber investigado, en el marco de la causa por la muerte de Maradona, a quien fuera su socio y administrador, el abogado Matías Morla.

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La recusación de Baudry pretende apartar a los fiscales del caso en un momento en el que se define si la causa pasa a juicio oral y público, tras cumplirse un año de la muerte de Diego Armando Maradona ocurrida el 25 de noviembre de 2020. El fundamento de la presentación hecha por el letrado es que los fiscales perdieron la objetividad al declinar investigar a Morla, quien solamente declaró como testigo en la causa.

Por lo pronto, la investigación tiene ocho imputados. Hace pocos días, los fiscales indagaron al médico clínico Pedro Di Spagna.

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Luego de la recusación y si los fiscales son ratificados en el cargo, lo cual tendrá que resolver el juez Orlando Díaz, se definirá si la causa pasa a juicio oral y público.

Los investigadores barajan múltiples hipótesis, aunque prácticamente descartarían la posibilidad de un robo. La causa de muerte recién se podrá determinar con la autopsia.

Por Joaquín Fidalgo

Un bestial crimen se perpetró en una casaquinta de la localidad de Sauce Viejo, entre las últimas horas del domingo y las primeras de este lunes. La víctima era propietaria del inmueble (ubicado en la esquina que forman la Avenida de la Bandera y calle Magnolias, en barrio Jorge Newbery), una mujer llamada Liliana Salas, de 57 años. Ella tenía un alto cargo en la sede santafesina del Correo Argentino y fue uno de sus hijos quien encontró el cadáver, pocos minutos antes del mediodía.

El cuerpo estaba tendido en la habitación, envuelto en una frazada y con un cable alrededor del cuello. Evidentemente, la mujer había sido sometida a una feroz golpiza. Todavía no se precisó el motivo de la muerte, algo que recién será determinado al final de la autopsia. En apariencia, no habría sido asfixiada. Tampoco habría sufrido abuso sexual.

Encontraron sin vida a una mujer en una vivienda de Sauce Viejo

El hijo de la mujer fue hasta el lugar porque su madre no se había presentado a trabajar y no atendía sus llamadas. Tuvo que descalzar una puerta para ingresar, debido a que todas las aberturas estaban trabadas adecuadamente desde adentro.

Quien la mató salió por la puerta, cerró con llave y se llevó al menos dos cosas, su camioneta blanca Jeep Renegade y su teléfono celular, algo que llama la atención de los investigadores que tratan de determinar si falta otro objeto. No había desorden en los ambientes. Por otra parte, el vehículo fue abandonado a un costado de la Circunvalación Oeste de la capital provincial.

Los peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena y los alrededores durante todo el día. “Hay muchos elementos por analizar”, deslizó alguien vinculado con el caso. Todas las tareas se realizaron con gran discreción, en el marco de un estricto operativo dispuesto por la policía que impidió el paso de curiosos a menos de 100 metros de la vivienda.

El caso fue puesto en manos de los fiscales Alejandra del Río Ayala y Matías Broggi, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA, quien se apoyaron en la Brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación Criminal para las tareas de rigor.

Por el momento no hay detenidos y tampoco habría sospechosos.

Los padres de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado el pasado miércoles por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, declararán este martes como testigos ante los fiscales que llevan adelante la investigación del caso.

Fuentes judiciales informaron a Télam que los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim convocaron a Cintia López y Mario “Peka” González, padres del futbolista asesinado, cuando recibirán su declaración testimonial de manera presencial.

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A su vez, también se espera que los familiares de los tres adolescentes que sobrevivieron al ataque efectuado por tres policías de la Ciudad presten declaración entre este martes y el miércoles pero, en principio, de manera virtual.

El lunes, los fiscales escucharon las declaraciones de los tres adolescentes que estuvieron con Lucas al momento del crimen, el miércoles último en el barrio de Barracas.

Fuentes con acceso a la causa dijeron que los chicos “contradijeron absolutamente las versiones de los policías” que ayer fueron indagados.

Los tres negaron que el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas hayan bajado del auto con chalecos policiales, se identificaran como policías e hicieran sonar las sirenas del auto de la Brigada de la Comuna 4, como aseguraron los imputados.

Sobre la réplica del arma hallada en el auto Volkswagen Suran en el que se trasladaban los adolescentes, los voceros dijeron que ellos negaron haberla tenido, al tiempo que los tres policías tampoco lo mencionaron, lo que para los investigadores refuerza la idea de que fue “plantada”.

Al respecto, las fuentes no descartaron que en los próximos días sean imputados por encubrimiento otros policías.

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Dos de los efectivos de la Policía de la Ciudad detenidos admitieron el lunes ante la Justicia haber disparado sus armas contra el auto en el iban Lucas y sus amigos, durante las declaraciones indagatorias en las que se quebraron y lloraron en varias oportunidades.

Los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 al grito de “policía” y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del llamado “chichón” que se poner sobre el techo del rodado porque no funcionaban, lo que fue negado por las víctimas.

Los tres adolescentes que sobrevivieron a los tiros efectuados por los policías reiteraron que acababan de salir de un entrenamiento de fútbol en el club Barracas Central, que compraron jugo en un kiosco y que pensaron que los policías que se acercaron eran delincuentes, ya que bajaron de un auto sin identificar, armados y vestidos de civil.

La tormenta que afectó al centro del país complicó el inicio de las elecciones legislativas en algunas localidades de Córdoba. Hubo varios daños y destrozos por el temporal en la zona sur de la provincia, además de varios caminos anegados, y por eso tuvo que intervenir personal del ejército, la Policía y del Correo para el traslado de urnas. En varios puntos comenzaron más tarde de lo esperado.

El secretario general electoral de Córdoba, Guillermo Fernández, dijo a Cadena 3: “Se anegaron algunos caminos sobre todo de poblaciones pequeñas. Costó hacer llegar las urnas, pero se pudo dar un inicio, si bien fue más lento de lo que preveíamos ahora está normal”, confirmó Guillermo Fernández, secretario general electoral de Córdoba.

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En charla con Cadena 3 el funcionario reconoció que se tuvo que trabajar “hasta altas horas de la madrugada” y confirmó que un 95% de las urnas “llegó a destino”.

“Se nota que hay más votos que en septiembre. A pesar de los contratiempos la gente está yendo a votar. Lo que notamos es que es mayor cantidad de votantes”, admitió.

El funcionario además contó que hubo retrasos en la capital provincial por que “sobraban fiscales”.

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“Sobran autoridades de mesa. Muchas autoridades que participaron en septiembre se presentan con ese nombramiento, a pesar de que necesitan una ratificación. Estamos redistribuyendo las autoridades, porque en este momento estarían sobrando”, confirmó.

Fue un llamado telefónico al 911 que ocurrió el lunes, por parte de un hombre que repitió la misma frase en dos oportunidades, tras lo cual cortó la comunicación.

El Poder Judicial de Santa Fe recibió un nuevo mensaje mafioso en el que se amenaza con “matar a todos los fiscales” si no liberan “a los Cantero y a Los Monos”, mientras se lleva adelante el juicio oral en Rosario al jefe de esa narcobanda por al menos 12 balaceras contra sedes judiciales y domicilios particulares de jueces.

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“Suelten a los Cantero, suelten a Los Monos o vamos a matar a todos los fiscales”, fue el mensaje amenazante que dejó una voz anónima a la central de emergencias 911, lo que motivó un refuerzo en la custodia de los representantes del Ministerio Público Fiscal que participan de las pesquisas contra la narcobanda liderada por Ariel “Guille” Cantero.

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Como consecuencia de ese llamado anónimo recibido el lunes último se inició una investigación judicial a cargo del fiscal del Flagrancia, Franco Carbone, quien dispuso distintas medidas de urgencia.

Una amenaza similar recibió también la central 911 en 2018, aunque en aquella ocasión estaba dirigida contra jueces de Rosario en vez de fiscales, por lo cual está siendo juzgado ahora el jefe de “Los Monos”.

El vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, dijo a Télam que la amenaza telefónica ocurrió “el lunes a la tarde con un llamado al 911” por parte de un hombre que repitió la misma frase en dos oportunidades, tras lo cual cortó la comunicación.

El vocero agregó que el fiscal Carbone “ordenó una serie de medidas para determinar la identidad” de la persona que llamó y recordó que la frase fue similar a un llamado realizado en 2018 también al 911, aunque en esa oportunidad el mensaje fue dirigido a los jueces que habían condenado a Cantero y otros cabecillas de la banda “Los Monos”.

De acuerdo a la investigación, aquella amenaza se hizo desde un teléfono celular sin chip, puesto que permite realizar llamadas de emergencia, como las dirigidas al 911.

El Ministerio de Seguridad provincial, que tiene a cargo el operativo en el Centro de Justicia Penal de Rosario en el que se realiza el juicio, reforzó desde el lunes la custodia del edificio y también la de los fiscales, dijeron fuentes oficiales.

“Guille” Cantero está siendo juzgado al igual que otros miembros de la misma narcobanda aunque no lo hacen de manera presencial, sino por videoconferencia desde la cárcel federal de Marcos Paz, donde cumple condena.

Carranza explicó que si bien la amenaza hace alusión a la familia Cantero, “no se descarta ninguna hipótesis” sobre el posible autor, “tanto de la banda que es investigada como de otras organizaciones criminales”.

Es que en otras ocasiones una banda enfrentada a “Los Monos”, liderada por Esteban Alvarado, buscó inculpar de delitos propios a la familia Cantero utilizando un cartel que había aparecido en asesinatos que decía: “Con la mafia no se jode”.

El 19 de agosto pasado, un día antes de que se iniciara el juicio a Cantero y otras seis personas por 12 hechos de balaceras a domicilios de magistrados y edificios judiciales, el Centro de Justicia Penal de Rosario fue baleado por desconocidos.

En la investigación de esos hechos, el fiscal Carbone pidió el allanamiento de la celda que “Guille” Cantero ocupa en el penal de Marcos Paz, donde se encontró un teléfono fijo a su disposición y se presume que pudo haber sido utilizado para planificar ese ataque.

Cantero está acusado en este juicio como presunto instigador de 7 de las 12 amenazas y balaceras a objetivos judiciales, todas ocurridas en 2018 luego de conocida la condena a la narcobanda que lideró, y que en su caso lo sentenció a 22 años de prisión.

La Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se reunió este lunes en la ciudad de Rosario para considerar un recurso de apelación presentado por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arietti, contra el decreto de la Auditora General de Gestión (AGG) por el cual se declaró incompetente para intervenir como órgano disciplinario en las denuncias presentadas por el accionar del director del Organismo de Investigación (OI), Marcelo Sain.

La decisión de la Junta de Fiscales, que fue tomada por unanimidad, quedó plasmada en un acta que se rubricó al finalizar la reunión.

En primer lugar, la Junta de Fiscales analizó si la resolución de la AGG es apelable y decidió en sentido positivo. En tal sentido, la Junta de Fiscales resolvió que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

En segundo lugar, concluyó que “es el Fiscal General como superior jerárquico del MPA (único superior de la AGG) el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.

PARTE DEL ACTA“La impugnabilidad de la resolución de la AGG y el órgano competente para resolver la impugnación, no está expresamente regulado”, aclaró la Junta de Fiscales en el acta rubricada. “Se genera así un posible escenario de vacío legal que, en el presente caso y ante la hipótesis de una situación que podría causar un gravamen irreparable en el caso de que existiera una presunta arbitrariedad del acto administrativo, considerando que la decisión de la AGG es una resolución negativa que dejaría sin potestad disciplinaria al MPA al declararse incompetente, y teniendo en cuenta además que, en tales supuestos, resulta saludable que se verifique la posibilidad de revisión del acto administrativo, amparada en principios republicanos de razonabilidad y control, máxime cuando se trata de una decisión formal; es que la Junta de Fiscales concluye que es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

“Las funciones asignadas por ley al Fiscal General reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión”, finalizó la Junta de Fiscales.

Los fiscales de San Isidro que investigan la hipótesis de un homicidio culposo recibieron el reporte final de los estudios practicados por Policía Científica a la sangre, la orina, los hisopados y las muestras de órganos recolectados en la autopsia al ídolo.

Las pericias sobre la sangre, la orina, los hisopados y las muestras de órganos que fueron tomados durante la autopsia de Diego Armando Maradona practicada en la morgue de San Fernando tras su muerte el 25 de noviembre pasado llegaron a su fin tras más de 20 días de análisis en la sede de Policía Científica en La Plata, el mismo laboratorio que practicó las pericias a las muestras extraídas del cuerpo de Natacha Jaitt.

Así, los resultados fueron entregados en las últimas horas a los fiscales sanisidrenses Laura Capra, John Broyad, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, que investigan la posibilidad de que Maradona haya muerto a causa de un homicidio culposo por la impericia o negligencia de sus médicos, entre ellos el neurólogo Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Lo que arrojaron las pericias, que complementaron la autopsia realizada el mes pasado investigaron la presencia de drogas ilícitas y alcohol en el organismo, así como el estado general de sus órganos y la presencia de medicamentos, fue esclarecedor.

Según Télam, no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque los estudios dieron positivo en medicamentos como la venlafaxina, un conocido antidepresivo, quetiapina, un antipsicótico empleado por ejemplo en el tratamiento de desórdenes bipolares, levetiracetam, empleado en convulsiones y naltrexona, utilizado en tratamientos por abstinencia de sustancias.

La autopsia al cuerpo de Maradona, con un histórico médico del ídolo enviado por Claudia Villafañe que presenció el procedimiento y se unió a las conclusiones de al menos cinco especialistas determinó una “insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón”, según comunicaron los investigadores de la muerte. Sucesivas inspecciones a la casa revelaron la falta de equipo médico para una internación, como un monitor cardíaco, desfibrilador o siquiera suero. En el expediente, el equipo de fiscales no detectó la existencia de un cardiólogo o de un médico clínico.

Por lo pronto, los estudios preliminares generaron movimientos en el entorno cercano del ídolo, que hoy se debate por la herencia, con el abogado Matías Morla y causas en el fuero civil, en la Justicia porteña y sanisidrense.

“Todos los hijos de p… esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA” (SIC), escribió Gianinna Maradona en Twitter a horas de conocerse los resultados.

Según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, los fiscales del caso se encontraban reunidos con los peritos que realizaron los estudios a comienzos de esta noche.

La hipótesis de un homicidio culposo tomará firmeza cuando un grupo de especialistas médicos de la Asesoría Pericial de la Procuración determinen que existió impericia o negligencia, comparando estos estudios con historias clínicas y otros documentos incautados a lo largo de la causa. Así, Luque, Cosachov y otros podrían ser definitivamente imputados al ser convocados a una declaración indagatoria.

Por lo pronto, la información extraída de los estudios parece no favorecer a los médicos. Fuentes de la investigación indicaron que algunos de los psicofármacos encontrados son “arritmogénicos”, es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT de Gimnasia.

La defensa del senador provincial del PJ Armando Traferri, quien es investigado por la justicia por su presunta vinculación con una red de juego clandestino, reclamó el apartamiento de los fiscales a cargo de la causa por considerar que “están desviados de su acción”. “Desde el primer momento, los fiscales perdieron la imparcialidad”, afirmó este lunes José Luis Vázquez, asesor legal del legislador por el departamento San Lorenzo.

Los fiscales señalados por Vázquez son Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad Delitos Complejos, quienes pidieron ante la Legislatura santafesina el cese de la inmunidad del senador para indagarlo e imputarlo como presunto organizador de una asociación dedicada al juego clandestino.

El pedido de los fiscales fue rechazado el viernes por la Cámara de Senadores en un trámite “expres”. Ahora los investigadores plantearán ante un juez la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe que otorga a los legisladores no sólo la imposibilidad de ir a prisión sino que les da incluso inmunidad de proceso, vale decir, ni siquiera pueden ser acusados sin que les levanten ese privilegio.

En declaraciones, el abogado defensor de Traferri dijo que elevó el pedido en las últimas horas de ayer, a través de un email con copia a los poderes Legislativo y Judicial, a la auditora de Gestión del Ministerio Público de la Acusación y a los fiscales general, Jorge Baclini, y regional de Rosario, María Eugenia Iribarren.

Vázquez aseguró que Edery y Schiappa Pietra “perdieron la imparcialidad desde el primer momento”. Y añadió: “Los fiscales siguen en la misma línea que denunciamos acerca del ministro de Seguridad Marcelo Sain: desmerecer al Senado, a los senadores y sobre todo a Traferri. ¿Qué hicieron los fiscales luego de que les rechazaran el pedido de inmunidad? Salieron a en los medios desprestigiar a los senadores, lo mismo que viene a haciendo Sain. La línea está clara. Sain hace ocho meses que viene denostando al Senado vinculandolo con los narcos, llamando conservadores a los legisladores”.

Garantías con otros fiscales

Vázquez manifestó que su cliente no tendría ningún inconveniente en presentarse a declarar y responder las preguntas que sean necesarias ante otros fiscales que “garanticen imparcialidad”.

“Con fiscales que ofrezcan garantías, sin dudas se presentará. Si estuvieran los fiscales (Miguel) Moreno o (Aníbal) Vescovo, no tendríamos ningún problema, porque son personas de bien. Esta gente (Edery y Schiappa Pietra) no lo son porque siguen instrucciones del Poder Ejecutivo. Están contaminados por la política del Gobierno provincial que inició una campaña de desprestigio del Senado y en especial del senador Traferri”, afirmó el abogado de Traferri

Otro día clave

Este lunes será un día clave en la causa en la que se investiga una red de juego clandestino. Para las 15.30 está prevista la audiencia en la que el ex fiscal regional Patricio Serjal será reimputado como organizador de una asociación ilícita. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra deberán allí delinear necesariamente el rol de los otros acusados de organizadores de la estructura ilegal.

Por eso se expondrá por primera vez en su plenitud la evidencia acumulada contra el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, a quien los fiscales consideran el enlace entre Serjal el también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, presos por cobrar retornos para permitir en distintos puntos de la provincia el despliegue del juego clandestino, y Leonardo Peiti, el empresario más importante de esta actividad ilegal.

Los fiscales pedirán al Senado que le quiten la inmunidad para someterlo a proceso. La incógnita es qué harán sus 18 pares de la Cámara Alta.

En el mismo momento en que el senador Armando Traferri se presente en conferencia de prensa a formular un descargo público, hoy a las 11, los fiscales que lo investigan por su presunta relación en una estructura de juego clandestino presentarán a la Cámara de Senadores su pedido de desafuero, de manera de afectarlo a un proceso penal como sospechoso de un delito.

El requerimiento de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery implica un revolcón político a la vez qué una incógnita: cómo se posicionarán los miembros de la Cámara Alta frente al pedido de levantar el privilegio que resguarda a uno de sus componentes de modo de ser sometido a un trámite penal.

Los fiscales ya recibieron a Traferri el viernes en una comparecencia voluntaria en la que el legislador refrendó cosas ya dichas en un escrito presentado por su abogado, José Luis Vázquez, dos días antes. Los fiscales consideraron que tal planteo es inconsistente con la evidencia que acumulan y por eso requerirán el desafuero.

¿Cómo reaccionarán sus pares frente al pedido? Los fiscales solicitaron además a la Cámara de Senadores que los citen para explicar qué evidencia tienen contra el jefe del bloque del PJ que lo liga, según ellos, a una estructura de protección al juego ilegal mediante retornos económicos, la misma que provocó la destitución y encarcelamiento del fiscal regional Patricio Serjal y del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.

¿Qué hará el Senado?

Pero en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no se hacen muchas ilusiones sobre una rápida aceptación de la propuesta en la Cámara alta. Imaginan que el Senado habilitará un circuito burocrático para análisis del pedido en comisiones, que impedirán la comparecencia de los fiscales antes del año que viene para que los miembros escuchen en un ámbito abierto la prueba aparente que hay contra un par.

En Santa Fe los fueros que protegen a un legislador son mucho más rigurosos y restrictivos que en otros lugares del país. A nivel nacional, por ejemplo, la condición de senadora no impidió que Cristina Fernández de Kirchner quedara sujeta a diversos trámites por delitos presuntos, aunque lo que le impiden es quedar bajo arresto. En la provincia la inmunidad que reciben los legisladores es, además, de proceso, lo que supone que ni siquiera pueden ser acusados en un trámite penal cuando estén sospechados de un delito si no les quitan los fueros en la Legislatura.

¿Qué harán los senadores? Esta misma semana habrá una audiencia en la que se reimputarán al capitalista de juego Leonardo Peiti y al ex regional Serjal por la estructura de protección con coimas del juego clandestino. Allí se escuchará la evidencia que los fiscales dicen tener contra Traferri y que consideran contundente. “Si no fuera legislador no solo ya habría quedado imputado, estaría con prisión preventiva por el plazo de ley”, deslizó una fuente del MPA.

Los 12 senadores del PJ ya se posicionaron en un comunicado en el que solicitan respeto a las garantías del proceso. Pero sobre el temperamento que adoptarán los restantes 7 impera un clima de incertidumbre.

Una denuncia anterior

En los análisis de la situación se desliza que algunos intereses comunes de los senadores, más allá de coloración política, impondrá un posible cerrojo al pedido de los fiscales. El ex concejal rosarino y ex candidato a vicegobernador del PRO en Santa Fe Jorge Boasso pedirá hoy el desarchivo de la denuncia que hizo en 2017 en el MPA contra cinco senadores por malversación de fondos. Y que motivó que los legisladores se concedieran, en sesión expres y sin debate en el recinto, la potestad disciplinaria sobre los fiscales de primera instancia, los que entre otras cosas debían investigar esos ilícitos presuntos.

Boasso recordó que en octubre de 2012, durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti, que tenía minoría en las dos Cámaras, se concedió a los senadores el manejo de un presupuesto millonario en subsidios, que reciben por igual oficialistas y opositores. Ese ingreso más que significativo perdura.

La denuncia señalaba, entre otros detalles, que Traferri había otorgado entre setiembre de 2013 y diciembre de 2015 un total de 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario. El domicilio fiscal de esa fundación era San Martín 1685, que era el mismo, según la denuncia, que el domicilio del senador en la ciudad de San Lorenzo. Esa Fundación la manejaban además dos personas que, decía Boasso, eran contratadas como asesores legislativos del senador.

El caso terminó desestimado por los fiscales Natalia Benvenutto y David Carizza en el tiempo en que el hoy detenido Serjal era el jefe de los 80 fiscales de Rosario.

“El tiempo demostró que la denuncia tenía verosimilitud y que los senadores zafaron por el círculo de impunidad legal que pergeñaron con el régimen disciplinario que sacaron sin debate”, dijo Boasso a este diario. Otros tres senadores que actualmente mantienen sus bancas figuraban en la presentación.

“Típico de una país bananero”

La desestimación de la denuncia, sostuvo Boasso, cobra relevancia hoy, cuando se expuso en agosto en audiencia imputativa pública que por presión de Serjal hubo delitos que dejaron de ser investigados, como el juego clandestino. “Los fundamentos para no investigar a los senadores fueron típicos de un país bananero”, señaló.

“De 24 páginas de resolución en 20 lo que hicieron los fiscales es contar cómo era el sistema de otorgamiento de los subsidios sin siquiera investigar la ruta del dinero, es decir si los subsidios a fundaciones se aplicaban a fines altruistas o algunos volvían a los bolsillos de los senadores. Ejemplo, una de las fundaciones tenía como presidenta a la esposa del Senador. O el domicilio era el mismo que el del Senador, en otras era un baldío, en otras los directivos de las fundaciones eran sus empleados de la Cámara. Y así otros. Nada investigaron los Fiscales. Dieron por cierto lo que les “aportaron” los Senadores o sus abogados”, sostuvo.

Estos asuntos no exentos de polémica vuelven a quedar sobre la mesa en el debate público tres años después. Es el contorno del asunto que implica cómo considerarán los senadores el pedido de desafuero de un colega que se presentará en un rato.

Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los mismos que le tomaron declaración al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, recibieron este viernes al senador, quien ratificó el escrito presentado por su asesor legal. Ratificaron que cuentan con “evidencia” como para llevar a Traferri a una audiencia y negaron vínculos con el ministro Marcelo Sain.

Fue un viernes muy movido en el Centro de Justicia Penal de Rosario. A primera hora se presentaron el senador Armando Traferri y su asesor legal, quienes negaron las afirmaciones que realizó el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad la semana pasada. Más tarde, los fiscales que llevan adelante la causa por presunto juego clandestino, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, -por la que fueron destituidos el propio Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal- afirmaron ante la prensa que irán al Senado provincial para pedir el desafuero de Traferri, con el fin de llevarlo a audiencia imputativa. Además, los funcionarios judiciales negaron contactos con el ministro de Seguridad Marcelo Sain por esta causa, como apuntó Traferri en su defensa.

En una caótica rueda de prensa, los fiscales Edery y Schiappa Pietra confirmaron su decisión de “ir al Senado para pedir el desafuero del senador Armando Traferri para poder llevarlo a audiencia imputativa”.

Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación hablaron del encuentro que tuvieron este viernes por la mañana con Traferri y su asesor legal, José Luis Vázquez: “Hoy tuvimos una audiencia en base a un escrito que habían presentado, les pedimos explicaciones sobre ese escrito”, dijo Edery.

Y luego agregó: “Considerábamos que ese escrito era inconsistente con la evidencia que nosotros tenemos en la causa”.

“Por eso le preguntamos si era su voluntad desaforarse voluntariamente y admitir que lo imputemos el día que formulemos la audiencia imputativa”, revelaron los fiscales que llevan adelante la causa.

“El abogado consideró que no correspondía, que no podía renunciar a sus fueros y por eso nosotros vamos a solicitar el desafuero para poder llevar adelante la audiencia imputativa”, completó Schiappa Pietra.

“Él considera que funcionalmente no lo puede hacer, solamente lo puede hacer la Cámara”, indicó Edery. Ivana Fux adelantó desde Santa Fe que para que el posible desafuero de Traferri pueda tratarse en el Senado, deben estar presentes dos tercios de los integrantes de la Cámara, que está presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El tema Sain

En todo momento en la rueda de prensa, estuvo presente el nombre del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, que según la defensa de Traferri está detrás de “una maniobra política”, reforzando la idea de una interna del PJ provincial, “utilizando” a Gustavo Ponce Asahad, quien está imputado y detenido por delitos de coimas que él mismo confesó, como instrumento para esa supuesta estrategia.

“En esta causa no tiene nada que ver el ministro Sain como se está mencionando; la imputación que queremos hacer es en base a las pruebas que tenemos”, se defendieron los fiscales.

A propósito de Sain, la periodista Ivana Fux adelantó que el lunes próximo el gobernador Omar Perotti vetará las dos leyes sancionadas por el Senado, sobre el régimen de incompatibilidades en los organismos del sistema penal y control de gastos reservados. Esto se entiende como un respaldo de Perotti al trabajo de Sain.

Por otra parte, el gobernador Perotti, que el lunes retomará la actividad luego de su aislamiento por coronavirus, nombraría a Roberto Sukerman como nuevo ministro de Gobierno de Santa Fe, en reemplazo de Esteban Borgonovo.

El dato se desprende de un informe de la Fiscalía Regional. Preocupación por la falta de recursos humanos y la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes. Gestiones para instalar un laboratorio biológico forense en Reconquista.

En el Concejo reconquistense se plantearon las necesidades del Poder Judicial, en esta ocasión específicamente las vinculadas al Ministerio Público de la Acusación de la IV Circunscripción Judicial. Foto:Archivo/Facebook MPA.En el Concejo reconquistense se plantearon las necesidades del Poder Judicial, en esta ocasión específicamente las vinculadas al Ministerio Público de la Acusación de la IV Circunscripción Judicial.

En la sede del Concejo Municipal de la ciudad de Reconquista -Dpto. General Obligado- se llevó a cabo una reunión informativa en la que los concejales de diferentes bloques convocaron al fiscal regional Rubén Martínez a fin de conocer las necesidades del Poder Judicial, en esta ocasión específicamente las vinculadas al Ministerio Público de la Acusación de la IV Circunscripción Judicial.

Primeramente, los ediles comunicaron al representante del MPA el interés en la instalación de un laboratorio forense en la región, y señalaron que en pos de tal objetivo estaban dando forma a un proyecto de comunicación relacionado. En ese sentido, explicaron que el funcionamiento del laboratorio permitirá realizar análisis de distintas muestras, esencialmente aquellos productos de un delito, en donde hoy esas muestras tienen que ser derivadas a los laboratorios de la Recreo o Rosario.

Martínez consideró fundamental la iniciativa y la instalación de este Laboratorio Biológico Forense de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Reconquista. En tanto, destacó que se realizan gestiones desde el MPA y recordó que incluso estaba previsto que funcione en las instalaciones del viejo Hospital, área que fue visitada en una ocasión por el fiscal general Jorge Baclini. El funcionario mencionó, además, que a raíz de la pandemia el proyecto se vio retrasado, dado que parte de dicho lugar fue destinado a un centro de aislamiento.

Seguidamente, el fiscal regional apreció los múltiples beneficios que traerá la instalación del laboratorio en la zona, ya que primero “posibilitará una mayor celeridad en los resultados de las muestras, que es fundamental para el proceso penal”, y también evitará el constante traslado de muestras a otros lugares, todo lo cual requiere recursos humanos y materiales que hoy no abundan.

El laboratorio podrá realizar la investigación de la presencia de sangre en mancha y la determinación de especie humana; investigación de la presencia de semen en manchas, hisopados biológicos y preservativos, determinación de alcohol en sangre, presencia de drogas en orina, observación y descripción de pelos, cotejo de los mismos por observación macroscópica y microscópica, determinación de especial, investigación de restos de pólvora deflagrada en prendas ,hisopados de cañón de armas de fuego; acondicionamiento de muestras para su derivación para análisis de ADN y de GRS, enumeró Martínez. Para la realización de estos estudios se han adquirido equipamientos como ser un Cromatógrafo Gaseoso con detector de FID, microscopio óptico, centrífuga, estufas, balanzas etc., agregó.

Necesidad urgente Enseguida y ante el requerimiento de los representantes del pueblo, el regional Martínez trazó una descripción de las necesidades del Ministerio Público de la Acusación en la circunscripción del norte provincial.

Entre otras cuestiones, puntualizó la necesidad “imperiosa y urgente” de dotar al organismo de mayores recursos humanos, que implica la incorporación de más empleados de planta permanente y fiscales. En relación a la carencia de funcionarios detalló que, de una plantilla de dieciséis fiscales, están prestando servicios en la jurisdicción solamente siete; hay tres vacantes definitivas, dos con licencia médica de larga duración y uno afectado por Covid-19. “Es necesario que el Poder Ejecutivo llame a concurso para cubrir las tres vacantes” y también que en el mismo proceso se cubran los tres cargos previsto en la ley 13.573, sancionada en el año 2016, precisó.

En la reunión también se hizo referencia a otras necesidades que dificultan el correcto funcionamiento del servicio de justicia, tales como la existencia de un solo médico forense o los escasos médicos policiales que hay en la plantilla de las unidades regionales IX, de General Obligado, y XIX, de Vera También se analizó la falta de un bioquímico en la Unidad Regional IX, circunstancia que lleva ya varios años sin resolverse.

Por último, se acordó seguir con esta modalidad de reuniones, trabajar en conjunto, gestionando cada uno en el área que corresponda para que se instrumenten las medidas pertinentes con la finalidad de revertir el actual déficit.