Alexandra Bravo es la tercera funcionaria de la Fiscalía asesinada en esa ciudad en los últimos tres años. Estaba a cargo de la investigación del incendio que destruyó 35 embarcaciones en el puerto hace apenas una semana

El domingo por la tarde, sicarios dispararon contra Alexandra Bravo en Manta, ciudad costera de la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador. La fiscal, que acumulaba 15 años de carrera en el Ministerio Público y se desempeñaba como fiscal de Delitos Flagrantes del Distrito de Manta, murió en el lugar del ataque. Su hermana Olinda Bravo, que la acompañaba en el momento del atentado, también perdió la vida. La Fiscalía General del Estado condenó el crimen en un comunicado emitido esa misma tarde, anunció el inicio de investigaciones y no aportó información sobre los autores.

El coronel Carlos Ortega, comandante de la Zona 4 de la Policía, informó que uno de los atacantes resultó herido durante la huida y que las autoridades rastrean hospitales y clínicas de Manta y cantones cercanos para localizarlo. En el ataque también quedó herida una tercera persona, cuya identidad no fue precisada. Los sicarios actuaron cuando Bravo y su hermana salían de una cafetería en la avenida Flavio Reyes; la fiscal no contaba en ese momento con su equipo de seguridad asignado.

El asesinato de Bravo no es un hecho aislado dentro de la propia Fiscalía en Manta. Es el tercero en esa ciudad en un período de tres años. En mayo de 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, el abogado Jefferson Mendoza, fueron ejecutados a tiros cuando viajaban en automóvil por una vía en las afueras de Manta. En octubre de 2024, el fiscal Marcelo Vásconez —quien investigaba, entre otros casos, el asesinato del alcalde Agustín Intriago— fue acribillado junto a su escolta policial cerca de las dependencias de la Fiscalía. La cadencia de estos crímenes traza un patrón que las autoridades no han podido romper.

Bravo tenía a su cargo, entre otras causas, la investigación del incendio que el pasado 6 de junio destruyó 35 embarcaciones pesqueras en el puerto de Manta. El siniestro causó pérdidas estimadas en al menos 30 millones de dólares y dejó a dos trabajadores hospitalizados en estado crítico con quemaduras en más del 85% de sus cuerpos. La Unidad de Asuntos Acuáticos de la Fiscalía abrió una causa penal con dos sospechosos identificados, mientras persisten versiones contradictorias sobre el origen del fuego. Las circunstancias del atentado contra Bravo no permiten establecer todavía si su muerte guarda relación con ese expediente o con alguno de los otros casos de crimen organizado que tenía abiertos.

Manta es uno de los bastiones históricos de Los Choneros, la organización criminal considerada la más poderosa y violenta del país. Su líder, Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue recapturado el 25 de junio de 2025 en un búnker bajo una vivienda en Montecristi, localidad contigua a Manta, y extraditado a Estados Unidos el 20 de julio. Enfrenta cargos federales en Nueva York por conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico de armas y delitos conexos, con penas que pueden llegar a cadena perpetua.

La captura de Macías no ha traído calma a la ciudad. La estructura descentralizada de Los Choneros mantiene la presión sobre operadores judiciales, testigos y autoridades locales. La organización tiene un historial documentado de ataques sistemáticos contra fiscales, jueces, policías y políticos. La muerte de Bravo se inscribe en esa lógica de intimidación.

Ecuador atraviesa desde 2022 una escalada de violencia que ha transformado su perfil de seguridad. Más del 70% de la cocaína producida en el mundo transita por sus puertos, según datos del propio gobierno. El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno” y ordenó la intervención militar directa contra las bandas, una política que ha permitido capturas de alto perfil pero no ha frenado los asesinatos de funcionarios judiciales.

Fiscales, jueces y defensores que trabajan en zonas controladas por el narcotráfico lo hacen con protección insuficiente y sin mecanismos efectivos de reubicación ante amenazas. El asesinato de Alexandra Bravo vuelve a señalar esa grieta: mientras el Estado despliega fuerza contra las cúpulas del crimen, quienes sostienen la cadena de investigación y procesamiento siguen expuestos en el terreno.

Un operativo antidrogas llevado a cabo en la ciudad de Venado Tuerto permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes. La investigación, liderada por el fiscal Iván Raposo, culminó con la detención de cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada al microtráfico.

El procedimiento se realizó en la jornada del martes en una vivienda ubicada sobre calle Presidente Perón al 1200, donde efectivos policiales secuestraron 29,1 gramos de cocaína fraccionada, 13 teléfonos celulares, una balanza digital con restos de estupefaciente, recortes utilizados para el embalaje y $420.000 en efectivo. Además, se encontraron platos con vestigios de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de la comercialización.

Los detenidos

Como resultado de la pesquisa, la Justicia ordenó la detención de cuatro personas por su presunta participación conjunta en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según la calificación legal provisoria. Los arrestados son:

Todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación y serán indagados en las próximas horas.

Sospechas de una red de venta

Los elementos incautados y las circunstancias del operativo permitirían inferir que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes. La presencia de teléfonos celulares, herramientas de fraccionamiento y una importante suma de dinero fortalecen esta línea investigativa.

No se descarta que existan más implicados, y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el alcance total de la presunta red.

Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio, del crimen del remisero y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

En esta oportunidad, Laurta iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.

El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 estuvo reunido con su abogado: "Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó".

Ahora, la incógnita es saber si su traslado a Córdoba, para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se retrasa o no, debido a que su defensor habría pedido tener conocimiento del expediente por completo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia del 28 de febrero, en la que se informó que cuatro hombres se presentaron en una vivienda de San Justo y amenazaron de muerte al propietario con un arma de fuego.

Personal del Departamento Operativo Región I llevó a cabo tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores y sus domicilios.

Con esta información, se solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes, que fueron cumplimentadas ahora en la ciudad de San Justo por disposición del Juez Dr. Gustavo Urdiales.

Como resultado, en un domicilio de calle Italia 1700 se secuestraron dos teléfonos celulares y una gorra deportiva. En Pedro Gaggero 3000, los efectivos incautaron un teléfono celular, cachas de una motocicleta vinculada al hecho y un casco.

En Francisco Romero 2000, se secuestraron una pistola calibre 32 con su cargador, municiones, una balanza digital y un automóvil Honda Civic.

En el mismo operativo, se realizó una requisa domiciliaria en otra vivienda de calle Francisco Romero 2000, donde se incautaron una escopeta calibre 16 y once plantas de marihuana.

En este caso, el fiscal Dr. Cecchini dispuso que P. A. N. sea identificado en estado de libertad por tenencia simple de estupefacientes e infracción a la Ley 23.737, así como por tenencia indebida de arma de fuego.

Por otro lado, el fiscal ordenó la detención comunicada de J. R. F., J. M. L. y F. Z. por la causa de amenazas calificadas, daño y tenencia indebida de arma de fuego.

Los detenidos quedaron alojados en la Celaduría de la Unidad Regional XVI.

Un estremecedor caso sacude a Neuquén luego de que un bebé de 8 meses falleciera y los médicos detectaran signos de abuso sexual en su cuerpo. El pequeño había sido ingresado el pasado martes en el Hospital Bouquet Roldán, pero debido a la gravedad de su estado, fue trasladado junto a su madre al Hospital Castro Rendón, donde finalmente perdió la vida a causa de una enfermedad preexistente.

Sin embargo, tras su deceso, los profesionales de la salud constataron lesiones compatibles con abuso, las cuales no eran recientes, sino que habrían ocurrido en el pasado. Ante este hallazgo, la justicia tomó intervención de inmediato.

El fiscal a cargo del caso, Andrés Azar, ordenó una autopsia judicial para este miércoles, además de estudios complementarios cuyos resultados estarán disponibles en los próximos días. La investigación busca reconstruir el entorno en el que vivía el bebé y esclarecer lo sucedido, por lo que se está interrogando a familiares y personas cercanas.

El caso está en manos de la Comisaría Tercera, mientras crece la indignación y el pedido de justicia. Ante cualquier sospecha de abuso infantil, se recuerda que en Neuquén las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de la línea 148, disponible las 24 horas, o comunicándose con el 102, que brinda asistencia y protección a niños, niñas y adolescentes.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, reveló este viernes que el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre en ese país, es investigado por "ejecutar acciones desestabilizadoras y terroristas".

En un comunicado oficial, el Ministerio Público venezolano señaló: "El Sr. Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental".

En ese marco, Saab manifestó que Nahuel está siendo sometido a una investigación por vincularse con un "grupo de personas" que, desde Venezuela, habría intentado "ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas", con el apoyo de grupos de la ultraderecha internacional.

Las autoridades informaron que el gendarme quedó a disposición del juez "en base a lo establecido por la Constitución y las leyes nacionales".

Un caso de secuestro y agresión sacudió a la ciudad de Resistencia, Chaco, en un domicilio ubicado en la Avenida Coronel Falcón N°1600, en el Barrio Santa Lucía. Según la Policía, el agresor, identificado como Almirón Molina, habría contado con la colaboración de su esposa para llevar adelante el hecho.

La víctima, tras ser agredida con un caño de PVC, fue trasladada por los vecinos al Hospital Julio C. Perrando para recibir atención médica, ya que la ambulancia demoraba en llegar. En el allanamiento del domicilio del acusado, los agentes incautaron un vehículo Volkswagen, una suma de $6.005.000 y 100 dólares.

Las autoridades descubrieron que el sospechoso había contado con la colaboración de su esposa para retener a la víctima durante el secuestro. 

Sin embargo, se desconocen los motivos que desencadenaron el brutal episodio. La causa fue tomada por el fiscal de turno, Roberto Villalba, quien solicitó la detención de Almirón Molina por supuesta privación ilegítima de

El accidente ocurrido en la costanera santafesina que cobró la vida de dos personas continúa generando preguntas. La fiscal Roxana Marcolín, quien lidera la investigación, se presentó en el lugar para esclarecer los detalles del hecho, en el que un Volkswagen Bora embistió a una familia.

"Vine al lugar porque tenía dudas respecto a la información inicial que me pasaron. Sobre todo, me inquietaba que mencionaban dos vehículos más involucrados. Quise ver personalmente qué sucedió", explicó Marcolín. Luego de conversar con los agentes policiales que trabajaron en la escena, aclaró que esos vehículos estaban estacionados y resultaron golpeados tras el impacto que sufrieron las víctimas. "No estamos hablando de una carrera o algo similar. Eso, preliminarmente, está descartado", añadió.

El accidente ocurrido en la costanera santafesina que cobró la vida de dos personas .

La fiscal confirmó que, hasta el momento, el único vehículo involucrado directamente en el siniestro es el Bora conducido por el imputado. Las circunstancias que podrían agravar su situación legal, como conducir con exceso de alcohol o intentar darse a la fuga, todavía no han sido plenamente acreditadas. "Por ahora, no contamos con testimonios o pruebas concluyentes que confirmen estas hipótesis", señaló.

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer con precisión dónde cruzaban las víctimas al momento del impacto. "Es un detalle de suma importancia desde el punto de vista legal", aseguró Marcolín. Además, destacó que se están relevando cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para obtener imágenes que permitan reconstruir los momentos previos al choque. "En esta cuadra no hay cámaras del 911 o municipales, pero creemos que podría haber privadas que resulten útiles", indicó.

El imputado, único detenido hasta el momento, fue sometido a un análisis de alcoholemia y extracción de muestras de sangre y orina. Estas pruebas serán fundamentales para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia estupefaciente.

En cuanto a los acompañantes del acusado, la fiscal mencionó que uno de ellos sufrió heridas leves, pero nada de gravedad. "Seguimos recabando testimonios y pruebas. Si alguien fue testigo presencial, sería de gran ayuda que se presente para aportar más detalles", concluyó Marcolín.

En la mañana de este jueves, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Gálvez, departamento San Jerónimo, en busca de esclarecer varios ilícitos registrados en esta localidad últimamente.

La PDI Operativa San Jerónimo, junto con el Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XV, Policía de Acción Táctica de Santa Fe, Comisaría Segunda, y Comando Radioeléctrico realizaron los procedimientos en dos viviendas, una ubicada en Barrio Santo Stéfano Belbo, con investigación sobre un hecho de microtráfico donde los resultados fueron negativos.

Y la segunda casa indagada está radicada en el sector suroeste de la ciudad, por calle Presbítero Balbiano al 1700, donde se buscaban pruebas enmarcadas en el asalto a un taller de equipos de GNC, hecho ocurrido el 6 de noviembre pasado.

Precisamente en este lugar, la policía detuvo a un sujeto de unos 45 años, y demoró a una mujer, y secuestraron un teléfono celular, un Handy y su batería, dos cascos de seguridad y una tarjeta de memoria de cámaras de video vigilancia.

Las órdenes de allanamiento fueron impartidas por el juez Dr. Luis Silva, con participación del fiscal de Coronda, Dr. Marcelo Nessier en una causa que tiene la calificación penal provisoria de encubrimiento de robo calificado.

La reconocida cantante Shakira escribió una carta pública contando su versión sobre el enfrentamiento que tuvo con la Hacienda española. La colombiana explicó que solo residió en el país europeo para salvar su relación con Gerard Pique, tildó a la entidad de 'machista' y la comparó con la Inquisición.

El 20 de noviembre del 2023, la colombiana llegaba a un acuerdo económico con la  Agencia Tributaria española, que la acusaba de cometer fraude fiscal por la cual debió pagar 14,5 millones de euros. Por el supuesto delito, la intérprete de Hips Don´t Lie corría riesgo de pasar ocho años y dos meses en prisión.

En una carta inédita que publicó en el diario El Mundo, Shakira detalló lo sucedido con la Hacienda: “Lo hice para proteger a mis hijos y para seguir con mi vida, no por cobardía ni por culpabilidad”, aclaró sobre el acuerdo que realizó con la entidad y agregó: "Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español".

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no por trabajar poco, como todo el mundo sabe", detalló la cantante.

Shakira se refirió al circo mediático que causó la denuncia penal y culpó a la entidad española: "Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición".

La cantante sostuvo que no tenía intención de residir oficialmente en España y que solo “lo hacía para que prosperara” su relación con su ex esposo Gerard Piqué y detalló cómo uno de los años ni siquiera llegó a lo establecido por la ley.

“En el caso del 2011, la estrategia es particularmente escandalosa porque sólo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días. Una persona que sé la pasa de gira por todo el mundo no puede tener intención de residir fiscalmente en un lugar, solo porque vive allí la persona con la que en ese momento tiene una relación”, explicó.

Según Shakira, la estrategia de Hacienda española se basó en un prejuicio ‘machista’ para culparla: "Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene".

Y añade: "Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo".

Nuevamente, subrayó que su incentivo para darle fin a la causa fueron sus hijos: "Tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida".

Una vez finalizado el enfrentamiento, Shakira se mudó a su casa en Miami junto a sus dos hijos. 

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, junto con la secretaria de Hacienda, Belén Echevarría, brindó detalles de los números consolidados de las finanzas provinciales durante el primer semestre del año, que arrojó un resultado positivo de 160.311 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa desarrollada este lunes en Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, Olivares explicó que “una de las cuestiones que planteamos antes de asumir la gestión fue la eficiencia como un objetivo permanente, y a partir de haber atravesado un semestre donde la inflación creció varios puntos (281,5%), y con recursos creciendo muy por debajo de la inflación (225%), el desafío era ver cómo las prestaciones del Estado no se vieran afectadas en cantidad y calidad. El único mecanismo para eso es la búsqueda de eficiencia: esto significa mantener el nivel de prestaciones o mejorarlos, pero con un uso menor de los recursos”.

En ese sentido, el funcionario destacó que “hemos finalizado el primer semestre con un resultado financiero positivo por $ 160.311 millones, pudiendo cumplir un primer objetivo financiero que es resolver y compensar los efectos financieros del resultado del ejercicio 2023, reduciendo la deuda flotante”.

Los números del primer semestre

Posteriormente, Echevarría brindó más detalles de “los grandes números de este primer semestre 2024, y lo hacemos comparando interanualmente con el primer semestre de 2023. En este acumulado al 30 de junio tuvimos ingresos totales por $ 3.207.526 millones y gastos totales por $ 3.007.151 millones, lo que nos dio un resultado financiero positivo de 160.311 millones” (luego de las contribuciones).

La secretaria de Hacienda agregó que “con una inflación interanual en el primer semestre del orden del 281,5%, nuestros recursos crecieron por debajo de la pauta inflacionaria, un 225 % contra el primer semestre del 2023. En tanto que el total de gastos estuvo en el orden del 197%, es decir que nuestros gastos crecieron por debajo del crecimiento de los recursos. El gasto corriente creció casi un 204 % interanual en el semestre, y el gasto de capital un 108,9%”.

Echevarría aseguró que “estos números los hemos podido alcanzar a partir de un uso eficiente y racional de los recursos del Estado, sin lesionar la prestación de servicios, y fundamentalmente asumir el déficit del ejercicio 2023, de $130.000 millones. Esto representa aproximadamente el 81% de superávit que se logró en este primer semestre, y que es con los recursos que ingresan en la administración provincial, destinar una parte para atender las deudas que quedaron del ejercicio, y el resto para poder cumplir con los nuevos compromisos”.

Asimismo, mencionó que ese dinero ahorrado fue invertido en Seguridad (con la compra de 940 patrulleros, 200 camionetas, 600 motos, obras penitenciarias, armas y uniformes), Educación (se construyeron 250 nuevas aulas), Obras Públicas (con la reparación de 1.100 km de rutas), Salud (se adquirieron 150 nuevos vehículos) y Vivienda (con los Créditos Nido).

Estado eficiente y transparente

Posteriormente, el ministro brindó una “guía sobre cuál es el comportamiento del Gobierno a la hora de de operativizar esa eficiencia”, y repasó algunos de los puntos aplicados, como “poner en crisis la lógica del continuismo, esto significa que cada cuestión que se haga en el Estado, sobre todo cuando tiene impacto económico, revisarlo, someterlo a un análisis crítico, si realmente sigue siendo la mejor forma de hacer algo”, y como ejemplo de ello mencionó la política de hábitat, “que históricamente estuvo concentrada en producir viviendas a través de planes, lo que implicaba un proceso licitatorio de construcción”, pero ahora con los Créditos Nido.

También se registró un impacto de $4.100 millones en el primer semestre en la reducción de reemplazos docentes, estimado en $9.000 millones para la segunda mitad del año; en tanto que en los primeros seis meses la reducción de 850 cargos reflejó un ahorro de $2.700 millones, y $5.500 millones para la segunda parte del año”.

Finalmente, Olivares afirmó que de esta manera, “con un Estado eficiente, ordenado y transparente, se beneficia a todos los santafesinos, no solamente a un sector, y no perdemos el foco de que estamos ante la necesidad y el deber de administrar recursos de más de 3,5 millones de santafesinos, y que lo tenemos que hacer por cada uno de ellos”.

El fiscal federal Mariano de Guzmán ha dispuesto un cruce de llamadas entre los celulares del abogado José Codazzi y los teléfonos de Laudelina Peña, su hija Macarena, el senador provincial Diego Pellegrini y otro funcionario. Codazzi, ex abogado de la tía de Loan, desaparecido hace 49 días, está acusado de amenazar y sobornar a Laudelina para que sostenga la teoría del accidente, en la que su sobrino de 5 años habría sido atropellado y enterrado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex marino Carlos Pérez.

Agustín Ybarra, chofer que trasladó a la detenida a la cárcel de mujeres de Ezeiza el pasado 28 de junio para declarar, negó conocer a la imputada y complicó su situación. Declaró ser amigo de Pellegrini y conocer a Codazzi debido a un complejo de paddle en Esquina.

Ybarra mencionó un cambio de vehículo durante el trayecto: "No sé cómo surgió la conversación, pero Codazzi me pidió que lo acompañe a hablar con su cliente. Le informé a Pellegrini y él estuvo de acuerdo. Fuimos en un auto Passat gris del senador. Solo viajamos el abogado y yo".

"Llegamos a 9 de Julio, yo conduje y él me indicó la casa de su cliente. Paré frente a la casa, él mencionó el nombre durante el viaje, pero no presté mucha atención. Salió con una señora y una joven. Luego nos dirigimos a Desmochado donde nos esperaba Pellegrini para cambiar de vehículo. Usamos el auto del senador porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero", añadió en su testimonio ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Sobre el trayecto, Ybarra comentó que fue normal y que no manejó durante ese tiempo: "Escuché a la señora hablar con su hija, la voz que más se oía era la de la joven, conversaban sobre el accidente".

"Eso fue alrededor de las once y media o doce. Yo estaba cansado, incluso dormité unos minutos. No escuché ningún ofrecimiento en ningún momento", enfatizó. También afirmó no haber oído sobre el supuesto ofrecimiento de dinero de Codazzi a Laudelina y Macarena: "Lo que sí escuché fue a la joven decirle a su madre ‘no te olvides de mencionar que la camioneta cuando frenó encendió la luz trasera’. Eso lo recuerdo claramente".

Respecto a la actitud de las mujeres durante el viaje, Ybarra señaló: "Parecían estar bien. Lo que percibí es que se sentían protegidas por su abogado".

"De Corrientes a Esquina manejó Pellegrini y desde ahí conduje hasta 9 de Julio, donde esperé a Codazzi fuera de la casa de Laudelina. Luego manejé hasta el cruce de Desmochado, la estación de servicio, y ahí tomó el volante el abogado", agregó.

Finalmente, Ybarra manifestó conocer a Codazzi desde hace tiempo por el complejo de paddle en Esquina, aunque aclaró que no son amigos. Sobre Pellegrini, dijo: "Somos amigos desde hace muchos años y he viajado con él a Esquina en varias ocasiones". Resaltó que "no le dieron ni le ofrecieron nada después del viaje, porque nadie le pidió que hiciera el traslado, se dio de manera natural".

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley esta madrugada, después de 13 horas de sesión, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La votación culminó con 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Apoyaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, el grueso de la UCR, la mayor parte de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias.

En contra votó el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los dos diputados socialistas de Santa Fe.

El oficialismo logró reponer el impuesto a las Ganancias y la rebaja del impuesto a los Bienes Personales

La Cámara de Diputados aprobó la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Este capítulo, que obliga a volver a gravar los ingresos salariales superiores a los 1.800.000 pesos, fue aprobado con 136 votos positivos, 116 negativos y tres abstenciones.

Hasta pocas horas antes de la votación, el oficialismo tenía dudas de que iba a conseguir al menos la mitad más uno de los votos de los diputados presentes, pero los bloques dialoguistas ajustaron clavijas y aportaron las voluntades que estaban faltando para completar el número.

La restitución de Ganancias es parte de la ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.

Además, se dio sanción definitiva de la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que reduce las alícuotas de este tributo.

La iniciativa cosechó 134 votos afirmativos, 118 negativos y tres abstenciones.

Diputados aprobó también el resto del paquete fiscal

La Cámara baja en tanto aprobó también el resto del paquete fiscal, luego de insistir en la restitución del impuesto a las Ganancias y la rebaja de Bienes Personales.

El paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva, fue convalidada con 144 votos positivos, 108 negativos y tres abstenciones. (NA)

La Policía de Investigaciones detuvo este miércoles a tres hombres por una causa de robo calificado en poblado y en banda perpetrado el 25 de febrero de este año en Santo Tomé.

Tras diversas tareas investigativas, personal del Departamento Operativo Investigativo Región I realizó seis allanamientos en barrio Las Vegas de la ciudad vecina de la capital provincial, en viviendas ubicadas en calles: Alberdi y Pedro Días Colodrero, Ruperto Godoy y Lisandro de la Torre, Llerena y Alberdi, Llerena y Ruperto Godoy, y Alberdi y Ruperto Godoy.

Durante el operativo, fueron arrestados los siguientes sospechosos: C.M., de 25 años; D.L., de 28; y D.O., de 27.

La causa está en manos del fiscal Omar De Pedro, quien dispuso que los aprehendidos sean identificados por "robo calificado en poblado y en banda".

El violento robo que se investiga ocurrió la noche del domingo 25 de febrero de este año, sobre la autopista Brigadier General Estanislao López, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé.

Allí, un Citroën C4 en el que viajaba un matrimonio con su pequeño hijo de 3 años impactó sorpresivamente con un adoquín que había sido colocado de manera intencional sobre el asfalto. Una de las ruedas quedó destrozada y el conductor debió detenerse.

Detrás de ellos circulaba en su automóvil la fiscal provincial y su familia. Ellos no dudaron en frenar para brindar auxilio, pero en ese momento aparecieron en la escena tres delincuentes armados y encapuchados que estaban ocultos detrás del guardarrail. Eran quienes habían tendido la emboscada.

Se vivieron entonces momentos de extrema tensión, porque alguno de los ladrones encañonó a los hijos de la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, lo que provocó la reacción de su marido, que terminó con lesiones en su espalda. Es que uno de los malvivientes tenía un arma blanca y le asestó algunos puntazos que afortunadamente no fueron profundos.

Con teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre otras cosas, los asaltantes finalmente escaparon corriendo en distintas direcciones.

El fiscal César Suárez, que investigaba la toma del canal de TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado este miércoles en esa ciudad portuaria de Ecuador.

El funcionario fue baleado cuando circulaba en su vehículo tras salir de la Policía Judicial, informó el diario local El Universo.

Según el periódico, el fiscal salía del complejo de la Policía Judicial, donde estaba su oficina, cuando fue seguido por desconocidos que lo atacaron al llegar a la calle principal de Los Ceibos.

El martes, Suárez había dicho a la prensa local que no tenía custodia policial a pesar de que estaba a cargo de la investigación del asalto al canal TC Televisión, un hecho que conmocionó al país y que derivó en la declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa.

El fiscal interrogó a los 13 detenidos, al parecer miembros de la banda Los Tiguerones, tras la irrupción armada al canal de TV. Suárez investigaba quién había ordenado el ataque, ocurrido el 9 de enero.

Desde el año pasado lideraba la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot). Esta dependencia, desde el 9 de enero, investiga a ocho grupos criminales de Guayaquil.

Suárez también tenía a cargo la causa contra Daniel Salcedo, un prófugo de la justicia ecuatoriana acusado en casos de corrupción y vinculado con el narcotráfico que fue detenido el martes en Panamá.

“El crimen ocurre un día después de la detención de Daniel Salcedo en Panamá, involucrado en casos de corrupción hospitalaria”, publicó el diario Primicias. Según el periódico, “Suárez tuvo un rol decisivo en casos claves de corrupción, como la investigación por delincuencia organizada que involucra a los hermanos Salcedo Bonilla”.

Fabiola Gallardo, jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, confirmó en su cuenta de X el ataque.: “Los atentados contra nuestros compañeros judiciales continúan. El asesinato del fiscal César Suárez no puede quedar en la impunidad. Mi solidaridad con la familia y con los compañeros fiscales”, escribió.

Cómo fue el asalto al canal de TC Televisión de Guayaquil

El asalto a los estudios de TC Televisión de Guayaquil ocurrió el martes de la semana pasada.

El episodio duró varias horas y los primeros minutos se vieron en directo por televisión. Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron reducir a los asaltantes.

Solo hubo un herido entre los trabajadores del canal.

Pasado el mediodía de este domingo 31 de diciembre,  personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) halló sin vida al fiscal de homicidios dolosos, Ademar Bianchini en una de las habitaciones de su vivienda.

El funcionario judicial y también docente, de 57 años, fue encontrado en la cama de la habitación principal, con un disparo de arma de fuego en el cráneo (a la altura del parietal derecho).

Bianchini fue uno de los primeros en ocupar el cargo de fiscal de homicidios cuando se creó el Ministerio Público de la Acusación, en febrero de 2014. Pese a trabajar en el convulsionado escenario de la Justicia Penal, nunca fue cuestionado. Y es recordado tanto por colegas, como por los abogados del foro, como un buen tipo.

Fuentes policiales indicaron que fueron hasta la vivienda, ubicada en Virasoro al 1400, entre Corrientes y Paraguay, a muy pocas cuadras del Centro de Justicia Penal, luego de recibir un llamado de la esposa del fiscal.

La hipótesis más firme es que el funcionario judicial se quitó la vida. En la investigación interviene el fiscal de homicidios culposos Walter Jurado.

La noticia conmocionó al ámbito judicial y, en particular, a quienes compartían el trabajo cotidiano con Bianchini en el Ministerio Público de la Acusación.

Desde el MPA manifestamos nuestra más profunda consternación y dolor por el fallecimiento del fiscal Ademar Pedro Bianchini ocurrido en las últimas horas en Rosario.

Nuestro compañero de trabajo juró como fiscal en 2014 y siempre integró la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional 2.

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y allegados.

El también docente universitario tuvo a su cargo renombradas causas como el asesinato de Jimy Altamirano y, la más reciente, el homicidio del colectivero César Roldán.

A partir de mañana, los fiscales de la provincia de Santa Fe asumirán la responsabilidad en los casos de microtráfico de drogas, que anteriormente eran manejados por la Justicia Federal. Esta transición se lleva a cabo en cumplimiento de la ley provincial 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, según anunció el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, ha emitido la Resolución Número 467, delineando los lineamientos institucionales para la implementación de esta nueva competencia legal. Se destaca que la transición será gradual y progresiva hasta que se cumplan todas las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa.

En su resolución, Vranicich menciona las reformas pendientes a la Ley provincial 13.013, al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, y la creación de la Agencia Especial de Inteligencia, así como la necesidad de recursos humanos y equipamiento. En este contexto, se establece la formación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico que centralizará las gestiones relacionadas con este tema en la Fiscalía General.

Este equipo estará conformado por fiscales, personal policial y la Secretaría de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General. La fiscal general señala que a partir del 29 de diciembre, todos los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos afectados por la desfederalización, siguiendo las guías de actuación elaboradas por el Equipo de Trabajo.

Dado que no hay un sistema de traspaso establecido para casos actualmente en trámite en el fuero federal, Vranicich propone una instancia interinstitucional para coordinar con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los jueces federales correspondientes. La resolución enfatiza la importancia de trabajar en conjunto con la Justicia Federal para intercambiar información, delimitar competencias, formar equipos conjuntos de investigación y diseñar estrategias de coordinación que eviten complicaciones en las investigaciones.

Teo tiene un año y medio de vida. Es un pequeño caniche de color negro, pero tiene la barbilla y las patas traseras blancas. Vive en la cuadra de calle Gobernador Candioti al 100 de la localidad de Nelson. Su familia se desesperó el pasado fin de semana, cuando el perrito desapareció misteriosamente. Cuando quedó claro que se había tratado de un robo, se radicó la denuncia en la Comisaría de Distrito N° 15. Con mucha fortuna, la historia terminó de la mejor manera este martes.

Los dueños de Teo se percataron de que se había tratado de un "secuestro" luego de que publicaron en redes sociales un pedido de ayuda para hallarlo. En ese momento, una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato se comunicó para decirles que un caniche igual al de la foto estaba atado debajo de un árbol, en una casa de la localidad de Laguna Paiva .

La policía decidió corroborar el dato y una comisión llegó hasta el lugar señalado por la informante, en la cuadra de Maipú al 1800 de la mencionada población.

Los uniformados fueron recibidos por una mujer, que los dejó pasar hasta el patio. Allí estaba Teo, atado en su cuello y a un árbol. La dueña de casa aseguró que su hermana había llevado hasta allí al can. La dueña del perrito lo reconoció de inmediato.

El can y las personas involucradas fueron trasladados a sede policial, donde se terminaron las actuaciones. El fiscal del caso, el doctor Omar De Pedro, dispuso que la acusada paivense sea identificada por el delito de encubrimiento de hurto, pero que permanezca en estado de libertad mientras avanza el proceso. 

Se trata de Orlando Cesar Herrera, a quien el Tribunal integrado por los jueces con función de juicio, Mario Ramón Puig –presidente de trámite-, Elio Luciano Yapura y Ana Carolina Pérez Rojas hallaron culpable del delito de “homicidio simple”, en perjuicio de Guillermo Miguel Quiroga, víctima del violento ataque.La investigación impulsada por la fiscalía reveló en el juicio oral y público que el hecho ocurrió el 4 de agosto de 2022, aproximadamente a las 23, en circunstancias en que Quiroga se encontraba caminando por Avenida Senador Pérez, entre calles Belgrano y San Martín, pleno centro de San Salvador de Jujuy.En esos momentos, Quiroga fue sorprendido por el imputado, quien, tras una discusión, le asestó a la víctima ocho puñaladas, aproximadamente, provocándole la muerte y dándose inmediatamente a la fuga por Avenida Senador Pérez con dirección al barrio Belgrano, en la zona este de esa jurisdicción.El juicio se desarrolló en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, desempeñándose como fiscal, Diego Cussel, quien en sus alegatos solicitó 25 años de prisión para Orlando Herrera.En tanto la querella, representada por Guillermo Vilte y Luciana Vilte, en representación de los padres de la víctima, adhirieron al pedido de la fiscalía, mientras que la defensa técnica del acusado ejercida por Florencia Quintar, Defensora Pública Penal, requirió 8 años de prisión para su defendido.

El hecho

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el ilícito ocurrió el 4 de agosto de 2022, a horas 23.00, aproximadamente, en circunstancias en que la víctima, Guillermo Quiroga se encontraba caminando por Avenida Senador Pérez, entre calles Belgrano y San Martín, en inmediaciones de la entrada al gimnasio de la Sociedad Española, en la zona céntrica de la capital provincial.

En esos momentos, Quiroga fue sorprendido por el imputado Orlando Herrera, quien, tras una discusión, le acertó a la víctima ocho puñaladas, aproximadamente, provocándole la muerte y dándose inmediatamente a la fuga por Avenida Senador Pérez con dirección al barrio Belgrano.

La fiscalía expresó su conformidad con la sentencia 

El fiscal Diego Cussel, a cargo de la investigación del caso expresó su conformidad por la sentencia a Orlando Herrera.

“Estoy plenamente conforme. Entiendo que fue un hecho gravísimo que afectó mucho a una familia y a la sociedad porque Guillermo Quiroga era un chico joven al que le arrebataron la vida”, inició Cussel. 

El fiscal de la causa además aclaró que había solicitado la pena máxima dentro de la imputación por “homicidio simple” que es de 25 años, sin embargo, el tribunal finalmente sentenció a Herrera a 20 años. “En la siguiente instancia procesal esperaremos ver los fundamentos de la sentencia para analizar si recurrimos o no el fallo. Eso será valorado oportunamente”.

Sobre los motivos del crimen, el fiscal Cussel indicó que pudo demostrarse que “Herrera mató a Quiroga por una cuestión de celos por cuánto la víctima se encontraba en pareja con una joven de apellido Sajama, quien era ex novia del homicida”.

Como una derivación de la investigación por tenencia y venta de estupefacientes que el pasado sábado motivó la detención de 12 personas en localidades del norte provincial, en la tarde del miércoles personal de la Brigada de Drogas de Reconquista, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal, allanó la Alcaidía Regional de la ciudad de Santa Fe.

Por disposición del juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, los uniformados pesquisaron el lugar ubicado en Avenida Blas Parera al 8.800 de la capital provincial. Específicamente, fueron a la celda en la que se encuentra alojado Darío S., sospechado de proveer -desde el centro de detención- material estupefaciente, especialmente cocaína, al resto de la organización para su posterior comercialización al menudeo.

Fuentes del caso confirmaron que se logró incautar elementos de interés para la causa, especialmente anotaciones con datos de importancia. En virtud de ello, el magistrado norteño ordenó una nueva detención de sindicado, que será indagado en las próximas horas por la presunta infracción a la ley de estupefacientes.

El presunto dealer está detenido en virtud de otra causa por infracción a la ley de estupefacientes que fue instruida por el fuero federal del norte santafesino y que, oportunamente, fuera elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.

Ahora, afronta ambos procesos por drogas y quedó a disposición conjunta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe y del Juzgado Federal de Reconquista.