El conductor que atropelló a más de 10 personas en pleno centro de la provincia de Córdoba falseó datos en su licencia de conducir y, pese a que pagó una fianza de $20 millones para salir en libertad, este sábado volvió a ser detenido luego de que se agravaron sus imputaciones y se le sumó un cargo por "falsedad ideológica".

La situación de Cristian Pacha está cada vez más complicada luego de que el fiscal Ernesto de Aragón haya ordenado su inmediata detención por haber falsificado información relevante sobre su salud cuando renovó su registro.

En este marco y según medios locales, Pacha dio respuestas erróneas en la declaración jurada para así obtener el carnet de conducir.

Esto se supo luego de los allanamientos en el Centro de Participación Comunal (CPC) donde el acusado renovó el registro hasta 2029.

Es que, según se supo, el acusado padecía de desmayos y ya había tenido otros accidentes por estos episodios. Aun así, durante la declaración jurada mintió sobre su salud.

Conforme a lo señalado, Pacha respondió de manera negativa las siguientes preguntas: "¿Tiene problemas de corazón (insuficiencia cardiaca, arritmia, marcapasos, problemas vasculares, cirugías cardiacas, otros)?" y "¿Ha tenido problemas de equilibrio, mareos, vértigos o convulsiones?".

Si él respondía que padecía de estos problemas, no le hubiesen entregado la licencia ya que genera un peligro para terceros, algo que terminó ocurriendo la semana pasada cuando atropelló a varias personas, dos de las cuales están en grave estado tras descompensarse y conducir fuera de control durante 300 metros.

Frente a la obtención de estos datos, el fiscal solicitó su detención pese a que pagó una fianza millonaria para ser liberado.

"Encontramos datos de antecedentes, además del que ya se conocía, de un accidente en 2023 y hemos podido corroborar que médicos indicaron que no estaba en condiciones de manejar", detalló el fiscal.

Ahora, Pacha está acusado de los delitos de lesiones gravísimas, lesiones graves y falsedad ideológica en concurso material.

Este martes, Cacho Garay obtuvo la prisión domiciliaria después de pasar casi un año en la cárcel. El humorista continuará detenido en su casa en Mendoza, en el marco de la causa por violencia de género que le inició su exesposa, Verónica Macías.

Aunque la defensa había solicitado la libertad del comediante, el juez Federico Martínez decidió no concederla, resolviendo que Garay permanezca detenido en su domicilio debido a problemas de salud. La audiencia, que comenzó a las 16:30, duró cuatro horas y tras evaluar todas las opciones, la Justicia determinó que Garay regrese a su casa este miércoles.

La decisión judicial, emitida ayer, se hará efectiva este miércoles después de que la defensa del humorista pague una fianza de $5.000.000. Garay seguirá teniendo prohibido salir del país y de la provincia de Mendoza.

Semanas atrás, la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, solicitó que Garay cumpliera la prisión preventiva en su domicilio debido a su deteriorado estado de salud desde su estancia en el penal. 

Aunque el Servicio Penitenciario afirmó que el comediante podía recibir tratamiento en la cárcel, fuentes judiciales indicaron que necesita asistencia médica más de una vez al día.

Una mujer de 23 años fue detenida por la Policía de Brasil bajo sospecha de haber acosado a un médico casado y a su familia de manera extrema. Kawara Welch, acusada de acosar al profesional de la salud, presuntamente realizó 500 llamadas y envió 1,300 mensajes de texto en un solo día.

El acoso habría comenzado un año después de que el médico tratara a Welch por depresión en un hospital de Ituiutaba en 2018. Según relató el médico al programa de noticias ‘Fantastico’ de Brasil, Welch solía esperar a la vuelta de la esquina del centro médico y le hacía comentarios inquietantes sobre el destino y la salvación.

El médico, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato por razones de seguridad, afirmó que Welch irrumpió en su clínica y lo persiguió en varias ocasiones. Además de acosarlo con llamadas y mensajes, Welch también envió numerosos correos electrónicos y llegó incluso a visitar la casa del médico. En una ocasión, amenazó con contarle al hijo del médico que estaban en una relación.

La situación se intensificó cuando Welch obtuvo el número de celular del médico y comenzó a enviarle mensajes perturbadores, incluyendo fotos de ella con una soga alrededor del cuello, despidiéndose. El médico cambió su número de teléfono al menos tres veces, pero Welch siempre lograba obtener el nuevo número.

A mulher acusada no Fantástico de stalking é inocente ou culpada? Qual seu veredito? pic.twitter.com/AqkrRXgivV

En total, el médico presentó 42 denuncias policiales contra Welch. En 2020, Welch firmó un documento con la oficina del fiscal de distrito comprometiéndose a no contactar al médico. Sin embargo, su comportamiento obsesivo continuó, culminando en 2022 cuando irrumpió en el consultorio del médico y agredió a su esposa.

Welch fue arrestada nuevamente en 2023 por agresión y presunto robo de un teléfono celular, aunque fue liberada bajo fianza de $685. En marzo pasado, un juez aprobó su prisión preventiva por robo y por ignorar una orden de restricción.

A pesar de la insistencia de Welch de que tenía una relación sentimental con el médico, el jefe de la Policía Civil, Rafael Faria, afirmó que su comportamiento indica lo contrario. Faria señaló: "Creemos que no existió tal relación. Y, aunque lo hubiera, no justifica en modo alguno este tipo de acción".

El abogado de Welch, Jean Alves, argumentó que hay pruebas suficientes que apuntan a una relación entre su clienta y el médico, incluyendo huellas dactilares y testimonios que, según él, no fueron adecuadamente valorados por el poder judicial y la policía.

El caso de Welch salió a la luz poco después de que se revelara una situación similar en la serie de Netflix ‘Baby Reindeer’, que relata la experiencia del creador Richard Gadd con un acosador. Aunque Gadd y Netflix han insistido en que la historia no revela la verdadera identidad del acosador, Fiona Harvey se identificó como la persona destacada en la serie y negó las acusaciones.

El caso de Welch y el paralelo con ‘Baby Reindeer’ subrayan los desafíos y peligros del acoso extremo, así como la importancia de una intervención policial y judicial efectiva en tales situaciones.

Un impactante caso generó gran conmoción en los últimos días. Una mujer golpeó, mordió, roció con lavandina e intentó ahogar a su hijo de 10 años en la bañera luego de que el menor le dijera que quería vivir definitivamente con su padre. La policía inició una investigación y la mujer fue acusada por el delito de abuso infantil agravada.

El dramático hecho ocurrió en Alabama, en Estados Unidos, donde una mujer, de 34 años, identificada como Ashley Elizabeth Jones, quien comparte la custodia con su expareja, se enojó y atacó a su hijo de 10 años al descubrir que el chico no quería seguir viviendo con ella.

Luego de enterarse de su elección, la acusada lo atacó y roció con lavandina. Ante esto, el chico se fue corriendo a bañarse para tratar de quitarse el líquido, pero su madre lo siguió y lo atacó en el baño.

Según reveló el menor a la Policía, la agresora “saltó a la bañera con él y procedió a agarrarle la cara, y hundirla en el agua” por 45 segundos, según indicó la revista People. Al no poder soltarse, dejó de moverse para “hacerse el muerto”. Luego, Jones lo encerró en un placard por tres horas.

A pesar de que no quedó claro cómo fue que el nene pudo escapar, si se conoció que el chico llamó inmediatamente a su papá y le pidió que lo buscara. El hombre le aclaró que debía consultarle primero a la madre, pero el nene le rogó que no lo hiciera y le terminó contándole lo que había pasado.

Tras lo sucedido, el hombre denunció a la mujer. Con la declaración del nene, los moretones y los rasguños que tenía en el cuerpo como prueba, la policía arrestó Ashley Elizabeth Jones el pasado 23 de abril para interrogarla, pero ella negó las acusaciones.

Por último, la mujer pagó la fianza de US$50.000 y quedó libre el mismo día. Además, deberá le comunicaron que deberán presentarse a juicio el 20 de mayo, acusada de abuso infantil agravado. En tanto, las autoridades locales no revelaron si le quitaron la custodia del nene.

El exfutbolista Dani Alves ha depositado la fianza de un millón de euros, según fuentes judiciales, lo que le permitió salir de prisión este lunes. 

La Audiencia de Barcelona, que lo condenó recientemente a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, acordó su liberación provisional bajo fianza con la retirada de sus dos pasaportes mientras se tramitan los recursos a la sentencia.

La corte comunicó el ingreso de la fianza en la cuenta correspondiente, lo que posibilita la salida de Alves de la prisión de Brians 2, donde ha estado recluido desde enero de 2023. Aunque el plazo para depositar la fianza terminaba a las 14 horas, se extendió hasta las 15 a petición de la defensa de Alves, lo que retrasó su libertad condicional.

El padre de Neymar, que ayudó económicamente a Alves tras su detención, ha negado ahora su asistencia, argumentando que la situación económica del futbolista se vio afectada por su arresto, que implicó la suspensión de su contrato con el Pumas Mexicano y varios litigios con la Hacienda española.

La decisión de excarcelar a Alves de forma provisional se debe a que aún no está condenado en firme, y la prisión en la que estaba era momentánea. 

Tras un año y dos meses en prisión preventiva, su liberación provisional implica una serie de condiciones, como entregar sus dos pasaportes, asistir semanalmente al juzgado y mantener una distancia perimetral de un kilómetro con la víctima.

🇪🇸 | ÚLTIMA HORA: Dani Alves obtiene la libertad provisional tras abonar una fianza de 1 millón de euros. pic.twitter.com/6kANjO4LHu

Ante la noticia de la libertad provisional de Alves, Joana Sanz, quien se casó con él en 2017, decidió cerrar su cuenta de Instagram por el momento. Sanz había anunciado previamente su decisión de alejarse del exfutbolista tras conocerse la denuncia de agresión sexual, aunque la condena aún no se había dictado.

La Audiencia de Barcelona dejará salir a Dani Alves de prisión si paga una fianza de un millón de euros. Así lo ha decidido el tribunal que juzgó al futbolista este miércoles. Si logra pagar la fianza y salir de la cárcel, Alves no podrá salir de España, pues el tribunal le retirará sus dos pasaportes (español y brasileño) para evitar que huya.

La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, la misma que condenó al futbolista, ha atendido en parte el recurso de la defensa del jugador, que ejerce la letrada Inés Guardiola, y ha acordado la libertad provisional del futbolista si logra pagar la fianza. La decisión no se ha tomado por unanimidad.

A diferencia de las ocasiones en que Alves pidió, sin éxito, la libertad durante la fase de instrucción, esta vez el caso ya estaba juzgado y condenado. La pena impuesta al futbolista fue de cuatro años y medio de cárcel, de los que ya ha cumplido más de un cuarto –un año y dos meses– en prisión provisional.

La fianza que deberá pagar Dani Alves

La fianza para quedar en libertad es de un millón de euros. Eso sí, según el auto de la Audiencia de Barcelona, no podrá abandonar el país, tendrá que entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, comparecer semanalmente ante el tribunal y mantenerse alejado de la víctima.

La Fiscalía se opuso a que quedara en libertad porque cree que existe riesgo elevado de fuga al considerar que Alves puede volver a Brasil, donde no podría ser extraditado por las leyes de ese país. En cambio, su abogado pidió la excarcelación argumentando que ya ha cumplido una cuarta parte de la condena impuesta por la violación.

El ente acusador rechazó que se le redujera la condena al hacer un pago de 150.000 euros como indemnización a la víctima. Por tanto, solicitó que se aumentara la pena porque, según la autoridad, "no hubo voluntad real de repararle el mal causado" .

"Los perjuicios sufridos por la víctima nunca se pueden compensar de forma completa con dinero", añadió.

Por su parte, Alves intervino por videconferencia desde la cárcel Brians 2 y le aseguró al tribunal que piensa "llegar al final". "Creo en la justicia. No voy a huir", comentó.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no puede encontrar una compañía de seguros que suscriba su fianza para cubrir la enorme sentencia en su contra en el caso de fraude civil de la fiscal general de Nueva York, dijeron sus abogados a un tribunal de apelaciones de Nueva York.

Los abogados de Trump dijeron que se ha puesto en contacto con 30 aseguradoras para respaldar la fianza, que vence a finales de este mes.

"El importe de la sentencia, con intereses, supera los US$ 464 millones, y muy pocas compañías de fianzas considerarán una fianza de algo que se acerque a esa magnitud", escribieron los abogados de Trump. (El propio Trump fue condenado a pagar US$ 454 millones; los US$ 464 millones incluyen el descargo correspondiente a sus hijos adultos Don Jr. y Eric).

Un corredor de seguros, Gary Giulietti, que testificó a favor de Trump durante el juicio por fraude civil, firmó una declaración jurada afirmando que asegurar una fianza por el importe total "es una imposibilidad práctica".

Los posibles suscriptores buscan efectivo para respaldar la fianza, no propiedades, según los abogados de Trump.

Los abogados de Trump pidieron al tribunal de apelaciones que aplazara el pago de la fianza hasta que finalizara su apelación del caso, argumentando que el valor de las propiedades de Trump supera con creces la sentencia. Si el tribunal de apelaciones falla en su contra, Trump pidió al tribunal que retrase el pago de la fianza hasta que se resuelva su apelación ante el más alto tribunal de Nueva York.

El mes pasado, el juez neoyorquino Arthur Engoron ordenó a Trump el pago de US$ 355 millones en concepto de "ganancias mal habidas" en un caso de fraude civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Engoron escribió en su decisión –de 93 páginas– que Trump y sus coacusados, incluidos sus hijos adultos, eran responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros falsos y registros comerciales falsos, al concluir que los acusados inflaron fraudulentamente el valor de los activos de Trump para obtener tasas de préstamos y seguros más favorables.

La cantidad adeudada por Trump superaba los US$ 450 millones con intereses incluidos.

Trump está apelando la sentencia, pero, para impedir que el estado ejecute la sentencia, el expresidente tiene que depositar una fianza que se mantendrá en una cuenta a la espera del proceso de apelación, cuyo litigio podría durar años.

Trump pagó una fianza de US$ 91,6 millones a principios de este mes como parte de su apelación en el caso de difamación de E. Jean Carroll.

Pero Giulietti dijo que algunas de las mayores aseguradoras tienen políticas internas que les limitan a asegurar una fianza superior a US$ 100 millones. Según Giulietti, ninguna de ellas, incluidas algunas de las mayores aseguradoras del mundo, acepta bienes inmuebles; solo se sienten cómodas aceptando efectivo o acciones.

Incluyendo comisiones e intereses, Trump tendría que reunir más de US$ 550 millones.

"A lo largo de mi carrera, durante la cual he participado directa o indirectamente en la emisión de miles de fianzas, nunca he oído hablar ni he visto una fianza de apelación de este tamaño para una empresa privada o un particular", dijo Giulietti. "Después de un importante esfuerzo de buena fe durante las últimas semanas, obtener una fianza de apelación por el importe de la sentencia de más de US$ 464 millones no es posible en estas circunstancias".

Alan Garten, máximo responsable jurídico de la Organización Trump, dijo en una declaración jurada que Chubb, que suscribió la fianza de US$ 91,6 millones de Trump para cubrir la sentencia del caso E. Jean Carroll, no podía aceptar bienes inmuebles para garantizar la fianza por fraude civil.

Garten calificó la falta de aseguradoras para aceptar bienes inmuebles como un "obstáculo importante" para asegurar la fianza.

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, fue encontrado culpable por intentar manipular el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió ante Joe Biden. 

El día jueves por la mañana el ex mandatario se presentó ante las autoridades de la prisión de Georgia, en el condado de Fulton.

El hombre llegó a bordo de su avión privado al aeropuerto más cercano a la prisión, llegó alrededor de las 20 horas argentina, de allí fue trasladado en auto hasta la prisión donde estuvo unos minutos bajo custodia policiaca.

Al magnate le tomaron las huellas dactilares, se le tomó la fotografía policial, pagó la fianza de U$S 200.000 y salió en libertad.

Trump no se presentó solo sino que llegó y se fue de la prisión de Fulton en un convoy de vehículos blindados y escoltado por el Servicio Secreto, que se encarga de su seguridad.

Donald fue imputado por 13 delitos luego de haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales, en las cuáles Biden se impuso por un ajustado margen.

Junto a él hay otras 18 personas implicadas pero está es la primera vez que el expresidente pisa una prisión federal, esto se debe a que es la cuarta imputación penal bajo su nombre.

De qué se lo acusa a Donald Trump:

El empresario está acusado de funcionar como “una organización criminal cuyos miembros y asociados participaron en varias actividades criminales relacionadas”, en la que también se lo acusa de falsificar documentos, declaraciones, suplantar la identidad de funcionarios públicos, sobornar testigos, robo informático y conspiración para defraudar al Estado.

Por supuesto que no cree en estas acusaciones y las clasifica cómo una “caza de brujas” y hasta el día de hoy dice que ganó las elecciones y que los resultados fueron alterados para perjudicarlo.  

“Nadie ha luchado tanto por la integridad de las elecciones como el presidente Donald J. Trump. Por eso, mañana seré arrestado con orgullo en Georgia”, declaró el republicano el miércoles en redes sociales.

El multimillonario británico Joseph Lewis, dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, se entregó este miércoles a la justicia estadounidense para declarar en la causa que lo investiga por fraude financiero y traficar información privilegiada.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años y residente en Bahamas de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados que obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.

Entre 2013 y 2021, "Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos", dijo en una declaración el fiscal Damian Williams.

"Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro", añadió.

Por ejemplo, el británico es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes de que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico.

Tras hablar con ella, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir en la empresa, por valor de 700.000 dólares y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, consignó la cadena BBC.

"Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas", añadió el fiscal.

La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por "fraude bursátil". Enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia de noticias AFP.

En declaraciones reproducidas por el canal británico Sky News, el abogado de Lewis, David Zornow, calificó de "error flagrante" la acusación vertida contra su defendido.

"Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos", manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales de Nueva York voluntariamente para responder a los cargos "mal concebidos" que serían "defendidos enérgicamente en los tribunales".

En la causa también están acusados Patrick O'Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, según la Fiscalía.

Las denuncias contra Lewis en Argentina

Lewis es uno de los hombres más ricos de Reino Unido, con un patrimonio estimado de unos 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: posee un superyate de 98 metros, es propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur y posee una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.

En la Argentina, este magnate amigo del expresidente Mauricio Macri es acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, impiden el acceso público a este espejo de agua situado en una zona estratégica zona de frontera.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona a llegar al Lago Escondido, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.

Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de CABA Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Libre bajo fianza

Por la investigación también fueran detenidas otras dos personas. Se trata de Patrick O’Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, según la Fiscalía.

Ambos se declararon no culpables tras una audiencia en la corte federal en Manhattan. Salieron libres tras consignar sendas fianzas de US$250.000.

También Joe Lewis quedó en libertad tras consignar una fianza aunque millonaria: fueron US$300 millones, suma que quedó asegurada con un yate y una aeronave, bienes que un fiscal aseguró tienen un valor aproximado de 300 millones.

Pagaron 4.000 dólares de fianza cada uno para lograr la liberación y regresar a Buenos Aires. El tercer detenido, un argentino residente en San Pablo, no pudo salir por carecer de recursos.

Dos de los tres argentinos detenidos por racismo en Brasil en el partido Boca Juniors-Corinthians, por la Copa Libertadores de América, pagaron 4.000 dólares de fianza cada uno para lograr la liberación y regresar a Buenos Aires, informó hoy a Télam una fuente policial.

Detienen a cinco hinchas de Boca en Brasil por actos de racismo

Según el vocero, los dos hinchas a los que se les abrió un proceso por injurias racistas y racismo fueron liberados por el juez de turno luego de haber pasado la jornada detenidos en una sede carcelaria de la policía paulista, mientras que el tercer detenido, un argentino residente en San Pablo, no pudo salir por carecer de recursos.

El hincha de Boca detenido por racismo puede recibir hasta tres años de condena

Los detenidos habían sido imputados del delito de injuria racial luego de haber sido filmados por hinchas de Corinthians imitando gestos de un mono contra los brasileños.

Las denuncias en la comisaría del estadio ocurrieron en forma similar: hinchas de Corinthians que filmaron a los de Boca en la tribuna visitante cuando cometían las agresiones gestuales, y que entregaron los videos a la Policía y al juzgado que interviene en el partido, con lo cual se abrieron causas contra los hinchas boquenses.

En abril pasado, durante la visita de Boca a San Pablo para enfrentar a Corinthians por la fase de grupos, un hincha boquense había sido detenido por haber imitado a un mono dirigiéndose a los brasileños, en una clara agresión racista.

En esa oportunidad, el pago de una fianza de 600 dólares (3.000 reales) liberó en el acto al hincha, un comerciante mendocino que había viajado para presenciar el partido.

“Decidimos elevar la fianza porque esta Copa Libertadores se ha convertido en un escenario de injuria racial como hace mucho tiempo no se veía”, dijo a Télam el comisario de Grandes Eventos de la Policía paulista, Cézar Saadi, a cargo del operativo de seguridad de anoche en el estadio de Corinthians.

Un abogado defensor oficial del fuero criminal paulista actuó como representante legal de los argentinos detenidos, mientras que personal del consulado argentino en San Pablo acompañó todos los procedimientos.

El lunes pasado, Boca fuera multado por la Conmebol con el pago de 100.000 dólares, justamente por agravios racistas realizados por hinchas “xeneizes” a parciales de Corinthians, acontecidos durante el encuentro de mayo pasado en La Bombonera, por la Zona E de la fase de grupos de esta Copa Libertadores.

El escándalo por racismo ocurrió luego de que el ómnibus que transportaba al plantel y dirigentes de Boca desde el hotel hacia el estadio fuera blanco de piedrazos que rompieron uno de los vidrios.

Además, varios hinchas de Boca relataron a Télam que fueron maltratados por la Policía en la llegada al estadio, inaugurado para el Mundial 2014 y donde la Selección argentina venció la semifinal por penales ante Países Bajos en aquel certamen.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy, por unanimidad, que el exsecretario de Obras Públicas José López deberá pagar 85 millones de pesos como fianza si desea acceder a la libertad condicional en la causa en la que está condenado por enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue de la sala segunda del máximo tribunal penal del país que rechazó el recurso interpuesto por la defensa de López que reclamaba que se le impusiera al exfuncionario una caución real inferior tras considerar que la dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 era de cumplimiento imposible.

La resolución lleva la firma de los jueces de Casación Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques y se dio en el marco de la investigación en la que resultó condenado a seis años de prisión, tras ser sorprendido intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez, el 14 de junio de 2016.

El juez Slokar, quien lideró el acuerdo, rechazó el pedido de López y señaló que en la causa se había explicitado que la fianza era la única caución apropiada y que la situación patrimonial del encausado permitía sostener la razonabilidad, con expresa mención de los bienes inmuebles que serían de su propiedad, junto con las acciones societarias a su nombre.

“En estas condiciones, el remedio no puede prosperar, por cuanto la recurrente no tomó a su cargo rebatir de modo adecuado los argumentos expuestos en la resolución atacada que condujeron a rechazar la sustitución de la caución impuesta a José Francisco López”, sostuvo el magistrado en el voto al que adhirieron sus colegas.

Fuentes judiciales recordaron, además, que luego de declarar como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli en la denominada causa Cuadernos, José López ingresó Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados el 18 de agosto de 2018, lo que le permitió transitar el encierro separado del resto de la población penitenciaria.

El Tribunal Oral Federal 4 le concedió esta tarde el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez, tal cual lo marcó horas antes la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras más de cuatro años preso, el empresario saldrá de la cárcel de Ezeiza sin pagar la fianza que el mismo TOF 4 le había impuesto semanas atrás como condición para acceder al arresto domiciliario.

Este lunes por la mañana, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado, pero faltaba la autorización del Tribunal que lo enjuicia por las maniobras llevadas a cabo en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Ahora, se podrá hacer efectiva la salida de Ezeiza de Báez, que está preso con prisión preventiva desde abril de 2016.

Abel Córdoba dictaminó que se mantenga en USD 5,5 millones pero que se tome el dólar oficial. También dijo que se puede suplantar por un seguro de caución. Ahora debe resolver el Tribunal Oral. El empresario cumplirá con prisión domiciliaria en un country de Pilar.

El fiscal Abel Córdoba dictaminó hoy a favor de reducir la fianza en pesos que había impuesto el Tribunal Oral Federal 4 para que Lázaro Báez pueda cumplir con la prisión domiciliaria. El monto sigue siendo de 5,5 millones de dólares, pero se debe aplicar el cambio oficial, por lo que quedaría en $ 386.578.500. El fiscal también se expresó a favor de reemplazarla por un seguro de caución, tal como pedía la defensa del empresario. En el final de su dictamen, Córdoba se manifestó a favor de que el tribunal oral disponga ya mismo la prisión domiciliaria.

“Se advierte razonable que el Tribunal analice la aptitud de la prisión domiciliaria para sujetar al imputado al proceso, mientras tramitan las impugnaciones e incidencias de previsible formulación, ello en hará de una adecuación compatible con la vigencia de las medidas cautelares impuestas en este proceso a Báez, que excluyan la detención carcelaria, en cuya necesidad de cese han ya coincidido un fiscal de primera instancia, un juez de primera instancia, un fiscal de juicio, ese Tribunal por unanimidad, y la propia Cámara Federal de Casación Penal”, dice el dictamen en el último párrafo.

En un breve dictamen de nueve páginas, Córdoba también rechazó los argumentos de la defensa de Báez sobre su situación patrimonial y recordó que existe “la posibilidad de la fianza otorgada por un tercero”.

Sobre el monto de la fianza, el fiscal sostuvo que se debe aplicar la cotización oficial del dólar. “El calculo adecuado resulta de aplicar la cotización oficial del dólar minorista que publica el Banco Central de la República Argentina, que a las 15 hs de ayer se ubicaba en $ 70,287 por dólar, ecuación que arroja un total de $ 386.578.500″, sostuvo el fiscal.

Se estima que la defensa de Báez apelará el monto de la fianza ante la Cámara de Casación, pero antes insistirá para que se haga efectiva la domiciliaria.

La fianza había sido fijada en $632.500.000, tomando en cuenta el valor del dólar blue, algo que tiene pocos antecedentes. El miércoles, antes del fin de semana largo, la defensa del empresario pidió una reducción sensible de ese monto y que se reemplace por un seguro de caución. “La caución fijada por el Tribunal deviene exorbitante y de imposible cumplimiento, justamente, en función de los múltiples embargos e inhibiciones impuestos por VVEE, en diversos expedientes”, cuestionaron los abogados.

El Tribunal Oral Federal 4 decidió correrle vista al fiscal para que opine sobre la reducción de la fianza y le dio un plazo que vencía hoy.

La cifra establecida hasta ahora, unos USD 5,5 millones, había sido sugerido por el propio fiscal y surgía de la diferencia entre los USD 10 millones que se habían depositado en una cuenta de Bahamas y el dinero que la Justicia logró congelar, unos USD 4,5 millones. Córdoba mantuvo ese monto en dólares, pero dijo que debería computarse al cambio oficial, por lo que la fianza sugerida es de $386.578.500

Lázaro Báez fue excarcelado el miércoles pasado en la causa conocida como “M&P”, pero el tribunal dispuso que se haga efectiva la prisión domiciliaria que le había otorgado el 18 de marzo el juez Sebastián Casanello en la causa por la compra del campo “El Entrevero”.

Pese a las protestas de los vecinos, Báez irá a vivir a una casa del barrio Ayres del Pilar, en el kilómetro 43,5 de la Panamericana. La semana pasada hubo protestas en la puerta del barrio. Sin embargo, el directorio del barrio emitió un comunicado en el que destaca que se respetará “lo que disponga la justicia, siempre que no vulnere las normas vigentes”.

La propiedad donde tiene previsto mudarse el dueño de Austral Construcciones junto a su actual pareja, Claudia Noemí Insaurralde, está dentro de la comunidad conocida como “La Arboleda”. Es una casa con techos de tejas, unos 250 m2 cubiertos, un lote de más de 800m2 y una pileta de 6×4.

La casa, a nombre de la empresa Badial SA, estuvo vacía durante mucho tiempo, pero comenzó a reacondicionarse durante la cuarentena. En ese momento, todavía no tenía luz ni gas.