Al menos 60 muertos, 32 secuestrados y cientos de desplazados es el saldo  que deja la reciente escalada de violencia en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, según un informe de la Defensoría del Pueblo de ese país.

El informe, reproducido por la cadena británica BBC, indicó que los últimos actos están ligados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado activo más grande de Colombia, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

Las FARC firmaron un tratado de paz con el gobierno colombiano en 2016, pero distintos grupos disidentes han mantenido su pugna armada contra otras guerrillas, incluida el ELN, y fuerzas del Estado en varias regiones del país.

Los ataques en El Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, rompieron una tregua incómoda entre estos grupos guerrilleros, inmersos en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, ante el agravamiento de la situación, el gobierno suspendió los diálogos de paz con el ELN.

"Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de dialogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz", afirmó Petro en la red social X el pasado viernes.

Además de los 60 muertos, entre los que se encuentran siete firmantes de paz según la Defensoría, se reportan confinamientos en varios municipios.

"Muchas personas, entre ellas firmantes de paz, líderes sociales y sus familiares, e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas debido a los señalamientos del ELN", agregó la Defensoría.

El organismo también informó que cientos de familias se desplazan ahora mismo hacia otros municipios y que en algunas comunidades de la región se empieza a reportar escasez de alimentos.

La Policía Nacional de Ecuador anunció este lunes (22.01.2024) la detención en territorio ecuatoriano del colombiano Carlos Arturo Landázuri, más conocido como "El Gringo" y considerado el líder del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Anoche en Imbabura, actividades investigativas y de inteligencia, realizadas durante 3 meses, lograron capturar a Carlos L., alias "El Gringo", un objetivo de alto valor. Líder del grupo armado Oliver Sinisterra de Colombia y vinculado a actividades terroristas en Esmeraldas", indicó el comandante de la policía de Ecuador, César Augusto Zapata, en la red social X.

El Frente Oliver Sinisterra, responsable del asesinato de tres ecuatorianos integrantes del diario El Comercio en 2018, opera entre el departamento colombiano de Nariño (sur) y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas (norte), donde según la policía tiene vínculos con una banda criminal considerada ahora por el gobierno como terrorista.

La detención de "El Gringo" se da en medio del "conflicto armado interno" declarado a inicios de enero por el gobierno de Daniel Noboa para combatir las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y a las que ha catalogado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

A mediados de diciembre pasado, fueron capturados en Esmeraldas, cerca de la frontera de Ecuador con Colombia, una quincena de presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra, entre ellos Janer Cortés Ortiz, conocido bajo el pseudónimo de "Guasón", y al que las autoridades identificaron como el tercero al mando de esta disidencia.

El hombre afirmó tener audios de las intimidaciones y adicional a la denuncia hecha comentó que su esposa habría estado viva cuatro días en la selva

Manuel Ranoque Mucutuy el padre de los cuatro niños rescatados en la selva del Guaviare denunció ante los medios de comunicación que está bajo amenaza de las disidencias de las (Farc) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más exactamente del Frente Carolina Ramírez, el cual opera en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Información brindada por Ranoque da cuenta de que la estructura lo estaría buscando. “Tengo amenazas. Para ellos yo soy un objetivo. Yo me conozco toda la región”. Mencionó en la denuncia pública: “Yo sé que esas personas descaradas pueden comenzar a presionar y eso nunca lo voy a permitir. Ellos lo único que quieren es el interés económico y mientas uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo”.

El padre de familia afirmó que tiene en su poder audios en los que las disidencias lo amenazaron con buscarlo y que, incluso, le van a mandar personas directamente a Bogotá, mientras está al tanto de la recuperación de sus cuatro hijos en el Hospital Militar de la capital. Ranoque comentó que no era fácil hablar con los niños, pues fueron 40 días en los que no durmieron ni se alimentaron adecuadamente. “Dios me los tiene para grandes cosas. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes mismos lo sabrán. Yo no les puedo sumar, ni restar”, dijo.

Después que los cuatro menores indígenas fueran rescatados de su travesía por la selva del Yarí luego de que la aeronave donde viajan tuviera fallas y cayera en la zona el lunes primero de mayo.

El domingo 11 de junio tras dos días del hallazgo de los menores el padre de los niños indígenas, Manuel Ranoque, aseguró que su hija mayor, Lesly (13 años), le mencionó que su madre estuvo con vida cuatro días luego del accidente, pero le pidió a los niños que se fueran. “La niña lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva. Entonces, antes de morir la mamá les dice, tal vez, váyanse”, mencionó el padre.

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Los hermanos Mucutuy, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, aparecieron el 9 de junio luego de estar deambulando por la selva entre Guaviare y Caquetá. Más de 350 personas, entre uniformados del Ejército Nacional y miembros de la Guardia Indígena, durante 40 días los buscaron incansablemente sin escatimar esfuerzos ni desestimar cualquier alternativa para dar con el paradero de los cuatro niños indígenas, desde saberes tradicionales de los grupos indígenas hasta las más sofisticadas técnicas militares fueron vitales para encontrarlos.

Luis Acosta es coordinador nacional de la Guardia Indígena, le contó a El Tiempo, que a los niños los “encontró un indígena guardián que tomó yagé”, una bebida espiritual de los pueblos indígenas. También ponderó el trabajo articulado con el Ejército y dijo que fue una experiencia muy bonita, en la que tanto indígenas como soldados, se conocieron, compartieron e intercambiaron conocimientos.

Según le contó Acosta a El Tiempo, en la búsqueda de los niños fue vital el conocimiento de los indígenas de la selva, así como sus prácticas espirituales, que se conjugaron con la técnica militar. También dijo que para sobrevivir en la selva no es suficiente la comida física, pues “también se necesita de alimento espiritual”.

“Los encontró un indígena guardián que tomó yagé, en apoyo con la tecnología del Ejército. La selva, hay que entender, es muy espiritual, sobre todo esa selva virgen que nadie ha pisado y allá hay unos poderes espirituales muy fuertes. Se compartió el chimú, una medicina ancestral de esta zona, que la usaban también los soldados, para poder caminar en la selva y de aguantar”.

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Acosta advirtió también que, así como los soldados “aportaron sabiduría técnica: los GPS y los teléfonos satelitales”, los miembros de la Guardia Indígena aportaron “sabiduría ancestral frente a como andar en la selva, como pedirle permiso, como honrar la selva y así se hizo todos estos días para no enfermarnos, para no perdernos porque es muy fácil perderse en esa selva”.

Sobre el indígena que, tras una toma de yagé, dio con el paradero de los hermanos Mucutuy, explicó que quien lo toma “ve mucho más allá de lo que vemos”: “Como era por cuadrantes (la búsqueda), ellos se fueron por uno y los encontraron. El que toma yagé ve mucho más allá de lo que vemos. Se vuelve un médico, una pantera, un tigre, un puma. Ve más allá porque es una medicina integral. Él tuvo la capacidad de mirar”

Acosta también advirtió que fue vital que los niños hayan sido criados en la selva y que Lesly, la mayor, tuviera “capacidad espiritual y física para resistir y ayudar a sus hermanitos”: “Porque estos niños son criados en la selva y educados en la medicina ancestral, por eso duraron. Y porque desde acá se hizo ritual para que les llegara a ellos. Eso ayudó a que esa niña en sus 13 años tuviera la capacidad espiritual y física para resistir y ayudar a sus hermanitos. Eso un niño de Bogotá no hubiera aguantado. Ellos conocían la selva”.

Los menores habían sido reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que desarmó en 2017. Y ejecutados al intentar escapar.

Cuatro menores de edad del pueblo indígena Murui fueron asesinados en la Amazonía colombiana por disidentes de las FARC que están en una tregua bilateral con el gobierno, denunció la Defensoría del Pueblo este domingo.

Los menores habían sido reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que desarmó en 2017 a la otrora guerrilla más poderosa de América, según el reporte inicial de las comunidades indígenas de la zona.

El ente que vela por los derechos humanos confirmó la denuncia y detalló en un comunicado que los “cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui” fueron ejecutados en los límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas (sur) “luego de haber desertado” del frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes de las FARC que se adhirió a un cese al fuego bilateral planteado por el gobierno el 1 de enero.

Agrupados bajo el nombre Estado Mayor Central de las FARC (EMC), estos frentes que no se adhirieron al pacto de paz de 2017 y suman unos 3.000 combatientes están a punto de iniciar un nuevo proceso de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, a pesar de varias violaciones a la tregua.

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Duras críticas

Ni las autoridades ni los originarios han precisado las edades de los fallecidos. Hasta ahora solo se conoce el nombre de uno de ellos: Luis Alberto Matías Capera, reclutado a finales de marzo en un poblado del vecino departamento de Putumayo y asesinado a tiros el 17 de mayo junto a los otros tres menores.

“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, reclamó la Defensoría.

A su turno, Petro calificó el múltiple asesinato como “un crimen atroz, una bofetada a la paz” y anticipó “medidas frente a estos hechos”.

Consultados por varios periodistas vía WhatsApp, voceros del EMC expresaron que “no se van a dar declaraciones al respecto hasta que no se tenga la información totalmente cotejada” con sus frentes en la zona.

Colombia vive un conflicto armado que persiste tras el acuerdo de paz y enfrenta a rebeldes, narcotraficantes y agentes estatales en una prolongada guerra que deja más de 9 millones de víctimas.

Petro, primer mandatario de izquierdas de la historia de Colombia, dialoga con guerrillas, grupos armados de origen paramilitar y las bandas del narcotráfico para poner fin a la violencia en el mayor productor de cocaína del mundo.

Líderes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC admitieron hoy su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas que les imputó el tribunal de justicia transicional surgido del acuerdo de paz en Colombia.

“Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto” de imputación emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes de la extinta guerrilla que firmaron el histórico pacto de paz en 2016.

“Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares”, agregaron, citados por el diario El Tiempo.

En una conferencia de prensa virtual, los exguerrilleros aseguraron haber entregado a la JEP un documento con la aceptación formal de los delitos que se les imputan.

“Igualmente hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por las FARC (…), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias”, declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada cuando pertenecía a la guerrilla.

Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más importante de la región fueron imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.

Entre ellos se destacan Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del pacto de paz, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez escaños parlamentarios otorgados al nuevo partido.

En tanto, uno de los acusados falleció el pasado enero.

La imputación a los exdirigentes de las FARC fue la primera hecha por la JEP desde su creación en 2017, encargado de juzgar los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado con un enfoque más centrado en la búsqueda de la verdad y la reparación que en el punitivismo.

Durante su prolongada y fallida lucha militar por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.

En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos, y en distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas.

Desde que la guerrilla depuso las armas en 2017 y aceptó someterse a la JEP, los líderes comparecen ante el tribunal para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido.

Quienes cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel.

De momento, el tribunal especial no se ha pronunciado al respecto.

Al menos diez disidentes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se encontraban al mando de Miguel Botache, alias “Gentil Duarte”, murieron en un bombardeo perpetrado por la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, en la Amazonia.

Tras la intervención aérea, las tropas del Ejército y la Policía entraron en un campamento disidente situado en las inmediaciones del río Ajajú, vereda (población) Buenos Aires, del mismo municipio, y capturaron a otros tres disidentes, según informa el diario bogotano El Tiempo, que puntualizó que el ataque ocurrió el sábado último, si bien se informó en las últimas horas.

Los tres disidentes arrestados fueron atendidos en el lugar debido a que se encontraban heridos, y luego fueron trasladados en helicópteros a un centro médico, reprodujo por su parte la agencia de noticias Europa Press.

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Las autoridades cubrieron el campamento para incautar armas y material de guerra y de comunicaciones, informó Radio Caracol.

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la neutralización de los 13 integrantes de este grupo que estaba bajo el mando de “Gentil Duarte”, el máximo jefe de las disidencias que operan en el oriente del país.

Según las autoridades colombianas, este grupo lleva a cabo reclutamiento de menores de edad y la planificación y ejecución de actos guerrilleros, así como narcotráfico y minería ilegal en Caquetá, Guaviare y Meta.

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Asimismo, se les vincula con el secuestro y asesinato del subteniente del Ejército colombiano Carlos Arturo Becerra en el municipio de Puerto Concordia, en Meta.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ejecutivo colombiano, que subastó en la ciudad de Medellín los casi 210.000 gramos de oro en lingotes, dijo que hizo “un gran negocio” y aseguró que los compradores también “porque por la mañana subirá el valor del metal”, informó la agencia de noticias Europa Press.

En total fueron 208.191,22 gramos de oro que las disueltas FARC entregaron a la Misión Especial de Naciones Unidas entre julio y agosto de 2017, además de lo que incautó la Fiscalía como parte de los procesos de paz, que hasta ahora habían estado bajo custodia en el Banco de la República, en Bogotá.

En la subasta sólo podían participar empresas internacionales con el fin de evitar operaciones de lavado de dinero, informó el diario bogotano El Espectador.

Algunas compañías procedentes de Estados Unidos, Italia, India, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos habían mostrado interés por pujar por el oro.

El dinero obtenido se destinará directamente a las reparaciones de víctimas del conflicto armado en Colombia, mientras la cantidad incautada por las autoridades, 10.904,26 gramos, será gestionada a través del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) del Ministerio de Hacienda.

Según marca la ley, el Fisco deberá destinar un 25% de lo recaudado hacia el sistema judicial, otro 25% para la Fiscalía y la mitad restante para el Gobierno de Colombia.

En su momento, el inventario de las FARC generó polémica, ya que los exguerrilleros incluyeron, además del oro y los dólares, ollas pitadoras, molinos para hacer chocolate, obras como “mejoramiento de acueducto” y hasta rutas rurales.

En su defensa, explicaron que entregaban todos esos elementos porque las FARC habían hecho en mucho lugares lo que el Estado no.

En junio 2018, la Unidad de Investigación y Acusación de la la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó medidas cautelares para los bienes que hacían parte del inventario de la extinta guerrilla, que posteriormente fueron entregados a la ONU bajo e nombre de “Economía de guerra” con el fin de que quedaran congelados y garantizar que su monetarización fuera destinada a las víctimas.

En marzo de 2019, se decidió que la Fiscalía fuera la entidad que dictara medidas cautelares sobre los bienes.

“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, dijo la exguerrilla.

La exguerrilla FARC pidió perdón público este lunes (14.09.2020) a las miles de personas que secuestró en Colombia y expresó su arrepentimiento por el “dolor” y las “humillaciones” que les infligió en cautiverio.

“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, dijo la dirigencia del hoy partido político en el mensaje de perdón más contundente que ha enviado desde que firmó la paz en 2016.

La que fuera la organización rebelde más poderosa de América, implicada en un conflicto de casi seis décadas, admitió adicionalmente que el “el secuestro (…) hirió de muerte” la “legitimidad y credibilidad” de su alzamiento armado contra el Estado colombiano.

“Este lastre (…) hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros”, agregó en una declaración pública.

El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona.

Reiteramos nuestro compromiso para rendir cuentas ante la justicia. pic.twitter.com/CxdJ99crzj

— FARC (@PartidoFARC) September 14, 2020

Delitos atroces La otrora guerrilla está respondiendo por delitos atroces ante el tribunal creado a partir de los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización de unos 13.000 rebeldes, incluidos unos 7.000 combatientes.

En su mensaje, aseguró que hoy entiende el dolor que le causó a “tantas familias” y citó el caso de Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años que murió de cáncer en 2001 mientras su padre, un cabo de la policía, estaba en poder de los rebeldes.

Las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desoyeron sus súplicas para liberar al uniformado, que terminó siendo asesinado en cautiverio en un supuesto intento de fuga.

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez (…) No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados”, manifestó el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Más de 20.000 secuestros La justicia de paz investiga más de 20.000 secuestros por parte de los rebeldes que depusieron las armas, entre ellos los de cientos de uniformados y varios políticos como la colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien pasó seis años en cautiverio antes de ser liberada en una operación militar en 2008.

Los responsables de la antigua guerrilla podrán evitar la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia. En caso de que incumplan, podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Además del secuestro, los jefes rebeldes de antaño están rindiendo cuentas por reclutamiento de menores entre otras acciones.

Aunque el desarme de las FARC alivió sensiblemente la violencia en Colombia, todavía operan grupos armados que se financian del narcotráfico y que en las últimas semanas han desatado una ola de masacres y asesinatos que también cuentan entre sus víctimas a los exguerrilleros.