Estudiantes de La Plata recibió una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA como consecuencia del gesto del plantel —darle la espalda durante el pasillo de reconocimiento a Rosario Central— decidido tras la controversia por la designación del “campeón de Liga”. La medida más resonante afecta al presidente Juan Sebastián Verón: seis meses de suspensión “para toda actividad relacionada con el fútbol”. Además, varios jugadores fueron sancionados con dos fechas de suspensión (a cumplirse en el próximo torneo en que participe el club), el capitán Santiago Núñez tiene prohibido ejercer la capitanía por tres meses y al club se le impuso una multa equivalente a 4.000 entradas.

El fallo se apoya —según la resolución publicada— en el incumplimiento del protocolo que regula ese tipo de pasillos de homenaje y en las constancias del informe arbitral. La AFA argumentó que el Boletín Nº 6625, el instrumento que establece el protocolo, tiene fecha del 12 de febrero de 2025 y forma parte de la numeración correlativa de boletines oficiales, por lo que no podría haber sido alterado.

La Comisión Directiva del club emitió un comunicado público en el que manifestó su “respaldo absoluto” a Verón, a Núñez y al plantel, y anunció que está analizando la sanción para presentar los recursos que correspondan ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA (y, eventualmente, ante instancias internacionales como el TAS). En el comunicado el club adelantó que ya trabaja en la apelación y puso énfasis en la defensa de los intereses institucionales y de los integrantes del plantel.

En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los… pic.twitter.com/uxqwhkBfdx

A las horas del episodio surgió en redes sociales y en medios una acusación técnica: el Boletín Nº 6625 publicado por la AFA —el PDF que regula el pasillo y que la AFA exhibe como fechado el 12/02/2025— tendría metadatos que indicarían una creación mucho más reciente, justamente el 23 de noviembre de 2025, en plena disputa entre Estudiantes y Rosario Central. Esa inconsistencia técnica fue difundida por usuarios en X y replicada por varios medios, lo que derivó en la etiqueta mediática “PDF Gate”.

Los elementos que alimentan la sospecha y que se vienen citando son, entre otros, los siguientes:

 Los metadatos del archivo PDF original, según quien los analizó, registraban una fecha de creación correspondiente al 23 de noviembre y no al 12 de febrero.

Se mencionó además que el PDF habría sido creado con una versión de la biblioteca de Adobe (Adobe PDF Library 25.1.201) que, según especialistas, sólo estuvo disponible desde septiembre de 2025, lo que no cuadraría con una supuesta emisión en febrero.

·Tras las denuncias públicas, fuentes y usuarios señalaron que la AFA subió una segunda versión del PDF con metadatos modificados; no obstante, afirman que los registros del servidor conservaron una fecha de modificación correspondiendo a fines de noviembre, lo que reforzaría las dudas sobre la cronología real del archivo.

Frente a estas acusaciones, la AFA negó cualquier manipulación y defendió la validez y correlatividad de sus boletines oficiales, además de sostener que la numeración y las fechas publicadas encuadran con el archivo de resoluciones del Comité Ejecutivo. Esa respuesta institucional no logró, al menos en lo inmediato, apagar la controversia pública ni las críticas por la presunta incoherencia en los metadatos.

Las “pruebas” que se difundieron públicamente hasta ahora —y que han sido citadas por medios— son análisis de metadatos del archivo PDF y rastros de fechas en los servidores que alojaron el documento. Esos elementos técnicos son indicios que suelen justificar una pericia informática más formal: la lectura de metadatos no siempre explica por qué hay una discrepancia (puede deberse a un error de publicación, a manipulación deliberada o a un proceso técnico del servidor), por eso distintos medios consignan que hay peritos informáticos y especialistas que piden una investigación ordenada y transparente para determinar si hubo alteración, cuándo y por quién.

1.      Legitimidad del procedimiento disciplinario: si se comprobara que el documento que ampara la sanción fue creado o modificado tras el hecho, la base jurídica del castigo podría verse debilitada y abriría un camino sólido para la apelación de Estudiantes. Eso explicaría la intención del club de agotar recursos internos y, de no prosperar, recurrir a instancias externas.

2.      Costado institucional y político: la polémica suma tensión entre clubes, la AFA y sectores del fútbol —además del ruido público y político—, porque pone en debate no sólo la conducta del plantel sino la transparencia en la administración del fútbol argentino. La discusión ya escaló a declaraciones de dirigentes y figuras públicas en redes.

3.      Posible efecto sobre las sanciones a los jugadores: Infobae consignó que las suspensiones a los futbolistas se computarán en el próximo torneo y que podría existir una amnistía antes de su aplicación efectiva (una posibilidad que, de ocurrir, no alcanzaría a la sanción de Verón). En este contexto, si la fundamentación documental se debilitara, la AFA podría verse presionada a revisar montos y plazos.

4.      Necesidad de peritaje técnico independiente: los indicios técnicos (metadatos, versión de la librería PDF, registros de servidor) son argumentos que requieren confirmación pericial. En ausencia de una auditoría informática pública y aceptada por las partes, la controversia seguirá viva y con alto impacto mediático.

La FIFA anunció este viernes una dura sanción que golpea de lleno al fútbol internacional. Siete jugadores fueron suspendidos por un año tras comprobarse el uso de documentación falsificada en el proceso de convocatoria a la selección de Malasia. Entre los castigados aparecen los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, actualmente en Vélez, Deportivo Alavés de España y América de Cali de Colombia, respectivamente.

El comunicado del organismo rector del fútbol mundial confirmó que la Comisión Disciplinaria aplicó la pena al detectar “infracciones al artículo 22 del Código Disciplinario”, que regula los casos de falsificación. Además de la inhabilitación por 12 meses, cada futbolista deberá abonar una multa de 2.500 francos suizos (unos 2.500 dólares), mientras que la Federación Malasia de Fútbol (FAM) recibió una sanción económica de 350.000 francos suizos (438.000 dólares).

Los jugadores involucrados disputaron el encuentro del 10 de junio pasado, cuando Malasia venció 4-0 a Vietnam por las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia que derivó en la investigación.

Los tres argentinos hicieron su estreno oficial en aquella goleada. Garcés, de 26 años y con pasado en Colón de Santa Fe, jugó los 90 minutos. Holgado, delantero surgido de San Lorenzo, ingresó como titular y fue reemplazado a los 73 minutos, justamente por Machuca, quien había llegado a Vélez a préstamo desde Fortaleza.

El presente deportivo de cada uno también se verá afectado. Machuca acumula 22 partidos con la camiseta del Fortín en la actual temporada; Garcés se consolidó como pieza clave en el Alavés de Eduardo Coudet en La Liga española; mientras que Holgado suma 8 goles y 2 asistencias en América de Cali durante 2025.

La sanción alcanza también a otros cuatro futbolistas: el español Gabriel Felipe Arrocha (Unionistas), el brasileño João Vitor Brandão Figueiredo (Johor de Malasia), el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano (Johor) y el vasco Jon Irazábal Iraurgui (Johor).

De esta manera, la FIFA busca dar una señal contundente frente a las irregularidades administrativas en el fútbol internacional, dejando a los jugadores marginados de toda competencia oficial hasta septiembre de 2026.

El comercio mayorista de productos alimenticios ubicado en Ruta 8 y Uruguay ya había sido clausurado por el municipio venadense en septiembre de 2023, cuando trabajaba bajo otro nombre. En ese momento habían decomisado 395 kilos de mercadería y 5.370 litros de productos lácteos en mal estado (vencidos o adulterados).

Un año más tarde, “la PDI a cargo de la Fiscalía de turno hizo un allanamiento en función de una denuncia que se presentó oportunamente después de varias intervenciones nuestras, y se secuestraron unos sellos por su parte y desde Seguridad Alimentaria nos llevamos algunas muestras de alimentos para investigar, ya que notamos un sello o rótulo dudoso”, explicó a Sur24, la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha.

Y agregó que consultarán “directamente a las empresas de esos alimentos y en función de lo que nos respondan se llevará a Fiscalía para saber si esos sellos que nosotros vemos como diferentes corresponden a los alimentos o han sido adulterados”.

El momento de la clausura al comercio mayorista, ante reiteradas faltas. Foto: MVT.

Asimismo Rocha, aclaró que “desde la Secretaría de Control, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, hicimos una clausura preventiva que no la hace el juez de Faltas ya que tenemos esa facultad bajo el artículo 30 de la Ordenanza 5574/22, cuando el hecho es preocupante para luego elevarlas al Tribunal de Faltas”.

En septiembre de 2023, el mismo propietario, Oscar G., enfrentó una causa similar por alimentos en mal estado. En esa oportunidad, la mercadería adulterada era leche en polvo, larga vida y chocolatada, quesos y sobres de rallado, fiambres, galletas de arroz, saladas y dulces, jugos, masa para empanadas, café y panes de hamburguesas. Además, se encontraron gaseosas y aceites con fechas borradas.

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó allanamientos por un hecho de falsificación de documento privado y estafa, en la ciudad de Santa Fe, y detuvo al presunto responsable del delito.

La denuncia se hizo el pasado 9 de abril en el Centro de Denuncias, donde se advirtió que el mencionado psicólogo estaría falsificando datos de un profesional de la salud para obtener beneficios de la obra social Osde, en favor de un supuesto paciente que sería tratado en la Clínica de la "Asociación Civil Cambio de Hábitos".

Con las medidas judiciales correspondientes, efectivos de PDI allanaron la Asociación Civil "Cambio de Hábitos", ubicada en calle Hipólito Irigoyen al 3000, y un domicilio de calle Talcahuano al 7800.

También se requisó un hostel perteneciente a la asociación, sito en calle San Martín 1800, y un inmueble ubicado en las calles Hermana Serafina y Alasia de la localidad de La Guardia, donde aprehendieron al sospechoso, identificado como M. R. y secuestraron diversos elementos de interés.

Interviene en la causa la fiscal Dra. Lucila Nuzzo.

Steven Craig Johnson, un temible pedófilo estadounidense, fue capturado luego de estar casi 30 años prófugo tras escaparse de un centro penitenciario.

Johnson huyó del Centro Correccional de Mill Creek en Salem, Oregón, noviembre de 1994. Permanecía alojado allí luego de ser condenado por abuso sexual e intento de sodomía. El Departamento Correccional de Oregón sostenía que el pedófilo presentaba una “alta probabilidad de victimizar a niños preadolescentes” y que “no se le debería permitir el contacto con niños”.

Johnson, actualmente de 70 años, también conocido como “William Cox”, fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un complejo de apartamentos en Macon, Georgia. El Servicio de Alguaciles se hizo cargo del caso en 2015 tras el pedido del Departamento Correccional de Oregón.

Las autoridades indicaron que mientras huía, Johnson robó la identidad de un niño que murió en Texas en enero de 1962. Al obtener el certificado de nacimiento del niño logró obtener un número de seguro social en en el mismo en 1995.

Bajo esa identidad consiguió una licencia de conducir y se mantenía oculto bajo la identidad de William Cox. Tras ser arrestado el pasado martes por la tarde, fue alojado en la cárcel del condado de Bibb y será trasladado nuevamente a Oregon.

“La evidencia muestra que tenía conexiones familiares en Texas, pero no hay evidencia de que miembros de su familia lo ayudaran”, dijo en una entrevista Chris Wright, inspector principal del Grupo de Trabajo Regional sobre Fugitivos del Sureste de los Alguaciles de Estados Unidos.

Un administrador del complejo de apartamentos donde vivía le dijo a Wright que Johnson tenía un amigo que lo vistaba. El administrador del edificio también dijo que sus vecinos lo conocían como William Cox o “Bud”.

En 1995 estaba en condiciones de pedir la libertad condicional. Sin embargo, se cree que tenía algunos problemas disciplinarios en la prisión que podrían haber complicado su capacidad para obtenerla y que por eso decidió escaparse.

La prisión de Oregón en la que Johnson cumplía su condena era una instalación sin vallas que albergaba a 290 prisioneros que estaban a cuatro años de ser liberados. La instalación se cerró permanentemente en 2021 por orden de la exgobernadora Kate Brown.

Decenas de grandes globos con forma pene sobrevolaron este jueves las inmediaciones de la corte donde se juzgó al expresidente Donald Trump en Nueva York, lo que movilizó al grupo de policías que prestan vigilancia fuera de la corte.

En el lugar, un partidario de Trump que asiste regularmente a la corte abrió la puerta de una furgoneta de la que salieron los globos de color rosa (con tamaño de un metro de largo) que se esparcieron por toda la zona, llamando además la atención de la prensa que aguardaba fuera del tribunal, según pudo apreciarse en varios vídeos aparecidos en las redes sociales.

Los globos llevaban sobreimpresas las caras de personas como el juez Juan Marchand, que preside el juicio a Trump, o la del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que presentó la acusación que llevó a juicio al exmandatario.

🇺🇸 | NUEVA YORKSueltan 100 globos en forma de penes, adornados con las caras de críticos de Trump, incluyendo al Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg, al Consejero Especial Jack Smith y a los jueces de Manhattan Juan Merchan y Arthur Engoron.pic.twitter.com/4fesvChbq7

Otro rostro fue el de Jack Smith, el fiscal especial que procesa a Trump en Washington por el asalto al capitolio del 6 de enero del 2021.

En un primer momento, un grupo de trumpistas que también estaban en las inmediaciones, interpretaron equivocadamente que se trataba de un ataque contra su líder y comenzaron a gritar “qué vergüenza, qué vergüenza”, pero callaron cuando vieron los rostros en los globos, de acuerdo con un periodista que presenció lo ocurrido.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales como parte de un presunto plan para silenciar las denuncias de encuentros sexuales extramatrimoniales durante su campaña presidencial de 2016. 

La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de asociación criminal y de falsificar sus propios datos de vacunación contra el COVID-19, la primera acusación contra el asediado líder de extrema derecha, con otras potencialmente en camino.

La Corte Suprema publicó el martes la acusación de la policía, según la cual Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente, su hija de 12 años y varios otros en su círculo se habían vacunado contra el coronavirus.

El detective de la policía Fábio Alvarez Shor, que firmó el acta de acusación, dijo en su informe que Bolsonaro y sus colaboradores alteraron sus registros de vacunación con el fin de “emitir sus respectivos certificados (de vacunación) y usarlos para burlar las restricciones de salud vigentes”.

“La investigación halló varias inserciones entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, y también muchas acciones con uso de documentos fraudulentos”, añadió Shor.

Durante la pandemia, Bolsonaro era uno de los pocos mandatarios en el mundo que se oponía a la vacuna, se burlaba abiertamente de las restricciones sanitarias y exhortaba a la sociedad a seguir su ejemplo. Su gobierno ignoró varias ofertas de la empresa farmacéutica Pfizer de vender a Brasil decenas de millones de vacunas en 2020 y criticó al entonces gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, por comprar vacunas a la empresa china Sinovac cuando no había otras disponibles.

La oficina del procurador general tendrá la última palabra para decidir si presenta cargos contra Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal. El expresidente, que gobernó de 2019 a 2022, es objeto de varias investigaciones.

El abogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, calificó la acusación de “absurda” y dijo que no tenía acceso a ella.

“Cuando era presidente, estaba totalmente exonerado de mostrar certificado alguno en sus viajes. Esta es una persecución política y un intento de desconocer el enorme capital político que ha crecido”, dijo Wajngarten.

El expresidente negó haber cometido delito alguno durante un interrogatorio en mayo de 2023.

La policía acusa a Bolsonaro y sus colaboradores de ingresar a la base de daros del Ministerio de Salud poco antes de viajar a Estados Unidos en diciembre de 2022. Dos meses antes, había perdido su intento de reelección, vencido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro necesitaba un certificado de vacunación para entrar a Estados Unidos, donde permaneció durante los últimos días de su mandato y los primeros meses del de Lula.

La condena por falsificar los datos de salud podría llegar a entre dos y 12 años de prisión, según el analista legal Zilan Costa. La pena mayor por asociación criminal sería de cuatro años de prisión.

“Lo que argumentará Bolsonaro en este caso es si insertó los datos o permitió que otros lo hicieran, o no. Y esto es muy sencillo: tienes las pruebas o no las tienes. Es un crimen muy grave con una sentencia muy dura para los condenados”, dijo Costa a The Associated Press.

Shor dijo que aguarda información del Departamento de Justicia de Estados Unidos para “clarificar si los que están bajo investigación utilizaron certificados de vacunación falsos a su arribo y durante su permanencia en territorio estadounidense”.

En ese caso, se podrían presentar nuevas acusaciones contra Bolsonaro, dijo Schor, sin aclarar en qué país se haría.

Rosana Andrea Pérez intentó a través de un escrito falsificado, levantar la prohibición de ingresar al Penal de Chimbas para poder ver a su esposo, quien estaba preso por problemas de violencia doméstica. 

El documento, elaborado de manera burda, pretendía dar a entender que la jueza de familia Marisa Valdez levantaba la prohibición.

En el escrito, Pérez afirmaba haber firmado un formulario de negatividad de la medida de prohibición de acercamiento en el 4° Juzgado. Sin embargo, la falsificación resultó tan evidente que ni siquiera logró pasar el primer filtro de los funcionarios de la cárcel.

A pesar de que inicialmente quedó bajo sospecha por el uso de un documento falso, la torpeza en la elaboración del mismo finalmente jugó a su favor. 

El fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, consideró que la falsificación "carecía de aptitud para provocar un engaño en los funcionarios públicos". Por esta razón, solicitó al juez Matías Parrón que Pérez fuera desligada con un sobreseimiento, ya que su acción no constituyó un delito.

Este tipo de situaciones, según fuentes en Tribunales, se resuelven con sobreseimientos para evitar el desgaste de recursos materiales y humanos en casos que no provocan perjuicio, como en este caso contra la fe pública.

Un peritaje concluyó que la firma de la joven asesinada Cecilia Stryzowski en la demanda de divorcio con César Sena es trucha y alimenta las sospechas de que fue forzada a divorciarse del hijo del matrimonio Sena cuatro días después de casarse.

Para la fiscalía ese sería el motivo principal por el cual la mataron en junio del año pasado.

Ella se había casado con César en la ciudad de Resistencia el 16 de septiembre de 2022 y cuatro días después presentó el divorcio, con la firma de ambos.

Su firma fue analizada y el jefe de gabinete científico del poder Judicial de Chaco, Fernando Alberto Pereyra, determinó que en verdad fue falsificada.

Para ello, cotejó esa firma con otras indubitables de Cecilia tanto en el acta de matrimonio, así como en otro de habilitación comercial de un local presentado ante la Municipalidad.

"Que conforme los elementos indubitados con los que se contó para el cotejo y realización del presente informe, la firma estampada en el sector inferior del expediente 5295/22 no se corresponde con las características estructurales de la firma de Stryzowski, Cecilia", señaló en las conclusiones el perito.

La sospecha de la familia de Cecilia es que eso fue planificado para obligarla a que formalmente se divorciara de Cesar y luego asesinarla, tal cual habría ocurrido en la casa de la familia Sena. 

Por el crimen están detenidos César Sena, acusado de homicidio triplemente agravado, su padre y su madre -Emerenciano Sena y Marcela Acuña-, y también José Obregón y su esposa, Fabiana González, el casero de los Sena, Gustavo Melgarejo, y su pareja, Griselda Reinoso, por encubrimiento.

Para los investigadores, Cecilia fue asesinada entre las 12:13 y las 13:01 del 2 de junio en una de las habitaciones de la casa. 

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el cuerpo de la víctima fue trasladado por Obregón y César Sena en una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería, propiedad del matrimonio piquetero.

Fue allí donde se sospecha que la calcinaron y luego, para despistar y complicar el caso, esparcieron sus restos en distintas zonas del barrio.  

El intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, le pidió al nuevo Concejo Deliberante, la renuncia de un concejal -que formaba parte de su gestión- debido a distintos hechos que lo involucran, como denuncias por violencia de género y laboral. El concejal tuvo un vuelco con alcoholemia positiva en la que culpó a una amiga.

El jefe comunal mandó una carta a la presidenta electa del nuevo cuerpo deliberativo, Verónica González, explicando los hechos por los cuales quiere impugnar la asunción del concejal electo del Frente Integrador Neuquino (FRIN), Jonathan Lagos, quien había sido parte de la gestión del actual intendente y fue a la nueva gestión con una colectora.

El jefe comunal envió la nota para que la impugnación se trate en la sesión especial del lunes 4 de diciembre, pero el tema se pateó para otra sesión de este jueves 7, donde los concejales podrían tomar una decisión.

De acuerdo a la nota presentada por el jefe comunal, Lagos antes de ser concejal electo falsificó un sello y la firma de un cargo de secretario, para realizar distintas autorizaciones de compras y de golosinas y mercaderías a escuelas y jardines de infantes, como finales del ciclo escolar.

En este caso, según la documentación presentada, Lagos firmó como secretario de Educación e Infancias, los últimos cinco meses de 2022, cuando en realidad ya había sido desvinculado de ese cargo, por distintas denuncias judiciales.

Según consta, le habría entregado golosinas y mercadería, como cierre de ciclo escolar, a los jardines de infantes 41 y 47, la Escuela 364 y del merendero «sonrisas» del barrio Costa Verde.

«Se adjunta información respaldatoria donde podrán comprobar que el Sr. Lagos firma con sello de Secretario de Educación y las Infancias, siendo este cargo el más alto de la planta política al cual no fue nombrado. Es preciso tomar dimensión de la gravedad del hecho, lo que lo halla en curso en un delito penal», sintetizó Bertoya en la nota enviada a la presidenta electa del cuerpo deliberativo.

En segundo lugar, la nota señala que Lagos fue denunciado por su propio entorno laboral en 2022 por violencia laboral y de género, por supuestos malos tratos contra sus compañeros de trabajo, por lo cual tuvo una restricción de ocupar el mismo lugar de trabajo con algunos de los agentes.

«Ante este tipo de situaciones que no pueden ser admitidas, se dispone inmediatamente la prohibición de acercamiento del agente Lagos en su lugar de trabajo el plazo de 90 días, disposición que fue avalada por la Justicia, Juzgado Laboral N° 3. Este hecho, no menor, pone de manifiesto el accionar violento de un funcionario público y docente que hoy continúa con tareas frente a un grado, con la gravedad que eso conlleva frente a los niños, niñas, adolescentes y adultos que esta persona tiene a su cargo», indicó el intendente en la nota.

Como parte de las pruebas que ofreció al nuevo Concejo Deliberante, señaló y dio copias de la denuncia realizada por una agente municipal afectada, (Decreto Municipal 2029/22 de fecha 01/11/2022 y Oficio Judicial de fecha 21/10/2022 Origen 2163/2022) para que los concejales electos después del 10 de diciembre analicen la impugnación.

Otro hecho que señaló el intendente para impugnar en el cargo fue un autovuelco que tuvo Lagos, cuando ya era concejal electo, el pasado 5 de mayo de este año cuando volvía de un restorán local. El incidente se produjo en el ingreso a San Patricio del Chañar y como un ardid, Lagos le habría echado la culpa a su amiga. A él le detectaron alcoholemia positiva.

«Pese a su accionar negligente e irresponsabilidad manifiesta, Lagos, según podrán comprobar por documentación que se adjunta, inventa una concatenación de situaciones falsas», sostuvo el jefe comunal en la nota.

«Sin dudas, los hechos hablan por sí solos, donde claramente estamos ante comportamientos y una personalidad que roza la ilegalidad de sus actos tantos en el ámbito público como privado producto de su actuar negligente, del incumplimiento de funcionario público manifiesto, donde el Lagos no demuestra idoneidad ética para ocupar el cargo», concluyó.

Este jueves en el Diario de Mariana, el periodista Mariano Yezze dio la información y detalló: "Problemas nuevamente para Camila Homs. Está acusada de falsificar un certificado médico para no presentarse en la audiencia de un juicio oral".

Y agregó "Tenía que presentarse en un juicio oral que le había promovido el abogado Ignacio Trimarco por calumnias. El abogado que la defiende en ese procesos se presentó con un certificado que hizo mucho ruido en Tribunales".

El periodista leyó parte de la denuncia que ya tiene juzgado para investigarla: "Por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público y uso de un documento o certificado falso o adulterado".

Yezze, explicó: "En esa audiencia que se iba a realizar hace unos días, el abogado defensor presentó un certificado médico del Hospital de San Isidro, como que Camila Homs se fue a atender por determinada patología y que tenía una indisposición y no podía concurrir a esa audiencia".

Lo que motivó a Trimarco a denunciar a la modelo, es que se comprobó que habría falsificado dicho escrito médico: "Cuando los abogados querellantes en la causa de calumnias ven esto, lo primero que dicen es 'esta letra es de Camila Homs'. Ellos empezaron a sospechar de la caligrafía y sometieron este documento público al peritaje de una profesional matriculada que emitió dictámen. También se libró oficio al Hospital de San Isidro y dijeron que Camila nunca se atendió".

Ignacio Trimarco ya había demandado por calumnias a Camila Homs tiempo atrás porque lo trató de estafador cuando la representaba en el acuerdo de la compensación económica de Rodrigo De Paul. En ese entonces, ella desconoció los honorarios profesionales que había firmado y, acto seguido, lo trató de estafador.

En exclusiva, Trimarco salió al aire del Diario de Mariana y expresó "no presentarse a un juicio oral puede llegar a ser considerado como un peligro de fuga o entorpecimiento del proceso". Y dispuso: "En el caso de que se corrobore el delito, tiene una pena de hasta seis años de prisión. Puede ir presa por esto".

Un hombre de Kenia que ha sido detenido por hacerse pasar por abogado sin contar con la carrera de Derecho ni ningún tipo de formación oficial. El joven de 28 años representó a más de una veintena de clientes y, sorprendentemente, ganó todos los casos. 

Brian Mwenda Njagi es conocido también como 'el Mike Ross de la vida real', haciendo referencia al protagonista de la serie Suits, en la que el personaje también ejerce de abogado sin tener la carrera. 

Ha representado a sus clientes ante el Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Superior de Kenia, pero ninguno de los jueces ha sospechado en ningún momento del joven. A raíz de la queja del abogado Brian Mwenda Ntwiga, quien se llama igual que el detenido a excepción de su apellido, el Colegio de Abogados de Kenia (LSK, en inglés) comenzó a sospechar. 

El detenido se había hecho pasar por Ntwiga, haciéndose con los datos de su cuenta del portal Advocates, solicitando un contrato de práctica y cambiando la foto de perfil.

La propia LSK se puso en contacto con el verdadero abogado por la solicitud del contrato y "confirmó que no había solicitado un certificado de práctica desde su admisión, debido a que había estado trabajando en la Oficina del Fiscal General y no requería un certificado de práctica"

En un fallido intento por acceder a su cuenta, Ntwiga se percató de que los datos para iniciar la sesión eran incorrectos, descubriéndose así que alguien había manipulado la cuenta. 

Brian Mwenda Njagi finalmente ha sido arrestado y acusado por suplantar la identidad del verdadero abogado. Aún no se ha llevado el caso ante el juez, pero ya hay un magnate keniano dispuesto a pagar la fianza, impresionado por la capacidad de Mwenda Njagi de ganar 26 casos jurídicos sin tener ningún tipo de formación específica para ello. 

La secretaria de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto, Silvia Rocha, brindó detalles de los productos alimenticios que fueron incautados en el operativo que llevó a cabo la Dirección de Seguridad Alimentaria en el comercio mayorista ubicado en ruta nacional 8 y Uruguay de Venado Tuerto. En total fueron 395 kilos y 5.370 litros de artículos vencidos (en su mayoría en 2022) y adulterados.

Según precisó, la mercadería adulterada comprende leche en polvo, larga vida y chocolatada, quesos y sobres de rallado, fiambres, galletas de arroz, saladas y dulces, jugos, masa para empanadas, café y panes de hamburguesas. Además, se encontraron gaseosas y aceites con fechas borradas.

Se trata de 127,7 kilos y 3814,5 litros de alimentos vencidos y de 268,25 kilos y 1556,1 litros de productos adulterados, a lo que debe sumarse un decomiso voluntario de 223,68 kilos y 98,25 litros. “Estos artículos fueron retirados y desnaturalizados para asegurarnos que no sean consumidos”, explicó la funcionaria.

Tres días de trabajo

Rocha también remarcó que “fueron tres días de arduo trabajo” del personal, tanto del área de Seguridad Alimentaria como de Inspección General para poder reunir todos los productos que estaban vencidos y otros con sospecha de que la fecha había sido adulterada.

“Fue una labor muy minuciosa, ya que tuvimos que ver lote por lote, producto por producto para analizar la fecha de vencimiento, sobre todo cuando surgió la sospecha de la adulteración”, precisó. Y añadió: “Si bien el comercio está clausurado, medida que se adoptó desde el Tribunal Municipal de Falta, más allá de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), hay actividad porque se impusieron normas de conductas que deberán cumplimentar, como la limpieza y mantenimiento del establecimiento, ya que allí hay mucho productos alimenticios que están en buenas condiciones y pueden atraer roedores y plagas. Sí tiene prohibido vender y comercializar”.

Alerta a pequeños comerciantes

La funcionaria a su vez indicó que desde la Fiscalía se intentará advertir a los pequeños comerciantes que hayan recibido productos de esta distribuidoras que hagan las verificaciones correspondientes para determinar si los alimentos tienen fechas adulteradas. “Nosotros no tenemos acceso a documentación, pero sí lo que estamos haciendo es alertar públicamente a la población sobre lo sucedido para que los negocios que le compraban a este mayorista estén al tanto y constaten el estado y fechas de los mismos”, señaló.

Seguidamente, recordó que hay varios canales para hacer denuncias en torno a la comercialización de alimentos, acercándose directa a las oficinas de Ruta Nacional 8 e Hipólito Yrigoyen o comunicándose al (03462) 15686280.

Inspecciones cotidianas

La titular de la cartera de Control Urbano recordó que estas irregularidades se detectan en el marco de una inspección de rutina que realizan, tanto en pequeños comercios como en grandes establecimientos. “Cuando se estaba realizando esta tarea, además de detectar alimentos vencidos, algo que es habitual en este tipo de acciones, que en la mayoría de las veces se da en pequeñas cantidades, nos encontramos con que, productos de un mismo lote, tenían la fecha cambiada. Los inspectores lo notaron porque había números con tinta más oscura o diferente, incluso con fechas borradas y remarcadas en un costado. Allí también se encuentra en una habitación, una máquina que generaba la sospecha de que se imprimía nuevamente las fechas. Al ser esto un delito porque atenta contra la salud pública es que se le dio aviso al Tribunal de Faltas y a la Fiscalía”, relató.

Francisco García Moritán, el hermano del legislador porteño y cuñado de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, fue liberado  y deberá comparecer ante la Justicia luego de haber sido detenido tras dar positivo en el control de alcoholemia, presentar licencia de conducir falsa e insultar a inspectores de tránsito y personal policial.

Tras haber sido detenido en la madrugada de este miércoles por manejar alcoholizado, Francisco García Moritán, el hermano del legislador porteño Roberto y cuñado de Pampita, pidió disculpas a través de un posteo en sus redes sociales.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente que tuvo lugar hoy. Estoy sumamente arrepentido de mi accionar y comprendo plenamente lo impropio de mi comportamiento. Me duele profundamente haber generado inconvenientes a quienes se vieron afectados por lo ocurrido”, comenzó.

“Mis disculpas se extienden a todos los involucrados, especialmente a los agentes de control de tránsito, que sólo estaban haciendo su trabajo”, continuó.

“También me disculpo con mi familia y amigos, y a la comunidad en general. Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar esta situación”, amplió.

El descargo de Francisco García Moritán tras el incidente con la Policía en la madrugada (Foto: Instagram / @fgarciamoritan).

En esa línea, agregó: “Estoy en total cumplimiento de lo que me fue pedido por las autoridades y aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia”.

Por último, García Moritán aseguró: “Estoy comprometido a hacerlo. Gracias por la comprensión de los involucrados y por el afecto incondicional que me hicieron llegar mis seres queridos”.

Al circular por la avenida Pueyrredón al 2500 del barrio de Recoleta, Francisco García Moritán fue instado a frenar y a realizarse un test de alcoholemia.

El empresario se negó y reaccionó de forma violenta, lo que provocó que los inspectores llamaran a la policía.

Francisco García Moritán junto a su hermano, el legislador Roberto García Moritán (Foto: Instagram).

Cerca de las 3 de la mañana, efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires llegaron al lugar y se encontraron con el hermano del legislador porteño arriba de una camioneta Jeep Renegade. Al pedirle los documentos, los policías constataron que la licencia era falsa y no se encontraba registrada en la base de datos.

Acto seguido, procedieron a realizarle un control de alcoholemia que dio como resultado positivo con 0,89% de alcohol en sangre. Toda la secuencia ocurrió mientras el hombre de 40 años insultaba tanto a los efectivos policiales como a los inspectores de tránsito.

Según informaron fuentes policiales, entre los distintos agravios que les dijo a las autoridades policiales, el hermano del legislador porteño amenazó con dejar sin trabajo a todos los que estaban en el lugar. 

La reacción de Moritán, sumado a los delitos cometidos, obligaron a los policías a comunicarse con la fiscalía de turno para establecer los pasos a seguir.

Francisco Moritán (izquierda) junto a Roberto García Moritán (derecha) y a sus otros dos hermanos. (Foto: Instagram).

El fiscal Dr. Iglesias dispuso la detención de García Moritán por la adulteración de los documentos públicos y también dispuso el secuestro del vehículo por haber dado positivo en el control de alcoholemia. El hermano de Roberto García Moritán estuvo detenido en la comisaría vecinal 2A de la Policía de la Ciudad y pasadas las 10 de la mañana fue liberado.

El Código Penal establece penas de hasta 8 años de prisión para quienes utilicen documentos falsificados o adulterados para acreditar la identidad de las personas o la habilitación para circular en vehículos automotores (artículos 292 y 296). El Código Contravencional prevé además sanciones para quienes conduzcan con mayor cantidad de alcohol en sangre al permitido.

Luego de ser liberado, desde la fiscalía le impusieron una serie de condiciones que debe respetar mientras dure el proceso de investigación: deberá notificar el domicilio en el que vive, “comparecer a citaciones fiscales mensualmente” y está imposibilitado de tener contacto por cualquier medio con los agentes que resultaron damnificados.

Francisco García Moritán, hermano del legislador y cuñado de la modelo, tenía 0,89 de alcohol en sangre, entregó documentación falsa y amenazó a los policías y los agentes de tránsito en el barrio porteño de Palermo.

La Policía de la Ciudad detuvo a Francisco García Moritán, hermano del legislador porteño Roberto García Moritán y cuñado de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, por conducir alcoholizado. Pero eso no fue todo. Como agravante,  proporcionó documentación falsa y amenazó a los policías y agentes de tránsito que hacían los controles.

Todo pasó en la madrugada de este miércoles, a las 02:57, sobre la avenida Pueyrredón al 2500.  Allí, García Moritán, de 41 años, fue detenido en un control de alcoholemia  y se negó a hacerse el test. 

Efectivos de la Comisaría vecinal 2A que participaban del operativo constataron que Moritán no colaboraba con el procedimiento. Y sostuvieron que el cuñado de Pampita "se mostró ofuscado, profiriendo insultos y agravios hacia los efectivos policiales". También, agregaron, "manifestaba que iba a dejar sin empleo a todos los que se encontraban allí presentes".

El procedimiento continuó luego de varios minutos, cuando el hermano del legislador cedió la resistencia y permitió hacerse el control: el alcoholímetro arrojó resultado positivo de 0,89 de alcohol en sangre, cuando el máximo establecido en Capital Federal es de 0,50 gr/l.

Luego se sumó un nuevo conflicto: García Moritán entregó una licencia de conducir que presentaba signos apócrifos y que no estaba registrada en la base de datos.

"Se realizó consulta con Unidad de Flagrancia Este a cargo del Dr. Iglesias, quien dispuso su detención por infracción al artículo 296 y 292, adulteración de documento público agravado y secuestro del vehículo", detallaron.

Así, Francisco García Moritán fue alojado en la Comisaría vecinal 2A de la Policía de la Ciudad ubicada en Av. Las Heras 1861, y durante la mañana de este miércoles, fue indagado por la Justicia y liberado. Continuará imputado en la causa.

Cabe mencionar que el Código Penal estipula penas de hasta 8 años de prisión para quienes utilicen documentos falsificados o adulterados para acreditar la identidad de las personas o su autorización para circular en vehículos automotores y el Código Contravencional fija sanciones para quienes superen el nivel de alcohol en sangre permitido para circular.

Un escándalo se desató en la provincia de Córdoba: el subdirector de la cárcel de Bouwer, un abogado penalista y un particular vinculado con la política provincial fueron detenidos por la Justicia por "asociación ilícita". Se los acusa de falsificar informes para modificar la situación procesal de los detenidos.

La Fiscalía de Instrucción de Casos Complejos, a cargo del Fiscal Enrique Gavier ordenó la detención del subdirector de operaciones del complejo carcelario, Sergio Guzmán; el abogado penalista, Alfredo Ciocca y Ramón Salas, vinculado con algunas esferas políticas de la provincia. Alrededor de las 20 de este miércoles, los tres imputados fueron trasladados a prisión.

"Se produjo la detención del subdirector principal de operaciones del complejo carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse, Sergio Alejandro Guzmán, en su domicilio particular", detalló el comunicado oficial.

Según informó La Voz, todo el operativo se realizó en simultáneo. Y fue en concordancia con el inicio del juicio que se juzga a la banda liderada por el narcotraficante René Alejandro “Chancho” Sosa, a quienes se los investiga por ingreso de celulares a la cárcel de Bouwer.

En concordancia con el inicio del Juicio, el mismo instructor de ese expediente lanzó una serie de allanamientos en oficinas, ámbitos relacionados con la abogacía y domicilios particulares, que derivaron en la detención de los tres imputados.

Raúl Alejandro "chancho" Sosa fue sentenciado a ocho años de prisión por comercialización de drogas. Foto: Ramiro Pereyra. Raúl Alejandro "chancho" Sosa fue sentenciado a ocho años de prisión por comercialización de drogas. Foto: Ramiro Pereyra.La cartera de Justicia señaló a través del comunicado que "se llevó a cabo el allanamiento de la oficina de Guzmán dentro del penal ubicado al Sur de la ciudad de Córdoba". Y agregó: "El propio Servicio Penitenciario realizó la presentación que dio lugar a las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía Interviniente".

Los indicios arrancaron en el 2021

La investigación del fiscal Gavier se remonta hace poco más de dos años atrás, en el 2021, cuando se detuvo al guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado, quien intentó ingresar dos celulares al pabellón de Bouwer donde se alojaba el Narco 'Chancho' Sosa.

Desde entonces, la fiscalía viene realizando un seguimiento de las "irregularidades" en el régimen de alojamiento de internos, particularmente con el uso ilegal de celulares dentro del penal y su utilización para realizar distintas clases de estafas.

El penal de Bouwer, en el sur de la ciudad de Córdoba. Foto: Gentileza La VozEl penal de Bouwer, en el sur de la ciudad de Córdoba. Foto: Gentileza La VozSi bien la Fiscalía aún no lo confirmó, habría más personas involucradas en esta "asociación ilícita" cuyas detenciones podrían darse en las próximas horas.

Pero la "asociación ilícita" de los hasta ahora, tres imputados no queda solamente en el ingreso y el uso fraudulento de los celulares en la prisión. Según detalló La Voz, habrían montado una especie de "kiosco" que tenía como finalidad "falsear informes" relacionados con la conducta y la evolución de los detenidos en el penal. Esto, claramente, los beneficiaría con la reducción de penas.

“A cargo de determinados favores”, se falseaban informes para “favorecer o desfavorecer” (sic) la situación de determinados detenidos, con el objetivo de hacerlos “progresar” o “retroceder” en el tratamiento e ir superando o ralentizando las fases de la condena, detallaron en el informe.

Además, fuentes Judiciales anticiparon que los presuntos ilícitos podrían extenderse hasta el complejo carcelario de Cruz del Eje, anterior destino de Guzmán, donde también se sigue una serie de "irregularidades" internas..

La división Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó un depósito y local comercial del barrio porteño de Villa Urquiza, donde secuestró más de 120 termos y 110 mates falsificados de una reconocida marca, entre otra mercadería que puede presentar "riesgos de salud y de seguridad porque son fabricados con aceros no aptos para contacto con alimentos", informaron fuentes policiales."Los consumidores que adquieren productos falsificados están expuestos a potenciales riesgos de salud y de seguridad porque son fabricados con aceros no aptos para contacto con alimentos y presentan además, impurezas en su composición", sostuvo un informe de PFA que se difundió hoy.En este sentido, se explicó que esto se debe a que el material con el que están fabricados, un tipo de acero inoxidable no apto para el contacto con alimentos, "es poco resistente a la corrosión que produce el agua caliente" por lo que estos termos y mates se encuentran prohibidos por la legislación nacional, la normativa del Mercosur y el Código Alimentario de la Argentina.

De acuerdo con un informe técnico elaborado por la jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Elda Cargnel, "en los chicos el uso continuo de los termos 'truchos' puede producir déficit de atención, retardos en el lenguaje, alteraciones del crecimiento y en el coeficiente intelectual, además de problemas digestivos".En tanto, "en los adultos, puede ocasionar hipertensión, falta de fuerza muscular, parálisis, cólico saturnino, impotencia sexual y disfunción renal", agrega el informe.El operativo se llevó adelante tras la denuncia realizada por Parallel, distribuidor y representante oficial de la marca Stanley en la Argentina.

Como consecuencia del allanamiento, fue secuestrada mercadería falsificada, además de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y discos de memoria.Entre los elementos que fueron secuestrados se encuentran más de 120 termos y 110 mates de diferentes colores; casi 100 bombillas y varias decenas de jarros térmicos y otros recipientes, todos con la inscripción de la reconocida marca estadounidense "Stanley".PFA informó que los artículos Stanley originales tienen una etiqueta que contiene la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), mientras en la base de los artículos están los datos de manufactura, etiqueta de AFIP de importación y la etiqueta con los datos del importador "como impresos en el metal".

Un hombre de 47 años que intentó evadir un control vehicular fue detenido en las ultimas horas en la localidad bonaerense de Berisso, donde hallaron dos cajas con marihuana y 9.000 pesos en billetes apócrifos, y tras el allanamiento a su vivienda hallaron 5 kilos mas de la misma sustancia y 73.000 pesos falsos en billetes de 1.000, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró el viernes por la noche, cuando el conductor de un vehículo Volkswagen UP advirtió un control policial que se desarrollaba en avenida 60 y 124 y al ver a los uniformados, frenó e intentó darse a la fuga.

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En esas circunstancias y de manera inmediata los efectivos de la comisaría 4ta. de Berisso, montaron un operativo cerrojo y lograron detener al conductor a unas pocas cuadras del lugar.

El personal policial procedió a requisar al vehículo, donde hallaron dos cajas de viandas transparentes que en su interior contenían unos 200 gramos de marihuana, mientras que entre sus pertenencias, hallaron una billetera con nueve mil pesos que luego resultarían apócrifos.

En este marco, fuentes policiales indicaron a Télam que de investigaciones previas se pudo establecer que existían varios elementos de prueba que indicaban que el aprehendido se dedicaba al narcomenudeo en su domicilio, por lo que se dio aviso a la Fiscalía 11 en turno a cargo de Álvaro Garganta y se dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en calle 76 al 250 de esta localidad .

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Los voceros indicaron que durante el procedimiento los policías secuestraron 160 frascos (tipo mermelada) con unos 5.070 gramos de marihuana, dos cajas de zapatillas repletas de la misma sustancia y unos setenta y tres mil pesos ($73.000), en billetes de 1000 pesos (apócrifos).

“Las sospechas derivaron en un resultado altamente ‘positivo'”, dijo a Télam, una fuente consultada, quien además señaló “la tenencia de dinero apócrifo”.

El detenido quedó imputado por el delito de “tenencia ilegal de estupefacientes” y fue traslado a la sede de la comisaria cuarta de Berisso, donde quedo a disposición de la justicia.

Jorge Lanata sufrió una doble estafa millonaria: compró tres obras de arte que resultaron ser truchas. Dichos cuadros pertenecían supuestamente a un importante autor ya fallecido y le dijeron que habían sido pintadas con óleo en el año 1945. Cuando el periodista las quiso revender se enteró que no eran originales.

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En Socios del Espectáculo (El Trece), Paula Varela contó: “Lanata se acercó a una galería a través de una señora que se llama Diana García Calvo para comprar las obras. Fue a comprar tres cuadros. Lo que le dijo esta señora, la galerista, fue ‘esta obra es un óleo en madera, no tiene título pero ya el año pasado vendimos una muy bien‘. Según le dijo esta mujer, el autor ya estaba fallecido y son obras de alrededor de 1945. Creo que compró por 45 mil dólares dos y una por 50 mil“.

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“Jorge, contento, compró las obras y las llevó a su casa chocho. Se llevó el óleo y las guardó. De repente, dijo, ‘quiero vender’. Las buscó, las vio alguien y le dijo ‘perdón, acá te cagaron, esto no está bien. Esta obra es trucha, no es ningún óleo, es la tempera de los nenes de jardín de infantes, esto está mal'”, detalló la panelista.

Tras enterarse de esto, Jorge Lanata fue hasta el lugar donde había comprado las obras de arte: “Le dijeron ‘mirá, el único dueño de estas obras es éste’. Se llama Enrique Eduardo Núñez, a quien hoy no estarían encontrando. ‘Están los papeles, te dimos los certificados’, le dijeron, además, porque cuando se venden estas obras de arte se venden con certificados de autenticidad”.

“Le dieron 20 mil dólares y otra obra de otro autor. Se fue contento a la casa, pero cuando, ya vivo, ve qué tal era esta obra nueva que le dieron, le dijeron ‘te volvieron a estafar’“, siguió Varela, revelando que el conductor de PPT (El Trece) sufrió otra estafa.

Jorge Lanata perdió alrededor de 220 mil dólares, lo que equivale a 45 millones de pesos, aproximadamente. Tras la estafa, el comunicador tomó una decisión: inició acciones legales con la ayuda de su esposa, la abogada Elba Marcovecchio. “La causa es por daños y perjuicios generados por la nulidad de los contratos de compraventa de obras de arte, por falsedad de los objetos”, informó Paula Varela. “Va por una demanda civil y una penal“, aseguró.

Las escenas de caos de antes de la final de la Champions League ganada por Real Madrid este sábado ante Liverpool, cuyo inicio se vio retrasado más de media hora este sábado en París, fue provocado por miles de espectadores con entradas falsas, según explicó la UEFA en un comunicado.

“A medida que se acercaba el inicio del partido, los alrededores (para entrar en el Stade de France) en el lado de las tribunas reservadas al Liverpool se vieron bloqueados por miles de espectadores que compraron entradas falsas y que no funcionaban”, sostuvo la instancia europea en su texto. “Eso creó una acumulación de espectadores que intentaban entrar en el estadio y, en consecuencia, hubo que retrasar 35 minutos el inicio para permitir a un máximo de espectadores con entradas válidas que entraran en el estadio”.

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Sin embargo, en las últimas horas el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, denunció un “fraude masivo, industrial de entradas falsas” para la final del torneo internacional. “Se ha confirmado un fraude masivo, industrial y organizado de entradas falsas”, que “fue la causa principal del retraso del partido”, sostuvo en rueda de prensa el funcionario tras una reunión con responsables políticos, policiales y deportivos.

Cabe recordar que un total de 105 personas fueron arrestadas y 39 puestas bajo custodia policial por los incidentes que se registraron en el duelo que protagonizaron españoles y británicos en la capital francesa.

Numerosos jóvenes aficionados intentaron saltar las vallas del estadio para tratar de forzar la entrada. Ello generó breves enfrentamientos con las fuerzas del orden que repelían a los intrusos, utilizando en ocasiones gases lacrimógenos. Un número indeterminado de espectadores que sí tenían billetes no pudieron acceder al estadio hasta el final de la primera parte.

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La prefectura de policía de París indicó en un comunicado que antes del partido “numerosos aficionados sin tickets para el partido o provistos de billetes falsos habían perturbado el acceso al Stade de France, en el perímetro de seguridad exterior”.

En ese momento, Gérald Darmanin señaló en un tuit la actitud “de miles de aficionados británicos sin ticket o con billetes falsos que forzaron las entradas” del estadio capitalino. El mensaje iba acompañado de una foto en la que aparecía Darmanin y la ministra de Deportes delante de un ordenador de la seguridad del Stade de France. Y una fuente cercana al gobierno alegó que el problema venía de esos “miles de tickets falsos” que creó las colas de espera en las puertas del estadio.

En lo que se refiere a la actitud de los aficionados, la prefectura de policía de París reveló que la evacuación de las dos fan zones, para los simpatizantes del Liverpool en el este de París y para los del Real Madrid en Saint-Denis, se desarrolló “sin incidentes mayores”, evocando a “una buena fisonomía” general en estas concentraciones.

Un perímetro seguro con pantallas gigantes, bebida y espectáculos fue organizado por la prefectura en Cours de Vincennes, al este de París, para acoger a los cerca de 40.000 fanáticos Reds sin entrada. A pesar de la derrota, la evacuación de este perímetro de alto riesgo se desarrolló sin incidentes.

Según la Fiscalía de París, una veintena de personas fueron puestos bajo custodia por violencia y robos en la vía pública en los alrededores de las fan zones. Una de estas personas podría haber intentado vender billetes falsos para el partido.

En total, 238 personas fueron atendidas por los diferentes servicios de emergencia por diferentes razones como malestar asociado a la embriaguez, pequeños accidentes o intoxicación tras inhalar gases lacrimógenos entre otros.