El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Tomás Orso, resolvió absolver a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2” al declarar prescripta la acción penal en su contra. La medida deja sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa respecto a la prescripción de los delitos.

La resolución fue adoptada tras un extenso trámite judicial que comenzó con la imputación de Di Benedetto por múltiples hechos de estafa y falsedad ideológica supuestamente cometidos entre 2015 y 2017. La acusación original se formalizó en 2021 y una reimputación se realizó en marzo de 2024, momento en el que la defensa presentó un recurso solicitando que se declare la prescripción de la acción penal.

La posición de la defensa

Durante la audiencia de apelación, el Dr. Lucio Rossini, abogado defensor del imputado, sostuvo que los hechos imputados ocurrieron como máximo hasta mediados de 2017, por lo que el plazo de prescripción —de seis años para los delitos atribuidos— vencía en julio de 2023. Rossini afirmó que los cargos formulados en 2024 se hicieron fuera de ese plazo, pues constituyen nuevas imputaciones que no interrumpen la prescripción de los delitos atribuidos.

La postura de la fiscalía

Por su parte, la fiscal Dra. Vuletic argumentó que los hechos fueron imputados por primera vez en 2021, y que la acusación presentada en 2024 no constituía una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos, por lo que correspondía considerar que la acción penal seguía vigente.

Fundamentos del fallo

En su fallo, el juez Orso precisó que las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 2015 y febrero de 2018, y que el requerimiento acusatorio —primer acto interruptivo de la prescripción— se presentó recién en mayo de 2024. Al haber transcurrido más de seis años desde los hechos, el magistrado consideró que el plazo de prescripción se encontraba agotado para cualquiera de los delitos imputados, conforme a los artículos 59.3 y 62.2 del Código Penal.

Por ello, dispuso declarar prescripta la acción penal y absolver a Di Benedetto en relación a los cargos atribuidos, dejando sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa.

Contexto de la causa

Di Benedetto había sido señalado como presunto autor de múltiples maniobras de estafa y falsificación de documentos en operaciones inmobiliarias, que habrían causado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades cercanas. La causa, conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, se inició con denuncias presentadas en 2016 y motivó años de investigación

El futbolista Mauro Icardi podrá pasar una semana con sus hijas gracias a una nueva orden del juez Adrián Agopian que respondió al “desgarrador” pedido del jugador, en medio de una fuerte batalla legal contra Wanda Nara por la tenencia de sus dos hijas menores.

"Sr. Mauro Emanuel Icardi a retirar a sus hijas Francesca e Isabella, con sus mascotas del domicilio materno y llevarlas al propio por el plazo de siete días corridos, a partir del día de mañana viernes 27 de junio de 2025, a las 11:00 horas”, indiciaba el fallo del Juez.

De esta forma, se brindó una nueva oportunidad para que las niñas puedan “disfrutar de sus habitaciones y mantener comunicación con su progenitora a través de videollamadas supervisadas, a fin de preservar el correspondiente vínculo con su mamá”.

“Asimismo, el padre deberá reintegrar a las niñas al domicilio de la Sra. Nara el día viernes 4 de julio de 2025, a las 11:horas”, continúa el escrito al tiempo que indica que Icardi “deberá ser autorizado para ingresar en la cochera de cortesía del edificio Chateau Libertador, para mantener la privacidad y seguridad del encuentro, donde deberá ser esperado por sus hijas acompañadas de la niñera”.

Wanda Nara afirmó que ella misma bajará a sus hijas al encuentro con Mauro Icardi

Tras conocerse la resolución, Yanina Latorre dio a conocer algunos detalles del propio juez: “Las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades”, el letrado habría expresado que esto sucede por las constantes idas y vueltas que hay entre sus padres. Por su parte, la empresaria le habría asegurado a Latorre que 'ella misma' bajaría a acompañar a las menores. La entrega se realizará en el edificio con presencia de la niñera y bajo el protocolo de seguridad previsto por el juzgado.

Cabe destacar que el fallo incluye una cláusula que impone una multa de diez millones de pesos en caso de incumplimiento por parte de la cantante. El monto sería destinado al Hospital de Pediatría Garrahan. Además, se le exige abstenerse de emitir comentarios descalificadores sobre el otro progenitor o su entorno.

La impensada reacción de Mauro Icardi al fallo que le permite ver a sus hijas por siete días 

De esta forma, el futbolista se expresó en sus redes sociales celebrando el fallo y escribió un fuerte descargo dirigido a los medios de comunicación.

“Quiero ver a todos los periodistas basura que me atacaron, a todos aquellos que juzgan tras un teléfono o una pantalla con cuentas falsas, a aquellos que dicen ser ‘periodistas’ por un ratito en la Tv, etc, etc y etc... Me pregunto ahora, ¿saldrán a decir algo o como la verdad no vende, hay que vivir del chisme e invento???”, criticó.

Además, citó la entrevista que DDM le hizo a Carla Junqueira, la abogada que denunció a Wanda Nara por no pagarle sus honorarios, como “prueba” de que la empresaria mintió en la Justicia: “Me trataron de loco, de mentiroso, pero sobretodo de VIOLENTO... Acá está la prueba de que fué todo armado, todo inventado cuando tuvieron conocimiento del artículo 13 y no fue una denuncia, fueron 3 FALSAS DENUNCIAS de violencia de género!!!!”.

Por último, agradeció el fallo de la Justicia con una fuerte reflexión: “Confié y confío en la Justicia, por ende me pregunto.. Cuándo se va a penar a estas mujeres que solo por el hecho de ser mujeres hacen denuncias falsas victimizando el género jugando con algo tan delicado en un país donde las estadísticas de violencia son realmente altas. Sostengo como hace 8 meses que la justicia actúa, lentamente pero llega y hoy vemos como lo están pagando poco a poco”. 

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común " de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y  es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

En un acto militante por el Día de la Resistencia peronista, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof presente en primera fila, la presidenta del PJ Cristina Kirchner aseguró que “estar presa es un certificado de dignidad” cuando “determinados personajes caminan libres por la calle”.

Mientras la Corte Suprema prepara la resolución que le daría luz verde a la detención de la ex presidenta junto con su inhabilitación electoral, el kirchnerismo ensayó una importante demostración de fuerza con miles de militantes en la calle frente a la sede nacional del PJ.

Un dato político saliente es que Kicillof depuso sus diferencias ante el acecho judicial de quien fuera su tutora política, y se sentó al lado de la intendenta de Quilmes, la ultracamporista Mayra Mendoza.

“Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto”, manifestó la ex presidenta.

“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, endeudaron dos veces al país con el FMI y lo siguen endeudando, los de las autopistas, parques eólicos, los del correo, créanme que estar presa es un certificado de dignidad. Créanlo porque lo siento de esa manera”, expresó la ex mandataria en la sede del PJ, en un tiro por elevación al macrismo.

Al respecto, señaló que no se va a rendir porque “los peronistas no somos como esa derecha mafiosa que se prófuga tres años y cuando vuelve al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios y militantes, los excarcelan y los sobreseen”.

En varios tramos de su discurso, Cristina Kirchner pareció resignarse a que la Corte Suprema, que tildó de “guardia pretoriana del poder económico”, dictará en las próximas horas su captura, por lo que le pidió a la dirigencia de su movimiento que ayude a organizar la alternativa para que esté lista cuando “este gobierne cachivache fracase”.

Según dijo, “los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse como hicieron en 2017 cuando pensaron que después de toda la estigmatización y difamación estábamos terminados”.

Recordó que en esa instancia se pudo construir una alternativa en 2019, aunque admitió que “no salió bien”.

Sobre la persecución política que padece y su probable detención, señaló que “bastó que lanzara una candidatura (a diputada por la Tercera Sección Electoral) para que se desataran los demonios”.

Más allá de lo que ocurra con su libertad personal, Cristina Kirchner vaticinó que “siempre el pueblo regresa”.

“Tal vez con distintos nombres y formas, pero siempre es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase y seguramente va a pasar porque tienen miedo y descreen que puedan organizar algo enfrente nuestro”, expresó.

A 69 años de los fusilamientos clandestinos de dirigentes peronistas en los basurales de José León Suárez por parte de la autodenominada “Revolución Libertadora”, Cristina Kirchner se definió a sí misma como una “fusilada que vive”, en una analogía entre el intento de asesinato que ella sufrió el 1 de septiembre del 2022 con los hechos que retrató Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”.

"Yo soy una fusilada que vive. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios". Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/CY0UJQhNWB

Para la líder peronista, “este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota”, y afirmó que eso “lo sabemos porque es una copia de lo que hizo (José Alfredo) Martínez de Hoz, la Convertibilidad durante la década del 90”.

“Este gobierno cachivache finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y piensan que, cuando esto fracase, no va a haber algo que lo sustituya”, indicó.

A su entender, “la organización popular y política necesariamente se va a producir porque la historia demuestra que el pueblo se termina organizando en defensa propia”.

“El peronismo debe estar atento, escuchar lo que está pasando porque esto va a terminar en una gran crisis. No hay posibilidad de un final feliz para esto”, pronosticó.

En otro pasaje de su exposición, Cristina Kirchner desmitificó la idea de que “la grieta” comenzó un 25 de mayo del 2003 cuando Néstor Kirchner llegó al Poder Ejecutivo.

“La grieta en este país la hicieron los gorilas fusilando a lo que no pensaban como ellos”, bramó Cristina Kirchner, que dijo que para “amedrentar” al resto de la dirigencia política opositora una condición necesaria era poner su “cabeza en la pica”.

Por último, insistió en la necesidad de construir la alternativa para cuando el Gobierno “fracase”, y puso como ejemplo la estrategia electoral exitosa del 2019.

“Esto requiere desprendimientos personales. ‘La unidad siempre y cuando el primero sea yo’, así no se construye la unidad”, dijo en un fragmento que pareció dirigido al kicillofismo.

“Una unidad que asegure la construcción de la victoria como lo hicimos en el 2019 y a pesar de las dificultades extremas estuvimos a punto de lograrlo en 2023, a solo dos puntos”, rememoró.

La batalla judicial entre la conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi continúa con sus hijas de por medio y, en esta oportunidad, la mediática deberá dejar a las menores a cargo del deportista durante, por lo menos, 15 días, para evitar una multa de $80 millones.

El Juzgado Civil N°85 había dictaminado hace cinco días que la mediática no se encontraba en desacato por no restituir la tenencia de Francesca e Isabella al delantero del Galatasaray porque aún aguardaban un fallo sobre la custodia de las menores.

Sin embargo, este fallo dio una vuelta de rosca y fijó un plazo de tres días para reincorporar a las nenas con su padre. Tal es así, que desde el Juzgado Civil 106 ordenaron “disponer en forma urgente y sin más trámite el reintegro de las niñas Francesca e Isabella Icardi a su padre, el Sr. Mauro Icardi, a fin de poder compensar los 15 días corridos de vacaciones que las menores se vieron impedidas de poder gozar con su padre”.

“Ello dentro del plazo perentorio de tres (3) días, estableciendo para el caso de incumplimiento de la progenitora, una multa que fijo en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($80.000.000) a favor de del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, y de disponer otras medidas razonables para asegurar la eficacia de la medida (conf. Art. 557 del Código Civil y Comercial de la Nación)”, solicita el documento.

Wanda Nara deberá entregarle las hijas a Mauro Icardi por fallo judicialSi bien Icardi se encuentra en Estambul con su actual pareja Eugenia “La China” Suárez, al igual que la conductora, la solicitud considera el plazo de 72 horas para que el futbolista y la mediática retornen a Argentina y se pueda concretar el reencuentro.

Anteriormente, el abogado que representa a Nara, Nicolás Payarola, repasó  los intentos de acercamiento de las niñas hacia su padre, proporcionados por Nara, como en la fecha del cumpleaños del futbolista o bien, el natalicio de una de las niñas. Sin embargo, Icardi debía “revisar su agenda” para poder llevar a cabo las reuniones.

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara es una historia que no parece tener fin. Con el divorcio tramitándose en Italia, la pelea por la tenencia de sus hijas y la falta de obediencia a las resoluciones judiciales por parte de la empresaria, hacen que la situación sea un tanto más complicada. El miércoles el juez de la causa le ordenó a Wanda que restituya a sus nenas con el futbolista y este celebró la decisión en redes, luego de no ver a las niñas por más de un mes.

Cabe recordar que por orden de la Justicia, Mauro no puede publicar imágenes de las dos pequeñas, con la intención de proteger su intimidad. Razón por la cual tuvo que festejar esta medida de otra manera y lo primero que hizo fue un posteo con la China Suárez, su actual pareja y uno de los focos de conflicto.

El posteo está compuesto por tres fotos, pero solo una de ellas fue la elegida para subirla en las historias y se trata de la última: Icardi con una gran sonrisa y Suárez tirando un beso a la cámara. Por sí sola la imagen puede significar cualquier cosa, sin embargo, la actriz de El hilo rojo le agregó el emoji que está lanzando una exhalación visible, ¿un símbolo de la tranquilidad de su pareja?

La sugerente publicación de la China luego de conocer el fallo judicial

Las horas pasaron y nuevamente el delantero del Galatasaray usó una fotografía de Johnny Depp a la salida de su juicio contra Amber Heard para hacer un nuevo paralelismo con su caso: “Un saludito a mis críticos, su esfuerzo por opinar gratis sobre mí es admirable. Falta poco Johnny, cada vez menos, tic, tac, tic, tac”.

Llegada la noche, un grupo de amigos de Eugenia se sumó para celebrar por todo lo alto. La diseñadora de modas, Natalia Antolin; el peluquero y amigo de la actriz, Juanma Cativa; el productor Marcelo La Torre y el editor de una revista de moda, Ever Miguez Schettini, fueron los elegidos para esta noche especial.

Eugenia logró capturar el momento en el que brindaban con las copas llenas de Louis Roederer Cristal, un exclusivo champán con un elevado precio. “Salud”, fue todo lo que escribió la actriz de Casi Ángeles en la storie y su novio no tardó en responder en su propio perfil con un sencillo “chin, chin”.

Icardi celebró con un caro brindis

Mauro Icardi y la China Suárez vistieron de gala su festejo (Instagram)

No es menor destacar que Nara está con las niñas desde el día 6 de enero y tendría que haberlas regresado con el padre el 15 del mismo mes. Esta nueva resolución del juez, al cual tuvo acceso Teleshow, expedida por el juzgado civil 106 dictaminó: “Resuelve disponer en forma urgente y sin más trámite el reintegro de las niñas a su padre, el señor Mauro Icardi, a fin de poder compensar los 15 días corridos, de vacaciones que las menores se vieron impedidas de poder gozar con su padre”.

Luego, la resolución continúa detallando las consecuencias que deberá afrontar Nara en caso de no acatarla: “Ello dentro del plazo perentorio de tres días, estableciendo para el caso de incumplimiento de la progenitora, una multa que fijo en la suma de 80 millones de pesos a favor del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, y de disponer otras medidas razonables para asegurar la eficacia de la medida”.

La reacción de Mauro Icardi tras la resolución que obliga a Wanda Nara a entregarle a sus hijas (Instagram)

El Ministerio Público de la Defensa, quien se expresó respecto al cuidado personal de los hijos de Icardi y Nara: “Ante un nuevo incumplimiento de la Sra. Nara de reintegrar a sus hijas al padre, conforme lo oportunamente resuelto, burlándose nuevamente de las decisiones judiciales e intentando atajos procesales —habilitación de feria judicial— para obtener resultados a su medida y estrategias para satisfacer sus particulares pretensiones, corresponde disponer sin más trámite el reintegro de las niñas a su padre, ello a los fines de poder compensar los 15 días de vacaciones que mis representados se vieron impedidas de poder gozar con su padre”.

En las últimas horas, la Justicia le dio a Morena Rial un durísimo revés en su día a día, a poco de haberse convertido en madre por segunda vez. La Cámara de Familia N.º 2 de Córdoba revocó el fallo que le permitía a Morena Rial convivir con Francesco, su primer hijo, en Buenos Aires. El primogénito de la finiquitada pareja se quedará viviendo en Córdoba con su padre, el exfutbolista Facundo Ambrosioni.

Esta medida se da en medio de una denuncia realizada en febrero de 2023, cuando Facundo Ambrosioni inició acciones legales solicitando una medida cautelar para impedir que Francesco sea mudado de Córdoba a Buenos Aires -junto a Morena Rial-, ya que consideraba que el ritmo de vida de la influencer no era el ideal para el crecimiento del niño.

Ya el año pasado, el exfutbolista venía denunciando que temía por la integridad de su hijo. “No quiero que vuelva con ella por la vida que estaba llevando Fran. Estaba corriendo muchos riesgos con Morena. Hace tiempo vengo luchando por esto”, declaró el cordobés a TN Show en 2023.

A pesar de que, en primera instancia, la Justicia había dividido la tenencia de Francesco, la jueza consideró que existe "una constante inestabilidad" en la vida del niño al vivir con Morena Rial, ya que la hija de Jorge Rial lo cambió de colegio en reiteradas oportunidades y no le da un ritmo de vida adecuado.

Luego de una revisión del fallo, por pedido de Facundo Ambrosioni, se revirtió la medida original y el menor quedará a cargo de su padre. En Córdoba, el pequeño asiste a una escuela con normalidad y hasta asiste a clases de fútbol en un club. Cosas que, según la versión brindada por Facundo, no haría en Buenos Aires mientras estaba con su madre.

Una llamativa reacción

Consultado por TN Show, el abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, destacó que van a apelar la última decisión judicial y denunció que el menor no se encuentra con ella porque su padre se lo impide. “En estos días, voy a presentar una denuncia penal en su contra por impedimento de contacto”, afirmó.

Mientras tanto, More no hizo ningún tipo de declaraciones, tanto públicamente como en redes sociales, y en Instagram despertó sorpresa entre sus seguidores al mostrar que estaba promocionando una casa de apuestas.

La jueza le concedió a Bárbara Lanata la potestad de tener voz y voto en las decisiones ligadas a los tratamientos médicos del periodista. 

La Justicia ordenó que Bárbara Lanata pueda decidir sobre la salud de su padre. La resolución de la magistrada Lucila Inés Córdoba tiene lugar luego de la solicitud de las hijas de Jorge Lanata y en medio de las acusaciones contra la mujer del periodista, Elba Marcovecchio.

El fallo indica que la mayor de las hijas del periodista tenga voz y voto en lo que respecta a los tratamientos de su padre. La medida judicial no le quita la potestad a Marcovecchio: implica que ambas mujeres deban ser informadas sobre la evolución de la salud de Lanata y puedan tener decisión sobre estas cuestiones.

Las dos hijas del periodista habían realizado una presentación judicial en la que acusaban a Elba Marcovecchio, esposa del periodista, de “perjudicar la salud de su padre” y “hurtar elementos de gran valor”.

En el escrito presentado a fines de septiembre, las hijas de Lanata solicitaron que se las designe de forma definitiva como la red de apoyo de su padre para todo lo referido a su salud y tratamientos médicos.

Asimismo, en aquella presentación propusieron a Alejandra Mendoza como la encargada de ocuparse de las cuestiones referidas a la administración del patrimonio del periodista, rol que desempeñó durante los últimos años.

En un fallo inédito, la Justicia de Salta avaló que un hombre de 76 años adopte a otro de 61. Según consigna Noticias Argentinas, no era la primera vez que la familia había solicitado la adopción.

La historia tiene como protagonistas a Ana López, de 82 años; a Luis González, de 76; y a Pedro Ruiz, de 61. Los nombres fueron modificados por la Justicia para resguardar su privacidad.

Todo comenzó cuando Pedro tenía dos años y su mamá comenzó una relación con González. Cuando el menor cumplió diez, se casaron y, desde ese momento viven como una familia. Sin embargo, les faltaba algo.

En tres oportunidades solicitaron ante la Justicia la posibilidad de que González adopte a Pedro, ya que no tenía relación con su padre biológico, fallecido en 1974 falleció, pero todas fueron rechazadas. La historia cambió cuando la familia se enteró de que una modificación en el Código Civil avalaba la adopción entre adultos.

La nueva presentación ante la Justicia salteña tuvo final feliz y, el último viernes (20 de septiembre), el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2 de Orán les anunció que se había aprobado el acto jurídico. Es decir, ya eran padre e hijo para la Justicia argentina.

Ana María Carriquiry es la jueza que autorizó el fallo y habló con el medio La Nación sobre esta sorpresiva resolución: “Nos costó armar la adopción porque, al principio, hablábamos del niño y resulta que el niño tiene 61 años. Todos los que intervienen en esta adopción integran la tercera edad. No es solo que sean adultos, son adultos mayores. El adoptado ya es abuelo”, dijo la jueza Ana María Carriquiry a La Nación.

“Tuvimos que revisar la legislación y sondear las convenciones internacionales de los derechos del adulto mayor, a las que adhiere la Argentina. Comprobamos que acá había un derecho a la identidad y a la autodeterminación y autonomía del adulto mayor que debía ser respetado. Realmente era el deseo de esa familia, porque ya era una familia, que sus documentos coincidieran con su identidad real. Y así se hizo”, siguió la magistrada.

Tras la adopción, la jueza les preguntó a los hijos y nietos de Pedro si querían modificar sus DNI para poner el apellido González y todos manifestaron la voluntad de hacerlo.

“No existe un único modelo de familia, es una construcción cultural y debemos resguardar el derecho a la identidad, a poder llamarse como uno se identifica, con el nombre de su propia familia”, subrayó Carriquiry.

Un hombre de 56 años fue condenado por contagiar de virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) a su ex pareja. Se trata de un fallo histórico en la Ciudad de Buenos Aires, enmarcado en el delito de violencia de género.

En el expediente se destaca que el acusado, sabiendo de su enfermedad, “no tomó recaudos para evitar contagiarla y que eso le provocó un debilitamiento permanente en su salud”.

“El fallo de la Justicia, el primero registrado para este delito, homologó el acuerdo de avenimiento alcanzado entre las partes, por el que se condenó al imputado a la pena de tres años de prisión en suspenso”, detalla la resolución.

A su vez, se acordó la reparación civil del daño causado a la víctima, por el que el imputado deberá abonarle la suma de 40 mil dólares.

Otra de las cuestiones que se resalta en el expediente es que se establecieron reglas de conducta en el que el acusado no podrá tener ningún contacto por tres años con la víctima. También la realización de 80 horas de tareas de utilidad pública en la Fundación Cáritas, la obligatoriedad de realizar un taller sobre Violencia de Género, fijar residencia y notificar cualquier cambio.

Caso

El mismo se inició con la denuncia de la víctima luego de tomar conocimiento de su afección la que le provocó una “trombosis que se transformó en una necrosis de por vida, en las venas ilíaca y femoral y una edematización, también permanente, de su pierna izquierda”.

“Todo esto, con riesgo de vida ante una nueva trombosis, sumado al riesgo cierto e inminente de contraer otras enfermedades por estar inmunosuprimida”, detallaron.

La investigación de la fiscalía recolectó diversas pruebas, como análisis médicos y testimonios, que permitieron establecer que el imputado tomó conocimiento de su enfermedad en marzo de 2013.

“La relación de pareja con la víctima se mantuvo entre los años 2011 y 2016, lapso en el cual mantuvieron relaciones sexuales sin ningún tipo de profilaxis para evitar la transmisión de enfermedades, evidenciando que el hombre no tomó recaudo alguno para impedir su contagio por transmisión sexual”, explica el documento.

Frente a ello, la Fiscalía PCyF Nº 36 especializada en Violencia de Género, a cargo de Adrián Dávila, lo imputó por el delito de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, junto a lesiones graves y gravísimas, agravadas por el vínculo y el género.

Finalmente, tras el acuerdo de avenimiento homologado por la jueza Fernanda Botana, del juzgado 5, se lo condenó a la pena de tres años en suspenso.

Una empresa fabricante de autos, una firma de planes de ahorro y una concesionaria fueron condenadas en la vecina provincia de Río Negro por no reemplazar una camioneta cero kilómetro que tenía un peligroso defecto de fábrica. La dueña del vehículo pidió que le cambien su camioneta por otra igual, pero en respuesta recibió arreglos insatisfactorios e información confusa sobre la reparación.

La camioneta en cuestión, una Chevrolet Tracker, era el primer cero kilómetro de la mujer. La comenzó a pagar con un plan de ahorro y la retiró en septiembre de 2021. A los siete meses encontró la noticia de que una tanda de ese modelo había salido al mercado con un defecto de fábrica que generaba “peligro de incendio” en caso de chocar.

La mujer se acercó a la concesionaria, donde le dieron un turno de inspección. Allí verificaron que su camioneta era, efectivamente, una de las unidades falladas. Como la mujer seguía pagando las cuotas de su plan, pidió que le cambiaran la unidad por otra igual, pero sin fallas.

Ante el pedido, una empleada de la concesionaria le transmitió tranquilidad y aceptó ingresar la camioneta al taller oficial. Sin embargo, hubo inconvenientes con la provisión de los repuestos y en definitiva la mujer nunca supo con certeza si el peligro había sido neutralizado por completo.

La incertidumbre le impedía manejar con tranquilidad. De hecho, en el juicio, se destacó que en tres años hizo apenas 22.000 kilómetros con la camioneta, un dato que, para la Justicia, confirmó el sentimiento de “inseguridad” que alegaba la mujer.

Para insistir con el cambio del rodado la señora inició un proceso de mediación con todos los actores involucrados para intentar encontrar una solución definitiva al conflicto.

Durante el proceso de medicación, se informó, la camioneta entró una vez más al taller, pero se la devolvieron sin darle explicaciones claras sobre la efectividad del arreglo. En definitiva, seguía sin saber si el peligro de incendio había sido solucionado.

La resolución de la Justicia por la camioneta 0kmEn la sentencia se cuestionó por igual a la fábrica, la administradora del plan de ahorro y la concesionaria. “Rechazo que la desconfianza de la consumidora sea sólo una cuestión subjetiva de la persona. Argumentar de tal manera implica subestimar su reclamo y violar el trato digno hacia ella -clienta- también en el orden procesal”, estableció el fallo del Juzgado Civil N° 3 de Roca.

En el fallo se recordó que las firmas debían "aportar elementos objetivos y que con grado de certeza demostraran que fue subsanada -la falla- y que el riesgo no es actual. Y esto no ocurrió”, agregó.

La elección de la compradora fue clara desde el principio: pedía el reemplazo del bien. Esa opción es reconocida por la Ley de Defensa del Consumidor cuando, por ejemplo, el bien adquirido no puede ser usado con el fin para el que fue creado. En este caso, “no existe certidumbre sobre la persistencia o no del vicio de fabricación y es sabido que en caso de duda debe ser interpretado a favor de la consumidora”, dijo la sentencia.

Las condenas son diferentesEl fallo, que no está firme, enumeró diversas afectaciones a los derechos de la consumidora. Hubo incumplimiento “al deber de información” antes, durante y después de los arreglos; no se respetó el “deber de trato digno” porque fue subestimado su reclamo; se incumplió el “deber de seguridad” porque la falla de fábrica implicaba un riesgo de incendio asociado con la fricción del cinturón de seguridad, que es de uso obligatorio.

También se afectó la “autonomía” y el “derecho de propiedad” de la mujer, porque la ley le garantizaba una “libre elección” por un producto nuevo, que no fue respetada.

La sentencia impuso condenas diferenciadas. La concesionaria, la administradora Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y la fabricante General Motors de Argentina SRL deberán entregar a la mujer una camioneta nueva del mismo modelo o equivalente y deberán cubrir los costos administrativos para que la mujer pueda transferirla y devolver la camioneta fallada.

Además, deberán indemnizarla con $1.850.000 pesos por daño moral. En tanto que la automotriz fabricante, en forma independiente, deberá pagar más de 6 millones de pesos en concepto de “daño punitivo”.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación rechazó el pedido de excarcelación de Aníbal Lotocki, que, de esta manera, seguirá preso hasta el juicio en el que será juzgado por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate.

El pedido de la defensa del imputado fue declarado inadmisible este jueves, en el marco de una instancia clave para determinar el futuro procesal del hombre que afronta una grave acusación por "homicidio con dolo eventual", y que continuará detenido.

Previamente, el tribunal interviniente había fallado en contra del recurso presentado por el abogado de Lotocki. Por lo tanto, se agotan las peticiones para lograr un fallo judicial favorable, antes del proceso en el que podría ser condenado, en caso de ser considerado culpable, a una pena que prevé de entre 8 a 25 años de cárcel.

Fuentes oficiales informaron a la agencia de noticias Télam que la decisión estuvo a cargo de Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite.

Los camaristas ratificaron el fallo anterior, elevado por Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17, integrado por los jueces Juan Facundo Giudice Bravo, Ana Silvia Guzzardi y Pablo Daniel Vega.

En noviembre pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal había elevado de cuatro a ocho años la pena de prisión contra el médico detenido, al confirmar la sentencia por "lesiones graves reiteradas", en perjuicio de las modelos Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, a quienes operó en su clínica.

Juicio a Aníbal Lotocki: los detalles

Además, aumentó de cinco a diez años su inhabilitación para ejercer la medicina e incorporó por primera vez la condena por "estafa".

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 28 lo había condenado a cuatro años de prisión, pero ahora la Sala III del máximo tribunal penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa y le duplicó la pena.

Lotocki deberá cumplir entonces una condena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina, por "resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos en perjuicio de las señoras Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi".

Además, fue condenado por primera vez por el delito de estafa, hecho cometido en perjuicio Gabriela Trenchi. 

Durante este miércoles, la Justicia dictaminó acordar una probation para Fabián Gianola en la causa por abuso sexual que le inició Viviana Aguirre. De esta manera, el Tribunal Oral Número Tres decidió suspender el juicio a prueba e imponerle al actor realizar tareas comunitarias y llevar a cabo cursos sobre violencia machista.

El documento judicial indica que: “En tal contexto de esta audiencia se le solicita al Dr. Tenca (abogado de Fabián Gianola) la posibilidad de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales de Gianola, la calificación jurídica prevista para los hechos que motivaron el requerimiento de elevación a juicio y la posibilidad concreta que en el eventual caso de recaer sentencia condenatoria la misma sea de cumplimiento en suspenso”.

Según pudo saber este medio, en la audiencia las partes llegaron a un acuerdo y la denunciante se mostró conforme con la resolución. En el mismo quedó establecido que Gianola deberá realizar actividades para la comunidad como modo de resarcimiento. “Esto es para obtener herramientas para eventualmente evitar circunstancias similares en el futuro, más a nivel personal, como mujer y madre, también creo que es una manera de cerrar este episodio en su vida, transformando el dolor en un bien y una enseñanza, por ello pide la aplicación de determinadas reglas de conducta”, se deja aclarado en el documento.

Entre los lineamientos que se acordaron se establecen: “La realización de un curso sobre problemática de género de aquellos dictados por una institución pública, sea del Gobierno Nacional o de la Ciudad; ofrece asimismo en este acto el Sr. Gianola la suma de $100.000 a fin de cumplir con la exigencia legal de reparación del daño en la medida de lo posible, ante lo cual la Sra. Aguirre manifiesta que lo acepta y quiere que sea donado a una institución de bien público sobre la que aportará los datos”.

Más adelante, se deja explicitado que “la probation no resuelve definitivamente la situación del procesado porque deja abierta la posibilidad que ante cualquier incumplimiento se avance hacia la celebración del juicio”.

Cabe recordar que la periodista Viviana Aguirre acusó al actor por “abuso sexual gravemente ultrajante” en el año 2019. De acuerdo con su testimonio, el hecho por el que la periodista acusó al actor habría ocurrido en la noche del 22 de mayo, cuando compartían una emisión de un programa radial, donde eran compañeros. En aquel momento, Aguirre había dado detalle de lo sucedido. “Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete -relató Aguirre, en diálogo con Teleshow por aquella época. Me metió la mano, los dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”, había expresado la denunciante.

Unos días después de aquella noche, la periodista decidió no regresar a la radio. “Él (Gianola) es así: para él es natural. Otras veces ocurrió lo mismo, con otras circunstancias”, afirmó. Siempre según sus palabras, después de su renuncia al programa habría mantenido contacto telefónico con el conductor, aunque solo por motivos laborales.

El expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, quedó hoy en libertad, más de 24 horas después de un fallo que lo benefició y que generó una ardua polémica de la que participaron incluso organismos internacionales.

Fujimori salió a bordo de un automóvil del penal policial de Barbadillo, en el barrio limeño Ate, minutos antes de las 18.30 (las 20.30 en la Argentina), cerca de dos horas después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que se disponía a cumplir la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional (TC).

Viajó en el asiento trasero del vehículo, flanqueado por dos de sus cuatro hijos, el exdiputado Kenji y la también exdiputada y tres veces candidata presidencial derrotada Keiko, líder del partido populista de derecha Fuerza Popular, que recoge el ideario del exmandatario.

"Gracias a todas las autoridades que permitieron que mi padre esté en casa", afirmó Keiko en conferencia de prensa en su residencia, donde el expresidente quedó descansando esta noche.

"Siento una profunda gratitud hacia (el expresidente) Pedro Pablo Kuczynski", quien indultara a Fujimori en 2017, agregó Kenji.

Poco antes de que la liberación se hiciera efectiva, el INPE dijo en un comunicado que "en cumplimiento del mandato del TC que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad".

La noticia fue celebrada inmediatamente por familiares y abogados de Fujimori que, junto a simpatizantes, se reunieron en los alrededores del penal de Barbadillo, a la espera de que el exmandatario saliera de allí.

La salida de Fujimori de la cárcel se demoró debido a que las huellas dactilares del exmandatario no coincidían con las registradas años atrás en la misma cárcel, posiblemente debido a su avanzada edad, según el diario local La República.

El TC ordenó ayer la liberación "inmediata" de Fujimori y remarcó que la medida debía ejecutarse "en el día", aunque uno de los abogados del expresidente, Elio Riera, avisó que probablemente la medida se cumpliera hoy, debido a que fue publicada después del horario de atención de la autoridad penitenciaria.

La decisión del TC provocó una intensa polémica en la que intervinieron incluso la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la reprobaron.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en una declaración que la orden de liberar a Fujimori "es un revés preocupante para la rendición de cuentas" y agregó que "cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional".

En tanto, la Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones" de su propia jurisprudencia.

Fujimori, de 85 años, cumplía desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando Kuczynski lo indultó, hasta que pocos meses después la Justicia revocó el beneficio.

En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.

Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.

Desde que volvió a la cárcel, su defensa presentó diversos recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.

En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori.

Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte IDH ordenó al Estado peruano que no liberara al exmandatario.

Para liberar a Fujimori, el TC declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto, que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.

Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos del condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.

De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.

Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.

Asimismo, el fallo del TC publicado ayer considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado

Un tribunal italiano ha ordenado a dos hombres de 42 y 40 años a abandonar la casa de su madre, que había recurrido a la Justicia para desalojar a sus propios hijos alegando no sólo que no contribuían a la economía familiar sino que tampoco aportaban ningún tipo de ayuda en las tareas domésticas.

La madre, Simona Caterbi, de 75 años y residente en Pavía, en el norte de Italia, había intentando convencer en vano a sus hijos para que se fueran y un juez ha terminado dándole la razón. Los dos hombres deberán abandonar el domicilio antes del 18 de diciembre.

En la sentencia, se establece que la convivencia podía estar "inicialmente fundada", en la medida que los progenitores tienen una "obligación alimentaria" hacia sus hijos, pero hoy en día "ya no parece justificable" que los dos hombres tengan que permanecer en el domicilio junto a su madre. Se tienen en cuenta, por ejemplo, "que los dos acusado son sujetos mayores de cuarenta años", informa la cadena RAI.

Un reciente estudio de Eurostat concluyó que los jóvenes se independizan de media en Italia a los 30 años, un dato similar al de España y el séptimo más alto dentro de los Veintisiete. La media dentro de la UE es de 26,4 años, con Finlandia, Suecia y Dinamarca con datos por debajo de los 22 años.

Este lunes, los padres de Conrado Regué, el niño santafesino de 1 año y 5 meses diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME), comunicaron a través de redes sociales que la justicia santafesina (Juzgado Civil y Comercial de la 8va Nominación de la ciudad de Santa Fe) dictó la medida cautelar para que el pequeño inicié el tratamiento con Zolgensma, el medicamento considerado el más caro del mundo (tiene un valor de 2.100.000 dólares) que la obra social le había negado.

Por esta razón, la familia de Conrado o Conri como lo llaman entre ellos, iniciaron una campaña solidaria para juntar fondos para llegar a reunir lo necesario para esta terapia tan costosa. De esta manera su historia se viralizó y rápidamente a través de los medios se pudo hacer visible su lucha, tanto por su salud como por su derecho a recibir este tratamiento.

Fallo a favor

"Hace un rato recibimos la noticia que el juez a cargo del juzgado civil y comercial de octava nominación de Santa Fe dictó la medida cautelar para que Conri empiece a recibir su tratamiento. Estamos muy agradecidos al juez y a todo el personal del juzgado porque lo hicieron con una rapidez increíble”, dijeron los padres del pequeño, Giuliana Salvetti y Maximiliano Regué, en el video difundido en la tarde de este lunes a través de la cuenta de Instagram “Conri, el valiente”.

Además, dejaron su agradecimiento a todos los que ayudaron en esta causa. Y dan por finalizada la campaña iniciada para llegar a su objetivo.

"Estamos a la espera de la orden del juez para poder depositar el dinero recaudado y en su momento se va a subir el comprobante correspondiente", agregaron.

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Poco tiempo

Días atrás, el papá de Conri habló con Sur24 y remarcaba que el tiempo con el que cuentan para conseguir la med

icación es poco, porque “es una droga que se puede aplicar hasta los dos años de vida y nuestro hijo está cerca de cumplir el año y medio; es decir que nos quedan seis meses, a lo que le debemos descontar la demora en llegar la medicación al país, más aún en momentos como el que estamos viviendo”, señaló.

Al momento de hablar de su hijo, emocionado contó: “Es un niño que siempre está contento, que sonríe. Me acuerdo cuando tenía dos meses que queda internado, la primera vez que entro a visitarlo, después de haber dormido separado de él, me miró, me sonrió y siguió durmiendo, eso demuestra como afronta esta situación que le toca vivir. Es nuestro orgullo, para nosotros un guerrero que nos da la fuerza para pelear por él y lo vamos a hacer hasta el final, hasta conseguir la medicación”.

Resolución perjudicial

Por otro lado, Maximiliano Regué hizo mención a una resolución del Ministerio de Salud que salió a principio de año, donde se establecen “nuevas restricciones” para poder acceder al medicamento. Es más, “la obra social se agarra de ese escrito para negar la droga”.

“Estamos seguros que lo vamos a conseguir porque hubo sentencias judiciales posteriores a esa resolución donde se falló a favor del niño para poder acceder al medicamento. Sabemos que el caso de Conri es un poco más complejo porque tiene traqueotomía y se alimenta por botón gástrico”, puntualizó.

“Yo lucho particularmente por mi hijo, pero también para que la gente conozca lo que está pasando, porque en un momento se informó que la Nación iba a aportar el medicamento, cuando en realidad la finalidad que tiene el Estado es que cada vez menos niños tengan acceso a esta medicación. Incluso, deja sin tratamiento disponible a varios tipos de AME como el AME 0 y AME IIII”, sentenció.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato, al tiempo que afirmó que fue un "error histórico" el dictamen de prisión contra el mandatario.

El fallo del juez Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de "tortura psicológica" que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como "algo armado" la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.

Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.

El magistrado afirmó que los agentes públicos "se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes" y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.

De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los "sistemas de sobornos" que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.

Cómo fue el origen del acuerdo con Odebrecht

El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017, por el entonces juez Moro.

La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación y posteriormente la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.

El fallo de Toffoli indica que la detención de Lula en 2018 puede haber sido "uno de los mayores errores judiciales en la historia del país".

Lula fue preso en abril de ese año acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, y salió de la cárcel tras 580 días, en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.

Posteriormente, en 2021, la corte anuló las sentencias contra el mandatario al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política y permitir la victoria del ultradrechista Jair Bolsonaro en los comicios de ese año.

De esa forma, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2022, que venció con 60 millones de votos, por un estrecho margen por encima de Bolsonaro.

Por su parte, Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y hoy es senador opositor.

"Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley", dijo Toffoli en parte de la decisión.

También indicó que la detención de Lula "fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal".

El fallo de hoy fue rechazado por Moro, quien dijo que la corrupción durante los gobiernos del PT "fue real".

"La corrupción en los Gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras", señaló en las redes sociales el exjuez.

"Este fue el trabajo de Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores. Los brasileños lo vieron, lo apoyaron y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y todas nuestras acciones fueron legales. Lucharemos en el Senado por el derecho a la verdad, por la integridad y por la democracia", añadió.

Por el contrario, el ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial que deja atrás "una de las páginas oscuras" de la historia del país.

"La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia", manifestó en redes sociales.

"Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos", agregó.

Tras años de lucha en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en todo el país, lo que invalida los artículos del Código Penal Federal que castigan que mujeres y personas gestantes lleven a cabo la interrupción del embarazo.

“La Primera Sala de #LaCorte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, publicó la Corte.

El fallo resultó positivo para la lucha de miles de mujeres mexicanas. Foto: TW SCJN

La senadora Olga Sánchez Cordero explicó que la resolución de la Corte significa que ninguna autoridad tiene la facultad de sancionar a quien acuda a realizarse un aborto o a quien lo realice en alguna institución de salud. Sin embargo, aclaró que todavía se debe interponer un amparo para llevar a cabo el procedimiento.

Indicó que falta que el Congreso legisle sobre el tema y además las clínicas y hospitales públicos del país deberán dar el servicio de manera gratuita.

“Las mujeres o personas gestantes procesadas o sentenciadas por abortar deberán ser absueltas”, informó Sánchez Cordero.

El ministro Arturo Zaldívar fue uno de los principales actores políticos en celebrar la resolución de la Corte: “¡Hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre!”.

Las personas son conscientes de que aún hay mucho trabajo por hacer en esta área. Foto: RRSS

El Superior Tribunal de Justicia provincial consideró como “ambigua” la interpretación de un emoji por mensajes, y además evaluó las faltas y sanciones previas del empleado, para decidir que era válido su despido.

Un caso insólito se dio en la provincia de Río Negro cuando un hombre resultó despedido luego de haber faltado al trabajo con la supuesta aprobación de sus superiores que le respondieran con el emoji de un pulgar para arriba (👍). Todo terminó en la Justicia rionegrina que determinó que el uso de emojis en las comunicaciones digitales “es muy limitado o relativo”, y falló a favor de justificar el despido.

Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro al sostener que la utilización de los emojis para afirmar o negar algo debe estar completado con otros medios de prueba, que aclaren lo que se quiso expresar. El empleado consideró que sus faltas al trabajo estaban justificadas “porque la empresa respondió con el clásico pulgar hacia arriba de la plataforma de WhatsApp”.

El máximo tribunal rionegrino evaluó que el uso de estos íconos digitales, “no es un signo inequívoco que exteriorice una manifestación de voluntad”, indicaron los mismos voceros judiciales. En consecuencia, como resultado de las pruebas se habilitó a la empresa para que proceda al despido del empleado, quien había incurrido en nueve inasistencias a sus jornadas laborales.

Según los antecedentes del caso el empleado despedido arrastraba 47 sanciones y un número importante de faltas injustificadas. Antes de que se buscara rescindir el vínculo, el trabajador se ausentó por nueve días en el mismo mes. “Luego intentó justificar esas faltas y se comunicó con un teléfono corporativo de la firma, de donde le respondieron con el clásico emoji del pulgar hacia arriba que ofrece la plataforma de mensajería de WhatsApp”, explicaron.

La empresa promovió un proceso de exclusión de tutela sindical para proceder al despido con justa causa. En esa instancia, la Cámara Laboral de Viedma rechazó la demanda y consideró “desmedida la sanción, al entender que se había prestado conformidad a la justificación alegada por el trabajador a través del emoji del pulgar”.

El fallo fue revisado por el STJ que analizó el alcance de los signos denominados emoticones o emojis. Sin embargo, el máximo tribunal sostuvo que “su interpretación es subjetiva y puede variar según la cultura y, fundamentalmente, depende del contexto en el que se utilice”.

“Por lo tanto, en la medida que su interpretación puede fluctuar según el contexto y la percepción del receptor, estos íconos no constituyen en sí una expresión de manifestación de voluntad con efectos jurídicos vinculantes”, surge de la sentencia.

En ese contexto, el emoji del pulgar hacia arriba solo implicaba una constancia de recepción y de ninguna manera se pudo interpretar como una aprobación o conformidad con la comunicación recibida.

Anteriormente, un juez canadiense dictaminó que en ese país el emoji del pulgar hacia arriba puede reconocerse como un medio válido para sellar un contrato, en equivalencia a una firma, ya que se trata de un método de comunicación habitual y los tribunales no deben “intentar detener la ola de tecnología y uso común”.

Los emojis son utilizados a diario la comunicación por mensajes instantáneos, ya sea a través de redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea o en SMS. En este sentido, estos símbolos, que imitan gestos cotidianos como caras sonrientes o apretones de manos, están pasando a formar parte del lenguaje común de los usuarios.

Algunas de las versiones que tiene el emoji del pulgar hacia arriba en las diferentes plataformas digitales 

Este mismo juez ha señalado que, aunque es un método novedoso, se trata de una forma “válida” de transmitir los propósitos de una firma, ya que es un método común de comunicación y los tribunales “no pueden ni deben intentar detener la ola de tecnología”.

En concreto, el caso tuvo lugar en un Tribunal de King’s Bench, en la provincia de Saskatchewan (Canadá) donde, según se expuso, un agricultor respondió con el emoji del pulgar hacia arriba a un mensaje en el que se enviaba un contrato de compra de lino. El comprador pensó que este era un mensaje de validación del contrato, pero el agricultor difiere: “simplemente quería indicar que recibí su mensaje de texto”, ha alegado.

Tal y como se relata, el comprador envió el contrato de dicha compra por mensaje, seguido del texto “confirme el contrato de lino”. Tras ello, el agricultor respondió con el emoji, y no volvió a haber interacción entre ambos. De hecho, no se llegó a entregar el lino acordado.

El agricultor alegó que el comprador no le había enviado los términos y condiciones completos del contrato y, en este sentido, entendió que el contrato completo se le enviaría posteriormente por correo electrónico. Por tanto, envió el emoji con la intención de hacer entender que “había recibido el mensaje” pero niega “que haya aceptado el emoji de pulgar hacia arriba como firma digital del contrato incompleto”.

Sin embargo, el caso, puesto en manos del juez canadiense Timothy Keene, se ha saldado a favor del comprador, ya que se ha reconocido el emoji del pulgar como un medio para sellar un contrato, al tratarse de un símbolo que implica aceptación y que se usa comúnmente.

Un juez de Familia de la localidad de Gualeguaychú autorizó a una pareja que no puede concebir hijos a acceder a la gestación por subrogación de vientre. Así, por inseminación artificial, una amiga de la familia llevará en su vientre al hijo de dicha pareja.

La gestación subrogada es la práctica por la que, con un previo acuerdo con otra persona o pareja, una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno al suyo y da a luz a un bebé para esa otra persona o pareja, las cuales se convierten en padres del bebé.

Al respecto, el abogado que intervino en el caso, Marcelo Boeykens , informó a Elonce que “se trata de un caso novedoso que aún no está legislado en el país, pero tampoco está prohibido y por lo tanto está permitido. En este marco, una pareja de Gualeguaychú, hizo sus consultas en el instituto HAVVA SAS de Paraná, a cargo de la Dra. Mercedes Cabrera, para comenzar con este proceso de maternidad y paternidad”.

Boeykens solicitó a la justicia que se homologue el acuerdo presentado por la pareja J.W. y S.M.A , padre y madre con voluntad procreacional, quienes se encontraban impedidos de llevar a delante un embarazo a término para hacerlo mediante ésta técnica, junto con la gestante solidaria M.E.R.

Destacó que en la pareja “había una imposibilidad biológica para llevar a cabo un embarazo a término y surgió la posibilidad de la subrogación. Es por ello que una amiga de la pareja se ofreció como gestante solidaria y se hizo cargo de asumir esta responsabilidad”. Acto seguido amplió: “Con toda esta información nos presentamos ante la justicia de la Gualeguaychú y se lo solicitamos al juez Vasallo y el día viernes fue autorizado tras una audiencia rápida”.

En este contexto, detalló que en la audiencia “realizaron preguntas de rigor y el defensor, psicóloga, psiquiatra quedaron muy conformes y convencidos que la gestante solidaria estaba segura de lo que iba a hacer”.

“Es un caso novedoso que invita a otras personas que por una imposibilidad biológica no puedan llevar un embarazo a término. Esto abre un camino en la jurisprudencia entrerriana para que aquellos que se animen ”, expresó Boeykens

Sobre la gestante solidaria

Boeykens informó que la mujer que es quien llevará en su vientre al niño “ya es madre, tiene un hijo de 10 años, y fue un proceso muy emocionante para su hijo también”. Asimismo, destacó que “a diferencia de otros países acá no puede haber un fin económico con esta práctica como si ocurre en Estados Unidos y anteriormente en Ucrania”.

“Esta pareja va a hacerse cargo de todos los gastos que implique el embarazo, pagará los traslados, seguro de vida, obra social y la técnica de subrogación”, dijo al destacar que ahora se pasa a la cuestión médica.

Sienta un precedente

Cabe destacar que “esta situación no está legislada y en este momento en nuestro país uno puede ser padre o madre, sea por naturaleza, o por adopción. Ahora hay una tercera opción que se abre por jurisprudencia”, amplió Boeykens