Un  vecino de Yerba Buena explicó que el recibió una  factura a nombre de su suegra, que falleció por covid-19. La firma dispuso el inicio de un trámite interno. No saben si fue una broma de mal gusto de algún empleado, pero sí está claro que no les dio ningún tipo de gracia. Luis Gamboa, un vecino de Yerba Buena, decidió recurrir a los tribunales junto a su familia para denunciar que una empresa de telecomunicaciones les envió una factura con un duro agravio dirigido a su suegra, Susana Di Benedetto, fallecida por covid-19 a finales de 2020: el nombre de la usuaria fue reemplazado por “Viejo Culeado Di Benedetto”. Según Gamboa, la firma “ni siquiera ofreció disculpas” por el insólito episodio.

Ante una consulta de este diario, la compañía sostuvo que está “realizando las averiguaciones pertinentes sobre el fondo de la cuestión”. Además, aclaró que el caso fue difundido por la parte denunciante, y que “el resguardo de la información personal” de sus clientes “es una práctica corporativa central”.

Todo comenzó en marzo, cuando el hombre recibió un correo electrónico con el recibo de pago por los servicios de la compañía Telecom-Personal SA.

“A mí me llegan por e-mail las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio. Le insistió hasta que me respondió: ‘Viejo Culeado’. Pretendía pasarme con un representante, pero yo necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia. Igual, con ese nombre inclusive me dieron el turno para hacer todo el trámite, tal cual lo decía la boleta”, explicó indignado Gamboa.

Desha – Ann y su marido Rashaan Kealoha viven en la isla de O’ahu, en Hawái. En los últimos días fueron noticia en un medio local al enterarse que en su factura de luz tenían que pagar 18 mil dólares por tener un poste de luz al frente de su casa.

La pareja llamó a la empresa responsable del servicio de luz, HECO, para que arreglara una farola de la calle que no funcionaba correctamente. Sin embargo, respondieron que no podían porque era de propiedad privada.

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Facebook Desha Ann Kealoha

En relación a esto, Desha dijo: “Cuando llegó la boleta estaba sorprendida, abrumada y confundida. Tenía la esperanza de que hubiera una solución para esto. Mi marido tiene un vocabulario colorido y esto lo molestó”. La pareja señaló además que la culpa es de los promotores inmobiliarios quienes quisieron deshacerse de la obligación de pagar la boleta.

Desde HECO informaron que no pretenden que la pareja pague por el año de deudas ya que demostraron que no compraron ninguna parte de la calzada pública. Pero sí pidieron que aparezca el dueño de la calle, a la cual pertenecen las farolas.

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Esto ocurrió ya que en el año 2020, Hawái Electric revisó todos los postes que no tenían propietarios y dio cuenta de que la calle donde vive la pareja era de propiedad privada. Es por eso que la factura de luz llegó con un valor de 18 mil dólares.

Travis Warner es un empresario de tecnología en Texas que se dedica desde hace años a instalar conexiones de internet y sistemas de video en su ciudad.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, y el repentino aumento de gente trabajando desde sus casas, el nivel de demanda de sus servicios creció exponencialmente.

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Sin embargo, esto significó que Warner y sus empleados visitaran las casas de sus clientes todos los días, exponiéndose al riesgo de contagio cuando el nivel de circulación del virus estaba en alza y alcanzando sus puntos más altos. Hasta que un día ocurrió lo inevitable: uno de sus empleados resultó positivo de COVID-19.

En ese momento se aisló preventivamente junto a su esposa y, pasados los días correspondientes, fueron en busca de un test PCR y antígenos para saber si tendrían que mantenerse en aislamiento o no. Esto no fue una tarea fácil ya que debido a la alta demanda y a la falta de pruebas tuvieron que irse hasta otra ciudad de Texas para realizárselos. Allí, en Lewisville, se realizaron tanto el PCR como el de antígenos.

A los pocos días llegó el alivio, los resultados de ambos habían dado negativo. Pero luego, todo cambió: llegó la factura médica. El cargo por ambas pruebas -PCR y antígenos- de Warner fue de 54.000 dólares, que sumados a otros cargos del hospital cerraban la cuenta final en ¡56.384 dólares!

De todas formas, una legislación aprobada por el congreso de Estados Unidos el año pasado eximía a los particulares de tener que afrontar los costos de los tests de coronavirus y hacía responsable de la totalidad de los pagos a las empresas de seguro. Esta decisión se tomó para evitar que las personas no se hagan los testeos necesarios por temor a su costo. Por ende, se estableció que mientras durara la emergencia sanitaria -vigente hasta mediados de octubre por el momento-, las empresas de seguro médico debían hacerse cargo del costo completo de las pruebas.

Si bien la medida estuvo pensada para ayudar a los pacientes, terminó dándole una especie de vía libre a los servicios médicos a cobrar precios exorbitantes por tests que de otra forma serían más baratos. Pueden hacer esto no solo porque las empresas de seguro están obligadas a pagar la totalidad del costo, sino también, y sobre todo, porque el paciente al no sentirse perjudicado por esto lo deja pasar sin involucrarse demasiado.

Sin embargo, es perfectamente legal lo que se pretendió cobrar a Warner. Para las pruebas de COVID-19 -como muchas otras cosas en la atención médica estadounidense- no hay límite para lo que los proveedores pueden cobrar, explicó Loren Adler, directora asociada de la USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy. Para los proveedores dentro de la red, las aseguradoras pueden negociar los precios de las pruebas, y para los proveedores fuera de ella, generalmente están obligados a pagar cualquier precio que los proveedores indiquen públicamente en sus sitios web

Esto no fue así en el caso de Warner. Él, al ver el desmesurado precio en su factura y en particular después de compararlo con el de su esposa -que se realizó los mismos tests, el mismo día y en el mismo lugar pero recibió una factura de 2.000 dólares– decidió hacer algo al respecto. Luego de numerosas llamadas telefónicas con el centro de salud y su centro de facturación, y luego de una espera que duró meses, recibió un correo de su aseguradora que le afirmaba que habían auditado la factura y habían recuperado casi todo el dinero que habían pagado originalmente, de acuerdo a NPR.

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El centro de emergencias SignatureCare Emergency Centers, si bien no hizo comentarios sobre este caso específico, explicó que tienen un margen de error del 2% a la hora de facturar y que, debido a la pandemia, este último año habían recibido una “demanda sin precedentes” y procesaban miles de operaciones por día; adjudicando el monto a un error involuntario. Ahora, en su página web publican que el costo del test de COVID-19 cuesta 175 dólares, un número algo menor al que le quisieron cobrar a Warner.

Así fue como Travis Warner, gracias a sus ganas de involucrarse, le ahorró a su aseguradora decenas de miles de dólares y quizá haya evitado que a otros les ocurra lo que le pasó a él.