Lo plantearon la ministra Arena y la jefa de Policía en la exposición ante el plenario que comparten con legisladores e integrantes del Poder Judicial. Diputados de la oposición plantearon cuestionamientos a la ejecución presupuestaria y a la falta de política de detección de armas.

Por Mario Cáffaro

“El diálogo se construye; tenemos voluntad de trabajar en conjunto. En idas y vueltas podemos encontrar caminos de entendimiento sabiendo que estamos en posiciones políticas diferentes” señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena, ayer en el final de la segunda reunión de la Junta Provincial de Seguridad. Fue después de más tres horas donde funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, la cabeza del Ministerio Público de la Acusación y el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre departieron, preguntaron, informaron y disintieron sobre seguridad pública.

Foto: Luis Cetraro

La reunión se hizo en El Molino – Fábrica Cultural, fue abierta a la prensa y por una cuestión personal no pudo asistir el gobernador Omar Perotti.

Detuvieron a más de 500 personas en los primeros meses del año en Santa Fe

Dos datos positivos: La jefa de Policía, Emilce Chimenti, dijo que esta semana desde que se implementó el control policial sobre motos bajó sensiblemente la denuncia al 911 por robos de motochorros; el otro fue del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach quien aseguró que en lugares donde hay una fuerte intervención del Estado provincial como el barrio Villa Banana en Rosario bajó a cero el homicidio y los heridos de armas de fuego en el año. También hay indicadores alentadores en Acería y Las Lomas, dos barrios de Santa Fe. “Sentémonos otro día a repasar estos datos” desafió el ministro que admitió que son datos alentadores y que demandan mucho recurso humano y presupuestario pero que es el camino para bajar índices de inseguridad en zonas de las grandes ciudades.

En el inicio de la reunión hubo un planteo de la Asociación de Víctimas del Delito para participar del encuentro que los ministros del Ejecutivo consideraron que no correspondía. No obstante, siguieron la reunión junto a los periodistas. Le siguieron exposiciones muy críticas de diputados. Joaquín Blanco (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Juan Cruz Cándido (UCR), Agustina Donnet (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Pablo Farías (PS) y Walter Ghione (Uno) fueron dejando inquietudes sobre sistema penitenciario, armas, la licitación anulada de compra de armas, policías, concurso de fiscales, etc.

Se realizaron operativos preventivos de seguridad

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el secretario del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, plantearon el problema de la superpoblación carcelaria. El segundo informó que hacia fin de año habrá 1.300 nuevas plazas y que la futura cárcel federal de Coronda ya está en un 80%. “De cada cien detenidos por mes, solo egresan veinticinco” admitió Lagna. El ministro anunció que el viernes llegarán 480 autos para la policía pero que no pueden comprar camionetas ante las carencias que tiene el mercado. Anunció licitaciones para compras de armas y de chalecos. Ante la pregunta puntual de Farías sobre la licitación de su antecesor, Marcelo Sain, Lagna informó que la anuló.

A su turno, Chimenti, reclamó apoyo a la policía. “No puede ser que el accionar policial es cuestionado por los vecinos y también por la política. No todo lo que hacemos es malo”, se quejó para luego dar el dato de la caída de denuncias al 911 desde que ejercen el control sobre motociclistas.

Jorge Baclini, titular del Ministerio Público de la Acusación, admitió que necesitan trabajar en una mejor política de control de armas así como mejorar en la investigación de homicidios, de crimen organizado y de violencia de género. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, anunció que en el segundo semestre del año abrirán los concursos para designar las nuevas autoridades del MPA para que estén designados dos meses antes de la finalización del mandato de los actuales “para que haya una transición ordenada”.

En las respuestas quedó en evidencia en lento avance para lograr la presencia de mayor número de fuerzas federales en el territorio. “Aníbal Fernández ratificó que habrá un destacamento de Gendarmería en Rosario” dijo Lagna aunque no pudo precisar fechas. También hubo quejas por la deuda de nación por alojamiento de presos federales y de los pocos avances en la modificación del mapa de la justicia federal en Santa Fe.

Sobre el final se acordó que en las próximas reuniones se buscará agendar uno o dos temas. Ayer fueron muchos los planteos y funcionarios y legisladores acordaron estrechar el diálogo sobre necesidades y aportar a proyectos legislativos.

Traferri

El senador Armando Traferri, representante de la bancada justicialista en la primera reunión del Consejo provincial de Seguridad, no estuvo presente en la reunión de ayer. La Cámara Alta solo estuvo representado por Rodrigo Borla (UCR – San Justo). Tampoco estuvo en la reunión la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Ruptura PJ

Las diputadas provinciales justicialistas Matilde Bruera y Paola Bravo acordaron conformar un bloque propio en la Legislatura. La primera ingresó en la lista de María Eugenia Bielsa y la segunda representa a La Cámpora. La decisión sorprendió a sus propios compañeros de bloque. Bravo había anunciado que pediría formar un monobloque y Bruera sostiene posturas independientes del Poder Ejecutivo.

“La conducción del peronismo es Cristina, son todos compañeros los del bloque, pero quizás tengan otra conducción”, explicó Bravo.

Los restantes justicialistas son Leandro Busatto, Luis Rubeo, Ricardo Olivera y Lucila De Ponti más Oscar Martínez (Frente Renovador) y ahora se unió al sector Cesira Arcando (Fe)

La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe le otorgó la media sanción al proyecto de ley del diputado Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS) que declarar de lnterés institucional para la provincia de Santa Fe a los fines de su preservación, sistematización y divulgación, el conjunto de antecedentes vinculados al Informe elaborado por la comisión creada por el Decreto Provincial N° 0234/1997 denominada “Comisión Nogueras”, en relación al vaciamiento del Banco de Santa Fe.

Preservación La iniciativa establece que “los originales de la documentación y antecedentes que se declaran de interés institucional por la presente, y que por su contenido no puedan ser retirados de las bases de datos en las que se encuentran archivadas, deberán ser reproducidas y certificadas como copias fieles del original por la autoridad competente en cada caso, para su tratamiento de conformidad con lo que se determina en esta norma”.

Sistematización Asimismo se prevé la recopilación en formato gráfico del conjunto de actuaciones documentadas de la Comisión Nogueras, previa desgrabación de los documentos en formato de audio y/o audiovisuales, que se encuentren en poder del Estado Provincial. Toda la documentación relevada será depositada en el Archivo General de la Provincia, remitiéndose copias certificadas de su totalidad a ambas cámaras legislativas. El Archivo General de la Provincia realice una copia de seguridad en un microfilm, antes de su disposición a terceros o interesados en general, la que deberá ser resguardada y conservada.

Divulgación Por último, se aprueba la publicación en formato digital y gráfico del contenido de la información a que se refiere este proyecto.

Fundamentos El diputado Palo Oliver sostuvo que “estamos convencidos de que resulta vital para reconocer las falencias que experimentó el sistema institucional santafesino, lo cual impidió un control democrático y transparente del Banco Provincial que impidiera su desmanejo a través de un conocimiento integral y pleno de las actuaciones generadas en el ámbito de actuación de la “Comisión Nogueras”.

Más adelante, agregó: “El interés público de brindar las herramientas técnicas para sistematizar los documentos de la Comisión Investigadora y su necesaria publicación, reside en la responsabilidad que tenemos los representantes de los santafesinos de dar a conocer la verdad de lo ocurrido. Lo sucedido privó a la provincia de poseer una herramienta de ejecución de políticas públicas planificadas a mediano y largo a plazo, por un lado, y de responder a las emergencias sociales con un interés que no siempre debe ser lograr la rentabilidad ilimitada que se plantea un banco privado que maneja el dinero público, por el otro”.

“La necesidad de sistematizar e incorporar el contenido del informe Nogueras a la discusión pública a través de la publicación del conjunto de actuaciones, se vincula no sólo con la construcción colectiva de la transparencia de los actos de gobierno sino, fundamentalmente, con la necesidad de no volver a cometer los mismos errores”, finalizó el diputado provincial.

Ante la decisión de restringir la circulación en las ciudades más grandes del departamento La Capital, los diputados Sergio “Checho” Basile y Fabian Palo Oliver solicitaron al Gobierno Provincial que otorgue una ayuda económica de $ 50 mil para comercios que no pueden trabajar con clientes de manera presencial.

Los legisladores instaron al Ejecutivo a que otorgue un aporte no reintegrable por única vez de $ 50.000 (cincuenta mil) pesos a los sectores de comercios y servicios que no pueden trabajar con clientes de manera presencial por estar afectados a las limitaciones de circulación establecidas en el Decreto Nº 954 con fecha 11 de Septiembre de 2020.

Concretamente, el pedido tiene como prioridad atender la necesidad de los sectores más afectados como Gimnasios y servicios vinculados a ellos, el cierre de peluquerías, manicura, podología, cosmetología y todo lo vinculado con actividades comerciales de belleza, comercios con servicio de delivery y take away, entre otras.

La solicitud de los radicales tiene un antecedente directo en el sur provincial donde se concedió un bono no reintegrable a comercios afectados en los cinco departamentos del sur de la provincia: Constitución, General López, Rosario y San Lorenzo. Con la iniciativa presentada en la Cámara Baja, los diputados intentan ampliar el alcance del programa de asistencia económica de emergencia.

Basile argumentó: “Este subsidio extraordinario debe entenderse como indispensable para colaborar en la contención tras la decisión de cerrar las puertas y no permitir la actividad. Mucho se dice y se comenta de la nueva modalidad de convivencia, pero cualquier cambio o interacción entre lo público y privado, desde nuestra concepción, requiere de un Estado presente”.

“Esa presencia –continuó el legislador- se marca con acciones, con criterios de igualdad y sentido de la oportunidad. Debe ser garantizada con la mayor eficiencia disponiendo de las herramientas con la que cuenta el Estado para afrontar esta realidad dinámica y preocupante”.

“Los desafíos siguen siendo a diario, con decisiones a corto plazo y que deben dar respuesta en la urgencia, para pensar hacia adelante con más esperanzas y sin tanto ahogo y decepción. El actual contexto pandémico nos desafía diariamente a tomar decisiones a corto plazo que den una respuesta concreta a la demanda inmediata de la ciudadanía para seguir adelante, que hoy con su fastidio nos interpela y nos exige estar a la altura de las circunstancias” explicó Basile.

“El Estado tiene que estar preparado para la resolución de conflictos y si de propuesta se trata, se acompañará desde este lugar, como siempre lo hemos hecho, para consolidar esa sociedad justa con la que tanto se sueña” finalizó el radical.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Comunicación del diputado Fabián Palo Oliver, por el cual solicita al Poder Ejecutivo que brinde información sobre el funcionamiento de dicha repartición policial, ubicada en la ciudad de Santo Tomé,  en relación a los detenidos alojados en su interior. 

En este sentido, el legislador pide que se informe sobre la cantidad de presos alojados en las dependencias de la Comisaría, cuál es la capacidad de la misma para alojar detenidos, cuál es la situación procesal de las personas que se encuentran privadas de su libertad allí, qué funcionario u organismo ordenó su traslado a ese lugar, con qué cantidad de funcionarios policiales cuenta dicha repartición,  cuántos de ellos portan armas y cuántos están destinados específicamente al cuidado de los detenidos.

Al respecto, Palo Oliver mencionó la preocupación que genera la situación planteada en torno a la Comisaría Distrito N° 12 ya que “ha trascendido que existe una superpoblación de presos. Esto genera una situación de hacinamiento que no sólo constituye detención en condiciones infrahumanas, sino también que es foco de permanente conflictos generados por una convivencia marcada por dicha superpoblación. Esta Comisaría ha adquirido, en los últimos tiempos, la fisonomía y el funcionamiento de un penal, lo que convierte al personal en guardiacárcel cuando debería realizar tareas de prevención. Este personal no  ha sido capacitado ni se ha formado para esa tarea”.

Por último, el diputado provincial manifestó: “hace poco, cinco detenidos en otra dependencia policial de la ciudad, superaron las medidas de seguridad y se fugaron. Esto es porque las comisarías no cuentan con las condiciones de seguridad propias de una unidad del servicio penitenciario, precisamente porque no fueron creadas para tal fin. Por ello, entendemos que las autoridades provinciales deben tomar cartas en el asunto a los efectos de normalizar esta situación”.

En la sesión de la víspera, las diputadas y diputados santafesinos le otorgaron media sanción al proyecto de ley que prevé la creación del Programa de provisión gratuita de productos de gestión de higiene menstrual.

El proyecto aprobado surge a partir de la articulación de dos iniciativas. La primera, presentada el 11 de abril de 2019 por el diputado Fabián Palo Oliver -en conjunto con las ex legisladoras Silvia Augsbuger y María Victoria Tejeda- y la segunda, de similar tenor, ingresada en febrero de este año por la diputada Lionela Cattalini.

La propuesta aprobada en el día de ayer, que será remitida para su tratamiento a la Cámara de Senadores, importa garantizar la provisión gratuita de productos para la gestión de la higiene menstrual a todas las personas menstruantes de la provincia de Santa Fe. Los productos referidos son: copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, toallas descartables industriales y tampones.

En caso de convertirse en ley, los hospitales públicos, los establecimientos educativos públicos de todos los niveles, hogares pertenecientes al sistema de protección de la niñez y de víctimas de violencia de género, cárceles, comedores, refugios y paradores para personas en situación de calle, deberán proveer obligatoriamente los mencionados elementos, de manera gratuita y anónima, a simple requerimiento.

Al respecto, Palo Oliver manifestó su satisfacción por este avance y expresó su convicción de que la menstruación “debe dejar de ser un tema de exclusiva preocupación de las personas menstruantes para constituir una política de Estado, en el marco del fortalecimiento de la salud pública y la ampliación de derechos. Esperamos que el Senado provincial apruebe esta iniciativa convirtiéndola en ley y que, luego, el Poder Ejecutivo la promulgue y comience a ejecutarla lo más pronto posible”.

Para finalizar, remarcó: “se trata de facilitar el acceso de estos productos necesarios para llevar adelante una higiene menstrual eficaz sobre todo a aquellas personas menstruantes de bajos recursos, a los efectos de neutralizar los efectos de la brecha existente, en cuanto al poder adquisitivo, entre los distintos sectores de nuestra sociedad. Más salud pública, mejor calidad de vida”.

Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto integrar las acciones llevadas a cabo por los gobiernos de los Estados provincial y municipal, así como articular su funcionamiento con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

“Para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación, con la finalidad de lograr la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos”.

En este sentido, la norma crea el Consejo Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que se constituye en la autoridad máxima para la gestión de situaciones críticas y será presidido por el gobernador de la provincia.

Este Consejo es el que determina cuáles son las acciones y estrategias que se deben llevar adelante, disponiendo de qué manera se articulará el trabajo entre todos los estamentos intervinientes. Además, procurará la permanente capacitación en materia de gestión de riesgo y protección civil de todos los involucrados y promoverá la investigación científica.

A su vez, la tarea se descentralizará en los Consejos Regionales, quienes focalizarán su accionar en las distintas regiones provinciales a partir de las directivas y determinaciones del Consejo Provincial. En su seno, interactuarán los distintos estamentos y organizaciones vinculadas a la gestión del riesgo y la defensa civil correspondientes a su ámbito geográfico de actuación.

Finalmente, la modalidad descentralizada de gestión del riesgo incluye a los municipios y comunas de la provincia, los que en el ejercicio de su potestad legislativa, deberán adecuar su normativa a los principios rectores que gobiernan la materia, como son la participación comunitaria, la conducción a cargo de la jefatura política (intendentes o presidentes comunales), la vinculación con los ámbitos superiores (Consejos regional y provincial), además del necesario asesoramiento técnico y la capacitación permanente en el tema.

El proyecto prevé también la creación de un registro de entidades civiles y ong abocadas a la materia, así como una red que aglutine a los organismos científicos y técnicos interesados en intervenir en la definición de políticas y acciones en general.

El sistema creado por la ley, será independiente de cualquier otra estructura existente o por crearse.

Por último, se prevé el financiamiento del mencionado sistema así como la creación de un fondo de emergencia (bajo la modalidad del fideicomiso) para responder a situaciones de urgencia.

Entre los fundamentos, el legislador consideró como “necesario e impostergable dejar atrás una ley vigente con más de cuarenta y dos años y cuya inteligencia y formato responde a una concepción de un estado no democrático basado en un poder militarizado.

La armonización con la estructura y funcionamiento implementado por la Ley N° 27.287 resulta necesaria en tanto que la misma ha introducido un cambio sustancial respecto de la forma tradicional de encarar la gestión del riesgo, haciendo hincapié en las actividades de mitigación y reducción del riesgo definiendo un accionar proactivo que, a su vez, es complementado por acciones de respuesta una vez que un evento adverso ocurre”.

En estos términos se expresó el autor del proyecto de ley que establece la extensión de la prohibición de conducir con alcohol en sangre a todos los vehículos y no sólo al transporte de carga y de pasajeros, como dispone la normativa vigente.

Vale la pena mencionar que esta iniciativa, oportunamente elaborada en conjunto con diversas ONG, ya obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados y aguarda el tratamiento en la Cámara de Senadores.

En este sentido, el legislador puntualizó: “Entendemos que las razones por las cuales se hizo necesario contar con una ley que extienda la prohibición de conducir con alcohol en sangre a todos los conductores de vehículos y no sólo a los del transporte público y de carga, como está dispuesto actualmente, siguen tan vigentes como siempre.

Si aceptamos que el alcohol, como elemento facilitador de accidentes y relajación de reflejos, constituye un peligro para quien conduce un vehículo de transporte de pasajeros o de carga, que alguien me explique por qué no opera de la misma forma respecto de los conductores de otros vehículos.

En este punto, debemos preguntarnos: ¿Acaso la vida de los integrantes de una familia, que en su auto particular protagoniza un accidente, vale menos que la de quien es transportado en un ómnibus o del conductor de un camión que lleva mercadería? Incluso, del accidente generado por quien conduce un vehículo teniendo alcohol en sangre puede resultar herida cualquier tercero, sea peatón o conductor de otro vehículo. Al riesgo que de por sí conlleva el tránsito, no resulta lógico que se permita adicionarle la ingesta de alcohol”.

Por último aclaró: “En este contexto de pandemia y aislamiento, afortunadamente ha disminuido la cantidad de accidentes, pero esto se debe a la baja en el número de vehículos que están en circulación y no a un mejoramiento de la seguridad vial. Una muestra de ello es que ante la flexibilización del aislamiento, comenzaron a producirse nuevamente dichos accidentes. Por ello, entendemos que es importante avanzar hacia esta medida que contribuye a la seguridad, lo cual redundará en una clara baja de la siniestralidad vial”.