Un integrante de la barra brava de Tigre fue detenido en las últimas horas en San Fernando, tras una investigación del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal. El hombre estaba señalado por irrumpir en los talleres ferroviarios de Victoria y exigir dinero a un delegado de la Línea Mitre, a quien habría amenazado de muerte.

Según fuentes policiales, el sospechoso ingresó sin autorización a las oficinas del ferrocarril y, ante la negativa de los trabajadores, lanzó intimidaciones que derivaron en una denuncia en la Comisaría 2ª de San Fernando.

 La Fiscalía Correccional local, a cargo de Marcelo Fuensalida, ordenó una serie de tareas de campo para ubicarlo.

Los agentes establecieron que el acusado, de 44 años, tenía un frondoso prontuario y era un referente de la barra de Tigre, incluso con antecedentes recientes por el homicidio de un simpatizante de Chacarita. Con la sospecha de que merodeaba nuevamente la zona ferroviaria, se montó una vigilancia sostenida.

El hombre cayó cuando volvió a ingresar al predio por un acceso clandestino. En su intento de fuga se deshizo de un cuchillo, pero fue reducido a pocos metros. Un móvil del Comando Patrulla de San Fernando colaboró en el operativo, que terminó con el secuestro del arma blanca.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

La novia de un preso y otra mujer fueron llevadas a audiencia imputativa este jueves por haber participado en un ataque incendiario contra una panadería de Villa Gobernador Gálvez que tuvo lugar el 11 de julio pasado en San Diego al 400. Se trata de Priscila Yamile Muñoz, pareja del recluso de Piñero Nahuel Gastón Landriel –ya acusado en el mismo legajo– y Ludmila Alonso, quienes quedaron en prisión preventiva efectiva, según la resolución del juez Fernando Sosa. 

De acuerdo a la imputación del fiscal Pablo Socca, Priscila Muñoz organizó –a pedido de su novio– la intimidación y extorsión, ya que en el frente del comercio se arrojó una nota donde se dejaba el número de un celular y se exigía una comunicación para no balearlo.

Socca atribuyó a Landriel haber sido el titular de la líena telefónica que se anotó en el papel incautado en la escena del ataque incendiario, aunque quien lo utilizaba era su pareja, quien estaba a cargo del plan. Por su parte, Ludmila Alonso fue acusada de haber adquirido el celular desde el que se intentó llevar a cabo la extorsión. 

El juez Sosa dio prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Muñoz y 60 días para Alonso. 

Nahuel Landriel está condenado a 13 años de prisión como integrante de la célula de Los Monos que opera en Villa Gobernador Gálvez bajo la jefatura de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera. Actualmente está alojado en la cárcel de Piñero.

Operativo “Friend’s”: 14 arrestos y rescate de una menorEl día de hoy 30 de junio de 2025, la Justicia desarticuló una red de pornografía infantil. El operativo “Friend’s” detuvo a 14 personas y rescató a una niña en situación de abuso.

La investigación comenzó en 2022 tras una denuncia por extorsión en la Comisaría 9A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer alertó sobre un video íntimo utilizado para exigir dinero.

El allanamiento al sospechoso inicial reveló dispositivos electrónicos con 500 archivos de material de abuso sexual infantil (MASI). Se halló evidencia de un grupo de WhatsApp llamado “Friend’s”. 

La División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA intervino en el análisis forense de los equipos. Se documentó producción y distribución de pornografía infantil.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas señala que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de la jueza María Alejandra Provitola, ordenó 20 allanamientos.

De esos operativos, 9 se realizaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 11 en Córdoba, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

La mayoría de los detenidos son argentinos mayores de edad: 13 hombres y 1 mujer. Todos afrontan cargos por asociación ilícita, producción y distribución de MASI. 

Las fuerzas incautaron 12 notebooks, 5 PCs, 2 cámaras, 2 tablets, 4 routers, 52 celulares, 12 pendrives, 2 discos rígidos y $2 millones.

En Santa Fe, uno de los allanamientos permitió el rescate de una niña abusada por un hombre de 31 años. La menor fue derivada al Programa Nacional de Víctimas.

El operativo movilizó al Departamento de Investigaciones Federales y divisiones especializadas de la PFA. Se coordinó la revisión de dispositivos y la custodia de evidencias.

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado N°6. Enfrentan cargos agravados por la minoría de edad de las víctimas y tenencia con fines de distribución.

La Fiscalía inició el análisis de cámaras de seguridad para ubicar a otros posibles involucrados. El arma y los dispositivos quedaron secuestrados para peritaje. 

“Este logro refuerza la lucha contra el abuso infantil”, afirmó un vocero judicial.

El caso revela la complejidad del cibercrimen infantil y la necesidad de protocolos ágiles. Las redes de WhatsApp siguen siendo un canal principal de distribución ilegal.

Una mujer, de 39 años, fue detenida el lunes por los pesquisas, al estar sindicada de extorsionar a su amante, a quien le exigía el pago de 100.000 dólares para no divulgar fotos y videos íntimos de esa relación en las redes sociales. El operativo se realizó en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la sospechosa resultó apresada en el cruce de Doctor Ignacio Arieta y Comisionado José Indart, donde había acordado reunirse con el hombre, de 55 años.

Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, quienes le incautaron a la mujer un aparato de telefonía celular y la suma de 30.000 dólares, que le había sido entregada, escasos minutos antes, por la víctima del delito.

Trascendió que los mencionados uniformados habían “marcado” los billetes de la moneda extranjera, para de tal forma identificarlos en el expediente, una vez concretado el pago.

Los distintos mensajes de la sextorsión habían quedado grabados en la aplicación WhatsApp.

Consta en el sumario que el individuo se apersonó ante los funcionarios de la Justicia y les narró que, desde hacía cinco años, mantenía una relación amorosa con esta acusada, quien, hacía una semana, le había exigido el pago de 100.000 dólares, para no publicar diferentes fotografías y videos íntimos de ambos en las redes sociales; a la vez que además había amenazado al damnificado con contarles a su esposa e hijos de la existencia del vínculo.

Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se caratuló “Extorsión por chantaje”, la doctora Roxana Andrea Castelli, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 -especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual-, perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Como consecuencia de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Una familia de la localidad de Tunuyán, Mendoza vivió una angustiante experiencia al verse obligada a pagar una suma considerable para recuperar un peluche esencial para su hijo, quien tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El peluche, que es parte integral de la rutina diaria del niño, se perdió cerca de la plaza departamental de Tunuyán. Al tratarse de un objeto de apego que lo acompaña a la escuela, terapia y otras actividades, resultó fundamental tratar de encontrarlo.

A pocos minutos de extraviarse el peluche, la familia apeló a la solidaridad de los vecinos e hizo una publicación en las redes sociales pero no obtuvieron respuesta. Frente a la creciente angustia de su hijo, optaron por ofrecer una recompensa.

La familia, desesperada por el bienestar emocional del menor, hizo una publicación en las redes sociales y ofreció una recompensa de 100.000 pesos. Sin embargo, la situación se complicó cuando una pareja exigió 200.000 pesos para devolver el juguete.

El medio 8Digital detalló que la familia, al no obtener resultados con su llamado a la comunidad, se enfrentó a una serie de mensajes falsos y amenazas. La madre del niño relató que la pareja que contactó a la familia aseguró tener el peluche, pero advirtió que lo harían desaparecer si no se cumplía con el pago exigido.

Esta situación de extorsión llevó a los padres a aceptar la demanda, a pesar de que la cifra superaba ampliamente la recompensa inicial. La entrega del peluche se llevó a cabo en una vivienda del Barrio Bombal, en Tunuyán, donde la familia realizó el pago y finalmente recuperó el objeto.

La madre, visiblemente afectada por la experiencia, expresó su alivio al tener de vuelta el peluche y ver a su hijo sonreír nuevamente. “Después de una larga negociación tengo el peluche. Mensajes, llamadas, ofertas, condiciones", expresó.

“Fue increíble todo lo que provocó colocar recompensa”, comentó al medio Los Andes. Ante el hecho ocurrido, la comunidad que se mostró solidaria quedó impactada por el giro que tomó la situación

Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de las familias que dependen de objetos específicos para el bienestar de sus hijos con necesidades especiales. La comunidad de Tunuyán, que inicialmente se mostró solidaria, se vio sorprendida por el giro que tomó la situación, transformándose en un caso de extorsión que dejó a la familia emocionalmente agotada.

Puan, una localidad habitualmente tranquila del suroeste bonaerense, quedó envuelta en una historia insólita que combina extorsión, fotos íntimas y pedidos fuera de lo común. Una masajista de 65 años, identificada como Stella Maris Distel, fue detenida en las últimas horas tras ser acusada de exigirle dinero, postres y objetos personales a un cliente bajo amenaza de divulgar imágenes comprometedoras.

La investigación estuvo a cargo de la UFIJ N.º 20 y se inició luego de que la víctima, un hombre de 51 años, denunciara la situación. La causa avanzó rápidamente y la detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 3.

Según fuentes judiciales, la relación entre ambos comenzó en 2021 con intercambios por videollamada. En ese contexto, la mujer habría grabado imágenes íntimas del hombre y, entre noviembre de 2022 y 2024, comenzó a chantajearlo con difundirlas en redes sociales. “Le decía que todo el pueblo iba a conocer esas imágenes”, contó un investigador.

La masajista no solo le exigía dinero: también le pidió que le comprara tortas, un taladro, un reloj y una balanza digital. En total, habría logrado obtener más de tres millones de pesos antes de que el hombre decidiera denunciarla a finales de 2023.

Aunque el sexting no está tipificado en el Código Penal argentino, la acusación formal es por extorsión, delito que contempla una pena mínima de cinco años de prisión.

Cinco integrantes de una banda extorsiva que operaba en la zona de Lomas de Zamora han sido arrestados. Según las investigaciones, los delincuentes contactaban a sus víctimas a través de aplicaciones de citas. Se hacían pasar por policías y exigían dinero para eliminar a las víctimas de una supuesta causa judicial.

La investigación se inició tras recibir varias denuncias similares. Los denunciantes afirmaron que habían comenzado a ser extorsionados después de mantener conversaciones con mujeres a través de plataformas como Tinder, Badoo, Happn, Instagram y Facebook.

En todos los casos, los hombres habían intercambiado imágenes y números telefónicos con las mujeres. Luego, comenzaron a recibir llamadas de una persona que afirmaba ser un oficial de la División de Trata de Personas. Este individuo les informaba que sus teléfonos estaban intervenidos en el marco de una supuesta investigación sobre pedofilia y prostitución, y les exigía dinero para desvincularlos de la investigación.

El fiscal Daniel Semisa solicitó la colaboración de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, que logró identificar a los presuntos responsables.

Se realizaron allanamientos en tres ubicaciones de Lomas de Zamora, dos en Domselaar y uno en La Plata, donde las autoridades lograron capturar a los implicados. Los detenidos fueron identificados como Lucas Ezequiel Martínez, de 28 años; Sabrina Florencia Pereyra, de 37; Estefanía Solange Godoy, de 32; Osvaldo Martínez, de 58; y Jorge Gabriel Vázquez, de 31.

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña mostró un chat extorsivo que recibió desde Chaco por parte de una persona que sostuvo que estaba con el menor y que no puede hablar porque si no "no había trato".

En medio de la incertidumbre por la desaparición de Loan, Cristian Peña dio a conocer una conversación que tuvo por WhatsApp con una persona que dijo estar con el pequeño.

La captura muestra cuando el hermano llamó al contacto anónimo, quien le pidió que le escriba y le preguntó por Loan: “Sii, es mi hermano”, le respondió Cristian.

Uno de los hermanos de Loan mostró un chat extorsivo que recibió desde ChacoLuego, comenzó la parte en la que la persona lo extorsionó: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continuó el agresor.

Al no recibir respuestas por parte de Cristian, el contacto dejó de escribirle y la conversación finalizó con un “chau” por parte del extorsionador. 

La Procuraduría General de la Nación de Colombia inició una investigación contra dos agentes de la Policía Metropolitana de Soacha, tras ser acusados de extorsión a un comerciante del municipio. El hecho, que ha circulado ampliamente en redes sociales, refleja una preocupante situación de corrupción dentro de la Policía Nacional.

Los incidentes sucedieron después de que los uniformados presuntamente retuvieran al comerciante por dos horas en una estación, exigiéndole dinero a cambio de favorecimiento en un proceso penal por abuso sexual. La suma demandada ascendía a dos millones de pesos, más pagos semanales, bajo la amenaza de arresto.

Al ser sorprendidos en flagrancia durante uno de estos pagos, los policías se negaron a identificarse y uno de ellos se tragó los billetes que pretendía esconder. La acción tuvo consecuencias médicas para el agente, quien terminó necesitando atención hospitalaria. 

Posteriormente, fueron detenidos y enfrentan ahora cargos por secuestro extorsivo y extorsión agravada.

El caso de extorsión fue reportado por la esposa del hombre extorsionado quienes lograron capturar en video el momento en que los agentes recibían el dinero.

Un tribunal oral en la ciudad de Buenos Aires emitió una sentencia de cinco años de prisión para un individuo que se hacía pasar por policía y exigía pagos ilegales a trabajadoras sexuales en el barrio de Constitución para permitirles llevar a cabo sus actividades sin enfrentar detenciones.

El condenado, conocido como Lautaro Augusto Fernández Vitale, fue llevado a juicio bajo la acusación de "haber exigido en varias ocasiones, simulando tener autoridad pública, el pago de dinero a trabajadoras sexuales en el barrio de Constitución, a cambio de no ordenar su arresto".

Este individuo se hacía pasar por policía y, para respaldar su engaño, "mostraba en varias ocasiones una credencial policial".

El Tribunal Oral número cinco, presidido por la jueza Cinthia Oberlander, emitió la condena por el delito de "extorsión".

"No hay dudas de que la amenaza formulada por Fernández Vitale, en la que afirmaba que debían darle dinero porque, de lo contrario, 'las llevaría', que 'las detendría por tres o cuatro días' y que 'podrían incluso sembrarles cosas y llevárselas si no pagaban' (sic), era cierta y factible", declaró la jueza.

En el caso que llevó a la condena, Fernández Vitale "obligó a la víctima a pagar la totalidad del dinero que había ganado momentos antes como resultado de su trabajo".

El acusado "expresó una voluntad dirigida a cometer el acto ilícito y sabía que el medio utilizado (exhibición de una credencial policial) era eficaz para intimidar a la víctima y forzarla a pagar una cierta suma de dinero", según el fallo.

"El hecho se consumó ya que la víctima pagó la cantidad de dinero exigida por Fernández Vitale", señala la resolución, que consta de 77 páginas.

Fernández Vitale negó los cargos y afirmó que la credencial policial que mostraba para hacerse pasar por miembro de la fuerza de seguridad pertenecía a su "padre de crianza" fallecido. Alegó que era un recuerdo que llevaba consigo.

Marcelinho Carioca, ex Flamengo, Corinthians, Valencia y selección brasileña, sufrió un inesperado incidente al salir con una mujer de un show de samba. Horas más tarde fue liberado por la policía de San Pablo

El paradero de Marcelinho Carioca, ex futbolista de Flamengo, Corinthians, Valencia y la selección brasileña, movilizó a toda la policía de San Pablo. Es que el ex volante, de 52 años, famoso por su pericia en los tiros libres, fue declarado desaparecido luego de que su vehículo fuera encontrado abandonado. Al mismo tiempo, dos personas resultaron detenidas por su supuesta implicación en el caso, investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil. He ahí la primera pista de una historia con ribetes cinematográficos que terminó con el jugador hallado sano y salvo.

El domingo, Marcelinho publicó en su cuenta de Instagram un video al lado del cantante Thiaguinho, quien actuó en el estadio del Corinthians. Desde allí, nada se supo de él, hasta que apareció el automóvil. La sorpresa fue que su imagen, en medio de la investigación, surgió en las redes. El ex mediocampista apareció en un video, despojado de remera, con las manos atadas y un golpe en uno de sus ojos, en un video que se hizo viral y preocupó a todos.

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, fue obligado a decir ante las cámaras en la filmación. “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, aceptó la dama, sentada al lado suyo, en el mismo video.

Finalmente, horas después, Carioca fue liberado en Itaquaquecetuba, San Pablo. Y fue trasladado a una dependencia policial en un vehículo de las fuerzas de seguridad, desde el que alcanzó a hacer gestos indicando que se encontraba bien, aunque optó por mantener su rostro tapado ante la requisitoria periodística.

Marcelinho construyó una diladata trayectoria en el fútbol: debutó como profesional en 1988 con el Flamengo, se mudó al Corinthians en 1994 y tuvo en 1997 un paso fugaz por el Valencia, con el que disputó solo seis partidos. Llegó a protagonizar cuatro partidos oficiales con la selección brasileña, con la que anotó dos goles.

En su retorno al Corinthians, el ex volante fue uno de los artífices del título en el Mundial de Clubes de 2000 y en sus dos pasos por el equipo paulista sumó 206 goles en 427 partidos, la mayoría de tiro libre y por eso su apodo de “Pie de Ángel”.

Antes de su retiro, el deportista actuó también en los clubes brasileños Santos, Vasco da Gama, Brasiliense, Santo André, en el Gamba Osaka de Japón y en Ajaccio de Francia. Después de su retiro en el Corinthians, en 2010 se graduó como periodista en la universidad Rio Branco e incursionó también en la vida política. En 2015, como suplente del diputado Márcio França, Marcelinho Carioca asumió brevemente un escaño en la Cámara cuando el titular renunció para disputar las elecciones al Gobierno de San Pablo.

A mediados de abril de este año, un vecino de la ciudad de Gálvez (departamento San Jerónimo) fue secuestrado por una banda que luego llamó a sus padres para pedirles una fortuna como rescate. Por el hecho -que afortunadamente finalizó con la liberación de la víctima ilesa- cayeron arrestados tres hombres que fueron procesados y puestos en prisión preventiva por disposición de la Justicia Federal. El fiscal del caso, el doctor Gustavo Onel, ahora dio por terminada la investigación y solicitó la elevación a juicio.

Los presuntos autores del secuestro extorsivo son Martín Uriel Quevedo (de 36 años), su hermano Franco Lionel Quevedo (de 35) y Jonatan David Oscar Petri (de 40), cuñado de los dos anteriores (está casado con la hermana de ellos).

Según la hipótesis fiscal, a principios de año los hermanos Quevedo (que se ganaban la vida realizando trabajos vinculados a la construcción: pintura, revestimientos de interiores, plomería, etc.) y Petri (un agente civil del Ejercito Argentino que prestaba servicio en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán) decidieron capturar a Nicolás Pablo Marconeto, el hijo de una reconocida familia de comerciantes de la ciudad de Gálvez.

Justicia Federal  Marconeto, que padece una discapacidad y tiene diabetes Tipo 1, volvía en bicicleta a su casa luego de trabajar en un boliche.

Onel asegura que en calle Maipú, entre avenida República y Corrientes, de Gálvez, el joven fue interceptado por Franco Lionel Quevedo y Martín Uriel Quevedo, quienes se desplazaban en un rodado gris, marca "Ford", modelo "Focus". Uno de los nombrados descendió del auto, cubrió la cabeza de Marconeto con una bolsa y lo empujó en la parte trasera del vehículo.

Marconeto fue trasladado hasta una vivienda en construcción que habría sido aportada por Petri, ubicada en la calle Miguel Pafundi S/N, manzana 16, lote 38, de la localidad de Andino, a unos 90 kilómetros de Gálvez.

Allí, la víctima permaneció cautiva, con sus manos atadas y la cabeza tapada, hasta el mediodía. Corresponde consignar que la vivienda en cuestión se hallaba registrada a nombre de la esposa de Petri y la propia víctima reconoció luego el lugar.

Las diligencias practicadas permitieron establecer que Petri se habría hecho presente en el inmueble de cautiverio en la mañana. Su auto fue captado por cámaras de vigilancia de la zona.

A partir de la madrugada, los captores realizaron varias llamadas telefónicas a los padres de la víctima, pero ellos dormían y recién atendieron cerca de las 7 de la mañana. Desde entonces y hasta cerca del mediodía, cruzaron varias conversaciones para exigir una suma de dinero por el rescate.

Los secuestradores pidieron en un principio 200 mil dólares, pero fueron bajando sus pretensiones hasta llegar a 5 millones de pesos. Finalmente, liberaron a Nicolás sin recibir nada a cambio, evidentemente asustados.

El fiscal sostiene que los captores "amenazaron y agredieron constantemente a la víctima, a quien le propinaron golpes en su cuerpo, provocándole lesiones leves, consistentes en contusión facial, herida cortante en labio superior e inferior y equimosis en ambos antebrazos y pierna derecha".

Alrededor de las 11.30 de ese mismo día, los hermanos Quevedo llevaron a Marconetto hasta una zona rural cercana a la localidad de Aldao, donde lo liberaron. Un camionero lo recogió y lo llevó a una comisaría cercana.

Lo tiraron arriba de un colchón con olor a nafta. Le dijeron que iban a matar a su familia si no pagaban el rescate. Lo querían obligar a dormir, pero él no pudo… tampoco probó bocado alguno de comida ni bebió mientras estuvo retenido contra su voluntad.

El fiscal Onel aclaró que los hermanos Quevedo fueron procesados en carácter de coautores del secuestro extorsivo, mientras que su cuñado Petri fue partícipe necesario del hecho.

Los captores utilizaron el teléfono de la víctima para comunicarse con sus padres. Los investigadores lograron determinar que durante esos llamados, el aparato se encontraba en la misma zona que los de los hermanos Quevedo, en distintos puntos del sur provincial.

Por otra parte, Martín Quevedo es titular registral (50%) del Focus que habría sido utilizado para captar y luego trasladar a la víctima.

Se transcriben a continuación algunas de las comunicaciones entre los padres de la víctima y los delincuentes:

Secuestradores (S): "Hola, que me conseguiste?"

Madre (M): "5 millones, no puedo más, porque no puedo pedirle a nadie, escúchame una cosa, ustedes donde están".

(S): "Vos andá saliendo con la plata esa, 5 millones de qué?"

(M): "De pesos, no tengo más querido, te estoy dando todo lo que tengo".

(S): "No no, no pero a mí no me sirve, vos me estas boludeando.

(...)

(M): "Hola, hola…"

(S): "Hola Señora se le terminó el tiempo señora, yo se que tiene más de esa plata, así que no estemos con vueltas".

(M): "Te estoy diciendo que no tengo más, si vos no querés que no le diga a nadie, yo no tengo más, me decís que se termino el tiempo, cómo hago yo, recibime esto te lo pido por favor, ustedes donde están, nos encontramos en ruta si querés".

(...)

(M): "Hola, hola…"

(S): "Se acabó el tiempo señora, se empeñó mas en rastrear el celular que en encontrar a su hijo, que tenga suerte…".

(M): "Estoy saliendo, estoy saliendo…".

(...)

(Padre): Hola…

(S): "Hola, conocés el ACA que está por la autopista la estación de servicio que va para Rosario?"

(P): "Para el lado de Rosario sí".

(S): "Cuando este ahí yo te llamo…"

(P): "a mí no me interesa la plata yo quiero verlo al Nico, yo te dejo el bolso y me lo cargo y me vuelo, vos no te preocupes por la plata…"

(S): "vos quédate tranquilo que tu hijo esta perfectamente bien…"

(...)

(P): "Hola.."

(S): "Hola, nosotros estamos en movimiento por dónde andan?"

(P): "yo estoy en el kilómetro… ahí te digo, me parece que en el kilómetro 80, espera que veo el cartel"

(S): "cuánto te falta?"

(P): "20 minutos más o menos, estoy en Monje, justo pasando Monje…"

(S): "en 20 minutos te llamo, cuchame las alertas, no diste ningún alerta verdad…"

(P): "Pero no, estamos mi señora y yo, yo estoy desesperado por la insulina del nene, déjalo en el Automóvil Ckub y yo te dejo el bolso y devolvemelo y yo me disparo para Gálvez".

(S): "te llamo en 20 minutos y te digo dónde te lo dejo al pibe, primero quiero ver el tema de la plata, no quiero correr riesgos, si está todo en orden al pibe lo vas a ver…"

(...)

(P): "Hola.."

(S): "Hola…"

(P): "Estoy parado acá con la camioneta blanca…hace un rato"

(S): "Cuchame deja la plata tirada en el puente Carcarañá abajo hay una calle, dejala tirada ahí"

(P): "No se cuál es Carcarañá"

(S): "Hay carteles, Hay un puente de Carcarañá, tu hijo esta en Ricardone camino de tierra que va Aldao"

(P): "Pará pará que no conozco nada, yo voy por la autopista…"

(S): "En el puente Carcarañá, abajo hay una calle tirá la plata ahí….y tu hijo esta en Ricardone camino Aldao…"

(P): "y cómo hago yo, tengo que entrar en Ricardone?"

(S): "sí entra en Ricardone…está ahí sentado en una orilla…"

Lotocki, a partir de los reclamos presentados por los abogados de la fallecida actriz Silvina Luna y otras víctimas que sufrieron graves problemas de salud tras ser operados: el actor y productor uruguayo Raphael Dufort y las argentinas Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefi Xipolitakis.

Herrera pidió la detención tras una solicitud presentada por el abogado Roberto Casorla Yalet, que representa a Dufort, y ahora el juez que interviene en la causa debe resolver si hace lugar o no a la medida.

La otra solicitud fue realizada por el fiscal general Sandro Abraldes sobre los planteos de las querellas de Pamela Sosa, con el patrocinio de Fernando Burlando; Gabriela Trenchi, asesorada por Nuria Drendak, y Stefanía Xipolitakis, con la representación letrada de los abogados Gonzalo Díaz Cantón y Agustín Mariano Maya.

En el escrito presentado ante Herrera, Casorla Yalet detalló que "habida cuenta los procesos pendientes, en particular las condenas que pesan sobre Aníbal Rubén Lotocki, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga de detención del denunciado".

Lotocki ya fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas Silvina Luna, quien murió hace dos semanas en el Hospital Italiano, pero permanece en libertad porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

El escrito fue presentado esta semana en la Fiscalía 29, a cargo de Herrera, que ahora pidió la detención por homicidio en grado de tentativa e hizo el requerimiento al Juzgado de instrucción 60, que aún debe resolver la solicitud.

Fuentes cercanas a Dufort afirmaron a Télam que esperan "que haya una resolución los primeros días de la semana que viene".

En el texto al que tuvo acceso esta agencia, la querella especifica, entre otros temas, que "el señor Aníbal Rubén Lotocki, no actúa en soledad".

"Tan grave es el hecho que nos ocupa que el material/sustancia que han ingresado en mi cuerpo tiene un origen desconocido y completamente ajeno al control de las autoridades sanitarias nacionales (Anmat-Ministerio de Salud de la Nación), pudiéndoselo calificar como veneno para el cuerpo humano", destacó el querellante en su presentación.

También mencionó "los problemas de salud" que le han generado "en un ineludible nexo causal, al igual que a la mayoría de las víctimas (por no asegurar al 100 por ciento)".

En la otra solicitud, el fiscal Abraldes, que participó del juicio oral contra Lotocki, especificó que "corresponde adherir a la petición de detención cautelar" solicitada por las querellas para "neutralizar un peligro de fuga".

También argumentó que "debe ponderarse que Lotocki cuenta con imputaciones existentes en otras tres causas judiciales, de similar tenor a los hechos por los que ya existe condena no firme".

Abraldes recalcó que "la prisión provisional solicitada por los acusadores particulares se advierte como la única cautela adecuada para disipar el riesgo de fuga inminente y real y al que Señor Juez no debe desatender", y destacó "la magnitud y gravedad de los ilícitos atribuidos (a Lotocki) y el severo pronóstico de pena para el caso de unificación" de las causas.

Por los argumentos mencionados, el fiscal general consideró que debe revocarse "la exención de prisión en atención a la existencia de nuevas circunstancias que exigen su detención y hacer lugar a la inmediata prisión cautelar de Aníbal Lotocki solicitada por las querellantes, con el objeto de asegurar su apersonamiento en el proceso hasta tanto la sentencia quede firme o sea revocada".

El abogado de la modelo Stefy Xipolitakis, Gonzalo Díaz Cantón, explicó a Télam que la situación judicial de Aníbal Lotocki "se agravó con la muerte de Silvina Luna, sumadas a dos causas más que tiene por homicidio".

El médico fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a sus pacientes Luna, Trenchi, Xipolitakis y Sosa.

"En esta causa tiene una condena de cuatro años de prisión efectiva. La constante aparición de nuevas víctimas y su defensa a ultranza de sus prácticas lo hacen peligroso a la vista de los resultados y la condena impuesta", precisó en comunicación telefónica con esta agencia.

Y advirtió que "la presunción de inocencia que lo mantiene en libertad tiene que ceder ante un peligro procesal que llamamos peligro de fuga", en coincidencia con el reclamo del fiscal Abraldes.

Por su parte, el abogado de Raphael Dufort, Roberto Casorla Yalet precisó a Télam que interpuso el pasado lunes "una denuncia por tentativa de homicidio calificado porque entendemos que fue un proceso de envenenamiento donde las circunstancias de una eventual mortalidad o de una eventual afección en la salud poco le importan a Lotocki".

Según el letrado, optaron por esta calificación "por los problemas que le provocó en la salud" a su defendido y recordó que "no había ninguna preexistencia ni comorbilidad desde el día que comenzaron las inoculaciones de esta sustancia maldita que tiene la costumbre de aplicar" el cirujano.

Por último, precisó que ratificaron "la denuncia ante el fiscal Lucio Herrera y en el día de hoy el fiscal solicitó -también- la inhibición general de bienes y la detención de Lotocki".

El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki "en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal" del médico que fue condenado a cuatro años de prisión por mala praxis, sentencia que fue apelada y por lo que goza de libertad ambulatoria.

Ese mismo día, amigos, colegas y otras personas que fueron operadas por Lotocki realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA), del barrio porteño de Monserrat, realizaron un minuto de silencio y otro de aplauso sostenido en homenaje a la recientemente fallecida modelo y actriz de 43 años.

"En virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal de Lotocki, en el día de la fecha estamos pidiendo su detención, porque cuando fue condenado no tenía los antecedentes que hoy tiene, antecedentes que hablan de causas abiertas y otras investigaciones", aseguró el letrado en diálogo con la prensa.

 Al menos quince personas resultaron heridas el viernes por la noche debido a una explosión en una discoteca de Lima, Perú. Entre las víctimas hay dos menores. Según medios locales, el incidente, que ocurrió en una zona muy concurrida y comercial, habría sido un intento de extorsión.

Los informes iniciales indican que la explosión que ocurrió poco después de las 20 en el local Xander’s podría haber sido causada por una granada, ya que varios heridos presentaban esquirlas incrustadas en sus cuerpos.

Cámaras de seguridad grabaron el momento de la explosión y los momentos de pánico entre los transeúntes. Varias personas quedaron tendidas en el piso en medio de charcos de sangre. Los heridos fueron trasladados al hospital Bravo Chico, hospital de San Juan de Lurigancho y diversas clínicas de la zona.

Según lo informado por las autoridades, la discoteca se encontraba cerrada, por lo que las personas que esperaban afuera para ingresar resultaron heridas. Se cree que fue producto de delincuentes quienes habían lanzado un artefacto explosivo.

En la discoteca Xander’s se iba a realizar el Fest Salsicumbia 2023 con la participación de “Chechito y los Cómplices de la Cumbia”, una agrupación que semanas atrás anunció su retiro de los escenarios tras ser víctima de extorsión.

Según dijo el productor de la banda al diario El Comercio, las intimidaciones comenzaron hace dos semanas a través de mensajes de WhatsApp en los que envían fotos de sus familiares. Agregó que al principio no les dio importancia, pero hace unos días llegó a su casa una carta en la que le exigen el pago de 30 mil soles para evitar atentar contra sus vidas.

“Es algo exorbitante, nosotros no tenemos ni dos meses. No sé de dónde sacan que podemos hacer ese tipo de depósito a estos tipos de personas”, dijo el dueño de la agrupación a América Noticias.

Roger Pérez, jefe de la Policía de Lima, aseguró que pese a los daños ocasionados, no hay ninguna persona herida de gravedad. Además, agregó que la falta de cámaras de seguridad en la zona dificultan el trabajo de los efectivos para encontrar a los responsables.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) pidió que se declare en emergencia a ese distrito tras la explosión y en medio de una ola de robos y extorsiones, algo que fue rechazado por las autoridades ya que consideran que no sería una solución inmediata al problema.

A Daiana Micaela Leguizamón le dicen “La Diabla” y hasta el lunes estuvo en prisión domiciliaria en una causa federal por narcotráfico. Es la hermana de Brisa Leguizamón, la mujer que protagonizó la llamada “boda narco” de Ybarlucea que el año pasado terminó en el triple crimen de una pareja y su hija. Hace dos días quedó detenida cuando una comitiva policial llegó a su casa de San Nicolás en el marco de más de cuarenta allanamientos por extorsiones de Los Monos a una cadena de loterías de Rosario. No sólo porque la evidencia la ligaba a Ariel “Guille” Cantero, sino por la manera extrema en la que logró deshacerse de evidencia: manoteó un comprometedor chip de celular que estaba secuestrado sobre una mesa y se lo tragó.

Acusada de realizar triangulaciones telefónicas para que Guille pudiera hablar por teléfono desde su celda en la cárcel federal de Marcos Paz, “La Diabla” integra la lista de nueve personas que afrontarán una causa penal por violentas extorsiones a una agencia de loterías en una audiencia prevista para este lunes. Una saga que incluyó balaceras, incendios y el uso de bombas molotov.

La investigación basada en escuchas telefónicas derivó en 43 allanamientos simultáneos del lunes pasado en Funes, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en centros penitenciarios federales y provinciales. Se secuestraron once armas de fuego, cinco vehículos de alta gama, dos motos y dinero: 3 mil dólares y un millón de pesos.

Al frente de los implicados está Guille, quien ya acumula condenas por 113 años y 8 meses de cárcel. Un monto imposible de cumplir porque el tope legal es de 50 años de encierro. La condena más reciente fue hace menos de un mes, el 25 de agosto, cuando recibió 17 años de prisión como instigador del ataque extorsivo al Casino City Center. Un atentado del de enero de 2020 en el que murió el apostador Enrique Encino, baleado en la cabeza cuando fumaba en un balcón y desde una moto dispararon al edificio.

De los nueve acusados, cuatro ya estaban presos y los otros cinco fueron detenidos el lunes en el operativo que ordenó el fiscal de Balaceras Pablo Socca. La investigación se originó ante una denuncia de extorsiones, ataques a tiros e incendiarios cometidos desde 2021 contra una agencia de quinielas que cuenta con más de diez sucursales en Rosario. Según trascendió, el dinero solicitado por el grupo extorsionador rondaba el millón y medio de dólares.

Fueron cuatro ataques incendiarios y una balacera, además de una descarga de disparos contra el domicilio particular de una persona encargada de la firma. Los hechos más recientes de esa saga fueron en junio pasado. El jueves 1º rociaron con combustible el frente de un local de Jujuy al 2300 y luego le prendieron fuego. El miércoles 7 dejaron una nota con el nombre del dueño en un local de Mendoza al 4200 y pidieron que se comunicaran con “la mafia”.

A la cabeza de los detenidos que sumarán una acusación está Guille, condenado como jefe de Los Monos entre tantas otras causas. Otro es Andrés Bladimir “Colo” Navarro, detenido en agosto de 2021 como parte de la banda de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez en barrio Tablada. Le imputaron entonces un intento de homicidio de enero de 2021 al mecánico Carlos Argüelles. Un ladero histórico del empresario narco Esteban Lindor Alvarado que luego declaró en su contra y finalmente fue asesinado a tiros frente a su familia en septiembre de ese año.

Otro es Brian Díaz, condenado a 5 años de prisión y hermano de Maximiliano “Cachete” Díaz, quien el mes pasado fue condenado a 29 años de cárcel por el crimen en City Center y como organizador de una asociación ilícita. El último en la lista de los presos es Kevin Moreno, también ligado a los mensajes extorsivos.

Entre los detenidos en los allanamientos del lunes está Mariana Ortigala, ex asistente de Alvarado que se distanció de él, declaró en su contra en el juicio del año pasado y buscó protección en Los Monos tras sobrevivir a más de treinta balazos de un ataque de sicarios en marzo de 2020. Otros son su marido Rodolfo Sebastián Felipe y su supuesto colaborador Gonzalo Sarmiento. A ellos se suma Lorena Córdoba, detenida en el Hotel Faena de Buenos Aires. Es la viuda del llamado “rey del juego” de Rafaela, David Alejandro Perona, quien falleció en 2021 por coronavirus.

Por último, en su casa de San Nicolás fue detenida La Diabla Leguizamón. Es madre de un bebé y cumplía arresto domiciliario en una causa federal en la que está acusada de integrar la banda narco de Olga Beatriz “Tata” Medina en la zona norte rosarina. Su hermana Brisa también está implicada en esa causa y fue la “novia” del casamiento narco de Ybarlucea. Un festejo en el que se registró un triple crimen el 29 de enero del año pasado. Luego de la trágica boda Brisa se mantuvo prófuga y fue detenida junto a su marido Esteban “Pinky” Rocha en enero pasado en la capital de Paraguay.

Leguizamón aparece en las escuchas como quien “triangulaba” llamadas con Guille Cantero. Es decir, su teléfono funcionaba como una suerte de puente: en medio de una conversación con Guille añadía a la llamada a una tercera persona, de manera que ese número quedaba fuera del radar de los investigadores.

El lunes, cuando los policías habían terminado de allanar su casa y disponían celulares y chips sobre una mesa a fin de consignar en el acta los números de tarjeta SIM, La Diabla se zafó de las esposas, saltó de la silla y fue corriendo hasta la mesa. Manoteó un chip considerado clave en la pesquisa y se lo tragó. Es por esto que, además de su intervención en la trama extorsiva, será imputada por obstaculizar la actuación policial, la destrucción de pruebas y las amenazas al personal.

La causa por intento de extorsión agravada se divide en dos tramas. Una que duró dos años, entre 2021 a 2022, y otra por los hechos más recientes de este año. En las dos aparece Guille a la cabeza. En la primera secuencia estarían implicados al menos Ortigala, Felipe y Córdoba. Brian Díaz estaría ligado a la segunda. Además, Ortigala y su marido deberán responder por el hallazgo de dos armas de fuego en su casa del barrio Funes Town.

Un joven de 33 años oriundo de Villa Cañás fue víctima de una estafa bajo la modalidad de extorsión sexual y les transfirió a delincuentes 200.000 pesos. El hecho fue denunciado en la jornada del martes en sede de la Comisaría 6°, y por el momento no surgieron novedades en relación al caso.

La metodología utilizada se hizo muy conocida en los últimos años, aunque se potenció en la pandemia. Todo comenzó el 5 de julio en la red social Facebook, cuando el damnificado (Alejandro) conoció a una joven de nombre Macarena R., con quien comenzaron a chatear, para posteriormente seguir intercambiando mensajes vía WhatsApp. La conversación fue avanzando en confianza y decidieron dar un paso: intercambiar fotos y videos íntimos “subidos de tono”.

El 8 de julio el joven recibió un llamado telefónico de un número con característica 223 (zona de Mar de Plata) donde una persona se identificó como Alejandro Darío Torres, comisario de la DDI, asegurándole que se encontraba con los familiares de una menor de edad con la que él estuvo chateando. Paso seguido, le expresó que para evitar problemas judiciales debía realizar una transferencia por Mercado Pago de 50.000 pesos, y de esa manera evitarían que se radique la denuncia. La víctima accedió al pedido, pero la extorsión continuó y depositó 150.000 pesos más a una cuenta a nombre de Rubén Alejandro L.

Posteriormente recibió una nueva llamada telefónica de un sujeto que se hizo pasar por el fiscal Blanco de la Unidad Fiscal N° 1 de Mar del Plata, quien repitió el mecanismo con el objetivo de hacerse de dinero. Pero en esta oportunidad el damnificado decidió bloquear los números y radicar formalmente la denuncia.

En sede policial aclaró que borró las conversaciones sostenidas con la supuesta chica, aunque presentó captura de pantalla de las transferencias realizadas. 

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, quien por el momento caratuló el caso como “estafa y extorsión”.

Una casa ubicada en Pasco al 7600 fue atacada a tiros en la madrugada de este miércoles. Según relató el hombre de 43 años que vive allí, el autor de los disparos fue un sicario que le dijo que acababa de salir de prisión y que él vivía ahí, donde además vendía droga.

De acuerdo a la denuncia radicada por la víctima ante la comisaría 32ª, cuatro sospechosos fueron hasta su domicilio, y cuando atendió uno de ellos le exigió el pago de medio millón de pesos por estar en la casa donde él vivía antes de ser detenido.

Como el hombre que vive en Pasco al 7600 le pidió los papeles de la casa, el delincuente le respondió que no tenía, le sugirió que no llame a la Policía y le comentó que portaba una ametralladora.

Cuando la víctima entró nuevamente a su casa escuchó tres disparos que dieron en el tapial y en el portón de la propiedad.

La esposa de Alexander Williams Tapón denunció este martes que su marido estaba agobiado por el intento de extorsión que había recibido de Ariel Paniagua, el árbitro al que había agredido durante un partido de fútbol que disputaba en el complejo deportivo con canchas de césped sintético llamado “Estación 98″, en el partido de Avellaneda.

“Si, le pidió 300 mil pesos para no hacerle la denuncia. Fue a través de un llamado desde un número privado”, aseguró este martes Agustina, la mujer de Alexander Williams Tapón, al ser consultada por esta versión.

Con el correr de las horas fue difundido un audio en el que consta, de boca de Paniagua, que pretendía que Alexander Williams Tapón le pagara el dinero que él no había podido cobrar tras el ataque sufrido en la cancha.

"No, Maxi, la mejor con vos, te agradezco por tu preocupación. Entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores pero jamás le falté el respeto así de querer ir a pegarle", le djo el árbitro a su interlocutor.

"Me pudo haber matado, esa es la piola. Todo el mundo que ve el video y te muestro los mensajes que me llegan: todos me dicen 'hacele la denuncia, lo arruinan'. Yo no quiero eso, ¿me entendés? Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau. Que se termine todo esto, porque también me estoy rompiendo la cabeza con todo esto", agregó.

Paniagua se refirió de manera explícita a su motivación económica para pedirle los supuestos $ 300.000 que denunció la viuda de Alexander Williams Tapón.

"Tengo unas cuentas que pagar, no las pude pagar por eso, por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno y al final salió todo mal. Pero bueno, no es culpa tuya, no es culpa el equipo, es culpa de él. Así que ni bien te conteste... Yo le doy hasta la tarde a que se comunique conmigo. Sino a la tarde - noche ya voy a tener que ir a hacer la denuncia. Me está apurando el abogado", sentenció.

Así fue la extorsión del árbitro a Alexander Williams Tapón

Avisenle a Cristina Perez , la periodista dependiente, de telefe , que el arbitro que ella tanto defendia , fue tambien causal de la muerte del futbolista agresor que ella tanto defenestro !!!Extorsion por 300.000 pesos👇 pic.twitter.com/usgjybqpA7

Tres personas quedaron demoradas este miércoles en una redada por extorsiones a comerciantes rosarinos; puntualmente, a peluquería y a pyme metalúrgica. En los allanamientos secuestraron dos millones de pesos y tres personas quedaron demoradas

Una saga que comenzó en diciembre y llega hasta estos días. Las víctimas sufrieron tres balaceras en la zona noroeste y el pedido de 100 mil dólares por protección .

Tres personas quedaron demoradas este miércoles en una redada por extorsiones. Una de ellas es una suboficial de Policía en disponibilidad a la que personal de la Agencia de Control Policial (ACP; ex Asuntos Internos) le secuestró 2 millones de pesos en efectivo. El fiscal Federico Rébola investiga una serie de aprietes a un empresario pyme radicado en zona noroeste, que sufrió tres balaceras desde diciembre y notas mafiosas amenazas a sus nietos.

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Uno de los procedimientos de este miércoles tuvo lugar en Guatemala al 300 bis, de donde personal de Balaceras de Agencia de Investigación Criminal (AIC) se llevó demorado a un hombre de 66 años y secuestró un revólver 32.

En tanto, en calle Casilda al 7400, fue demorada la suboficial Aldana B. y Darío S. El fiscal pidió el secuestro de 900 dólares y poco más de dos millones de pesos hallados en poder de los sospechosos.

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Según deslizaron voceros de la AIC, Aldana B. se encontraba en disponibilidad, aunque las fuentes no se explayaron sobre los motivos.

Las víctimas poseen una peluquería, pero también una pyme de revestimiento y trabajos de metales en general ubicada en un galpón de Méjico al 148. Este emprendimiento fue blanco de balazos en la madrugada del 15 de junio. Jorge, el damnificado, salió a enfrentar las cámaras de televisión y dijo que no era la primera vez que sufría este tipo de aprietes. El martes, dos días antes, habían atentado contra su casa en Arévalo al 7100.

El dueño del local baleado esta madrugada denunció que es víctima de intimidaciones y balaceras desde diciembre de 2022.

Desde diciembre que comenzó a recibir amenazas en su casa y el galpón que tiene a la vuelta. Después de insistir la Justicia le dispuso una custodia, que duró un mes y esta semana sufrió una balacera contra el frente de su casa y otra contra el galpón donde trabaja.

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Un comerciante de la zona noroeste de Rosario vive una verdadera pesadilla desde mediados de diciembre. El hombre, que hace 60 años vive allí, recibió en su casa una nota amenazante en la que le exigían 70 mil dólares y le dejaron una bala como advertencia. Según contó Jorge, las amenazas se extendieron durante todo este tiempo y sólo frenaron cuando le pusieron custodia policial. Pero la consigna estuvo un mes y luego se retiraron.

Esta semana los extorsionadores escalaron el nivel de violencia y balearon tanto el frente de su casa como el galpón en el que trabaja y tiene 16 empleados. “Me dejaron una nota con la foto de mi familia pidiéndome 100 mil dólares. Pusieron la cantidad de nietos que tengo y me dijeron que primero los iban a matar a ellos y después iban a seguir con nosotros”, relató.

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“Estoy desesperado, no sé qué hacer ni para donde disparar. Los empleados no quieren entrar a trabajar porque tienen miedo. Pero para que dejen de trabajar los tengo que indemnizar ¿dónde saco la plata para indemnizarlos?”, sostuvo.

Con respecto al dinero que le pidieron, Jorge aseguró que ni vendiendo todo lo que tiene, llega a cubrir ese monto. “A parte no es la solución, porque si lo pago me van a pedir más. L. Justicia me dice que están investigando y que van a ver qué pueden hacer”, contó desesperado.