El estado argentino podría enfrentar pagos de indemnizaciones de hasta USD 20.000 millones.

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, eximió de responsabilidad a la compañía pero culpó al Estado. Hay dos instancias para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía.

Finalmente, luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.

La decisión fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas –que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas–, y cuyos derechos fueron reconocidos hoy por el tribunal.

Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

Justicia de EEUU suspende juicio por la expropiación de YPF

Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre 8.500 millones de dólares y hasta unos 20 mil millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.

Luego de conocerse el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento. El papel de YPF, en tanto, tenía un alza de 2 por ciento.

En este caso había varios pedidos de “juicio sumario” –que en la justicia de EEUU discute derechos y no hechos, o sea las responsabilidades– para determinar los niveles de culpabilidad de YPF y del Estado y también de los montos a compensar. Preska dijo que YPF no es responsable, pero que Argentina sí. Resta establecer cuál será el monto del daño provocado, algo que se determinará en el juicio. “En resumen, el Estado está condenado y tendrá que pagar. Hay apelaciones y cuando quede firme, el juicio puede tardar… un año, al menos”, destacó una fuente cercana a la causa.

“Argentina perdió, pero YPF ganó. Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera a la empresa del caso y fue cautelosa porque no puso el número pero fijó lineamiento para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías”, resumió el analista Sebastián Maril.

Expropiación de YPF: EE.UU. rechazó un pedido para traer el juicio a Argentina

“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”, comentaron desde la empresa.

La expropiación fue una decisión política tomada hace una década que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.

Preska demoró la decisión casi 280 días desde que las partes involucradas –el Estado, la empresa y un estudio inglés que fue comprando el derecho a litigar de los supuestos perjudicados– terminaron de presentar sus argumentos y responder los de la contraparte. Aunque suene extraño a esta altura y luego de tanto tiempo, vale la pena recordar que hasta el momento la causa estaba en una etapa prejudicial.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.

La trama judicial concitó particular atención política en los últimos meses –en medio de un fuerte contexto de escasez de dólares– por las posibles implicancias económicas que podría tener un fallo final adverso.

Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa.

Se trata de 26 familias que viven en la zona norte de Santo Tomé, conocida como la “Vía Muerta”. Las mismas contarán con nuevas viviendas y serán reubicadas en terrenos linderos a su localización actual.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) llevó adelante el proceso de expropiación de un terreno de tres hectáreas -declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por resolución N° 0370 de la DPVyU-, lindero a la actual localización de 26 familias que están asentadas sobre la traza por donde circulará el Belgrano Cargas.

Se concretó la primera reunión técnica del Circunvalar Santa Fe

Al respecto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, indicó: “Cuando firmamos con la Nación el convenio para ejecutar la obra del Circunvalar, correspondía al gobierno provincial liberar las trazas por donde estaba definido el paso del tren. Esa tarea, comprendía un conjunto de acciones que tenían que ver con relevar el circuito del Circunvalar, detectar su estado de situación, y de estar ocupado por familias, trabajar con ellas en su reubicación”.

Perotti y Guerrera dieron inicio a la obra del primer circunvalar ferroviario del país

“Por eso -continuó- en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo llevamos adelante, junto al señor Luis Sphan, la firma de los documentos de expropiación de los terrenos que permitirán reubicar a las familias que actualmente viven sobre la traza, y así cumplir con el compromiso que asumimos con la Nación, para que pronto el circunvalar sea una realidad”.

A su turno, el propietario de los terrenos lindantes a la traza, aseguró: “Creo que uno tiene responsabilidades públicas y sociales y cuando puede ser parte de una solución, nos ponemos a disposición. En este caso, entendemos que nuestros terrenos fueron indicados como los más apropiados para reubicar a estas familias, y no hemos tenido objeciones sobre los valores propuestos, así que estamos felices de ser parte de la solución del problema”, concluyó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que se enviará a la Junta Departamental un paquete de leyes para expropiar terrenos con el objetivo de implementar “alquileres sociales”.

Berlín votó a favor de expropiar 240.000 viviendas en manos de grandes propietarios

“Hace un año que asumimos y hemos hecho un relevamiento de todos los padrones que tienen una deuda mucho mayor al valor del terreno, eso está en condiciones de ser expropiado”, explicó Cosse, y agradeció al equipo que realizó una investigación exhaustiva para identificar todos los terrenos en la capital.

Alberto Fernández anuló por DNU la intervención y la expropiación de Vicentin

La jefa comunal sostuvo que estos terrenos baldíos y casas vacías se juntaron en “un paquete masivo” y apuntó que estas propiedades “hace tiempo están en condiciones de expropiación”.

Los trabajos se realizarán bajo tres pautas; en primer lugar, algunos se sumarán a la cartera de tierras que destina la Intendencia para las cooperativas de vivienda que lo soliciten. Otros terrenos se acondicionarán para convertirse en espacios públicos.

Asimismo, una tercera línea de acción será “tratar de hacerle un mínimo reciclaje, de manera de convertir una casa vacía en dos o tres apartamentos, y a partir de ahí, (destinarla) al alquiler social”.

“La ventaja que tiene esto es que estamos aprovechando la sociedad consolidada. O sea que estoy rehabilitando casas que están en lugares que ya tienen saneamiento, espacios con servicios”, señaló la funcionaria.

En septiembre pasado, más de un millón de personas votó en Berlín, la capital de Alemania, a favor de expropiar 240 mil viviendas a las grandes inmobiliarias de la ciudad, con el objetivo de que empiecen a ser administradas por el Estado.

La medida busca regular la suba de precios en una de las ciudades donde es más costoso alquilar una vivienda. Tiempo atrás, Berlín congeló el precio de los alquileres por cinco años.

Desde que se votó a favor de la expropiación, Deutsche wohnen & co enteignen (Expropiar a Deutsche wohnen y compañía), la agrupación que impulsó el referéndum no vinculante, impulsa marchas hacia las sedes de los partidos que integrarían la nueva coalición gobernante en Berlín: socialdemócratas (SPD) que obtuvieron el 21,4 por ciento de los votos, Los Verdes con 18,9 por ciento y Die Linke (izquierda) con 14 por ciento.

Los habitantes de Berlín, una ciudad donde el 85 por ciento de las personas son inquilinas, votaron masivamente a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias que tengan más de 3.000 departamentos (como Deutsche wohnen, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstaden, Pears Global, TAG Immobilien).

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la expropiación de Vicentin continúa como una posibilidad, aunque aseguró que sigue en “la búsqueda de un solución acordada”.

Al referirse a la propuesta presentada, alertó: “Si el juez me dice que no, nosotros estaríamos obligados (a expropiar), porque no hay otra solución”.

“Con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, nos pusimos a ver alternativas”, destacó y argumentó: “Me pedían que escuchara una opción y escuché una que me garantiza que los que llevaron a la debacle a la empresa, salgan de la administración ya, que sean removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a Vicentin”.

De ese modo, apuntó: “Nosotros no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa porque son los causantes del problema”.

La medida se prolonga por 60 días y el plazo puede extenderse. El fallo surge a partir de un reclamo del directorio de la empresa.

Este viernes por la mañana se conoció el fallo del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini en el que ordenó restituir al directorio del Grupo Vicentin.

La medida se prolonga por 60 días y el plazo puede extenderse, hasta tanto se expidan el interventor dispuesto por el Gobierno y la sindicatura.

El fallo surgió a partir de un reclamo de la compañía, para cuyos directivos “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.

El magistrado, además, decidió que, por el momento, el interventor tendrá un rol de “veedor”.

También se declaró incompetente respecto al pedido inconstitucionalidad del DNU que intervino la firma.

En un nuevo fallo, el juez de la convocatoria de Vicentin acaba de disponer que "los administradores naturales" de la empresa (los elegidos en la última Asamblea) "continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma".

— Juan Chiummiento (@juanchiummiento) June 19, 2020

Tal como sucedió la semana pasada, la ciudadanía de Avellaneda, en el norte de la provincia, se movilizará para expresar su rechazo a la decisión del gobierno de intervenir la empresa Vicentin, y avanzar con la expropiación de la misma.

Hasta el momento se desconoce en qué momento se enviará el proyecto de expropiación al Congreso de la Nación, en medio de un clima de tensión por el alto rechazo que la medida que impulsa Alberto Fernández tiene por parte de los sectores de la cadena agroindustrial.

Si bien tras la reunión en Olivos entre el Presidente y el CEO de Vicentin, surgió la posibilidad de presentar “alternativas superadoras” a la expropiación, como aseguró el gobernador Omar Perotti, al día siguiente de dicho encuentro el propio Fernández salió a decir que la expropiación era “el único modo de recuperar a la empresa”, a pesar que está muy complicado para el oficialismo conseguir los votos, especialmente en la Cámara de Diputados de la Nación, para aprobar la propuesta del gobierno.

Es por eso que en los últimos días se intensificaron las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformar una empresa mixta, que involucre a varios actores del movimiento cooperativo y también de las pymes agropecuarias de Santa Fe.

El propio ministro de Agricultura, Luis Basterra, confirmó que existieron conversaciones para lograr conformar una empresa mixta, con varios actores participando de la misma y con YPF Agro. Por otro lado, aseguró que no estaba al tanto del anuncio del presidente sobre la expropiación de la empresa, aunque dijo haber formado parte de una instancia de diálogo donde se analizó la posibilidad del rescate de Vicentin.

“Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. Esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití. El instrumento y la oportunidad, no. No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida”, aseguró Basterra en declaraciones radiales.

Es cada vez más visible que en el oficialismo los que promueven la expropiación de Vicentin son los sectores vinculados al kirchnerismo, y que hay otros actores del gobierno que buscan presentar a Alberto Fernández una “alternativa superadora”, con el aval del gobierno de Santa Fe y de representantes del sector privado, con el convencimiento de que es muy complicado que el Congreso de la Nación avale la expropiación como se está planteando desde la semana pasada.

Movilización

Con este panorama de elevada incertidumbre, este martes a las 8hs, en Avellaneda, la comunidad se concentrará en la Calle 14 y Av. San Martín, para decir “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas”. Se realizará un “bocinazo” desde la sede central de Vicentin hasta el Juzgado donde se tramita la convocatoria de acreedores de la empresa. La consigna de la movilización será: “Defendamos lo nuestro, Defendamos la República”.

Horas después del anuncio realizado por Alberto Fernández hace una semana atrás, la población de Avellaneda salió a las calles a manifestar su descontento con la medida. “No estamos de acuerdo en expropiar la propiedad privada. El país se ha desarrollado en base a empresas como Vicentin, y es nuestro recurso humano que ha hecho grande a la región, y nosotros tenemos que defenderlo más allá que podamos opinar igual o no en algunas cuestiones”, manifestó en ese momento el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín.

Por su parte, los integrantes de la Sociedad Rural de Reconquista, en un comunicado de prensa, expresaron: “No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón. No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia. Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación”.

Horas después de la reunión en Olivos con las autoridades de Vicentin, el Gobierno confirmó esta mañana que avanzará con la expropiación de la empresa agroexportadora.

“El Presidente fue muy claro: hoy no hay otra alternativa más que la expropiación “, dijo el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a radio El Destape. “Si se encuentra otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea”, agregó.

Sobre el diálogo abierto con “el CEO y gerentes de Vicentin ya sin funciones”, Basterra señaló: “No están en muchas posibilidades de negociar con una empresa que debía tantos millones de dólares y en riesgo de quedar transnacionalizada”. “Esto no es una pulseada; el objetivo es que Vicentín no se desguace”, agregó.

Ayer, el presidente Alberto Fernández postergó el envío del proyecto de expropiación al Congreso y se comprometió a analizar junto a las autoridades de Vicentin alternativas que garanticen el rescate de la empresa y la continuidad de su operatoria en manos de capitales nacionales.

Sin embargo, esta mañana, según citó la periodista Cynthia García en su sitio web, el mandatario ratificó que “la expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa”. “No hay otro modo”, dijo Fernández en la entrevista.

“Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un ‘acuerdo’ con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente “, expresó el mandatario. En ese sentido, señaló que las autoridades de Vicentin “saben que no tienen aire y que sólo el Estado puede socorrerlos, pero quieren ‘acordar’ con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos “.

Reunión Ayer, Fernández y parte de su equipo recibieron durante dos horas a Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, y otros directivos de la firma, que le llevaron una propuesta para evitar la expropiación. El plan era transferir el control de la compañía a YPF y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El Gobierno lo rechazó, pero se comprometió a analizar una iniciativa superadora. Mientras tanto, el proyecto de ley no se enviará hasta que concluyan las negociaciones.

“El Presidente ha sido muy claro, su objetivo es el rescate de la empresa, está en un proceso donde [la expropiación] es un mecanismo, pero el diálogo ha surgido. Si aparecen alternativas superadoras, el Presidente está dispuesto a escuchar “, dijo anoche el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, tras participar de la reunió en Olivos.

Otra de las opciones que se puso sobre la mesa es que se avance con una expropiación parcial.

Tras el encuentro, la empresa emitió un comunicado en el que manifestaba su desacuerdo “con el procedimiento de expropiación, que el Presidente considera adecuado para tal fin”.

Estaba previsto que el diálogo entre el Gobierno y Vicentin continuara hoy, en una reunión entre los dueños de la empresa; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.

El Gobierno concretó ayer la intervención de Vicentin, que había sido dispuesta por Alberto Fernández el lunes pasado. El plan oficial es la posterior expropiación de la empresa, en plena convocatoria de acreedores y con una deuda de más de US$1500 millones.

Luego de anunciar la intervención y su deseo de expropiar Vicentin, el Gobierno comenzó una negociación más dialoguista buscando que la justicia avale el proceso. 

El lunes en una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández manifestó que enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar la compañía agroexportadora. No obstante, desde el ámbito jurídico advirtieron que violaba la independencia de poderes, ya que al estar en concurso de acreedores hay un juez a cargo de la causa y es a él a quien le compete decidir la intervención.

Esto se suma a la reacción popular posterior al anuncio: cientos de personas salieron a protestar contra la intervención, principalmente en Avellaneda y Reconquista, las dos ciudades santafesinas que tienen su vida económica marcada por Vicentin.

Este panorama aleja las chances de un desembarco hostil en la cerealera. Incluso fuentes del sector aseguran que la expropiación podría mutar en un salvataje consensuado de la empresa en el que la asociación con YPF Agro sea una pieza central.

Para avanzar en estas posibilidades, Alberto Fernández habló por teléfono con Sergio Nardelli, el CEO de la empresa, y lo invitó a que lo visite este jueves en Olivos.

Otro elemento de peso para bajar el tono del conflicto fue la reacción negativa de los mercados. El martes los bonos y las acciones argentinas cortaron el rally positivo que traían ante las perspectivas de llegar a un acuerdo por la deuda. Con las puntas de la negociación todavía abiertas tensar la cuerda por la expropiación no parecía el camino más acertado.

A esta línea dialoguista se le sumaron otras jugadas de fondo destinadas a allanar el camino judicial. La decisiva fue encarada por el Banco Nación, el principal acreedor de Vicentin. Los abogados del banco presentaron un escrito ante el juzgado Civil y Comercial número 2 de Reconquista, a cargo de Sergio Lorenzini, en el que apoyan la designación de los interventores.

A su vez, Vicentin hizo su aporte a una solución “amigable” a través de un comunicado en el que en lugar de cuestionar la intervención le pide al juez que tome parte en ella. “La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del Juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, admite que la intervención de Vicentin SAIC puede ser un camino para encarar una salida consensuada, pero rechaza la posibilidad de expropiación e instó a que se respete el federalismo.

“El federalismo se observa en hechos concretos, en hechos reales” le dice a El Litoral. Además considera que “el concepto de soberanía alimentaria debe pasar por cuidar a nuestros productores y a nuestras empresas”.

“Es necesario encontrar una salida de consenso y no de confrontación” repite después de seis meses de negociaciones e involucramiento del gobierno provincial para buscar una solución en Vicentin que implique preservar las fuentes laborales, la firma que es de capitales santafesinos y abonarle a los productores, cooperativas y acopiadores a los que la empresa norteña dejó de pagarles a principios de diciembre.

Al ministro no le gusta la salida elegida por el gobierno nacional. Admite que se enteró del contenido siguiendo la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, el ministro Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y de Gabriel Delgado de quien tiene un muy buen concepto profesional y humano.

“Yo juré por los santafesinos” recuerda para destacar que Vicentin es una empresa santafesina con mucha trayectoria y que tuvo problemas en el último año. “Si los empresarios cometieron errores que los juzgue la justicia, pero la empresa está en Santa Fe y como tal debemos intentar preservarla por el grado de integración que tiene” señala. Pondera muchas de las virtudes que tuvo el grupo como la innovación tecnológica, la generación de empleos, la transformación de alimentos. “Desde los puertos de Santa Fe sale el 80% de la producción de granos del país y me parece que tenemos que opinar a la hora de que se define la situación de una empresa” una de las cuatro exportadoras de agroalimentos de capitales nacionales.

Como dato, aporta que la deuda estimada de Vicentin es de 1.350 millones de dólares, equivalentes al aporte anual de retenciones por ventas al exterior desde Santa Fe. Un dato que no debería ser ajeno a los legisladores santafesinos.

Costamagna mantuvo decenas de reuniones -por indicaciones de Omar Perotti- para buscar una salida a Vicentin. Reconoce que la idea fuerte fue transformar la empresa en una cooperativa donde otras cooperativas como ACA y AFA hubieran estado jugando. “El esquema cooperativo nos pareció una salida interesante, ensayamos esa salida y tenía mucho apoyo” acota y recalca que siempre eso se hacía con el respaldo de los accionistas de Vicentin. “Queremos preservar los empleados, que cobren los acreedores, que la empresa siga en territorio santafesino y si es posible en manos de santafesinos”.

El otro camino elegido era la asociación con YPF. Hubo reuniones entre los accionistas y directivos de la petrolera. “Le pedimos una reunión a Matías Kulfas para analizar esta posible asociación, pero el viernes últimos nos cortaron los teléfonos. El lunes nos enteramos de la decisión de la intervención y de generar un fideicomiso en el que YPF Agro sea el fiduciario” se lamenta.

El gobierno provincial siempre evitó hablar de desguazar Vicentin, firma que se diseminó por rubros estratégicos para la provincia como cereales, carnes, leche y algodón. “Ojalá el país tuviera muchos empresas emprendedoras como fue ésta” se lamenta. En el medio no deja de reconocer la predisposición de los responsables de la firma de resolver la situación y de retirarse del mercado pero con la empresa encaminada.

El ex secretario de Comercio del gobierno kichnerista se refirió a la expropiación de la empresa, y manifesto que si bien el Presidente “tiene facultades para pedir la expropiación” de la compañía, “no la puede intervenir porque está en convocatoria de acreedores”.

El ex secretario de Comercio del gobierno kirchnerista, Guillermo Moreno, dialogó con el programa A Diario (Radio 2) y habló de la determinación de Alberto Fernández de solicitar al Congreso de la Nación la expropiación de Vicentín, compañía de agronegocios. Sobre este tema, comentó que el presidente “puede solicitar la expropiación”, pero aseguró que “de ninguna manera puede intervenir la empresa, porque está en convocatoria de acreedores”. Además, polemizó que se arme un fideicomiso a través de YPF Agro.

“Yo puedo opinar en base al anuncio del presidente, porque hasta el momento el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial”, inició.

Moreno señaló que Alberto Fernández “dijo algo que tiene todo el derecho de decir, que es que va a expropiar Vicentín”, pero que “la expropiación solamente se puede hacer por ley”, por lo que para que el proyecto se convierta en ley tendrá que pasar por las cámaras de Diputados y Senadores.

“Lo que no puede hacer de ninguna manera el presidente, es decir que va a intervenir la compañía”, afirmó el ex secretario, ya que “no es facultad del presidente intervenir una empresa del sector privado”.

Moreno opinó que “hoy la compañía está en convocatoria de acreedores, sin desplazamiento de las autoridades”. Por esto, “hoy el directorio le responde al juez, no es que la compañía hace lo que quiere. Hoy el juez está administrando la compañía, a través de los ojos del síndico”.

“No puede intervenir la compañía y no puede crear un fideicomiso a través de YPF Agro, porque gran parte de las acciones de YPF Agro están en manos privadas y cotizan en Nueva York”, enfatizó.

Fueron las palabras de la diputada nacional por la provincia de Santa Fe luego de que el gobierno nacional anunciara su intención de intervenir y expropiarse de Vicentin.

El gobierno nacional dio a conocer este lunes la decisión de intervenir y expropiarse la empresa agroindustrial Vicentin. “Una empresa que se presentó en concurso hace apenas cuatro meses, el gobierno decide expropiarla. Tenía un largo trámite concursal por delante y estaba continuando con su operatoria comercial. ¿Qué es lo que motiva esta decisión? ¿Los cuatro mil puestos de trabajos directos e indirectos?”, planteó la diputada nacional Lucila Lehmann.

Vicentin es la sexta compañía en el mercado de granos del país, cuya deuda total asciende a cerca de $100 mil millones y que se encuentra en concurso de acreedores. “Con un concurso en trámite tan incipiente, es al menos prematuro intervenir una empresa sin dejar al menos que avance el trámite concursal que, como tal, su objetivo es el saneamiento de las compañías. Sólo en marzo del corriente año se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo. No veo que el gobierno haya decidido salir a expropiar empresas por eso. Es claro que no se trata de los puestos de trabajo”, sostuvo Lehmann. Asimismo, Alberto Fernández remarcó que el proyecto es de “suma importancia para la soberanía alimentaria” del país.

“El gobierno habla de soberanía alimentaria, ¿qué es eso? Lisa y llanamente que el Estado sea quien decida sobre la producción de alimentos. Y no puedo más que oponerme a esa ideología. Los problemas de alimentación de Argentina no tienen absolutamente nada que ver con la producción de alimentos. El sector agropecuario produce alimentos y lo sabe hacer muy bien a pesar de las dificultades que le han planteado”, agregó la diputada de la Coalición Cívica.

“Parece más que el gobierno quiere tener su propia empresa agroexportadora y así fijarle el precio al productor por el fruto de su trabajo, distorsionando aún más el mercado como ya lo hace con las retenciones. Lamentablemente cuando se desconoce la historia se la termina repitiendo. Ya sabemos la historia de las expropiaciones kirchneristas: YPF que pagamos varias veces lo que vale y aún tenemos un litigio que nos costará muchísimos millones más. Ciccone, que no hace falta siquiera mencionar nada y ahora, ésto. No hay motivos para apoyar estas decisiones”, concluyó Lucila Lehmann.

Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria, opinó sobre la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin y el proyecto que se presentará para expropiarla.

“Es una muy mala señal”, dijo el ex funcionario y comparó la situación con Venezuela. “Sería trágico que nuestro país las cosas empiezan a tener precios políticos, porque así es como Venezuela está como está”, anticipó.

“Es una muy mala noticia lo que acaba de anunciar el Gobierno, por la experiencia que tenemos en la Argentina todas las veces que el Estado se metió en aventuras empresariales le fue mal, y esa fiesta lo terminamos pagando todos los argentinos”, opinó Etchevehere en diálogo con el canal Todo Noticias.

En relación a la idea de “aventura empresarial”, el ministro señaló que se refería a cuando desde el Gobierno “se interviene y expropian empresas con el dinero de todos los argentinos”. “Cada vez que el Estado se puso a manejar una empresa el fracaso no fue sólo económico, sino en muchos casos fue una fuente de corrupción”, argumentó.

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que “no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas” y dijo que la intervención de la empresa Vicentin implica “un enorme esfuerzo del tesoro nacional”.

“La excepcionalidad de esta decisión es absoluta”, remarcó el jefe de Estado en declaraciones a la FM Radio Con Vos.

Por otra parte, agregó que “el gobierno nacional se está “haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”. Y agregó: “Se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica. No nos podemos hacer cargo de la economía privada”.

Continuando la charla, expresó el presidente: “Hay una voluntad de demonizar a Cristina Kirchner y perjudicar al gobierno mostrando a Cristina como un demonio que no es” Y agregó: “Si algo sale mal, échenme la culpa a mí, pero no a Cristina”.

Luego, consultado sobre su trabajo con la oposición para combatir la pandemia, dijo: “Seguro piensan distinto a mí en muchas cosas, pero en este momento de pandemia, no van a quebrarme. Voy a seguir trabajando con ellos todo lo que sea necesario porque no es momento para hacer política. Ya habrá tiempo para hacerlo”.

“Había que evitar que la compre una multinacional por un precio bajo”

En otra parte de la charla, detallando un poco más el por qué de la decisión del Gobierno, Fernández aseguró que tomó la decisión de impulsar la expropiación de la empresa Vicentin porque la firma corre riesgo de ser adquirida a bajo precio por parte de una multinacional extranjera: “Empezaron a llegarme la semana pasada emisarios de esos que siempre aparecen proponiéndome hablar con los dueños de Vicentin para encontrar una solución y me pareció que eso sólo enturbiaba la decisión que nosotros queríamos tomar”.

El jefe de Estado consideró también que la situación financiera de la empresa agroexportadora “no se estaba atendiendo adecuadamente y era difícil explicar por qué se habían endeudado de ese modo”.  Y agregó: “Nos venía pareciendo que esto podía terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de una de las multinacionales que ya existen”.

Y finalizó expresando que eso no le parecía bien a su gobierno porque “significaba que la Argentina perdía un operador muy importante en manos de esa transnacionalización”.

Los dueños de la intervenida cerealera Vicentin reaccionaron esta noche en forma negativa ante la intervención dispuesta por el gobierno y advirtieron que la decisión les provoca «incertidumbre y preocupación».

«El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas», sostuvo la compañía en un comunicado.

Además, los accionistas mayoritarios de la compañía reivindicaron la «legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos».

«Desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión», sostuvo la empresa.

En el comunicado recordaron que «los activos de la empresa son muy importantes y están intactos».

«Todos los que participan en ésta actividad lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde», indicó.

Recordó que «entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales» y reveló que «dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro».

«Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro Agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin», señaló.

Es la sexta empresa del sector y tiene una deuda total de USD 1.350 millones. El “rescate” tiene tres objetivos: pago de deudas, renegociación con los bancos y estabilidad laboral.

El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a de la exportadora de cereales Vicentín, en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos. Y también anunció que pretende expropiar sus activos mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro, dijo Fernández.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúa funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden loque producen”, aseguró el Presidente y aseguró que se declarará a la empresa de interés público.

La administración pública nacional tomaría el control de, 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.

Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, es el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.

Según pudo saber Infobae, el “rescate” de Vicentin tiene tres objetivos: la recuperación y pago de deudas a productores de interior, renegociacion con los bancos acreedores y paz social y estabilidad laboral con gremios. Ese ese sentido, el Ejecutivo también podría impulsar leyes destinadas al aumento de la producción agrícola, incentivos a la exportación de proteínas para humanos y fomento de la biotecnología.

La medida había sido pedida por un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. Hace una semana Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco encabezaron una carta en donde pedían la nacionalización de la empresa frente a la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción.

Aún en concurso de acreedores, la compañía continua siendo una de las mayores agroexportadoras. Un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) presentado en marzo muestra que se encuentra en el puesto número seis, con 8,4 millones de toneladas exportados o un 9% del total de ventas externas agroindustriales.

“Una empresa es los dueños, por más concursada que esté. Esto es todo muy raro”, aseguró una fuente cercana a la empresa, antes del anuncio y antes los rumores que surgieron a primera hora de la tarde. “Los cuatro o cinco ejecutivos importantes de la empresa no sabían nada de nada de esto. La deuda es de USD 1.350 millones, el Banco Nación tiene USD 350 millones, algo parecido de los productores agropecuarios y el resto en bancos privados. La línea de crédito con el Nación tiene 50 años, no fue un préstamo: en los últimos años fue del 5-6% de la facturación, pero la devaluación y el dólar complicaron todo”.

“Hoy, la fábrica más importante, la que tiene puerto de exportación, la de San Lorenzo, está trabajando con algunos productores a mitad de la capacidad. La idea era que funcione hasta que hubiera novedades con futuros accionistas, que había propuestas presentadas”, agregaron.

Además, Vicentin es socio de la multinacional suiza Glencore en Renova, una empresa productora de biodiésel. Hasta diciembre de 2019, ambas participaban en la firma en partes iguales, pero luego Glencore adquirió un 16,7% adicional y ahora controla dos tercios de las acciones.